Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2016-00214-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2016-00214-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2016-00214-02
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
7 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 47001-23-33-000-2016-00214-02 (1755-2022)
Demandante : Maritza Cecilia Freyter Romero
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional
Tema : Reconocimiento de pensión de sobrevivientes de soldado
voluntario muerto en combate en vigencia del Decreto
1211 de 1990.
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandada
contra la sentencia proferida el 1º de septiembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, mediante la cual accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 3 a 9). La señora Maritza Cecilia Freyter Romero,
a través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, para que se acojan las pretensiones que
en el apartado siguiente se precisan.
1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones 4600 de 28 de
mayo y 5846 de 13 de agosto, ambas de 2012, emitidas por el Ministerio de
Defensa Nacional, por las cuales se le negó a la demandante el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes que solicitó con ocasión del fallecimiento de su
hijo.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la parte demandada «[…]
reconocer y pagar […] la pensión de sobreviviente […] desde [el] 19 de
Octubre del año 2000 fecha en que falleció el soldado» (sic). Lo anterior, junto
con los intereses moratorios, la indexación y las costas procesales.
1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que el señor Alayn Armando
Expediente: 47001-23-33-000-2016-00214-02 (1755-2022)
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Maritza Cecilia Freyter Romero contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
Freyter Romero (q. e. p. d.) prestó sus servicios, en calidad de soldado
«profesional» del Ejército Nacional.
Dice que el 19 de octubre de 2000 «[…] falleció en combate en actos propios
del servicio […]» su hijo, por lo que deprecó de la entidad accionada «el
reconocimiento y pago de pensión sobreviviente […]», negada por Resolución
4600 de 28 de mayo de 2012, contra la cual interpuso recursos de reposición y
en subsidio de apelación, desatados de manera desfavorable a través de
Resolución 5846 de 13 de agosto del mismo año.
1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos administrativos acusados los artículos 1, 2, 4, 11,
13, 29, 46, 90, 93, 116 y 216 de la Constitución Política; 174 a 293 de la Ley
100 de 1993 y 40, 44 y 46 de la Ley 446 de 1998.
Aduce que «el demandado al momento de expedir el acto demandado, no podía
aplicar el Decreto 2728 de 1968 toda vez que, dicha norma vulnera
abiertamente el derecho fundamental a la igualdad de [la] demandante, en
relación con los ascendientes de los oficiales y suboficiales quienes sí tienen
derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente, en virtud a
lo dispuesto en el Decreto 1211 de 1990» (sic para toda la cita).
1.2 Contestación de la demanda (ff. 62 a 70). La accionada, a través de
apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda y se pronunció frente a
los hechos en el sentido de que deben probarse. Como razones de defensa,
asevera que «[…] el señor ALA[Y]N FREYTER ROMERO, fue dado de alta el
1 de agosto de 1997, y de baja el 19 de octubre de 2000, […] lo que demuestra
que completó un tiempo de servicio físico de 4 años, 9 meses y 8 días,
incluyendo el servicio militar obligatorio, así las cosa[s], tenemos que la norma
vigente para esta fecha, y de obligatorio cumplimiento es la Ley 131 de 1985,
en concordancia con el decreto 2728 de 1968 […]. Situación […] que le fue
comunicada en la Resolución No. 4600 del 28 de mayo de 2012, pues esta ley
no contemplaba dentro de su articulado reconocimiento y pago de pensión por
muerte a favor de los beneficiarios» (sic).
1.3 Providencia apelada (ff. 191 a 201 vuelto). El Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante sentencia de 1º de septiembre de 2021, accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar
que «[…] el soldado voluntario fallecido fue ascendido de forma póstuma al
grado de cabo segundo, por ende, adquirió la calidad de suboficial del Ejército
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Expediente: 47001-23-33-000-2016-00214-02 (1755-2022)
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Nacional según lo contemplado en la Ley 131 de 1985; bajo esta premisa, en
primera medida los accionantes tendrían derecho al reconocimiento de una
pensión de sobreviviente, siguiendo las reglas de unificación de la sentencia de
4 de octubre de 2018 […] particularmente la regla No. 1, se vislumbra que
dicho derecho se consolidó, como quiera que, los beneficiarios de los soldados
voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto de 2002, muertos en combate por
acción directa del enemigo pueden beneficiarse del régimen de prestaciones
por muerte contenido en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 (aplicable
al fallecido) debido a que tal medida se encuentra conforme con los principios
protectorio, pro homine, de justicia y de igualdad que encauzan el derecho
laboral» (sic).
Que «[…] la señora Maritza Cecilia Freyter Romero acreditó ser la madre del
señor Alayn Armando Freyter Romero […] quien estuvo vinculado al Ejército
Nacional durante 4 años, 9 meses y 8 días […] condición que la habilita como
beneficiaria de las prestaciones por muerte de su fallecido hijo. En mérito de
las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala ordena que se declare la
nulidad de la Resolución 4600 de 28 de mayo de 2012, […] y como
consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
reconozca pensión de sobreviviente a la [demandante] en los términos [del]
artículo 189 del Decreto 1211 de 1990» (sic).
Por último, advierte que «[…] la muerte del causante ocurrió el 19 de octubre
de 2000, motivo por el cual la beneficiaria de la pensión de sobreviviente,
tendría derecho a solicitar la misma hasta el 19 de febrero de 2004 […]. En el
sub examine, tenemos que la demanda fue presentada el 01 de junio de 2016,
de lo cual se concluye que hay lugar a declarar la prescripción de mesadas
anteriores al 01 de junio de 2012» (sic).
1.4 Recurso de apelación (ff. 218 a 222 vuelto). La demandada, por conducto
de apoderada, interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…] el
ordenamiento vigente para la época de los hechos no contempla el
reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes a favor de los beneficiarios
por la muerte del soldado regular ALAYN ARMANDO FREYTER. Es así como,
debido a que las FUERZAS MILITARES tienen un régimen especial, y
teniendo en cuenta que de acuerdo a las circunstancias de tiempo modo y lugar
descritas en el escrito de demanda el soldado falleció en MISIÓN DEL
SERVICIO, por lo cual no tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes vitalicia a favor de sus beneficiarios […]. Así las
cosas deben ser NEGADAS LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CON
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FUNDAMENTO EN ESENCIA, EN LA MISMA LEY, DECRETO 2728 DE
1968, NORMA VIGENTE PARA LA ÉPOCA Y APLICABLE PARA EL CASO
BAJO ESTUDIO […]» (sic para toda la cita).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación interpuesto por la demandada fue concedido mediante
proveído de 10 de febrero de 2022 (f. 233) y admitido por esta Corporación a
través de auto de 26 de julio siguiente (f. 237 y vuelto), en cumplimiento del
artículo 247 del CPACA1, pero en la oportunidad establecida en el numeral 4
ibidem las partes y el correspondiente agente del Ministerio Público guardaron
silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste o no el
derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, de conformidad con
el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, por la muerte de su hijo por acción
directa del enemigo, como soldado voluntario del Ejército Nacional.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
Sea lo primero precisar que dentro de un sistema integral de protección del
derecho a la seguridad social, en pensión, la inclusión del riesgo por muerte se
configura en uno de sus pilares fundamentales, cuyo objeto no es otro que el de
amparar a los beneficiarios de un afiliado o pensionado, de tal forma que la
ocurrencia de su muerte no implique, además, la pérdida de los recursos con los
que su grupo familiar se sostenía en condiciones dignas.
1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
4
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En efecto, la Ley 100 de 1993, «[p]or la cual se crea el sistema de seguridad
social integral y se dictan otras disposiciones», reguló lo concerniente a la
pensión de sobrevivientes así:
ARTÍCULO 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o
invalidez por riesgo común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre
que este hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado
por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte; […].
Tal disposición fue modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 20033, en el
sentido de indicar que accederían a la pensión por muerte «[…] Los miembros
del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste
hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento […]».
De lo anterior se colige que con el régimen general de pensiones, los
beneficiarios del afiliado al sistema que fallezca tendrán derecho a la
mencionada pensión de sobrevivientes siempre que aquel hubiere cotizado, de
acuerdo con la modificación introducida por la referida Ley 797 de 2003, 50
semanas durante los tres años precedentes a la muerte.
Por su parte, el artículo 279 de la aludida Ley 100 de 1993 estableció
excepciones en cuanto al personal que sería cobijado por esta, en los siguientes
términos:
El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no
se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con
excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente
ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas.
[…].
De igual modo, en lo referente a la aplicación de las disposiciones contenidas
en la mencionada Ley, prescribió:
ARTICULO. 288. Todo trabajador privado u oficial, funcionario
3
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
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público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia
de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que
estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre
la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones
de esta ley.
En este orden de ideas, la regulación contenida en la Ley 100 de 1993 no resulta
aplicable a los miembros del Ejército Nacional, entre otros servidores, por
cuanto expresamente su artículo 279 los excluyó del sistema general de
seguridad social. Sin embargo, de conformidad con lo señalado en el artículo
288 de esa misma obra, tales empleados públicos se podrían acoger a los
mandatos allí contenidos, en atención al principio de favorabilidad.
El artículo 151 de la referida Ley 100 de 1993 preceptúa que «[e]l sistema
general de pensiones previsto en la presente ley, regirá a partir del 1.º de abril
de 1994 […]», por lo que las únicas situaciones jurídicas que pueden ser
resueltas, en virtud de la citada normativa bajo el aludido principio de
favorabilidad, son las que se consoliden a partir de su entrada en vigor.
Asimismo, en atención a que, como se dejó anotado, los miembros de las fuerzas
militares gozan de un régimen especial de pensiones, resulta pertinente evocar
lo dispuesto por el Decreto 2728 de 1968 (artículo 8), «[p]or el cual se modifica
el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de
soldados y grumetes de las Fuerzas Militares», que preceptúa que el soldado o
grumete en servicio activo que fallezca en combate o por acción directa del
enemigo, en conflicto internacional o manteniendo el orden público será
ascendido de manera póstuma y sus beneficiarios tendrán derecho al
reconocimiento y pago de 48 meses de haberes correspondientes al grado
póstumo y al doble de cesantías; si muere por accidente en misión del servicio
a 36 meses de sueldo básico; y si su deceso es por causas diferentes, el pago
será de 24 meses de sueldo básico4.
Por otro lado, el capítulo V del Decreto 1211 de 19905 determinó las
prestaciones por causa de muerte a las que tendrían derecho los oficiales y
4
«Artículo 8º. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo
en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden
público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán
derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho
grado y el pago doble de la cesantía. A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo, causada por
accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis
(36) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.
A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas anteriores a
sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en
todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero».
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El cual entró en vigor el 8 de junio de 1990.
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suboficiales de las fuerzas militares y sus beneficiarios. Al respecto, el artículo
189 de esa normativa establece:
[…] A partir de la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un
Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en
combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en
conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del
orden público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente
superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además
sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán
derecho a las siguientes prestaciones:
a). A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una
compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes
correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las
partidas señaladas en el artículo 158 de este Decreto.
b). Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c). Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de
servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual
será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro,
de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.
d). Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de
servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con
excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les
pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%)
de las partidas de que trata el artículo 158 de este Decreto.
[…]
Posteriormente, la Ley 447 de 1998, «[p]or la cual se establece pensión vitalicia
y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la
prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones», en
su artículo 1º. dispuso:
Artículo 1º. Muerte en combate. A partir de la vigencia de la presente
ley, a la muerte de la persona vinculada a las F.F.A.A. y de Policía por
razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar
obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del
enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de
conservación o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en
el orden establecido en esta ley, o los beneficiarios que designe la
persona prestataria del servicio militar al incorporarse, tendrán derecho
a una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (1 1/2) mínimo
mensuales y vigentes.
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Parágrafo 1º. Suprímese la indemnización por muerte, que actualmente
se causa, de conformidad al Estatuto Militar, cuando se apliquen estos
casos de pensiones.
Parágrafo 2º. Lo establecido en este artículo, se aplicará igualmente en
el caso de muerte de persona prestataria del servicio militar obligatorio,
como consecuencia de heridas recibidas en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo.
De lo expuesto, se concluye que en vigencia del Decreto 2728 de 1968, con
ocasión del fallecimiento del soldado o grumete en servicio activo, este era
ascendido de manera póstuma al grado siguiente y sus beneficiarios tenían
derecho al reconocimiento y pago de una indemnización equivalente a 24, 36 o
48 meses de haberes, según el caso. Con la entrada en vigor del Decreto 1211
de 1990, se determinaron los derechos y prestaciones por causa de muerte que
tenían los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y sus beneficiarios,
entre las que se encuentra el ascenso póstumo y el pago de una compensación,
el doble de cesantías y una pensión de sobreviviente.
Mediante la Ley 447 de 1998, se dispuso una «pensión vitalicia» a favor de los
parientes de personas vinculadas a las fuerzas militares que fallecen durante la
prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en
operaciones de conservación o restablecimiento del orden público. Sus
beneficiarios o los que designe la persona prestataria del servicio militar al
incorporarse, tendrán derecho a una pensión vitalicia equivalente a «salario y
medio (1 1/2) mínimo mensuales y vigentes». Además, esa disposición suprimió
la indemnización por muerte.
Sobre la pensión de sobrevivientes por la muerte de soldados voluntarios en
combate o por acción directa del enemigo, en sentencia de unificación CE-
SUJ013-S2 de 20186, la sección segunda de la Corporación lo examinó in
extenso y sintetizó en las siguientes reglas:
7.4 Recapitulación de las reglas de unificación.
157. De todo lo expuesto se extraen las siguientes reglas de unificación
de la jurisprudencia en el tema puesto a consideración:
1. Con fundamento en el principio de especialidad, los beneficiarios de
los soldados voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto de 20027, por
6
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ013-S2 de 4 de octubre
de 2018, expediente 05001-23-33-000-2013-00741-01 (4648-2015).
7
En atención a que el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 22, entendió por soldados profesionales los soldados
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Expediente: 47001-23-33-000-2016-00214-02 (1755-2022)
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causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del
enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del
orden público, pueden beneficiarse del régimen de prestaciones por
muerte contenido en el artículo 184 del Decreto 095 de 1989 o en el
artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, según la fecha de muerte, por
ser el régimen especial que regula de manera particular el supuesto de
hecho a que se refiere la norma, pues tal medida se armoniza con los
principios protectorio, pro homine, de justicia y de igualdad que
encauzan el derecho laboral.
2. Al reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes de soldados
voluntarios fallecidos en combate, no habrá lugar a descuentos de lo
pagado por concepto de compensación y cesantías dobles a sus
beneficiarios en virtud del Decreto 2728 de 1968.
3. Al hacer extensivo el régimen especial para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de los soldados voluntarios
fallecidos antes del 7 de agosto de 20028, por causa de heridas o
accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea
en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, el
término prescriptivo que debe atenderse en relación con las mesadas
pensionales, es el cuatrienal de acuerdo con lo señalado en el régimen
propio de las Fuerzas Militares (artículo 169 del Decreto 095 de 1989 y
artículo 174 del Decreto 1211 de 1990).
En ese entendido, según la precitada sentencia de unificación, los beneficiarios
de los soldados voluntarios que fallecen en combate o por acción directa del
enemigo con anterioridad al 7 de agosto de 2002 pueden acogerse al régimen
de prestaciones por muerte contenido en el artículo 184 del Decreto 95 de 1989
o en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, de acuerdo con la fecha de su
muerte, lo que comprende el reconocimiento de las cesantías definitivas dobles,
la compensación por muerte y la pensión de sobrevivientes (sin lugar a
descuentos por el segundo de tales conceptos); además, se les debe aplicar como
término prescriptivo frente a las mesadas pensionales, el cuatrienal establecido
en los artículos 169 del Decreto 95 de 1989 y 174 del Decreto 1211 de 1990,
según sea el caso.
Así las cosas, en virtud del principio de especialidad, al que hace referencia la
sentencia de unificación antes citada, para el caso específico de los soldados
regulares fallecidos en combate o por acción directa del enemigo también
aplican las reglas allí contenidas, toda vez que el beneficio del ascenso póstumo
establecido en el Decreto 2728 de 1968 cobija a los soldados o grumetes en
voluntarios que hubieren fallecido entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, con lo que cambió
su situación jurídica en lo atinente a las pretensiones por muerte en combate.
8
Ibidem.
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términos generales y los traslada al mismo nivel de suboficial como cabo
segundo o marinero, según corresponda en la respectiva fuerza.
3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:
a) De acuerdo con registro civil de nacimiento, el señor Alayn Armando Freyter
Romero nació el 19 de noviembre de 1977 y es hijo de la actora (f. 11).
b) De conformidad con hoja de servicios 228 del señor Alayn Freyter (q. e. p.
d.), este prestó sus servicios al Ejército Nacional durante 4 años, 9 meses y 8
días, como soldado regular y, luego, voluntario (f. 32).
c) Según registro civil de defunción (f. 10), el citado señor murió el 19 de
octubre de 2000; deceso que, de acuerdo con el informativo administrativo por
muerte 22 de 9 de noviembre siguiente, elaborado por el mayor comandante de
la cuarta brigada del batallón de contraguerrillas 4 granaderos, ocurrió «EN EL
SERVICIO POR CAUSA Y RAZÓN DEL MISMO EN COMBATE Y POR
ACCIÓN DIRECTA DEL ENEMIGO […]» (sic) [f. 13].
d) Escrito de 12 de diciembre de 2000, por el cual la accionante deprecó de la
entidad el reconocimiento de las prestaciones sociales con ocasión de la baja
por muerte de su hijo (f.12).
e) A través de Resolución 12700 de 10 de septiembre de 2001, el Ejército
Nacional reconoció por concepto de cesantías definitivas dobles y
compensación por la muerte del «CABO SEGUNDO (póstumo) FREYTER
ROMERO ALAYN ARMANDO […]» la suma de $34.734.460, supeditado su
pago a que se aportara el registro civil de nacimiento de la actora y de defunción
de la señora Bienvenida Romero Vizcaino, así como «pronunciamiento del
Juzgado Primero de Familia de Santa Marta y registro civil del causante
debidamente corregido» (f. 14).
f) Sentencia de 6 de septiembre de 2011 (ff. 16 a 23), mediante la cual el
Juzgado Primero de Familia de Santa Marta dentro del proceso de impugnación
de la paternidad y la maternidad, con filiación instaurado por la actora contra
herederos determinados e indeterminados, declaró:
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Expediente: 47001-23-33-000-2016-00214-02 (1755-2022)
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[…] que ALAYN ARMANDO FREYTER ROMERO no es hijo
biológico de los señores N[É]STOR MANUEL FREYTER PUERTA y
BIENVENIDA ROMERO VIZCAINO […]
[…] que ALAYN ARMANDO FREYTER ROMERO es hijo
extramatrimonial de la señora MARITZA FREYTER ROMEO
g) Resolución 4600 de 28 de mayo de 2012, por medio de la cual la directora
administrativa del Ministerio de Defensa Nacional negó la pensión de
sobrevivientes que la actora solicitó el 28 de noviembre de 2011, en condición
de madre del causante (ff. 26 y 27).
h) Contra la anterior determinación la demandante interpuso recursos de
reposición y en subsidio de apelación, resueltos con Resolución 5846 de 13 de
agosto de 2012, en el sentido de rechazar el primero y declarar la improcedencia
del segundo (ff. 28 a 30).
De las pruebas anteriormente relacionadas, se desprende que el señor Alayn
Armando Freyter Romero, hijo de la demandante, (i) prestó sus servicios como
soldado regular y voluntario del Ejército Nacional por 4 años, 9 meses y 8 días,
hasta el 19 de octubre de 2000, día en que falleció por acción directa del
enemigo, según el informe administrativo emitido por el mayor comandante de
la cuarta brigada del batallón de contraguerrillas 4 granaderos; (ii) con
Resolución 12700 de 10 de septiembre de 2001, el Ejército Nacional reconoció
por concepto de cesantías definitivas dobles y compensación por la muerte del
«CABO SEGUNDO (póstumo) FREYTER ROMERO ALAYN ARMANDO […]»
la suma de $34.734.460, cuyo pago quedó supeditado a que se aportara el
registro civil de nacimiento de la actora y de defunción de la señora Bienvenida
Romero Vizcaino, así como «pronunciamiento del Juzgado Primero de Familia
de Santa Marta y registro civil del causante debidamente corregido»; y (iii) a
través de Resolución 4600 de 28 de mayo de 2012, la directora administrativa
del Ministerio de Defensa Nacional negó la pensión de sobrevivientes que la
actora solicitó el 28 de noviembre de 2011.
De lo acreditado en el expediente, se evidencia que la demandada dio aplicación
al Decreto 2728 de 1968 (artículo 8), según se dilucida de la precitada
Resolución 12700 de 10 de septiembre de 2001; no obstante, no concedió la
previsión contenida en el Decreto 1211 de 1990 (artículo 189), en virtud de la
cual cuando un suboficial muere por acción directa del enemigo, sus
beneficiarios tienen derecho también a la pensión de sobrevivientes allí
dispuesta.
11
Expediente: 47001-23-33-000-2016-00214-02 (1755-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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De acuerdo con el Decreto 2728 de 1968, como el de cujus falleció por acción
directa del enemigo, tenía derecho al ascenso póstumo y, por ende, en virtud del
Decreto 1211 de 1990 (artículo 1º.), pasaría a pertenecer a la jerarquía de
suboficiales de las fuerzas militares; por tanto, a su beneficiaria le asiste el
derecho a un trato igual respecto de los familiares de los demás suboficiales de
esa categoría.
Entonces, en aplicación de los Decretos antes mencionados, la actora tiene
derecho, además del pago de las cesantías dobles y la compensación por muerte,
al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la cual debe liquidarse
conforme al tiempo de servicios prestados por su hijo.
Sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de los soldados
muertos en combate o por acción directa del enemigo, esta subsección se ha
pronunciado así9:
De lo anterior se advierte, que para el momento de ocurrencia del
fallecimiento del señor […], se encontraba vigente el Decreto 2728 de
1968, por el cual se modificó el régimen de prestaciones sociales por
retiro o fallecimientos del personal de soldados y grumetes de las
Fuerzas Militares, y en el artículo 8, estableció las prestaciones de orden
económico en favor de los soldados que en servicio activo fallecieran.
Disponía la norma en mención:
[…]
De la transcripción realizada, se observa, que la norma no consagró el
derecho a obtener una pensión de sobrevivientes para los beneficiarios
del soldado muerto en combate, en cuanto solo dispuso el ascenso
póstumo al grado de Cabo Segundo, si hubiere lugar, y la compensación
por muerte, para los casos de fallecer en combate, misión o por causas
diferentes.
Así las cosas, el Ejército Nacional, en cumplimiento a la preceptiva
normativa referida, mediante Resolución 000986 del 12 de octubre de
1999 (f. 81), expedida por el Comandante del Ejército Nacional, le
concedió el ascenso póstumo al grado de Cabo Segundo, con novedad
fiscal a partir del 17 de agosto de 1999, día de su fallecimiento, y
mediante Resolución 01373 del 11 de abril de 2000, en esta condición,
le reconoció y ordenó el pago de unas prestaciones sociales a los
demandantes en calidad de beneficiarios del señor […],
9
Al respecto, pueden verse, entre otras, las sentencias de (i) 17 de noviembre de 2017, expediente 70001-33-
31-000-2012-00055-01 (0875-16); (ii) 9 de noviembre de 2017, expediente 68001-23-33-000-2013-00754-01
(2415-14); (iii) 28 de septiembre de 2017, expediente 05001-23-33-000-2013-00542-01 (1950-14); y (iv) 8 de
septiembre de 2017, expediente 05001-23-31-000-2001-00061-01 (3753-13).
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Expediente: 47001-23-33-000-2016-00214-02 (1755-2022)
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correspondientes a cesantías definitivas dobles y compensación por
muerte (fl. 74 reverso), de conformidad con lo previsto en los Decretos
2728 de 1968 y 1211 de 1990.
Si bien, el Ejército Nacional dio aplicación a lo dispuesto en el artículo
8 del Decreto 2728 de 1968 respecto al reconocimiento de las
prestaciones sociales en favor de los demandantes ante el deceso del
señor […], entre ellos, el ascenso póstumo a Cabo Segundo, lo cierto es
que para el 17 de agosto de 1999, se encontraba vigente el Decreto 1211
de 1990 mediante el cual “se reformó el estatuto del personal de oficiales
y suboficiales de las Fuerzas Militares”, y ante la nueva jerarquía de
Cabo Segundo adscrito al Ejército Nacional, que ostentaba el señor
Muñoz Ramírez, de conformidad con lo establecido en el artículo 5
ibídem, esta normatividad era la aplicable para efectos del
reconocimiento de las prestaciones pretendidas en vía gubernativa por
la parte actora, por el hecho de pasar a ser parte como suboficial del
Ejército Nacional.
Por su parte, la Corte Constitucional10 ha determinado que el objetivo de la
pensión de sobrevivientes es evitar que los beneficiarios del causante queden
desamparados por su ausencia definitiva y, por consiguiente, su finalidad es
proteger a la familia y los derechos fundamentales de quienes compartían la
vida con aquel, además de que ayuda a soportar la ausencia económica que deja
en el grupo familiar.
En ese entendido, «[e]sta noción tampoco puede ser ajena al régimen
prestacional aplicable a los miembros de las Fuerza Pública, como se ha
indicado, por ejemplo, en los Decretos 2728 de 1968, 1211 de 1990 y la Ley
447 de 1998, sobre las diversas prestaciones en favor de los beneficiarios de
los soldados, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en actos
propios del servicio, entre las que se encuentran el ascenso póstumo al grado
inmediatamente superior, la indemnización por muerte y la pensión de
sobrevivientes»11.
De lo expuesto, se colige que el Decreto 1211 de 1990 (artículos 185 y 189)
solo exige para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes que se
demuestre el parentesco con el causante, según las reglas allí establecidas, lo
que fue acreditado en el presente asunto, pues la accionante demostró ser la
progenitora de aquel, y dada «la presunción de los deberes de atención, ayuda
y socorro establecidos legal y moralmente de los hijos para con sus padres en
la forma en que las circunstancias sociales y económicas lo permitan. Por tal
10
Sentencia T-701 de 2006, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
11
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 31 de mayo de 2018, expediente 05001-23-
33-000-2015-01678-01 (2493-17).
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Expediente: 47001-23-33-000-2016-00214-02 (1755-2022)
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razón, conforme a lo indicado implícitamente en el Decreto 1211 de 1990, no
constituye un requisito para la obtención de la pensión de sobrevivientes
acreditar la dependencia económica»12.
En tales condiciones, a la demandante le asiste derecho a recibir una pensión
de sobrevivientes, en condición de madre del cabo segundo (póstumo) Alayn
Armando Freyter Romero, equivalente a un 50% de lo dispuesto en el Decreto
1211 de 1990 (artículo 189, letra d), en atención a que este laboró un total de 4
años, 9 meses y 8 días.
Cabe precisar que en cuanto a la prescripción de las mesadas pensionales, el a
quo dispuso que había acaecido dicho fenómeno antes del 1º de junio de 2012,
comoquiera que la demanda se presentó el 1º de «junio» (sic) de 2016, no
obstante, se advierte que podría ser un error mecanográfico en atención a que
la radicación del libelo introductorio fue el 1º de abril de 2016, según se observa
en el folio 36, razón por la que la demandante podría pedir la corrección sobre
ese aspecto ante el Tribunal en los términos del artículo 286 del Código General
del Proceso, máxime cuando en esta instancia, en virtud del principio de non
reformatio in pejus, no es dable agravar la situación del único apelante, en este
caso de la accionada.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 1º de septiembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda incoada por la señora Maritza Cecilia Freyter
Romero contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
12
Ibidem.
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Expediente: 47001-23-33-000-2016-00214-02 (1755-2022)
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2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con permiso Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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