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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00193-01

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00193-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Confírmase la sentencia de 26 de junio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso instaurado por el señor Adalberto Orozco Galindo contra la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Local de El Retén (Magdalena), por las razones expuestas en la parte motiva. 2°. Reconócese personería al abogado Jhon Jairo Herrera Ríos, con cédula de ciudadanía 73.578.112 y tarjeta profesional 129.301 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Local de El Retén (Magdalena), en los términos del poder obrante en el sistema de gestión judicial SAMAI. 3°. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2017-00193-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

24 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 47001-23-33-000-2017-00193-01 (6146-2019)
Demandante : Adalberto Orozco Galindo
Demandado : Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Local de El
Retén (Magdalena)
Tema : Pensión sanción por no afiliación a sistema general de
pensiones por omisión del empleador (artículo 133 de
la Ley 100 de 1993)

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia de 26 de junio de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual negó las súplicas de
la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 2 a 10 c.1). El señor Adalberto Orozco Galindo, por
conducto de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la
Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Local de El Retén (Magdalena),
para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio de 2 de febrero de 2017,
mediante el cual la ESE Hospital Local de El Retén negó al actor una pensión
sanción.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la entidad accionada (i) «[…] reconocer la pensión sanción […] por
la no afiliación OPORTUNA al sistema al fondo de pensiones» (sic); y (ii)
pagar el «[…] retroactivo pensional desde la adquisición del derecho es decir
desde el cumplimiento de 60 años […] tal como lo estipula la Ley 100 de
1993» (sic) y las costas procesales.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que laboró para la ESE
demandada, como médico general, desde el 18 de junio de 1992 hasta el 30 de

Expediente: 47001-23-33-000-2017-00193-01 (6146-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Adalberto Orozco Galindo contra la ESE Hospital Local de El Retén

junio de 2007, cuando renunció; durante el lapso comprendido entre el 18 de
julio de 1992 y el 1° de julio de 2002 no fue afiliado a ningún fondo de
pensiones, esto es, por más de 10 años y 1 mes; y en el período del 1° de julio
de 2002 a diciembre de 2004 se le cotizó sobre el salario mínimo, a pesar de
que su remuneración era superior.

Que el 18 de enero de 2017 reclamó de la demandada la pensión sanción
contemplada en el artículo 133 de la Ley 100 de 2003, lo que le fue negado a
través de oficio de 2 de febrero siguiente, porque solo acreditó 8 años y 9
meses continuos al servicio del mismo empleador.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por el acto administrativo demandado los artículos 48 y 53
de la Constitución Política; 26 de la Ley 10 de 1990, 37 de la Ley 50 de 1990
y 133 de la Ley 100 de 1993.

Aduce que con la expedición del acto administrativo demandado se incurrió
en violación de la precitada normativa, pues «[…] se desconoció el justo
equilibrio previsto entre los derechos del trabajador y las obligaciones
patronales, pues se declaró inexistente el derecho reclamado dejando de lado
[una] prerrogativa legal […] no respetándose la labor prestada a la entidad y
el tiempo de servicio que fue durante más de 15 años con vulneraciones
continuas a sus derechos laborales legalmente adquiridos» (sic).

1.5 Contestación de la demanda (ff. 88 a 102 c.1). A través de apoderado, la
entidad accionada se opuso a la prosperidad de las súplicas del libelo
introductorio; respecto de los hechos dijo que unos son ciertos, otros no y los
demás no le constan o se contradicen.

Asevera que el accionante estuvo vinculado directamente con alcaldía de
Aracataca, en calidad de médico rural, desde el 18 de junio de 1992 hasta el
30 de junio de 1996; posteriormente, laboró para esa ESE a partir del 1° de
diciembre de 1997, mediante orden de prestación de servicios por el término
de 1 mes; estuvo desvinculado por 2 años y 2 meses; y trabajó para el
Hospital Local de El Retén desde el 1° de agosto de 1998 hasta el 30 de junio
de 2002, lo que conlleva un tiempo total de vínculo laboral con la accionada
de 3 años y 11 meses, lapso en el cual estuvo afiliado del 1° de julio al 30 de
diciembre de 2000 al fondo de pensiones BBVA Horizonte, «[…]
vinculación que se mantuvo y se extendió hasta el año 2005 mes 07 cuando se

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Adalberto Orozco Galindo contra la ESE Hospital Local de El Retén

vinculó a COLFONDOS hasta el 30 del mes 06 de 2007, fecha en la que
renunció […]» (sic).

1.6 La providencia apelada (ff. 444 a 456 c.2). El Tribunal Administrativo
del Magdalena, con sentencia de 26 de junio de 2019, negó las súplicas de la
demanda (sin condena en costas), al considerar que «[…] los efectos del
parágrafo 1 del artículo 133 de la Ley 100 que modifica el artículo 267 del
Código Sustantivo del Trabajo, disposición normativa que consagra la
pensión sanción, […] estipuló de forma clara que se aplica exclusivamente a
los servidores públicos que tengan la calidad de trabajadores oficiales y a los
trabajadores del sector privado» (sic), que «[…] no resultan aplicables al
[demandante] que se desempeñó como empleado público» (sic).

1.7 El recurso de apelación (ff. 414 a 468 c.2). Inconforme con la anterior
providencia, el actor, por medio de apoderado, interpuso recurso de apelación,
al estimar que el a quo «[…] omite la sustitución patronal establecida en [la]
REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD en
transformación de los hospitales público en empresas sociales del estado (Ley
10 de 1990; Ley 60 de 1993; Ley 100 de 1993), en relación a la continuidad
en los contratos de trabajos, la cual fue ratificada mediante sentencia T-1610
de 2000 de la corte constitucional, [y] para el caso que nos ocupa no cabe
duda alguna que el [accionante] esta cobijado por tal ordenanza toda vez que
venía prestando sus servicios como médico general inicialmente adscrito a la
alcaldía del municipio de ARACATACA desde el 18 de junio de 1992 como
consta en la certificación emitida por esta entidad, la cual obra como prueba,
cuando el hoy municipio del RETEN era corregimiento del municipio de
ARACATACA, ahora bien con la mutación del corregimiento del RETEN a
municipio y la transformación del puesto de salud […] el 30 de diciembre de
1996 en empresa social del estado el [demandante] continuo ejerciendo la
misma función de médico GENERAL como empleado de la alcaldía municipal
adscrito a la E.S.E […] hasta el día 30 de noviembre de 1997 y a partir de 1
de diciembre de 1997 hasta el 30 de junio de 2007 laboró continuamente
hasta que culminó la relación laboral es decir […] sostuvo un vínculo laboral
continuo y sin interrupciones con la E.S.E […]» (sic para toda la cita).

Sostiene que «[…] fueron más de 12 años que la E.S.E […] vulnero los
derechos fundamentales a la seguridad social asistidos al accionante
PRIMERO por que al momento de la sustitución patronal omitió requerir a
los anteriores empleadores para que cumpliesen con sus obligaciones

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Adalberto Orozco Galindo contra la ESE Hospital Local de El Retén

patronales relacionado con el pago de la seguridad social del trabajador
hecho que conllevo a la E.S.E […] a asumir la responsabilidad de responder
por dichos aportes SEGUNDO LA NO AFILIACIÓN AL TRABAJADOR se
manifiesta […] en el hecho que para el periodo de 1 de enero de 1998 a julio
01 de 2002 […] no [lo] afilió […] a fondo de pensión TERCERO y último los
aportes incompletos ya que desde julio 01 [de] 2002 a diciembre 30 de 2004
los aportes fueron incompletos los cuales se realizaban tomando como base
el salario mínimo de aquel momento cuando el salario real del demandante
era muy superior (certificación salarial aportadas) […]» (sic para toda la
cita).

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 27 de agosto de
2019 (f. 470 vuelto c.2) y admitido por esta Corporación a través de auto de
26 de febrero de 2020 (f. 475 c.2), en el que se dispuso la notificación
personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en
cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 2 de diciembre de 2021 (f. 488 c.2), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo
establecido en el artículo 247 del CPACA, oportunidad aprovechada por las
primeras1.

2.1.1 Parte demandante. El accionante insiste, en forma idéntica, en los
argumentos de apelación.

2.1.2 Entidad accionada. La ESE demandada, por intermedio de apoderado,
expresa que «[…] el reconocimiento de la PENSIÓN SANCIÓN opera única y
exclusivamente cuando las pretensiones del accionante se adecuan a sus
requisitos, pues de lo contrario, no está llamado a operar el reconocimiento
de tal beneficio. […] En lo tocante al primer requisito […] conforme a la
certificación expedida por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARACATACA en
la cual se indicó que ADALBERTO OROZCO GALINDO estuvo vinculado
[…] desde el 18 de junio de 1992 hasta el 30 de junio de 1996,
adicionalmente corroboró que sus aportes en pensión se consignaron en la

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Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.

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Expediente: 47001-23-33-000-2017-00193-01 (6146-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Adalberto Orozco Galindo contra la ESE Hospital Local de El Retén

CAJA DE PENSIÓN MUNICIPAL, se puede colegir entonces que el
demandante no sufrió afectación por el impago de las cotizaciones de rigor
pues estuvo vinculado a la CAJA DE PENSIÓN MUNICIPAL, […]
adicionalmente, la ESE HOSPITAL LOCAL EL RETEN también afilió al
demandante partir de 1º de Julio de 2002 en el FONDO DE PENSIONES
BBVA HORIZONTE hasta el 30 de junio de 2007 fecha en la cual se retira en
forma voluntaria […] Tampoco podría conminarse a la ESE HOSPITAL
LOCAL EL RETEN cancelar los periodos pensionales causados y trabajados
con […] ARACATACA, pues en todo caso, le incumbe a tal ente territorial o
cualquier otra persona jurídica de derecho público, mas no a la entidad
hospitalaria asumir dichos pasivos pensionales en el evento que se hubieran
causado, máxime cuando la institución […] nace a la vida jurídica merced
del Decreto No. 1095 de 30 de Diciembre de 1996 [y en] lo tocante al despido
del trabajador sin justa causa, en el caso de marras, se tiene que el
accionante de manera voluntaria, libérrima y espontanea decidió apartarse
de la entidad demandada el 30 de junio de 2007, por lo que jamás existió un
despido injusto o sin justa causa» (sic para toda la cita).

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al actor le asiste derecho o no a
reclamar de la ESE Hospital Local de El Retén (Magdalena) el pago de la
pensión sanción contemplada en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, por no
haber sido afiliado a un fondo de pensiones durante más de 10 años; o si, por
el contrario, dicha prestación está dirigida únicamente a trabajadores oficiales
y del sector privado, condición que no cumple el accionante, quien estuvo
vinculado como empleado público, tal como lo determinó el a quo.

3.3 Caso concreto. En atención al material probatorio traído al plenario y de
conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca:

2
Al respecto, resulta oportuno hacer referencia al artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), según
el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
[…]
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».

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Expediente: 47001-23-33-000-2017-00193-01 (6146-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Adalberto Orozco Galindo contra la ESE Hospital Local de El Retén

a) Según cédula de ciudadanía, el demandante nació el 19 de noviembre de
1953 (f. 18 c.1).

b) Certificación suscrita por la profesional universitaria del área de recursos
humanos de la alcaldía de Aracataca el 5 de agosto de 2004, de acuerdo con la
cual el accionante laboró para ese ente territorial como médico rural entre el
18 de junio de 1992 y el 30 de junio de 1996 (f .112 c.1).

c) Certificado de información laboral para bonos pensionales y pensiones de
la alcaldía de Aracataca, en el cual se constata que desde el 18 de junio de
1992 hasta el 30 de junio de 1996 el actor laboró para ese ente territorial y
estuvo afiliado a la «CAJA DE PENSIÓN MUNICIPAL» (f. 405 c.2).

d) Decreto 1095 de 30 de diciembre de 1996 del gobernador del Magdalena
(ff. 357 a 374), «[p]or el cual se crea y organiza el HOSPITAL del municipio
de El Retén, Departamento del Magdalena, como una Empresa Social del
Estado», en el cual se plasmó:

ARTÍCULO 24.- Los funcionarios de la Empresa son servidores
públicos de carácter municipal y tendrán por regla general la calidad de
empleados públicos y por excepción de trabajadores oficiales, en los
términos establecidos en el capítulo IV de la Ley 10 de 1990.

PARÁGRAFO: Serán trabajadores oficiales, quienes desempeñen
cargos no directivos, destinados al mantenimiento de la planta física
hospitalaria o de servicios generales, los demás funcionarios serán
empleados públicos. La junta directiva precisará en los estatutos internos
qué actividades pueden ser desempeñadas mediante contrato de trabajo.

e) Orden de prestación de servicios, sin número ni fecha (f. 137 c.1), mediante
la cual el gerente de la ESE Hospital Local de El Retén (Magdalena) designa
al demandante como médico general del 1° al 31 de diciembre de 1997 (1
mes).

f) Acta de 1° de agosto de 1998 (f. 138 c.1), con la que el accionante tomó
posesión del empleo de médico general del Hospital de El Retén (Magdalena).

g) Por medio de Resolución 1 de 5 de enero de 2004 el gerente del Hospital
Local de El Retén (Magdalena) incorporó al actor a la planta de personal de
esa Empresa Social del Estado, sin solución de continuidad, y advirtió que
aquel contaba con derechos de carrera administrativa desde el «28 de
diciembre de 1993» (sic) [ff. 28 y 29 c.1].

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Expediente: 47001-23-33-000-2017-00193-01 (6146-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Adalberto Orozco Galindo contra la ESE Hospital Local de El Retén

h) Sentencia de tutela proferida el 22 de agosto de 2006 por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Aracataca, confirmada el 26 de septiembre siguiente
por el Juzgado Civil del Circuito de Fundación, por la cual se ordena al
gerente de la ESE Hospital Local de El Retén (Magdalena) actualizar al actor
en el registro público de carrera administrativa.

i) Certificación expedida el 25 de mayo de 2015 por la asistente
administrativa de la ESE accionada, que da cuenta de la asignación salarial
que devengó el demandante en condición de médico general entre 1998 y
2007 (ff. 30 y 31 c.1).

j) Extracto de aportes a pensión del fondo BBVA Horizonte (f. 32 c.1),
conforme al cual el Hospital Local de El Retén (Magdalena) cotizó para el
actor por concepto de pensión entre julio de 2002 y diciembre de 2004 sobre
el salario mínimo.

k) Acta de posesión del accionante como alcalde del municipio de El Retén
(Magdalena) el 1° de enero de 2008 (f. 16 c.1).

l) Escrito de 18 de enero de 2017, a través del cual el actor pidió de la ESE
Hospital Local de El Retén (Magdalena) el pago de la pensión sanción
prevista en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 (ff. 11 y 12 c.1), lo que le
fue negado con oficio de 2 de febrero siguiente, emanado del gerente de la
demandada (ff. 13 y 14 c.1), porque para obtener la prestación reclamada
tiene que existir «despido» y el accionante renunció en forma voluntaria;
además, debió «[…] TRABAJAR PARA EL MISMO EMPLEADOR
DURANTE 10 AÑOS O MÁS Y MENOS DE 15, en relación con este requisito
de acuerdo con […] ACTA DE POSESIÓN de fecha 1 de agosto de 1998, al
mes de Abril de 2007, el reclamante alcanza solamente 8 años y 9 meses,
razón por la cual no se cumple con el requisito de 10 años […]» (sic).

De las pruebas anteriormente relacionadas se colige que (i) el demandante
nació el 19 de noviembre de 1953; (ii) prestó servicios como médico general
para el municipio de Aracataca desde el 18 de junio de 1992 hasta el 30 de
junio de 1996, afiliado a la «CAJA DE PENSIÓN MUNICIPAL»; mediante
orden de prestación de servicios al Hospital Local de El Retén del 1° al 31 de
diciembre de 1997 y desde el 1° de agosto de 1998 fue nombrado en el
mencionado empleo de esa misma Empresa Social del Estado; (iii) a través de
Resolución 1 de 5 de enero de 2004, el gerente del Hospital Local de El Retén
(Magdalena) lo incorporó a la planta de personal de la ESE, sin solución de

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Expediente: 47001-23-33-000-2017-00193-01 (6146-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Adalberto Orozco Galindo contra la ESE Hospital Local de El Retén

continuidad, y advirtió que contaba con derechos de carrera administrativa
desde el «28 de diciembre de 1993» (sic); (iv) entre julio de 2002 y diciembre
de 2004 la accionada efectuó aportes a pensión en nombre del demandante a
BBVA Horizonte sobre un salario mínimo; y (v) el 1° de enero de 2008 el
actor se posesionó como alcalde de El Retén (Magdalena).

Asimismo, se encuentra acreditado que, por medio de Decreto 1095 de 30 de
diciembre de 1996 del gobernador del Magdalena, creó y organizó como
empresa social del Estado al Hospital Local de El Retén (Magdalena) y que,
por regla general, sus servidores son empleados públicos y, por excepción,
trabajadores oficiales, quienes desempeñan cargos no directivos, destinados al
mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales.

En el asunto sub examine el demandante aduce que se le debe reconocer la
pensión sanción prevista en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, ante la falta
de afiliación al sistema general de pensiones por parte del empleador.

Al respecto, se precisa que la Ley 171 de 19613 dispuso, en su artículo 8°.,
una pensión a favor de los trabajadores vinculados mediante contrato de
trabajo, en los siguientes términos:

El trabajador que sin justa causa sea despedido del servicio de una
empresa de capital no inferior a ochocientos mil pesos ($800.000.00),
después de haber laborado para la misma o para sus sucursales o
subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años,
continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de la
presente ley, tendrá derecho a que la empresa lo pensione desde la fecha
de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de
edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al
despido.

Si el retiro se produjere por despido sin justa causa después de quince
(15) años de dichos servicios, la pensión principiará a pagarse cuando el
trabajador despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad o desde la
fecha de despido, si ya los hubiere cumplido. Si después del mismo
tiempo el trabajador se retira voluntariamente, tendrá derecho a la
pensión pero solo cuando cumpla sesenta (60) años de edad.

La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de
servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso
de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena
establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y se

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«Por la cual se reforma la Ley 77 de 1959 y se dictan otras disposiciones sobre pensiones».

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liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último
año de servicio.

En todos los demás aspectos la pensión aquí prevista se regirá por las
normas legales de la pensión vitalicia de jubilación.

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a los
trabajadores ligados por contrato de trabajo con la administración pública
o con los establecimientos públicos descentralizados, en los mismos
casos allí previstos y con referencia a la respectiva pensión plena de
jubilación oficial.

Conforme a la citada norma, las condiciones exigidas para otorgar una
pensión en los términos de la Ley 171 de 1961, eran las siguientes: (i) tener la
calidad de trabajador de los sectores privado o público, vinculado por contrato
de trabajo; (ii) haber sido despedido sin justa causa, para lo cual debería
contar con a) más de 10 y menos de 15 años de servicios y 60 de edad, o b)
más de 15 años de servicios y 50 de edad; o, en su defecto, (iii) tener más de
15 años de servicio, cuando el retiro fuere voluntario, evento en el cual el
derecho se causaría cuando el trabajador alcanzara los 60 de edad.

Por su parte, la Ley 50 de 1990, «[p]or la cual se introducen reformas al
Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones», previó:

ARTÍCULO 37. El artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo,
subrogado por el artículo 8o. de la ley 71 de 1961, quedará así:

ARTÍCULO 267. Pensión después de diez y de quince años de servicio.
En aquellos casos en los cuales el trabajador no esté afiliado al Instituto
de Seguros Sociales, ya sea porque dicha entidad no haya asumido el
riesgo de vejez, o por omisión del empleador, el trabajador que sin justa
causa sea despedido después de haber laborado para el mismo empleador
o para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y
menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o
posteriores a la vigencia de la presente ley, tendrá derecho a que dicho
empleador lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces
tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que
cumpla esa edad con posterioridad al despido.

Si el retiro se produjere por despido sin justa causa después de quince
(15) años de dichos servicios, la pensión principiará a pagarse cuando el
trabajador despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad o desde la
fecha del despido, si ya los hubiere cumplido. Si después del mismo
tiempo el trabajador se retira voluntariamente, tendrá derecho a la
pensión pero sólo cuando cumpla sesenta (60) años de edad.
[…].

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Adalberto Orozco Galindo contra la ESE Hospital Local de El Retén

Posteriormente, la Ley 100 de 1993, «[p]or la cual se crea el sistema de seguridad
social integral y se dictan otras disposiciones», preceptuó:

ARTÍCULO 133. PENSIÓN SANCIÓN. El artículo 267 del Código
Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 50 de
1990, quedará así:

El trabajador no afiliado al Sistema General de Pensiones por omisión
del empleador, que sin justa causa sea despedido después de haber
laborado para el mismo empleador durante diez (10) años o más y menos
de quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a
la vigencia de la presente Ley, tendrá derecho a que dicho empleador lo
pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos
sesenta (60) años de edad si es hombre, o cincuenta y cinco (55) años de
edad si es mujer, o desde la fecha en que cumpla esa edad con
posterioridad al despido.

Si el retiro se produce por despido sin justa causa después de quince (15)
años de dichos servicios, la pensión se pagará cuando el trabajador
despedido cumpla cincuenta y cinco (55) años de edad si es hombre, o
cincuenta (50) años de edad si es mujer, o desde la fecha del despido, si
ya los hubiere cumplido.
[…]

PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo se
aplicará exclusivamente a los servidores públicos que tengan la calidad
de trabajadores oficiales y a los trabajadores del sector privado.

PARÁGRAFO 2o. Las pensiones de que trata el presente artículo
podrán ser conmutadas con el Instituto de Seguros Sociales.
[…] (subrayas de la Sala).

Los apartes subrayados de la precitada norma fueron declarados exequibles
por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-372 de 21 de julio de
19984, en la cual se dijo:

Para declarar la exequibilidad de los apartes demandados, basta remitirse
a las consideraciones hechas por la Corte Constitucional, en la sentencia
No. C-664 de 1996:

"Empero, dado que la misma norma cuestionada versa sobre la
consecuencia que se genera con ocasión del despido de un trabajador
vinculado por contrato de trabajo, sin tener en cuenta la situación de
afiliación o no al Seguro Social, resulta procedente el examen de fondo
de la cuestión planteada, toda vez que el demandante pretende que dicha

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Magistrado ponente Fabio Morón Díaz.

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Expediente: 47001-23-33-000-2017-00193-01 (6146-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Adalberto Orozco Galindo contra la ESE Hospital Local de El Retén

disposición se haga extensiva igualmente a todos los servidores públicos
frente a la circunstancia del retiro ilegal o sin justa causa y sin que se
tenga en cuenta su vinculación contractual o legal o reglamentaria con la
administración pública en todos los niveles, lo cual amerita el análisis
material de constitucionalidad.

"Nuestra Carta Política de 1991 estableció en forma meridiana que los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con
excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

"Consecuente con lo anterior, es permisible que en la administración
pública, determinados trabajadores se vinculan a ella a través de una
relación legal o reglamentaria o en virtud de un contrato de trabajo, en la
misma forma, para este último caso, que los trabajadores particulares.

"Los servidores públicos vinculados a través de la relación legal por el
sistema de mérito o considerados de libre nombramiento y remoción de
acuerdo con la ley, tienen un régimen laboral totalmente diferente al que
existe para los trabajadores oficiales vinculados por una situación
contractual, y por consiguiente todo lo relacionado con el sistema de
ingresos, permanencia, retiro y régimen prestacional no es el mismo. Ya
se ha dicho por esta Corporación cómo el principio de igualdad de que
trata el artículo 13 de la Carta Política, no puede aplicarse sino a
situaciones idénticas (sentencia No. C-410 de 1994, MP. Dr. Carlos
Gaviria Díaz).

"En el presente asunto no siendo idéntica la situación de unos
trabajadores y otros, mal podría como se pretende en la demanda, que se
otorgue el mismo trato a los empleados públicos regidos por relación
legal y a los trabajadores oficiales vinculados por contrato de trabajo,
pues ello equivaldría a eliminar la forma de vinculación, permanencia y
retiro de los mismos, no obstante, que como se ha dicho, el legislador
puede establecer distintas clases de regímenes respecto de los
trabajadores del Estado. Por consiguiente, el cargo no está llamado a
prosperar.

"No obstante lo expresado, adicionalmente cabe advertir que tampoco
resultan acertadas las apreciaciones que se hacen en la demanda, en el
sentido de que la supresión de cargos y la remoción de los empleados de
carrera afecta derechos de los servidores del Estado para los efectos del
reconocimiento del tiempo servido, toda vez que en el evento de que
estos sean retirados con violación de las normas superiores de derecho,
pueden obtener a través de la acción laboral correspondiente que el
tiempo durante el cual estuvieron cesantes a causa de la desvinculación
ilegal se tenga en cuenta para los efectos prestacionales como la pensión
de jubilación, la cesantía y los demás derechos inherentes de carácter
laboral"

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Se concluye de la cita jurisprudencial que precede que los empleados
públicos, regidos por una relación legal y reglamentaria, tienen un trato
diferente al de los trabajadores oficiales vinculados por contrato laboral,
porque los primeros gozan de un régimen diferente, en el cual, en caso de
violación de sus derechos salariales o prestacionales, pueden acudir ante esta
jurisdicción y, por ejemplo, hacer valer el tiempo durante el cual estuvieron
cesantes a causa de su desvinculación, para efectos laborales.

En ese sentido, no existe duda de que la pensión sanción, contemplada,
incluso desde la Ley 171 de 1961, cuando no es afiliado al sistema general de
pensiones por omisión del empleador, ha estado estatuida para quienes tengan
la calidad de trabajadores oficiales y del sector privado.

Ahora bien, pese a que las pruebas aportadas expresamente dan cuenta de que el
accionante tuvo la calidad de empleado público, inscrito en el sistema de carrera
administrativa, la Sala procede a efectuar el correspondiente análisis normativo.

La Constitución Política de 1991 dispuso, en su artículo 123, que «[s]on
servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados
y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y
por servicios». A su vez, el artículo 5 del Decreto ley 3135 de 19685 preceptuó
que «[l]as personas que prestan sus servicios en los Ministerios;
Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos
son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y
sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales», y quienes «[…]
prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas
precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas
por personas que tengan la calidad de empleados públicos».

Por otra parte, la Ley 100 de 1993, en lo concerniente al régimen jurídico de las
empresas sociales del Estado del sector salud, estableció (artículo 195, numeral
5) que «[l]as personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de
empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del
Capítulo IV de la Ley 10 de 1990». A su turno, la Ley 10 de 1990, «[p]or la
cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras
disposiciones», clasificó los empleos del sector salud así:

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«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».

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ARTÍCULO 26.- En la estructura administrativa de la Nación, de las
entidades territoriales o de sus entidades descentralizadas, para la
organización y prestación de los servicios de salud, los empleos pueden ser
de libre nombramiento y remoción o de carrera.

Son empleos de libre nombramiento y remoción:
[…]

Todos los demás empleos son de carrera. Los empleados de carrera, podrán
ser designados en comisión, en cargos de libre nombramiento y remoción,
sin perder su pertenencia a la carrera administrativa. Ver Ley 443 de 1998.

PARÁGRAFO. - Son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos
no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o
de servicios generales, en las mismas instituciones.
[…].

ARTÍCULO 27.- Régimen de carrera administrativa. A los empleos de
carrera administrativa de la Nación, de las entidades territoriales, y de las
entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo, para la
organización, administración y prestación de los servicios de salud, se
aplicará el régimen previsto en la Ley 61 de 1987 y en el Decreto 694 de
1975, incluidas las normas sobre calificación de servicios, en cuanto sea
compatible con dicha ley y con lo previsto en la presente.
[…]

A los empleados de las entidades territoriales o de sus entes
descentralizados, que al entrar en vigencia esta Ley, se encuentren
desempeñando un cargo de carrera, sin estar inscritos en la misma, se les
aplicará lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 61 de 1987, pero, se
podrán tener en cuenta, además del manual general de funciones que para
el sector salud expida el Gobierno Nacional, los manuales específicos de
cada entidad.

Los municipios deberán acogerse al régimen de carrera administrativa, a
más tardar el 30 de julio de 1991, y las demás entidades territoriales, antes
del 30 de diciembre de 1990.
[…]

Así las cosas, comoquiera que de los actos de nombramiento y certificaciones
aportados se desprende que el actor desempeñó funciones de médico general, es
decir, que no estaban destinadas al mantenimiento de la planta física
hospitalaria o de servicios generales e, incluso, se encontraba inscrito en carrera
administrativa, no tuvo la calidad de trabajador oficial, sino que se trataba de un
empleado público.

Como corolario de lo expuesto, al ser evidente que el actor no colma los

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requisitos señalados en la normativa que estableció la pensión sanción
deprecada (que exige un vínculo laboral por contrato de trabajo), a la
Administración no le era dable reconocerla, por lo que el acto administrativo
acusado conserva su presunción de legalidad.

Pese a lo anterior, resulta procedente mencionar que en sentencia de
unificación6 de esta sección segunda del Consejo de Estado, en la que se
resolvió una controversia concerniente a un contrato realidad, se aclaró que no
es aplicable la prescripción extintiva «[…] frente a los aportes para pensión, en
atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época […]». En este orden, las reclamaciones de los
aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social, por su
carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no
solo de la prescripción extintiva, sino de la caducidad del medio de control; por
ende, «[…] pueden ser solicitados y demandados en cualquier momento,
puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los respectivos
aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede
repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas […]»,
por lo que el actor está legitimado para pedir de la demandada, en cualquier
tiempo, el pago de los aportes a pensión que no se le han efectuado e incluso
aquellos que fueron incompletos.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que
negó las pretensiones de la demanda.

Por último, comoquiera que quien se halla habilitado legalmente para ello
confirió poder en nombre de la Empresa Social del Estado Hospital Local de
El Retén (Magdalena), se reconocerá personería al profesional del derecho
destinatario de aquel7.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

6
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, expediente 23001-
23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
7
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.

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FALLA:

1°. Confírmase la sentencia de 26 de junio de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, mediante la cual negó las súplicas de la
demanda dentro del proceso instaurado por el señor Adalberto Orozco Galindo
contra la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Local de El Retén
(Magdalena), por las razones expuestas en la parte motiva.

2°. Reconócese personería al abogado Jhon Jairo Herrera Ríos, con cédula de
ciudadanía 73.578.112 y tarjeta profesional 129.301 del Consejo Superior de
la Judicatura, para representar a la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital
Local de El Retén (Magdalena), en los términos del poder obrante en el
sistema de gestión judicial SAMAI.

3°. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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