RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-33-000-2021-00053-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2021-00053-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2021-00053-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia expedida el 4 de junio de 2024, por el Tribunal Administrativo del Huila, según lo expuesto en las consideraciones. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al demandante. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2021-00053-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 41001 23 33 000 2021 00053 01 (4489-2024)
Demandante: Reinaldo Macías Bonilla
Demandado: Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón E.S.E.

Tema: Régimen de retroactividad de cesantías
Decisión: Confirma sentencia. No procede la reliquidación de las cesantías
conforme al régimen retroactivo debido a la afiliación del demandante al Fondo
Nacional del Ahorro.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de la
sentencia de primera instancia del 4 de junio de 2024 expedida por el Tribunal
Administrativo del Huila.

I. ANTECEDENTES.

Demanda1.

1. El accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del
medio de control de la referencia con el objeto de que se declare la nulidad de la decisión
administrativa emitida el 31 de julio de 2019, por medio de la cual se le negó el
reconocimiento y pago de las cesantías bajo el régimen retroactivo.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la entidad
demandada reliquidar la aludida prestación con retroactividad, conforme a lo dispuesto
en la Ley 6.ª de 1945 y demás normas concordantes; la indexación de la condena, el
cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA y se condene en
costas a la accionada.

3. Indicó que el 2 de enero de 1986 se vinculó al antiguo Hospital Regional de
Garzón, hoy Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón E.S.E. Con lo cual
adquirió la condición de empleado público y beneficiario del régimen de cesantías
retroactivas. Sostuvo que fue afiliado «sin su consentimiento» al Fondo Nacional del
Ahorro,2 pese a que, por tratarse de un empleado del nivel territorial, no le eran aplicables
las disposiciones del Decreto 3118 de 1968.

1 La siguiente información se toma de la demanda y su posterior reforma. Ver archivos 002Demanda.pdf y

010DemandanteReformaDemanda.pdf del expediente digital visibles en el índice 2 de Samai.
2 En adelante, FNA.

Radicación: 41001 23 33 000 2021 00053 01 (4489-2024)
Demandante: Reinaldo Macías Bonilla

4. Mencionó que con la expedición de la Ley 344 de 1996, la entidad lo trasladó
de manera «arbitraria» del sistema retroactivo al de liquidación anual.

Contestación de la demanda3.

5. El Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón E.S.E. se opuso a la
prosperidad de las pretensiones. Expuso que el servicio seccional de salud del Huila afilió
al demandante desde el inicio de su vinculación laboral al FNA bajo el régimen
anualizado, por expresa disposición del artículo 3 del Decreto 3118 de 1968, lo cual era
de «pleno conocimiento» del actor, quien, además, se benefició de tal sistema.

6. Agregó que el accionante nunca fue beneficiario de la retroactividad, de modo
que no existió el cambio arbitrario de liquidación que se alude en la demanda. Propuso
las excepciones de inexistencia de causal de nulidad y de la obligación y prescripción.

Sentencia apelada4.

7. El Tribunal Administrativo del Huila declaró probada la excepción de inexistencia
de causal de nulidad y de la obligación propuesta por la demandada; y negó las
pretensiones de la demanda. Argumentó que, si bien los servicios seccionales de salud
no son organismos de carácter nacional y que, en principio, por la fecha de vinculación
del actor -2 de enero de 1986- resultaba aplicable el régimen de cesantías retroactivas,
del material probatorio obrante en el expediente, en especial de los extractos expedidos
por el FNA, se evidenció su migración a dicho Fondo desde el 30 de septiembre de 1999
y su sometimiento al régimen anualizado.

8. Asimismo, señaló que aun cuando en el expediente no obra manifestación
expresa de voluntad por parte del demandante para acogerse a ese sistema, sus
posteriores conductas, como retiros de cesantías para abonar a un crédito hipotecario
desde el año 2000 y otros fines, evidenciaban conocimiento y aceptación de aquel, razón
por la cual concluyó que no le asistía derecho a la reliquidación pretendida.

Recurso de apelación5.

9. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación
alegando que el a quo incurrió en una interpretación errónea al restarle valor jurídico a la
manifestación de voluntad para optar por el sistema de liquidación de cesantías más
conveniente e inferir, a partir de los retiros parciales efectuados ante el FNA, la aceptación
del régimen anualizado, pese a no existir renuncia expresa a la retroactividad.

10. Planteó que el Tribunal no tuvo en cuenta los requisitos que exige la norma
para el traslado del régimen retroactivo al anualizado y que la accionada impuso
arbitrariamente dicho cambio, desconociendo derechos adquiridos. Estimó que la

3 Archivo 012DemandadoContestaDemanda.pdf del expediente digital.
4 Índice 44 de Samai.
5 Folios 222 a 228 ibidem.

2

Radicación: 41001 23 33 000 2021 00053 01 (4489-2024)
Demandante: Reinaldo Macías Bonilla

decisión impugnada aplicó erróneamente la Ley 10 de 1990 al considerar que la misma
solo rige para servidores públicos del orden nacional y no territorial.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

11. Mediante auto del 24 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación6.
Dentro de la oportunidad procesal la demandada7 se pronunció reiterando los
argumentos de la contestación. El demandante y el agente del Ministerio Público
guardaron silencio durante esta etapa.

III. CONSIDERACIONES.

Competencia.

12. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico.

13. De conformidad con los reparos concretos planteados procederá la Sala a
estudiar si el demandante tiene derecho a que sus cesantías definitivas sean liquidadas
de acuerdo con el régimen retroactivo, pese a que fue afiliado al Fondo Nacional del
Ahorro.

Análisis del problema jurídico.

14. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda, por las razones que se exponen a continuación.

15. Con el fin de resolver el problema jurídico, está acreditado que el señor
Reinaldo Macías Bonilla presta sus servicios desde el 2 de enero de 1986 en el Hospital
Departamental San Vicente de Paul de Garzón, desempeñando el cargo de auxiliar del
área de salud8.

16. Asimismo, que desde su vinculación en 19869 sus cesantías fueron liquidadas
anualmente y consignadas con destino al Fondo Nacional del Ahorro, al cual se encuentra
afiliado desde ese mismo año. Los reportes de la prestación durante los años 1986 a

6 Índice 5 de Samai.
7 Índice 10 ibidem.
8 Certificación del 7 de septiembre de 2020, Archivo 010DemandanteReformaDemanda.pdf página 25.
9 Para el efecto, allí se indicó que la afiliación se entendía surtida con el reporte de cesantías realizado en

1986.

3

Radicación: 41001 23 33 000 2021 00053 01 (4489-2024)
Demandante: Reinaldo Macías Bonilla

1993 fueron efectuados por la Secretaría de Salud Departamental del Huila y,
posteriormente, por la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul 10.

17. A través de petición del 10 de julio de 201911, el demandante solicitó que al
momento de su retiro la prestación se liquidara con base en el régimen de retroactividad.
La accionada negó dicho requerimiento por medio de oficio del 31 de julio de 201912 tras
considerar que el actor era acreedor del sistema de liquidación anual de cesantías, debido
a que desde su vinculación a la entidad optó por el régimen del FNA sin que hubiera
adelantado ninguna gestión para retrotraer esa situación.

18. Ahora bien, se recuerda que la parte recurrente señala que el Tribunal incurrió
en una interpretación errónea al inferir su sometimiento al sistema anualizado sin que
exista renuncia expresa al régimen retroactivo, circunstancia que, según su criterio,
implicó el desconocimiento de sus derechos adquiridos.

19. En ese orden de ideas, conviene señalar que a través del Decreto 3118 de
1968 se creó el Fondo Nacional del Ahorro y dentro de sus objetivos se estableció el de
«[p]agar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores
oficiales». Su artículo 27 previó la liquidación anual del auxilio, además, dicha
normativa tenía como destinatarios a «los empleados públicos y trabajadores oficiales de
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos
Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden Nacional»13.

20. Por su parte, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 creó un nuevo régimen
especial de cesantías, según el cual «el valor liquidado por concepto de cesantía se
consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del
trabajador en el fondo […] que el mismo elija […]».

21. Seguidamente con la expedición de la Ley 344 de 199614, se extendió al sector
público el régimen anualizado de cesantías consagrado inicialmente sólo para
particulares en la Ley 50 de 1990, sistema que fue aplicado incluso a los servidores
públicos del orden territorial mediante el Decreto 1582 de 199815.

10 Índice 32 de Samai.
11 Archivo 012DemandadoContestaDemanda.pdf páginas 31 a 33 ibidem.
12 Archivo 012DemandadoContestaDemanda.pdf páginas 34 a 38 ibidem.
13 Artículo 29 del Decreto 3118 de 1968.
14 Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir

de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del
Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la
fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de
la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o
entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
15 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel

territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías,
será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de

4

Radicación: 41001 23 33 000 2021 00053 01 (4489-2024)
Demandante: Reinaldo Macías Bonilla

22. No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior
al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la Ley 344 de 1996, se les continuaría
respetando el régimen de liquidación del citado auxilio consagrado en normas anteriores,
garantía que ha sido reiterada en virtud de lo dispuesto en los artículos 2 del Decreto
1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de 2002.

23. En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos se
acogieran al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían
proceder en la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 199816.

24. En lo que respecta a los servidores públicos que integraban los Servicios
Seccionales de Salud17, en principio, se encontraban sometidos al régimen retroactivo de
cesantías por su condición de empleados del orden territorial. Pese a ello, dicha situación
se modificó con la expedición de la Ley 10 de 1990, pues a partir de su entrada en
vigencia, el 10 de enero de 1990, se dispuso la aplicación del sistema anualizado, propio
de los servidores del orden nacional18, criterio que fue reafirmado por las Leyes 6019 y
100 de 199320.

25. Sin embargo, frente a la permanencia en el régimen retroactivo de cesantías
en aquellos eventos en que los servidores son afiliados al FNA, la Sección Segunda del
Consejo de Estado ha suscitado diferentes posturas. Particularmente, la Subsección A,
ha considerado que la afiliación al referido Fondo no supone, por sí misma, la renuncia a
la retroactividad, pues requiere una manifestación de voluntad por parte del empleado

los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en
el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al
Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista
en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998».
16 Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la

Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha
ley, se procederá de la siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno
de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la
liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento
de los trámites legales necesarios para su expedición.
17 Postura acogida en sentencia del 21 de marzo de 2024, M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, núm. Interno:

0968-2023
18 El artículo 35 estableció la prohibición de asumir directamente las prestaciones asistenciales y

económicas, disponiendo que estas deben ser cubiertas por los fondos de cesantías y para ese efecto se
deben atender mediante la afiliación respectiva.
19 Artículo 33. Parágrafo 2º.- El Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales Distritales y

Municipales podrán emitir bonos de reconocimiento u otros títulos de deuda pública para pagar el pasivo
prestacional según reglamento que para el efecto se expida. Los pagos del pasivo prestacional por
cesantías y pensiones podrán ser hechos a los fondos privados de cesantías y pensiones, a las cajas de
previsión, al Instituto de Seguros Sociales o a los fondos territoriales que para el efecto se creen, y en todos
los casos se entenderá que en la fecha de los pagos del pasivo prestacional causado se interrumpe
cualquier retroactividad con cargo a la Nación, a las entidades territoriales o a la entidad de prestación de
servicios de salud que corresponda.
20 Artículo 242. […] A partir de la vigencia de la presente ley no podrán reconocerse ni pactarse para los

nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos aplicable.

5

Radicación: 41001 23 33 000 2021 00053 01 (4489-2024)
Demandante: Reinaldo Macías Bonilla

para acogerse al sistema anual. Al respecto, en sentencia del 18 de enero de 201821, se
indicó:

[…]

Al valorar las pruebas obrantes en el expediente, se concluye que a las demandantes,
como empleadas del Hospital Nuestra Señora de los Remedios del orden departamental,
tienen derecho al régimen retroactivo de las cesantías de la Ley 6ª de 1945.

Por tanto, tal como ha señalado esta Corporación en asuntos similares22 no podían estar
afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro en consideración a que los únicos afiliados de
manera obligatoria eran los servidores de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del
Estado del orden nacional a quienes se les aplica el régimen propio de dicho régimen, así
mismo, toda vez que el régimen propio del Fondo Nacional del Ahorro, se extendió a los
empleados del nivel territorial y sus entes descentralizados, tan solo a partir de la Ley 432
de 1998.

Corrobora lo anterior, las certificaciones expedidas por la ESE Hospital Nuestra
Señora de los Remedios, en las cuales señala que a cada una de las demandantes,
les aplicó el sistema de cesantías retroactivas hasta diciembre de 1993, sin que
exista prueba alguna de las manifestaciones voluntarias de las demandantes de que
a partir de la citada fecha, renunciaban al régimen retroactivo de cesantías. Por
tanto, se concluye que sus afiliaciones al Fondo Nacional del Ahorro, en el que se
consignaron cesantías a partir del año 1994, lo fue conservando el derecho a la
liquidación con retroactividad de sus cesantías.

En consecuencia, la Sala considera que a pesar de haberse hecho el reconocimiento
anualizado de cesantías por parte del Fondo Nacional de Ahorro y como quiera que
se determinó que las demandantes tienen derecho a la liquidación de sus cesantías
bajo el sistema de retroactividad, deberá accederse a las peticiones de la demanda
por este aspecto. [Se resalta]

26. En contraste, la Subsección B estimó que la afiliación al FNA y las actuaciones
orientadas a beneficiarse del régimen anualizado conlleva que las cesantías se liquiden
conforme a dicho sistema. En providencia del 23 de agosto de 201823 se expuso lo
siguiente:

[…]
Así las cosas, claro está que el señor Roberto Segundo Fernández, al igual que los demás
demandantes, tampoco es beneficiario del régimen de cesantías previsto en la Ley 6ª de
1945, por cuanto si bien tuvo la posibilidad de acogerse a ese sistema, desde el inicio optó
por el administrado por el Fondo Nacional del ahorro al cual se encuentra vinculado desde

21 Sentencia del 18 de enero de 2018, radicado: 44001-23-33-000-2014-90035-01(1575-16). Asimismo, ver

providencia del 1.° de agosto de 2018, radicado: 44001-23-33-000-2013-00094-01(2654-15).
22 Cita dentro de la transcripción «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, Subsección B, sentencia de 17 de febrero de 2011, Consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de
Páez, número interno: 0552-2010; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 13 de febrero de 2014, Consejero ponente Luis Rafael Vergara
Quintero, número interno 0705-2012».
23 Sentencia del 23 de agosto de 2018, radicado: 44001-23-33-000-2014-00039-01(0222-17), la anterior

posición también fue reiterada en sentencia del 28 de enero de 2021 expediente 2279-2019.

6

Radicación: 41001 23 33 000 2021 00053 01 (4489-2024)
Demandante: Reinaldo Macías Bonilla

el año 1986 y en el que de forma permanente le han consignado los aportes para tal
prestación, correspondiendo el último pago certificado, al año 2016.

La anterior situación es corroborada por los extractos expedidos por el Fondo Nacional
del Ahorro de los cuales se desprende que en su condición de empleado de la entidad
demandada, allí le reportaron las cesantías anualmente desde que inició su relación
laboral en el sector de la salud, en esa medida no es beneficiario del régimen retroactivo
de cesantías señalado en la Ley 6ª de 1945.

Ahora, no obstante no obra en el expediente manifestación expresa de su voluntad
acogerse a ese sistema, el hecho de haber realizado retiros parciales de sus
cesantías directamente del Fondo Nacional del Ahorro y emplear dicho auxilio para
abonar a créditos hipotecarios, permite a la Sala inferir que conocía de su
vinculación al aludido fondo, acogiéndose por tanto a las reglas y disposiciones
que lo regulan. [Se resalta]

27. La anterior postura fue adoptada en proveído del 16 de abril de 2026 por esta
Subsección24, en el que se consideró que no procede la reliquidación de las cesantías
bajo el régimen retroactivo para los servidores del sector salud que, pese a haberse
vinculado al servicio antes de comenzar a regir la Ley 10 de 1990, estuvieron afiliados al
FNA desde el inicio de la relación laboral, sus cesantías fueron liquidadas de forma anual
y no formularon objeción alguna frente a ello; por el contrario realizaron gestiones que
permitían inferir que conocían la vinculación a dicho fondo y régimen, con lo cual se
sometieron a su regulación.

28. En consecuencia, en el caso concreto, si bien el demandante se vinculó al
sector salud desde 1986, antes de la entrada en vigencia de la Ley 10 de 1990, está
acreditado que fue afiliado al FNA desde su vinculación laboral y nunca manifestó
oposición al respecto; además, en su extracto de cesantías se puede corroborar que
periódicamente utilizó sus cesantías para hacer abonos a crédito hipotecario25,
circunstancia que constituye un indicio relevante de sometimiento al régimen anualizado,
incluso en ausencia de una manifestación expresa escrita. En ese orden, contrario a lo
planteado en el recurso, no es posible sostener que su incorporación a dicha entidad
administradora haya sido arbitraria. Por consiguiente, se confirmará la sentencia que
negó las pretensiones de la demanda.

Condena en costas.

29. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia.

30. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de

24 Sentencia del 16 de abril de 2026, radicado: 41001-23-33-000-2017-00212-01 (2829-2020). Ver también

sentencia de tutela del 15 de enero de 2026 radicado 11001-03-15-000-2025-07168-00.
25 En el extracto adjunto aparecen abonos con tal propósito, los días 2 de marzo de 2000, 29 de marzo de

2001, 25 de enero de 2002, 16 de enero de 2003.

7

Radicación: 41001 23 33 000 2021 00053 01 (4489-2024)
Demandante: Reinaldo Macías Bonilla

fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

31. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

32. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante por cuanto no
le prosperaron los argumentos de la apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Huila.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia expedida el 4 de junio de 2024, por el Tribunal
Administrativo del Huila, según lo expuesto en las consideraciones.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al demandante.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

8

Radicación: 41001 23 33 000 2021 00053 01 (4489-2024)
Demandante: Reinaldo Macías Bonilla

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

AAP.

9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.