Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 08001-23-33-000-2024-00031-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 08001-23-33-000-2024-00031-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 08001-23-33-000-2024-00031-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
5 de marzo de 2026
Demandante: Walberto Ayala Goenaga
Demandado: Fernando Rafael Tejera González
alcalde de Piojó (Atlántico), periodo 2024 – 2027
Rad: 08001-23-33-000-2024-00031-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 08001-23-33-000-2024-00031-01
Demandante: Walberto Ayala Goenaga
Demandado: Fernando Rafael Tejera González1
Tema: Suplantación de electores
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de 5 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral, Sección B, que negó las pretensiones de la demanda de la referencia,
entre otra determinación2.
Lo anterior, con base en los siguientes:
1. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. Walberto Ayala Goenaga, mediante apoderado judicial, presentó demanda3, en ejercicio
del medio de control previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo4, contra el acto de elección del señor Fernando Rafael
Tejera González como alcalde del municipio de Piojó (Atlántico), para el periodo 2024-2027,
contenido en el formulario E-26 ALC de 3 de noviembre de 2023, expedido por la Comisión
Escrutadora Departamental del Atlántico.
1.2. Pretensiones
2. Con la demanda, se solicitó:
2.1. La nulidad del formulario E-26 ALC de 3 de noviembre de 2023, mediante el cual la
Comisión Escrutadora Departamental del Atlántico5 computó los resultados de las
1 Alcalde del municipio de Piojó (Atlántico), período 2024-2027.
2 Correspondió a declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
3 Radicada el 11 de enero de 2024. Índice 00001 de Samai. Expediente del tribunal. Se advierte que el expediente fue
repartido inicialmente al Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, despacho que, mediante auto
adiado 22 de enero de 2023, declaró su incompetencia para conocer de este asunto y ordenó su remisión al Tribunal
Administrativo del Atlántico para lo de su competencia.
4 En adelante CPACA.
5 En adelante CED.
Demandante: Walberto Ayala Goenaga
Demandado: Fernando Rafael Tejera González
alcalde de Piojó (Atlántico), periodo 2024 – 2027
Rad: 08001-23-33-000-2024-00031-01
votaciones celebradas el 29 de octubre de 2023 y se declaró la elección de Fernando Rafael
Tejera González.
2.2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene: i) excluir del cómputo de votos y de los
escrutinios los correspondientes a las mesas de votación que fueron objeto de causal de
nulidad por falsedad en los formularios E-10, E-11, E-14 y E-24 que se plasmaron el
resultado definitivo consignado en el formulario E-26ALC; ii) la realización de un nuevo
escrutinio, con la exclusión de las mesas afectadas de nulidad; y iii) se declare la elección
de alcalde periodo 2024-2027 a favor del candidato que obtenga la mayoría absoluta de
votos válidos y se entregue la correspondiente credencial.
3. Las pretensiones tuvieron como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
4. La parte demandante los relató así:
5. Señaló que, el 29 de octubre de 2023, se realizaron las elecciones locales en el municipio
de Piojó (Atlántico), en desarrollo del calendario electoral expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil a través de la Resolución 28229 de 2022.
6. Manifestó que postuló su nombre a la Alcaldía municipal de Piojó (Atlántico), para el
periodo 2024-2027, por el Partido Alianza Social Independiente (A.S.I.).
7. Refirió que al terminar los escrutinios generales del municipio de Piojó (Atlántico) le fue
asignada la votación a los candidatos participantes, así: i) Fernando Rafael Tejera González,
Partido Liberal Colombiano, 2.201 votos; ii) Walberto Ayala Goenaga, Partido Alianza Social
Independiente «ASI», 2.107 votos; iii) Claribel Molina Rada, Partido Conservador
Colombiano, 196 votos; iv) Wuilmer Enrique Jiménez Torregrosa, Partido Demócrata
Colombiano, 25 votos; y v) Marlon Daniel Utria Saltarín, Partido Cambio Radical, 12 votos.
8. Adujo que: i) los escrutinios estuvieron precedidos de 11 boletines informativos, de los
cuales, 10 coincidieron con los formularios E – 14 ALC de claveros y arrojaron como
resultado definitivo del pre - conteo, al señor Ayala Goenaga con 2.107 votos y a Fernando
Rafael Tejera González con 2.101 sufragios; y ii) en el último boletín, el señor Fernando
Tejera González resultó vencedor por una diferencia de 94 votos, como lo trae el formulario
E-26ALC que declaró su elección.
9. Refirió que, al momento de acercarse a votar, los jurados de votación les informaron a 7
ciudadanos6 que sus casillas en los formularios E-10 y E-11 se encontraban suplantadas por
la de otros votantes, con huella incluida. No obstante, ante el reclamo airado de los
comparecientes a la mesa, se les permitió ejercer su derecho al voto, abriendo espacio en
otras casillas.
10. Informó que radicó reclamaciones ante las comisiones escrutadoras municipal de
Piojó y departamental del Atlántico, las cuales se fundaron, en su momento, en las
inconsistencias aritméticas advertidas, por incongruencia del número total de votantes
anunciados en los formularios E-14.
6 Los cuales identificó así: i) Ángela Jiménez Muriel, mesa 9 cabecera municipal; ii) Gregoria Molinares Ayala, mesa 2
corregimiento de Hibácharo; iii) Andrés Felipe Molina Ripoll, mesa 8 cabecera municipal; iv) María Pérez Escobar, mesa 7
cabecera municipal; v) Diana Dalile Pérez Tovar, mesa 2 corregimiento de Aguas Vivas; vi) Carlos Llinás Solano, mesa 3
corregimiento de Hibácharo; y vi) Roberto Utria García, mesa 3 cabecera municipal.
2
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Demandante: Walberto Ayala Goenaga
Demandado: Fernando Rafael Tejera González
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11. Manifestó que: i) tuvo dificultades para acceder a los formularios E-11, en la medida
que, en principio, la Registraduría Nacional del Estado Civil se negó a exhibirlos; y ii) tuvo el
acceso a los días 9, 10 y 11 de enero de 2024, con vigilancia estricta, sin acceder a las
copias, en los que detectaron inconsistencias en las mesas correspondientes a los puestos
de votación del corregimiento de Aguas Vivas, así:
11.1. Mesa 1 Puesto 01 Zona 99: señaló «58 personas sin firma en sus respectivos
números de cédula de ciudadanía, sin constancia alguna de la razón de la ausencia de su
firma, siendo el nombre y apellido manuscrito por la misma persona que sustanció ese acto,
imponiéndose una huella que no se identifica con persona alguna. Anexo en manuscrito
cada caso, adquirido de los E-11 que la RNEC Delegada ha puesto a consideración para ser
tomados en sus oficinas mano. Aparece un votante sin huella nombre c.c.32.687.079» .
11.2. Mesa 1 Puesto 01 Zona 99: señaló «1 persona que no concuerda firma con nombre
que coloca el Jurado».
12. Asimismo, indicó que aparecen inconsistencias que alteran la identidad de los votantes,
(los identificó con nombre y número de cédula), en las siguientes mesas:
12.1. Cabecera municipal, mesa 001, señaló: i) 22 personas sin firma; y ii) 1 persona,
identificada como José Alfredo Oliveros Gracia, que corresponde al jurado de votación, sin
embargo, la casilla atañe a otra persona, la cual se encuentra cancelada por muerte, así:
«Se observa que el señor hace parte del jurado y vota en la casilla J6 – Sin embargo, la
casilla 168 se encuentra votando otra persona el señor MONTERO ORTEGA RUBIO
RAFAEL – situación que alerta una suplantación de identidad». «Aunado a lo anterior, el
jurado en el documento E11 hace una aclaración que en la casilla 168 vota la persona
identificada en la casilla 13 que corresponde a la cédula 852.340, revisando la identidad, la
misma se encuentra cancelada por muerte. (Anexo 1)».
12.2. Cabecera municipal, mesa 002, señaló: i) 9 personas sin firma; ii) 2 personas con la
siguiente observación: «E-10 NO VOTA, E-11 SI VOTA»; y iii) 1 persona con la siguiente
observación: «E-10 SI VOTA, E- 11 NO VOTA».
12.3. Cabecera municipal, mesa 003, señaló: i) 19 personas sin firma, de las cuales en 1
realiza una observación, según la cual, otra persona firmó en el lugar que no le correspondía;
ii) 1 persona sin huella; y iii) 3 espacios en blanco sin realizar ninguna observación.
12.4. Cabecera municipal, mesa 004, señaló: i) 21 personas sin firma, de las cuales 1
además aparece con huella incompleta; ii) 1 persona con doble huella; iii) 8 personas con
huella incompleta; iv) 1 persona con huella inconsistente; y v) 1 persona espacio en blanco
sin realizar ninguna observación.
12.5. Cabecera municipal, mesa 005, señaló: i) 4 personas sin firma; ii) 1 persona solo
registra firma; y iii) 2 personas con la siguiente observación: «E-10 SI VOTA, E- 11 NO
VOTA».
12.6. Cabecera municipal, mesa 006, señaló: i) 6 personas sin firma; y ii) 1 persona sin
firma y con doble huella.
12.7. Indicó que en la mesa 1 del corregimiento de Aguas Vivas, se presentaron: i) 57
3
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personas sin huella, de las cuales, además 1 con la observación «NO ESTA RELACIONADO
EN EL E10 – APARECE COMO SI NO VOTARA (SI ESTA RELACIONADO EN EL E-11)»,
1 persona «No concuerda la firma» y 1 persona con la observación «No concuerda la firma,
Aparece firmando José Ramos Rivaldo. Tiene huella pero no es clara»; ii) 1 persona «no
tiene huella»; iii) 2 personas «doble huella».
12.8. En la mesa 2 del corregimiento de Aguas Vivas, se presentaron las siguientes
observaciones: i) 5 personas «sin firma»; ii) 2 personas «huella»; iii) 2 personas «doble
huella»; iv) 1 persona «No concuerda nombre»; v) 1 persona «dos tipos de letra en el
nombre»; vi) 1 persona «el mismo tipo de letra»; vii) 1 persona «EN EL E-10 APARECE QUE
VOTO, PERO EN EL E-11 NO SE ENCUENTRA RELACIONADO»; y viii) 1 persona espacio
en blanco sin realizar ninguna observación.
13. Por último, adujo que, por la ausencia de biometría en el municipio de Piojó, no se logró
la identificación plena de los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto, toda vez que no
fue posible su confrontación con los datos que lleva el Archivo Nacional de Identificación y,
en esa medida, los jurados de votación diligenciaron los formularios con información falsa,
desnaturalizando la votación, al permitir que las personas encontraran previamente
diligenciados los espacios destinados a su nombre, firma y huella, y al dejar casillas en
blanco para ser posteriormente diligenciadas.
1.4. Normas violadas y concepto de la violación
14. La parte demandante aseveró que la elección del demandado contraviene el numeral 3.°
del artículo 275 del CPACA, los artículos 1.°, 48, numeral 8.º, 56 numeral 4.°, 180, 182, 185,
189, 192, 193, 209 del Código Electoral y la Resolución núm. 17965 de 2019 «por medio de
la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia de los Escrutinios, el uso eficiente
de los recursos públicos destinados al proceso electoral» expedida por el Consejo Nacional
Electoral.
15. Para lo cual formuló los siguientes reparos:
15.1. Señaló que los documentos electorales son falsos por contener datos adulterados,
contrarios a la verdad, los cuales afectaron las actas E-10, E- 11, E- 14 y E- 24 y
fundamentaron los resultados contenidos en el formulario E 26 ALC de 3 de noviembre de
2023. Adujo que la falsedad obedeció a:
15.1.1. Los hallazgos encontrados en las actas o formularios E-11 que ratificaron las
denuncias de los 7 ciudadanos7 afectados con suplantación de sus nombres e identidad en
las mesas en las cuales les correspondía ejercer su derecho a elegir.
15.1.2. La manipulación del número total de votantes, derivado de la elaboración artificiosa
de los formularios E-10 y E-11, que sirvieron de soporte para hacerlos coincidir con los E -
14, suplantando electores, sin dejar constancia de nombre, apellido, cédula y huella, entre
otras circunstancias.
15.1.3. Los jurados permitieron que votaran personas fallecidas, en un caso, y otros,
7 Los cuales identificó así: i) Ángela Jiménez Muriel, mesa 9 cabecera municipal; ii) Gregoria Molinares Ayala, mesa 2
corregimiento de Hibácharo; iii) Andrés Felipe Molina Ripoll, mesa 8 cabecera municipal; iv) María Pérez Escobar, mesa 7
cabecera municipal; v) Diana Dalile Pérez Tovar, mesa 2 corregimiento de Aguas Vivas; vi) Carlos Llinás Solano, mesa 3
corregimiento de Hibácharo; y vi) Roberto Utria García, mesa 3 cabecera municipal.
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suplantaron a los reales comparecientes, a quienes informaron que ya habían votado por
ellos, haciendo la pantomima de levantar actas en blanco.
15.1.4. La alteración de los formularios E-11 llevaron a distorsionar la realidad electoral y
soportar un número falso total de votantes en las actas E-14, lo cual se complementaba con
la introducción de las tarjetas electorales supuestamente en favor del candidato ganador.
1.5. Contestaciones de la demanda
1.5.1. Parte demandada8
16. A través de apoderado judicial, solicitó negar las pretensiones, con base en los siguientes
argumentos:
16.1. Propuso la excepción de «caducidad de la acción», en la medida que la parte
demandante, en la subsanación de la demanda, formuló nuevos «hechos o cargos», los
cuales, por expresa disposición legal y en atención a la jurisprudencia del Consejo de Estado
no deben ser tenidos en cuenta por no haberse declarado dentro del término legal.
16.2. En efecto, manifestó que el demandante, en el texto inicial de la demanda, no formuló
cargos respecto de las mesas 1 y 2 del Corregimiento de Agua Viva -Piojó, sector rural
código 99. Asimismo, omitió nombres, cédulas y causal de ilegalidad, los cuales fueron
incluidos en la subsanación.
17. Del fondo del asunto, señaló que las pretensiones de la demanda no tienen vocación de
prosperidad, comoquiera que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado 9:
17.1. Las casillas dispuestas en los formularios E-11 para que tanto jurados como votantes
plasmen su firma y huella, aunque son importantes para permitir mayor eficacia al control
del sufragio, no constituyen requisitos de validez.
17.2. Indicó que cualquier falsedad que llegare eventualmente a probarse debía tener la
incidencia para cambiar el resultado, lo cual no ocurre en el caso sub examine. Para el
efecto: i) tachó las declaraciones extraprocesales de Andrés Felipe Molina Ripoll, Ángela
Jiménez Muriel y Carlos Llinás Solano por corresponder a ciudadanos con una relación de
cercanía y familiaridad de la parte demandante; y ii) en el evento de probarse tales
suplantaciones en número de 7 votantes, no tendrían la incidencia requerida para cambiar
el resultado.
17.3. Al no ser posible determinar el candidato que resultó beneficiado podía acudirse al
sistema de distribución ponderada, evento en cual también mantendría incólume su elección.
17.4. Destacó que los boletines de prensa difundidos por la Registraduría del Estado Civil
no son vinculantes, toda vez que, de acuerdo con lo previsto en el Código Electoral, los
resultados oficiales de la elección sólo se conocen una vez concluya el proceso de escrutinio,
a cargo de las comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral.
8 Índice 0000032 de Samai. Expediente del tribunal, archivo denominado
«61CONTESTACION_MEMORIAL_251CONTESTACIONDEMAN(.pdf)».
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 20 de mayo de 2010, C.P.
Filemón Jiménez Ochoa, número de radicación 880012331000200800001-01.
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17.5. Por último, refirió que de las presuntas 105 irregularidades encontradas en las mesas
1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la cabecera municipal de Piojó, porque los formularios E 11 carecían de
firmas, 25 ciudadanos expresaron que no han sido suplantados o que su voto fue irregular.
En consecuencia, las 80 supuestas irregularidades restantes no supera la diferencia de 96
votos entre demandante y demandado.
1.5.2. Registraduría Nacional del Estado Civil10
18. El abogado de la entidad solicitó negar las pretensiones de la demanda, teniendo en
cuenta las siguientes apreciaciones:
18.1. Argumentó que la entidad no es la llamada hacer parte de esta acción electoral, por
cuanto el acto de elección no fue objeto de declaratoria por la Nación - Registraduría
Nacional del Estado Civil, sino de la Comisión Escrutadora Municipal de Piojo-Atlántico.
18.2. Afirmó que la Registraduría Nacional del Estado Civil, actúa simplemente en calidad
de secretaria y, en esa medida, se limita a colaborarle a los escrutadores en cuestiones
operativas, logísticas o de orden técnico o tecnológico, pero no intervienen en asuntos de
fondo del proceso de escrutinio, ni toman decisiones con relación a las reclamaciones o
recursos que presenten los testigos electorales, apoderados o candidatos.
18.3. Las determinaciones adoptadas por las Comisiones Escrutadoras Municipales y
Departamentales son potestativas de los escrutadores, jueces de la República o delegados
del Consejo Nacional Electoral, quienes actúan de forma independiente, ejerciendo la
autonomía legal que gozan.
1.5.3. Solicitudes de coadyuvancias
19. El señor Daniel Felipe Molina Caamaño11 solicitó se le tuviera como coadyuvante de la
parte demandada y se rechazara la demanda por no cumplir por lo ordenado en el auto
inadmisorio de remitirla al demandado.
20. A su vez, los señores Nubia Beatriz García Imitola12, Rodolfo Ortega Imitola13, Pabla
Ramona García de Osorio14, Josefina Ferrer de Imitola15, Pedro Villanueva Ruiz16, Jorge
Alfredo Oliveros García17, Pastora Ortega Mendoza18, Edith Jiménez Jiménez19, Reinaldo
Antonio Jiménez Jiménez20, Agustina Ferrer de Mendoza21, Felicia Pascualina Jiménez
Jiménez22, Jorge Iván Pacheco Jiménez23, Erlinda Gallardo Villanueva24, Yolanda Imitola
10 Índice 0000031 de Samai. Expediente del tribunal, archivo denominado «
56CONTESTACION_MEMORIAL_241CONTESTACIONDEMAN(.pdf)».
11 Índice 00014 de Samai. Expediente del tribunal.
12 Índice 00036 de Samai. Expediente del tribunal.
13 Índice 00037 de Samai. Expediente del tribunal.
14 Índice 00038 de Samai. Expediente del tribunal.
15 Índice 00039 de Samai. Expediente del tribunal.
16 Índice 00040 de Samai. Expediente del tribunal.
17 Índice 00041 de Samai. Expediente del tribunal.
18 Índice 00042 de Samai. Expediente del tribunal.
19 Índice 00043 de Samai. Expediente del tribunal.
20 Índice 00044 de Samai. Expediente del tribunal.
21 Índice 00045 de Samai. Expediente del tribunal.
22 Índice 00046 de Samai. Expediente del tribunal.
23 Índice 00047 de Samai. Expediente del tribunal.
24 Índice 00048 de Samai. Expediente del tribunal.
6
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Gallardo25, Amira Zárate Jiménez26, Eunices Esmeralda Ortega Mendoza27, Nayibe María
Heredia Sarmiento28, Acasio Rafael Torregrosa Rojas29, Luz Marina Utria Villanueva30, María
Utria de Villanueva31, Audelina Oliveros de López32, Elvira Saltarín Jiménez33, Osvaldo
Torregrosa Utria34 y Antonio Villanueva Villanueva35 solicitaron se les tuviera como
coadyuvantes de la parte demandada. Asimismo, manifestaron que:
20.1. No los han suplantado o les han usurpado su derecho el libre ejercicio del voto en las
elecciones de 29 de octubre de 2023 en el municipio de Piojó (Atlántico). Por el contrario,
señalaron que ejercieron su derecho en forma legal y voluntaria en las respectivas mesas
de votación.
20.2. No están de acuerdo con la aseveración falsa de incluir sus nombres y números de
cédulas como votos fraudulentos. Asimismo, solicitaron se excluyeran esas afirmaciones,
las cuales fueron hechas contra su voluntad.
1.6. Admisión del medio de control36
21. El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto de
30 de enero de 2024, inadmitió la demanda. Una vez corregida37, el 15 de marzo de 2024,
la admitió con su reforma y aceptó la intervención del señor Daniel Felipe Molina Caamaño
como coadyuvante de la parte demandada.
22. Consideró que: i) el demandante al subsanarla allegó nuevas pruebas documentales y,
en esa medida, entendió el escrito como una reforma a la demanda; y ii) se abstuvo de
pronunciarse sobre la solicitud de rechazo del señor Daniel Felipe Molina Caamaño, toda
vez que su intervención como coadyuvante iniciaba a partir de la admisión.
1.7. Auto de procedencia de sentencia anticipada38
23. El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante el auto de
3 de septiembre de 2024, consideró que el caso sub examine se subsumía dentro de los
supuestos fácticos previstos en el numeral 1.° del artículo 182A del CPACA para proferir
sentencia anticipada.
24. Asimismo, declaró probada parcialmente la excepción de caducidad propuesta por la
parte demandada por considerar que «de manera extemporánea, con el escrito de
subsanación de la demanda radicada el 09 de febrero de 2024, fueron agregados nuevos
cargos de irregularidades respecto de las personas con nombres Libardo Enrique Jiménez
Ventura, Oscar Enrique Molina Ortega, Víctor Acosta Beltrán y Neida Esther Ramos
Rivaldo, de la mesa No. 1 del corregimiento Aguas Vivas, se declarará parcialmente
25 Índice 00049 de Samai. Expediente del tribunal.
26 Índice 00050 de Samai. Expediente del tribunal.
27 Índice 00051 de Samai. Expediente del tribunal.
28 Índice 00052 de Samai. Expediente del tribunal.
29 Índice 00053 de Samai. Expediente del tribunal.
30 Índice 00054 de Samai. Expediente del tribunal.
31 Índice 00055 de Samai. Expediente del tribunal.
32 Índice 00056 de Samai. Expediente del tribunal.
33 Índice 00057 de Samai. Expediente del tribunal.
34 Índice 00058 de Samai. Expediente del tribunal.
35 Índice 00059 de Samai. Expediente del tribunal.
36 Índice 00025 de Samai. Expediente del tribunal.
37 Con la subsanación presentó la demanda integrada.
38 Índice 0000064 de Samai. Expediente del tribunal, archivo denominado «
122Autoordena_240031HELECTAUTOSENT(.pdf)».
7
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Demandante: Walberto Ayala Goenaga
Demandado: Fernando Rafael Tejera González
alcalde de Piojó (Atlántico), periodo 2024 – 2027
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probada la excepción de caducidad respecto de esas censuras»39. (Se destaca).
25. Fijó el litigio en los siguientes términos:
«[…] Con base en los principios de economía y celeridad procesales, partiendo de que las
partes y el Ministerio Público conocen los hechos y las pretensiones del libelo introductorio, así
como los fundamentos fáctico – jurídicos de las contestaciones de la demanda, para el
despacho, el litigio en el presente asunto se contrae a los siguientes aspectos:
(i) ¿Hubo inconsistencias en el número de votantes al comparar los formularios electorales?
(ii) ¿Está demostrada la suplantación de electores?
(iii) ¿Está probada la falsedad en los formularios E – 10, E – 11, E – 14 y E – 24?
(iv) ¿La firma de los sufragantes en el formulario E – 11 en un requisito para la validez del voto?
(v) ¿De hallarse irregularidades, tienen la capacidad de alterar el resultado electoral?
(vi) Con base en todo lo anterior, determinar si es procedente o no la declaratoria de nulidad
del acto que declaró la elección del señor Walberto Ayala Goenaga (sic), como alcalde del
municipio de Piojó (Atlántico), periodo constitucional 2024 – 2027. O, por el contrario, si el acto
acusado conserva el atributo de la presunción de legalidad; según la carga argumentativa de
la contestación de la demanda […]».
26. Finalmente, resolvió sobre las solicitudes probatorias realizadas por las partes
demandante y demandada.
1.8. Sentencia de primera instancia40
27. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, a través de la
sentencia de 5 de noviembre de 2025, declaró no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y
negó las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección de Fernando Rafael Tejera
González, como alcalde de Piojó (Atlántico), con fundamento en lo siguiente:
28. Por un lado, consideró que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Quinta
del Consejo de Estado41, al sustentarse los cargos de nulidad en causales objetivas, entre
ellas la falsedad en los formularios electorales, a la Registraduría Nacional del Estado Civil
le asistía interés jurídico en este proceso.
29. Por el otro, frente al caso concreto, se pronunció de los cargos de la siguiente manera:
Inconsistencias en el número de votantes / Falsedad de los documentos electorales /
Boletines electorales
30. Señaló que el cargo no estaba llamado a prosperar, en la medida que a pesar a que no
se aportaron los boletines, conforme a la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de
Estado42, son el resultado del pre – conteo, es decir, no son documentos que definan una
elección, razón por la cual mal podrían afectar la validez del acto demandado.
39 Mediante auto de 24 de octubre de 2014 se resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión y rechazó por
improcedente el recurso de apelación contra esta decisión. Índice 00076 de Samai. Expediente del tribunal.
40 Índice 000141 de Samai. Expediente del tribunal, archivo denominado «
209Sentencia_202400031SENTENCIAEL(.pdf)».
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Rocío Araújo Oñate, providencia de 30
de octubre de 2020, número de radicación 11001-03-28-000-2020-00034-00.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Gloria María Gómez Montoya, sentencia
de 31 de octubre de 2024, número de radicación 11001-03-28-000-2024-00037-00.
8
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Demandante: Walberto Ayala Goenaga
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Suplantación de electores / firma del sufragante como requisito de validez del voto /
falsedad de los documentos electorales
31. Después de realizar el marco normativo y el desarrollo jurisprudencial de la causal de
suplantación de electores, prevista en el numeral 3.° del artículo 275 del CPACA, consideró
que la parte demandante indicó que fueron suplantados las siguientes personas:
32. Asimismo, que de esas personas, se aportaron declaraciones extraprocesales en los
siguientes términos:
33. Al realizar la valoración de las pruebas obrantes en el expediente, consideró lo siguiente:
33.1. Del señor Roberto Enrique Utria García, determinó que en los formularios E – 10 y E –
11 le correspondió la casilla # 53. No obstante lo anterior, en ese espacio del E - 11 se
consignó el nombre, firma y huella del señor Gregorio Enrique Navarro Giraldo, a quien
realmente le correspondía la casilla # 54, en la cual, a la vez se visualizaba de forma
intercambiada el nombre del señor Utria García, la leyenda «no firma» y la huella, sin que se
realizara alguna observación en el formulario E 11.
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33.1.1. Al respecto determinó que «la circunstancia de haberse intercambiado los datos de
diligenciamiento per – se no acredita la suplantación, en tanto bien pudo tratarse de un error
de los jurados de votación al momento del registro, máxime que no fue posible realizar el
cotejo dactiloscópico por la causal “nombres no corresponde con C.C.”, lo cual podría
explicarse en el aludido trocamiento».
33.2. De la señora María Pérez Escobar, determinó que su nombre correcto es Marlis Patricia
Pérez Escobar y fue registrada su firma y huella sin novedad alguna.
33.3. Del señor Andrés Felipe Molina Ripoll consideró que, si bien en la declaración
extraprocesal aportada con la demanda indicó que la huella y la leyenda «no firma» ya
estaban en el formulario E-11 cuando ejerció su derecho al sufragio y que estos no
correspondían a sus datos en el expediente no se encontraba probada dicha afirmación, en
tanto, el cotejo dactiloscópico arrojó el resultado «Imposible cotejo técnico».
33.4. De la señora Ángela Jiménez Muriel indicó que le correspondió la casilla 177 en el
formulario E – 11, en cual se visualizaban datos de otra persona. No obstante, en el campo
de observaciones, se encuentra la leyenda «Error involuntario se diligenció mal el campo
177, el cual corresponde el número cédula 1.044.801.993, Jiménez Muriel Ángela
Mercedes», lo cual, guardaba coherencia con la declaración extraprocesal.
33.5. De la señora Diana Dalila Pérez Tovar, señaló que le correspondió la casilla 320 y en
el formulario E – 11 se observaban sus datos sin ninguna novedad. Asimismo, indicó que al
no haber sido posible realizar el cotejo dactiloscópico no pudo probarse la referida
suplantación.
33.6. De la señora Gregoria Molinares Ayala manifestó que en la casilla que le correspondió
en el formulario E – 11, se encuentran el nombre y firma de la señora Hortensia González
González; empero, en el campo de observaciones del mismo formulario, los jurados
indicaron que se trató de un error involuntario, en cuya parte informativa de la observación
se visualizan el nombre, firma y huella de la señora Molinares Ayala.
33.7. Del señor Carlos Llinás Solano adujo que «en la declaración extraprocesal anexada
con el libelo inicial, indicó que, una vez ejerció su derecho al sufragio, al firmar en el
formulario E – 11 advirtió que en la casilla que le correspondía había una huella ajena, ante
lo cual los jurados indicaron que se trataba de un error; en esas circunstancias el votante
procedió a registrar su nombre y firma, quedando la huella de la otra persona».
34. Determinado lo anterior, indicó que la parte demandante señaló la suplantación de otras
173 personas, principalmente por no plasmar su firma en los formularios E – 11, frente a lo
cual, consideró que: i) para la validez del voto solo se prevé la identificación del ciudadano
por parte del jurado, no la firma del sufragante, tampoco la huella, razón por la cual, en ese
escenario no procedería restar la eficacia del voto; y ii) el incumplimiento de las
prescripciones previstas en el artículo 114 del Código Electoral podría configurar la falsedad
por suplantación de electores, siempre que la parte actora lo pruebe.
35. Al realizar el cotejo dactiloscópico de esas 173 personas, elaborado por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, concluyó:
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36. Sobre las 4 personas cuyo resultado fue «Imposible cotejo técnico (nombres no
corresponde con C.C.)», determinó:
36.1. El señor José Alfredo Oliveros García, quien tenía asignada la casilla 168 en el
formulario E – 11. No obstante lo anterior, en las observaciones del formulario se indicó «El
señor del 79 firmó en el espacio del 78; por error humano del jurado se anotó el señor
Montero Ortega Fabio (ilegible) en la casilla 168 página 13, donde va el señor Oliveros
García José Alfredo, para subsanar el señor Oliveros José se anotó en la casilla J6 página
26» y, en esa medida, a su juicio, no se demostró la suplantación.
36.2. Del señor Gregorio Enrique Navarro Giraldo adujo que pese que en el formulario E –
11, no había registrada ninguna observación, consideró que se trató de un trocamiento en el
diligenciamiento de los datos, comoquiera que «en la casilla 53 que le correspondía al señor
Rodolfo Enrique Utria García, se registraron el nombre, firma y huella del señor Gregorio
Enrique Navarro Giraldo, y viceversa. Esa fue la razón por la cual los nombres no
correspondían con el número de cédula, lo cual a la vez impidió la realización del cotejo
dactiloscópico. En todo caso, el señor Navarro Giraldo pudo votar».
36.3. Del señor Henry Rafael Suárez Sarmiento, en el formulario E – 11, figuraban su nombre
y firma, aunque sin huella. Asimismo, consideró que no resultaba de recibo indicar que el
nombre no correspondía con el número de cédula, comoquiera que al consultar este último
en la página web de la ADRES, la cédula sí coincidía con el nombre.
36.4. Por último, respecto a Fernando Farid Martínez Conrado, con cédula de ciudadanía
núm. 73315562, manifestó que al observar la casilla del E – 11 asignado a ese número de
cédula, correspondía al señor Jaime Enrique Ruenes Mendoza, registrando los nombres,
apellidos y huella, sin firma, concluyendo que «el ciudadano Fernando Farid Martínez
Conrado fue mal identificado en la demanda, lo cual motivó el equívoco resultado, esto es,
que el nombre no correspondía con el número de cédula, pero por esas razones».
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1.9. El recurso de apelación43
37. Inconforme con la decisión adoptada, la parte demandante solicitó que se revocara la
sentencia de 5 de noviembre de 2025 al señalar que se probaron las irregularidades en la
información de los documentos electorales que no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal
de Administrativo del Atlántico, así:
37.1. Se presentó una indebida valoración, específicamente de la prueba pericial elaborada
por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el que se demuestra que existieron 158
sufragantes con la relevancia suficiente para anular la elección del alcalde municipal de
Piojó, comoquiera que la imposibilidad del cotejo «es la prueba fehaciente de que al menos
esos 158 sufragantes fueron suplantados pues sus huellas no pudieron ser verificadas».
37.2. Pese a que se registraron esas 158 inconsistencias, el tribunal no estudió ni efectuó
ninguna consideración sobre las observaciones realizadas en los formularios E-10 de estas
personas y se limitó a realizar consideraciones de otros 4 votantes que evidentemente no
tenían incidencia.
37.3. Se pasó por alto que en las elecciones del municipio de Piojó (Atlántico) no hubo
biometría por lo que no se logró la identificación plena de las personas que ejercieron su
derecho al voto, toda vez que no fue posible su confrontación con los datos que lleva el
Archivo Nacional de Identificación y, en esa medida, los jurados de votación diligenciaron los
formularios con información falsa, desnaturalizando la votación al permitir que los
ciudadanos encontraran previamente diligenciados los espacios destinados a su nombre,
firma y huella, y al dejar casillas en blanco para ser posteriormente diligenciadas.
37.4. Por último, indicó que «Es así como el municipio de Piojó (Atlántico) rompe la media
porcentual de votación en el departamento del Atlántico, y la Nacional, llegando en mesas a
estar por encima del 80% de los ciudadanos aptos para votar, otras por encima del 70%,
cuando la media nacional y departamental no llega al 60%, resultando otros hechos
evidenciados, indicadores de conductas dolosas, en la formación de los documentos
electorales del municipio de Piojó (Atlántico)».
1.10. Actuación procesal en segunda instancia
38. El magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de
19 de diciembre de 2025: i) admitió el recurso de apelación de la parte demandante; ii)
ordenó a la Secretaría que los pusieran a disposición del demandado por el término de 3
días; iii) determinó que vencido el plazo anterior, permaneciera el expediente en la Secretaría
por otros 3 días para que las partes presentaran alegatos de conclusión y iv) luego, para que
el Ministerio Público rindiera concepto dentro de los 5 días siguientes.
1.11. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.11.1. Parte demandante44
39. Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación sobre:
43 Índice 000141 de Samai. Expediente del tribunal, archivo denominado «211_MemorialWeb_Recurso-
APELACION08001233(.pdf)».
44 Índice 0000008 de Samai, archivo denominado «9_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOS080012333(.pdf) ». Se advierte
que este escrito fue presentado con anterioridad a que el Despacho sustanciador profiriera el auto que ordena correr
traslado.
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39.1. El error manifiesto en la valoración del dictamen técnico y del material probatorio, al
minimizar el alcance jurídico del dictamen técnico y de los cotejos dactiloscópicos
practicados sobre los formularios E-11, si se tiene en cuenta que la imposibilidad técnica de
cotejo es un indicio grave y objetivo de falsedad documental.
39.2. La falta de pronunciamiento de las 158 inconsistencias. Para el efecto adujo que se
aceptaron las observaciones escritas en los formularios E-10 sobre los 4 sufragantes, pero
«SE GUARDÓ SILENCIO SOBRE LOS RESTANTES 158 CIUDADANOS SOBRE LOS
CUALES NO SE PUDO COTEJAR O COMPROBAR SU IDENTIDAD».
40. Asimismo, adujo que se presentó el desconocimiento del principio de eficacia del voto y
de la verdad electoral, en la medida que la sentencia apelada realizó una lectura formalista
del principio de eficacia del voto al proteger votos de origen incierto, en detrimento del voto
auténtico y verificable, toda vez que, bajo este principio, no se amparan sufragios irregulares,
ni se legitiman resultados construidos sobre registros de votantes sin identidad verificable,
huellas inexistentes o no atribuibles y formularios E-11 con datos contrarios a la verdad.
41. Finalmente, indicó que se presentó un error en el análisis de la incidencia de las
irregularidades en el resultado electoral, comoquiera que cuando estas superan la diferencia
de los votos, el resultado pierde confiabilidad y procede la nulidad.
1.11.2. Parte demandada45
42. Indicó que no se presentó la suplantación alegada, comoquiera que se encuentra
probado que se presentaron errores o descuido de los jurados de votación al momento de
diligenciar los formularios, los cuales fueron determinados en las casillas de observaciones
y, sin que esta situación, invalidara los votos.
43. Después de analizar las pruebas obrantes en el expediente, entre ellas, el dictamen
pericial realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil argumentó que «no existe
falsedad en los formularios E – 10, E – 11, E – 14 y E – 24, y mucho menos una diferencia
que inhabilite la elección en ellos reportada, demostrando con claridad que la parte actora
no cumplió con la carga de demostrar alguna irregularidad que ponga en duda la veracidad
de la información reportada».
44. Sobre el desconocimiento del principio de eficacia del voto manifestó que las omisiones
señaladas por la parte demandante no constituyen una causal de nulidad electoral, ni
cumplen con los estándares jurisprudenciales para desconocer la voluntad popular
expresada de manera legítima en las urnas.
1.11.3. Otro pronunciamiento46
45. La parte demandante refirió que la imposibilidad técnica reiterada de verificación
biométrica constituye un indicio grave de falsedad electoral, especialmente cuando supera
el margen de diferencia entre candidatos, confundiendo la prueba directa plena con estándar
probatorio indiciario, exigencia que no es aplicable en el evento en que el acceso a la prueba
está restringido (E-11), lo que lleva a desconocer el número real de votantes.
45 Índice 0000009 de Samai, archivo denominado «10_MemorialWeb_AlegatosALEGATOSDECONCLUSI(.pdf)».
46 Índice 0000011 de Samai, archivo denominado «11_MemorialWeb_Otro-DESCORREALEGACTOSD(.pdf)».
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46. Se presentó un error del Tribunal y del demandado sobre el principio de eficacia del voto,
toda vez que este no protege votos de origen incierto y, en esa medida, cuando existe duda
razonable, objetiva y probada de la identidad de los sufragantes, prevalece la verdad
electoral, no la estabilidad aparente del resultado.
47. El Tribunal aplicó un criterio aritmético reduccionista, al no realizar un análisis cualitativo
de la confiabilidad del universo electoral, exigido por la Sección Quinta que ha considerado
que cuando los registros irregulares superan la diferencia de votos, el acto pierde presunción
de legalidad, aún sin identificar voto por voto al beneficiario.
1.12. Concepto del Ministerio Público47
48. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado en funciones solicitó
confirmar la sentencia apelada por considerar que no se acreditó cada uno de los requisitos
exigidos para la configuración de la suplantación electoral, así.
48.1. Descartó la interpretación consistente en considerar que las huellas establecidas en el
dictamen pericial practicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, como de
imposible cotejo, fueran considerados casos de suplantación y, en esa medida, adujo que
no configuraban un medio de prueba idóneo para invalidar el acto de elección del alcalde de
Piojó en el periodo 2024-2027.
48.2. Asimismo, señaló que: i) no se acreditó un vicio con incidencia suficiente para alterar
el resultado electoral, en la medida que, de las pruebas obrantes en el expediente, no se
determinaba que la cantidad de marcas plasmadas en el formulario E-11 no correspondiera
a la información dactilar de quienes presuntamente ejercieron el derecho al voto; y ii) el
criterio para calcular la incidencia consistente en la resta aritmética entre el primero, el
segundo lugar e incluso el tercero de los aspirantes a un cargo de elección popular
uninominal, constituía una regla jurídica prevista para los eventos en los que se cuestionara
la validez del acto electoral por la trashumancia y no en supuestos de suplantación electoral.
48.3. Señaló que la presencia o ausencia de los sistemas de identificación biométrica no
comprometía la legalidad del acto administrativo demandado, en la medida en que «la
presunta ausencia de dichos sistemas en el municipio de Piojó no se deduce per se un
comportamiento irregular de los jurados de votación ni una actuación orientada a consignar
información contraria a la realidad en los documentos electorales».
48.4. Frente a la censura según la cual la votación registrada en el municipio de Piojó
superaba la media de participación del departamento del Atlántico, indicó que «aun cuando
lo afirmado no pasa de ser una mera aseveración carente de soporte probatorio, el hecho
de que en un determinado municipio haya concurrido a las urnas un número de personas
superior al promedio departamental no permite, por sí solo, acreditar la configuración de
actos de suplantación».
49. Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la observancia de
las ritualidades previstas en la ley procesal y sin que obre causal de nulidad que afecte la
actuación, procede la Sala a resolver, previas las siguientes:
47 Índice 0000014 de Samai, archivo denominado «Memorial_ICP_13Concepto(.pdf)».
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2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
50. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 5 de
noviembre de 2025, que negó la nulidad de la elección de Fernando Rafael Tejera González,
como alcalde del municipio de Piojó (Atlántico), periodo 2024-2027, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15048, 152 numeral 7.a49 del CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación50.
2.2. El acto acusado
51. El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto corresponde a la elección
de Fernando Rafael Tejera González, alcalde de Piojó (Atlántico), periodo 2024-2027,
contenida en el formulario E-26 ALC de 3 de noviembre de 2023.
2.3. Cuestiones previas
52. La parte demandante pretende que se revoque la sentencia de primera instancia con
fundamento, entre otros argumentos, en que se probó la suplantación, en la medida que:
52.1. La votación registrada en el municipio de Piojó superó la media de participación del
departamento del Atlántico.
52.2. El desconocimiento del principio de eficacia del voto y de la verdad electoral, en la
medida que la sentencia apelada realizó una lectura formalista de este principio de al
proteger sufragios de origen incierto.
53. Al respecto, debe precisarse que, de conformidad con los artículos 328 del CGP, 162.451
y 27852 del CPACA y en virtud del principio de congruencia, la Sección Quinta del Consejo
de Estado no abordará estos reproches, en razón a que no fueron planteados en la
oportunidad procesal correspondiente. En efecto, el primero de ellos, es un argumento nuevo
del recurso de apelación y el segundo fue planteado en los alegatos de conclusión y, en esa
medida, un pronunciamiento sobre los mismos afectaría garantías constitucionales como el
48 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. (…) <inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo
texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación (…)»”
49«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. <Artículo modificado por el artículo 28
de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el
siguiente:> Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.a. De la nulidad
del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales,
de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones
públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier
orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de
las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración (…)».
(Subrayado fuera del texto original)
50 Modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
51 ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:
(...) 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo
deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación (...).
52 ARTÍCULO 278. REFORMA DE LA DEMANDA. La demanda podrá reformarse por una sola vez dentro de los tres (3)
días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda al demandante y se resolverá dentro de los tres (3) días
siguientes. Podrán adicionarse cargos contra el acto cuya nulidad se pretende siempre que no haya operado la
caducidad, en caso contrario se rechazará la reforma en relación con estos cargos. Contra el auto que resuelva sobre
la admisión de la reforma de la demanda no procederá recurso. (Negrillas fuera del texto).
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derecho de defensa y contradicción de la parte demandada.
2.4. Problema jurídico
54. Corresponde a la Sala determinar, con base en los argumentos esgrimidos en el recurso
de apelación, si en este caso hay lugar a revocar, modificar o confirmar la sentencia de 5 de
noviembre de 2025, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las
pretensiones de la demanda.
55. La Sala determinará si se debe declarar la nulidad del acto demandado por la causal de
nulidad prevista en el numeral 3.° del artículo 275 del CPACA, al presentarse una indebida
valoración probatoria del dictamen dactiloscópico; asimismo por demostrarse la suplantación
en la identidad de algunos votantes por falta de estudio de las observaciones de los
formularios E-10 correspondientes a 158 personas y por la falta de identificación a través del
sistema biométrico.
56. La Sala abordará el estudio de las consideraciones con los siguientes temas: i) el marco
normativo y jurisprudencial de la causal de suplantación de electores; y ii) el análisis del caso
concreto.
2.5. El marco normativo y jurisprudencial de la causal de suplantación de electores
57. La suplantación de electores se enmarca en la causal de nulidad electoral prevista en el
numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 relativa a que los documentos electorales
contienen datos contrarios a la verdad o falsos, por cuanto quien aparece ejerciendo el
derecho al voto no era el que legalmente podía ejercerlo, con el fin último de mutar el
resultado del certamen electoral.
58. Conforme lo ha considerado esta Sección53, se presenta cuando: i) un ciudadano
deposita su voto en nombre de otro; ii) los jurados de votación diligencian los espacios del
E-11 fingiendo que son la persona registrada para votar; y iii) cuando en el mencionado
documento electoral se registra como votante a una persona fallecida.
59. Para ser estudiada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esta causal de
anulación debe cumplir con los siguientes requisitos, con miras a lograr que el cargo así
planteado respete el principio de especificidad que irradia el deber que debe cumplir quien
pretende un pronunciamiento de fondo. Al respecto se debe tener en cuenta:
59.1. La identificación de la zona, el puesto y la mesa donde la irregularidad tuvo ocurrencia.
59.2. La individualización de los presuntos suplantados, identificándolos con su cédula de
ciudadanía.
59.3. La determinación de quienes figuran como suplantadores mediante la indicación de
sus nombres y apellidos.
60. Lo anterior evidencia que el cargo por la suplantación de electores debe estar
determinado por la parte demandante desde la demanda, solo así procedería su estudio de
fondo pues, el carácter rogado de la jurisdicción de lo contencioso impediría al juez electoral
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 13 de julio de 2023, C.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil, número de radicación 11001-03-28-000-2022-00120-00.
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subsanar las omisiones probatorias de quien pretende la nulidad de la elección.
61. Sobre el requisito de determinación de los cargos en el contencioso objetivo de nulidad
electoral se ha considerado54 que este medio de control no está concebido para que se
descubran, en su curso procesal, las inconsistencias que adolece el proceso de votación o
de escrutinio, sino para comprobar tales irregularidades55:
«[…] la Sala reitera que los demandantes no pueden limitarse a plantear hechos genéricos,
abstractos, es decir sin precisión en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, bajo
la consideración de que el juez en el curso del proceso debe establecerlos de manera concreta,
así tenga que realizar una investigación que cubra el proceso electoral realizado en toda o
parte de la respectiva circunscripción electoral. El proceso electoral no se puede utilizar para
descubrir, mediante investigación, hechos irregulares ocurridos con motivo de determinadas
elecciones o nombramientos, sino para corroborar, comprobar que efectivamente los ya
descubiertos, concretos y determinados por el demandante tuvieron ocurrencia […]»
62. Esto se debe a que la falta de determinación, además de perjudicar el ejercicio del
derecho a la defensa de los demandados electos, implicaría que el juez deba realizar un
análisis oficioso de las pruebas, lo cual le está vedado.
«[…] La determinación de cargos, que como se vio es una clara manifestación del principio de
justicia rogada, no se concibió para obstruir el acceso a la Administración de Justicia, sino para
conciliar ese principio constitucional con el del debido proceso y el derecho a la defensa de la
parte demandada, y con la prohibición al juez de lo contencioso administrativo de emitir fallos
de oficio. Sería absurdo suponer que a los demandantes les bastaría con apenas señalar que
hubo irregularidades en la votación y los escrutinios, para que el juez se viera impelido a hacer
una búsqueda oficiosa e interminable de inconsistencias en los documentos electorales, ya que
por más esfuerzos que hiciera la parte demandada, su defensa nunca podría ser idónea debido
a que solamente hasta la sentencia, cuando se asigne el mérito probatorio a cada medio de
prueba, los elegidos por voto popular tendrían certeza de cuáles son los casos de falsedad
[…]»
63. Por consiguiente, la garantía del derecho de defensa y contradicción, en asuntos
objetivos de nulidad electoral, exige la debida determinación de los cargos desde la
presentación de la demanda, así que debe existir claridad y precisión en cuanto a la censura
que se planteará ante el juez electoral.
64. En tal sentido, no es admisible que la demanda se formule de manera genérica o
indeterminada, so pretexto de reservar la precisión de las censuras al resultado de la
actividad probatoria, pues con ello el demandado vendría a tener conocimiento de los
reparos concretos contra su elección, no al momento en que se le notifica la demanda, sino
en la etapa de sentencia, en la que no es posible estructurar una defensa oportuna por haber
precluido la oportunidad.
65. Resulta pertinente aclarar que no toda irregularidad puede ser entendida suplantación,
es así que en el trascurso del proceso de elección, los jurados cometen errores al momento
de diligenciar el E-11 tal como puede ser: i) que equivocan la casilla en la que se debe
escribir el nombre del votante, ii) al digitar el nombre del votante no se hace en debida forma
ya que se modifica su orden o por variación de alguno de ellos, iii) trastocan el orden del
número de cédula y, iv) se detalla en dos casillas el mismo nombre pero se deja la salvedad.
54 Esta obligación se estudió de manera similar en sentencia del 23 de enero de 2025, Radicado No. 44001-23-40-000-
2024-00012-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 de marzo de 2005, C.P. Dario
Quiñonez Pinilla, número de radicación. 27001-23-31 000-2003-00759-01(3204).
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66. Para suplir la ausencia del formulario E-11, en consideración a la libertad probatoria que
tienen las partes, el demandante puede, en aras de identificar al suplantado i) conforme el
censo que se publica, determinar si por ejemplo en él se incluyeron personas fallecidas, y si
estas aparecen como sufragantes en la elección; ii) las declaraciones de ciudadanos que al
momento de votar se les impidió su derecho por existir un registro previo; iii) la doble votación
de jurados de mesa, entre otras muchas circunstancias que permitirían al juez electoral un
grado de concreción que le permita estudiar el cargo, garantizando el acceso a la
administración de justicia del demandado y el derecho de defensa del demandante 56.
67. Asimismo, conforme lo previsto en el artículo 114 del Código Electoral, para la validez
del voto, solo se prevé la identificación del ciudadano por parte del jurado, a través de la
verificación de la cédula de ciudadanía y la confrontación frente a la lista de sufragantes,
procederá al registro del nombre y apellido en el formulario electoral respectivo.
68. Conforme lo ha considerado esta Sección57, dicha disposición debe entenderse
complementada por otras que propenden por el uso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones en las elecciones58 y en general, en las actuaciones en las que
intervienen autoridades administrativas59.
69. En este contexto se ha implementado la identificación biométrica, que se vale del
escaneo de rasgos físicos de reconocimiento, como las huellas digitales, la retina o el iris, la
geometría de la mano, los patrones de la voz, las características del rostro, la cual ha sido
utilizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil con lectores de huella, instalados con
cobertura parcial en algunos certámenes democráticos y con fines experimentales o
complementarios.
70. Aunque esta Sección ha reconocido en este sistema una herramienta que podría
contribuir a identificar a los votantes en la mesa y eliminar los fraudes por suplantación 60,
nunca se ha admitido de forma sustitutiva del procedimiento legal vigente.
71. De ahí se sigue que la identificación del votante está basada en la entrega de la cédula
de ciudadanía al jurado y la presencia física del sufragante, determinándose que la falta de
la firma del sufragante o de su huella no genera la invalidez del voto, toda vez que al
analizarse la legalidad de la Resolución 1706 de 2019 «por medio de la cual se dictan
medidas para garantizar la transparencia de los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos
públicos destinados al proceso electoral» expedida por el Consejo Nacional Electoral, esta
Sección consideró que la huella y la firma en el formulario E-11 corresponde a meros
aspectos operativos61 al explicar:
«[…] El diseño de un formulario electoral con base en la incorporación de los cambios es asunto
que no corresponde hacer mediante ley estatutaria, puesto que no tiene la condición de aspecto
estructural porque la naturaleza del E-11, insiste la Sala, es cambiante y tiene que ajustarse a
la evolución de las exigencias del proceso electoral.
56 Ver entre otros: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 de julio de
2024, C.P. Gloria María Gómez Montoya, número de identificación 19001-23-33-000-2024-00005-02; y ii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de enero de 2025, C.P. Omar Joaquín
Barreto Suárez, número de identificación 47001-23-33-000-2024-00003-01
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 13 de marzo de 2025, C.P.
Omar Joaquín Barreto Suárez, número de radicación 11001-03-28-000-2024-00016-00.
58 Constitución Política, artículo 258. Ley 1475 de 2011, artículo 39.
59 Ley 1437 de 2011, artículo 3, numeral 13. Decreto 1078 de 2015, artículo 2.2.17.1.3.
60 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de marzo de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2018-00081 00
(Acumulado), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 6 de febrero de 2020, Carlos
Enrique Moreno Rubio, número de radicación 11001-03-28-000-2019-00032-00.
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Realmente es una modificación de carácter instrumental en la estructuración del formulario E-
11 dirigido a establecer la plena certeza de la identificación del votante, que incluso
posteriormente podría ser reemplazado por otras alternativas propias del avance tecnológico,
como por ejemplo la identificación biométrica ya utilizada en otros ámbitos.
La inclusión de los elementos como la firma y la huella del sufragante en el respectivo formato
no hace parte del desarrollo del derecho fundamental a elegir y ser elegido, como expresión de
los derechos políticos contemplados en el artículo 40 de la Constitución.
[…] Por tratarse de un asunto operativo, no constituye un aspecto estructural que deba ser
dispuesto mediante el trámite especial para las leyes estatutarias, por lo cual no encuentra la
Sala que el Consejo Nacional Electoral haya desconocido la reserva de ley contemplada en el
artículo 152 de la Carta Política para el desarrollo de los asuntos electorales […]».
2.6. Análisis del caso concreto
72. El Tribunal Administrativo del Atlántico denegó las pretensiones de la demanda al no
advertir irregularidad sustancial que comprometiera la validez de dicho acto de elección,
entre otras razones, porque los siete presuntos casos de suplantación que inicialmente
indicó la parte demandante se trataron de errores en el registro del formulario E-11, algunos
de los cuales fueron puestos en conocimiento por los jurados de votación en el acápite de
observaciones.
73. Adicionalmente, porque, además de los casos anteriormente señalados, la parte
demandante afirmó la existencia de otros 17162 casos de suplantación por ausencia de firma
o huella, las cuales fueron descartadas por no ser requisitos para ejercer el derecho al
sufragio y porque del dictamen dactiloscópico se comprobó que:
73.1. En 158 huellas arrojaron como resultado un «imposible cotejo técnico», al no cumplir
con los estándares mínimos de calidad requeridos para su verificación, en 8 se determinó la
correspondencia entre la huella y el ciudadano que la plasmó y 1 solo evento en el que no
se contó con «reseña dubitativa» para efectuar el correspondiente cotejo dactiloscópico.
73.2. Por último, estableció que únicamente en 4 supuestos se presentó discrepancia entre
la huella registrada y la información del votante; sin embargo, se concluyó que dos de ellos
correspondieron a errores de diligenciamiento del formulario E-11, uno a un caso de
ausencia de huella, pero con correspondencia entre los datos del votante y la casilla del E-
11, y otro a un evento en el que existía concordancia entre el votante y la celda analizada,
habiéndose identificado de manera incorrecta a una persona como suplantada.
74. Inconforme con esta decisión, la parte demandante la apeló mediante escrito en el que
se limitó a indicar, en síntesis que: i) se presentó una inadecuada valoración probatoria de
la prueba pericial elaborada por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el que se
demuestra que existieron 158 sufragantes que fueron suplantados; ii) no se realizó un
estudio de las observaciones escritas en el formulario E-10 de esos 158 sufragantes que
tuvieron incidencia en la votación; y iii) se pasó por alto que en las elecciones del municipio
de Piojó (Atlántico) no hubo biometría por lo que no se logró la identificación plena de los
ciudadanos que ejercieron su derecho al voto lo que, a su juicio, prueba la suplantación.
75. Determinado lo anterior, se procederá al estudio de los cargos del recurso de apelación
de la siguiente manera:
62 En el recurso se refirió a 173, pero la sumatoria corresponde a 171.
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Sobre la presunta indebida valoración probatoria del dictamen pericial elaborado por
la Registraduría Nacional del Estado Civil
76. El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto de
10 de junio de 202563, decretó como prueba un «dictamen pericial que deberá realizar la
Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro de los diez (10) días siguientes a la posesión
de los peritos grafólogo y dactiloscopista», con el objetivo de establecer si las firmas y huellas
contenidas en los formularios E – 11 de 178 personas tenían correspondencia con la
información de identificación que reposa en dicha entidad.
77. La Registraduría Nacional del Estado Civil indicó64 «[c]omedidamente y en atención al
requerimiento a través del auto de fecha 10 de junio de 2025, nos permitimos comunicarles
que la entidad procederá a dar cumplimiento a la prueba pericial solicitada respecto al
dictamen dactiloscópico solicitado, con respecto al dictamen grafológico solicitado, no es
posible realizarlo por la entidad, ya que no se cuentan con funcionarios peritos
especializados en grafología».
78. Una vez realizado los cotejos dactiloscópicos65 determinó que 15866 huellas presentaron
la observación de «imposible cotejo técnico», concepto según el cual el oficio RDCRI-DNI-
115 de 11 de julio de 2025, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil 67, se
aplica «cuando la reseña dubitada (huella objeto de análisis) no cumple con los estándares
mínimos de calidad técnica requeridos para efectuar un cotejo confiable, y/o cuando la
reseña indubitada (almacenada en la base de datos de la RNEC) presenta deficiencias que
imposibilitan su comparación».
79. De lo anterior se colige que, del dictamen dactiloscópico elaborado por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, no se colige que las 158 huellas estudiadas correspondan a casos
de suplantación. En efecto, es preciso indicar que la anotación «imposible cotejo técnico»
no conlleva a la conclusión a la que arriba el demandante, en tanto, las impresiones
dactilares dubitadas, esto es, aquellas que eran objeto de análisis y cuya autoría se
pretendía determinar, no podían ser cotejadas con las indubitadas registradas en la base de
datos de la entidad; y, en esa medida, es claro que no llevan a la convicción de la Sala, en
tanto, obedecen exclusivamente a deficiencias técnicas en la calidad de la impresión o en la
reseña indubitada que no constituye un hecho indicativo de suplantación ni puede ser
considerada como un indicio grave de una irregularidad sustantiva.
80. Asimismo, porque conforme el criterio vigente de la Sala, indicado en acápites anteriores,
la imposibilidad de cotejar o la falta de nitidez en la huella no propicia la causal de
suplantación que alega la parte demandante, en la medida que esta circunstancia no
constituye, por sí misma, alguna irregularidad, toda vez que no prueba que: i) un ciudadano
haya depositado su voto en nombre de otro; ii) los jurados de votación diligenciaron los
63 Índice 000103 de Samai. Expediente del tribunal, archivo denominado «
172Autoordena_202400031ELECTORALDE(.pdf)»
64 Índice 0000082 de Samai. Expediente del tribunal, archivo 147Memorialrecibi_memorial_Correspondencia30102(.pdf)
NroActua 82, link expediente electoral, carpeta C02 principal tribunal, archivo denominado 101.Registraduría Pdf.
65 Índice 0000082 de Samai. Expediente del tribunal, archivo 147Memorialrecibi_memorial_Correspondencia30102(.pdf)
NroActua 82, link expediente electoral, carpeta C02 principal tribunal, archivo denominado 104.Registraduría Pdf.
66 La Sala al analizar el dictamen considera que con esta anotación se encuentran 163 registros y a ellos se debe restar
los analizados por el Tribunal por esta misma anotación que corresponden a 5: María Pérez Escobar, Andrés Felipe Molina
Ripoll, Ángela Jiménez Muriel, Diana Dalila Pérez Tovar y Gregora Molinares Ayala.
67 Índice 000111 de Samai. Expediente del tribunal, archivo denominado «
177Memorialrecibi_memorial_110NotificacionEStad(.pdf)».
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espacios del E-11 fingiendo que son la persona registrada para votar; y iii) cuando en el
mencionado documento electoral se registra como votante a una persona fallecida.
81. En esa medida, conforme lo indicó el Ministerio Público en su concepto, no configuran
un medio de prueba idóneo para invalidar el acto de elección de la parte demandada como
alcalde de Piojó para el periodo 2024-2027.
Sobre la falta de estudio de las observaciones de las 158 personas que presentaron
inconsistencias
82. En el recurso de apelación se indicó que el Tribunal no realizó un estudio de las
observaciones escritas en el formulario E-10 de esos 15868 sufragantes que tuvieron
incidencia en la votación.
83. Para desarrollar este cargo, la Sala considera que la parte demandante, al sustentar el
cargo de suplantación en la demanda reformada, argumentó que 143 inconsistencias
correspondían a la falta de huella o de firma en el formulario E-11, lo cual, conforme con el
criterio de la Sala, no propicia la causal de suplantación, comoquiera que la falta de firma del
sufragante o de su huella en este formulario no genera la invalidez del voto69.
84. Además de lo anterior, se considera que la parte demandante, sobre estas personas, no
realizó ninguna otra observación acerca de circunstancias que pudieran generar la
suplantación alegada, razón por la cual, en ese escenario no procedería restar la eficacia
del voto.
85. A su vez, al revisar la demanda reformada, la Sala determina que el demandante en 4
casillas correspondientes dejó espacios en blanco sin realizar ninguna observación, a pesar
de que tuvo acceso a los formularios E-11, así:
Mesa 3 de la cabecera municipal
Cédula Nombre Observación Firma
9.152.377 JERSON MARIMON
MUÑOZ
22.552.439 MARÍA UTRIA DE
VILLANUEVA
22.552.443 ELIDES TORREGROSA
DE MENDOZA
Mesa 4 de la cabecera municipal
Cédula Nombre Observación Firma
22.558.050 NAYIBE MARÍA
HEREDIA SARMIENTO
86. En esa medida, según el principio de especificidad, le está impedido al juez realizar una
búsqueda oficiosa e interminable de inconsistencias en los documentos electorales, toda vez
que el cargo por la suplantación de electores debe estar determinado por la parte
68 Ver pie de página 65.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 5 de junio de 2023 C.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil, número de radicación: 11001-03-28-000-2022-00120-00.
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demandante desde el momento de la presentación de la demanda, solo así procedería su
estudio de fondo.
87. De igual manera, no puede perderse de vista que los señores Nubia Beatriz García
Imitola70, Rodolfo Ortega Imitola71, Pabla Ramona García de Osorio72, Josefina Ferrer de
Imitola73, Pedro Villanueva Ruiz74, Jorge Alfredo Oliveros García75, Pastora Ortega
Mendoza76, Edith Jiménez Jiménez77, Reinaldo Antonio Jiménez Jiménez78, Agustina Ferrer
de Mendoza79, Felicia Pascualina Jiménez Jiménez80, Jorge Iván Pacheco Jiménez81,
Erlinda Gallardo Villanueva82, Yolanda Imitola Gallardo83, Amira Zárate Jiménez84, Eunices
Esmeralda Ortega Mendoza85, Nayibe María Heredia Sarmiento86, Acasio Rafael Torregrosa
Rojas87, Luz Marina Utria Villanueva88, María Utria de Villanueva89, Audelina Oliveros de
López90, Elvira Saltarín Jiménez91, Osvaldo Torregrosa Utria92 y Antonio Villanueva
Villanueva93, en su calidad de impugnadores94, indicaron que, contrario a lo señalado en la
demanda, ejercieron su derecho libre al voto en sus respectivas mesas de votación, lo que,
sirve de parámetro a la Sala para determinar si se presentó o no la suplantación de estas 24
personas.
88. Además en la demanda sobre la mesa 2 de la cabecera municipal, se indicó:
Cédula Nombre Observación Firma
3.738.465 E-10 SI VOTA E-11 NO
VOTA
3.738.485 MANUEL VILLANUEVA E-10 NO VOTÓ E-11 SI
ESCOBAR VOTÓ
3.738.717 FABIO FUENTES E-10 NO VOTA E-11 SI
SALTARÍN VOTA
Mesa 5 de la cabecera municipal
Cédula Nombre Observación Firma
32.723.742 E-10 SI VOTA E-11 NO
VOTA
32.860.036 E-10 NO VOTÓ E-11 SI
VOTO
70 Índice 00036 de Samai. Expediente del tribunal.
71 Índice 00037 de Samai. Expediente del tribunal.
72 Índice 00038 de Samai. Expediente del tribunal.
73 Índice 00039 de Samai. Expediente del tribunal.
74 Índice 00040 de Samai. Expediente del tribunal.
75 Índice 00041 de Samai. Expediente del tribunal.
76 Índice 00042 de Samai. Expediente del tribunal.
77 Índice 00043 de Samai. Expediente del tribunal.
78 Índice 00044 de Samai. Expediente del tribunal.
79 Índice 00045 de Samai. Expediente del tribunal.
80 Índice 00046 de Samai. Expediente del tribunal.
81 Índice 00047 de Samai. Expediente del tribunal.
82 Índice 00048 de Samai. Expediente del tribunal.
83 Índice 00049 de Samai. Expediente del tribunal.
84 Índice 00050 de Samai. Expediente del tribunal.
85 Índice 00051 de Samai. Expediente del tribunal.
86 Índice 00052 de Samai. Expediente del tribunal.
87 Índice 00053 de Samai. Expediente del tribunal.
88 Índice 00054 de Samai. Expediente del tribunal.
89 Índice 00055 de Samai. Expediente del tribunal.
90 Índice 00056 de Samai. Expediente del tribunal.
91 Índice 00057 de Samai. Expediente del tribunal.
92 Índice 00058 de Samai. Expediente del tribunal.
93 Índice 00059 de Samai. Expediente del tribunal.
94 La Sala precisa que conforme al artículo 228 del CPACA y la jurisprudencia de esta Sala, la intervención del tercero a
favor del demandado se denomina impugnador. Mediante auto de 24 de octubre de 2014 se aceptaron como coadyuvantes
de la parte demandada. Índice 00076 de Samai. Expediente del tribunal.
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Demandado: Fernando Rafael Tejera González
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Mesa 1 del corregimiento de Aguas Vivas
Cédula Nombre Observación Firma
NO ESTA
RELACIONADO EN EL
3.738.160 EDGAR VALLEGO E10 – APARECE COMO NO FIRMA
RAMOS SI NO VOTARA (SI
ESTA RELACIONADO
EN EL E-11)
Mesa 2 corregimiento de Aguas Vivas
Cédula Nombre Observación Firma
EN EL E-10 APARECE
QUE VOTÓ, PERO EN
1.128.165.231 EL E-11 NO SE
ENCUENTRA
RELACIONADO.
1.067.092.206 LILIANA DEL CARMEN NOMBRE EN BLANCO.
ZABALA RODRÍGUEZ
1.044.801.578 JAIDER DE JESÚS NOMBRE NO
MOLINA MOLINA CONCUERDA
1.046.874.603 KEVIN JOSÉ BANDERA EL MISMO TIPO DE
LETRA
1.051.890.612 TATIANA ESCORCIA 2 TIPOS DE LETRA EN
SÁNCHEZ EL NOMBRE
89. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto de 3 de septiembre de 2024 95,
decretó de oficio la siguiente prueba «Oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
con el objeto de que, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación de esta providencia, envíe con destino a este proceso, copia de los siguientes
documentos: - Formularios E – 10, E – 11, E – 12 y E – 14 (claveros, delegados y
transmisión), así como el archivo E – 24 TXT o en archivo plano, correspondiente a la
elección del alcalde municipal de Piojó (Atlántico), periodo constitucional 2024 – 2027».
90. La Registraduría Nacional del Estado Civil remitió, entre otros, los formularios E-1096
correspondientes al Municipio de Piojó; no obstante, se puede determinar que no
corresponden a los utilizados por los jurados el día de las elecciones, sino a imágenes de
ellos sin ningún diligenciamiento. Asimismo, se precisa que los formularios E-10
corresponden a la lista de sufragantes para determinar quienes pueden votar; sin embargo,
no prevén casillas para observaciones, lo cual se encuentra especificado en los formularios
E-11. En efecto, los aportados son los siguientes:
95 Índice 0000064 de Samai. Expediente del tribunal, archivo denominado «
122Autoordena_240031HELECTAUTOSENT(.pdf)».
96 Índice 0000082 de Samai. Expediente del tribunal, archivo 147Memorialrecibi_memorial_Correspondencia30102(.pdf)
NroActua 82, link expediente electoral, carpeta C02 principal tribunal, archivo denominado 86. Piojo E10 Pdf.
23
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Mesa 2 de la cabecera municipal
Mesa 5 de la cabecera municipal
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Mesa 1 del corregimiento de Aguas Vivas
Mesa 2 corregimiento de Aguas Vivas
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91. A su vez, al analizar los formularios E-11 de las respectivas mesas de votación97 se
observa lo siguiente,
Mesa 2 de la cabecera municipal
92. No se determina que los jurados de votación hubieren realizado alguna observación en
este formulario sobre las personas indicadas por la parte demandante 98, por lo tanto, no se
encuentra vicio.
Mesa 5 de la cabecera municipal
93. Los jurados de votación realizaron la siguiente observación:
94. No obstante lo anterior, es preciso indicar que no se realizó ninguna observación en este
formulario sobre las personas señaladas por la parte demandante99. Además, no se colige
que se hubiere realizado algún reparo por este aspecto, sin que sea procedente su estudio
de oficio, máxime cuando con el formulario E 10 aportado al proceso no se evidencia la
inconsistencia, toda vez que como se adujo anteriormente, no corresponde al utilizado por
los jurados el día de las elecciones, sino a imágenes de ellos sin ningún diligenciamiento.
97 Los formularios E-11 se pueden verificar en el índice 0000082 de Samai. Expediente del tribunal, archivo
147Memorialrecibi_memorial_Correspondencia30102(.pdf) NroActua 82, link expediente electoral, carpeta C02 principal
tribunal, Carpeta E11.
98 Los identificados así: i) cédula de ciudadanía 3.738.465; ii) cédula de ciudadanía 3.738.485, Manuel Villanueva Escobar;
y iii) cédula de ciudadanía 3.738.717, Fabio Fuentes Saltarín.
99 Los identificados así: i) cédula 32.723.742; y ii) cédula de ciudadanía 32.860.036.
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Calle 12 No. 7-65. Tel: (57) 601-350-6700. Bogotá, D.C., Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Walberto Ayala Goenaga
Demandado: Fernando Rafael Tejera González
alcalde de Piojó (Atlántico), periodo 2024 – 2027
Rad: 08001-23-33-000-2024-00031-01
Mesa 1 del corregimiento de Aguas Vivas
95. La Sala indica que los jurados de votación realizaron las siguientes observaciones:
96. No obstante lo anterior, es preciso indicar que no se realizó ninguna observación en este
formulario sobre la persona indicada por la parte demandante100. Además de lo anterior, no
se observa que la parte demandante hubiere realizado algún reparo por este aspecto, sin
que, se reitera, sea procedente su estudio de oficio.
Mesa 2 del corregimiento de Aguas Vivas
97. Los jurados de votación realizaron la siguiente observación:
98. Es preciso indicar que en el formulario E-10 aportado al proceso no se evidencia la
observación planteada por los jurados de votación respecto del ciudadano identificado con
cédula de ciudadanía 1.128.105.231. No obstante lo anterior, la presunta irregularidad per –
se no acredita la suplantación, en la medida que correspondió a un error de los jurados al
momento del registro y lo plasmado coincide con lo indicado por la parte demandante para
el formulario E-11. Sobre las demás inconsistencias es preciso indicar que no se realizó
ninguna observación en este formulario sobre las personas señaladas por la parte
demandante101.
100 La identificada con cédula de ciudadanía 3.738.160, nombre Edgar Vallego Ramos.
101 Las identificadas así: i) cédula de ciudadanía 1.067.092.206, Liliana del Carmen Zabala Rodríguez; ii) 1.044.801.578,
Jaider de Jesús Molina Molina; iii) 1.046.874.603, Kevin José Bandera; y iv) 1.051.890.612, Tatiana Escorcia Sánchez.
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Demandante: Walberto Ayala Goenaga
Demandado: Fernando Rafael Tejera González
alcalde de Piojó (Atlántico), periodo 2024 – 2027
Rad: 08001-23-33-000-2024-00031-01
99. Por tanto, de las pruebas obrantes en el expediente, no se logró determinar la existencia
de casos de suplantación no hay lugar al estudio de la incidencia en los términos planteados
por la parte demandante.
Sobre la falta de implementación del sistema de identificación biométrica
100. En el recurso de apelación, se indicó que en las elecciones del municipio de Piojó
(Atlántico) no hubo biometría por lo que no se logró la identificación plena de los ciudadanos
que ejercieron su derecho al voto, y, en esa medida, los jurados de votación diligenciaron
los formularios con información falsa.
101. En el proceso obra la certificación de 30 de octubre de 2024, expedida por la
coordinadora electoral de la delegación del Atlántico, en la que indicó:
«[…] Que consultado el archivo de gestión electoral de la Delegación Departamental, se
constató que, para las elecciones de Congreso de la República, realizadas en el año 2022,
la Gerencia de Informática y la Registraduría Delegada en Asuntos Electorales de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, asignaron biometría a los municipios de Barranquilla,
Malambo, Puerto Colombia, Sabanalarga, Santo Tomás y Soledad […]». (Se resalta).
102. La Sala observa que, de dicha certificación, no se deduce que las votaciones del año
2023 en el municipio de Piojó (Atlántico) no tuvieran el sistema biométrico de identificación,
en tanto hace referencia a las del Congreso de la República del año 2022.
103. Sin embargo, por un lado, como se indicó en acápites anteriores, esta Sección ha
reconocido en este sistema biométrico una herramienta que podría contribuir a identificar a
los votantes en la mesa y eliminar los fraudes por suplantación102, pero nunca se ha admitido
de forma sustitutiva del procedimiento legal vigente previsto en el artículo 114 del Código
Electoral. De ahí se sigue que la identificación del votante está basada en la entrega de la
cédula de ciudadanía al jurado y la presencia física del votante.
104. Por otro lado, se reitera que, si bien la biometría tiene el potencial de reportar beneficios
a las elecciones, en términos de seguridad y agilidad, no es un sistema obligatorio ni mucho
menos que impida o condicione el ejercicio del derecho al voto y, en consecuencia, no es
posible derivar efectos de nulidad por la falta de implementación de esa tecnología, máxime,
cuando en el caso concreto no se determinó que por la falta de este sistema se estableciera
un comportamiento irregular de los jurados de votación ni una actuación orientada a
consignar información contraria a la realidad en los documentos electorales, lo que conduce
a desestimar este cargo.
2.7. Conclusión
105. La Sala concluye que no se advierte una valoración probatoria incorrecta por parte del
tribunal, toda vez que, conforme a lo evidenciado, no se comprobaron casos de suplantación
que afectaran la validez del acto de elección impugnado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley
102Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de marzo de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2018-00081 00
(Acumulado), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Demandante: Walberto Ayala Goenaga
Demandado: Fernando Rafael Tejera González
alcalde de Piojó (Atlántico), periodo 2024 – 2027
Rad: 08001-23-33-000-2024-00031-01
3. FALLA:
PRIMERO: Confírmase la sentencia de 5 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que negó, entre otra
determinación, la nulidad de la elección de Fernando Rafael Tejera González, como alcalde
de Piojó (Atlántico), para el periodo 2024-2027, de acuerdo con la parte considerativa de
este fallo.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen
para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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