Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 19001-23-33-000-2024-00005-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 19001-23-33-000-2024-00005-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 19001-23-33-000-2024-00005-02
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
4 de julio de 2024
Demandante: Cristian Camilo Acosta Solarte
Demandado: Óscar Yamit Guachetá Arrubla,
alcalde del municipio de Morales – Cauca
Radicación: 19001-23-33-000-2024-00005-02
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., cuatro (04) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 19001-23-33-000-2024-00005-02
Demandante: Cristian Camilo Acosta Solarte
Demandado: Óscar Yamit Guachetá Arrubla, como alcalde del
municipio de Morales (Cauca), periodo 2024-2027
Tema: Suplantación de electores como causal de anulación de
los actos de elección (artículo 275.3 de la Ley 1437 de
2011)
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante,
contra la sentencia del 25 de abril de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Cauca negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El señor Cristian Camilo Acosta Solarte, actuando en nombre propio y en
ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de
2011, presentó demanda con el fin que se declare la nulidad del acto de elección
del señor Óscar Yamit Guachetá Arrubla, como alcalde del municipio de Morales
(Cauca), para el periodo 2024-2027.
1.2. Hechos
2. El demandante sostuvo que el 29 de octubre de 2023 se realizaron las
elecciones territoriales.
3. Indicó que el 3 de noviembre de 2023, se expidió el formulario E-26 ALC,
mediante el cual se declaró la elección del señor Óscar Yamit Guachetá Arrubla
como alcalde del municipio de Morales (Cauca).
4. Precisó que el día de los comicios algunos puestos de votación fueron
custodiados por funcionarios de la Fuerza Pública y otros por miembros de la
Guardia Indígena, quienes «tenían sus propios candidatos en las diferentes listas».
5. Aseguró que se presentó «suplantación de electores» en las siguientes zonas,
puestos y mesas de votación:
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Demandante: Cristian Camilo Acosta Solarte
Demandado: Óscar Yamit Guachetá Arrubla,
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• Zona 99 puesto 05 (Chimborazo) mesas 1,2, 3, 4 y 5
• Zona 99 puesto 01 (Medellín) mesa 1
• Zona 99 puesto 07 (Mesón) mesas 1,2, 3 y 4
• Zona 99 puesto 09 (Honduras) mesas 1,2, 3 y 4
• Zona 99 puesto 13 (los Quingos) mesa 1
• Zona 99 puesto 25 (Tierra Dentro) mesas 1,2,3, 4 y 5
6. Señaló que la información consignada en los formularios E-14 de las mesas
referidas, en realidad no corresponden con la voluntad del electorado.
7. Manifestó que para realizar un peritaje de algunas de las mesas de votación de
Morales – Cauca fue «solicitada» información a la Registraduría Nacional del
Estado Civil – Delegación Departamental del Cauca, pero la entidad indicó que no
era posible suministrarla debido a que tenía reserva por «tener datos personales de
los sufragantes».
8. Aclaró que esa respuesta impidió presentar una prueba pericial para establecer
los nombres de los sufragantes que presuntamente fueron suplantados.
9. Agregó que solo contaba con la información de testigos electorales sobre
posibles irregularidades en los comicios, que fueron «facilitadas por la falta de
legítima autoridad en los puestos de votación a que hace referencia esta demanda».
1.3. Concepto de la violación
10. El demandante consideró que se transgredieron los artículos 139 y 275 de la
Ley 1437 de 2011 y 1° y 114 del Código Electoral. Ello, al asegurar que:
«Cuando una persona suplanta a otra para votar o cuando se vota por otra persona
que no se ha presentado a votar, llenando el formulario E-11 y firmando de cualquier
manera y/o evitando que la huella digital quede bien impresa, de manera que no se
pueda identificar el sufragante, o por cualquier otra conducta que haga efectivo un voto
irregular en cuanto no corresponde al titular del derecho, se presenta el fenómeno de la
suplantación del elector y su resultado deja de ser la expresión libre, espontánea y
auténtica del ciudadano con derecho al voto, pues al ser suplantado, jamás ese voto
representa su intención de voto (sic), por el contrario, si se aprovecha su no
presentación a votar, para suplantarlo y votar como si se hubiera presentado, se está
violentando la decisión del elector, de cuya ausencia permite concluir que su intención
es no hacer uso de ese derecho a votar.
Esta suplantación configura la causal de nulidad establecida en el numeral 3 del
artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – CPACA por sus siglas, pues esa suplantación hace que el resultado
electoral se ve alterado, ajeno a la verdad electoral y a la vez el artículo primero del
Código electoral, debido a que se violenta el principio general de pureza y veracidad de
la voluntad del elector expresada en las urnas.»
1.4. Trámite procesal de primera instancia
11. Mediante auto del 17 de enero de 2024, se admitió la demanda y se ordenó
notificar al señor Óscar Yamit Guachetá Arrubla, al Consejo Nacional Electoral, a
la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio Público.
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12. A través de proveído del 9 de marzo de 2024, se ordenó correr traslado de las
excepciones1 propuestas por la Registraduría Nacional del Estado Civil2, el
Consejo Nacional Electoral y al señor Óscar Yamit Guachetá Arrubla.
13. Mediante providencia del 13 de marzo de 20243, el magistrado sustanciador
de primera instancia decidió diferir la decisión de las excepciones propuestas a la
sentencia.
14. Segundo, fijar el litigio en los siguientes términos: «determinar si el acto que
declaró la elección del alcalde municipal de Morales, Cauca, señor Oscar Yamit Arrubla
Guachetá, para el periodo 2024-2027, adolece de nulidad por configurarse la causal
prevista por el numeral 3° del artículo 275, comoquiera que habría concurrido el fenómeno
de suplantación de electores».
15. Tercero, incorporar las pruebas documentales aportadas por las partes y
negar el dictamen pericial solicitado por el demandante4. Esto último, al considerar
que:
«Al revisar la solicitud probatoria presentada por la parte demandante, en cotejo con
los hechos en que se fundamentó el medio de control, el despacho encuentra que más
allá de resultar satisfecha la determinación en sede fáctica de las condiciones relativas
a la ubicación del lugar donde presuntamente se habrían desarrollado las
circunstancias de suplantación electoral, la parte demandante no delimitó el cúmulo de
exigencias que en sede fáctica exige el cargo de nulidad en referencia, pretendiendo a
través del medio de prueba en mención, fijar las circunstancias que fundarían la causal
objetiva de nulidad y auscultar a través de la prueba el cargo en mención.
No es de recibo, que las falencias tales como, la indeterminación en lo que concierne a
la identificación de los sujetos que habrían intervenido en los hechos constitutivos de
suplantación, sean satisfechos en sede probatoria por el Tribunal, pues en efecto, lo
que la parte pretende a través de la concitada prueba, lejos de orientar la corroboración
del fenómeno, lo que pretende es suplir la carga que a esta le correspondía, asociada
a la identificación que exige la formulación del cargo de nulidad.
Ahora, aunque la parte demandante allegó copia del Oficio No. 2023002766 de 07 de
diciembre de 2023, expedido por la Delegación Departamental del Cauca de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, que atendiendo a la solicitud de desarrollo de
una inspección judicial sobre los formularios E-11 para cotejar huellas decadactilares y
firmas, fue objeto de negativa, bajo la caracterización de información sensible; acreditar
el agotamiento de tal solicitud, no es óbice para que en sede judicial se decrete un
medio probatorio en tal sentido y no releva a la parte de identificar en debida forma las
circunstancias constitutivas del fenómeno en mención, pues bien, el cargo de nulidad
ligado a la circunstancia citada, contrario a suponer que se aduzca una prueba en tal
sentido, refiere que el demandante precise en forma directa los supuestos fácticos
anotados, que en todo caso no han resultado satisfechos sobre el particular.»
1
Las entidades electorales propusieron la de falta de legitimación en la causa por pasiva.
2
Falta de Legitimación en la causa por pasiva la cual fue presentada por las dos entidades.
3
Esta decisión fue notificada por estado del 18 de marzo de 2024.
4
Esta decisión fue impugnada y decidida en segunda instancia en auto del 29 de abril de 2024.
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16. Y cuarto, ordenó el trámite de sentencia anticipada, con fundamento en el
artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011.
1.5. Sentencia de primera instancia
17. En fallo del 25 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo del Cauca negó las
pretensiones de la demanda.
18. En atención a las excepciones de falta de legitimación en la causa propuesta
por la RNEC y el CNE, consideró que, respecto de la primera entidad, no había
lugar a desvincularla del asunto, toda vez que, la Sección Quinta del Consejo de
Estado5 ha estimado que cuando el proceso de nulidad electoral versa sobre
causales objetivas es necesaria su participación6.
19. En el caso concreto, expuso que los elementos de juicio que obraban en el
expediente iban dirigidos a ilustrar las zonas, puestos y mesas de votación en que
supuestamente se configuró la suplantación de electores; no obstante, omitió la
«identificación y/o determinación de los ciudadanos respecto a quienes se presentaron los
eventos constitutivos de suplantación», circunstancias que resultan relevantes para el
análisis del cargo en cuestión.
20. Adicionalmente, indicó que con la demanda se omitió definir en qué evento
constitutivo de suplantación electoral se habría incurrido, dado que dicho
fenómeno dispone de sendas vertientes.
21. En esa medida estimó que no solo se incurrió en falencias en la estructuración
del cargo de nulidad, sino también, frente a la carencia de elementos de juicio que
permitieran evidenciar las circunstancias de suplantación que reprocha el
demandante.
22. En punto de los elementos de juicio, señaló que si bien el actor, solicitó el
decreto y práctica de una prueba pericial, lo pretendido era «trasladar la carga
demostrativa a la judicatura, incluso sujetando a esta a completar la estructuración del
cargo de nulidad».
23. Además, precisó que las circunstancias que puso de presente el actor para
justificar que no pudo tener acceso a los formularios E-11, «no resulta excusable
para la correcta edificación del cargo de nulidad y la acreditación de las circunstancias
constitutivas de suplantación; pues la parte demandante disponía de mecanismos
para propender por el levantamiento de la reserva de los documentos de rigor».
1.6 Recurso de apelación
24. Mediante escrito del 7 de mayo de 2024, el demandante recurrió la sentencia
de primer grado. Sobre el particular indicó que el fallo controvertido fue proferido
5
Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto de 15 de octubre de 2015. Radicado No. 11001-03-28-000-2014-00080-00. M.P:
Lucy Jeannette Bermúdez.
6
En cuanto al medio exceptivo del CNE, consideró que la vinculación al asunto dependía «en mayor o menor grado de
conexidad que tengan las censuras o irregularidades», sin que señalara su procedencia.
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cuando se encontraba en trámite la impugnación del auto que negó la prueba por
él solicitada, cuyo propósito era obtener un peritaje que «permitiera demostrar la
suplantación del elector o la falsedad de los registros contenidos en los formularios E-11
de las mesas especificadas en la presente demanda que nos ocupa».
25. Puso de presente que dentro del término de ejecutoria de la providencia de
instancia, se decidió la apelación propuesta contra la negativa probatoria,
circunstancias que para el actor «da lugar a afirmar que el recurso contra la sentencia
que negó las pretensiones de la demanda está condenado a fracasar». Al respecto,
señaló que la falta de especificidad del cargo, resulta un imposible que coarta el
derecho de acceso a la administración de justicia.
26. Afirmó que, como ciudadano, no tuvo la posibilidad de consultar los
formularios E-11, antes o después de los escrutinios a pesar de que intentó
acceder a ellos a través de un perito. Además, precisó que por el tiempo corto
para el análisis que debía realizar el respectivo experto resultaba imposible
cumplir con el requisito solicitado por el a quo, teniendo en cuenta que el término
de caducidad de la acción no se suspende.
27. Finalmente, solicitó que «se revoque la decisión de negar las pretensiones de la
demanda y tomar las medidas necesarias para adelantar la prueba pericial denegada y
que puede practicarse de oficio dadas las circunstancias especiales del presente caso,
REITERO NADIE ESTÁ OBLIGADO A LO IMPOSIBLE».
28. Mediante auto del 9 de mayo de 2024, el a quo concedió el recurso y ordenó
el envío del expediente a la presente Corporación.
1.7 Actuación de segunda instancia
29. Por auto del 11 de junio de 2024, se admitió el recurso de apelación, se negó
una prueba solicitada en segunda instancia7 y se ordenó correr traslado a los
sujetos procesales y al Ministerio Público, quienes intervinieron en el siguiente
orden:
30. La Registraduría Nacional del Estado Civil, solicitó denegar las
pretensiones de la demanda dado que el accionante no demostró las condiciones
de tiempo, modo y lugar en que presuntamente se presentaron las suplantaciones
de los electores.
31. A renglón seguido insistió en su falta de legitimación en la causa.
32. El Ministerio Público, solicitó confirmar la sentencia de primer grado toda vez
que «no se encuentra dentro de este expediente, ninguna prueba de que el demandante
haya realizado alguna solicitud a la Registraduría Nacional del Estado Civil para acceder
al mencionado formulario E-11, lo que se traduce en criterio de esta Agencia, en una clara
omisión en el cumplimiento de la carga en cabeza de la parte demandante para un caso
7
Nuevamente solicitó se decrete como prueba el dictamen pericial denegado en primera instancia, lo cual fue negado al
considerar la inactividad del demandante en obtener la información requerida.
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como el presente en el que se pretende demostrar una presunta suplantación de
electores».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
33. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en los
artículos 1508 y 152.7 a)9 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el artículo
13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.
2.2. Cuestión previa
34. En los alegatos de conclusión, la Registraduría Nacional del Estado Civil,
reiteró su falta de legitimación en la causa por pasiva en el presente medio de
control.
35. Sobre este particular, la Sala recuerda que la decisión de mantener su
vinculación fue adoptada en la sentencia que puso fin a la primera instancia,
donde se determinó que: «en conclusión, tratándose de la excepción de ausencia de
legitimación en la causa por pasiva, la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de
Estado ha señalado que respecto de causales de nulidad de orden objetivo, tal medio
exceptivo no tiene cabida en relación con la RNEC».
36. En virtud de ello, no emana como necesario proferir un nuevo pronunciamiento
sobre el particular.
37. Finalmente, en lo que hace al medio exceptivo del Consejo Nacional Electoral,
el fallador de primera instancia omitió determinar si era viable su desvinculación,
por lo cual, se procederá a su estudio.
38. En este caso, el órgano electoral señaló que la organización de los
certámenes electorales recae en la Registraduría Nacional del Estado Civil, razón
por la cual, no tiene injerencia en el presente asunto.
39. Frente a este punto, la Sección Quinta en reciente pronunciamiento señaló10:
«De entrada, debe advertirse que esta excepción debe ser declarada no probada, ya
que corresponde a las comisiones escrutadoras generales, en calidad de delegadas
del CNE, hacer el conteo oficial de los votos en las elecciones populares, por tanto,
resulta necesaria la vinculación de la organización electoral en las demandas contra
elecciones por voto popular, para que, si es del caso, defienda la legalidad de
quienes actuaron en el correspondiente escrutinio».
8
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)».
9
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección (…) de los alcaldes municipales y distritales (…)»
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 20 de junio de 2024, M.P:
Pedro Pablo Vanegas Gil, Radicado: 88001-23-33-000-2023-00062-01.
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40. En este orden de ideas, al ser este caso un asunto de índole objetivo, se
declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el Consejo Nacional Electoral.
2.3. Problema jurídico
41. La controversia en este proceso se circunscribe a determinar si, de acuerdo
con los argumentos expuestos en la apelación, hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la sentencia de primera instancia. En ese orden de ideas, la Sala se
limitará a estudiar si en el caso concreto el negar las pretensiones por falta de
especificidad en el cargo de suplantación fue excesivo dado que no le fue posible
acceder a los formularios E-11.
42. Para el efecto, la Sala: i) hará referencia a la presente causal de anulación de
los actos; y (ii) se pronunciará sobre el caso concreto.
2.4. Suplantación de electores como causal de nulidad electoral11
43. El fenómeno de la suplantación de electores se enmarca en la causal de
nulidad electoral consagrada en el numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de
2011, relativa a que los documentos electorales contienen datos contrarios a la
verdad o falsos, con el fin último de mutar el resultado del certamen electoral.
44. Este fenómeno se configura cuando i) una persona deposita su voto en
nombre de otra, ii) los jurados de votación diligencian las casillas del E-11
simulando que la persona allí registrada se acercó a ejercer su derecho al voto, o,
iii) cuando en el formulario E-11 se registra como votante a una persona cuyo
cupo numérico no se encuentra vigente por haber pertenecido a una persona
fallecida.
45. La Sala Electoral, desde el año 200912, ha referido las diferentes modalidades
de suplantación de electores, así
«(…) 1. Cuando una persona que no es titular del documento de identificación que
aparece preimpreso en el formulario E-11 logra depositar el voto a nombre del
verdadero titular. 2. Puede acontecer que nadie haya concurrido a votar a nombre de
otro, sino que los jurados de votación motu proprio llenaron las casillas
correspondientes con nombres ficticios. 3. Cuando frente al número de la cédula
preimpresa se encuentran anotaciones o trazos ilegibles, signos, número de cédula o
cualquier otra anotación similar que no permite identificar al titular del documento de
identificación. 4. Cuando el titular de la cédula ejerce el derecho al voto doble vez,
frente al número de cédula del cual es titular y a su vez frente a otro número de
cédula que no le corresponde» Y afirmó: «Los anteriores casos conducen a que se
esté en presencia de un registro falso o apócrifo, en la medida en que se carece de
explicación válida respecto a que la inconsistencia se deba a un mero error, pues
resulta evidente que la pretensión fue la de introducir votos por ciudadanos no aptos
para votar, con el fin de alterar el resultado de los escrutinios».
11
Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate,
Rad. 44001-23-40-000-2020-00004-01.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 6 de julio de 2009, M.P,
Susana Buitrago Valencia. Radicado No. 11001-03-28-000-2006-00115-00(4056-4084).
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46. Nótese que en el caso de la suplantación, los documentos electorales
contienen datos contrarios a la verdad, debido a que en ellos reposa información
que no se encuentra conforme con la realidad, por cuanto quien aparece
ejerciendo el derecho al voto no era el que legalmente podía ejercerlo.
47. Muestra de lo anteriormente señalado, es que en el registro de votantes o
formulario E-11, aparecerá un número de sufragantes que dista de la verdad, dado
que, en realidad, no comparecieron a ejercer su derecho todas aquellas personas
que aparecen en este como votantes, materializándose la alteración de los
resultados, debido a que en el escrutinio se contabilizarán votos que no fueron
depositados en las urnas por el titular del derecho, lo cual se traduce en
marcaciones espurias que van a ser sumadas en el acta E-14 y posteriormente en
los formularios E-24 y E-26, siendo este último en el que consta la declaratoria de
la elección.
48. Para finalizar, resulta pertinente aclarar que no toda irregularidad puede ser
entendida como suplantación, es así como en el trascurso del proceso de
elección, los jurados cometen errores al momento de diligenciar el E-11 tal y como
puede ser: i) que equivocan la casilla en la que se debe escribir el nombre del
votante, ii) al digitar el nombre del votante no se hace en debida forma ya que se
modifica su orden o por variación de alguno de ellos, iii) trastocan el orden del
número de cédula y, iv) se detalla en dos casillas el mismo nombre pero se deja la
salvedad.
49. Por manera que, no todo error en el diligenciamiento del registro de votantes,
debe ser tenido como una irregularidad configuradora de la causal de nulidad
consagrada en el numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, dado que al
ser una actuación humana puede estar precedida de inconsistencias que son
claramente identificables como tal por no tener como finalidad adulterar los
resultados de la mesa13.
50. Finalmente, esta Sección ha exigido para la formulación del cargo de
suplantación desde la presentación de la demanda, además de la ubicación de la
zona, puesto y mesa en la que tuvo lugar la irregularidad, señalar el nombre y el
documento de identidad de los presuntos suplantados y de los suplantadores,
información sin la cual ha considerado que no es posible estudiar el motivo de
inconformidad14.
2.5. Caso concreto
51. En el caso bajo estudio, el demandante aduce que el fallo de primera instancia
negó las pretensiones de la demanda al considerar que no especificó caso a caso
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 30 de agosto de 2023, M.P:
Rocío Araújo Oñate, Radicado 11001-03-28-000-2022-00261-00 acumulado.
14
Ver por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 29 de agosto de 2009, M.P. Susana Buitrago
Valencia, Rad. 44001-23-31-000-2007-00246-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017.
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2014-00112-00. Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 29 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 44001-23-40-000-2020-00004-01. Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia del 13 de julio de 2023, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-28-000-2022-00120-00.
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Demandante: Cristian Camilo Acosta Solarte
Demandado: Óscar Yamit Guachetá Arrubla,
alcalde del municipio de Morales – Cauca
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cada posible suplantación. Así mismo, que no detalló qué modalidad de falsedad
se presentó en cada evento.
52. En su defensa, argumentó que exigirle ese elemento, es requerir lo imposible
dado que la Registraduría Nacional del Estado Civil no permite el acceso a los
formularios E-11 para el cotejo de la información; esto es, para señalar quienes
fueron los suplantados. Adicionalmente, adujo que cuando se dictó sentencia de
primera instancia, se encontraba en apelación la decisión de negar el mencionado
dictamen.
53. Para resolver los anteriores planteamientos, la Sala iniciará su estudio
respondiendo lo referente a que la sentencia se dictó sin que el ad quem hubiera
resuelto el recurso de apelación frente a la decisión de negar la experticia
solicitada a la Registraduría Nacional del Estado Civil15.
54. Sobre el particular, se debe advertir que el artículo 243 de la Ley 1437 de
2011, establece en su numeral 7 la viabilidad de impugnar la decisión que niegue
el decreto o la práctica de pruebas. Esa misma norma señaló en su parágrafo 1°
que la apelación se surtirá en efecto devolutivo, esto es, que no se suspende el
cumplimiento de la providencia ni el curso del proceso16.
55. En concordancia con lo reseñado, el artículo 323 del Código General del
Proceso, estipuló que «la circunstancia de no haberse resuelto por el superior
recursos de apelación en el efecto devolutivo o diferido, no impedirá que se dicte
la sentencia».
56. Por manera que, no se advierte que en el curso del trámite del proceso, el
hecho de haberse dictado sentencia de primera instancia sin que se decidiera la
apelación de la prueba negada, configure alguna situación que deba ser
considerada como irregular.
57. En lo que hace al reproche de la sentencia, referente a la falta de identificación
de los suplantadores y suplantados, se procederá a recordar cuáles son los
requisitos que jurisprudencialmente se han solicitado para entender como apto
este reproche de nulidad electoral.
58. Se recuerda, que para ser estudiada por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo esta causal de anulación, el demandante debe cumplir con los
siguientes requisitos, con miras a lograr que el cargo así planteado respete el
principio de especificidad que irradia la exigencia que debe acatar quien pretende
un pronunciamiento de fondo frente a estas circunstancias. Al respecto se debe
tener en cuenta17:
15
El recurso de reposición y en subsidio de apelación se presentó el 21 de marzo de 2024. El 8 de abril la primera instancia
resolvió lo de su competencia y al día siguiente remitió al Consejo de Estado el proceso. El 25 de ese mismo mes y año
dictó sentencia y la ponente el 30 del mismo mes y año confirmó la negativa de decretar la prueba.
16
Artículo 323 del Código General del Proceso.
17
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 29 de agosto de 2009, C.P: Susana Buitrago Valencia, radicado No.
44001-23-31-000-2007-00246-01.
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Demandante: Cristian Camilo Acosta Solarte
Demandado: Óscar Yamit Guachetá Arrubla,
alcalde del municipio de Morales – Cauca
Radicación: 19001-23-33-000-2024-00005-02
«[P]ara que el cargo de suplantación de electores se considere debidamente
formulado, es necesario no sólo que el demandante suministre la zona, el puesto
y la mesa donde la irregularidad tuvo ocurrencia, sino que es imprescindible
que individualice a los presuntos suplantados identificándolos con su cédula
de ciudadanía y señale quienes figuran como suplantadores mediante la
indicación de sus nombres y apellidos. Lo anterior, por cuanto para establecer la
veracidad de esa irregularidad y si es constitutiva de falsedad, se examina si existe
inconsistencia entre el nombre que aparece consignado en el formulario E-11 y el del
titular de la cédula que figura en el Archivo Nacional de Identificación (ANI) o con el
censo electoral.
Ha sido reiterada la tesis según la cual para deducir la falsedad de un registro por
inconsistencia entre el nombre registrado en el formulario E-11 y el nombre del titular
de la cédula de ciudadanía, es necesario analizar individualmente cada situación
planteada en la demanda para determinar si realmente se trata de un caso de fraude,
o por el contrario, la equivocación es atribuible a un error de los jurados de votación.
Sobre el tema anotado, la jurisprudencia de la Sala18 ha sostenido lo siguiente:
La determinación del cargo de suplantación electoral La determinación de los hechos
en que consiste la suplantación de electores implica el señalamiento de las
circunstancias de tiempo, modo, lugar y personas que en ella incurrieron. Para ello
debe individualizarse a los presuntos suplantadores y suplantados por sus nombres,
números de cédula u otra característica y debe señalarse además la zona, el puesto y
la mesa donde ocurrió». Negrillas fuera de texto.
59. En este caso, no se advierte que el tribunal de primera instancia hubiera
errado en la decisión adoptada, en tanto, al revisar la demanda, se advierte que la
misma no contempla los casos en los cuales se concretó el vicio que se alega,
esto es, no señala el supuesto suplantado y el suplantador, aspectos que hacen
parte integral de este tipo de falsedad.
60. De otra parte, si bien el accionante pretende excusar la falta de concreción en
la estructuración del cargo, en que no le fue otorgado el acceso a los formularios
E-11, para la Sección no ha sido desconocida la problemática actual frente a la
dificultad de acceso a ellos, dado su diseño, en el cual, se implementó una casilla
para que los ciudadanos que sufraguen dejen una impresión de su huella dactilar.
61. La inclusión de dicho elemento, hace que aquel contenga datos que a la luz de
la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sean reservados19 por tener la connotación de
sensibles20 y en razón a ello, no se encuentren a disposición de los ciudadanos en
general.
18
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 24 de noviembre de 200505, Exp. N° 3851.
19
Artículo 6°. Tratamiento de datos sensibles. Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles
“Código Electoral, artículo 213. Toda persona tiene derecho a que la Registraduría le informe sobre el número, lugar y fecha
de expedición de documentos de identidad pertenecientes a terceros.
Tienen carácter reservado las informaciones que reposen en los archivos de la Registraduría referentes a la identidad
de las personas, como son sus datos biográficos, su filiación y fórmula dactiloscópica. De la información reservada sólo
podrá hacerse uso por orden de autoridad competente.
20
Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que
afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el
origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los
derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos
biométricos.
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62. Por ello la Sala a propósito de la anterior exigencia evaluó su razonabilidad y
proporcionalidad y determinó hasta qué punto las cargas que se vienen exigiendo
resultan asumibles por los ciudadanos que deciden acudir a la jurisdicción. Al
respecto se indicó lo siguiente21:
«260. Piénsese en primer lugar, respecto de la presunta existencia de suplantadores,
que el formulario E-11, que en principio contiene la prueba de dicha irregularidad, por
registrar los datos biométricos de quienes acuden a las urnas, es de carácter
reservado; de manera tal que la ciudadanía que pretende ejercer control sobre
quiénes acudieron a las urnas, desde el inicio debe enfrentarse a restricciones en el
acceso a la información. (…)
263. Ello de por sí podría constituir una prueba de difícil consecución para poder
sustentar el cargo, por lo menos para el momento en que se presenta la demanda,
que es el instante en el que se ha exigido identificar los presuntos suplantadores o
suplantados, a menos que con antelación se permita el acceso restringido a dicha
información. (…)
265. Por ello, podría resultar imposible al actor cumplir con la carga que se le ha
impuesto jurisprudencialmente de identificar al suplantador desde la presentación de
la demanda, que por excelencia es el instante en el que debe formularse de manera
integral el motivo de inconformidad, salvo que se prevean mecanismos eficaces que
le permitan tener conocimiento de la identidad de todos los involucrados en la
conducta de suplantación, con las debidas restricciones en aras de garantizar la
naturaleza sensible de los datos, particularmente de los biométricos.
266. Es más, casos como el de autos revelan que la RNEC en virtud del carácter
reservado de los formularios E-11, al parecer niega sin excepción el acceso a la
documentación a los ciudadanos que la requieren directamente, por lo que sólo la
pueden conocer válidamente durante la etapa de pruebas en el proceso judicial, por
lo que materialmente con el libelo introductorio no puede estructurar el cargo, debido
a que no han tenido acceso a los elementos de juicio que le permitiría identificar
quiénes fueron los suplantados y los suplantadores, información que vale la pena
resaltar, para su consecución y análisis se tiene un corto periodo, en consideración al
plazo de 30 días legalmente previsto para acudir a la jurisdicción en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral22.
267. De otra parte, ante la anterior situación tampoco es recibo que como opción se
permita alegar el referido motivo de inconformidad de manera clara, concreta y
precisa durante o finalizada la etapa probatoria, bajo el argumento de que sólo con
las pruebas decretadas puede identificarse los suplantadores y suplantados, pues ello
significaría que mucho tiempo después de trabada la litis la parte demandada puede
conocer los motivos de inconformidad que se aducen contra la elección enjuiciada, e
inclusive, aceptar la formulación cargos luego de vencido el término de caducidad del
medio de control de nulidad electoral, por lo que resultaría una alternativa que
atentaría contra el derecho a la defensa y los fines que se persiguen al establecer un
término corto y perentorio para acudir a la jurisdicción cuando se busca cuestionar los
actos de nombramiento, elección y/o llamamiento».
63. Como se puede advertir, la Sala tiene en cuenta las vicisitudes que en materia
electoral se presentan al momento de estructurar el presente cargo por falsedad
(suplantación), partiendo de la reserva que frente a algunos elementos presenta el
formulario E-11.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 30 de agosto de 2023, M.P:
Rocío Araújo Oñate, Radicado 11001-03-28-000-2022-00261-00 acumulado.
22
Artículo 164, numeral 2, literal a) de la Ley 1437 de 2011.
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64. No obstante, no ha relevado al demandante de la carga de especificar la zona,
el puesto, la mesa y como en este caso, el registro en donde ocurrió la
suplantación, lo anterior por cuanto, se rompería el principio de justicia rogada.
65. Piénsese en una sola mesa, que tiene un potencial de votantes aproximado de
350 ciudadanos. Es decir, en un puesto de votación con 5 mesas, correspondería
cotejar al menos 1750 registros en donde sería el juez el que buscaría cuál de
todos ellos es apócrifo.
66. En esa medida, si el ejemplo arriba anunciado lo llevamos al cargo de
suplantación, como el que pretende el actor se analice en este asunto, donde
anuncia se presentó el vicio aludido en 20 mesas de votación, tendría el juez
electoral que buscar en un aproximado de 7000 personas, si efectivamente existió
algún suplantado.
67. De lo anterior se puede extraer, que el accionante solo lograría la concreción
de su motivo de inconformidad finalizada la etapa probatoria, bajo el argumento
que hasta esa fase del proceso pudo identificar los suplantadores y suplantados,
lo que significaría que después de trabada la litis y vencido el término procesal
para contestar la demanda, el extremo pasivo, pueda realmente conocer los
motivos de inconformidad contra su elección.
68. Por esto y en consideración a la libertad probatoria que tiene las partes, el
demandante puede, en aras de identificar al suplantado i) conforme el censo que
se publica, determinar si por ejemplo en él se incluyeron personas fallecidas, y si
estas aparecen como sufragantes en la elección; ii) las declaraciones de
ciudadanos que al momento de votar se les impidió su derecho por existir un
registro previo; iv) la doble votación de jurados de mesa, entre otras muchas
circunstancias que permitirían al juez electoral un grado de concreción que le
permita estudiar el cargo, garantizando el acceso a la administración de justicia del
demandado y el derecho de defensa del demandante.
69. Por esos motivos, no se encuentra como suficiente la razón dada por el actor,
para omitir los datos necesarios en su demanda y tener formulado en debida
forma el cargo de suplantación de electores.
70. Con todo, la Sala como juez garante de la trasparencia en los comicios
electorales, encuentra la necesidad de establecer canales efectivos de acceso a la
información por parte de la ciudadanía que pretende denunciar irregularidades en
el trámite de elección, concretamente por presuntos hechos de suplantación.
71. Por ello, para casos como estos, cuando un ciudadano o una organización que
pretenda vigilar la transparencia a los procesos electorales requiera alguna
información que pueda contener datos sensibles, la Registraduría Nacional del
Estado Civil, puede contemplar mecanismos que permitan el acceso a ella
guardando la reserva de los elementos que tengan esa característica, como por
ejemplo ocultando ese espacio del formulario.
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72. Así las cosas, la Organización Electoral podrá entregar del E-11, la
información que no tenga el carácter de sensible en medios físicos o magnéticos,
en formatos de datos abiertos, con el fin de materializar el derecho fundamental de
todo ciudadano a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la
ley (art. 40.6 de la CP) garantizando, a su vez, el deber de mantener la reserva de
los datos biográficos.
73. Por último, se recuerda que el Consejo Nacional Electoral, a través de la
Resolución 1706 de 201923, le ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
disponer de todas las medidas logísticas y administrativas para publicar, una vez
concluido el escrutinio de mesa, las imágenes, entre otros, de los formularios E-
11.
74. Por las razones expuestas, la Sección Quinta del Consejo de Estado,
exhortará a la Organización Electoral, para que implemente los mecanismos
necesarios para garantizar el acceso a los ciudadanos de la información que
reposa en los formularios E-11 preservando la reserva que sobre algunos de sus
datos exista, a la luz de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, ello, se
reitera, en aras de dotar de transparencia los procesos electorales.
75. Para ello, se requerirá su implementación gradual a partir de las elecciones
atípicas que surjan y que deba realizar la Registraduría Nacional del Estado Civil,
en el marco de la selección de mandatarios locales, ello con el fin que en los
comicios del Congreso de la República y en lo sucesivo, se garantice la presente
medida de transparencia en la totalidad de las mesas del territorio nacional.
76. A su turno, el Consejo Nacional Electoral, en uso de sus facultades de
vigilancia y control, deberá verificar la implementación de estas medidas para
futuros procesos electorales.
2.5.3. Conclusión
77. Al no encontrar acreditado el requisito de especificidad que debe contar toda
demanda de nulidad electoral de orden objetivo, especialmente la relativa a la de
suplantación de electores, se impone confirmar la sentencia de primera instancia,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, del 25 de abril de 2024, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa
de esta providencia.
23
Artículo 2.
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SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva solicitada por el Consejo Nacional Electoral, según lo dicho en
esta providencia.
TERCERO: EXHORTAR a la Organización Electoral, para que implemente los
mecanismos necesarios para dotar de publicidad los documentos electorales, en
los términos expuestos en la parte considerativa de este proveído.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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