Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00244-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00244-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2017-00244-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
21 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47001-23-33-000-2017-00244-01 (0968-2023)
Demandante: Emerys del Portillo Simanca
Demandada: E.S.E. Hospital Local de Tenerife Magdalena y otro
Temas: Cesantías anualizadas. Sanción moratoria. Sector Salud
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 10 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Emerys del Portillo Simanca, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011, formuló las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad parcial del oficio sin fecha, por el cual se da respuesta al
derecho de petición radicado el 6 de mayo de 2016, por estar viciado de falsa
motivación.
Que, a título de restablecimiento del derecho se condene: i) a la demandada al
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, iguales al valor diferencial que
se obtenga como resultado de liquidar de manera retroactiva el periodo entre el 1
de junio de 1977 y el 31 de octubre de 2014, tomando como base el último salario
devengado por la actora; y ii) al pago de la sanción moratoria por la no cancelación
oportuna de las cesantías definitivas.
Que las sumas a que se condene a pagar, sean indexadas al momento de la
sentencia, de acuerdo con los artículos 192 y siguientes del CPACA y que se
condene en costas y en agencias en derecho a la demandada y que se dé
cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 195 y siguientes del
CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la demandante se vinculó al Hospital Regional Fray Luis de Plato Magdalena,
desde el 6 de julio de 1977, en el cargo de Auxiliar de Enfermería.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Que, el 7 de abril de 1997 fue vinculada, sin solución de continuidad, a la E.S.E
Hospital Local de Tenerife, en el cargo de Auxiliar de Enfermería hasta el 1º de
octubre de 2014.
Que el 6 de mayo de 2016, solicitó al Hospital Local de Tenerife, el reconocimiento
y pago de las cesantías definitivas de manera retroactiva, teniendo en cuenta el
tiempo laborado en ambas entidades.
Que, por medio de oficio del 13 de junio de 2016, la Gerente del Hospital Local de
Tenerife, respondió accediendo al reconocimiento del derecho pretendido por la
demandante; sin embargo, adujo que la entidad estaba a la espera de los recursos
necesarios para el pago de las cesantías retroactivas de todo el personal que
ingresó antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993.
Que, hasta la fecha, la demandada no ha realizado el pago de las cesantías
definitivas de manera retroactiva.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto del 29 de septiembre del 2017, se admitió la demanda y se notificó a
las demandadas.
En audiencia inicial celebrada el 17 de septiembre de 2019 se ordenó la vinculación,
como demandado, de la ESE Fray Luis de León Plato – Magdalena.
En la oportunidad, la E.S.E Hospital Local de Tenerife se opuso a las
pretensiones, manifestando que, para el periodo del 1 de junio de 1977 al 31 de
diciembre de 1996, no fue el patrono de la demandante, pues ella se encontraba
vinculada a la E.S.E Fray Luis de León, por lo que el nuevo ciclo lo inició a partir del
7 de abril de 1997.
Que la E.S.E Fray Luis de León, canceló las respectivas cesantías a la actora,
causadas a 31 de diciembre de 1993, mediante contrato de concurrencia No. 001
de 2009 entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento del
Magdalena y la E.S.E.
Que operó la prescripción del derecho pretendido, pues la demandante debió
reclamar la retroactividad de sus cesantías dentro de los 3 años siguientes al cambio
de patrono y no lo hizo.
Que, en consecuencia, propuso como excepciones: inexistencia de la obligación,
prescripción, caducidad y buena fe, argumentando que cuando la demandante se
vinculó a la E.S.E Local de Tenerife, ya había entrado en vigencia la Ley 344 de
1996, la cual prohibía a las entidades públicas el pacto de retroactividad con sus
empleados.
A su turno, el Hospital Fray Luis de León, igualmente se opuso a las pretensiones,
considerando que el 27 de mayo de 2010, todas las cesantías le fueron giradas a la
demandante a través del Fondo Nacional del Ahorro, en cumplimiento del convenio
de concurrencia No.001 de 2009, por lo que, a la fecha, no existe suma adeudada
a la actora.
Que la prescripción opera toda vez que, el contrato de concurrencia fue firmado el
21 de agosto de 2009 y el pago de las cesantías a la actora fue el 27 de mayo de
2010, por lo que debió presentar reclamación administrativa dentro de los 3 años
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siguientes a la cancelación de la prestación.
Que de acuerdo por el Decreto 0700 de 0213, las E.S.E, no están llamadas a
responder por el pasivo prestacional del sector salud, causado hasta el 31 de
diciembre de 1993.
Por último, propuso como excepciones: inexistencia de la obligación por pago, falta
de requisito de procedibilidad para el ejercicio del medio de control, falta de
legitimación en la causa por pasiva, prescripción, inexistencia de la obligación frente
al pago de la sanción moratoria, caducidad y buena fe.
En auto del 11 de diciembre de 2020, se dispuso dictar sentencia anticipada y se
incorporaron pruebas y, en proveído del 21 de junio de 2021, se corrió traslado para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia del 10 de agosto de 2022,
negó las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que la demandante estuvo laborando sin solución de continuidad para la
E.S.E Fray Luis de León desde el 1 de junio de 1977 hasta el 31 de diciembre de
1996 y posteriormente fue vinculada a la E.S.E Local de Tenerife desde el 1 de
enero de 1997 hasta el 31 de octubre de 2014, en el cargo de Auxiliar de Enfermería.
Que, mientras estuvo vinculada al Hospital Fray Luis, fue beneficiaria del régimen
retroactivo de cesantías, pues su vinculación fue anterior al 30 de diciembre de
1996, por lo que la normatividad aplicable con ocasión a dicho empleador es la Ley
6 de 1945 y demás normas concordantes.
Que la E.S.E Fray, en virtud del contrato de concurrencia 001 de 2009, canceló las
cesantías definitivas a la accionante, por un valor de $11´231.965, consignándolas
en la cuenta individual del Fondo Nacional del Ahorro de la demandante, quien
posteriormente retiró dicho monto.
Que, en atención a la segunda vinculación, el régimen aplicable es el anualizado,
debido a que se observa una ruptura del vínculo laboral entre uno y otro empleo,
debido al retiro definitivo de la E.S.E Fray, por lo que no puede hablarse de una
acumulación de tiempos de servicio, ya que, al iniciar su nueva vinculación, se
encontraba vigente la Ley 344 de 1996.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante afirmó que el Tribunal incurrió en una imprecisión e indebida
interpretación del régimen prestacional aplicable.
Que, nunca renunció expresamente al régimen de retroactividad de las cesantías y
que no existe prueba en el expediente que demuestre que lo hizo, por lo que el
Tribunal no debió haberlo inferido.
Que sus cesantías deben liquidarse de manera retroactiva, debido a su vinculación
laboral, por lo que, para efectos de liquidar la prestación por el tiempo de servicio,
se debe tener en cuenta el último sueldo devengado.
Que, de acuerdo con el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, el Fondo Prestacional
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del Sector Salud asumiría el costo adicional generado por concepto de
retroactividad de las cesantías de dicho gremio.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
En auto del 3 de marzo de 2023 se admitió el recurso de apelación.
La E.S.E Hospital Local de Tenerife, presentó alegatos de conclusión solicitando
sea confirmada la sentencia de primera instancia, pues la misma se ajusta a
derecho.
Que a la demandante no le es aplicable el régimen de cesantías retroactivas, pues
su vinculación se dio a partir del 1 de enero de 1997, cuando ya estaba vigente la
Ley 100 de 1993, normatividad que prohíbe el régimen retroactivo en materia de
cesantías para los servidores públicos afiliados en dicha época.
Que no es posible la acumulación de tiempos de servicio por estar ante
empleadores distintos.
Que se encuentra probado que la accionante en el año 1999 realizó un retiro parcial
de cesantías por un valor de $1.106.046 y para el año 2010 un retiro de sus
cesantías acumuladas por valor de 11´503.640.
Que conforme jurisprudencia de esta Corporación, los servidores públicos
territoriales del sector salud, gozan del sistema de cesantía bajo el régimen de
retroactividad, siempre y cuando su vinculación haya sido antes de la entrada en
vigencia de la Ley 10 de 1990 y 100 de 1993, no siendo el caso de la demandante,
quien se vinculó con posterioridad a dichas normas.
El demandante no presentó alegatos de conclusión y el Ministerio Público no emitió
concepto alguno.
CONSIDERACIONES
Problema jurídico
El problema jurídico se resume en determinar si la demandante tiene derecho a la
reliquidación de sus cesantías conforme al régimen de retroactividad.
Régimen de Cesantías con Retroactividad / Servidores públicos que integran
los Servicios Seccionales de Salud
La Ley 6.ª de 1945 En el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año. Y el artículo 17, literal
a), de dicha norma, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados
y obreros nacionales de carácter permanente.
El Decreto 1160 de 1947, en su artículo 6.º señaló que para liquidar las cesantías
se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido
modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo
devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a
ese lapso.
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El Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de los objetivos
que estableció para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: «pagar
oportunamente el auxilio de cesantías a empleados públicos y trabajadores
oficiales»1, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria» 2. Con tales
finalidades, el artículo 3.º del decreto en mención determinó que las cesantías de
los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas
al Fondo. Igualmente, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión
Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de
los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.
Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 de la citada norma empezó el llamado
«desmonte del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la
liquidación anual de esta prestación para los empleados y trabajadores de las
entidades aludidas previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo
laborada durante el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales
del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure
a favor de cada empleado.
Por su parte, el Decreto 432 de 1998, mantuvo el objetivo de administrar, de manera
eficiente, las cesantías 3, y, dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese
auxilio a los afiliados, al igual que la protección contra la pérdida de su valor
adquisitivo4. Además, en los artículos 6.º y 7.º, se fijó un monto por concepto de
intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de
cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.
La Ley 344 de 1996, dio un paso adicional encaminado a generalizar el sistema de
liquidación anual del auxilio de cesantías para los servidores públicos, al consagrar,
en su artículo 13, lo siguiente:
Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo
estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la
presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades
del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin
perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la
terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre
cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen
que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente
artículo; (negrilla de la Sala).
La norma vigente a la fecha de expedición de la norma previamente citada, que
estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo
99 consagró:
1
Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
2
Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
3
Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
4
Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
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Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá
las siguientes características:
1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin
perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la
terminación del contrato de trabajo.
2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12%
anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas
vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la
suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del
15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del
trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador
que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por
cada retardo.
4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a
favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el
empleador se los pagará directamente con los intereses legales
respectivos. (Negrilla de la Sala).
El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de
la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que debía remitirse a efecto de la
liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es
la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de
los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5.º y
siguientes.
No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al
31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les
continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores 5.
En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos 6 se acogieran
al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían
proceder en la forma descrita en el artículo 3.º del Decreto 1582 de 1998, que es la
siguiente:
Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con
régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de
cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías
a la fecha de la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la
administradora seleccionada por el trabajador;
5
Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y
el Decreto 1160 de 1947.
6
Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.
6
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c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales
podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se
acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la
liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más
adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios
para su expedición (se resalta).
Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva
de cesantías se les sigue garantizando éste, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 2.º del Decreto 1252 de 2000 7 y 3.º del Decreto 1919 de 20028.
Las cesantías de los servidores públicos que integran los Servicios
Seccionales de Salud se liquidan con aplicación del régimen retroactivo previsto
en las Leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946. Pues son empleados del orden territorial ya
que «los Servicios Seccionales de Salud son dependencias administrativas de los
Departamentos y sus servidores son empleados departamentales», según lo
expuesto por esta Corporación. 9 Dicho régimen cambió con la Ley 10 de 1990 10,
pues a partir de la entrada en vigencia de esta norma, se les aplica el mismo sistema
de los servidores del orden nacional, es decir, el anualizado. Situación ratificada con
la expedición de las Leyes 60 y 100 de 1993.
La Ley 60 de 1993 11 creó el Fondo Prestacional del Sector Salud con el fin de
garantizar el pago de las deudas prestacionales por concepto de cesantías,
reservas para pensiones y pensiones de jubilación en favor de los servidores
pertenecientes a las entidades de salud. En su artículo 33, parágrafo 2, dispuso:
«[…] El Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales, Distritales y
Municipales podrán emitir bonos de reconocimiento u otros títulos de deuda
pública para pagar el pasivo prestacional según reglamento que para el efecto
se expida. Los pagos del pasivo prestacional por cesantías y pensiones podrán
ser hechos a los fondos privados de cesantías y pensiones, a las cajas de
previsión, al Instituto de los Seguros Sociales o a los fondos territoriales que para
el efecto se creen, y en todos los casos se entenderá que en la fecha de los
pagos del pasivo prestacional causado se interrumpe cualquier retroactividad
con cargo a la Nación, a las entidades territoriales o a la entidad de prestación
de servicios de salud que corresponda […]». (se resalta)
Por su parte, el artículo 242 de la Ley 100 de 1993 señaló que el Fondo debía
asumir el costo adicional generado por concepto de la retroactividad de las
cesantías del sector salud, así:
«[…] El fondo del pasivo prestacional para el sector salud, de que trata la Ley
60 de 1993, cubrirá las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral por
pensiones de jubilación causado a 31 de diciembre de 1993.
El costo adicional generado por concepto de la retroactividad de cesantía del
sector salud que a la vigencia de esta ley tienen derecho a ello, conforme al
7
«Artículo 2.- Los servidores públicos que, a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas
continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica
dicha modalidad prestacional.»
8
«Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán
disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.»
9
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente C-231. Sentencia de 4 de mayo de 1993.
10
«Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones».
11
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288
de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones».
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artículo 33 de la Ley 60 de 1993, y para los fines previstos en ésta, será
asumido por el fondo del pasivo prestacional y las entidades territoriales, en
los plazos y términos de concurrencia que establece la misma ley.
A partir de la vigencia de la presente ley no podrán reconocerse ni pactarse
para los nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de
cesantía a ellos aplicable.
[…]
PARÁGRAFO: Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo,
entiéndase por cesantías netas, las cesantías acumuladas menos las
pagadas a 31 de diciembre de 1993 […]».
Con la extinción del referido Fondo, el artículo 61 de la Ley 715 de 2001 previó que,
a partir de su vigencia, la responsabilidad prestacional recaería en el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. Norma reglamentada por el Decreto 306 de 2004 que
en su artículo 3º reguló:
«Artículo 3°. Reconocimiento del pasivo prestacional. El pasivo prestacional
que a la entrada en vigencia del presente decreto aún no hubiere sido
reconocido por el entonces Ministerio de Salud en calidad de administrador
del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, será reconocido
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante acto administrativo.
Para continuar con la ejecución de los contratos de concurrencia que fueron
suscritos por el Ministerio de Salud antes de entrar en vigencia la Ley 715 de
2001 y para la suscripción de los nuevos contratos, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público podrá:
a) Revisar los cálculos actuariales de cada institución hospitalaria teniendo en
cuenta únicamente el pasivo legal calculado a 31 de diciembre de 1993;
b) Revisar y modificar las certificaciones de beneficiarios expedidas por el
entonces Ministerio de Salud verificando que los reconocimientos
prestacionales estén ajustados a las normas legales y convencionales que
regían a la fecha del cálculo del pasivo para cada una de estas instituciones;
c) Expedir o modificar los actos administrativos de reconocimiento del monto
del pasivo, de beneficiarios y de porcentajes de concurrencia;
d) Establecer o modificar en concertación con los entes territoriales, los plazos
y los mecanismos para el pago de las obligaciones;
e) Celebrar los contratos que se encuentran pendientes o suscribir los
modificatorios de los que se encuentran en ejecución, de acuerdo con las
revisiones efectuadas. En los convenios o sus modificatorios deberán incluirse
los mecanismos de actualización de los montos de la concurrencia a la fecha
de pago de las mismas.
Parágrafo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá reconocer,
suscribir contratos y pagar el pasivo prestacional de cesantías y pensiones en
actos separados. Igualmente, el Ministerio podrá hacer contratos donde se
incluyan parcialmente beneficiarios ya reconocidos.»
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El Decreto 0700 de 2013 12 determinó que el pago de dichas prestaciones radica en
cabeza de la Nación y las entidades territoriales, obligación de la que se excluyó a
las instituciones de salud, a raíz de la decisión proferida por el Consejo de Estado
el 21 de octubre de 2010. 13
Respecto al pago de las cesantías del personal que no haga parte del pasivo, éste
se hará con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones de Salud
y deben ser giradas directamente por la Nación a los Fondos de pensiones y
cesantías. Así lo señaló el artículo 58 de la Ley 715 de 2001.
«Artículo 58. De los aportes patronales. Las sumas correspondientes a los
recursos que las entidades territoriales y sus entes descentralizados, deben
destinar como aportes patronales de los empleados del sector salud, que se
venían financiando con los recursos del situado fiscal, deberán ser pagadas
con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones de salud y
deben ser giradas directamente por la Nación a los Fondos de Pensiones y
Cesantías, Administradoras de Riesgos Profesionales y a las Entidades
Promotoras de Salud a las cuales se encuentren afiliados los trabajadores.».
Resolución al caso concreto
Se encuentra acreditado que la señora Emerys del Portillo Simanca laboró para el
sector salud en dos ocasiones: vinculada a la E.S.E Hospital Fray Luis de León
desde el 1 de junio de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1996 y, a la E.S.E Hospital
Local de Tenerife desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de octubre de 2014.
Que, según extracto individual de cesantías emitido por el Fondo Nacional del
Ahorro, la demandante realizó retiro de cesantías parciales el 24 de noviembre de
1999, por valor de 1´106.04614.
Que, tratándose del FNA, el régimen prestacional que se utilizó para liquidar las
cesantías a la actora es el anualizado, conforme a los establecido en su Decreto de
creación 3118 de 1968.
Que, la E.S.E Hospital Fray Luis de León canceló las cesantías adeudadas a la
actora, en virtud del contrato de concurrencia 001 de 2009 15, celebrado con la
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento del
Magdalena, por un valor de 11´231.965, monto que fue consignado al FNA y cuya
constancia reposa en certificación emitida por éste, bajo el ítem de “Traslado de
vigencias anteriores”16.
Que, si bien no existe prueba de la fecha exacta de afiliación de la accionante al
Fondo Nacional del Ahorro -FNA-, es posible inferir su vinculación, ya que a través
de dicha entidad la demandante logró el reconocimiento de las cesantías parciales
solicitadas en 1999, así como el reconocimiento y pago en el año 2010 de las
cesantías acumuladas de vigencias anteriores.
Que no obstante lo anterior, la demandante no cuestionó los actos administrativos
de reconocimiento de las cesantías por parte del Fondo, en el que, se itera, aquellas
fueron liquidadas de manera anualizada y no bajo el régimen de retroactividad.
12
«Por el cual se reglamentan los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001.».
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Radicado: 11001-03-25-000-2005-00125-00
(5242-2005) Demandante: Asociación Antioqueña de Empresas Sociales del Estado.
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SAMAI. Archivo. (ED_CORREO_RV_470012333000(.msg) NroActua 2. Archivo 10.3). del expediente digital.
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SAMAI. Archivo. (ED_CORREO_RV_470012333000(.msg) NroActua 2. Archivo 10.2). del expediente digital.
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SAMAI. Archivo. (ED_CORREO_RV_470012333000(.msg) NroActua 2. Archivo 10.3). del expediente digital.
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Que, el acto administrativo demandando es el oficio sin fecha por medio del cual la
E.S.E Hospital Local de Tenerife resuelve negativamente el derecho de petición
radicado por la actora el 6 de mayo de 2016, en el cual, solicita se liquiden sus
cesantías conforme al régimen retroactivo
Que lo expuesto, permite inferir una aceptación por parte de la accionante con
relación a la forma de liquidación de sus cesantías bajo el régimen anualizado, por
lo que, con independencia de si existe o no una ruptura en su relación laboral o una
renuncia expresa al régimen retroactivo, las cesantías le fueron liquidadas y
pagadas conforme a lo consagrado en Ley 344 de 1996, Decreto 3118 de 1968 y
demás normas concordantes.
En sentencia del 5 de abril de 2017 17, sobre el tema se pronunció la Corporación,
así:
«[…] Si bien es cierto que la demandante se vinculó al Instituto
Departamental de Salud de Norte de Santander con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993 (3 de abril de 1981), que prohibió pactar
retroactividad en el régimen de cesantías de los empleados del sector salud,
también lo es que aquellos desde su vinculación estuvieron afiliados al
sistema de liquidación y manejo de cesantías desarrollado en el Decreto
3118 de 1968 que prevé las normas sobre el auxilio de cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales, es decir, un sistema de
liquidación anual de dicha prestación.
[…]
No obstante, se reitera que, desde el momento en que aquella ingresó a la
planta de personal del mentado ente, sus cesantías fueron liquidadas bajo el
régimen anualizado. De hecho, muestra de su conocimiento al respecto, es
precisamente que hubiere efectuado retiros parciales de su prestación en
distintas anualidades, por lo cual es evidente que no pasaba por alto su
situación y la forma en que se calculaba el derecho que aquí reclama.
Tanto así, que en el plenario no se advierte ninguna reclamación presentada
por la libelista ante la administración, con el fin de controvertir la modalidad
aplicada para la liquidación de sus cesantías, pues en el sub iudice sólo se
observa una petición presentada el 23 de octubre de 2014 con dicho
propósito, cuya calenda obedece a una posterior a la de su retiro definitivo
del servicio (31 de diciembre de 2013), esto es, cuando ya había realizado
los correspondientes retiros parciales de la prestación, y se había ejecutado
la liquidación final de la misma.
De otra parte, en el escrito de alzada la libelista afirmó que en ningún
momento manifestó su voluntad o intención de renunciar al régimen
retroactivo y trasladarse al Fondo Nacional del Ahorro, situación que se
puede corroborar con la certificación expedida por la directora encargada del
Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, según el numeral
5 de la anterior relación probatoria.
Empero, esta Sala considera que estimar adecuada la mentada afirmación
como lo insta la apelante, sería tanto como asumir que en realidad debe
presumirse que le asiste el derecho de la reliquidación deprecada, y por
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de abril de
2017 Expediente: 41-001-23-33-000-2013-00135-01(4402-2014), demandante: Beatriz Beltrán Barragán.
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tanto, conllevaría a desvirtuar la presunción de legalidad del acto
administrativo que liquidó sus cesantías definitivas y de aquellos que lo
hicieron de manera parcial, bajo el supuesto entendido que el ejercicio
aritmético se realizó en atención de un régimen distinto al verdaderamente
aplicable.
Lo cual, en todo caso, carece de fundamento jurídico y probatorio, si se tiene
en cuenta que, en la referida constancia emitida por la entidad demandada,
se advirtió que «el régimen aplicado para los funcionarios del Servicio
Seccional Salud, hoy Instituto Departamental de Salud de Norte de
Santander, es el establecido por el Decreto 3118 de 1968, por el cual se crea
el Fondo Nacional del Ahorro». Como además muestra de lo propio, se
insiste, es que a la interesada se le hubieren abonado con anterioridad
ciertos rubros correspondientes a sus cesantías parciales según lo hubiere
requerido con el régimen anualizado y no lo objetó.
Ello finalmente se convierte en óbice para encontrar el sentido de la
imputación de ilegalidad de la decisión administrativa cuestionada y por
consiguiente para acceder a las pretensiones de la demanda en cuanto a la
reliquidación de sus cesantías bajo el régimen retroactivo. 18 […]».
En atención a lo expuesto, a la demandante no le asiste derecho a la reliquidación
de las cesantías conforme al régimen retroactivo de la Ley 6ª de 1945, toda vez
que, si bien se vinculó al sector salud con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, que prohibió pactar retroactividad en el régimen de cesantías ,
ella estuvo afiliada al sistema de liquidación y manejo de las cesantías desarrollado
en el Decreto 3118 de 1968 que regula un sistema de liquidación anual, frente al
cual, previamente, no presentó objeción alguna.
En ese orden de ideas, se confirmará la Sentencia de primera instancia, pero por
las razones expuestas en este proveído.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionado o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normatividad se deberá analizar la conducta
realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la
Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación que no se presenta una carencia de fundamentación legal
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2021, Expediente: 54001- 23-33-000-
2016-00164-01 (0557-2019). Demandante: Elda Libia Gómez Colmenares.
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que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, el apelante en su escrito
expuso argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
F A L L A:
Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena el 10 de agosto de 2022, que negó las pretensiones.
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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