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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2017-00212-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2017-00212-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia del 7 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. Condenar a la parte demandante en costas en esta instancia conforme a las consideraciones antedichas. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2017-00212-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

16 de abril de 2026

Radicado: 41001-23-33-000-2017-00212-01 (2829-2020)
Demandante: Deyanira Matta Páez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecinueve (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2017-00212-01 (2829-2020)
Demandante: Deyanira Matta Páez
Demandado: Departamento del Huila y E. S. E. Carmen Emilia Ospina

Temas: Régimen retroactivo de cesantías. Sector Salud. Afiliado al Fondo
Nacional del Ahorro.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 7 de noviembre de 20191, proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. La señora Deyanira Matta Páez por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2, solicitó que se declare la
nulidad de los oficios núm. 01-TH-004705-S-2016 del 25 de octubre de 2016,
2016SAL0016581-1 del 23 de noviembre de 2016 y 81013753 del 31 de octubre de
2016 que negaron el pago de las cesantías con retroactividad «desde el día 21 de
mayo de 1982 fecha en la que se posesionó en el cargo hasta el 30 de abril de 2016
fecha de terminación del vínculo laboral».

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) se liquiden y paguen «la retroactividad de las cesantías»
causadas durante el lapso indicado, tomando como base el promedio de los últimos
12 salarios y con inclusión de todos los factores salariales, ii) la actualización de la
suma reconocida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 187 y 192 del
CPACA y iii) la condena en costas.

1 Inicialmente fechada el 7 de noviembre de 2018, calenda corregida en auto del 31 de enero de 2020, visible a

folios 204 y 205 del expediente físico.
2 Folios 3 a 9 del expediente físico.

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Demandante: Deyanira Matta Páez

Hechos.

4. La señora Deyanira Matta Páez laboró en la E. S. E. Hospital Universitario de
Neiva, en el municipio de Neiva y, posteriormente, en la E. S. E. Carmen Emilia Ospina,
como auxiliar del área de la salud, cargo que desempeñó desde el 21 de mayo de 1982
hasta el 30 de abril de 2016.

5. Al haber sido nombrada empleada territorial con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 tiene derecho a que sus cesantías sean liquidadas con
retroactividad. Sin embargo, el auxilio le ha sido liquidado aplicando erróneamente el
Decreto 3118 de 1968, que empezó el desmonte de dicho régimen en el sector
nacional, sin haber manifestado de manera expresa su deseo de ser cambiada de
régimen de cesantías.

6. Desde su vinculación se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Ahorro.

7. Mediante los oficios núm. 01-TH-004705-S-2016 del 25 de octubre de 2016,
expedido por la E. S. E. Carmen Emilia Ospina y 2016SAL0016581-1 del 23 de
noviembre de 2016 y 81013753 del 31 de octubre de 2016, proferidos por el
departamento del Huila, le fueron negadas las cesantías de acuerdo con el régimen
retroactivo.

Fundamentos de derecho y concepto de violación.

8. Como disposiciones vulneradas se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29 y
121 de la Constitución Política, 33 de la Ley 60 de 1993, 242 de la Ley 100 de 1993;
las Leyes 6 de 1945, 65 de 1946, 344 de 1996, 712 de 2001 y los Decretos 2567 de
1946, 1160 de 1947, 1045 de 1978, «2712 de 1992», 1919 de 2002, 530 de 1994 y
306 de 2004.

9. Al desarrollar el concepto de violación afirmó que los actos demandados, al
negar la reliquidación de las cesantías con retroactividad, desconocen la normativa
invocada, según la cual, para poder efectuar el cambio de régimen de cesantías debe
mediar manifestación previa y por escrito.

Contestación de la demanda.

10. El departamento del Huila3 manifestó que, la demandante estuvo vinculada a la
E. S. E. Hospital Departamental Moncaleano Perdomo y no al ente territorial, por lo
tanto, no es la entidad empleadora, y, en todo caso, de condenarse a la reliquidación
de cesantías, la demanda debió dirigirse a la Nación – Ministerio de Salud – Fondo del
Pasivo de Salud, que administra el pasivo prestacional para dicho sector.

3 Folios 97 a 102 del expediente físico.

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Demandante: Deyanira Matta Páez

11. Además, los empleados de la red de salud departamental vinculados antes de
la vigencia de la Ley 100 de 1993 fueron afiliados al Fondo Nacional del Ahorro bajo
un régimen anual de cesantías.

12. Propuso, entre otras, la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.

13. La E. S. E. Carmen Emilia Ospina no contestó la demanda4.

Sentencia de primera instancia.

14. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 7 de noviembre de
5
2019 , negó las pretensiones de la demanda, tras encontrar acreditado que las
cesantías de la actora durante su vinculación (desde el 21 de mayo de 1982 hasta el
30 de abril de 2016) fueron reconocidas de manera anual y depositadas al Fondo
Nacional del Ahorro y, además, conoció de cada uno de los actos administrativos que
le liquidaron el auxilio.

15. En ese contexto, dado que la demandante desde el principio se vinculó al
mencionado fondo, el cual contempla un régimen de cesantías anualizado, no le asiste
derecho a la reliquidación del auxilio con retroactividad.

Recurso de apelación.

16. La señora Deyanira Matta Páez6 inconforme con la decisión, solicitó sea
revocada la sentencia de primera instancia, y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda, para ello adujo que desde su vinculación es beneficiaria
del régimen retroactivo de cesantías, pues fue nombrada antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y, pese a que fue afiliada al Fondo Nacional de Ahorro,
nunca manifestó su voluntad de acogerse al régimen de cesantías anualizado.

17. Adujo también, que el pasivo prestacional por concepto de cesantías de los
servidores del sector salud causadas hasta 1993 debió ser asumido por el fondo
prestacional de dicho sector, y el auxilio posterior debe ser asumido por las
instituciones de salud.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

18. Mediante auto del 29 de enero de 20217 se admitió el recurso de apelación, del
cual se corrió traslado para alegar de conclusión el 20 de mayo de 20218. Dentro de la
oportunidad legal las partes y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.

4 Verificado expediente físico.
5 Folios 178 a 191 del expediente físico.
6 Folios 197 a 202 del expediente físico.
7 Folio 219 del expediente físico.
8 Folio 221 del expediente físico.

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19. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverá la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES
Competencia.

20. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo9.

21. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso solo una de las partes
presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo
recurso.

Problema jurídico.

22. Le corresponde a la Subsección determinar, si contrario a lo decidido por el
tribunal, a la demandante le asiste derecho a que sus cesantías sean reconocidas y
pagadas con retroactividad, pese a que se encuentra afiliada desde su vinculación en
el año 1982 al Fondo Nacional del Ahorro. En caso afirmativo, se determinará la
entidad responsable.

23. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará
los siguientes temas: i) Cesantías, ii) Régimen de cesantías de los empleados que
integran los Servicios Seccionales de Salud, iii) Pago de las prestaciones sociales de
los empleados del sector salud y ii) Caso concreto.

Cesantías.

24. El auxilio de cesantías es una prestación social que se constituye como un
ahorro para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es una
ayuda económica, no solo en caso de encontrarse cesante el trabajador, sino «en lo
que concierne a educación superior y vivienda, que el trabajador tenga un respaldo
que no comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital.»10

25. La Ley 6 de 1945 en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los
trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo
por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17,

9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10 SU 448 de 2016, SU 098-18.

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literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y
obreros nacionales de carácter permanente11.

26. Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 extendió el auxilio de cesantías para los
empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder
público, concretamente en su artículo 6, consagró que para liquidar las cesantías se
tomará como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones
en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los
últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.

Régimen de cesantías de los empleados que integran los Servicios
Seccionales de Salud.

27. Con el Decreto Ley 3118 de 1968, se creó el Fondo Nacional del Ahorro12, que
se encargaría de administrar las cesantías de los empleados públicos y trabajadores
de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del orden
nacional. Para lo cual, en el artículo 27, se estableció un régimen anualizado13.

28. La consignación de la prestación se dirige a cuentas individuales de los
empleados tal como lo dispusieron los artículos 3414 y 4915 ibidem.

29. Lo expuesto, corresponde a la constitución del régimen anualizado de cesantías
especial bajo la administración de dicho fondo, que hoy subsiste, conforme la Ley 432
de 1998, y que regula de forma diferente la causación de los intereses de esa
prestación, así como el destino de éstos.

11 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
12 Artículo 1° del mencionado Decreto.
13 Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1 de enero de 1969, los ministerios,

departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del Estado, liquidarán las cesantías que anualmente se causen en favor de sus trabajadores o
empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse, aunque en años posteriores varíe
la remuneración del respectivo empleado o trabajador.
14 Artículo 34. Cuentas de los trabajadores. El Fondo Nacional de Ahorro acreditará en la cuenta de cada

empleado público o trabajador oficial el valor de las cesantías definitivamente liquidadas en 31 de diciembre de
1968 y en cada uno de los años siguientes, el de los ahorros voluntarios y convencionales y el de los intereses
causados. También se llevará la cuenta de las cantidades que se entreguen al trabajador para los fines y con
sujeción a las condiciones y requisitos establecidos en el presente Decreto.
15 Artículo 49. Consignaciones anuales. La Nación, los establecimientos públicos y las empresas industriales y

comerciales del Estado deberán consignar en el Fondo Nacional de Ahorro las cesantías que a partir del 1o. de
enero de 1969 se causen en favor de sus empleados y trabajadores.
Lo dispuesto en el inciso anterior se cumplirá de la siguiente manera:
a. Mensualmente, las entidades en referencia deberán depositar en el Fondo una doceava parte del valor de los
pagos en favor de sus empleados y trabajadores por salarios y demás conceptos que se incluyan dentro de la base
para liquidar el auxilio de cesantía, y
b. Dentro de los primeros tres (3) meses de cada año, las referidas entidades depositarán en el Fondo la diferencia
que resulte entre la liquidación de que trata el Artículo 27 y las sumas depositadas en desarrollo del literal anterior;
o tendrán derecho a que el Fondo les abone en cuenta el exceso de lo depositado sobre la liquidación.

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30. Seguidamente con la expedición de la Ley 344 de 199616, se introdujo al sector
público el régimen anualizado de cesantías establecido inicialmente sólo para
particulares en la Ley 50 de 1990 modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el
que se extendió incluso a los servidores públicos del orden territorial mediante el
Decreto 1582 de 199817.

31. El artículo 99 de la Ley 50 de 1990 creó un nuevo régimen especial de
cesantías, según el cual «el valor liquidado por concepto de cesantía se consignará
antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador
en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo
señalado deberá pagar un día de salario».

32. No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior
al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les
continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías consagrado
en normas anteriores.

33. En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos se
acogieran al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían
proceder en la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 199818.

34. Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación
retroactiva de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo dispuesto en
los artículos 2 del Decreto 1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de 2002.

16 Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la

publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán
el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción
correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad
al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
17 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial

y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto
en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos
del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas
pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo
Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo
6 de la Ley 432 de 1998»
18 Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344

de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá
de la siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los
servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las
cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales
necesarios para su expedición.

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35. Ahora, en el caso de los servidores públicos que integran los Servicios
Seccionales de Salud19, sus cesantías se liquidan con aplicación del régimen
retroactivo, pues son empleados del orden territorial. Sin embargo, dicho régimen
cambió con la Ley 10 de 1990, pues a partir de la entrada en vigencia de esta norma,
el 10 de enero de 1990, se les aplica el mismo sistema de los servidores del orden
nacional, es decir, el anualizado. Situación ratificada con la expedición de las Leyes
6020 y 100 de 199321.

36. Sin embargo, en cuanto a la permanencia en el régimen retroactivo de cesantías
cuando los servidores son afiliados al Fondo Nacional de Ahorro al interior de la
Sección Segunda del Consejo de Estado se han suscitado diferentes posturas,
particularmente, la Subsección A, con ponencia del consejero William Hernández
Gómez, ha considerado que:

«Al valorar las pruebas obrantes en el expediente, se concluye que a las demandantes,
como empleadas del Hospital Nuestra Señora de los Remedios del orden
departamental, tienen derecho al régimen retroactivo de las cesantías de la Ley 6ª de
1945.

Por tanto, tal como ha señalado esta Corporación en asuntos similares22 no podían
estar afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro en consideración a que los únicos afiliados
de manera obligatoria eran los servidores de los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales
y comerciales del Estado del orden nacional a quienes se les aplica el régimen propio
de dicho régimen, así mismo, toda vez que el régimen propio del Fondo Nacional del
Ahorro, se extendió a los empleados del nivel territorial y sus entes descentralizados,
tan solo a partir de la Ley 432 de 1998.

Corrobora lo anterior, las certificaciones expedidas por la ESE Hospital Nuestra Señora
de los Remedios, en las cuales señala que a cada una de las demandantes, les aplicó
el sistema de cesantías retroactivas hasta diciembre de 1993, sin que exista prueba
alguna de las manifestaciones voluntarias de las demandantes de que a partir de la
citada fecha, renunciaban al régimen retroactivo de cesantías. Por tanto, se concluye
que sus afiliaciones al Fondo Nacional del Ahorro, en el que se consignaron cesantías
a partir del año 1994, lo fue conservando el derecho a la liquidación con retroactividad
de sus cesantías.

19 Postura acogida en sentencia del 21 de marzo de 2024, C. p. Jorge Iván Duque Gutiérrez, núm. Interno: 0968-

2023
20 Artículo 33. Parágrafo 2º.- El Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales Distritales y Municipales

podrán emitir bonos de reconocimiento u otros títulos de deuda pública para pagar el pasivo prestacional según
reglamento que para el efecto se expida. Los pagos del pasivo prestacional por cesantías y pensiones podrán ser
hechos a los fondos privados de cesantías y pensiones, a las cajas de previsión, al Instituto de Seguros Sociales o
a los fondos territoriales que para el efecto se creen, y en todos los casos se entenderá que en la fecha de los
pagos del pasivo prestacional causado se interrumpe cualquier retroactividad con cargo a la Nación, a las entidades
territoriales o a la entidad de prestación de servicios de salud que corresponda.
21 Artículo 242. […] A partir de la vigencia de la presente ley no podrán reconocerse ni pactarse para los nuevos

servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos aplicable.
22 ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 17

de febrero de 2011, Consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez, número interno: 0552-2010; ii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 13 de febrero de
2014, Consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 0705-2012.

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En consecuencia, la Sala considera que a pesar de haberse hecho el
reconocimiento anualizado de cesantías por parte del Fondo Nacional de Ahorro
y como quiera que se determinó que las demandantes tienen derecho a la
liquidación de sus cesantías bajo el sistema de retroactividad, deberá accederse
a las peticiones de la demanda por este aspecto.»23 (Negrita fuera de texto)

37. Asimismo, en otra oportunidad, en sentencia del 1 de agosto de 2018 con
ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández, se indicó que la afiliación al
mencionado fondo no implica per se la renuncia al régimen retroactivo, pues para ello
se requiere que el empleado manifieste la voluntad de acogerse al sistema anualizado,
en los siguientes términos:

«Por lo tanto, cuando la demandante fue afiliada al Fondo Nacional del Ahorro por su
empleador, no fue con el objetivo de cambiarla de régimen de liquidación de cesantías
pues dicho cambio sólo podía operarse por la voluntad del beneficiario o empleado,
sino con el de cambiar la entidad pagadora y administradora de la prestación social. Y
en caso de que el empleado público solicitara el pago de la cesantía parcial o definitiva,
era el empleador quien debería girar al FNA el mayor valor que correspondiera por la
liquidación retroactiva de la cesantía.

Si bien en virtud del Decreto 1582 de 1998 los beneficiarios del régimen de
cesantías retroactivas pueden ser afiliados al Fondo Nacional del Ahorro o a los
fondos de cesantías privados, dicha situación no conlleva el cambio de sistema
de liquidación de cesantías.»24 (Negrita fuera de texto)

38. En oposición, la Subsección B consideró que al afiliarse al Fondo Nacional del
Ahorro y realizar trámites tendientes a beneficiarse del régimen anualizado, estas
deben ser liquidadas de manera anualizada. Sobre el particular, en providencia del 23
de agosto de 2018 se dijo lo siguiente:

«Así las cosas, claro está que el señor Roberto Segundo Fernández, al igual que los
demás demandantes, tampoco es beneficiario del régimen de cesantías previsto en la
Ley 6ª de 1945, por cuanto si bien tuvo la posibilidad de acogerse a ese sistema, desde
el inicio optó por el administrado por el Fondo Nacional del ahorro al cual se encuentra
vinculado desde el año 1986 y en el que de forma permanente le han consignado los
aportes para tal prestación, correspondiendo el último pago certificado, al año 2016.

La anterior situación es corroborada por los extractos expedidos por el Fondo Nacional
del Ahorro de los cuales se desprende que en su condición de empleado de la entidad
demandada, allí le reportaron las cesantías anualmente desde que inició su relación
laboral en el sector de la salud, en esa medida no es beneficiario del régimen retroactivo
de cesantías señalado en la Ley 6ª de 1945.

Ahora, no obstante no obra en el expediente manifestación expresa de su voluntad
acogerse a ese sistema, el hecho de haber realizado retiros parciales de sus cesantías
directamente del Fondo Nacional del Ahorro y emplear dicho auxilio para abonar a

23 Sentencia del 18 de enero de 2018, C. p. William Hernández Gómez, Radicado núm.: 44001-23-33-000-2014-

90035-01(1575-16).
24 Sentencia del 1 de agosto de 2018, C. p. Gabriel Valbuena Hernández, Radicado núm.: 44001-23-33-000-2013-

00094-01(2654-15)

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Demandante: Deyanira Matta Páez

créditos hipotecarios, permite a la Sala inferir que conocía de su vinculación al aludido
fondo, acogiéndose por tanto a las reglas y disposiciones que lo regulan.»25

39. Posición reiterada en sentencia del 28 de enero de 2021, con ponencia del
consejero César Palomino Cortés, de la que se transcribe:

«Sea lo primero precisar, que en sub lite está probado que el señor Álvaro Quiroga
Suárez prestó sus servicios como personal de planta desde el 3 de diciembre de 1979
hasta el 30 de enero de 2014 en la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo de Neiva.

Ahora, si bien es cierto que el demandante se vinculó a la E.S.E. Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con anterioridad a la entrada en vigencia de
la ley 100 de 1993, este optó desde su vinculación por el sistema de liquidación y
manejo de las cesantías desarrollado en el Decreto 3118 de 1968 que regula lo
referente al Fondo Nacional del Ahorro, es decir, un sistema de liquidación anual de
cesantías y, pese a que no obra manifestación de voluntad alguna en la que haya
solicitado ser cambiado de régimen retroactivo a anualizado, tampoco obra prueba de
que haya expuesto su oposición en los más de treinta y cuatro años en los que recibió
sus cesantías, se itera, de forma anualizada; por el contrario, efectuó trámites con los
que se vio beneficiado por dicho régimen.

La anterior situación es corroborada por los extractos expedidos por el Fondo Nacional
del Ahorro de los cuales se desprende que al señor Álvaro Quiroga Suárez, en su
calidad de empleado de la entidad demandada, se le reportaron las cesantías
anualmente desde el año de 1979, sobre las que, valga precisar, realizó retiros
parciales, y en esa medida no es beneficiario del régimen retroactivo de cesantías
establecido en la Ley 6ª de 1945.»26

40. Postura adoptada en proveído del 21 de marzo de 2024 por esta Subsección27,
así:

«Que, si bien no existe prueba de la fecha exacta de afiliación de la accionante al Fondo
Nacional del Ahorro -FNA-, es posible inferir su vinculación, ya que a través de dicha
entidad la demandante logró el reconocimiento de las cesantías parciales solicitadas
en 1999, así como el reconocimiento y pago en el año 2010 de las cesantías
acumuladas de vigencias anteriores. Que no obstante lo anterior, la demandante no
cuestionó los actos administrativos de reconocimiento de las cesantías por parte del
Fondo, en el que, se itera, aquellas fueron liquidadas de manera anualizada y no bajo
el régimen de retroactividad.

Que, el acto administrativo demandando es el oficio sin fecha por medio del cual la
E.S.E Hospital Local de Tenerife resuelve negativamente el derecho de petición
radicado por la actora el 6 de mayo de 2016, en el cual, solicita se liquiden sus
cesantías conforme al régimen retroactivo Que lo expuesto, permite inferir una
aceptación por parte de la accionante con relación a la forma de liquidación de sus
cesantías bajo el régimen anualizado, por lo que, con independencia de si existe o no

25 Sentencia del 23 de agosto de 2018, C. p. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación núm.: 44001-23-33-000-2014-

00039-01(0222-17)
26 Núm. Interno: 2279-2019.
27 C. p. Jorge Iván Duque Gutiérrez, radicación núm. 47001-23-33-000-2017-00244-01 (0968-2023). Ver también:

sentencia de tutela del 15 de enero de 2026, C. p. Juan Camilo Morales Trujillo, radicación núm. 11001-03-15-000-
2025-07168-00

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una ruptura en su relación laboral o una renuncia expresa al régimen retroactivo, las
cesantías le fueron liquidadas y pagadas conforme a lo consagrado en Ley 344 de
1996, Decreto 3118 de 1968 y demás normas concordantes.
[…]
En atención a lo expuesto, a la demandante no le asiste derecho a la reliquidación
de las cesantías conforme al régimen retroactivo de la Ley 6ª de 1945, toda vez
que, si bien se vinculó al sector salud con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, que prohibió pactar retroactividad en el régimen de
cesantías, ella estuvo afiliada al sistema de liquidación y manejo de las cesantías
desarrollado en el Decreto 3118 de 1968 que regula un sistema de liquidación
anual, frente al cual, previamente, no presentó objeción alguna.»

Pago de las prestaciones sociales de los empleados del sector salud.

41. La Ley 10 de 199028 reorganizó el Sistema Nacional de Salud y señaló que este
lo conforman el conjunto de entidades públicas y privadas del sector 29, entre ellas, las
entidades descentralizadas creadas o que se crearan para la prestación del servicio,
las cuales, pertenecen «al nivel administrativo nacional o de la entidad territorial
correspondiente»30.

42. De manera que la prestación del servicio en el primer nivel de atención
corresponde al orden municipal del que son parte los hospitales locales, los centros y
puestos de salud; y los niveles segundo y tercero, responsabilidad de los
departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos y las áreas
metropolitanas comprende los hospitales regionales, universitarios y especializados31.

28 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones.»
29 Como, también, las entidades de otros sectores que inciden en los factores de riesgo para la salud.
30 Artículo 4º.- Sistema de salud. Para los efectos de la presente Ley, se entiende que el Sistema de Salud
comprende los procesos de fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación; que en él intervienen diversos
factores, tales como los de orden biológico, ambiental, de comportamiento y de atención, propiamente dicha, y que
de él forman parte tanto el conjunto de entidades públicas y privadas del sector salud, como, también, en lo
pertinente, las entidades de otros sectores que inciden en los factores de riesgo para la salud.
Pertenecen al sistema de salud y, por consiguiente, están sometidos a las normas científicas para el control de los
factores de riesgo para la salud que dicte el Ministerio de Salud, las organizaciones locales y seccionales de salud
que autónomamente establezcan los municipios, el Distrito Especial de Bogotá, el Distrito Cultural y Turístico de
Cartagena, las áreas metropolitanas y los departamentos, intendencias y comisarías, según el caso, así como las
entidades privadas de salud y, en general, todas las entidades públicas y privadas de otros sectores, en los aspectos
que se relacionen directa o indirectamente con el Sistema de Salud. Las normas administrativas del sistema de
salud serán solamente obligatorias para las entidades del subsector oficial de salud, pero podrán ser
convencionalmente adoptadas por las entidades privadas, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 23 de esta
Ley. A las entidades de seguridad y previsión social y a las del subsidio familiar, se les respetarán sus objetivos,
régimen legal, sistema de financiación y autonomía administrativa.
Parágrafo. - La obligatoriedad de las normas de que trata este artículo se entiende, sin perjuicio de las normas
legalmente aplicables sobre dichas materias, y no implica modificación alguna de la naturaleza y régimen jurídico
de las correspondientes entidades.
En consecuencia, las entidades descentralizadas de cualquier grado, creadas o que se creen para la prestación de
servicios de salud, pertenecerán al nivel administrativo nacional o de la entidad territorial correspondiente, conforme
al acto de creación. Asimismo las fundaciones o instituciones de utilidad común, las asociaciones o corporaciones
sin ánimo de lucro y, en general las personas privadas, naturales o jurídicas que presten servicios de salud, seguirán
rigiéndose plenamente por las normas propias que les son aplicables.
31 Artículo 6º.- Responsabilidades en la dirección y prestación de servicios de salud. Conforme a lo dispuesto en

el artículo primero de la presente Ley, y sin perjuicio de la aplicación de los principios de subsidiariedad y
complementariedad, de que trata el artículo 3 de esta Ley, y de las funciones que cumplen las entidades
descentralizadas del orden nacional, cuyo objeto sea la prestación de servicios de previsión y seguridad social, y
las que presten servicios de salud, adscritas al Ministerio de Defensa, asígnanse las siguientes responsabilidades
en materia de prestación de servicios de salud:

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43. Seguidamente, la Ley 60 de 199332 definió las competencias en materia de
dirección, administración y prestación del servicio entre las diferentes entidades
territoriales33, creó el Fondo Prestacional del Sector Salud y estableció disposiciones
que precisaron la responsabilidad en el pago de prestaciones sociales y salariales de
sus empleados, en los siguientes términos:

Artículo 33º.- Fondo Prestacional del Sector Salud. Créase el Fondo Nacional para el
pago del pasivo prestacional de los servidores del sector salud, como una cuenta
especial de la Nación, sin personería jurídica, con independencia contable y
estadística, con las siguientes características
1.- El Fondo Prestacional garantizará el pago del pasivo prestacional por concepto de
cesantías, reservas para pensiones y pensiones de jubilación, causadas hasta el fin de
la vigencia presupuestal de 1993, de los servidores pertenecientes a las entidades o
dependencias de que trata el numeral 2 del presente artículo, que se encuentren en los
siguientes casos:
a) No afiliados a ninguna entidad de previsión y seguridad social, cuya reserva para
cesantías o pensiones de jubilación no se haya constituido total o parcialmente, excepto
cuando las reservas constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley se
destinen a fin distinto al pago de cesantías y pensiones.
b) Afiliados a entidades de previsión y seguridad social pero cuyos aportes no hayan
sido cancelados o hayan sido cancelados parcialmente, excepto cuando la interrupción
de los pagos respectivos se haya producido con posterioridad a la vigencia de esta Ley,
o cuando las reservas se hayan destinado a otro fin.
c) Afiliados o pensionados de las entidades de previsión y seguridad social cuyas
pensiones sean compartidas con las instituciones de salud, correspondiendo al Fondo
el pago de la diferencia que se encuentre a cargo de la entidad de salud cuya reserva
para cesantías o pensiones de jubilación no se haya constituido total o parcialmente,
excepto cuando las reservas constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente
Ley se destinen a fin distinto al pago de cesantías y pensiones.
2.- Son beneficiarios del Fondo y tienen derecho a exigir el pago de la deuda de sus
pasivos prestacionales, los servidores mencionados en el numeral 1 del presente
artículo que pertenezcan a las siguientes entidades o dependencias del sector salud:
a) A las instituciones o dependencias de salud que pertenezcan al subsector oficial del
sector salud;

a. A los municipios, al Distrito Especial de Bogotá, al Distrito Cultural y Turístico de Cartagena y a las áreas
metropolitanas, directamente, o a través de entidades descentralizadas municipales, distritales o metropolitanas,
directas o indirectas, creadas para el efecto, o mediante asociación de municipios, la dirección y prestación de
servicios de salud del primer nivel de atención, que comprende los hospitales locales, los centros y puestos de
salud;
b. A los departamentos, intendencias y comisarías, al Distrito Especial de Bogotá, al Distrito Cultural y
Turístico de Cartagena y a las áreas metropolitanas, directamente, o a través de entidades descentralizadas
directas, o indirectas, creadas para el efecto, o mediante sistemas asociativos, la dirección y prestación de los
servicios de salud del segundo y tercer nivel de atención que comprende los hospitales regionales, universitarios y
especializados. La Nación continuará prestando servicios de atención médica, en el caso del Instituto Nacional de
Cancerología.
32 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
33 Artículos 1, 2, 3 y 4.

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b) A entidades del subsector privado del sector salud cuando se trate de instituciones
que hayan estado sostenidas y administradas por el Estado, y aquellas privadas que
se liquiden y cuyos bienes se destinen a una entidad pública.
c) A las entidades de naturaleza jurídica indefinida del sector salud cuando se trate de
instituciones que hayan estado sostenidas y administradas por el Estado, o que se
liquiden y cuyos bienes se destinen a una entidad pública.
3.- La responsabilidad financiera para el pago del pasivo prestacional de los servidores
de las entidades o dependencias identificadas en el numeral 2, reconocidas en los
términos de la presente Ley, se establecerá mediante un reglamento expedido por el
Gobierno Nacional que defina la forma en que deberán concurrir la Nación y las
entidades territoriales […].

44. Así las cosas, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley
100 de 199334, el mencionado Fondo cubriría las cesantías netas acumuladas y el
pasivo laboral por pensiones de jubilación causado a 31 de diciembre de 1993 de los
empleados del sector salud, siempre y cuando las entidades empleadoras hubieran
realizado el corte de cuentas con el fondo prestacional y establecido para cada caso
la concurrencia a que están obligadas las entidades territoriales en los términos
previstos en la Ley 60 de 1993, de no hacerlo las entidades del sector deberán seguir
presupuestando y pagando las cesantías.

45. Después el artículo 61 de la Ley 715 de 2001 suprimió el referido fondo y asignó
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la atención del pago de las cesantías y las
pensiones de los beneficiarios de acuerdo con los convenios de concurrencia suscritos
con las entidades territoriales35.

46. Seguidamente, en torno a las Empresas Sociales del Estado y demás
instituciones del sector salud, para dar cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes 60 y
100 de 1993 y 715 de 2001, la Ley 1438 de 2011, estableció lo siguiente:

ARTÍCULO 78. PASIVO PRESTACIONAL DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL
ESTADO E INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD. En concordancia con el artículo

34 Artículo 242. Fondo prestacional del sector salud. El fondo del pasivo prestacional para el sector salud, de que

trata la Ley 60 de 1993, cubrirá las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral por pensiones de jubilación
causado a 31 de diciembre de 1993.
El costo adicional generado por concepto de la retroactividad de cesantía del sector salud que a la vigencia de esta
Ley tienen derecho a ello, conforme al artículo 33 de la Ley 60 de 1993, y para los fines previstos en esta, será
asumido por el Fondo del Pasivo Prestacional y las entidades territoriales, en los plazos y términos de concurrencia
que establece la misma Ley.
A partir de la vigencia de la presente Ley no podrán reconocerse ni pactarse para los nuevos servidores del sector
salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos aplicable.
[...] Las entidades del sector salud deberán seguir presupuestando y pagando las cesantías y pensiones a
que están obligadas hasta tanto no se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezcan
para cada caso la concurrencia a que están obligadas las entidades territoriales en los términos previstos
en la Ley 60 de 1993.
Parágrafo. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, entiéndase por cesantías netas, las cesantías
acumuladas menos las pagadas a 31 de diciembre de 1993. (Negrita fuera de texto)
35 ARTÍCULO 61. FONDO DEL PASIVO PRESTACIONAL PARA EL SECTOR SALUD. Suprímase el Fondo del

Pasivo Prestacional para el Sector Salud creado por el artículo 33 de la Ley 60 de 1993. En adelante, con el fin de
atender la responsabilidad financiera a cargo de la Nación para el pago de las cesantías y pensiones de las
personas beneficiarias de dicho Fondo y de acuerdo con los convenios de concurrencia correspondientes.

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242 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001, el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito público y los entes territoriales
departamentales firmarán los contratos de concurrencia y cancelarán el pasivo
prestacional por concepto de cesantías, reserva para pensiones y pensiones de
jubilación, vejez, invalidez y sustituciones pensionales, causadas en las instituciones
del sector salud públicas causadas al finalizar la vigencia de 1993 con cargo a los
mayores recursos del monopolio de juegos de suerte y azar y del fondo pensional que
se crea en el Proyecto de Ley de Regalías.
PARÁGRAFO. Concédase el plazo mínimo de dos (2) años, contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, para que las entidades territoriales y los
hospitales públicos le suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la
información que le permita suscribir los convenios de concurrencia y emitan los bonos
de valor constante respectivos de acuerdo a la concurrencia entre el Gobierno Nacional
y el ente territorial departamental. El incumplimiento de lo establecido en el presente
artículo será sancionado como falta gravísima.
Con esto se cumplirá con las Leyes 60 y 100 de 1993 y 715 de 2001 que viabilizan el
pago de esta deuda que no es responsabilidad de las ESE, pues ellas no tenían vida
jurídica antes de diciembre de 1993. En ese entonces eran financiados y administrados
por los departamentos y el Gobierno Nacional. (Se resalta)

47. Así las cosas, de conformidad con la normativa transcrita, el pasivo prestacional
de las empresas sociales del estado por concepto de cesantías causadas antes del 31
de diciembre de 1993 será responsabilidad del Gobierno Nacional, con cargo a los
mayores recursos de juegos y azar, así como por el fondo pensional creado por la ley
de regalías, para ello el Ministerio de Hacienda y Crédito público y los entes territoriales
departamentales deberán suscribir contratos de concurrencia.

Caso concreto.

48. La parte demandante discrepó de la decisión de primera instancia, por cuanto,
a su juicio, al haber ingresado al sector salud antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 tiene derecho a que sus cesantías sean reconocidas y pagadas con
retroactividad, pese a estar afiliada al Fondo Nacional de Ahorro, pues no manifestó
su voluntad de cambiar al régimen anualizado.

49. Para ello, la Sala encuentra acreditado que la señora Deyanira Matta Páez
ingresó al sector salud el 21 de mayo de 1982 como promotora urbana en el Hospital
General de Neiva36, prestando servicios a dicha entidad hasta el 1 de septiembre de
1997, fecha en la que se posesionó en el cargo de promotora en salud en el municipio
de Neiva37.

50. El 29 de diciembre del mismo año fue traslada a la E. S. E. Jairo Morera Lizcano
y, finalmente, fue incorporada a la E. S. E. Carmen Emilia Ospina, mediante la

36 Se colige del acto de nombramiento, Resolución núm. 0635 del 10 de mayo de 1982, y el acta de posesión núm.

153 a folios 25 y 26 del cuaderno de pruebas 1 del expediente físico.
37 Acta de posesión 759 visible a folio 238 del expediente físico.

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Resolución núm. 017 del 24 de febrero de 2000, cargo que desempeñó hasta su retiro
el 30 de abril de 201638.

51. Asimismo, desde su vinculación en 1982, sus cesantías fueron liquidadas de
manera anual39 y consignadas con destino al Fondo Nacional del Ahorro, al cual se
encuentra afiliada desde 197740.

52. En cuanto a la E. S. E. Carmen Emilia Ospina, advierte la Sala que el oficio núm.
01-TH-004705-S-2016 del 25 de octubre de 2016 es un acto de trámite que no definió
creó, modificó o extinguió la situación jurídica de la demandante, y, en consecuencia,
no es pasible de control judicial, por cuanto esta jurisdicción solo conoce de actos
administrativos definitivos41, es decir, que decidan directa o indirectamente el fondo
del asunto o hagan imposible continuar la actuación.

53. Si bien el 11 de octubre de 2016 la demandante peticionó a la E. S. E. «las
cesantías con el sistema de retroactividad desde la fecha de vinculación […] hasta el
10 de mayo de 2014 con el último cargo desempeñado» 42 , lo cierto es que el oficio
núm. 01-TH-004705-S-201643, se limitó a indicar que, para proferir respuesta de fondo
se requiere del concepto de la entidad competente. Su texto es el siguiente:

«Por medio de la presente y en atención a la solicitud realizada me permito dar
respuesta manifestando que respecto a la solicitud 1 y 2 de la petición realizada por
usted, la E.S.E Carmen Emilia Ospina ha realizado una consulta de manera general al
D.A.F.P la cual incluye todo lo relacionado a Novedades de Personal, Cesantías,
Pensiones, es de precisar que no se ha revisado el tema en particular puesto que nos
encontramos a la espera del concepto que emita la entidad competente para el tema
que nos ocupa».44

54. Visto lo anterior, se reitera que, es claro que el oficio núm. 01-TH-004705-S-
2016 no definió la situación jurídica particular y concreta en torno al régimen de
cesantías de la actora45, pues no concedió o negó la prestación de manera retroactiva.

38
Certificados laborales visibles a folio 23 del cuaderno 1 y 3 del cuaderno de pruebas 1 del expediente físico.
39 Conforme se verifica de las liquidaciones correspondientes a los años entre 1982 y 1993 y extractos de cesantías

visibles a folios 32, 38, 40,58, 72, 78, 111, 180 y 188 del expediente físico.)
40 Como se advierte de los extractos de cesantías visibles a folio 188 y 226.
41 Sobre el particular ver: «[d]e acuerdo con su contenido, tienen la connotación de actos administrativos de trámite,

definitivos y de ejecución. Respecto de su control jurisdiccional, esta Corporación ha precisado que, en principio
solo los actos definitivos «que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la
actuación» son pasibles de ser controvertidos judicialmente. Ocupándose únicamente los actos definitivos,
expresos o fictos, que culminen un proceso administrativo, en la medida en que tiene la virtualidad de impactar los
derechos y obligaciones de los asociados. Sin perjuicio de que excepcionalmente se permita el control jurisdiccional
de las otras modalidades de acto administrativo.
En cuanto los actos de trámite se definen como aquellos que se expiden como parte del procedimiento
administrativo con el fin de darle curso o impulsar este, es decir, son netamente instrumentales para decidir el fondo
del asunto, por lo que solo serán objeto de control judicial si hacen imposible la continuación del procedimiento en
sede administrativa.
Los actos de ejecución son aquellos que se dan en cumplimiento a una decisión judicial o administrativa, sin que
pueda afirmarse que de ellos surgen situaciones jurídicas diferentes a las dadas por las decisiones que ejecutan.»
(Auto del 23 de octubre de 2024, C. p. Luis Eduardo Mesa Nieves, núm. Interno: 0317-2024)
42 Petición identificada con el núm. 01-TH-003621-E-2016 visible a folios 60 a 62 del expediente físico.
43 En el «Se Responde Comunicación Recibida Con Radicado Interno Numero 01-TH-003621-E-2016», visible a

folio 10 del expediente físico.
44 Transcrito con errores.
45 Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto

o hagan imposible continuar la actuación.

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Demandante: Deyanira Matta Páez

55. En ese contexto, dado que no decidió de fondo dicho asunto no es un acto
administrativo definitivo, en los términos indicados en el artículo 43 del CPACA46.

56. En consecuencia, si la demandante deseaba obtener por parte de la E. S. E. las
cesantías definitivas con retroactividad lo procedente era someter a conocimiento de
la jurisdicción el acto administrativo presunto configurado el 11 de enero de 201747
producto de la ocurrencia del silencio administrativo negativo ante la no respuesta a la
petición del 11 de octubre de 2016, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 del
CPACA48.

57. Cabe precisar que, si bien en otros casos la Sala ha considerado que el acto
administrativo demandable es aquel que ordena el reconocimiento y pago de las
cesantías definitivas49, pues se trata de una prestación unitaria, y por tanto el que las
liquida tiene el carácter de definitivo50, en el sub lite, el acto de reconocimiento –
Resolución núm. 124 - fue proferido con posterioridad al inicio del proceso51, el 11 de
abril de 201852.

58. Ahora, en cuanto al departamento del Huila, de conformidad con la normativa
transcrita en el acápite anterior, es la entidad llamada a asumir el pago de las cesantías
anteriores al 31 de diciembre de 1993, por cuanto, para dicha fecha la actora se
encontraba vinculada al Hospital General de Neiva, entidad sin personería jurídica.

59. No obstante, pese a que la actora prestó servicios al sector salud desde el 21
de mayo de 1982, antes de la entrada el vigencia de la Ley 10 de 1990, lo cierto es

46 Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto

o hagan imposible continuar la actuación.
47 Sobre el particular, ver: «[d]e lo anterior se desprende que, como lo indicó el a quo, el acto demandado no accedió

ni negó de manera expresa la solicitud prestacional de la parte accionante. Por consiguiente, en apariencia, no
produjo efectos jurídicos definitivos en cuanto a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica
particular, lo que plantea un debate sobre la verdadera naturaleza jurídica del acto impugnado y la vía procesal
idónea para controvertirlo.
Debe resaltarse que la actuación administrativa se caracterizó por sustraerse de emitir un pronunciamiento de fondo
frente a la solicitud, configurándose así un acto ficto presunto negativo. Por ende, la demanda debió encausarse
contra este acto presunto negativo derivado de la deficiente e inocua respuesta por parte de la demandada a las
pretensiones del accionante.» (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 16 de octubre de
2025, C. p. Juan Enrique Bedoya Escobar, núm. Interno: 6493-2018)
48 Artículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición

sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.
En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que esta se
hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que
debió adoptarse la decisión.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las
excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos
contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya
notificado auto admisorio de la demanda.
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 29 de mayo de 2025, C. P. Luis Eduardo

Mesa Nieves, núm. interno: 5133-2022.
50 En materia de cesantías definitivas, esta Corporación ha considerado que, una vez finalizado el vínculo laboral,

dicha prestación reviste la naturaleza de unitaria, por tanto, el acto administrativo que las liquida tiene el carácter
de definitivo. (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 3 de junio de 2021, C.P. César
Palomino Cortés, núm. Interno: 0253-19. Subsección A, Sentencia del 3 de julio de 2025, C. P. Luis Eduardo Mesa
Nieves, núm. Interno: 0152-2019.)
51 La demanda fue radicada el 8 de mayo de 2017.
52 Folios 653 a 655 del expediente físico.

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Radicado: 41001-23-33-000-2017-00212-01 (2829-2020)
Demandante: Deyanira Matta Páez

que desde 1977 se encontraba afiliada al FNA53, sus cesantías fueron liquidadas de
manera anualizada54 y nunca manifestó oposición en torno a ello, lo que permite inferir
una aceptación por parte de la accionante del régimen y «constituye un indicador válido
de sometimiento al régimen anualizado, incluso en ausencia de una manifestación
expresa escrita»55.

60. Así las cosas, a la demandante no le asiste derecho a que sus cesantías sean
reliquidadas con retroactividad, pues no realizó oposición al régimen anualizado
previsto para los afiliados al FNA, efectuando trámites tendientes a beneficiarse de
dicha normativa. Máxime, que el artículo 27 del Decreto 3118 de 1968 previó que la
«liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse» en
años posteriores.

61. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 7 de noviembre de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en el presente proveído.

Condena en costas.

62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

63. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

64. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

65. En consecuencia, se condenará en costas a la parte demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el

53 Como se advierte de los extractos de cesantías visibles a folio 188 y 226.
54 Conforme se verifica de las liquidaciones correspondientes a los años entre 1982 y 1993 y extractos de cesantías

visibles a folios 32, 38, 40,58, 72, 78, 111, 180 y 188 del expediente físico.)
55 Sentencia de tutela del 15 de enero de 2026, C. p. Juan Camilo Morales Trujillo, radicación núm. 11001-03-15-

000-2025-07168-00

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Demandante: Deyanira Matta Páez

magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Huila.

66. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 7 de noviembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila que negó las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. Condenar a la parte demandante en costas en esta instancia conforme a
las consideraciones antedichas.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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