Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00269-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00269-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2019-00269-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00269 01 (4953-2022)
Demandante: María Doris Rodríguez
Demandado: Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E.
Tema: Régimen de retroactividad de cesantías
Decisión: Revoca sentencia. No procede la reliquidación de las cesantías
conforme al régimen retroactivo debido a la afiliación de la demandante al Fondo
Nacional del Ahorro.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de la
sentencia de primera instancia del 23 de junio de 2022 expedida por el Tribunal
Administrativo del Tolima.
I. ANTECEDENTES.
Demanda.
1. La accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del
medio de control de la referencia con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio
1206-GTH-000308 del 15 de enero de 20191, por medio del cual se le negó la petición
del 18 de diciembre de 2018.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la entidad
demandada a reliquidar y pagar sus cesantías definitivas correspondientes al periodo
comprendido entre el 14 de septiembre de 1983 y el 31 de diciembre de 2015, con base
en el régimen retroactivo, teniendo en cuenta el último salario devengado con todos los
factores que lo constituyen y descontando los «pagos parciales» efectuados durante su
vinculación. Asimismo, pidió la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006 por el pago inoportuno e «[in]completo» del referido auxilio, los intereses
moratorios a que haya lugar, la indexación de la condena, el cumplimiento de la sentencia
en los términos del artículo 192 del CPACA y se condene en costas a la accionada.
1 Se precisa que aunque en el hecho 3.6. de la demanda se afirmó que mediante la Resolución 4282 del 9
de diciembre de 2015 se ordenó el reconocimiento y pago de las prestaciones y derechos consolidados
durante la relación laboral de la accionante, no se advierte que en dicho acto hubiera habido
pronunciamiento acerca de las cesantías definitivas.
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00269 01 (4953-2022)
Demandante: María Doris Rodríguez
3. Indicó que prestó sus servicios a la entidad demandada en el cargo de auxiliar
del área de salud desde el 14 de septiembre de 1983 hasta el 31 de diciembre de 2015.
Argumentó que su vinculación se produjo con anterioridad a la expedición de la Ley 344
de 1996, razón por la cual se le debe aplicar el régimen retroactivo de cesantías, cuya
liquidación debía efectuarse con base en el salario promedio devengado durante el último
año de servicios.
Contestación de la demanda2.
4. El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. se opuso a la prosperidad de las
pretensiones alegando que no hay lugar al reconocimiento de suma alguna a favor de la
demandante, toda vez que las cesantías se liquidaron y pagaron conforme al régimen
anualizado, pues así fue «avalad[o] por la funcionaria», quien, según los extractos
individuales expedidos por el Fondo y aportados al proceso «realiz[ó] múltiples retiros».
Por tanto, «conocía la forma en que las mismas eran consignadas». Finalmente, formuló
las excepciones de falta de integración de la litis y prescripción.
Sentencia apelada3.
5. El Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad parcial del oficio
demandado y, en consecuencia, condenó al Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. a
liquidar las cesantías de la demandante desde el 14 de septiembre de 1983 al 31 de
diciembre de 2015 bajo el sistema retroactivo, con el promedio de lo devengado en el
último año de servicios y descontando lo pagado por concepto de retiros parciales.
Asimismo, condenó en costas a la demandada y negó las demás pretensiones.
6. Precisó que la accionante se vinculó a la entidad el 14 de septiembre de 1983,
con anterioridad al año de 1990, y en ese sentido, se hacía acreedora del régimen de
retroactividad conforme a lo previsto en las Leyes 6.ª de 1945 y 65 de 1946.
7. Planteó que el traslado de régimen de los servidores territoriales requiere de
una autorización expresa por parte del trabajador o del cumplimiento de los trámites
exigidos en el Decreto 1582 de 1998, sin que en el presente asunto obre prueba que
acredite que la actora hubiese otorgado consentimiento para tal efecto.
8. Respecto de la sanción moratoria pretendida, adujo que el hecho de que la
administración hubiese liquidado el auxilio de cesantías con fundamento en un sistema
distinto del aplicable a la actora no conlleva, por sí mismo, la configuración de la
penalidad.
Recurso de apelación4.
9. Inconforme con la decisión, la demandada interpuso recurso de apelación en el
que pidió revocar los numerales primero, segundo, tercero y quinto de la providencia.
2 Folios 95 a 98 del expediente físico.
3 Folios 201 a 214 Ibidem. Uno de los magistrados que integran la sala, salvo el voto.
4 Folios 222 a 228 ibidem.
2
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Demandante: María Doris Rodríguez
Señaló que la accionante fue retirada del servicio por haber accedido a la pensión de
vejez, circunstancia que se acreditó mediante certificación expedida por el Fondo
Nacional del Ahorro, la cual, «pese a tratarse de una prueba ordenada de oficio por el a
quo no fue valorada».
10. Refirió que la actora estuvo afiliada al mencionado Fondo desde 1983, entidad
ante la cual el empleador debía realizar los aportes de los trabajadores oficiales y
empleados de la Nación, según el artículo 49 del Decreto 3118 de 1968, por lo que es
claro que es beneficiaria del régimen anualizado. Agregó que la relación laboral de la
demandante y afiliación a dicho fondo inició con la Secretaría de Salud del Tolima y
posteriormente, a partir del año 1994 con el Hospital demandado, es decir que
inicialmente estuvo vinculada al Servicio Seccional de Salud, como dependencia técnica
del Ministerio de Salud y en ese contexto no tenía la condición de empleada del orden
territorial.
11. Insistió que la prestación se liquidó de forma anual durante toda la vigencia de
la relación laboral con «pleno conocimiento» de la actora, «sin que en ninguna
oportunidad manifestara oposición al respecto».
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
12. Mediante auto del 16 de febrero de 2023 se admitió el recurso de apelación5.
Dentro de la oportunidad procesal la demandante6 pidió confirmar la sentencia recurrida.
Indicó que la demandada no puede aducir la aplicabilidad del Decreto 3118 de 1968, pues
dicha normativa reguló exclusivamente el régimen de cesantías de la rama ejecutiva en
el orden nacional.
13. Puntualizó que, tal como lo concluyó el a quo, su vinculación laboral debía
regirse por las disposiciones de la Ley 6ª de 1945 y demás normas reglamentarias, las
cuales consagraron que para la liquidación del auxilio de cesantías se debía tener en
cuenta el último salario devengado, por la totalidad del tiempo de servicio. El agente del
Ministerio Público y la demandada guardaron silencio durante esta etapa.
III. CONSIDERACIONES.
Competencia.
14. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico.
5 Índice 3 de Samai.
6 Índice 8 ibidem.
3
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Demandante: María Doris Rodríguez
15. De conformidad con los reparos concretos planteados procederá la Sala a
estudiar si la demandante tiene derecho a que sus cesantías definitivas sean liquidadas
de acuerdo con el régimen retroactivo, pese a que fue afiliada al Fondo Nacional del
Ahorro.
Análisis del problema jurídico.
16. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda, por las razones que se exponen a continuación.
17. Con el fin de resolver el problema jurídico, está probado que la señora María
Doris Rodríguez laboró para el Hospital Federico Lleras Acosta desde el 14 de septiembre
de 1983 hasta el 31 de diciembre de 2015 en el cargo de auxiliar del área de la salud7.
Mediante Resolución 3952 del 19 de octubre de 20158 se dispuso su retiro definitivo del
servicio, el cual se hizo efectivo a partir del 1.º de enero de 2016, por haber obtenido el
derecho a la pensión de jubilación.
18. Según la certificación de la oficina de pagaduría de la entidad demandada y
los extractos expedidos por el Fondo Nacional del Ahorro9, se evidencia que las cesantías
de la actora se consignaron de manera anual. Desde su vinculación en 1983 hasta 1993
los aportes respectivos fueron efectuados por la Secretaría de Salud del Tolima y,
posteriormente, de 1994 a 2015 por el Hospital Federico Lleras Acosta. También consta
que durante su afiliación al FNA la demandante realizó retiros con el propósito de
aplicarlos al crédito hipotecario que tenía con esa entidad10.
19. A través de petición del 18 de diciembre de 201811, la demandante solicitó la
reliquidación de la aludida prestación con base en el régimen de retroactividad. La
accionada negó dicho requerimiento por medio del Oficio 000308 del 15 de enero de
201912, así:
[…]
[Q]ue revisados los archivos de Gestión del Talento Humano en su historia laboral se
encuentra que fue nombrada por el Servicio de Salud del Tolima a partir del 14 de septiembre
de 1983 en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué y laboró hasta el 31 de diciembre
de 2015.
Al inicio de su posesión fue vinculada al Fondo Nacional del Ahorro de acuerdo con el
Decreto 3118 de 1968 por medio del cual se creó el Fondo Nacional del Ahorro. El Decreto
3118 de 1968 ordena que las cesantías de los Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales
se liquidan y consignan en el Fondo Nacional del Ahorro, en virtud de ello desde su
vinculación inicial sus aportes de cesantías fueron realizados al Fondo Nacional del
Ahorro, dando cumplimiento al artículo 26 y artículo 27 del citado Decreto.
7 Folio 30 del expediente físico.
8 Folios 35 y 36 ibidem.
9 Folios 50 a 56 y 70 ibidem.
10 Folios 48 y 49.
11 Folios 58 a 59 ibidem. Aunque en dicha petición no obra sello de recibido, la fecha se corrobora con la
respuesta dada por parte de la entidad.
12 Folio 60.
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Demandante: María Doris Rodríguez
En su historia laboral figuran copias del extracto individual de cesantías del Fondo
Nacional del Ahorro firmadas por usted, donde se detalla que a partir del 1983 tiene
los reportes anuales, los abonos, los intereses a cesantías, retiros parciales, pagos
factor de protección realizados por el citado Fondo. Respecto de los intereses de
cesantías es importante aclarar que estos intereses están a cargo del Fondo Nacional del
Ahorro y no del empleador. [Se resalta]
20. De lo anterior se desprende que su afiliación al Fondo Nacional del Ahorro se
dio desde el inicio de la vinculación laboral en 1983. Por tanto, la liquidación del auxilio
de cesantías se sometió al sistema de administración propio de tal Fondo.
21. No obstante, en la providencia recurrida se consideró que como su ingreso a
la entidad se produjo antes de 1990, se hacía beneficiaria del régimen de retroactividad
previsto en las Leyes 6.ª de 1945 y 65 de 1946, sumado a que en el expediente no existe
prueba de consentimiento otorgado que acreditara su traslado al sistema de liquidación
anual.
22. Ahora bien, se recuerda que la parte recurrente alega que conforme al Decreto
3118 de 1968, las cesantías se consignaron de manera anual en el FNA con «pleno
conocimiento» de la actora durante su permanencia en la entidad, sin que esta
manifestara objeción alguna.
23. En ese orden de ideas, conviene señalar que a través del Decreto 3118 de
1968 se creó el Fondo Nacional del Ahorro y dentro de sus objetivos se estableció el de
«[p]agar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores
oficiales». Su artículo 27 previó la liquidación anual del auxilio, además, dicha
normativa tenía como destinatarios a «los empleados públicos y trabajadores oficiales de
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos
Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden Nacional»13.
24. Por su parte, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 creó un nuevo régimen
especial de cesantías, según el cual «el valor liquidado por concepto de cesantía se
consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del
trabajador en el fondo […] que el mismo elija […]».
25. Seguidamente con la expedición de la Ley 344 de 199614, se extendió al sector
público el régimen anualizado de cesantías consagrado inicialmente sólo para
13 Artículo 29 del Decreto 3118 de 1968.
14 Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir
de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del
Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la
fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de
la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o
entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00269 01 (4953-2022)
Demandante: María Doris Rodríguez
particulares en la Ley 50 de 1990, sistema que fue aplicado incluso a los servidores
públicos del orden territorial mediante el Decreto 1582 de 199815.
26. No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior
al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la Ley 344 de 1996, se les continuaría
respetando el régimen de liquidación del citado auxilio consagrado en normas anteriores,
garantía que ha sido reiterada en virtud de lo dispuesto en los artículos 2 del Decreto
1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de 2002.
27. En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos se
acogieran al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían
proceder en la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 199816.
28. En lo que respecta a los servidores públicos que integraban los Servicios
Seccionales de Salud17, en principio, se encontraban sometidos al régimen retroactivo de
cesantías por su condición de empleados del orden territorial. Pese a ello, dicha situación
se modificó con la expedición de la Ley 10 de 1990, pues a partir de su entrada en
vigencia, el 10 de enero de 1990, se dispuso la aplicación del sistema anualizado, propio
de los servidores del orden nacional18, criterio que fue reafirmado por las Leyes 6019 y
100 de 199320.
29. Sin embargo, frente a la permanencia en el régimen retroactivo de cesantías
en aquellos eventos en que los servidores son afiliados al FNA, la Sección Segunda del
15 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel
territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías,
será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de
los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en
el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al
Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma
prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998».
16 Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha
ley, se procederá de la siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno
de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la
liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento
de los trámites legales necesarios para su expedición.
17 Postura acogida en sentencia del 21 de marzo de 2024, C. p. Jorge Iván Duque Gutiérrez, núm. Interno:
0968-2023
18 El artículo 35 estableció la prohibición de asumir directamente las prestaciones asistenciales y
económicas, disponiendo que estas deben ser cubiertas por los fondos de cesantías y para ese efecto se
deben atender mediante la afiliación respectiva.
19 Artículo 33. Parágrafo 2º.- El Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales Distritales y
Municipales podrán emitir bonos de reconocimiento u otros títulos de deuda pública para pagar el pasivo
prestacional según reglamento que para el efecto se expida. Los pagos del pasivo prestacional por
cesantías y pensiones podrán ser hechos a los fondos privados de cesantías y pensiones, a las cajas de
previsión, al Instituto de Seguros Sociales o a los fondos territoriales que para el efecto se creen, y en todos
los casos se entenderá que en la fecha de los pagos del pasivo prestacional causado se interrumpe
cualquier retroactividad con cargo a la Nación, a las entidades territoriales o a la entidad de prestación de
servicios de salud que corresponda.
20 Artículo 242. […] A partir de la vigencia de la presente ley no podrán reconocerse ni pactarse para los
nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos aplicable.
6
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00269 01 (4953-2022)
Demandante: María Doris Rodríguez
Consejo de Estado ha suscitado diferentes posturas. Particularmente, la Subsección A,
ha considerado que la afiliación al referido Fondo no supone, por sí misma, la renuncia a
la retroactividad, pues requiere una manifestación de voluntad por parte del empleado
para acogerse al sistema anual. Al respecto, en sentencia del 18 de enero de 201821, se
indicó:
[…]
Al valorar las pruebas obrantes en el expediente, se concluye que a las demandantes,
como empleadas del Hospital Nuestra Señora de los Remedios del orden departamental,
tienen derecho al régimen retroactivo de las cesantías de la Ley 6ª de 1945.
Por tanto, tal como ha señalado esta Corporación en asuntos similares22 no podían estar
afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro en consideración a que los únicos afiliados de
manera obligatoria eran los servidores de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del
Estado del orden nacional a quienes se les aplica el régimen propio de dicho régimen, así
mismo, toda vez que el régimen propio del Fondo Nacional del Ahorro, se extendió a los
empleados del nivel territorial y sus entes descentralizados, tan solo a partir de la Ley 432
de 1998.
Corrobora lo anterior, las certificaciones expedidas por la ESE Hospital Nuestra
Señora de los Remedios, en las cuales señala que a cada una de las demandantes,
les aplicó el sistema de cesantías retroactivas hasta diciembre de 1993, sin que
exista prueba alguna de las manifestaciones voluntarias de las demandantes de que
a partir de la citada fecha, renunciaban al régimen retroactivo de cesantías. Por
tanto, se concluye que sus afiliaciones al Fondo Nacional del Ahorro, en el que se
consignaron cesantías a partir del año 1994, lo fue conservando el derecho a la
liquidación con retroactividad de sus cesantías.
En consecuencia, la Sala considera que a pesar de haberse hecho el reconocimiento
anualizado de cesantías por parte del Fondo Nacional de Ahorro y como quiera que
se determinó que las demandantes tienen derecho a la liquidación de sus cesantías
bajo el sistema de retroactividad, deberá accederse a las peticiones de la demanda
por este aspecto. [Se resalta]
30. En contraste, la Subsección B estimó que la afiliación al FNA y las actuaciones
orientadas a beneficiarse del régimen anualizado conlleva a que las cesantías se liquiden
conforme a dicho sistema. En providencia del 23 de agosto de 201823 se expuso lo
siguiente:
[…]
Así las cosas, claro está que el señor Roberto Segundo Fernández, al igual que los demás
demandantes, tampoco es beneficiario del régimen de cesantías previsto en la Ley 6ª de
21 Sentencia del 18 de enero de 2018, radicado: 44001-23-33-000-2014-90035-01(1575-16). Asimismo, ver
providencia del 1.° de agosto de 2018, radicado: 44001-23-33-000-2013-00094-01(2654-15).
22 Cita dentro de la transcripción «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia de 17 de febrero de 2011, Consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de
Páez, número interno: 0552-2010; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 13 de febrero de 2014, Consejero ponente Luis Rafael Vergara
Quintero, número interno 0705-2012».
23 Sentencia del 23 de agosto de 2018, radicado: 44001-23-33-000-2014-00039-01(0222-17), la anterior
posición también fue reiterada en sentencia del 28 de enero de 2021 expediente 2279-2019.
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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00269 01 (4953-2022)
Demandante: María Doris Rodríguez
1945, por cuanto si bien tuvo la posibilidad de acogerse a ese sistema, desde el inicio optó
por el administrado por el Fondo Nacional del ahorro al cual se encuentra vinculado desde
el año 1986 y en el que de forma permanente le han consignado los aportes para tal
prestación, correspondiendo el último pago certificado, al año 2016.
La anterior situación es corroborada por los extractos expedidos por el Fondo Nacional
del Ahorro de los cuales se desprende que en su condición de empleado de la entidad
demandada, allí le reportaron las cesantías anualmente desde que inició su relación
laboral en el sector de la salud, en esa medida no es beneficiario del régimen retroactivo
de cesantías señalado en la Ley 6ª de 1945.
Ahora, no obstante no obra en el expediente manifestación expresa de su voluntad
acogerse a ese sistema, el hecho de haber realizado retiros parciales de sus
cesantías directamente del Fondo Nacional del Ahorro y emplear dicho auxilio para
abonar a créditos hipotecarios, permite a la Sala inferir que conocía de su
vinculación al aludido fondo, acogiéndose por tanto a las reglas y disposiciones
que lo regulan. [Se resalta]
31. La anterior postura fue adoptada en proveído del 16 de abril de 2026 por esta
Subsección24, en el que se consideró que no procede la reliquidación de las cesantías
bajo el régimen retroactivo para los servidores del sector salud que, pese a haberse
vinculado al servicio antes de comenzar a regir la Ley 10 de 1990, estuvieron afiliados al
FNA desde el inicio de la relación laboral, sus cesantías fueron liquidadas de forma anual
y no formularon objeción alguna frente a ello; por el contrario realizaron gestiones que
permitían inferir que conocían la vinculación a dicho fondo y régimen, con lo cual se
sometieron a su regulación.
32. En consecuencia, en el caso concreto, si bien la demandante prestó sus
servicios al sector salud desde 1983, antes de la entrada en vigencia de la Ley 10 de
1990, está acreditado que fue afiliada al FNA desde su vinculación laboral y nunca
manifestó oposición al respecto; además, en la certificación emanada de dicho fondo se
constató que periódicamente utilizó sus cesantías para hacer abonos al crédito
hipotecario que adquirió en tal entidad25, lo que hace evidente, además, que accedió a
los beneficios de sus afiliados, circunstancia que constituye un indicio relevante de
sometimiento al régimen anualizado, incluso en ausencia de una manifestación expresa
escrita, lo que impone revocar la sentencia de primera instancia para, en su lugar, negar
las pretensiones de la demanda.
Condena en costas en ambas instancias.
33. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
24 Sentencia del 16 de abril de 2026, radicado: 41001-23-33-000-2017-00212-01 (2829-2020). Ver también
sentencia de tutela del 15 de enero de 2026 radicado 11001-03-15-000-2025-07168-00.
25 En la certificación del 26 de febrero de 2015 el FNA sostuvo que ese fondo reconoció y abonó valores
por concepto de cesantías «dineros que fueron aplicados al crédito hipotecario que tenía a la fecha con el
Fondo Nacional del Ahorro». Además, en el extracto respectivo se observan abonos que con tal propósito
se realizaron el 31 de marzo de 2000, 26 de febrero de 2001, 21 de enero de 2002, 16 de enero de 2003,
25 de mayo de 2004, 2 de julio de 2005, 10 de enero de 2006, 14 de febrero de 2007, 29 de febrero de
2008 y en enero de 2009. Folios 48, 49 y 51 a 57.
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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00269 01 (4953-2022)
Demandante: María Doris Rodríguez
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
34. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
35. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
36. En el caso concreto, comoquiera que se revocará la sentencia apelada y se
negaran las pretensiones, se condenará en costas de ambas instancias a la parte
demandante, en los términos del numeral 4 del artículo 365 del CGP. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 ibidem, las agencias en derecho serán fijadas por el
despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia expedida el 23 de junio de 2022, por el Tribunal
Administrativo del Tolima. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a la señora María
Doris Rodríguez.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
9
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00269 01 (4953-2022)
Demandante: María Doris Rodríguez
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
AAP.
10
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