Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2016-00124-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Revocatoria directa del reajuste pensional: no requiere autorización previa cuando se obtiene por medios ilegales
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2016-00124-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2016-00124-01
Consejero ponente: César Palomino Cortés
5 de agosto de 2021
REVOCATORIA DIRECTA DEL REAJUSTE PENSIONAL – No requiere autorización previa cuando se obtiene por medios ilegales / CONDENA PENAL A DIRECTOR DE FONCOLPUERTOS POR PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO A FAVOR DE TERCEROS – Vicia la voluntad de la administración / ILEGALIDAD DEL REAJUSTE PENSIONAL - Prueba
En los eventos en que sea viable la revocatoria directa sin consentimiento del titular es necesario garantizar el derecho al debido proceso de la o las personas involucradas y, por consiguiente, se debe seguir el procedimiento administrativo que consagra el Decreto 01 de 1984 en cuanto sea compatible, en especial, lo dispuesto en sus artículos 74, 28, 14, 34 y 35. De la misma manera, es importante señalar que, en tales casos, corresponde a la administración la carga de probar y motivar suficientemente: i) que el titular del derecho económico de que se trate no reúne los requisitos para acceder al mismo; ii) que la ilegalidad del reconocimiento es manifiesta; y iii) que ella se encuentra tipificada como un delito a la luz de la ley penal, sin que pueda pensarse que ello signifique un prejuzgamiento o una usurpación de las funciones del juez penal, quien de llegar a conocer del asunto, dispondrá de plena independencia y autonomía en el ejercicio de su función.(…) del acervo probatorio avizorado en el proceso, la Sala concluye que, encontró demostrada la ilegalidad manifiesta de la Resolución 159 de 1996, por medio de la cual el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, reliquidó la pensión de jubilación del actor, toda vez que fue expedido con fundamento en documentación falsa y sin el lleno de los requisitos legales; por lo que, a la administración no le quedaba otro camino que revocar directamente dicho acto administrativo como lo autoriza la normativa que rige la materia, sin que ello afecte el debido proceso de aquel. Maxime que, en el sub lite no se allegaron al plenario elementos de juicio que permitieran verificar que el accionante tenía derecho al incremento de la mesada pensional reconocida por Resolución 159 de 24 de enero de 1996, y que, tal derecho no se perfeccionó con fundamento en documentación falsa; tal y como así lo señala la Resolución 001405 de 29 de septiembre de 2008 (acto demandado); y siendo ello así, la Subsección no puede desvirtuar la presunción de legalidad de la decisión expedida por la entidad de previsión social demandada; motivo por el cual la sentencia del a quo será confirmada.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 69 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 73 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 74 / LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 19
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 47001-23-33-000-2016-00124-01(2916-18)
Actor: JUSTINIANO SEGUNDO ROMERO ROYS
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP
Radicado
: 47001-23-33-000-2016-00124-01
Número interno
: 2916-2018
Parte actora
: Justiniano Segundo Romero Roys
Demandada
: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social- UGPP
Medio de Control
: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Ley
1437 de 2011
Tema
:Revocatoria directa de acto de reliquidación
pensional por fraude a la ley.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de 28 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
Demanda
Pretensiones
El señor Justiniano Segundo Romero Roys, demanda con la finalidad de obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Resolución 001405 de 26 de septiembre de 2008, suscrita por el coordinador general del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, que dispuso la revocatoria directa de la Resolución 00159 del 24 de enero de 1995, expedida por el Director del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia (FONCOLPUERTOS), que reliquidó su medada pensional.
Resolución RDP 015124 de 9 de noviembre de 2015, proferida por la entidad pensional demandada; por medio de la cual resolvió negativamente la solicitud de revocatoria directa del acto administrativo anterior.
El acto ficto o presunto negativo resultado del silencio del ente de previsión demandado con respecto a la petición de 5 de marzo de 2012, donde solicitó dejar sin efectos la Resolución 001405 de 26 de septiembre de 2008, que dispuso la revocatoria directa de la Resolución 00159 del 24 de enero de 1995.
A título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene al ente de previsión demandado a pagar la pensión de jubilación de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 00159 del 24 de enero de 1995, junto con las diferencias que se causen y los perjuicios morales, además de dar cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 187, 192 y 298 de la Ley 1437 de 2011.
Hechos
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:
A través de la Resolución 138696 del 27 de septiembre de 1989, por sus 50 años de edad y más de 20 de servicios en el Ministerio de Defensa Nacional y en el Terminal Marítimo, el gerente del Terminal Marítimo de Santa Marta le reconoció al actor una pensión de jubilación en cuantía de $261.360.90, efectiva a partir del 1 de junio de dicho año, prestación que fue reliquidada y, en consecuencia, elevada su cuantía a $1.675.584.59, por medio de la Resolución 00159 de 24 de enero de 1996, expedida por el Director General de FONCOLPUERTOS.
Posteriormente, mediante la Resolución 001405 de 26 de septiembre de 2008, el coordinador general del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social dispuso la revocatoria directa del acto administrativo a través del cual se reliquidó la pensión de jubilación del actor, al establecerse judicialmente su ilegalidad por haber sido expedida con fundamento en certificaciones falsas y, en consecuencia, se ajustó la prestación disminuyendo su valor de $4.980.874.87 a $3.625.549.71.
El 5 de marzo de 2012, el accionante solicitó a la UGPP la revocatoria directa del acto administrativo anterior, peticiones que fueron negadas por Resolución RDP 013659 de 29 de octubre de 2012.
Normas violadas y concepto de violación
Se mencionan las siguientes:
El demandante cimenta sus pretensiones en los artículos 23, 29, 58, 209, 228 y 229 de la Constitución Política; artículo 3 numeral 9, 66, 67, 72 y 93 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011.
Al explicar el concepto de violación señaló que, el ente de previsión social quebrantó el debido proceso, al no existir evidencia alguna que permitiera establecer que el actor durante el proceso de formación del acto administrativo que le reconoció la pensión hubiera incurrido en la comisión de un delito, contrario a ello, manifiesta que la Resolución 159 de 1996 no se encuentra enlistada dentro de la relación de los actos investigados por la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Segundo de Descongestión del caso Foncolpuertos.
Sostiene que se infringió de manera flagrante el derecho de defensa y contradicción del extremo activo de la litis al entender la administración que por ser un acto de ejecución, la decisión emitida por un juez se extiende de manera irresponsable a todos los pensionados, con lo que se causó un grave e irremediable perjuicio al actor, el cual es una persona de mayor de edad que laboralmente le es imposible emplearse.
Contestación de la demanda
La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones.
Sostuvo que, el actor ni ninguno de los otros pensionados a los que se le reajustó la mesada pensional, tiene derecho a que se le incremente al monto que percibían antes, pues se trata de actos administrativos abiertamente ilegales declarados por la justicia penal; razón por la cual fueron dejados sin efectos. Precisó que, la entidad no tiene ninguna obligación con el actor; por tanto, nada le adeuda por el concepto reclamado.
Señaló que, se encuentra demostrado que los ajustes se aplicaron a todas las mesadas pensionales que fueron incrementadas en sus valores por los actos administrativos expedidos por el ex director de Foncolpuertos, aunque no hayan sido incluidas en la lista a la que se refiere alguno de los accionantes, toda vez que se hizo extensiva “la orden tanto de la Fiscalía como del Juzgado de conocimiento de suspender los efectos jurídicos y económicos de las resoluciones que pagaron prestaciones indebidas por investigarse la conducta del implicado en la modalidad de delito continuado”.
Refirió que, los delitos cometidos por Luis Rodríguez Rodríguez que concluyeron en sentencia condenatoria por el aumento de las pensiones de jubilación “eran falsas y no pueden beneficiar al hoy demandante porque es un hecho ilícito aun cuando él mismo no provenga directamente del pensionado”.
Propuso los medios exceptivos que denominó “prescripción”, “compensación” y “buena fe”.
Sentencia de primera instancia
El a quo negó las pretensiones de la demanda, al estimar que el hecho de que no se halle dentro del expediente la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial así como la proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; le impide realizar un análisis de legalidad del acto administrativo demandado, debido a que su origen tuvo lugar no solo con la Resolución de 6 de julio de 2007 expedida por la Fiscalía General de la Nación y el fallo del Juzgado Penal de Descongestión de Bogotá, sino también, con las sentencias que revisaron la primera.
Consideró que, no es suficiente para desvirtuar la legalidad del acto administrativo, únicamente que la resolución que le reconoció el reajuste al demandante no se halle en la resolución expedida por la fiscalía y la sentencia penal de primera instancia; sino que, además debieron aportarse las piezas procesales que revisaron la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Penal de Descongestión de Bogotá, esto es, las emitidas por el Tribunal en segunda instancia y en sede de casación, por la Corte Suprema de Justicia, que como se indicó, no están dentro del expediente.
Refirió que, mal haría en declarar la ilegalidad del acto administrativo enjuiciado, toda vez que está acreditado que el señor Luis Hernando Rodríguez Rodríguez, fue condenado penalmente por expedir resoluciones que ordenaban el reajuste y reliquidaciones de unas pensiones a los ex trabajadores de Foncolpuertos con documentación falsa, sin motivar la decisión y sin el lleno de los requisitos legales de las reclamaciones que daban lugar al beneficio (indebidamente liquidados).
Precisó que, no encuentra elementos de juicio que permita analizar la procedencia de la reliquidación pensional en cabeza del demandante, de manera que, se logre desvirtuar el acto administrativo enjuiciado; según el cual el señor Justiniano Romero Roys tenía derecho o dicho beneficio. Sumado a que, la apoderada de la parte actora se limitó a atacar el procedimiento de la expedición del acto; pero no explicó las razones por las cuales el demandante si tenía derecho a la reliquidación de la prestación; por lo que, no encontró pruebas que permitan llegar a una conclusión en tal sentido. Por consiguiente, la parte accionante no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo enjuiciado, que revocó directamente el reajuste pensional concedido al actor.
Por consiguiente, negó las pretensiones de la demanda al considerar que, la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos; comoquiera que no se aportaron todos los elementos de juicio que permitieran verificar que el incremento de la mesada pensional del señor Justiniano Segundo Romero Roys, no se reconoció con base en documentación falsa; tal y como así, lo alega el acto enjuiciado.
No condenó en costas a la parte demandante.
Recurso de apelación
Inconforme con la decisión del Tribunal, la para demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia, reiterando, para el efecto, los argumentos expuestos en la demanda.
Precisó que, de acuerdo con el recaudo probatorio obrante en el plenario, no se encuentra que la entidad demandada hubiere realizado trámite alguno a efectos de adelantar de manera ajustada al debido proceso la revocatoria directa del acto administrativo que dispuso el reajuste pensional a favor del señor Justiniano Segundo Romero Roys, “evidenciándose de esta manera que la Resolución 001405 de 2008 incurrió en la causal de infracción de las normas en que debía fundarse”; toda vez que no se tuvo en cuenta el procedimiento establecido en el CCA para obtener la revocatoria directa del acto administrativo que se aducía resultaba ilegal.
Insistió en que es equivocada la providencia impugnada, puesto que la misma debió confrontar la Resolución 001405 de 26 de septiembre de 2008 con la sentencia penal de 30 de mayo de 2008, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión; y no, con otras providencias judiciales, “incurriendo en un error de hecho, resultando falsamente motivada la decisión impugnada”.
Señaló que, la providencia recurrida al igual que el acto acusado fueron falsamente motivados, en atención a que, en ningún aparte de la decisión judicial del 30 de mayo de 2008, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión, se hace alusión a dejar sin efecto o revocar la Resolución 0159 de 1996.
Alegatos de conclusión segunda instancia
La parte actora, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso vertical .
La entidad accionada, insistió en los razonamientos plasmados en la contestación de la demanda.
6. El Ministerio Público, guardó silencio.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si revoca el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Para el efecto, se analizará sí del contenido de la parte considerativa y resolutiva de la Resolución 1405 de 26 de septiembre de 2008, proferida por el gerente general del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, se evidencia el ejercicio de la facultad de revocatoria directa, teniendo en cuenta que se demostró la ilegalidad de la resolución que le reliquidó la pensión de jubilación al actor.
Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos: (i) La revocatoria directa de actos administrativos en vigencia del Decreto 01 de 1984; ii) La revocatoria directa de actos administrativos que reconocen derechos prestacionales económicos del sistema de seguridad social en pensiones, según la Ley 797 de 2003; y (iii) el caso concreto.
La revocatoria directa de actos administrativos en vigencia del Decreto 01 de 1984.
Es del caso señalar, que en vigor del Decreto 01 de 1984 la administración se encontraba facultada para revocar sus actos administrativos siempre que contara con el consentimiento previo, expreso y escrito del titular de los derechos reconocidos en el acto administrativo en cuestión. A falta de este, la revocatoria directa únicamente era viable en los siguientes casos:
Cuando fueran actos administrativos resultantes de haber operado el silencio administrativo positivo y pudiera verificarse una de las siguientes condiciones:
i) Son manifiestamente opuestos a la Constitución Política o a la ley.
ii) No consultan el interés público o social o atentan contra él.
iii) Causan un agravio injustificado a una persona.
Cuando era evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.
Estas dos excepciones surgen de la interpretación que la jurisprudencia contencioso administrativo le da en la actualidad a los artículos 69 y 73 del Decreto 01 de 1984, la que fue definida por la Sala Plena del Consejo de Estado por medio de sentencia del 16 de julio de 2002. No obstante, con anterioridad al cambio jurisprudencial que supuso esta providencia, la interpretación aceptada de estas disposiciones, hoy revaluada, reconocía la posibilidad de revocatoria directa sin el consentimiento del titular del derecho única y exclusivamente en los eventos en que el acto administrativo surgía del silencio administrativo positivo, así lo señalaba la sentencia del 1 de septiembre de 1998 proferida igualmente por la Sala Plena de dicha Corporación.
Conforme a las excepciones citadas, puede concluirse que según el Decreto 01 de 1984:
“(…) la administración contaba con la posibilidad de revocar actos administrativos de contenido particular en el evento en que su ilicitud era evidente u ostensible. Así las cosas […] no se trataba de que la autoridad pública intuyera o sospechara sobre la ilegalidad de los medios utilizados para obtener el acto, tal circunstancia, a juicio de la Sala, debía estar debidamente documentada y probada dentro de la actuación administrativa que, en todo caso, precedía la expedición del acto que contenía la decisión de la revocatoria (…)”
Siendo ello así, se tiene que, una vez verificado el cumplimiento de alguno de los dos supuestos que dan paso a la revocatoria directa, a efectos de garantizar el derecho al debido proceso, la administración se encuentra en la obligación de adelantar una actuación administrativa en los términos del artículo 28 del Decreto 01 de 1984 y demás normas concordantes, tal y como lo ordena el artículo 74 ibidem. Esto supone que previo a la adopción de la decisión en comento deban agotarse unas etapas procesales mínimas con las que se reafirme el respeto por el derecho de contradicción del directamente afectado y de terceros que puedan estar interesados en aquella, quienes podrán expresar sus opiniones en la oportunidad legalmente establecida y solicitar el decreto y práctica de pruebas que estime pertinentes.
La revocatoria directa de actos administrativos que reconocen derechos prestacionales económicos del sistema de seguridad social en pensiones, según la Ley 797 de 2003.
El artículo 19 de la Ley 797 de 2003, estableció una modalidad especial de revocatoria directa sin el consentimiento del titular del derecho, en ciertos casos en que el acto administrativo de contenido particular y concreto ha reconocido una prestación de naturaleza económica sin que se cumplan los requisitos exigidos por la ley con tal fin o por medio de documentos falsos. Dice la norma:
“ARTÍCULO 19. REVOCATORIA DE PENSIONES RECONOCIDAS IRREGULARMENTE. Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes.”
La constitucionalidad de tal precepto fue sometida al estudio de la Corte Constitucional, quien en sentencia C-835 del 23 de septiembre de 2003 lo declaró exequible condicionadamente, delineando el alcance que debe otorgársele de conformidad con los siguientes razonamientos:
“(…) ¿Cuál debe ser la entidad o importancia del incumplimiento de los requisitos que pueden dar lugar a la revocatoria del acto administrativo de reconocimiento prestacional, aún sin el consentimiento del titular del derecho? (…) no se puede tratar de cualquier incumplimiento de requisitos, toda vez que ante falencias meramente formales; o ante inconsistencias por desactualización de la información interna de las entidades correspondientes, respecto de las cuales el titular del derecho o sus causahabientes no hayan realizado conductas delictivas, le compete al respectivo funcionario tomar de oficio las medidas tendientes al saneamiento de los defectos detectados (…) Por consiguiente, la comentada actuación, lejos de cualquier pretensión revocatoria de oficio, debe encaminarse hacia la depuración de la información que soporta la expedición y vigencia del acto administrativo de reconocimiento prestacional. En concordancia con esto, cuando de conformidad con la Constitución y la ley deba revocarse el correspondiente acto administrativo, será necesario el consentimiento expreso y escrito del titular, y en su defecto, el de sus causahabientes. De no lograrse este consentimiento, la entidad emisora del acto en cuestión deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (…)
Cosa distinta ocurre cuando el incumplimiento de los requisitos aludidos esté tipificado como delito y la Corte señala claramente que basta con la tipificación de la conducta como delito, para que la administración pueda revocar, aunque no se den los otros elementos de la responsabilidad penal, de tal manera que en el evento de que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa o se halla comprobado el incumplimiento de los requisitos, basta con que sean constitutivos de conductas tipificadas por la ley penal, hipótesis en la cual se inscribe la utilización de documentación falsa, en conexidad o no con conductas tipificadas por la ley penal tales como el cohecho, el peculado, etc. (…)
La Corte deja claramente establecido que cuando el litigio versa sobre problemas de interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación de un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno general; estos litigios deben ser definidos por los jueces competentes de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que en consecuencia no procede la revocatoria directa del acto administrativo sin el consentimiento del particular (…)”
Así mismo, el máximo juez constitucional concluyó que la revocatoria directa de actos administrativos de carácter particular y concreto que otorgan prestaciones económicas procede sin consentimiento del titular del derecho únicamente cuando la ilegalidad del reconocimiento es notoria y constitutiva de un delito. De lo contrario, para que el acto administrativo se extinga del mundo jurídico, es preciso que el beneficiario autorice la revocatoria directa o que así lo disponga un juez al resolver la demanda instaurada por la administración contra la legalidad de su propio acto, trámite al que deberá acudirse siempre que la controversia, en lugar de ocuparse de la verificación fáctica de los requisitos para acceder a la prestación, tenga por objeto la forma en que ha de aplicarse o interpretarse la normatividad.
Claramente, en los eventos en que sea viable la revocatoria directa sin consentimiento del titular es necesario garantizar el derecho al debido proceso de la o las personas involucradas y, por consiguiente, se debe seguir el procedimiento administrativo que consagra el Decreto 01 de 1984 en cuanto sea compatible, en especial, lo dispuesto en sus artículos 74, 28, 14, 34 y 35.
De la misma manera, es importante señalar que, en tales casos, corresponde a la administración la carga de probar y motivar suficientemente: i) que el titular del derecho económico de que se trate no reúne los requisitos para acceder al mismo; ii) que la ilegalidad del reconocimiento es manifiesta; y iii) que ella se encuentra tipificada como un delito a la luz de la ley penal, sin que pueda pensarse que ello signifique un prejuzgamiento o una usurpación de las funciones del juez penal, quien de llegar a conocer del asunto, dispondrá de plena independencia y autonomía en el ejercicio de su función.
2.3. Caso concreto
El accionante solita la nulidad de la Resolución 001405 de 26 de septiembre de 2008, proferida por el GIT “por medio de la cual revocó directamente la Resolución 159 de 1996 “que le reajustó la prestación pensional”.
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, al estimar que en el sub examine sí procedía la revocatoria directa de la resolución que reliquidó la pensión de jubilación sin su consentimiento expreso, toda vez que este acto administrativo fue obtenido bajo medios ilegales.
Informe con esta decisión, el demandante impetro recurso de alzada al considerar que, se vulneró de su derecho fundamental al debido proceso dado que no se obtuvo su consentimiento expreso y por escrito para que se procediera a revocar directamente la resolución a través de la cual el gerente general de FONCOLPUERTOS reliquidó su pensión de jubilación.
A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala tendrá en cuenta los medios de prueba que fueron allegados al proceso.
Del contenido de la Resolución 1405 del 26 de septiembre de 2008, a través de la cual el coordinador del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social dispuso la revocatoria directa del acto administrativo que reliquidó la pensión de jubilación del actor, se tiene que:
“(…)
2. La Fiscalía General de la Nación, Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Estructura de Apoyo para el tema de Foncolpuertos, Despacho Primero, dentro del sumario No. 2044, al resolver la situación jurídica de LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, dictó la resolución de 6 de julio de 2007, por el delito de Peculado por Apropiación, en la modalidad de delito continuado, disponiendo en su numeral quinto:
5. ORDENAR la SUSPENSIÓN de los efectos jurídicos y económicos de las resoluciones firmadas por Luis Hernando Rodríguez y aquí investigadas; así como las actas de conciliación autorizadas; como las de mandamiento de pagos librados en la sentencia no ejecutoriadas; conforme el cuadro incierto en los hechos y de aquellos actos delictivos cometidos durante el lapso precisado en la resolución; como en análisis precedente. Comunicar anterior al que “GIT” Ministerio de la Protección Social y en consecuencia librar los oficios allí señalados.” Subrayado nuestro.
3. En su parte considerativa la Fiscalía, señaló:
En conclusión, todos (sic) las reclamaciones, reconocimientos y pagos, efectuados a través de la totalidad de las resoluciones aquí endilgadas a RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, son contrarias a derecho (…) a lo que se debe sumar la incidencia que tuvieron dichos reconocimientos que provocaron también reajuste de la pensión pues desde ese momento los extrabajadores vienen recibiendo una mesada mayor a la que legalmente les corresponde.” Subrayado nuestro.
(…)
4. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ se acogió sentencia anticipada, por lo cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá, mediante fallo del 30 de mayo de 2008 lo condenó la pena principal de ocho (8) años y ocho (8) meses de prisión y el pago de $96.211’723,226,96, al encontrarlo autor responsable del delito de Peculado por Apropiación. De esta forma se impartió aprobación a la formulación y aceptación de cargos hecha por RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
5. El Área del Sistema Nacional de Pagos de este Grupo, con Nota Interna No. 1000 de 16 de septiembre de 2008 informa que por Resolución No. 159 de 1996 firmada por RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, reconoció y ordenó reajustar la mesada pensional de varios extrabajadores y el pago de diferencias de mesadas y prestaciones sociales por $500.000.000. (…).
6. La Fiscalía General de la nación, Estructura de Apoyo para el Tema de Foncolpuertos, adelantó investigación contra RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, y otros, por los delitos de Peculado por Apropiación y Prevaricato por Acción, la investigación se originó en varios actos administrativos proferidos por éste, en los cuales ordenó reajustes en las pensiones y pagos de diferencias de mesadas, beneficiando ilegalmente a muchos ex trabajadores de Puertos de Colombia; una de las resoluciones incluidas en dicha investigación, fue precisamente la No. 159, y mediante providencia de 15 de octubre de 1997, ejecutoria del 19 de febrero de 1998, la Fiscalía profirió Resolución de Acusación en contra de los indicados, dentro de los cuales se refirió la mencionada resolución No. 159, calificándola como ilegal, por haberse expedido con fundamento en certificaciones falsas. La tapa de la causa correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión quien dictó sentencia condenatoria en contra de los sindicados, por delitos de Peculado por Apropiación Agravado, Peculado por Apropiación a favor de terceros y Prevaricato por Acción, el 24 de septiembre de 2004, siendo confirmada parcialmente por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal de Descongestión, en sentencia de 31 de mayo de 2005 y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante fallo de 20 de abril de 2007, casó parcialmente la sentencia en segunda instancia en lo que tiene que ver con la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de profesión de abogado, fijándola en cinco años, y declaro que los demás ordenamientos de la sentencia se mantenían incólumes.
7. De lo anterior, se tiene que en el presente caso se debe proceder a desmontar el reajuste de la citada resolución No. 159 firmada por RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, pues está demostrada judicialmente la ilegalidad de la misma, cuyo origen fueron certificaciones falsas, pues la orden judicial de suspender los efectos jurídicos y económicos, se hizo extensiva los casos en que se detectarán prestaciones indebidas, por investigarse la conducta en la modalidad de delito continuado, luego deberán sufrir las mismas consecuencias (…).
15. La presente resolución constituye un acto de ejecución, dado que se procede como consecuencia de una decisión de la Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública, Estructura de Apoyo para el tema de Foncolpuertos. Despacho Primero, respecto de la cual ya existe sentencia condenatoria como se anotó párrafos atrás, razón por la cual queda a salvo la facultad prevista en el artículo 19 de la Ley 197 de 2003 para revocar los actos administrativos que se hubiesen ordenado reconocimientos irregulares; vale decir, que este acto administrativo no finiquita una actuación administrativa de revisión integral de la pensión que se inicie o hubiere iniciado de oficio, conforme lo previsto en dicha ley y de acuerdo con las directrices impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2003. En suma, el Grupo no actúa mutuo propio, sino en estricto cumplimiento de una orden judicial, que valga señalar, no se encuentra ejecutoriad, siendo una conclusión apenas lógica, por lo que no se puede predicar un actuar oficioso, o expresado en otras palabras, este caso NO es, homologable al tratado en la sentencia de la Honorable Corte Constitucional T-344 de 2004.
(…)”.
Finalmente, otro hecho que resulta fundamental para predicar que no es necesario adelantar actuación administrativa, es la sentencia del 10 de marzo de 2005, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, autoridad que al pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución No. 262 de 2002, emitida por el Grupo, afirmó:
“Tanto la Coordinadora General, como el Grupo Interno de Trabajo, al cumplir sus responsabilidades están en la obligación de ajustar las situaciones individuales ala Constitución y la Ley, sin necesidad de acudir para el efecto ante la autoridad judicial, ni al procedimiento establecido en el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo. Si en desarrollo de su función estos servidores detectan irregularidades tales como las advertidas por la Procuraduría General de la Nación y los demás órganos de control (reconocimientos de pensiones sin derecho a ellas, aplicación de convenciones colectivas sin ser trabajadores oficiales, tener en cuenta en liquidaciones factores inexistentes, etc.), los funcionarios públicos no pueden ni deben cohonestar” Subrayas y negrillas no originales.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar directamente la resolución No. 159 de 1996, proferida por FONCOLPUERTOS, con fundamento en la decisión de 6 de julio de 2007 adoptada por la Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública, Estructura de Apoyo para tema Foncolpuertos, Despacho Primero y la sentencia de 30 de mayo de 2008 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá, en lo que se refiere a los siguientes pensionados y/o beneficiarios de pensión y como consecuencia de ello, ajustarles la mesada pensional, en el monto que a continuación se señala; así:
Nº.
Beneficiario
Pensión Ajustada
Nombre
Cédula
20
ROMERO ROYS JUSTINIANO
9.049.016
$3.625.549,71
(…)”.
Nótese que del contenido del anterior acto administrativo, se tiene que la Fiscalía General de la Nación, Estructura de Apoyo para el Tema de FONCOLPUERTOS, mediante providencia del 15 de octubre de 1997, ejecutoriada el 19 de febrero de 1998, profirió resolución de acusación en contra del señor Luis Hernando Rodríguez Rodríguez, quien fuera gerente general de dicha entidad, por considerarlo responsable por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, al ordenar mediante diversos actos administrativos reajustes en pensiones y pagos de deferencias de mesadas de manera ilegal (con fundamento en certificaciones falsas), dentro de los que se encuentra la Resolución 159 del 24 de enero de 1996, que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación del actor.
Así también, que el conocimiento de la causa le correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá, quien dictó sentencia condenatoria el 24 de septiembre de 2004, en contra del señor Rodríguez Rodríguez por los delitos de peculado por apropiación agravado, peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por acción.
Igualmente, que del contenido de la Resolución 1405 de 26 de septiembre de 2008, a través de la cual el coordinador del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social dispuso la revocatoria directa del acto administrativo que reliquidó la pensión de jubilación del actor, también se evidencia que la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Estructura de Apoyo para el tema FONCOLPUERTOS, Despacho Primero, dentro del proceso 2044 adelantado en contra del Señor Luis Hernando Rodríguez Rodríguez, profirió la Resolución del 6 de julio de 2007, en la cual lo consideró responsable por el delito de peculado por apropiación en la modalidad de delito continuado, disponiendo lo siguiente:
“Numeral 5°.- ORDENAR la SUSPENSIÓN de los efectos jurídicos y económicos de la resoluciones firmadas por el señor LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y aquí investigas: así como las actas de conciliación autorizadas; como los mandamientos de pagos librados en las sentencias no ejecutoriadas; conforme al cuadro inserto en los hechos y de aquellos actos delictivos cometidos durante el lapso precisado en esta resolución; como consecuencia del análisis precedente comunicar al “GIT” Ministerio de la Protección Social y en consecuencia librar los oficios allí señalados.”
Sumado a que, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá mediante fallo del 30 de mayo de 2008, condenó al Señor Luis Hernando Rodríguez Rodríguez a la pena principal de 8 años y 8 meses de prisión y al pago de $96.211.723.226.96 por en contarlo culpable del delito de peculado por apropiación y, en consecuencia, declaró “(…) sin efectos los actos administrativos de los cuales se derivaron los pagos objeto de peculado, mismos que se precisan se encuentran en la lista al cuadro adjunto al acápite de los hechos”. No obstante, y si bien es cierto, en la presente decisión judicial no se encuentra enlistada o no se hace alusión a la Resolución 159 de 24 de enero de 1996; lo cierto es que, aquella fue firmada por el señor LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ quien fue condenado penalmente por los delitos enunciados en líneas atrás, por haber reajustado la pensión de jubilación de los extrabajadores de FONCOLPUERTOS mediante actos administrativos proferidos de manera ilegal. De manera que, los efectos de la Resolución 159 de 1996 se encuentran inmersos dentro de la orden que profirió la Fiscalía General de la Nación, esto es, “(…) la suspensión de los efectos jurídicos y económicos de las resoluciones firmadas por el señor LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ); tal y como quedó demostrado en el proceso.
Condensando lo anterior, para esta Subsección es claro que el sustento de la Resolución 001405 de 26 de septiembre de 2008, por medio de la cual se revocó directamente la Resolución 159 de 24 de enero de 1996, a través de la cual el gerente general de FONCOLPUERTOS reliquidó la pensión de jubilación del demandante, no fueron únicamente la decisión del 6 de julio de 2007, adoptada Fiscalía General de la Nación, Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Estructura de Apoyo para el tema FONCOLPUERTOS, Despacho Primero, y la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá, mencionadas en la resolutiva del acto, sino también:
La resolución de acusación formulada por la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Estructura de Apoyo para el tema FONCOLPUERTOS en contra del mencionado funcionario, por considerarlo responsable por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, al ordenar mediante diversos actos administrativos reajustes en pensiones y pagos de deferencias de mesadas de manera ilegal “con fundamento en certificaciones falsas”.
El fallo de 24 de septiembre de 2004, proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá, que consideró la ilegalidad de los actos de reliquidación por haber sido expedidos con fundamento en documentación falsa, sin el lleno de los requisitos legales, indebidamente liquidadas; y condenó a aquel por los delitos de peculado por apropiación agravado, peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por acción.
Acorde con esto, si bien es cierto que la resolución de acusación y la sentencia del 24 de septiembre de 2004 no fueron mencionadas en la parte resolutiva de la resolución que revocó directamente el acto administrativo que reliquidó la pensión de jubilación del actor, también lo es que estas, al igual que la decisión del 6 de julio de 2007, adoptada por Fiscalía General de la Nación, Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Estructura de Apoyo para el tema FONCOLPUERTOS, y el fallo del 30 de mayo de 2008, proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá, fueron el fundamento para adoptar tal decisión.
Así mismo, el Consejo de Estado al ocuparse de asuntos que guardan simetría con el aquí abordado, ha sostenido que:
36. Asimismo, que el conocimiento de la causa le correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá, quien dictó sentencia condenatoria el 24 de septiembre de 2004, en contra del señor Rodríguez Rodríguez por los delitos de peculado por apropiación agravado, peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por acción. Del contenido de la providencia en lo que tiene que ver con la Resolución 1433 del 23 de junio de 1995, que reliquidó la pensión de jubilación del actor, se observa que:
“(…)
6.2.2.5.- Resoluciones que reconocieron domingos, feriados, horas extras y reliquidación de prestaciones sociales
Ante la desorganización reinante en el trámite de reliquidación de prestaciones sociales y de otros conceptos, Hernando Rodríguez, en su calidad de Director general de Foncolpuertos, expidió la circular No. 00003 del 19 de mayo de 1994, a través de la cual informó a los Coordinadores Abogados, Receptores de Correspondencia de Santafé de Bogotá y Terminales Marítimos, la forma en que debían ser recepcionadas las peticiones referentes a prestaciones sociales y pensión de jubilación, señalándose, entre otras: el objeto de la petición, las razones en que se apoyaban, los documentos que lo acompañaban, la liquidación de la prestación que se pretendía y, en forma específica consignó: ”La oficina que recibe la petición deberá estudiar el caso, darle la solución y enviar un proyecto de la misma junto con la documentación correspondiente a la sede del fondo en la ciudad de Santafé de Bogotá” (f. 61 y 62 cuaderno 12 A causa 1) (resaltado fuera del texto).
Luego, por los inconvenientes, Rodríguez Rodríguez, expide la circular No. 00025 del 22 de junio de 1995, con destino a los Coordinadores Regionales del Fondo de Pasivo Social de Puertos, en el que hay manera expresa, les informó: “… queda rotundamente prohibido la expedición de certificaciones, constancias, liquidaciones, proyectos de liquidación etc. donde se reconozca valores que constituyan salarios y que presuntamente no fueron pagados por la Empresa Puertos de Colombia … Para las futuras reclamaciones de los extrabajadores, las eventuales certificaciones serán expedidas previa consulta a la Hoja de Vida, por los funcionarios de Foncolpuertos que estén debidamente autorizados. Las reclamaciones que se presenten deberán venir debidamente sustentadas, precisando el concepto, las fechas de los salarios dejados de percibir, su valor y con el aporte de las pruebas que sirven de base para la petición. La reclamaciones genéricas que no se precisen sustento o prueben el derecho reclamado, deberán ser rechazadas y volverse a su petición” (f. 5199 c.c. 11 causa 1) (resaltado fuera del texto).
Aspecto que resulta de vital importancia, al comenzar el estudio de cada una de las resoluciones que se cancelaron, las que en su mayoría de los casos, no contaban con los soportes suficientes para realizar el reconocimiento, lo que reafirma, que todos los funcionarios que se vieron involucrados en resolver, pasaron por alto, tales requisitos, pues, no se advierte, como en algunas ocasiones, sin contar con los documentos, o sin poder para efectuar las reclamaciones específicas - horas extras, dominicales y feriados - se ordenó el pago, a quienes no les existía el derecho.
Si observamos este grupo de actos administrativos, a través de los cuales el Director General de Foncolpuertos, junto con los Secretarios generales que fungieron para esa época y con el aval, en algunas ocasiones de la Subdirección de Prestaciones Económicas – Eduardo Mejía Mendoza y Yolanda Sofía Aldana Baracaldo – y la Oficina Jurídica – Fernando García Fayad -, en forma indiscriminada se dispuso el reconocimiento y pago de la reliquidación de prestaciones sociales y el reajuste de la pensión de jubilación, con fundamento en que la extinta Puertos de Colombia, dejó de cancelar a sus trabajadores conceptos, horas extras, dominicales y festivos, pero más grave aún, sin considerar, que en algunas ocasiones, sobre estos conceptos, ya había operado el fenómeno de la prescripción y no se contaba con los documentos que sustentaron las pretensiones, cuando los conceptos se colocaron genéricamente, sin que pudiera determinarse en los actos administrativos que interregnos comprendía.
(…)
6.2.2.5.19.- Resolución 1433 del 23 de junio de 1995
Los ex portuarios (…) Narciso Arvilla Morrón – a través de apoderado, Dr. Arístides de Jesús Valencia, solicitaron la reliquidación de prestaciones sociales, la no tenerse en cuenta en la liquidación final concepto como dominicales, festivos y horas extras, disponiéndose, por Hernando Rodríguez, el Secretario General – Manuel H. Zabaleta – y Eduardo Mejía Mendoza el pago por prestaciones sociales en cuantía de $79.766.634.00 y por diferencias por reajuste a la mesada pensional de $274.758.184.00 para un total de $354.522.818.00 (f. 5 a 24 anexo 9 causa 1).
Determinándose en el estudio contable rendido por peritos escritos al Cuerpo Técnico de Investigación que no se aportaron las pruebas para determinar que lo reconocido fuera realmente debido, en los certificados de liquidación no aparecían domingos, horas extras, ni festivos (…)»
37. Así las cosas, se tiene que por medio de la sentencia del 24 de septiembre de 2004, proferida el por Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá, se estableció la ilegalidad del acto administrativo que reliquidó la pensión de jubilación del actor, esto es, la Resolución 1433 del 23 de junio de 1995, suscrita por el director general de FONCOLPUERTOS, dado que no se aportaron las pruebas para determinar que lo reconocido fuera realmente debido, pues en los certificados de liquidación no aparecían domingos, horas extras, ni festivos, entre otros aspectos”.
Vistas las anteriores consideración y del acervo probatorio avizorado en el proceso, la Sala concluye que, encontró demostrada la ilegalidad manifiesta de la Resolución 159 de 1996, por medio de la cual el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, reliquidó la pensión de jubilación del actor, toda vez que fue expedido con fundamento en documentación falsa y sin el lleno de los requisitos legales; por lo que, a la administración no le quedaba otro camino que revocar directamente dicho acto administrativo como lo autoriza la normativa que rige la materia, sin que ello afecte el debido proceso de aquel. Maxime que, en el sub lite no se allegaron al plenario elementos de juicio que permitieran verificar que el accionante tenía derecho al incremento de la mesada pensional reconocida por Resolución 159 de 24 de enero de 1996, y que, tal derecho no se perfeccionó con fundamento en documentación falsa; tal y como así lo señala la Resolución 001405 de 29 de septiembre de 2008 (acto demandado); y siendo ello así, la Subsección no puede desvirtuar la presunción de legalidad de la decisión expedida por la entidad de previsión social demandada; motivo por el cual la sentencia del a quo será confirmada.
Sobre la condena en costas
Para finalizar, sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Por ello, al observar que en el trámite del proceso no se causaron, es improcedente ordenar su pago.
III. DECISIÓN
Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Justiniano Segundo Romero Roys contra Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP -, por las razones expuestas en la parte motiva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de febrero de 2018, por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmada electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
(Firmada electrónicamente) (Firmada electrónicamente)
Folio 404 a 414
Folio 12 a 20. Folio 52 a 54. Contenida en el C.D. que contiene los antecedentes administrativos, visible a folios 249 a 252. Folio 5 a 11. Folio 160. Folios 206 a 220
Folio 404 a 414
Folio 424 a 441. Folios 568 a 573
Folio 574 a 575
Folio 576
“ARTÍCULO 69. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”
“ARTÍCULO 73. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales. Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión.”
Radicación 23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029); Consejera Ponente: Ana Margarita Olaya Forero; Actor: José Miguel Acuña Cogollo; Demandado: Departamento de Córdoba. Esta providencia, refiriéndose al artículo 73 del CCA, explico que “(…) en el inciso 2º de dicha norma, el legislador empleó una proposición disyuntiva y no copulativa para resaltar la ocurrencia de dos casos distintos. No de otra manera podría explicarse la puntuación de su texto. Pero además, como se observa en este mismo inciso 2º y en el 3º, el legislador, dentro de una unidad semántica, utiliza la expresión “actos administrativos”, para referirse a todos los actos administrativos, sin distinción alguna. Lo cierto entonces es que tal como quedó redactada la norma del artículo 73, son dos las circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria de un acto que tiene efectos particulares, sin que medie el consentimiento del afectado: Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio administrativo y otra, relativa a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales (…)”
Radicación S-405. Consejero Ponente Javier Díaz Bueno. Actor: Eliseo Gordillo Torres. Demandado: Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Norte. En esta oportunidad se sostuvo que “(…) el Decreto 01 de 1984 contempló dos excepciones a la prohibición de revocar los actos administrativos creadores de situaciones jurídicas particulares o reconocedores de derechos de igual categoría, sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular: a)La prevista en el inciso 2º del artículo 73 antes transcrito, es decir que la administración tiene la potestad de revocar unilateralmente los actos administrativos que resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, para lo cual pueden presentarse dos situaciones: - Que se den las causales contempladas en el artículo 69 del C.C.A., en otras palabras, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política y a la ley, cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él, o cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una persona; - Que sea evidente que el acto ocurrió por medios ilegales. b) El inciso final de dicho artículo (73), permite la revocatoria parcial de los actos administrativos, cuando sea necesaria para corregir simples errores aritméticos o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión.
Esta disposición no constituye propiamente una excepción a la prohibición que se examina, sino que puede considerarse como un instrumento adecuado para corregir imprecisiones que no inciden en el fondo de determinado acto administrativo (…).”
Sentencia del 6 de agosto de 2015; Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve; Radicación 76001-23-31-000-2004-03824-02(0376-07); Actor: Jairo Candelo Banguero; Demandado: Departamento del Valle del Cauca.
Folios 5 a 11
Folio 6 y 7
Providencia confirmada parcialmente, pues se modificó la condena impuesta a el señor Luis Hernando Rodríguez Rodríguez en el sentido de rebajar los años de prisión y la multa impuesta, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal de Descongestión, en sentencia del 31 de mayo de 2005. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante fallo del 20 de abril de 2007, casó parcialmente la sentencia de segunda instancia en lo que tiene que ver con la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado, fijándola en 5 años, y declaró que los demás ordenamientos se mantenían incólumes.
Folio 32 a 131
Providencia confirmada parcialmente, pues se modificó la condena impuesta a el señor Luis Hernando Rodríguez Rodríguez en el sentido de rebajar los años de prisión y la multa impuesta, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal de Descongestión, en sentencia del 31 de mayo de 2005. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante fallo del 20 de abril de 2007, casó parcialmente la sentencia de segunda instancia en lo que tiene que ver con la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado, fijándola en 5 años, y declaró que los demás ordenamientos se mantenían incólumes.
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “B”. C.P: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Rad.: 47001-23-33-000-2016-00292-01(5997-18)
Contenida en el C.D. que reposa a folios 249 a 252.
Providencia confirmada parcialmente, pues se modificó la condena impuesta a el señor Luis Hernando Rodríguez Rodríguez en el sentido de rebajar los años de prisión y la multa impuesta, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal de Descongestión, en sentencia del 31 de mayo de 2005 (contenida en el C.D. que reposa a folios 249 a 252). La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante fallo del 20 de abril de 2007, casó parcialmente la sentencia de segunda instancia en lo que tiene que ver con la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado, fijándola en 5 años, y declaró que los demás ordenamientos se mantenían incólumes (contenida en el C.D. que reposa a folios 249 a 252).
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