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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00071-02

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00071-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia expedida el 14 de mayo de 2020, por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, según lo expuesto en las consideraciones. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandante. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2017-00071-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 54001 23 33 000 2017 00071 02 (3043-2021)
Demandante: Martha Elena Celis Quintero
Demandado: Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y otros1

Tema: Régimen de retroactividad de cesantías
Decisión: Confirma sentencia. No procede la reliquidación de las cesantías
conforme al régimen retroactivo debido a la afiliación de la demandante al Fondo
Nacional del Ahorro.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de la
sentencia de primera instancia del 14 de mayo de 2020 expedida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.

I. ANTECEDENTES.

Demanda.

1. La accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del
medio de control de la referencia con el objeto de que se declare la nulidad del acto ficto
negativo que se configuró ante la omisión de respuesta frente a la petición radicada el 23
de abril de 20152.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a las entidades
demandadas reconocer las cesantías definitivas con base en el régimen retroactivo y la
sanción moratoria por su pago inoportuno, con la correspondiente indexación; el
cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA y se imponga
condena en costas a las accionadas.

1 Departamento de Norte de Santander (Instituto Departamental de Salud) y Nación – Ministerio de

Hacienda y Crédito Público.
2Al respecto, conviene precisar que, si bien en la demanda se solicitó la nulidad del «acto administrativo

ficto o presunto derivado del oficio del 25 de mayo de 2015», bajo el entendido de que dicho oficio no
constituía una respuesta de fondo a la petición presentada el 23 de abril de 2015, posteriormente mediante
auto del 6 de marzo de 2017 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander rechazó la demanda al
estimar configurada la caducidad del medio de control. Contra dicha decisión la parte actora interpuso
recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante providencia del 26 de abril de 2018, que revocó el auto
de rechazo. En cumplimiento de esta decisión, el Tribunal admitió la demanda mediante auto del 27 de julio
de 2018 y precisó que el acto impugnado correspondía al acto ficto negativo surgido con ocasión de
la petición presentada el 23 de abril de 2015.

Radicación: 54001 23 33 000 2017 00071 02 (3043-2021)
Demandante: Martha Elena Celis Quintero

3. Indicó que laboró para el servicio seccional de salud del departamento de Norte
Santander «sin solución de continuidad» desde el 8 de mayo de 1981 hasta el 30 de junio
de 2014 producto del reconocimiento de la pensión de vejez. Sostuvo que por haber
ingresado al servicio con anterioridad a la Ley 344 de 1996, es acreedora del régimen
retroactivo de cesantías.

4. Argumentó que radicó petición ante el Instituto Departamental de Salud dirigida
a obtener el reconocimiento y pago de sus cesantías con retroactividad. Señaló que la
respuesta emitida mediante oficio del 25 de mayo de 2015 no resolvió de fondo su
petición, pues se limitó a informar que se encontraba realizando un estudio sobre la
solicitud.

Contestaciones de la demanda.

5. La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social3 se opuso a la prosperidad
de las pretensiones alegando que carecen de sustento fáctico y jurídico. Señaló que no
es la entidad responsable de las prestaciones reclamadas, pues estas derivan de la
relación laboral de la demandante con el Instituto Departamental de Salud de Norte de
Santander. Agregó que esta última entidad liquidaba anualmente las cesantías de sus
funcionarios consignándolas en el Fondo Nacional del Ahorro, por lo que no procedía la
reliquidación de dicha prestación conforme al sistema retroactivo.

6. Mencionó que los empleados públicos del sector salud vinculados con
anterioridad a la vigencia de la Ley 10 de 1990 estaban sometidos al régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores de la Rama Ejecutiva Nacional, incluido el régimen
anualizado de cesantías, circunstancia que, a su juicio, fue ratificada por la Ley 10 de
1990 y el artículo 242 de la Ley 100 de 1993. Propuso las excepciones de ineptitud de la
demanda por incumplimiento de requisitos sustanciales, falta de legitimación en la causa
por pasiva, prescripción, inexistencia del derecho, falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad previsto en el artículo 161 del CPACA frente a dicho Ministerio, inexistencia
de la obligación, inoponibilidad y presunción de legalidad de los actos administrativos
demandados y la innominada.

7. La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social4 sostuvo que no profirió los
actos administrativos impugnados, ni se encuentra facultado para asumir las obligaciones
pretendidas, toda vez que la demandante no tuvo vínculo laboral con esa cartera
ministerial y no fue reconocida como beneficiaria del extinto fondo del pasivo prestacional
del sector salud. Formuló las excepciones de indebida representación de la Nación,
inexistencia de vínculo obligacional entre la actora y la Nación, saneamiento del pasivo
pensional por parte de la Nación, inexistencia de relación jurídico sustancial entre el
Instituto Departamental de Salud de Norte Santander y el Ministerio, falta de legitimación
en la causa por pasiva, improcedencia de la acción, vulneración del principio de legalidad
y afectación presupuestal en caso de una sentencia desfavorable.

3 Índice 8 de Samai.
4 Ibidem.

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00071 02 (3043-2021)
Demandante: Martha Elena Celis Quintero

8. El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander5 indicó que la
demandante estuvo sujeta al régimen anualizado de cesantías y afiliada al Fondo
Nacional del Ahorro, del cual obtuvo los beneficios previstos por la ley. Planteó las
excepciones de indebida integración del litisconsorcio necesario, prescripción,
inexistencia de la obligación reclamada y buena fe.

Sentencia apelada6.

9. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la
demanda. Expuso que se acreditó que la actora se vinculó al servicio seccional de salud
de Norte de Santander con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y
que, desde el inicio de la relación laboral el 5 de mayo de 1981, sus cesantías fueron
liquidadas, reportadas y administradas conforme al sistema anualizado establecido en el
Decreto 3118 de 1968 y administrado por el Fondo Nacional del Ahorro. En ese sentido,
concluyó que no resultaba procedente el reconocimiento de cesantías bajo el régimen de
retroactividad pretendido.

10. Destacó que, aunque en el expediente no obra manifestación expresa de la
demandante en el sentido de acogerse al régimen anualizado de cesantías, «el hecho de
haber realizado retiros parciales de sus cesantías directamente del Fondo Nacional del
Ahorro, [permitía] inferir que conocía de su vinculación al mencionado fondo,
acogiéndose de tal modo a las reglas y disposiciones que lo reglamentaban».

11. Puntualizó que la accionante no fue inscrita como beneficiaria del extinto fondo
del pasivo prestacional del sector salud, por lo que las obligaciones causadas al 31 de
diciembre de 1993 no podían financiarse mediante contratos de concurrencia. En
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de pronunciarse sobre
la sanción moratoria reclamada.

Recurso de apelación7.

12. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación
alegando que el Tribunal desconoció que se vinculó al servicio seccional de salud de
Norte de Santander el 8 de mayo de 1981, en su condición de servidora departamental,
cuando se encontraba vigente el régimen retroactivo de cesantías. Advirtió que la
afiliación al Fondo Nacional del Ahorro no implicó la pérdida de ese derecho adquirido y
que el régimen aplicable debía determinarse a partir de la fecha de vinculación. Asimismo,
adujo que las entidades demandadas no podían trasladarle las consecuencias de
eventuales errores administrativos relacionados con su afiliación o con su inclusión en el
Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud.

13. Por tanto, pidió revocar la sentencia y acceder al reconocimiento y pago de las
cesantías bajo el régimen retroactivo, los intereses sobre estas y la sanción moratoria.

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Folios 222 a 228 ibidem.

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00071 02 (3043-2021)
Demandante: Martha Elena Celis Quintero

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

14. Mediante auto del 1.° de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación8 y
el 9 de mayo de 20249 se corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos
de conclusión, término durante el cual la Nación - Ministerio de Salud y Protección
Social10 y el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander11 reiteraron los
argumentos expuestos en sus contestaciones de la demanda. Por su parte, la
demandante allegó memorial el 20 de junio de 202412; sin embargo, los alegatos allí
contenidos no serán tenidos en cuenta, por haber sido presentados de manera
extemporánea13.

15. A través de auto del 3 de julio de 202514 se decretó prueba de oficio dirigida a
obtener certificaciones tendientes a establecer si existieron actos de reconocimiento
parcial y definitivo de cesantías a favor de la demandante y si esta manifestó
expresamente su voluntad de acogerse al régimen de liquidación anual de dicha
prestación; la respuesta al respecto obra en el índice 41 de Samai. Durante el traslado
de dicha prueba, las partes no hicieron ninguna manifestación.

III. CONSIDERACIONES.

Competencia.

16. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 615
del Código General del Proceso (CGP), el Consejo de Estado es competente para resolver
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico.

17. De conformidad con los reparos concretos planteados procederá la Sala a
estudiar si la demandante tiene derecho a que sus cesantías definitivas sean liquidadas
de acuerdo con el régimen retroactivo, pese a que fue afiliado al Fondo Nacional del
Ahorro, asimismo si procede el reconocimiento de los intereses sobre estas y la sanción
moratoria.

8 Índice 17 de Samai.
9 Índice 23 ibidem.
10 Índice 29 ibidem.
11 Índice 30 ibidem.
12 Al respecto, en Samai se hizo la siguiente anotación en el índice 32 «KBB-POR LA PRESENTE
ANOTACIÓN ME PERMITO SUBSANAR EL ERROR INVOLUNTARIO OCACIONADO POR PARTE DE
LA DRA. MARIA MERCEDES URIBE RINCON, APODERADA DE LA PARTE DEMNANDANTE, QUIÉN A
TRAVÉS DE LA VENTANILLA VIRTUAL, RADICÓ MEMORIALES EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2024,
DENTRO DEL PROCESO CON RADICADO No. 54001233300020170007101 N.I. 1785-2027, A INDICES
9 Y 10, EN LOS CUALES PRESENTÓ ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. LO ANTERIOR CON EL FIN DE
QUE SEAN TENIDOS EN CUENTA DENTRO DEL PRESENTE PROCESO».
13 Toda vez que, de conformidad con la Ley 2213 de 2022, la notificación del auto que corrió traslado se

entendió surtida al segundo día hábil siguiente al envío del mensaje de datos, esto es, el 30 de mayo de
2024.
14 Índice 36 de Samai.

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00071 02 (3043-2021)
Demandante: Martha Elena Celis Quintero

Análisis del problema jurídico.

18. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda, por las razones que se exponen a continuación.

19. Con el fin de resolver el problema jurídico, está acreditado que la señora
Martha Elena Celis Quintero estuvo vinculada al servicio seccional de salud hoy Instituto
Departamental de Salud de Norte de Santander desde el 8 de mayo de 1981 hasta el 30
de junio de 201415, desempeñándose inicialmente como fisioterapeuta y posteriormente
como profesional especializado.

20. Asimismo, que desde su vinculación en 198116 sus cesantías fueron liquidadas
anualmente y consignadas con destino al Fondo Nacional del Ahorro, al cual se encuentra
afiliada desde ese mismo año.

21. Mediante Resolución GNR 350916 del 11 de diciembre de 2013, Colpensiones
reconoció una pensión de vejez a favor de la actora. No obstante, el ingreso a nómina
quedó condicionado a la acreditación de su retiro definitivo del servicio, el cual se produjo
a partir del 1.º de julio de 201417.

22. A través de petición del 23 de abril de 201518, la accionante solicitó que sus
cesantías definitivas fueran liquidadas con base en el régimen de retroactividad. En
respuesta, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander emitió el Oficio 598
del 25 de mayo de 201519, en el que indicó lo siguiente:

[C]onforme a lo señalado anteriormente, se concluye, que las cesantías liquidadas durante
la relación laboral se consignaban en forma anualizada, en armonía con las disposiciones
vigentes para la época, en el Fondo Nacional de Ahorro.

En consecuencia, a los empleados públicos del sector Salud, vinculados con anterioridad
a la vigencia de la Ley 10 de 1990, en materia salarial y prestacional, estaban regidos por
las normas aplicables a los empleados de la rama ejecutiva nacional, es decir, los

15 Folios 44 a 46 y 44b del archivo

7_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_001DEMANDA(.pdf) NroActua 8 visible en el
índice 8 de Samai, así como folio 363 del archivo
16 Ver extracto de cesantías folio 426 del archivo

27_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_018OFICIOSYPRUEBASP(.pdf) NroActua 8.
Para el efecto, en la certificación expedida por el Fondo Nacional del Ahorro el 30 de mayo de 2019 (folio
427 del mismo archivo) se indicó que «según el extracto de cesantías procesado por el sistema, la
señora CELIS QUINTERO MARTHA ELENA […] es afiliado(a) desde hace 460 meses» lo que
corresponde aproximadamente a 38 años de afiliación a la fecha de expedición de la certificación,
circunstancia que permite inferir que aquella se remonta al año 1981.
17 Información tomada de la Resolución GNR 203078 del 7 de julio de 2015 a través de la cual se

reliquidó tal prestación, visible en los folios 98 a 101 del archivo
7_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_001DEMANDA(.pdf) NroActua 8. Asimismo, ver
folio 363 del archivo
27_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_018OFICIOSYPRUEBASP(.pdf) NroActua 8.
18 Folios 103 a 105 ibidem.
19Folio 106 del archivo 7_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_001DEMANDA.

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00071 02 (3043-2021)
Demandante: Martha Elena Celis Quintero

Decretos 1042 de 1978, 3135 de 1968, y 1848 de 1968 y 1045 de 1978, Ley 70 de 1989,
entre otras.

A la fecha, este instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, se
encuentra adelantando un juicioso estudio jurídico, con el fin de determinar si los
funcionarios que hicieron parte del antiguo Sistema Nacional de Salud, que
funcionaba bajo la tutela del Ministerio de Salud y en el nivel territorial a través de
los Servicios Seccionales de Salud, tienen o no derecho a que se liquiden sus
cesantías por el sistema de retroactividad, en virtud que para la época de los hechos
se consideraban funcionarios del Sistema Nacional de Salud; siguiendo el hilo
conductor de esta respuesta, no existe el menor asomo de duda, como quiera, que
Ud. ingreso en el año 1981.

[se resalta].

23. Por su parte, la Sala decretó prueba de oficio con el propósito de verificar si
existieron actos de reconocimiento parcial y definitivo de cesantías a favor de la
demandante y si esta manifestó expresamente su voluntad de acogerse al régimen de
liquidación anual de dicha prestación. En respuesta se allegó lo siguiente:

i) Comunicación emitida por el director del Instituto Departamental de Salud de Norte de
Santander20 en la que se indica que:

a) Reconocimiento de cesantías definitivas tras el retiro (junio 2014- abril 2015) La señora Martha
Elena Celis Quintero fue desvinculada del Instituto Departamental de Salud el 30 de junio de 2014.
De acuerdo con los extractos oficiales del Fondo Nacional de Ahorro (FNA), se evidencia el
siguiente comportamiento respecto a sus cesantías:

• El 3 de enero de 2014, se realizó una consignación por valor de $4,367,270, registrada bajo el
concepto de “CONSOLIDACION CESANTIAS”, correspondiente al periodo laborado durante el año
2013.

• Posteriormente, el 19 de agosto de 2014, la señora Celis efectuó un retiro parcial de cesantías
por valor de $4,571,546, registrado bajo el concepto de “PAGO DE CESANTIAS”, dejando el saldo
en cero.

• Finalmente, el 12 de septiembre de 2014, se realizó una nueva consignación por valor de
$2,486,133, bajo el concepto de “CONSOLIDACION CESANTIAS”, correspondiente al periodo
laborado entre enero y junio de 2014, como parte de la liquidación anual establecida por el régimen
legal aplicable a los servidores públicos afiliados al FNA.

• Adicionalmente, se encuentra registrado un retiro posterior realizado por la señora Celis el 12 de
julio de 2023, por valor de $4,166,360, con Io cual nuevamente ejerció disposición efectiva y
voluntaria de sus cesantías, dejando el saldo en cero. Este movimiento se identificó bajo el
concepto de “PAGO DE CESANTIAS” y se efectuó sin que consten reclamaciones o recursos
relacionados.
[…]

No obra en el expediente evidencia alguna de reclamaciones, recursos o manifestaciones
de inconformidad por parte de la señora Martha Elena Celis Quintero frente a las
operaciones registradas en su cuenta individual de cesantías, ya sea en relación con los
montos consignados, los retiros efectuados o los abonos aplicados a créditos hipotecarios.

Además, durante toda su vinculación al Instituto Departamental de Salud, no se encuentra
constancia de que hubiera cuestionado la aplicación del régimen anualizado ni
manifestado su intención de acogerse al régimen retroactivo, Io cual refuerza la

20 Índice 41 de Samai.

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00071 02 (3043-2021)
Demandante: Martha Elena Celis Quintero

presunción de legalidad, transparencia y conformidad con el sistema que le fue aplicado,
conforme a la normativa vigente y a la entidad administradora (Fondo Nacional de Ahorro).

24. En ese sentido, aunque no se allegaron actos de liquidación de cesantías, se
acreditó que las correspondientes al período laborado entre enero y junio de 2014 fueron
consignadas en la cuenta individual de la demandante en el Fondo Nacional del Ahorro y
que no hay petición previa a la que dio origen al acto acusado, en la que se hubiera
exigido la aplicación del régimen de retroactividad.

25. Ahora bien, se recuerda que la parte recurrente señaló que, por haberse
vinculado al servicio seccional de salud de Norte de Santander el 8 de mayo de 1981, le
resultaba aplicable el régimen retroactivo de cesantías y que, en esa medida, su afiliación
al Fondo Nacional del Ahorro no implicó la pérdida de ese derecho adquirido.

26. En ese orden de ideas, conviene señalar que a través del Decreto 3118 de
1968 se creó el Fondo Nacional del Ahorro y dentro de sus objetivos se estableció el de
«[p]agar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores
oficiales». Su artículo 27 previó la liquidación anual del auxilio, además, dicha
normativa tenía como destinatarios a «los empleados públicos y trabajadores oficiales de
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos
Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden Nacional»21.

27. Por su parte, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 creó un nuevo régimen
especial de cesantías, según el cual «el valor liquidado por concepto de cesantía se
consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del
trabajador en el fondo […] que el mismo elija […]».

28. Seguidamente con la expedición de la Ley 344 de 199622, se extendió al sector
público el régimen anualizado de cesantías consagrado inicialmente sólo para
particulares en la Ley 50 de 1990, sistema que fue aplicado incluso a los servidores
públicos del orden territorial mediante el Decreto 1582 de 199823.

21 Artículo 29 del Decreto 3118 de 1968.
22 Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir

de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del
Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la
fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de
la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o
entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
23 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel

territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías,
será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de
los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en
el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al
Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma
prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998».

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00071 02 (3043-2021)
Demandante: Martha Elena Celis Quintero

29. No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior
al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la Ley 344 de 1996, se les continuaría
respetando el régimen de liquidación del citado auxilio consagrado en normas anteriores,
garantía que ha sido reiterada en virtud de lo dispuesto en los artículos 2 del Decreto
1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de 2002.

30. En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos se
acogieran al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían
proceder en la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 199824.

31. En lo que respecta a los servidores públicos que integraban los Servicios
Seccionales de Salud25, en principio, se encontraban sometidos al régimen retroactivo de
cesantías por su condición de empleados del orden territorial. Pese a ello, dicha situación
se modificó con la expedición de la Ley 10 de 1990, pues a partir de su entrada en
vigencia, el 10 de enero de 1990, se dispuso la aplicación del sistema anualizado, propio
de los servidores del orden nacional26, criterio que fue reafirmado por las Leyes 6027 y
100 de 199328.

32. Sin embargo, frente a la permanencia en el régimen retroactivo de cesantías
en aquellos eventos en que los servidores son afiliados al FNA, la Sección Segunda del
Consejo de Estado ha suscitado diferentes posturas. Particularmente, la Subsección A,
ha considerado que la afiliación al referido Fondo no supone, por sí misma, la renuncia a
la retroactividad, pues requiere una manifestación de voluntad por parte del empleado
para acogerse al sistema anual. Al respecto, en sentencia del 18 de enero de 201829, se
indicó:

Al valorar las pruebas obrantes en el expediente, se concluye que a las demandantes,

24 Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la

Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha
ley, se procederá de la siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno
de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la
liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento
de los trámites legales necesarios para su expedición.
25 Postura acogida en sentencia del 21 de marzo de 2024, M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, núm. Interno:

0968-2023
26 El artículo 35 estableció la prohibición de asumir directamente las prestaciones asistenciales y

económicas, disponiendo que estas deben ser cubiertas por los fondos de cesantías y para ese efecto se
deben atender mediante la afiliación respectiva.
27 Artículo 33. Parágrafo 2º.- El Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales Distritales y

Municipales podrán emitir bonos de reconocimiento u otros títulos de deuda pública para pagar el pasivo
prestacional según reglamento que para el efecto se expida. Los pagos del pasivo prestacional por
cesantías y pensiones podrán ser hechos a los fondos privados de cesantías y pensiones, a las cajas de
previsión, al Instituto de Seguros Sociales o a los fondos territoriales que para el efecto se creen, y en todos
los casos se entenderá que en la fecha de los pagos del pasivo prestacional causado se interrumpe
cualquier retroactividad con cargo a la Nación, a las entidades territoriales o a la entidad de prestación de
servicios de salud que corresponda.
28 Artículo 242. […] A partir de la vigencia de la presente ley no podrán reconocerse ni pactarse para los

nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos aplicable.
29 Sentencia del 18 de enero de 2018, radicado: 44001-23-33-000-2014-90035-01(1575-16). Asimismo, ver

providencia del 1.° de agosto de 2018, radicado: 44001-23-33-000-2013-00094-01(2654-15).

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00071 02 (3043-2021)
Demandante: Martha Elena Celis Quintero

como empleadas del Hospital Nuestra Señora de los Remedios del orden departamental,
tienen derecho al régimen retroactivo de las cesantías de la Ley 6ª de 1945.

Por tanto, tal como ha señalado esta Corporación en asuntos similares30 no podían estar
afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro en consideración a que los únicos afiliados de
manera obligatoria eran los servidores de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del
Estado del orden nacional a quienes se les aplica el régimen propio de dicho régimen, así
mismo, toda vez que el régimen propio del Fondo Nacional del Ahorro, se extendió a los
empleados del nivel territorial y sus entes descentralizados, tan solo a partir de la Ley 432
de 1998.

Corrobora lo anterior, las certificaciones expedidas por la ESE Hospital Nuestra
Señora de los Remedios, en las cuales señala que a cada una de las demandantes,
les aplicó el sistema de cesantías retroactivas hasta diciembre de 1993, sin que
exista prueba alguna de las manifestaciones voluntarias de las demandantes de que
a partir de la citada fecha, renunciaban al régimen retroactivo de cesantías. Por
tanto, se concluye que sus afiliaciones al Fondo Nacional del Ahorro, en el que se
consignaron cesantías a partir del año 1994, lo fue conservando el derecho a la
liquidación con retroactividad de sus cesantías.

En consecuencia, la Sala considera que a pesar de haberse hecho el reconocimiento
anualizado de cesantías por parte del Fondo Nacional de Ahorro y como quiera que
se determinó que las demandantes tienen derecho a la liquidación de sus cesantías
bajo el sistema de retroactividad, deberá accederse a las peticiones de la demanda
por este aspecto. […] [Se resalta]

33. En contraste, la Subsección B estimó que la afiliación al FNA y las actuaciones
orientadas a beneficiarse del régimen anualizado conlleva que las cesantías se liquiden
conforme a dicho sistema. En providencia del 23 de agosto de 201831 se expuso lo
siguiente:

Así las cosas, claro está que el señor Roberto Segundo Fernández, al igual que los demás
demandantes, tampoco es beneficiario del régimen de cesantías previsto en la Ley 6ª de
1945, por cuanto si bien tuvo la posibilidad de acogerse a ese sistema, desde el inicio optó
por el administrado por el Fondo Nacional del ahorro al cual se encuentra vinculado desde
el año 1986 y en el que de forma permanente le han consignado los aportes para tal
prestación, correspondiendo el último pago certificado, al año 2016.

La anterior situación es corroborada por los extractos expedidos por el Fondo Nacional
del Ahorro de los cuales se desprende que en su condición de empleado de la entidad
demandada, allí le reportaron las cesantías anualmente desde que inició su relación
laboral en el sector de la salud, en esa medida no es beneficiario del régimen retroactivo
de cesantías señalado en la Ley 6ª de 1945.

30 Cita dentro de la transcripción «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, Subsección B, sentencia de 17 de febrero de 2011, Consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de
Páez, número interno: 0552-2010; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 13 de febrero de 2014, Consejero ponente Luis Rafael Vergara
Quintero, número interno 0705-2012».
31 Sentencia del 23 de agosto de 2018, radicado: 44001-23-33-000-2014-00039-01(0222-17), la anterior

posición también fue reiterada en sentencia del 28 de enero de 2021 expediente 2279-2019.

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00071 02 (3043-2021)
Demandante: Martha Elena Celis Quintero

Ahora, no obstante no obra en el expediente manifestación expresa de su voluntad
acogerse a ese sistema, el hecho de haber realizado retiros parciales de sus
cesantías directamente del Fondo Nacional del Ahorro y emplear dicho auxilio para
abonar a créditos hipotecarios, permite a la Sala inferir que conocía de su
vinculación al aludido fondo, acogiéndose por tanto a las reglas y disposiciones
que lo regulan. […] [Se resalta]

34. La anterior postura fue adoptada en proveído del 16 de abril de 2026 por esta
Subsección32, en el que se consideró que no procede la reliquidación de las cesantías
bajo el régimen retroactivo para los servidores del sector salud que, pese a haberse
vinculado al servicio antes de comenzar a regir la Ley 10 de 1990, estuvieron afiliados al
FNA desde el inicio de la relación laboral, sus cesantías fueron liquidadas de forma anual
y no formularon objeción alguna frente a ello; por el contrario realizaron gestiones que
permitían inferir que conocían la vinculación a dicho fondo y régimen, con lo cual se
sometieron a su regulación.

35. En consecuencia, en el caso concreto, si bien la demandante se vinculó al
sector salud desde 1981, antes de la entrada en vigencia de la Ley 10 de 1990, está
acreditado que fue afiliada al Fondo Nacional del Ahorro desde 1981 y nunca manifestó
oposición al respecto; además, en su extracto de cesantías se puede corroborar que
periódicamente utilizó sus cesantías para hacer abonos a crédito hipotecario33,
circunstancia que constituye un indicio relevante de sometimiento al régimen anualizado,
incluso en ausencia de una manifestación expresa escrita. En ese orden, contrario a lo
planteado en el recurso, el hecho de que la actora se haya vinculado con anterioridad a
la Ley 10 de 1990 no implica, por sí solo, que hubiese conservado el sistema de
retroactividad.

36. Finalmente, en cuanto a los intereses a las cesantías y la sanción moratoria
pretendida, no se observa que se hubiera formulado reclamación en sede administrativa
al respecto, pues la petición que dio origen al acto acusado solo buscaba la reliquidación
de las cesantías conforme al régimen retroactivo, circunstancia que releva a la sala de
pronunciarse frente a tal reparo. En consecuencia, se confirmará la sentencia que negó
las pretensiones de la demanda.

Condena en costas.

37. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia.

38. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de

32 Sentencia del 16 de abril de 2026, radicado: 41001-23-33-000-2017-00212-01 (2829-2020). Ver también

sentencia de tutela del 15 de enero de 2026 radicado 11001-03-15-000-2025-07168-00.
33 En el extracto adjunto aparecen abonos con tal propósito, los días 13 de marzo de 2006, 7 de marzo de

2007, 14 de mayo de 2007, entre otras fechas.

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00071 02 (3043-2021)
Demandante: Martha Elena Celis Quintero

fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

39. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

40. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante por cuanto no
le prosperaron los argumentos de la apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia expedida el 14 de mayo de 2020, por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, según lo expuesto en las consideraciones.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandante.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

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Radicación: 54001 23 33 000 2017 00071 02 (3043-2021)
Demandante: Martha Elena Celis Quintero

Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

AAP.

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