Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00152-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00152-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2017-00152-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001 23 33 000 2017 00152 01 (4346–2021)
Demandante: Cesar Augusto Fernández Barrios
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Sustitución de la pensión gracia. Requisito de procedibilidad de
interposición de los recursos de ley obligatorios en la actuación
administrativa. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Revoca sentencia que accede a las pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 10 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que accedió a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. El señor Cesar Augusto Fernández Barrios, por intermedio de apoderado judicial,
en uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó
declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 003717 de 29 de enero de 2016 y
023347 de 23 de junio del mismo año, proferidas por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, por medio de las cuales se negó la pensión sobreviviente respecto de una
pensión gracia reconocida en vida a la señora Fanny Isabel Barranco Cabrera
(q.e.p.d).
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar una pensión sobreviviente en calidad de
compañero permanente en el 100% de lo que percibía como mesada pensional la
causante al momento de su muerte.
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=47001233300020170015201110
0103
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Demandante: Cesar Augusto Fernández Barrios
4. De igual manera, que las mesadas resultantes sean reajustadas e indexadas; así
mismo, que se reconozcan los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100
de 1993 y se condene en costas a la parte demandada.
1.2. Fundamentos de la demanda
5. Se afirmó que Cesar Augusto Fernández Barrios y Fanny Isabel Barranco
Cabrera convivieron desde el 20 de febrero de 2002 hasta el 5 de julio de 2008; y
mediante escritura pública No. 3378 de 28 de noviembre de 2007, se solemnizó su
unión marital ante la Notaría Segunda del Círculo de Santa Marta.
6. Explicó que tras el fallecimiento de la señora Barranco Cabrera ocurrido el 5 de
julio de 2008, el señor Fernández Barrios, el 30 de junio de 2015, reclamó el
reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente, solicitud que fue resuelta
de manera negativa con la Resolución RDP 003717 de 29 de enero de 2016, al
considerar que no se adjuntó original de la declaración juramentada donde se
indicaran los extremos de la convivencia. Inconforme con dicha respuesta, presentó
recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente con la Resolución
RDP 023347 de 23 de junio de 2016.
7. Señaló que con los actos administrativos demandados se infringieron los
artículos 1, 2, 6, 13, 25, 53 y 58 de la Constitución, así como la Ley 797 de 2003.
Que, a pesar de las innumerables sentencias reiterativas sobre el asunto, y de
haberse allegado la documentación correspondiente, la entidad insiste en
desconocer los derechos del demandante. Destacó que sorprende que se
mencionara que entre la causante y el beneficiario se presentara una diferencia de
49 años, violando así el debido proceso, pues, la entidad no puede pronunciarse
sobre lo que nunca estuvo en discusión, principalmente la diferencia de edad, que
no es un impedimento legal para el derecho reclamado.
1.3. Contestación de la demanda
8. Actuando por intermedio de apoderado, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda; al efecto,
señaló que no se encuentra probado que el actor tenga derecho al reconocimiento
de la sustitución pensional, pues no acredita la convivencia mínima de 5 años
previos al fallecimiento de la causante como lo determina la Ley 100 de 1993.
9. De igual manera, puso de presente que en el informe de seguridad realizado en
sede administrativa se constató que entre el actor y la causante existía una
diferencia de edad de 49 años, además, que la afiliación de este último como
beneficiario en salud de la docente ocurrió tres meses antes de su fallecimiento.
Estas inconsistencias, junto con las declaraciones rendidas por el reclamante, no
permiten corroborar la existencia del derecho pretendido, por lo que no es posible
acceder a las pretensiones.
10. Así mismo, señaló que no se agotó en debida forma la vía gubernativa, pues en
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contra de la resolución atacada procedían los recursos de reposición y apelación,
este último de carácter obligatorio, proponiendo así la “excepción previa de indebido
agotamiento de la actuación administrativa”2; y también la de inexistencia de las
obligaciones reclamadas, compensación, buena fe y prescripción.
1.4. Sentencia de primera instancia
11. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en fallo de 10 de febrero de 2021,
accedió a las pretensiones de la demanda, declaró prescritas las mesadas
causadas con anterioridad al 1 de julio de 2012 y se abstuvo de condenar en costas.
Puntualmente, frente a la excepción de indebido agotamiento de la actuación
administrativa consideró que no se configuraba, pues, el Consejo de Estado3 ha
sostenido que en aras de salvaguardar los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social se deben flexibilizar las exigencias
formales para acudir ante la jurisdicción.
12. Tras un recuento y análisis del acervo probatorio determinó que se configuró
una auténtica relación de pareja entre la causante y el actor, con fundamento en la
prueba testimonial recaudada y la prueba documental aportada los cuales
demostraban la intención de ambos de declarar la existencia de una unión marital
de hecho.
13. De igual manera, explicó que, si bien el argumento de la UGPP para negar el
derecho reclamado consistía en indicar que no se acreditó la convivencia mínima
de 5 años previos al fallecimiento de la causante como lo exige la Ley 100 de 1993,
en el caso particular la norma aplicable a la pensión gracia era la Ley 71 de 1988,
la cual solo requería probar la convivencia al momento del deceso. Y si bien en la
escritura pública aportada no se precisó la fecha de inicio de la unión tal hecho no
era un obstáculo, pues, reiteró que lo fundamental era demostrar la convivencia al
momento de la muerte de la causante; concluyendo entonces, que había lugar a la
sustitución de la pensión gracia, toda vez que se probó la relación de solidaridad y
apoyo mutuo, por lo que ordenó la nulidad de los actos administrativos demandados.
1.5. Recurso de apelación
14. La UGPP interpuso recurso de apelación con el fin de que se revoque la
sentencia de primera instancia. En primer lugar, insistió en la configuración de la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, dado que el demandante
incumplió el requisito de agotar la vía gubernativa de forma completa, al haber
omitido la interposición del recurso de apelación contra la Resolución 3717 del 29
de enero de 2016, que era de carácter obligatorio.
15. Por otro lado, recordó los argumentos por medio de los cuales, en sede
administrativa, se negó el derecho pensional en discusión, resaltando que el informe
2
En audiencia inicial, el magistrado instructor consideró que no constituía una excepción previa al no encontrarse enlistada
en el artículo 100 del CGP, por lo que resolvería sobre la misma al momento de fallar.
3
«Al respecto ver sentencia de calenda 23 de noviembre de 2017 proferida dentro del proceso radicado con el número
11001031500020170217200 […] y la sentencia de calenda 29 de junio de 2018 proferida dentro del proceso radicado con el
número 11001031500020170303201[…].»
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de seguridad realizado durante el trámite administrativo concluyó en que dentro de
la solicitud se presentaron inconsistencias que llevan a negar el derecho; resaltó
que no hay claridad en la fecha de inicio de la mencionada relación sentimental
entre la causante y el reclamante, quienes además tenían una diferencia de edad
de 49 años; y aunque se aportó prueba de que el señor Fernández Barrios es
beneficiario en salud de la señora Barranco Cabrera, su inscripción ocurrió tan solo
3 meses antes del fallecimiento de la docente.
16. Finalmente, manifestó que la parte actora no cumplió con la carga probatoria
para demostrar el derecho reclamado, concretamente los 5 años mínimos de
convivencia previos al fallecimiento de la causante como lo exige la Ley 100 de
1993, modificada por la Ley 797 de 2003.
1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
17. Con auto de 1 de febrero de 20224, se admitió el recurso de apelación.
18. El señor Cesar Augusto Fernández Barrios, la UGPP, el agente del Ministerio
Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, guardaron silencio en esta
etapa procesal.
19. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que
observe la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
20. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo5, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto en el recurso de alzada.
2.2. Del problema jurídico
21. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar inicialmente, si la parte
actora incumplió con el agotamiento del requisito de procedibilidad que conlleve a
la terminación del proceso, concretamente la interposición del recurso de apelación
contra la Resolución RDP 003717 de 29 de enero de 2016, que negó el
reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión gracia, conforme se alega con
el recurso de apelación, destacando que la entidad consideró que ello encajaba en
la excepción de inepta demanda.
4 Actuación visible en el índice 4 del expediente digital disponible en SAMAI.
5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
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22. En caso de que la respuesta a dicha interrogante sea negativa, pasará la Sala
a determinar si el señor Cesar Augusto Fernández Barrios tiene derecho a que le
sea sustituida la pensión gracia que en vida le fue reconocida a la señora Fanny
Isabel Barranco Cabrera o si, por el contrario, como lo alega la entidad demandada,
no se cumplió con el requisito mínimo de convivencia exigido por la ley.
2.3. Marco normativo
23. Esta corporación ha sostenido que la inepta demanda, como excepción previa,
de conformidad con lo señalado en el artículo 100, numeral 5, del CGP, permite
cuestionar la indebida acumulación de pretensiones o el incumplimiento de los
requisitos formales.
24. Entonces «el citado mecanismo de defensa hace relación al presupuesto
procesal denominado «demanda en forma»7, que se refiere a los requisitos o
condiciones mínimas de la demanda, los cuales están señalados en los artículos
162, 163 y 166 del CPACA, tales como, i) la designación de las partes y de sus
representantes, ii) las pretensiones, iii) hechos y omisiones, iv) normas violadas y
concepto de violación cuando se trata de impugnar actos administrativos, v) la
estimación razonada de la cuantía cuando sea necesaria, vi) la dirección de las
partes, vii) anexos de la demanda y; viii) la individualización del acto acusado8.»9
25. A su vez, esta Subsección ha expresado que cuando el juez encuentra falencias
formales en la demanda, en lo posible, debe sanear el proceso, en aras de
materializar el acceso efectivo a la administración de justicia y evitar fallos
inhibitorios o la terminación anticipada del proceso.10
26. Ahora bien, el artículo 161 del CPACA, contempla requisitos previos para
demandar, entre los que figura “2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto
administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo
con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición
permitirá demandar directamente el acto presunto.
Si las autoridades no hubieran dado la oportunidad de interponer los recursos procedentes,
no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.”
27. En ese orden, el incumplimiento de alguno de aquellos, y el que concierne en
este caso de interposición de los recursos de ley obligatorios, conlleva a la
terminación del proceso, más no constituye una ineptitud de la demanda como lo
plantea el recurrente.
7 Léase al respecto, Derecho Procesal Administrativo, Juan Ángel Palacio Hincapié, 8ª Edición.
8 Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto del 22 de octubre del 2020. Radicación 17001-23-33-000-2020-
00014-02. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
9 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 4 de junio del 2024, radicado 11001-03-28-000-2023-00131-00.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 28 de 2022, radicado 66001-23-33-000-2017-
00503-01 (0805-2019)
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2.4. Decisión frente a la excepción
28. Da cuenta el plenario que el señor Cesar Augusto Fernández Barrios, por
intermedio de apoderado, radicó el 1 de julio de 2016 solicitud ante la UGPP de
reconocimiento y pago de la sustitución pensional de la pensión gracia otorgada en
vida a la señora Fanny Isabel Barranco Cabrera, quien falleció el 5 de julio de 2008.
29. A través de la Resolución RDP 003717 de 29 de enero de 2016, la entidad
negó lo reclamado con fundamento en que el interesado debía aportar una
declaración bajo gravedad de juramento señalando la fecha de inicio de la relación
con la causante, pues, sin ello no era posible determinar el cumplimiento de las
exigencias de la Ley 100 de 1993.
30. Inconforme con la decisión, el apoderado del reclamante interpuso recurso de
reposición, argumentando que ya se habían anexado todos los documentos
necesarios para el reconocimiento discutido. En consecuencia, a través de la
Resolución RDP 023347 de 23 de junio de 2016, la UGPP resolvió el recurso de
manera negativa, indicando que el informe de seguridad realizado sobre el caso
arrojaba inconsistencias que impedían acceder a lo solicitado y en el numeral
segundo de su resolutiva dispuso que se debía notificar «a los interesados haciéndoles
saber que con la presente queda agotada la vía gubernativa».
31. Pues bien, el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la sentencia objeto de
apelación se pronunció de manera negativa sobre la excepción de “indebido
agotamiento de la actuación administrativa” propuesta por la entidad con la
contestación, sustentada en que el actor incumplió la carga de interponer los
recursos que de acuerdo con la ley son obligatorios; estimando que, en torno a dicho
agotamiento en materia pensional el Consejo de Estado ha señalado que en aras
de salvaguardar los derechos fundamentales al acceso a la administración de
justicia y a la seguridad social se deben flexibilizar las exigencias meramente
formales, para tal efecto sustentó su decisión en providencias de 23 de noviembre
de 2017 proferida por la Sección Segunda en el proceso con radicado
11001031500020170217200.11
32. La UGPP con el recurso de apelación, aduce que sí se configura la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda ante la falta de interposición del recurso
de apelación contra la Resolución RDP 003717 de 2016, alegando que se surtió la
notificación del acto en el cual se informó que procedía el recurso en cita; y que al
tenor del artículo 161 del CPACA, aquel constituye requisito de procedibilidad para
demandar; y que lejos de ser una exigencia formal, permite a la administración
efectuar un pronunciamiento previo al juicio, y le genera confianza legitima de no
ser sorprendida frente a fundamentos no discutidos. Cita sentencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado de 15 de septiembre de 2011.
33. Pues bien, para la Sala, contrario a lo expuesto por el tribunal de instancia, se
11 C.P. Gabriel Valbuena Hernández; y también citó la sentencia de 29 de junio de 2018, radicado 110010315000
2017 03032 01, CP Milton Chavez García.
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configura la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad por no haber
interpuesto el recurso de apelación, debiendo precisar, conforme se explicó en el
marco normativo, que lo anterior no comporta una ineptitud de la demanda como lo
propone la entidad recurrente.
34. Véase que al momento de resolver la UGPP la reclamación administrativa con
la Resolución RDP 003717 de 29 de enero de 2016, en el numeral segundo de la
parte resolutiva dispuso notificar al apoderado del actor haciéndole saber que eran
procedentes los recursos de reposición y/o apelación, para lo cual contaba con un
término de 10 días siguientes a la notificación.
35. Cabe destacar que, aunque no figura la constancia de notificación, lo cierto es
que se puede inferir que la misma se realizó debidamente, pues, a través de
apoderado el interesado interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por la
entidad a través de la Resolución RDP 023347 de 23 de junio de 2016, confirmando
la negativa y señalando “que quedaba agotada la vía gubernativa”.
36. En ese orden, ante la claridad sobre la procedencia del recurso de apelación, y
en vista de que la actuación del actor en sede administrativa se adelantó a través
de profesional del derecho, para quien no debían serle desconocidas las
disposiciones que rigen este tipo de trámite, para la Sala, el incumplimiento del
requisito de procedibilidad hacía necesario declarar probada dicha excepción.
37. Si bien es cierto, como lo sustento el a quo, que esta Sección en asuntos
pensionales en algunos casos ha flexibilizados ciertos requisitos de ley, también lo
es que en el caso que convoca no se avizora la necesidad de ello, pues, por un
lado, no se está frente a un sujeto de especial protección constitucional; no se
advierte ninguna otra una situación particular o especial, a lo que se suma que,
como se expuso, el actor actuó en sede administrativa a través de un profesional
del derecho, la entidad de manera clara y expresa informó de la procedencia de los
recursos, y la exigencia del agotamiento de los recursos obligatorios en el curso de
dicha actuación está contemplada en la Ley 1437 de 2011 -vigente para la época-,
por lo que la ignorancia de la ley no puede servir como excusa, tal como se dispone
en el artículo 9 del Código Civil.
38. Ahora, el hecho de que el proceso se hubiere tramitado sin que en ninguna de
las etapas procesales anteriores a la sentencia, se haya resuelto sobre la
irregularidad objeto de análisis -que además fue propuesta como excepción y que
el a quo consideró que debía resolverse al fallar-, no es óbice para que, en esta
instancia, en virtud del recurso de apelación se declare probada la excepción en
comento l al encontrar estructurada la misma; recuérdese que al tenor del artículo
187 del CPACA, en la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y
sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada; destacando incluso, que el
silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in peius.
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39. En ese orden, aunque era posible que tal vicisitud fuera ser advertida en la etapa
inicial del proceso, para lo cual en virtud del artículo 170 del CPACA, bien podía el
a quo inadmitir la demanda para que se subsanara el yerro; y en caso de no hacerse
por la parte actora había lugar a rechazar la misma -art. 169 ibidem-; o
posteriormente en el curso de la audiencia inicial también era posible determinar
dicha irregularidad e incluso dar por terminado el proceso-art. 180 numerales 5 y 6;
lo cierto es que ello no es óbice para que, en etapa de fallo o en cualquier otra etapa
del proceso en aplicación del control de legalidad contemplado en el artículo 207
ibidem, se pudiera decidir al respecto; sin que ello implique desconocimiento de
garantías procesales a las partes.
40. Cabe destacar que en sentencia del 9 de abril de 202612, esta Subsección al
resolver la alzada en un caso en el que se pretendía el reconocimiento y pago de
una sustitución pensional del derecho causado por un miembro de la Policía
Nacional, al desatar el recurso de apelación contra la sentencia declaró también
probada esta excepción; oportunidad en la que se resaltó que dicha exigencia
constituye un requisito previo y obligatorio para acceder a la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo, conforme lo prevén los artículos 76 y 161 del
CPACA.
41. Con fundamento en lo antes expuesto, se impone revocar la sentencia de
primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar
declarar probada la excepción de falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad por no haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la
Resolución RDP 003717 de 29 de enero de 2016.
2.5. Condena en costas
42. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente
efectuar un estudio respecto de la carencia de fundamentación jurídica.
43. En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera
instancia, hay lugar a condenar en costas en ambas instancias a la parte vencida,
esto es, al actor. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Magdalena.
44. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
12 Expediente 50001 23 33 000 2015 00425 01 (6840-2023) C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 10 de febrero de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, de acuerdo con las consideraciones de esta
providencia.
En su lugar, declarar probada la excepción de falta de agotamiento del requisito
de procedibilidad por no haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la
Resolución RDP 003717 de 29 de enero de 2016, conforme la motivación.
SEGUNDA. Condenar en costas en ambas instancias a la parte actora.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
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