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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07168-00

Fecha
15 de enero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07168-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Franky Castaño Herrera, Clarena Moreno Fajardo, Carmen Esmith Delgado Niño, Eduardo Rodríguez Mora, Fabio Lorenzo Roa Cárdenas, Ligia Beatriz Sierra Gómez, María Cristina Umaña Galindo y Hugo Fernando Leiva Gutiérrez, a través de la acción de tutela instaurada en contra las Subsecciones A y B de la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07168-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

15 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., quince (15) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07168-00
Demandantes: Franky Castaño Herrera y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Sala Transitoria – Subsecciones A y B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Régimen de cesantías retroactivo.
Decisión: Niega el amparo solicitado

La Sala decide la acción de tutela formulada por Franky Castaño Herrera, Clarena
Moreno Fajardo, Carmen Esmith Delgado Niño, Eduardo Rodríguez Mora, Fabio
Lorenzo Roa Cárdenas, Ligia Beatriz Sierra Gómez, María Cristina Umaña Galindo
y Hugo Fernando Leiva Gutiérrez contra las Subsecciones A y B de la Sala
Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 13 de noviembre de 2025, Franky Castaño Herrera, Clarena Moreno
Fajardo, Carmen Esmith Delgado Niño, Eduardo Rodríguez Mora, Fabio Lorenzo
Roa Cárdenas, Ligia Beatriz Sierra Gómez, María Cristina Umaña Galindo y Hugo
Fernando Leiva Gutiérrez, por intermedio de apoderado judicial, presentaron acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitaron dejar sin efectos el ordinal
segundo de la Sentencia proferida el 11 de agosto de 2025 por las Subsecciones A
y B de la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
No. 11001-33-35-026-2020-00382-01, para que, en su lugar, se dicte una nueva
decisión en la que se aplique el mismo criterio adoptado para los demandantes que
se afiliaron a otras sociedades administradoras de cesantías, siendo «necesaria una
manifestación expresa para que resulte procedente el cambio de régimen de
cesantías del retroactivo al anualizado y, [en ese sentido], se acceda a las
pretensiones de reliquidación retroactiva».

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, del escrito de tutela
y anexos, se observa que Alexander Bedoya Montalvo, Alfredo Ardila Godoy, Ana
Bertilda Guatavita Tibabisco, Carmen Esmith Delgado Niño, Clara Marcela Lizarazo
Hernández, Clarena Moreno Fajardo, Diana Inés Cubillos Morales, Eduard Arnulfo
Pinilla Rivera, Eduardo Rodríguez Mora, Eduin Darío Dechamps Guzmán, Fabio

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07168-00
Demandantes: Franky Castaño Herrera y otros

Lorenzo Roa Cárdenas, Franky Castaño Herrera, Freddy Rada Varela, Hugo
Fernando Leiva Gutiérrez, Jorge Enrique Salas, Juan Hilder González Téllez, Ligia
Beatriz Sierra Gómez, María Cristina Umaña Galindo, Marina Manuela Moreno
Ramírez, Martha Liliana Mosquera Vargas y Miguel Antonio Sánchez Contreras
instauraron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el fin de obtener la nulidad del
acto ficto o presunto negativo derivado de la falta de respuesta de la petición
presentada por aquellos el 16 de marzo de 2020.

4. Adicionalmente, como título de restablecimiento del derecho, solicitaron (i)
reconocer y pagar las cesantías bajo el sistema retroactivo fijado en las Leyes 6 de
1945 y 65 de 1946 y los Decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947; (ii) pagar las
diferencias originadas entre las sumas que han venido percibiendo por concepto de
dicho auxilio y las que resulten del reajuste solicitado; y (iii) actualizar los montos
reconocidos conforme a lo previsto en el artículo 187 del CPACA, para lo cual debía
tenerse en cuenta las fechas de causación y el pago efectivo de estas.

5. El 12 de junio de 2024, el Juzgado 26 Administrativo de Bogotá accedió a
las pretensiones de la demanda, al considerar que los demandantes tenían derecho
a que sus cesantías se reconocieran liquidaran y pagaran conforme al sistema de
retroactividad, puesto que se vincularon antes del 31 de diciembre de 1996 y,
adicionalmente, tampoco se demostró que aquellos hubiesen solicitado
expresamente acogerse al sistema anualizado.

6. La parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, para lo cual afirmó que (i) los demandantes tuvieron diversas modalidades
de vinculación (encargos, comisiones) y no una sola relación laboral continua; (ii)
siempre estuvieron bajo el régimen anualizado y nunca presentaron reclamación
alguna referente a un régimen de retroactividad; y (iii) varios de estos realizaron
retiros parciales de cesantías, lo que, en su criterio, evidencia la aceptación del
régimen anualizado.

7. El 11 de agosto de 2025, las Subsecciones A y B de la Sala Transitoria de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmaron la
sentencia de primera instancia, frente a los actores Alexander Bedoya Montalvo,
Alfredo Ardila Godoy, Ana Bertilda Guavita Tibabisco, Clara Marcela Lizarazo
Hernández, Eduin Darío Dechamps Guzmán, Freddy Rada Varela, Jorge Enrique
Salas, Juan Hilder González Téllez, Marina Manuela Moreno Ramírez y Miguel
Antonio Sánchez Contreras.

8. No obstante, revocaron la anterior decisión en relación con Carmen Esmith
Delgado Niño, Clarena Moreno Fajardo, Diana Inés Cubillo Morales, Eduard Arnulfo
Pinilla Rivera, Eduardo Rodríguez Mora, Fabio Lorenzo Roa Cárdenas, Franky
Castaño Herrera, Hugo Fernando Leiva Gutiérrez, Ligia Beatriz Sierra Gómez,
María Cristina Umaña Galindo y Martha Liliana Mosquera Vargas y, en su lugar,
negaron las pretensiones de la demanda.

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Demandantes: Franky Castaño Herrera y otros

9. Para sustentar la anterior decisión, señalaron que si bien los anteriores
demandantes se vincularon antes del 31 de diciembre de 1996, por lo que, en
principio, les sería aplicable el régimen de retroactividad en sus cesantías, aquellos
se encuentran afiliados al FNA, les efectuaron aportes anuales de cesantías y se
les realizaron pagos parciales de cesantías por parte de esa entidad, por lo que, a
pesar de no existir manifestación expresa, estos quedaron sometidos al régimen
anualizado de cesantías.

10. Como fundamentos de derecho, la parte accionante afirmó que las
Subsecciones A y B de la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al expedir la Sentencia del 11 de agosto de 2025,
incurrieron en defecto sustantivo, al aplicar simultáneamente precedentes
jurisprudenciales contradictorios para resolver una misma discusión.

11. Sobre el particular, explicó que la corporación mencionada mantuvo el
régimen retroactivo de cesantías para algunos demandantes que estaban afiliados
a fondos distintos al Fondo Nacional del Ahorro (FNA), pero negó ese mismo
derecho a los demás, con fundamento exclusivo en la afiliación al mencionado
fondo. En otras palabras, a partir de una aparente diferenciación que careció de
soporte normativo y condujo a una interpretación irrazonable de las normas que
regulan el cambio de régimen de cesantías.

12. Adicionalmente, manifestó que la providencia atacada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, al apartarse de la postura reiterada de la
Corte Constitucional que exige una manifestación expresa y escrita de voluntad para
abandonar el régimen retroactivo de cesantías. Para soportar lo anterior, citó las
Sentencias T-597 de 1995, SU-519 de 1997, T-267 de 1997 y C-859 de 2008.

13. Sostuvo que se vulneró el derecho a la igualdad, al considerar que la
sentencia controvertida otorgó un trato desigual injustificado a servidores públicos
que se encontraban en situaciones fácticas y jurídicas equivalentes, todos
vinculados antes del 31 de diciembre de 1996, estableciendo una distinción basada
únicamente en la afiliación al FNA, sin una razón objetiva y suficiente.

14. Por último, alegó una falta de motivación suficiente y razonable, al señalar
que el fallo discutido no explicó de manera clara y coherente por qué, en el caso de
los afiliados al FNA, se admitió la existencia de un consentimiento tácito para el
cambio de régimen, mientras que dicha inferencia fue descartada para los afiliados
a otros fondos, lo cual evidenciaría una contradicción interna que vulneró el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia.

Intervenciones1

1
El 20 de noviembre de 2025, la Sección Quinta de esta corporación remitió el expediente de la referencia para que se
estudiara una posible acumulación con la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-06501-00 por guardar similitud
fáctica y jurídica.
El 26 de igual mes y anualidad, el despacho del magistrado sustanciador de la presente decisión no acumuló el proceso con
la tutela inicial, por encontrarse en etapas procesales distintas. En consecuencia, (i) avocó conocimiento de esta tutela; (ii)
admitió la acción en contra de las Subsecciones A y B de la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca; y (iii) vinculó a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, al Juzgado 26 Administrativo de Bogotá
y a los señores Diana Inés Cubillos Morales, Eduard Arnulfo Pinilla Rivera, Alexander Bedoya Montalvo, Alfredo Ardila Godoy,
Ana Bertilda Guatavita Tibabisco, Clara Marcela Lizarazo Hernández, Eduin Darío Dechamps Guzmán, Freddy Rada Varela,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07168-00
Demandantes: Franky Castaño Herrera y otros

15. El Juzgado 26 Administrativo de Bogotá adujo que las decisiones emitidas
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se fundamentaron
adecuadamente en referentes normativos y jurisprudenciales aplicables al caso.
Además, se notificaron en debida forma, respetando las garantías procesales de las
partes.

16. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, luego de hacer un breve recuento de las actuaciones adelantadas
en el proceso ordinario y de reiterar los argumentos expuestos en la sentencia
reprochada, afirmó que no se incurrió en defecto sustantivo, toda vez que dicha
providencia se fundamentó en la normativa y jurisprudencia aplicable al caso.

17. La Universidad Francisco José de Caldas manifestó que la acción de tutela
no cumplió con el requisito de relevancia constitucional, dado que lo pretendido por
la parte actora fue reabrir el debate analizado y resuelto en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Aunado a ello, expresó que el cargo de
desconocimiento del precedente judicial carecía de argumentación, por lo que
tampoco se cumplió con la exigencia de identificación clara de los hechos que
generaron la vulneración de los derechos invocados.

18. Martha Liliana Mosquera Vargas manifestó su conformidad con los
argumentos expuestos por los accionantes. Añadió que expresó su deseo de
continuar con el Fondo Nacional del Ahorro como administrador de sus cesantías
retroactivas. Asimismo, resaltó que la institución de educación superior no consignó,
en los años siguientes, las cesantías ni sus respectivos intereses dentro del período
correspondiente, lo que evidencia que pertenece al régimen retroactivo.

19. Los demás vinculados guardaron silencio, a pesar de haber sido notificados.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

21. Antes de abordar el problema jurídico que se desarrollará a continuación, la
Sala precisa que, aunque los accionantes alegaron la configuración de un defecto
sustantivo derivado de la presunta aplicación de 2 posturas jurisprudenciales
contradictorias en la providencia cuestionada, lo cierto es que dicho reproche se
enmarca, en realidad, en la causal de desconocimiento del precedente judicial. En

Jorge Enrique Salas, Juan Hilder González Téllez, Marina Manuela Moreno Ramírez, Martha Liliana Mosquera Vargas y
Miguel Antonio Sánchez Contreras.

4
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consecuencia, el análisis de este cargo se efectuará a la luz del último defecto
mencionado.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si las Subsecciones
A y B de la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al expedir la Sentencia del 11 de agosto de 2025 incurrieron en (i)
desconocimiento del precedente judicial; (ii) violación directa de la Constitución
Política; y/o (iii) decisión sin motivación.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

23. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad;
se argumentaron con suficiencia los reparos alegados y no se trata de un asunto de
mera legalidad o carácter eminentemente económico; (2) se tiene acreditada la
legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que los accionantes son los titulares
de las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas, y las
Subsecciones A y B de la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca la autoridad que profirió la decisión que se
cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita
a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; (4) la acción
de tutela se presentó el 13 de noviembre de 2025, es decir, dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación de la Sentencia del 11 de agosto de igual anualidad2; (5)
no se cuestionó una irregularidad procesal; (6) se identificaron razonablemente los
hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de
derechos fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una providencia de
igual naturaleza.

Análisis de la vulneración alegada: estudio de defectos

24. La Sala negará el amparo solicitado por la parte accionante, al no haberse
estructurado ninguno de los defectos invocados, de acuerdo con los argumentos
que a continuación se exponen:

25. Los accionantes afirmaron que las Subsecciones A y B de la Sala
Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad, con ocasión de la expedición de la Sentencia
del 11 de agosto de 2025, incurrió en desconocimiento del precedente judicial (i) al
aplicar, a su juicio, precedentes jurisprudenciales contradictorios para resolver una
misma discusión; e (ii) inobservar las Sentencias T-597 de 1995, SU-519 de 1997,
T-267 de 1997 y C-859 de 2008 de la Corte Constitucional.

2
La providencia fue notificada por mensaje de datos el 19 de agosto de 2025.

5
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26. Pues bien, en aras de dar solución a la controversia aquí expuesta, la Sala
considera necesario revisar los argumentos en que se apoyó Tribunal accionado
para revocar parcialmente la decisión adoptada por el Juzgado 26 Administrativo de
Bogotá. Así, se observa que aquella corporación, luego de exponer el marco
normativo y jurisprudencial en torno al régimen retroactivo de cesantías, concluyó
que (i) inicialmente se estableció un régimen retroactivo para la liquidación de las
cesantías para los empleados públicos; (ii) a través del Decreto 3118 del 26 de
diciembre de 1968 3 se contempló la liquidación anual de las cesantías para los
empleados públicos de los ministerios, los departamentos administrativos, los
establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado; (iii)
las personas vinculadas al Estado a partir del 31 de diciembre de 1996, tienen
derecho a un régimen anualizado de las cesantías; (iv) a partir de la Ley 432 de
1998, deben afiliarse al FNA los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del Orden Nacional y podrán afiliarse al mismo los demás servidores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios; y (v)
coexisten 3 regímenes de liquidación de cesantías para el sector público, esto es,
liquidación retroactiva, liquidación anualizada y el del FNA.

27. Adicionalmente, indicó que, según jurisprudencia de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado4, para que opere el cambio de régimen
retroactivo de cesantías al anualizado del servidor territorial vinculado con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, debe manifestarse
expresamente a la Administración dicha determinación y, en caso de que no se
haga, su afiliación a un fondo creado en virtud de la Ley 50 de 1990, solo implica el
cambio de administrador de dichos recursos.

28. Adicionalmente, precisó que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en un caso en el que un empleado público que, por la fecha de
su vinculación a la Administración, resultaba beneficiario del régimen retroactivo de
cesantías, pero que se afilió al FNA, determinó que se regía por el sistema de
liquidación anual de cesantías porque «a pesar de que no obraba manifestación de
voluntad alguna en la que haya solicitado ser cambiado de régimen retroactivo a
anualizado, tampoco obraba prueba de que hubiese expuesto su oposición en los
más de treinta y cuatro años en los que recibió sus cesantías, se itera, de forma
anualizada; por el contrario, efectuó trámites con los que se vio beneficiado por
dicho régimen»5.

29. Así las cosas, al analizar el caso concreto, determinó que los demandantes
Alexander Bedoya Montalvo, Alfredo Ardila Godoy, Ana Bertilda Guavita Tibabisco,
Clara Marcela Lizarazo Hernández, Eduin Darío Dechamps Guzmán, Freddy Rada
Varela, Jorge Enrique Salas, Juan Hilder González Téllez, Marina Manuela Moreno
Ramírez y Miguel Antonio Sánchez Contreras se vincularon al servicio de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas antes del 31 de diciembre de 1996 y
se afiliaron a fondos de cesantías privados. Adicionalmente, expuso que no se

3
«Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantía de empleados públicos y
de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones».
4
Sentencia del 5 de mayo de 2022. Rad. 13001-23-33-000-2015-00096-01 (5205-2019).
5
Sentencia del 28 de enero de 2021. Rad. 41001-23-33-000-2017-00213-01(2279-19)

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allegó prueba que contenga la manifestación voluntaria de estos sobre el deseo de
optar por el régimen anualizado ni que hubiesen adelantado los trámites
subsiguientes exigidos por el Decreto 1582 de 1998, por lo que consideró que la
liquidación de dicho auxilio debía realzarse bajo la modalidad de retroactividad.

30. Ahora, frente a Carmen Esmith Delgado Niño, Clarena Moreno Fajardo,
Diana Inés Cubillo Morales, Eduard Arnulfo Pinilla Rivera, Eduardo Rodríguez Mora,
Fabio Lorenzo Roa Cárdenas, Franky Castaño Herrera, Hugo Fernando Leiva
Gutiérrez, Ligia Beatriz Sierra Gómez, María Cristina Umaña Galindo y Martha
Liliana Mosquera Vargas sostuvo que se vincularon a la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas antes del 31 de diciembre de 1996, fecha de entrada en
vigencia de la Ley 344 de 1996, de ahí que en principio resultarían acreedores del
régimen de liquidación retroactivo de sus cesantías. No obstante, en atención al
lineamiento jurisprudencial expuesto, consideró que, a pesar de no acreditarse
manifestación expresa de voluntad de dichos demandantes de pertenecer al
régimen anualizado, estos se encuentran afiliados al FNA, se les efectuaron aportes
anuales a cesantías y se realizaron pagos parciales de dicho auxilio, por lo que
quedaron sometidos al régimen anualizado. En consecuencia, estimó que debía
revocarse la decisión del Juzgado 26 Administrativo de Bogotá y, en su lugar,
negarse las pretensiones de la demanda frente a dichos actores.

31. Analizados los argumentos que soportaron la decisión que hoy es objeto de
reproche, la Sala considera que la interpretación normativa realizada por las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no resulta irrazonable ni contraria a las disposiciones invocadas por
los accionantes. Por el contrario, esta se ajustó a la jurisprudencia reiterada de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, según la cual la afiliación al FNA,
acompañada de la recepción continuada de liquidaciones anuales o de la realización
de retiros parciales, constituye un indicador válido de sometimiento al régimen
anualizado, incluso en ausencia de una manifestación expresa escrita.

32. En esa medida, no se observa que se hubiesen aplicado decisiones
contradictorias en un mismo supuesto fáctico, toda vez que la autoridad accionada
distinguió entre 2 grupos de demandantes, a partir de un criterio normativo y
jurisprudencial objetivo: la afiliación a fondos privados de cesantías o al Fondo
Nacional del Ahorro (FNA).

33. Así, para quienes, estando vinculados antes del 31 de diciembre de 1996,
se afiliaron a fondos privados creados en virtud de la Ley 50 de 1990, la autoridad
accionada concluyó que dicha afiliación no implicaba, por sí sola, el cambio del
régimen retroactivo al anualizado, en ausencia de una manifestación expresa de
voluntad, por lo que la afiliación operó únicamente como un cambio de administrador
de los recursos, sin incidencia en el régimen prestacional, lo que condujo a confirmar
la liquidación retroactiva de las cesantías.

34. No obstante, respecto de los demandantes afiliados al FNA, el Tribunal
aplicó la postura del Consejo de Estado según la cual la afiliación a dicho Fondo,
acompañada de la consignación anual de las cesantías y del disfrute efectivo de

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prestaciones propias de ese sistema, tales como los retiros parciales, comporta la
sujeción al régimen anualizado.

35. Ahora, del estudio de las Sentencias T-597 de 1995, SU-519 de 1997 y C-
859 de 2008, se desprende que la Corte Constitucional ha establecido como regla
general que el tránsito del régimen retroactivo de cesantías al régimen anualizado
exige una manifestación libre, consciente y voluntaria del trabajador. No obstante,
la autoridad accionada no desconoció dicha postura, sino que la armonizó con el
criterio de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, toda vez
que la autoridad accionada reiteró que, como regla general, el cambio de régimen
exige manifestación expresa de voluntad, empero examinó el comportamiento de
los aquí accionantes que evidenciaban una sujeción voluntaria al régimen
anualizado.

36. Aunado a ello, debe precisarse que el Tribunal accionado no fundamentó
su decisión únicamente en la afiliación del servidor a un fondo privado o al FNA, ni
dedujo de manera automática que dicha afiliación implicara el tránsito al régimen
anualizado, sino que, por el contrario, la sentencia fue clara al señalar que la sola
afiliación a una administradora de cesantías (pública o privada) no produce por sí
misma el cambio de régimen.

37. Ahora, respecto de la Sentencia T-267 de 1997, se repara en que esta no
guarda similitud fáctica ni jurídica con los contornos del presente asunto, pues en
ella se estudió la vulneración de los derechos a la vida e integridad personal del
actor, y de los demás usuarios de la terminal de transporte de Barranquilla, por lo
que no se impartió una regla de interpretación que fuera aplicable al presente asunto
y que, en ese sentido, le fuera exigible a la autoridad judicial accionada.

38. Por tanto, la Sala concluye que no se estructuró la causal de
desconocimiento del precedente judicial invocado, sino una aplicación razonada de
este al caso concreto y las situaciones particulares de cada demandante.

39. Finalmente, respecto de la presunta vulneración del derecho a la igualdad,
se concluye que la tesis adoptada por la autoridad accionada no obedeció a un
criterio arbitrario o caprichoso, sino a una diferencia jurídicamente relevante. Si bien
todos los demandantes eran servidores públicos vinculados con anterioridad al 31
de diciembre de 1996, no todos se encontraban en una situación jurídica idéntica.
En efecto, el hecho de que algunos de ellos hubieran recibido de manera continuada
liquidaciones anuales o efectuado retiros parciales constituye un indicador válido de
su sometimiento al régimen anualizado, aun en ausencia de una manifestación
expresa y escrita en tal sentido.

40. En ese orden de ideas, la Sala concluye que no se estructuraron ninguna
de las causales de procedibilidad invocadas, pues las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca efectuaron una
interpretación razonable del marco normativo que rige el régimen de cesantías
retroactivas de cara a la jurisprudencia emitida por el órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07168-00
Demandantes: Franky Castaño Herrera y otros

41. En consecuencia, se negará el amparo solicitado por Franky Castaño
Herrera, Clarena Moreno Fajardo, Carmen Esmith Delgado Niño, Eduardo
Rodríguez Mora, Fabio Lorenzo Roa Cárdenas, Ligia Beatriz Sierra Gómez, María
Cristina Umaña Galindo y Hugo Fernando Leiva Gutiérrez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Franky Castaño Herrera, Clarena
Moreno Fajardo, Carmen Esmith Delgado Niño, Eduardo Rodríguez Mora, Fabio
Lorenzo Roa Cárdenas, Ligia Beatriz Sierra Gómez, María Cristina Umaña Galindo
y Hugo Fernando Leiva Gutiérrez, a través de la acción de tutela instaurada en
contra las Subsecciones A y B de la Sala Transitoria de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente providencia

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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www.consejodeestado.gov.co

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