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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2015-00425-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2015-00425-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 3 de agosto de 2023, emitida por el Tribunal Administrativo del Meta, en el sentido de declarar probada la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad por no haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la Resolución 0887 del 21 de mayo de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO. Se condena en costas de segunda instancia a la demandante, según lo expuesto. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen. 7 Radicación: 50001 23 33 000 2015 00425 01 (6840-2023) Demandante: Doris Varón de Maceta

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2015-00425-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 50001 23 33 000 2015 00425 01 (6840-2023)
Demandante: Doris Varón de Maceta
Demandado: Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional)1

Tema: Sustitución pensional
Decisión: Modifica el numeral primero de la sentencia para en su lugar declarar
probada la excepción de falta de falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad por cuanto no se presentó el recurso de apelación
contra el acto acusado. Se confirma en lo demás.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
de primera instancia del 3 de agosto de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del
Meta.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del
medio de control de la referencia con el objeto de que se declare la nulidad de las
Resoluciones 0087 del 21 de mayo y 01861 del 8 de noviembre de 2013, mediante las
cuales se negó la sustitución pensional y se resolvió un recurso de reposición.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la Policía
Nacional reconocer la sustitución de la pensión de invalidez que en vida disfrutaba su
cónyuge Rafael Horacio Cuellar Monsalve. Para el efecto requirió que se aplique el
artículo 11 parágrafo 2° del Decreto 4433 de 2004 con los ajustes de valor, los intereses
a que haya lugar, el pago del retroactivo y que se condene en costas a la entidad
demandada.

3. Afirmó que convivió con el causante durante seis años y siete días de forma
continua e ininterrumpida compartiendo «mesa y lecho»; en unión libre desde el 2 de
febrero de 2007 hasta el 1° de diciembre de 2008 y como cónyuges2 entre el 2 de
diciembre de 2008 y el 8 de febrero de 2013, fecha en que este último falleció.

1 En adelante Policía Nacional.
2 Hechos tercero y quinto de la demanda, en donde se menciona que la demandante y Rafael Horacio

contrajeron matrimonio civil en la Notaría Primera de Ibagué con indicativo serial 05153505.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 50001 23 33 000 2015 00425 01 (6840-2023)
Demandante: Doris Varón de Maceta

4. Señaló que dependía económicamente del señor Cuellar Monsalve, pues su
dedicación estaba dirigida a las labores del hogar. Además, indicó que se prestaron
«socorro mutuo hasta el momento de su fallecimiento»3.

5. Sostuvo que su pareja era beneficiario de una pensión de invalidez que le fue
reconocida mediante la Resolución 2919 del 3 de mayo de 1989, motivo por el cual
formuló reclamación el 28 de febrero de 2013 ante la Caja General, Grupo de
Pensionados de la Policía Nacional, dirigida a obtener el reconocimiento y pago de la
sustitución de la pensión, la cual fue negada a través de los actos acusados.

Contestación de la demanda

6. La Policía Nacional4 presentó escrito de forma extemporánea5, se tuvo por no
contestada a través de auto del 14 de agosto de 20196.

Sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Meta7 declaró probada de oficio la excepción de
«ineptitud de la demanda por falta de conclusión del procedimiento administrativo»
respecto de la Resolución 0887 del 21 de mayo de 2013 y condenó en costas a la parte
demandante al resultar vencida en el proceso.

8. Refirió que la accionante no logró demostrar el requisito de convivencia con el
causante previsto en el artículo 11 parágrafo 2 literal a) del Decreto 4433 de 2004 en
tanto que el matrimonio se celebró el 2 de diciembre de 2008 y Rafael Horacio falleció el
8 de febrero de 2013.

9. Aunado a ello, señaló que la entidad informó a la demandante que contra la
Resolución 0887 de 2013 procedían los recursos de reposición y de apelación; sin
embargo, solo interpuso el primero, circunstancia que fue reconocida en la demanda y
puesta de presente al momento de fijarse el litigio sin que ello mereciera reproche alguno
de la parte actora. En consecuencia, concluyó que no se acreditó el cumplimiento del
requisito previsto en el artículo 161.28 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), que impone el
deber de agotar previamente los recursos administrativos que de conformidad con la ley
sean obligatorios. Acorde con ello, también precisó que no se demostró la ocurrencia del

3 Hecho noveno.
4 Índice 1 de Samai – Tribunales, folios 87 a 95.
5 Índice 1 de Samai – Tribunales, folio 111.
6 Índice 1 de Samai – Tribunales, folios 119 y 120.
7 Índice 23 de Samai - Tribunales.
8 Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al
cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos: […] 2. Cuando se pretenda la nulidad de un
acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la
ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar
directamente el acto presunto. Si las autoridades no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos
procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.

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Demandante: Doris Varón de Maceta

silencio administrativo ni la indebida notificación del acto acusado para justificar el
cumplimiento de la aludida carga.

10. Por último, precisó que la decisión no constituye una vulneración del derecho
de acceso a la administración de justicia en razón a que al tratarse de un asunto en el
que se reclama el reconocimiento y pago de una prestación periódica puede reclamarse
en cualquier tiempo.

Recurso de apelación

11. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación9 en
el que sostuvo que el Tribunal debió advertir la falta de interposición del recurso de
apelación en el momento en que estudió la admisibilidad de la demanda; además, pudo
declarar de oficio la excepción de ineptitud de la demanda en la audiencia inicial.

12. Sostuvo que no interpuso dicho recurso porque «no tenía conocimiento de
cómo se procedía, desconocía el procedimiento […] y [la información contenida en el acto
administrativo]10 para ella fue confusa»; además «creyó que una vez se resolviera el
recurso de reposición se podía enseguida apelar».

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

13. Mediante auto del 29 de febrero de 202411 se admitió el recurso de apelación.
Las partes guardaron silencio durante esta etapa12.

14. En esa oportunidad, el Ministerio Público emitió concepto13 en el que solicitó
confirmar la decisión al encontrar acreditado que, en efecto, la demandante no presentó
el recurso de apelación contra el acto acusado pese a ser obligatorio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

15. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)14, modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

9 Índice 26 de Samai - Tribunales.
10 Se añade para facilitar la lectura.
11 Índice 4 de Samai.
12 No se observa manifestación al respecto en el informe secretarial visible en índice 10 de Samai.
13 Índice 9 de Samai.
14 En atención a que la sentencia recurrida se expidió el 24 de julio de 2020.

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Demandante: Doris Varón de Maceta

Problema jurídico

16. De conformidad con los reparos planteados en el recurso de apelación,
procederá la Sala a estudiar si el Tribunal erró al no advertir la falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad en una etapa anterior a la sentencia y si la entidad no le
informó en debida forma a la demandante los recursos procedentes contra la Resolución
0887 del 21 de mayo de 2013.

Análisis del problema jurídico

17. Examinado el recurso la Sala anuncia que modificará el numeral primero de la
parte resolutiva de la sentencia de primera instancia para eliminar la expresión «ineptitud
de la demanda» y en su lugar declarar probada la excepción de falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad consistente en la presentación del recurso de apelación contra
la Resolución 0887 del 21 de mayo de 2013.

18. Para el efecto, se impone recordar que si bien es cierto no obra en el
expediente copia del escrito mediante el cual la demandante interpuso el recurso en
contra de la Resolución 0887 del 21 de mayo de 2013, también lo es que tanto en la
demanda como en el escrito de apelación afirmó15 aceptó que en sede administrativa
sólo hizo uso del recurso de reposición, circunstancia que además se verifica al reparar
el contenido del acto mediante el cual fue resulto el aludido medio de impugnación 16.

19. En ese contexto, la demandante plantea que la omisión al respecto surgió
como consecuencia de la falta de información, al menos clara, del cómo debía proceder,
que desconocía el procedimiento y que había confusión al respecto. No obstante,
revisada la Resolución 0887 de 201317 se advierte que en su artículo cuarto se dejó
sentado que «contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y
apelación los cuales podrán ser interpuestos dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de la notificación, los cuales se presentarán ante los señores
Subdirector y Director General de la Policía Nacional de Colombia, respectivamente».

20. En ese contexto, la Sala considera que el acto administrativo no fue ambiguo
de forma alguna en cuanto a los recursos de los que podía ser objeto e incluso precisó la
autoridad ante la cual debían interponerse y el término para ello, de donde se concluye
que no es de recibo el planteamiento que se formuló en la apelación acerca de las
imprecisiones que habrían impedido hacer uso de tales mecanismos.

21. Además, en la Resolución 01861 del 8 de noviembre de 201318, por medio del
cual se resolvió el recurso de reposición, se indicó que la actora lo interpuso dentro del

15 Hecho 12 de la demanda.
16 Resolución 01861 del 8 de noviembre de 2013 «[…] por las razones expuestas, no es procedente reponer

la resolución No. 00887 del 21 de mayo de 2013, y como la impugnante no solicitó subsidiariamente el
recurso de apelación no se dará trámite de los antecedentes ante el despacho del señor Director General
de la Policía Nacional».
17 Índice 1 de Samai – Tribunales, folios 20 -21.
18 Índice 1 de Samai – Tribunales, folios 22 a 25.

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Radicación: 50001 23 33 000 2015 00425 01 (6840-2023)
Demandante: Doris Varón de Maceta

término legal, lo que demuestra que conoció oportunamente el contenido del acto
definitivo19 y en ese contexto se concluye que tenía conocimiento acerca de los recursos
procedentes y demás información necesaria para presentarlos. Valga aclarar, además,
que «la ignorancia de las leyes no sirve de excusa»20; por lo tanto, no podía excusar tal
omisión en el presunto desconocimiento del procedimiento al respecto.

22. Por otra parte, se precisa que la interposición del recurso de apelación
constituye un requisito previo y obligatorio para acceder a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, conforme lo prevén los artículos 7621 y 16122 del CPACA. De
manera que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular, deberán
haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley sean obligatorios, con
lo cual se entiende agotado el requisito de procedibilidad.

23. Acorde con lo expuesto, la conclusión a la que llegó el Tribunal en punto de
encontrar incumplido el aludido requisito23 fue acertada. Con todo, no es ajeno a la Sala
que dicha inconsistencia debió ser advertida por el a quo al momento de estudiar la
admisión de la demanda o en su defecto antes de realizar la audiencia inicial y dar por
terminado el proceso en vista de la inconsistencia denotada24, de manera que esta
corporación, dado su carácter de Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo debe llamar la atención sobre el particular para que los jueces y tribunales
realicen una examen riguroso del proceso y las actuaciones de las partes máxime cuando
ello redunda en evitar el desgaste del congestionado aparato judicial.

24. Sin perjuicio de lo anterior, nada impide que dicha situación se defina al
momento de emitir sentencia o que se verifique en cualquier etapa del proceso, pues en
ejercicio del control de legalidad25 corresponde al juez advertir cualquier defecto o
irregularidad procesal que impida seguir con el curso del proceso o emitir un
pronunciamiento sobre las pretensiones o las excepciones según sea el caso, motivo por
el cual tampoco no puede tenerse como aceptable el reparo según el cual dicha falencia

19 Además no se formuló ningún reproche en lo que respecta a la notificación de dicho acto.
20 Artículo 9 del Código Civil.
21 Artículo 76. Oportunidad y presentación. […] El recurso de apelación podrá interponerse directamente,

o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.
22 Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al

cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
[...]
2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y
decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación
con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes,
no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.
23 Se precisa que con la decisión que se efectúa en esta providencia no se afecta la situación del apelante

único, pues su pretensión está dirigida a obtener un pronunciamiento favorable pese a no haber
presentado el recurso de apelación, situación que advirtió el a quo¸ solo que en esta providencia se
modificarán los términos en que el Tribunal lo declaró, motivo por el cual no se está haciendo más gravosa
su situación.
24 Artículo 175 parágrafo 2. «Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las

excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de
requisitos de procedibilidad.»
25 Artículo 207 del CPACA.

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Radicación: 50001 23 33 000 2015 00425 01 (6840-2023)
Demandante: Doris Varón de Maceta

sólo pudo ser advertida y declarada por el Tribunal al momento de estudiar la admisión
de la demanda.

24. Ahora bien, se advierte que en el fallo impugnado se declaró probada de oficio
la excepción de «ineptitud de la demanda por falta de conclusión del procedimiento
administrativo», términos que resultan imprecisos, puesto que la excepción de «ineptitud
de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida acumulación de
pretensiones» establecida en el numeral 5 del artículo 100 del Código General del
Proceso26 se configura cuando la demanda ha incurrido en defectos formales o hay
indebida acumulación de pretensiones, conforme a lo previsto en los artículos 16227,
16528 y 16629 del CPACA, circunstancias que no ocurrieron en el sub lite, en el cual, se
repite, lo que se configuró fue el incumplimiento de uno de los requisitos de procedibilidad,
lo que daba lugar a dar por terminado el proceso.

25. En virtud de lo anterior, se modificará el numeral primero de la sentencia de
primera instancia que declaró probada la referida excepción y, en su lugar, se declarará
probada la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad para acudir
a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, consistente en la falta de interposición
del recurso de apelación en contra de la Resolución 0887 del 21 de mayo de 2013.

26 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
27 Artículo 163 del CPACA. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea
competente y contendrá: 1. La designación de las partes y sus representantes; 2. Lo que se pretenda,
expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia
de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones; 3. Los hechos y omisiones
que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados; 4.
Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto
administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación; 5. La petición
de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las
documentales que se encuentren en su poder; 6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea
necesaria para determinar la competencia; 7. El lugar y la dirección donde las partes y el apoderado de
quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal
digital; 8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico
copia de ella y sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se
desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el
demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por
el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal
digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.
En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado,
al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.
28 Artículo 165 del CPACA. Acumulación de pretensiones. En la demanda se podrán acumular pretensiones

de nulidad, de nulidad y restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre
que sean conexas y concurran los siguientes requisitos […].
29 Artículo 166. Anexos de la demanda. A la demanda deberá acompañarse: 1. Copia del acto acusado,

con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, según el caso. Si se alega
el silencio administrativo, las pruebas que lo demuestren y si la pretensión es de repetición, la prueba del
pago total de la obligación; 2. Los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se
encuentren en poder del demandante; así como los dictámenes periciales necesarios para probar su
derecho; 3. El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando
tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro
transmitido a cualquier título; 4. La prueba de la existencia y representación en el caso de las personas
jurídicas de derecho privado; 5. Copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y
al Ministerio Público.

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Demandante: Doris Varón de Maceta

Condena en costas

26. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

27. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

28. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

29. En consecuencia, se impondrán costas a la demandante por cuanto no se
acogieron los reparos del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Meta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 3 de agosto de 2023,
emitida por el Tribunal Administrativo del Meta, en el sentido de declarar probada la
excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad por no haber interpuesto
el recurso de apelación en contra de la Resolución 0887 del 21 de mayo de 2013, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO. Se condena en costas de segunda instancia a la demandante, según lo
expuesto.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

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Radicación: 50001 23 33 000 2015 00425 01 (6840-2023)
Demandante: Doris Varón de Maceta

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
CMTG

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