RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2016-00241-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2016-00241-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2016-00241-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticinco (25) de julio de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Magdalena, por medio de la cual se negaron las pretensiones, con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Se reconoce personería a la abogada Rocío del Pilar Arenas España, identificada con cédula 1.018.423.473 y tarjeta profesional 287.249 para actuar como apoderado de la UGPP, según el poder general remitido. Del mismo modo, se reconoce personería a la abogada Yury Tatiana Novoa Peñaloza, identificada con cédula 1.033.688.727 y tarjeta profesional 268.119 para que represente a la parte demandada, de acuerdo con el poder especial visible en el índice 54 de la plataforma SAMAI. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2016-00241-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47001-23-33-000-2016-00241-01 (0248-2019)
Demandante: Yomaira Better Hurtado
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

Tema: Revocatoria directa de acto administrativo que ordenó un
reajuste pensional. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el veinticinco (25) de julio de dos mil dieciocho
(2018) por el Tribunal Administrativo de Magdalena, por medio de la cual se negaron
las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Yomaira Better Hurtado instauró demanda en contra de la UGPP, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: a) Resolución
001393 del 24 de septiembre de 2008 suscrita por el coordinador general del Grupo
Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del
Ministerio de la Protección Social, que dispuso la revocatoria directa de la
Resolución 1492 de 1995, expedida por el Fondo de Pasivo Social de la Empresa
Puertos de Colombia, Foncolpuertos, que ordenó el reajuste de su pensión de
jubilación.

b) Resolución RDP 015613 del 15 de noviembre de 2012, expedida por la UGPP,
que negó la solicitud de revocatoria directa de la decisión emitida el 24 de
septiembre de 2008.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 47001-23-33-000-2016-00241-01 (0248-2019)

c) Acto ficto mediante el cual se resolvieron de manera desfavorable las peticiones
radicadas el 5 de marzo y 1.° de junio de 2012.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada pagar la pensión
de jubilación en el monto que venía percibiendo, según la Resolución 1492 de 1995,
con los aumentos de ley, a partir del 24 de septiembre de 2008, así como las
diferencias que se hayan generado por ese concepto y los perjuicios morales
causados. Que se dé cumplimiento a la sentencia de acuerdo con lo previsto en los
artículos 187, 192 y 298 del CPACA. Que se condene en costas y agencias en
derecho.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que por Resolución 145712 del 20 de agosto de 1993, Foncolpuertos le reconoció
pensión de jubilación a la señora Yomaira Better, cuya cuantía fue elevada a través
de la Resolución 1492 de 1995.

Que la mesada disminuyó en un total de $1.182.949.71, puesto que el coordinador
general del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos
de Colombia del Ministerio de la Protección Social, mediante la Resolución 001393
del 24 de septiembre de 2008, dispuso la revocatoria directa de la Resolución 1492
de 1995 que reliquidó la prestación, sin que mediara investigación, procedimiento
administrativo o decisión judicial.

Que el señor Luis Hernández Rodríguez Rodríguez, director de Foncolpuertos, fue
condenado penalmente por el delito de peculado por apropiación según sentencia
del 30 de mayo de 2008 y que en dicha providencia no se incluyó la Resolución
1492 de 1995 ni se declaró responsable a la demandante.

Que el 5 de marzo y el 1.° de junio de 2012 presentó solicitudes ante Folconpuertos,
a fin de obtener la revocatoria de la Resolución 001393 del 24 de septiembre de
2008, que fueron resueltas extemporáneamente por Resolución RDP 015613 del 15
de noviembre de 2012, la cual esta falsamente motivada y presenta los mismos
vicios del acto administrativo emitido en el año 2008.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 23, 29, 58, 209 y 229 de la Constitución Política,
3, 9, 66, 67, 37, 93, 97 del CPACA.

Sostuvo que se transgredió el derecho a la pensión, al indicarse en la Resolución
001393 del 24 de septiembre de 2008 que no procedía recurso alguno contra la
misma, ya que se trataba de un acto de ejecución derivado de una decisión
adoptada por la Fiscalía General de la Nación, con sentencia condenatoria.

Que la demandada, al emitir el acto administrativo que revocó directamente la
Resolución 1492 de 1995, vulneró el ordenamiento legal y constitucional, pues no
presentó evidencia que acreditara que hubiera incurrido en la comisión de un delito

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 47001-23-33-000-2016-00241-01 (0248-2019)

para obtener su pensión, lo cual era indispensable para tomar esa determinación.
Que, por el contrario, la resolución de 1995 no se encuentra enlistada dentro de la
relación de los actos investigados.

Que la entidad extendió de manera arbitraria los efectos de una decisión penal que
no la involucraba, violando el debido proceso y los derechos de defensa y
contradicción. Que dicha actuación constituye un abuso de poder por parte de la
administración que le causó un perjuicio irremediable, dado que, por su avanzada
edad, le es imposible emplearse.

Que no es posible revocar unilateralmente un acto de carácter particular y concreto
sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 97 del CPACA, dado que,
sin el consentimiento expreso del afectado, el acto debe someterse a la jurisdicción
contenciosa administrativa, salvo en los casos en que se demuestre una manifiesta
ilegalidad, situación que no ocurrió en este asunto.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 8 de agosto de 2016 y notificada a la demandada, quien
señaló que la Resolución 1393 de 2008 fue proferida en virtud de una decisión
judicial, y está debidamente sustentada, pues en sus consideraciones se indicó que
dicha entidad adelantó una investigación contra Luis Hernando Rodríguez
Rodríguez y otros servidores, por los delitos de peculado por apropiación y
prevaricato por acción, la cual se originó al haber reconocido reajustes y pagos
pensionales, favoreciendo ilegalmente a varios extrabajadores de Puertos de
Colombia.

Que el ente acusador dejó sin efectos jurídicos y económicos los actos
administrativos firmados por el exdirector Luis Rodríguez por considerar que eran
manifiestamente ilegales, dado que concedieron prestaciones e incrementos sin
sustento legal. Que entre las resoluciones involucradas se encuentra la 1492 de
1995, la cual fue expedida con fundamento en certificaciones falsas.

Que la decisión administrativa proferida en el año 2008 constituye un acto de
ejecución, ya que da cumplimiento a una decisión judicial en firme, razón por la cual
las pretensiones de la actora no están llamadas a prosperar.

Propuso las excepciones de inexistencia del derecho y de la obligación,
prescripción, compensación y buena fe.

El 15 de marzo de 2017 se realizó la audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y,
luego de agotado el período probatorio y de dar traslado a las partes para que
alegaran de conclusión, se dictó sentencia, la cual fue apelada oportunamente por
la demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Magdalena negó las pretensiones, argumentando que
el único acto administrativo objeto de control judicial sería la Resolución 1393 del
24 de septiembre de 2008, por ser la que directamente causó el perjuicio a la

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 47001-23-33-000-2016-00241-01 (0248-2019)

demandante.

Frente al mismo manifestó que no procede declarar su nulidad, ya que está
debidamente acreditado que el señor Luis Hernando Rodríguez Rodríguez en su
calidad de exdirector de Foncolpuertos fue condenado en varios procesos penales
por expedir resoluciones sin motivación que ordenaban el reajuste y reliquidación
de pensiones a los extrabajadores de dicha entidad, utilizando documentación falsa
y sin cumplir con los requisitos legales correspondientes, conducta que configura
una de las causales que justifica la revocatoria directa del acto, sin necesidad de
contar con el consentimiento expreso del beneficiario.

Que el hecho de que, en la sentencia del 24 de septiembre de 2004, proferida por
el Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá, y en la
resolución emitida por la Fiscalía General de la Nación, no se haya hecho mención
explícita de la Resolución 1492 de 1995, no constituye por sí solo un motivo
suficiente para desvirtuar la legalidad del acto administrativo demandado. Que
correspondía a la actora allegar las providencias dictadas el 31 de mayo de 2005
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el 20 de abril de 2007 por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las cuales revisaron el
asunto en sede de segunda instancia y casación.

Concluyó que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el acto
administrativo demandado, pues la señora Yomaira Better no allegó evidencia que
permitiera verificar que el incremento de la mesada pensional concedido no fue con
fundamento en documentos falsos, como se alega en la resolución enjuiciada,
tampoco presentó argumentos de hecho y derecho que justificaran lo reclamado, ya
que los cargos de nulidad invocados se circunscriben exclusivamente a la presunta
irregularidad en el procedimiento de expedición de la revocatoria directa, situación
que, en este caso, no se configuró.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación, expresando que hubo
violación al debido proceso por no agotarse el procedimiento establecido en el
artículo 97 del CPACA en el trámite de la revocatoria directa del acto particular. Que
no es procedente la alternatividad entre revocatoria directa y acción de lesividad,
dado que en este asunto la entidad sólo podía ejercer la segunda, pues no contaba
con el consentimiento expreso y escrito de la pensionada.

Que hubo desconocimiento del precedente establecido por la Corte
Constitucional, particularmente en la Sentencia T-199 de 2018, así como del
precedente judicial horizontal, para el efecto, citó las sentencias del 30 de abril de
20141 y 15 de junio de 2017,2 en las que se resolvieron casos similares al presente.

Que se realizó un análisis incorrecto de legalidad, dado que debió efectuarse
confrontando el acto administrativo revocatorio únicamente con la parte motiva y
resolutiva del fallo penal dictado el 30 de mayo de 2008, el cual sirvió de fundamento

1
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04051-00. Demandante: Adaulfo Jiménez Montesino.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04161-00. Demandante: Raúl Alfonso Rosensthiel Pabón.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 47001-23-33-000-2016-00241-01 (0248-2019)

para resolver su situación jurídica3, sin que sea procedente citar otras providencias,
circunstancia que constituye un error de hecho. Precisa que al observarse el referido
pronunciamiento, en ninguno de sus apartes se hace alusión o se emite orden
judicial encaminada a dejar sin efectos o a que se revoque la resolución que
reconoció el reajuste.

Que hubo desconocimiento de la resolución de acusación expedida por la
Fiscalía y las sentencias penales relacionadas con Foncolpuertos4, las cuales
no le fueron notificadas teniendo en cuenta que no fue investigada en el proceso
iniciado en contra del señor Luis Hernando Rodríguez, y tampoco ha sido
condenada por delitos los delitos de peculado por apropiación y falsedad en
documento público.

Que la motivación del acto de revocatoria no hace referencia a ningún
comportamiento ilegal desplegado por la actora a fin de obtener el beneficio,
sino que apunta a irregularidades cometidas por el señor Rodríguez Rodríguez,
circunstancia que no podía hacerse extensiva a la señora Yomaira Better, quien se
encuentra amparada por los principios de buena fe y confianza legítima,
correspondiéndole a la administración desvirtuar tal presunción.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 28 de junio de 2019 se admitió el recurso y el 24 de octubre del mismo año se
corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión. Las partes
reiteraron sus argumentos de defensa. El señor agente del Ministerio Público guardó
silencio en esta etapa.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La Sala debe determinar si hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 001393
del 24 de septiembre de 2008, mediante la cual el Grupo Interno de Trabajo del
antiguo Ministerio de Protección Social revocó de manera directa la Resolución
1492 de 1995, que dispuso el reajuste pensional a favor de la demandante, por
haberse expedido sin la autorización expresa de la pensionada.

Marco normativo y jurisprudencial

Revocatoria directa de actos administrativos

La revocatoria directa ha sido entendida como un mecanismo que le permite a la
administración dejar sin efecto las decisiones expedidas por ella, sin perjuicio de

3
Que la sentencia del 30 mayo de 2008 declaró la cesación de los efectos jurídicos de los actos relacionados
en el cuadro adjunto al acápite de los hechos, determinación que no constituye una injerencia indebida en
asuntos de competencia de esta jurisdicción y, por tanto, no da lugar a que se dé inicio a las actuaciones
administrativas o contencioso administrativas. Que la orden fue comunicar la decisión judicial para que, en un
término de dos meses, adelantaran las respectivas gestiones, conforme a lo dispuesto en la Ley 797 de 2003,
para no desconocer la intervención de los beneficiarios.
4
Se refiere a las providencias del Juzgado Primero Penal en Sede de Descongestión el 24 de septiembre de
2004, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 31 de mayo de 2005 y lo decidido
por la Corte Suprema de Justicia el 20 de abril de 2007

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 47001-23-33-000-2016-00241-01 (0248-2019)

que sea solicitada por un particular, cuando resulten contrarias a la Constitución o
a la ley, no se ajusten al interés público, o causen un daño injustificado a un
individuo. Es la herramienta adecuada para corregir los errores que se hayan
cometido en el ejercicio de la administración pública, sin necesidad de recurrir a la
vía judicial.5

Esta figura jurídica está regulada en los artículos 73 del Decreto 01 de 1984 y 93 de
la Ley 1437 de 2011. El Código Contencioso Administrativo señaló que las
entidades se encontraban facultadas para suprimir del ordenamiento jurídico los
actos de contenido particular y concreto, siempre que contaran con el
consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular, el cual debe
entenderse como la manifestación inequívoca de que autoriza la revocación del
acto.6 De lo contrario, el ente administrativo podrá demandarlo ante la jurisdicción
por medio de la acción de lesividad.

Es importante precisar que la revocatoria directa de manera oficiosa, procedía en
los siguientes casos: (i) cuando fueran actos administrativos producto de haber
operado el silencio administrativo positivo y pudiera verificarse una de las siguientes
condiciones: a) que sean manifiestamente opuestos a la Constitución Política o a la
ley; b) que no consulten el interés público o social o atenten contra él; c) que causen
un agravio injustificado a una persona; y (ii) cuando era evidente que el acto se
expidió por medios ilegales.7 Excepciones que se derivan de la interpretación
jurisprudencial de los artículos 69 y 73 del CCA, definida por esta Corporación8 en
providencia del 16 de julio de 2002.9

En ese orden, y conforme a lo previsto en los artículos 28 y 74 de la citada norma,
ante la ocurrencia de alguno de los supuestos indicados, la autoridad
correspondiente debía iniciar un proceso administrativo para efectos de garantizar
el derecho de defensa y contradicción tanto del afectado como de los terceros
determinados que pudieran estar interesados en la decisión.

De acuerdo con lo dispuesto en el CCA, ya sea que la revocatoria proceda con o
sin el consentimiento del titular del derecho, siempre que se encuentre dentro de las

5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 21 de mayo de 2009. Expediente: 76001-
23-31-000-2005-00228-02(2222-07). Demandante: Gustavo Arboleda Zapata.
6
Expediente: 11001-03-24-000-2006-00225-00. Sentencia del 3 de noviembre de 2011.
7
En sentencia SU 050 del 2 de febrero de 2017. La Corte Constitucional hizo referencia a lo manifestado por
esta Corporación en providencia del 16 de julio de 2002, así: «[…] Al respecto, el Consejo de Estado, en un
pronunciamiento del 16 de julio de 2002 expresó: “Lo cierto entonces es que tal como quedó redactada la norma
del artículo 73, son dos las circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria de un acto que tiene efectos
particulares, sin que medie el consentimiento del afectado: Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio
administrativo y otra, relativa a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales. Sobre este punto de la
revocación de los actos administrativos, es relevante señalar que el acto administrativo a que se refiere la parte
final del inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso administrativo, es al acto ilícito, en el cual la
expresión de voluntad del Estado nace viciada bien por violencia, por error o por dolo, no al acto inconstitucional
e ilegal de que trata el artículo 69 del C.C.A., que habiéndose formado sin vicios en la manifestación de voluntad
de la administración, pugna contra la Constitución o la ley”. […]». (Subrayado fuera del texto original)
8
«en el inciso 2º de dicha norma [el artículo 73 del CCA], el legislador empleó una proposición disyuntiva y no
copulativa para resaltar la ocurrencia de dos casos distintos. No de otra manera podría explicarse la puntuación
de su texto. Pero además, como se observa en este mismo inciso 2º y en el 3º, el legislador, dentro de una
unidad semántica, utiliza la expresión “actos administrativos”, para referirse a todos los actos administrativos,
sin distinción alguna. Lo cierto entonces es que tal como quedó redactada la norma del artículo 73, son dos las
circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria de un acto que tiene efectos particulares, sin que medie
el consentimiento del afectado: Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio administrativo y otra, relativa
a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales».
9
Expediente: 23001-23-31-000-1997-8732-02 (IJ 029).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 47001-23-33-000-2016-00241-01 (0248-2019)

excepciones mencionadas, estará sujeta en todo caso al procedimiento previsto en
el artículo 74.

Ahora, tratándose del reconocimiento de prestaciones sociales, el legislador
determinó en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, que es posible la revocatoria sin
el consentimiento del beneficiario, en caso de que se haya concedido sin el
cumplimento de los requisitos dispuestos en la norma para el efecto, o cuando se
haya obtenido por medio de documentación falsa, las cuales en criterio de la Corte
Constitucional se refieren a conductas que estén tipificadas como delito por la ley
penal, pues no cualquier error será suficiente para dejar sin efectos el acto.10

«(…) ¿Cuál debe ser la entidad o importancia del incumplimiento de los
requisitos que pueden dar lugar a la revocatoria del acto administrativo de
reconocimiento prestacional, aún sin el consentimiento del titular del derecho?
(…) no se puede tratar de cualquier incumplimiento de requisitos, toda vez que
ante falencias meramente formales; o ante inconsistencias por desactualización
de la información interna de las entidades correspondientes, respecto de las
cuales el titular del derecho o sus causahabientes no hayan realizado conductas
delictivas, le compete al respectivo funcionario tomar de oficio las medidas
tendientes al saneamiento de los defectos detectados (…) Por consiguiente, la
comentada actuación, lejos de cualquier pretensión revocatoria de oficio, debe
encaminarse hacia la depuración de la información que soporta la expedición y
vigencia del acto administrativo de reconocimiento prestacional. En
concordancia con esto, cuando de conformidad con la Constitución y la ley deba
revocarse el correspondiente acto administrativo, será necesario el
consentimiento expreso y escrito del titular, y en su defecto, el de sus
causahabientes. De no lograrse este consentimiento, la entidad emisora del
acto en cuestión deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. (…)

Cosa distinta ocurre cuando el incumplimiento de los requisitos aludidos este
tipificado como delito y la Corte señala claramente que basta con la tipificación
de la conducta como delito, para que la administración pueda revocar, aunque
no se den los otros elementos de la responsabilidad penal, de tal manera que
en el evento de que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa
o se halla comprobado el incumplimiento de los requisitos, basta con que sean
constitutivos de conductas tipificadas por la ley penal, hipótesis en la cual se
inscribe la utilización de documentación falsa, en conexidad o no con
conductas tipificadas por la ley penal tales como el cohecho, el peculado, etc.
(…)

La Corte deja claramente establecido que cuando el litigio versa sobre
problemas de interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico
aplicable, la aplicación de un régimen de transición; o la aplicación de un
régimen especial frente a uno general; estos litigios deben ser definidos por los
jueces competentes de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y
que en consecuencia no procede la revocatoria directa del acto administrativo
sin el consentimiento del particular (…)»

El Tribunal Constitucional señaló que, en el marco del debido proceso, la revocatoria
directa de un acto administrativo que otorgue una prestación económica, conforme
al artículo 19 de la Ley 797 de 2003, debe seguir el procedimiento legal establecido
en el Código Contencioso Administrativo (artículos 74, 28, 14, 34 y 35), sin que se
vean afectadas las normas especiales que puedan aplicar en cada caso.

10
La Corte Constitucional mediante sentencia C 835 del 23 de septiembre de 2003 declaró exequible
condicionadamente dicho precepto.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 47001-23-33-000-2016-00241-01 (0248-2019)

«(…) Desde luego que en desarrollo del debido proceso la revocatoria
establecida en el artículo 19 de la ley 797 de 2003 tiene que cumplir
satisfactoriamente con la ritualidad prevista en el Código Contencioso
Administrativo o en los estatutos especiales que al respecto rijan. Vale decir,
con referencia al artículo 19 acusado el acto administrativo por el cual se declara
la revocatoria directa de una prestación económica, deberá ser la consecuencia
lógica y jurídica de un procedimiento surtido con arreglo a los artículos 74, 28,
14, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo, sin perjuicio de la aplicación
de las normas de carácter especial que deban privilegiarse al tenor del artículo
1 del mismo estatuto contencioso. Pero en todo caso, salvaguardando el
debido proceso. Igualmente, mientras se adelanta el correspondiente
procedimiento administrativo se le debe continuar pagando al titular –o a los
causahabientes- de la pensión o prestación económica las mesadas o sumas
que se causen, esto es, sin solución de continuidad. Y como respecto del titular
obra la presunción de inocencia, le corresponde a la Administración allegar los
medios de convicción que acrediten la irregularidad del acto que se
cuestiona. Es decir, la carga de la prueba corre a cargo de la Administración.
(…)».

Se pone de presente que, este asunto será analizado bajo los presupuestos del
Decreto 01 de 1984, en consideración a que la Resolución 001393 del 24 de
septiembre de 2008, por medio de la cual se revocó directamente la Resolución
1492 de 1995, proferida por Foncolpuertos, se expidió en vigencia del entonces
Código Contencioso Administrativo.

De igual forma, se destaca que, tal se ha señalado en casos con circunstancias
fácticas y jurídicas similares, el Ministerio de la Protección Social en ese entonces,
junto con su equipo interno de trabajo, tenía entre sus competencias la revisión la
legalidad de los reconocimientos y ajustes pensionales, así como la facultad para
revocar los actos obtenidos por medios fraudulentos, en los términos del Decreto
Ley 1869 de 1997.

Sobre este punto, en sentencia del 30 de julio de 2015 se indicó:

«(…) Así pues, sostuvo que la resolución 262 de 2002, la cual fue reproducida
en la 3133 de 2005, estaba acorde con el ordenamiento jurídico y consideró que
el Grupo Interno de Trabajo podía ajustar cada caso al marco legal sin
necesidad de contar con la anuencia del titular del derecho; pero el máximo
Tribunal, a renglón seguido, advierte que estas medidas corresponden o
encuentran sustento legal en la facultad excepcional establecida en el artículo
73 del C.C.A. consistente en revocar tales actos cuando sea evidente que
ocurrieron por medios ilegales. En ese orden, las funciones asignadas al Grupo
de Gestión del Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia consistentes
en depuración de la nómina de pensionados están enmarcadas dentro de los
parámetros legales y la normatividad vigente, esto es, en el entendido que la
revocatoria de actos administrativos de carácter particular sin el consentimiento
del titular (pensionado) está restringida a los actos “fundados en medios
ilegales” de allí que no puede suponerse que la administración pueda revocar
actos de carácter particular sin consentimiento del titular del derecho en casos
donde NO se haya establecido la existencia de un evidente medio ilegal y
menos aún que estuviese facultado para ordenar el descuento o compensación
o todas aquellas situaciones que menciona el demandante en su demanda.11
(…)».

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, 30
de Julio de 2015, Radicación Número: 11001-03-25-000-2008-00137-00 (2797-08), actor: Asociación de
Pensionados de la Empresa Puertos de Colombia- Colpuertos, demandado: Ministerio de la Protección Social.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 47001-23-33-000-2016-00241-01 (0248-2019)

Resolución del caso concreto

En el presente asunto tenemos que la extinta Empresa Puertos de Colombia,
Terminal Marítimo de Santa Marta, le reconoció pensión de jubilación a la señora
Yomaira Better Hurtado por Resolución 145712 del 20 de agosto de 1993, en
cuantía de $186.892.53, efectiva a partir del 13 de enero de 1992, ello por haber
acreditado 20 años de servicio.12

También que, el 23 de junio de 1995, por Resolución 1492, el señor Hernando
Rodríguez Rodrígez, exdirector de Foncolpuertos expidió acto administrativo en el
que ordenó la reliquidación de varias pensiones, a partir del 1.° de julio de 1995,
entre ellas, la de la demandante, respecto de quien se indicó que la diferencia a
pagar era de $10.848.351,00, por lo que determinó que el nuevo monto de la
pensión era de $679.995,05.13

Del conjunto de pruebas remitidas, se encuentra acreditado el fraude configurado al
interior de Foncolpuertos entre los años 1994 y 1996, el cual consistió en el
reconocimiento de prestaciones y reajustes que no tenían sustento fáctico ni
jurídico, cuyo propósito era el apoderamiento de los dineros del Estado. Situación
de la que se beneficiaron los servidores de la entidad, las personas a quienes se les
concedió el derecho y los abogados involucrados.

Como resultado de tales acciones delincuenciales, la Fiscalía General de la Nación
adelantó distintas investigaciones en contra del señor Luis Hernando Rodríguez
Rodríguez, quien se desempeñaba como gerente de la entidad en ese entonces.

En el expediente consta que el Juzgado Primero Penal de Descongestión de
Bogotá, mediante fallo del 24 de septiembre de 2004,14 señaló que el señor
Hernando Rodríguez, junto con otros empleados del citado Fondo, procedieron a
conceder y pagar varias acreencias que no tenían respaldo legal, incluyendo la
Resolución 1492 de 1995. De la lectura de la prueba se observa:

[…] De igual modo, Hernando Rodríguez, con el aval de sus Secretarios Generales
• Manuel H. Zabaleta y Nelson Moros — y vistos buenos en algunas ocasiones de
Eduardo Mejía Mendoza, Fernando García Fayad y Yolanda Sofía Aldana
Baracaldo, sin contar con documentación que sustentara las reclamaciones y
contrariando la circular No. 00003 del 19 de mayo de 1994, realizaron una serie
de reconocimientos a diferentes abogados que representaban a ex portuarios
a diferentes abogados que representaban a ex portuarios del Terminal
Marítimo de Santa Marta, durante 1995 y el primer semestre de 1996 por
conceptos del 65% de recargo a operadores y factores salariales como domingos,
festivos, horas extras, entre ellas, las resoluciones Nos. 0024, 0026, 0035, 0085,
230, 23 232 233, 236, 254, 447, 448, 517, 550, 984, 1034, 1069, 1099, 1 100, 1275
A, 1286, 1290, 1297, 1347, 1377,1378, 1413, 1479, 1433, 1434, 1440, 7446, 1492,
1495, 1529, 1613, 1659, 1708, 1709, 2543 y 2656, mientras en 1996, las Nos. 016,
017, 096, 179 y 239 que ascendieron más o menos a $9.183.308.344.68.

[…]

12
Folios 2 a 5.
13
Folios 12 a 16.
14
SAMAI. Índice 52. Archivo (32RECIBEMEMORIAL_02482019MEMORIALRESP(.pdf) NroActua 52).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 47001-23-33-000-2016-00241-01 (0248-2019)

Sobre los pagos realizados durante 1995 y el primer semestre de 1996 donde se
reconoció a diferentes apoderados, pagos por concepto del 65% de recargo a
operadores - artículo 64 de la convención colectiva - y factores salariales:
domingos, feriados y horas extras respecto al Terminal Marítimo de Santa
Marta, se verificó en el Informe No. 102 del 12 de abril de 1996, que en 1995 se
pagaron las resoluciones Nos. 0024, 0026, 0035, 0085, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 254, 447, 448, 517, 550,984, 1034, 1069, 1099, 1100, 1275 A, 1286, 1290,
1297, 1347, 1377, 1378, 1413, 1419, 1433, 1434, 1440, 1446, 1492, 1495, 1529,
1613, 1659, 1708, 1709, 2543 y 2656, mientras, en 1996 las Nos. 016, 017, 096,
179 y 239 que ascendieron a $9'258.533.743.00.

Actos en los que se reconocieron como desmejora salarial: horas extras,
dominicales, festivos, no incluidos en la liquidación de prestaciones sociales,
que contaron con un común denominador, la certificación que expidió Coordinador
de Santa Marta - base del reconocimiento -, lo que hizo necesario revisar las
hojas de vida para refrendar la desmejora en cumplimiento de la circular No. 03
del 19 de mayo de 1994.

El demostrar la falta de veracidad de lo sentado en las certificaciones, hizo surgir el
delito de Falsedad Ideológica en Documento Público en concurso homogéneo,
conducta que se perfecciona en el instante en que se extiende el documento y se
consigna en él algo alejado de la realidad, lo que por demás, lo torna espúreo.

[…]

Aunque el delito que atentó contra la Fe Pública es autónomo, emergió como un
delito medio, ya que el fin último de los partícipes directos e indirectos en la
confección de las resoluciones cuestionadas, era apropiarse en forma
indebida de bienes del Estado, lo que aconteció, al contar con connivencia de
los funcionarios públicos que laboraron en Foncolpuertos, cuando no podía
producir un resultado en nombre de la administración, bajo el supuesto de
originarse en una "certificación" como lo indicaron el Director General, Jefe de
Prestaciones Económicas, Jefe Jurídico y liquidadores, pues conocían,
previamente, la inexistencia de archivos para el cotejo y liquidación.

(…)

Hechos que llevaron a concluir que los pagos efectuados por horas extras,
dominicales y festivos no correspondían a la realidad, toda vez, que no se
probó legal ni fácticamente que los emolumentos se debieran, por el contrario,
los desembolsos obedecieron a caprichos administrativos al no contar con
una base real. […] (Negrita fuera de texto).

También que, el 30 de mayo de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Descongestión de Bogotá emitió una sentencia anticipada en el proceso penal
adelantado contra Luis Hernando Rodríguez, quien fue hallado responsable del
delito de peculado por apropiación en favor de terceros.15 En dicha providencia, se
analizaron varios actos administrativos expedidos por él, con base en los cuales se
reconocieron, reliquidaron y pagaron múltiples pensiones a favor de numerosos
exfuncionarios de la Empresa Puertos de Colombia, sin que estos cumplieran los

15
Folios 27 a 124.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 47001-23-33-000-2016-00241-01 (0248-2019)

requisitos establecidos para el efecto. Entre estos actos, la Sala advierte que no se
encontró la Resolución 1492 del 23 de junio de 1995.

Observa la Subsección que, precisamente, las condenas impuestas al exgerente
del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia sirvieron de
fundamento para motivar cada uno de los actos administrativos por medio de los
cuales se revocaron los derechos de los pensionados que fueron favorecidos
durante el período de vinculación del exfuncionario en mención.16 Dentro de las
decisiones ilegales de incremento pensional, se encuentra la Resolución 1492 del
23 de junio de 1995, que según la sentencia emitida el 24 de septiembre de 2004
por el Juzgado Primero Penal de Descongestión de Bogotá, fue concedida sin los
soportes documentales que permitieran constatar que la señora Yomaira Better era
efectivamente titular de la reliquidación que en su momento reclamó.

Conforme a lo anotado, el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo
Social de Puertos de Colombia, a través de la Resolución 001393 del 24 de
septiembre de 2008, revocó de manera directa la Resolución 1492 del 23 de junio
de 1995.17

«[…] 2. La Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional Delitos contra la
Administración Pública, Estructura de Apoyo para el tema de Foncolpuertos,
Despacho Primero, dentro del sumario No. 2044, al resolver la situación jurídica de
LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, dictó la resolución de 6 de julio de
2007, por el delito de Peculado por Apropiación, en la modalidad de delito
continuado, disponiendo en su numeral quinto:

“5º ORDENAR la SUSPENSIÓN de los efectos jurídicos y económicos de las
resoluciones firmadas por LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ y aquí investigadas; así
como las actas de conciliación autorizadas; como los mandamientos de pagos
librados en las sentencias no ejecutoriadas; conforme al cuadro inserto en los
hechos y de aquellos actos delictivos cometidos durante el lapso precisado en esta
resolución; como consecuencia del análisis precedente. Comunicar lo anterior al
“GIT” Ministerio de la Protección Social y en consecuencia librar los oficios allí
señalados”.

3. En su parte considerativa la Fiscalía, señaló:

“En conclusión, todas las reclamaciones, reconocimientos y pagos, efectuados a
través de la totalidad de las resoluciones aquí endilgadas a RODRIGUEZ
RODRÍGUEZ, son contrarias a derecho… y por ende el patrimonio del Estado sufrió
una mengua ilícita en cuantía de NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA (sic) MIL SEISCIENTOS
DIECIOCHO (sic) PESOS CON 84 CTVS. ($95.883.050.618,84); a lo que se debe
sumar la incidencia que tuvieron dichos reconocimientos que provocaron también
reajuste de la pensión pues desde ese momento los extrabajadores, viene
recibiendo una mesada mayor a la que legalmente les corresponde”.

[…]

4.RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ se acogió a sentencia anticipada, por la cual el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá, mediante
fallo de 30 de mayo de 2008 lo condenó a la pena principal de ocho (8) años y
ocho (8) meses de prisión y al pago de $96.211.723.226,96, al encontrarlo autor
responsable del delito de Peculado por Apropiación. […]

16
Según se desprende de la Resolución 001393 del 24 de septiembre de 2008. Se tuvieron en cuenta las
decisiones emitidas dentro de los respectivos procesos penales, el 24 de septiembre de 2004 y del 30 de mayo
de 2008.
17
Folios 6 a 11.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 47001-23-33-000-2016-00241-01 (0248-2019)

5. El Área del Sistema Nacional de Pagos de este Grupo, con Nota Interna No.
993 del 15 de septiembre de 2008 informa que por Resolución No. 1492 de
199518 firmada por RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, se ordenó reliquidación de
prestaciones sociales por $65.005.567,00 y se fija un nuevo monto de pensión
para los allí relacionados y pago de diferencias de mesadas; el origen de dicho
acto administrativo fue una reclamación administrativa, presentada por la
apoderada Luz Marina Novoa de Gómez […] por horas extras, dominicales y
feriados dejados de cancelar en las liquidaciones de prestaciones sociales,
con fundamento en certificaciones19expedidas por NICOLAS ALBERTO DANIES
SILVA, ANTONIO VILLARREAL Y PAULINA LINERO, exfuncionarios de
FONCOLPUERTOS.

6. La Fiscalía General de la Nación, Estructura de Apoyo para el Tema
Foncolpuertos, adelantó investigación contra LUIS HERNANDO RODRIGUEZ
RODRÍGUEZ, y otros, por los delitos de Peculado por Apropiación y Prevaricato
por Acción, la investigación se originó en varios actos administrativos
proferidos por éste, en los cuales ordenó reajustes en las pensiones y pagos
de diferencias de mesadas, beneficiando ilegalmente a muchos
extrabajadores de Puertos de Colombia; una de las resoluciones incluidas en
dicha investigación, fue precisamente la No. 1492, y mediante providencia de 15
de octubre de 1997, ejecutoriada el 19 de febrero de 1998, la Fiscalía profirió
Resolución de Acusación en contra de los sindicados, dentro de la cuales se
refirió a la mencionada Resolución No. 1492, calificándola como ilegal, por
haberse expedido con fundamento en certificaciones falsas. La etapa de la
causa correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión
quien dictó sentencia condenatoria en contra de los sindicados, por los delitos
de Peculado por Apropiación Agravado, Peculado por Apropiación a favor de
terceros y Prevaricato por Acción, el 24 de septiembre de 2004, siendo
confirmada parcialmente por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Penal de Descongestión, en sentencia de 31 de mayo de 2005 y la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de 20 de abril de 2007, casó
parcialmente la sentencia de segunda instancia en lo que tiene que ver con la pena
accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado, fijándola en
cinco años, y declaró que los demás ordenamientos de la sentencia se mantenían
incólumes.

7. Dado lo anterior, se tiene que en el presente caso se debe proceder a desmontar
el reajuste de la citada Resolución No. 1492 firmada por RODRIGUEZ
RODRÍGUEZ, pues está demostrada judicialmente la ilegalidad de la misma, cuyo
origen fueron certificaciones falsas, pues la orden judicial de suspender los efectos
jurídicos y económicos, se hizo extensiva a los casos en que se detectarán
prestaciones indebidas, por investigarse la conducta en la modalidad de delito
continuado, luego deberán sufrir las mismas consecuencias. Aquí remítase a lo
señalado renglones atrás, atinente que al haberse proferido sentencia anticipada se
aprobó la totalidad de la formulación de cargos. […]». (Negrilla, subrayado,
cursiva y mayúscula del texto original).

De lo expuesto, se concluye que el fundamento para adoptar la decisión de
revocatoria fue uno de los procesos penales adelantados contra el entonces gerente
de la mencionada entidad, quien fue hallado responsable de la comisión del delito
continuado de peculado por apropiación y en el que se determinó que el incremento
o reajuste reconocido a la actora hizo parte de los que, en los procesos penales,
fueron considerados como ilegales por no tener respaldo.

En atención a dicha apreciación, se procedió a verificar el sustento del derecho, sin
embargo, no se hallaron los argumentos ni los elementos probatorios que lo

18
9 beneficiarios.
19
Certificaciones que no se encontraron como soporte en las resoluciones, ni se encontraron en la historia
laboral, ni en los registros que dejó FONCOLPUERTOS.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 47001-23-33-000-2016-00241-01 (0248-2019)

justificaran. Es decir, la actora no se preocupó por probar que tenía derecho a dicho
acrecentamiento pensional.

Por el contrario, se observa que el acto de concesión carece de la motivación
necesaria para sustentar el reajuste mencionado, pues la entidad, en ese momento,
se limitó a señalar que este obedecía a conceptos no tenidos en cuenta en la
liquidación definitiva, sin explicar las razones detrás del cálculo erróneo
aparentemente efectuado en relación con los factores considerados en el acto de
reconocimiento.

En virtud de lo manifestado, resulta pertinente señalar que, en primer lugar, a
diferencia del estudio realizado por el tribunal respecto a la citada providencia
(2004), la Sala sí encontró en ella la resolución que ordenó el incremento de la
pensionada. En segundo lugar, no es cierto que el análisis de legalidad debiera
haberse enfocado exclusivamente a la decisión del 30 de mayo de 2008, como
afirmó la señora Yomaira Better Hurtado, dado que, además de ésta, la
administración fundamentó la revocatoria en la sentencia del 24 de septiembre de
2004.

Por otro lado, aunque es cierto que, en el fallo proferido en 2008, no se incluyó el
acto relativo a la reliquidación de la pensión que aquí se discute, el Juzgado Primero
Penal de Descongestión de Bogotá en la sentencia de 2004 sí lo incorporó y si bien
no se cuenta con ésta decisión, de manera completa, ya que en dos ocasiones se
allegó sin la parte resolutiva, lo trascendental es que del contenido de la misma se
extrae gran parte de lo expresado en la Resolución 001393 del 24 de septiembre de
2008, especialmente lo relacionado con el fraude en los trámites de desembolsos
derivados de los presuntos reajustes, causados por la falta de inclusión de horas
extras, domingos y feriados, mencionándose expresamente la de la señora Better
Hurtado.

De otra parte, la apelante sostiene que era improcedente revocar directamente el
acto que reliquidó su pensión, argumentando que desconocía las decisiones
judiciales emitidas como consecuencia de la resolución de acusación de la Fiscalía,
pues no fue vinculada al proceso.

La Subsección no encuentra acertado el argumento anterior, por cuanto la actora
no debía ser notificada de lo resuelto por el juez penal, puesto que la investigación
fue adelantada en contra del exgerente y otros funcionarios públicos del Fondo de
Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia. En este contexto, se destaca
que, según lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia SU-050 del 2 de
febrero de 2017, no es necesario que la conducta delictiva sea imputada
exclusivamente al administrado, cuyo acto se encuentra bajo revocatoria, para que
la entidad pueda hacer desaparecer del mundo jurídico su propio acto.

Se destaca que, es responsabilidad de la autoridad administrativa hacer uso de este
mecanismo excepcional en casos de carácter punitivo, por lo que lo esencial es

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 47001-23-33-000-2016-00241-01 (0248-2019)

comprobar que el acto fue obtenido mediante medios fraudulentos, sin importar
quién haya cometido el ilícito.20

Por las razones expuestas y de acuerdo con el material probatorio revisado, no cabe
duda de que el otorgamiento en cuestión se originó en una conducta delictiva
cometida, entre otros servidores, por el exdirector de Foncolpuertos, lo cual es
suficiente para que la administración acudiera a la figura citada, sin que fuera
necesario solicitar el consentimiento de la titular del derecho. En este escenario, el
ejercicio de tal potestad no implica la vulneración del derecho al debido proceso ni
de los principios de buena fe y seguridad jurídica que obran en favor de la afectada,
dado que el derecho obtenido de forma ilegal no es intocable, tiene como límite el
interés público.

Finalmente, debe señalarse que no existe violación al precedente judicial invocado,
dado que los procesos citados por la recurrente fueron conocidos en segunda
instancia,21 y en ellos se resolvió revocar la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al considerar que la revocatoria directa estaba
debidamente fundamentada en la comprobación de la ilegalidad manifiesta, y que
no se había demostrado el derecho a percibir un aumento pensional. De la misma
manera se ha pronunciado la Subsección en otros casos con contornos fácticos y
jurídicos similares.22

En ese orden, la Sala confirmará la sentencia, pero por las razones expuestas. Lo
anterior, teniendo en cuenta que la Resolución 001393 del 24 de septiembre de
2008 y los demás actos atacados, que se expidieron en el marco de la revocatoria,
gozan de legalidad.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202123 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

20
Consejo de Estado. Sección Segunda Subsección A. Sentencia del 10 de febrero de 2022. Expediente:
47001-23-33-000-2017-00243-01 (4418-2019). Demandante: Jaime Dionisio Pedroza Solano.
21
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 14 de noviembre de 2019. Expediente:
25000-23-42-000-2013-04051-01 (3945-2014) Demandante: Adaulfo Jiménez Montesino.
22
Sentencias del 8 de octubre de 2020. Expediente: 470012333000201500318 01 (3316-18); del 21 de enero
de 2021. Expediente: 25000-23-42-000-2014-00045-01 (1077-2019); del 9 de febrero de 2023. Expediente:
47001-23-33-000-2014-00238-01 (1503-2020); del 18 de febrero de 2021. Expediente: 47001-23-33-000-2016-
00292-01 (5597-2018); del 7 de julio de 2022. Expediente: 47001-23-33-000-2015-00049-01 (3859-2019) del 5
de agosto de 2021. Expediente: 47001-23-33-000-2016-00124-01 (2916-2018).
23
ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 47001-23-33-000-2016-00241-01 (0248-2019)

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticinco (25) de julio de dos mil
dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Magdalena, por medio de la cual
se negaron las pretensiones, con fundamento en lo expuesto en la parte
considerativa.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Se reconoce personería a la abogada Rocío del Pilar Arenas España,
identificada con cédula 1.018.423.473 y tarjeta profesional 287.249 para actuar
como apoderado de la UGPP, según el poder general remitido. Del mismo modo,
se reconoce personería a la abogada Yury Tatiana Novoa Peñaloza, identificada
con cédula 1.033.688.727 y tarjeta profesional 268.119 para que represente a la
parte demandada, de acuerdo con el poder especial visible en el índice 54 de la
plataforma SAMAI.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.