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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06501-00

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06501-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Diana Inés Cubillos Morales y Eduard Arnulfo Pinilla Rivera, a través de la acción de tutela instaurada en contra de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-06501-00 Demandantes: Diana Inés Cubillos Morales y otro Cundinamarca, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06501-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06501-00
Demandantes: Diana Inés Cubillos Morales y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Sala Transitoria – Subsecciones A y B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Régimen de cesantías retroactivo.
Decisión: Niega el amparo solicitado

La Sala decide la acción de tutela formulada por Diana Inés Cubillos Morales y
Eduard Arnulfo Pinilla Rivera contra las Subsecciones A y B de la Sala Transitoria
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 16 de octubre de 2025, Diana Inés Cubillos Morales y Eduard Arnulfo
Pinilla presentaron acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, así como los principios de
seguridad jurídica y favorabilidad. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar
sin efectos la Sentencia proferida el 11 de agosto de 2025 por las Subsecciones A
y B de la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
No. 11001-33-35-026-2020-00382-01, para que, en su lugar, se profiera una nueva
decisión, en la que se tengan en cuenta los principios y precedentes fijados por la
Corte Constitucional para continuar siendo beneficiarios del régimen de cesantías
retroactivas, tal y como lo dispuso el Juzgado 26 Administrativo de Bogotá en la
sentencia de primera instancia del proceso mencionado.

2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, del escrito de tutela
y anexos, se observa que Alexander Bedoya Montalvo, Alfredo Ardila Godoy, Ana
Bertilda Guatavita Tibabisco, Carmen Esmith Delgado Niño, Clara Marcela Lizarazo
Hernández, Clarena Moreno Fajardo, Diana Inés Cubillos Morales, Eduard Arnulfo
Pinilla Rivera, Eduardo Rodríguez Mora, Eduin Darío Dechamps Guzmán, Fabio
Lorenzo Roa Cárdenas, Franky Castaño Herrera, Freddy Rada Varela, Hugo
Fernando Leiva Gutiérrez, Jorge Enrique Salas, Juan Hilder González Téllez, Ligia
Beatriz Sierra Gómez, María Cristina Umaña Galindo, Marina Manuela Moreno
Ramírez, Martha Liliana Mosquera Vargas y Miguel Antonio Sánchez Contreras
instauraron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la

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Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el fin de obtener la nulidad del
acto ficto o presunto negativo derivado de la falta de respuesta de la petición
presentada por aquellos el 16 de marzo de 2020.

3. Adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitaron (i)
reconocer y pagar las cesantías bajo el sistema retroactivo fijado en las Leyes 6 de
1945 y 65 de 1946 y los Decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947; (ii) pagar las
diferencias originadas entre las sumas que han venido percibiendo por concepto de
dicho auxilio y las que resulten del reajuste solicitado; y (iii) actualizar los montos
reconocidos conforme a lo previsto en el artículo 187 del CPACA, para lo cual debe
tenerse en cuenta las fechas de causación y el pago efectivos de estas.

4. El 12 de junio de 2024, el Juzgado 26 Administrativo de Bogotá accedió a
las pretensiones de la demanda, al considerar que los demandantes tenían derecho
a que sus cesantías se reconocieran liquidaran y pagaran conforme al sistema de
retroactividad instituido por las Leyes 6 de 1945 y 65 de 1946 y los Decretos 2767
de 1945 y 1160 de 1947, puesto que se vincularon antes del 31 de diciembre de
1996 y, adicionalmente, tampoco se demostró que aquellos hubiesen solicitado
expresamente acogerse al sistema anualizado.

5. La parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, para lo cual afirmó que (i) los demandantes tuvieron diversas modalidades
de vinculación (encargos, comisiones) y no una sola relación laboral continua; (ii)
siempre estuvieron bajo el régimen anualizado y nunca presentaron reclamación
alguna referente a un régimen de retroactividad; y (iii) varios de estos realizaron
retiros parciales de cesantías, lo que, en su criterio, evidencia la aceptación del
régimen anualizado.

6. El 11 de agosto de 2025, las Subsecciones A y B de la Sala Transitoria de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmaron la
sentencia de primera instancia, frente a los actores Alexander Bedoya Montalvo,
Alfredo Ardila Godoy, Ana Bertilda Guavita Tibabisco, Clara Marcela Lizarazo
Hernández, Eduin Darío Dechamps Guzmán, Freddy Rada Varela, Jorge Enrique
Salas, Juan Hilder González Téllez, Marina Manuela Moreno Ramírez y Miguel
Antonio Sánchez Contreras.

7. No obstante, revocaron la anterior decisión en relación con los
demandantes Carmen Esmith Delgado Niño, Clarena Moreno Fajardo, Diana Inés
Cubillo Morales, Eduard Arnulfo Pinilla Rivera, Eduardo Rodríguez Mora, Fabio
Lorenzo Roa Cárdenas, Franky Castaño Herrera, Hugo Fernando Leiva Gutiérrez,
Ligia Beatriz Sierra Gómez, María Cristina Umaña Galindo y Martha Liliana
Mosquera Vargas y, en su lugar, negaron las pretensiones de la demanda.

8. Para sustentar la anterior decisión, señalaron que si bien los anteriores
demandantes se vincularon antes del 31 de diciembre de 1996, por lo que, en
principio, les sería aplicable el régimen de retroactividad en sus cesantías, aquellos
se encuentran afiliados al FNA, les efectuaron aportes anuales de cesantías y se
les realizaron pagos parciales de cesantías por parte de esa entidad, por lo que, a

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pesar no existir manifestación expresa, estos quedaron sometidos al régimen
anualizado de cesantías.

9. Como fundamentos de derecho, la parte accionante afirmó que las
Subsecciones A y B de la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al expedir la Sentencia del 11 de agosto de 2025,
incurrieron en defecto sustantivo porque, según la Ley 344 de 1996 y el Decreto
1582 de 1998, son beneficiarios de las cesantías retroactivas los servidores
vinculados antes del «30 de diciembre de 1996» y, adicionalmente, para que un
servidor público con dicho régimen pueda afiliarse al fondo de cesantías «como un
privado o el Fondo Nacional del Ahorro (FNA)» y optar por el régimen anualizado
debe manifestar expresamente su decisión.

10. En ese sentido, consideró que la autoridad accionada, al determinar que
existe una aceptación tácita del cambio de régimen de cesantías al recibir pagos o
abonos parciales por parte del FNA ignora que la ley exige esa manifestación de la
voluntad de someterse al régimen anualizado. Además, precisó que tampoco puede
inferirse tal situación por el hecho de estar afiliado a un fondo privado, toda vez que
el artículo 2 del Decreto 1582 de 1998 previó la posibilidad de que las entidades
administradoras de cesantías manejen en cuentas individuales los recursos
destinados al pago de cesantías de los servidores del orden territorial cobijados por
el régimen de retroactividad.

11. Adicionalmente, manifestó que la providencia censurada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, dado que esta resulta contraria a los
postulados constitucionales y jurisprudenciales que deben orientar la actuación
judicial en materia de cesantías retroactivas.

12. Concretamente, mencionó que se apartó de la Sentencia C-428 de 1997,
mediante la cual la Corte Constitucional hizo énfasis «sobre la importancia del
consentimiento expreso e informado del trabajador para la transición del régimen de
cesantías retroactivas al anualizado, especialmente, cuando dicho cambio puede
implicar la posible afectación de derechos adquiridos en atención a que ese
procedimiento constituye una decisión voluntaria y consciente por parte del
trabajador».

13. Asimismo, invocó las sentencias (i) C-625 de 1998, en la que el máximo
tribunal constitucional estudió la naturaleza del FNA, enfocándolo en la
administración de cesantías y la promoción de vivienda; (ii) T-705 de 2012, en la
cual se indicó que la administración de la prestación mencionada en el sector
privado corresponde a los fondos de cesantías y que la Ley 344 de 1996 y el Decreto
1582 de 1998 extendieron este sistema al sector público; y (iii) SU-098 de 2018, en
la que se realizó un análisis exhaustivo sobre los distintos regímenes de cesantías
vigentes en Colombia (el régimen retroactivo, el anualizado, el Fondo Nacional del
Ahorro (FNA) y el de los docentes), estableciendo criterios claros para la
interpretación de los derechos de los funcionarios frente a tales regímenes y (iv) SU-
448 de 2016, SU-336 de 2017 SU-556 de 2019.

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14. Finalmente, indicó que se configuró una violación directa de la Constitución
Política, específicamente, por la inobservancia de principios fundamentales como el
de favorabilidad laboral, igualdad y la confianza legítima, los cuales resultan
vulnerados cuando se otorga a la ley un alcance distinto al previsto por el legislador,
generando así situaciones jurídicas que no se encuentran contempladas en el
marco normativo vigente.

Intervenciones1

15. La Universidad Francisco José de Caldas manifestó que lo pretendido por
la parte accionante es reabrir el debate analizado y resuelto en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho. Asimismo, expresó que no se cumple con una
fundamentación mínima de las razones de afectación de las garantías
constitucionales supuestamente conculcadas. Por tanto, consideró que no se
superaron los requisitos generales de procedencia.

16. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de conocerse el fondo del asunto, señaló
que no se incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que la decisión cuestionada
no se profirió con base en normas inexistentes o inconstitucionales. Adicionalmente,
sostuvo que tampoco es estructuró la causal de desconocimiento del precedente
judicial, por cuanto el Consejo de Estado no ha adoptado derrotero disímil al de la
Corte, sino que ha establecido que la ejecución de actos directos como la solicitud
de avances o el retiro de fondos implica necesariamente una manifestación expresa
y libre de voluntad que implica necesariamente la aceptación de cambio de régimen,
criterio que a su vez se adoptó al momento de proferir la decisión. En esos términos,
se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

17. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, luego de hacer un breve recuento de las actuaciones adelantadas
en el proceso ordinario y de reiterar los argumentos expuestos en la sentencia
reprochada, afirmó que no se incurrió en defecto sustantivo, toda vez que dicha
providencia se fundamentó en la normativa y jurisprudencia aplicable al caso.

18. Martha Liliana Mosquera Vargas manifestó su conformidad con los
argumentos expuestos por los accionantes. Añadió que expresó su deseo de
continuar con el Fondo Nacional del Ahorro como administrador de sus cesantías
retroactivas. Asimismo, destacó que la institución de educación superior no
consignó, en los años siguientes, las cesantías ni sus respectivos intereses dentro
del período correspondiente, lo que, a su juicio, evidencia que pertenece al régimen
retroactivo.

19. Los demás vinculados guardaron silencio, a pesar de haber sido notificados.

1
El 20 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela en contra de las Subsecciones A y B de la Sala Transitoria de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se vinculó a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
y a los señores Alexander Bedoya Montalvo, Alfredo Ardila Godoy, Ana Bertilda Guatavita Tibabisco, Carmen Esmith Delgado
Niño, Clara Marcela Lizarazo Hernández, Clarena Moreno Fajardo, Eduardo Rodríguez Mora, Eduin Darío Dechamps
Guzmán, Fabio Lorenzo Roa Cárdenas, Franky Castaño Herrera, Freddy Rada Varela, Hugo Fernando Leiva Gutiérrez, Jorge
Enrique Salas, Juan Hilder González Téllez, Ligia Beatriz Sierra Gómez, María Cristina Umaña Galindo, Marina Manuela
Moreno Ramírez, Martha Liliana Mosquera Vargas y Miguel Antonio Sánchez Contreras.

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II. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si las Subsecciones
A y B de la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al expedir la sentencia del 11 de agosto de 2025, (i) realizó una
interpretación razonable de las normas aplicables al caso; y (ii) desconoció las
sentencias de la Corte Constitucional invocadas por la parte accionante.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

22. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad, así como los principios de seguridad
jurídica y favorabilidad; se argumentaron con suficiencia los reparos alegados y no
se trata de un asunto de mera legalidad o carácter eminentemente económico; (2)
se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que los
accionantes son los titulares de las garantías constitucionales que se invocan como
vulneradas, y las Subsecciones A y B de la Sala Transitoria de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la autoridad que profirió la decisión
que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo judicial que
permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; (4)
la acción de tutela se presentó el 16 de octubre de 2025, es decir, dentro de los 6
meses siguientes a la notificación de la Sentencia del 11 de agosto de igual
anualidad 2 ; (5) no se cuestionó una irregularidad procesal; (6) se identificaron
razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega
la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una
providencia de igual naturaleza.

Análisis de la vulneración alegada: estudio de defectos

23. La Sala negará el amparo solicitado por la parte accionante, al no haberse
estructurado ninguno de los defectos invocados, de acuerdo con los argumentos
que a continuación se exponen:

2
La providencia fue notificada por mensaje de datos el 19 de agosto de 2025.

5
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24. Los accionantes afirmaron que las Subsecciones A y B de la Sala
Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, con ocasión
de la expedición de la Sentencia del 11 de agosto de 2025, al determinar que existe
una aceptación tácita del cambio de régimen de cesantías al recibir pagos o abonos
parciales por parte del FNA o por el hecho de estar afiliado a un fondo privado, sin
tener en cuenta que la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998 exigen una
manifestación de la voluntad clara, escrita y expresa de someterse al régimen
anualizado.

25. Pues bien, en aras de dar solución a la controversia aquí expuesta, la Sala
considera necesario revisar los argumentos en que se apoyó Tribunal accionado
para revocar parcialmente la decisión adoptada por el Juzgado 26 Administrativo de
Bogotá. Así, se observa que aquella corporación, luego de exponer el marco
normativo y jurisprudencial en torno al régimen retroactivo de cesantías, concluyó
que (i) inicialmente se estableció un régimen retroactivo para la liquidación de las
cesantías para los empleados públicos; (ii) a partir del 1 de enero de 1969 se
contempló la liquidación anual de las cesantías para los empleados públicos de los
ministerios, los departamentos administrativos, los establecimientos públicos y las
empresas industriales y comerciales del Estado; (iii) las personas vinculadas al
Estado a partir del 31 de diciembre de 1996, tienen derecho a un régimen anualizado
de las cesantías; (iv) a partir de la Ley 432 de 1998, deben afiliarse al FNA los
servidores públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional y
podrán afiliarse al mismo los demás servidores del Estado y de sus entidades
descentralizadas territorialmente y por servicios; y (v) coexisten tres regímenes de
liquidación de cesantías para el sector público, esto es, liquidación retroactiva,
liquidación anualizada y el del FNA.

26. Adicionalmente, frente a la operancia del cambio de régimen retroactivo de
cesantías al anualizado de los servidores públicos territoriales vinculados con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, indicó que, según
jurisprudencia de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 3,
debe manifestarse expresamente a la Administración dicha determinación y, en
caso de que no se haga, la afiliación a un fondo creado en virtud de la Ley 50 de
1990 solo implica el cambio de administrador de dichos recursos.

27. Adicionalmente, precisó que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en un caso en el que un empleado público que, por la fecha de
su vinculación a la Administración, resultaba beneficiario del régimen retroactivo de
cesantías, pero que se afilió al FNA, determinó que se regía por el sistema de
liquidación anual de cesantías porque «a pesar de que no obraba manifestación de
voluntad alguna en la que haya solicitado ser cambiado de régimen retroactivo a
anualizado, tampoco obraba prueba de que hubiese expuesto su oposición en los
más de treinta y cuatro años en los que recibió sus cesantías, se itera, de forma
anualizada; por el contrario, efectuó trámites con los que se vio beneficiado por
dicho régimen»4.

3
Sentencia del 5 de mayo de 2022. Rad. 13001-23-33-000-2015-00096-01 (5205-2019).
4
Sentencia del 28 de enero de 2021. Rad. 41001-23-33-000-2017-00213-01(2279-19)

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28. Así las cosas, al analizar el caso concreto, determinó que los demandantes
Alexander Bedoya Montalvo, Alfredo Ardila Godoy, Ana Bertilda Guavita Tibabisco,
Clara Marcela Lizarazo Hernández, Eduin Darío Dechamps Guzmán, Freddy Rada
Varela, Jorge Enrique Salas, Juan Hilder González Téllez, Marina Manuela Moreno
Ramírez y Miguel Antonio Sánchez Contreras se vincularon al servicio de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas antes del 31 de diciembre de 1996 y
se afiliaron a fondos de cesantías privados. Adicionalmente, expuso que no se
allegó prueba que contenga la manifestación voluntaria de estos sobre el deseo de
optar por el régimen anualizado ni que hubiesen adelantado los trámites
subsiguientes exigidos por el Decreto 1582 de 1998, por lo que consideró que la
liquidación de dicho auxilio debía realzarse bajo la modalidad de retroactividad.

29. Ahora, frente a los actores Carmen Esmith Delgado Niño, Clarena Moreno
Fajardo, Diana Inés Cubillo Morales, Eduard Arnulfo Pinilla Rivera, Eduardo
Rodríguez Mora, Fabio Lorenzo Roa Cárdenas, Franky Castaño Herrera, Hugo
Fernando Leiva Gutiérrez, Ligia Beatriz Sierra Gómez, María Cristina Umaña
Galindo y Martha Liliana Mosquera Vargas sostuvo que se vincularon a la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas antes del 31 de diciembre de 1996,
fecha de entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, de ahí que en principio
resultarían acreedores del régimen de liquidación retroactivo de sus cesantías.

30. No obstante, en atención al lineamiento jurisprudencial expuesto, consideró
que, a pesar de no acreditarse manifestación expresa de voluntad de dichos
demandantes de pertenecer al régimen anualizado, estos se encuentran afiliados al
FNA, se les efectuaron aportes anuales a cesantías y se realizaron pagos parciales
de dicho auxilio, por lo que quedaron sometidos al régimen anualizado. En
consecuencia, estimó que debía revocarse la decisión del Juzgado 26
Administrativo de Bogotá y, en su lugar, negarse las pretensiones de la demanda
frente a dichos actores.

31. Analizados los argumentos que soportaron la decisión acusada, la Sala
considera que la interpretación normativa realizada por las Subsecciones A y B de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no resulta
irrazonable ni contraria a las normas invocadas por los accionantes, sino por el
contrario esta se estudió conforme a la jurisprudencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, según la cual la afiliación al FNA, acompañada de retiros
parciales o de la recepción continuada de liquidaciones anuales, constituye un
indicador válido de sometimiento al régimen anualizado, incluso en ausencia de una
manifestación expresa de voluntad.

32. Así, resulta claro que la autoridad accionada no desconoció la exigencia
normativa prevista en el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998 respecto de la
manifestación expresa para el traslado del régimen retroactivo al anualizado; sino
que aplicó la jurisprudencia del máximo órgano de lo contencioso administrativo que
ha entendido que, tratándose del FNA, la utilización efectiva del régimen anualizado
genera un comportamiento concluyente que permite inferir el consentimiento del

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servidor, especialmente cuando este ha disfrutado de los beneficios propios del
sistema anualizado.

33. Aunado a ello, debe precisarse que el Tribunal no fundamentó su decisión
únicamente en la afiliación del servidor a un fondo privado o al FNA, ni dedujo de
manera automática que dicha afiliación implicara el tránsito al régimen anualizado,
sino que, por el contrario, la sentencia fue clara al señalar que la sola afiliación a
una administradora de cesantías (pública o privada) no produce por sí misma el
cambio de régimen.

34. Por tanto, la Sala considera que la decisión se fundó en una interpretación
adecuada de las normas y una aplicación razonada de las decisiones previas que
la autoridad accionada consideró pertinentes y vinculantes para el caso concreto,
de allí que no pueda predicarse la ocurrencia del defecto sustantivo alegado.

35. De igual forma, tampoco se configura el alegado desconocimiento del
precedente constitucional, pues el Tribunal accionado no pasó por alto la exigencia
del consentimiento informado establecida por la Sentencia C-428 de 1997, pues
analizó el comportamiento de los aquí accionantes a la luz de los parámetros fijados
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
evidenciaban su anuencia al régimen anualizado.

36. Adicionalmente, se repara en que los demás pronunciamientos invocados
(T-705 de 2012, SU-098 de 2018, SU-448 de 2016, SU-336 de 2017 y SU-556 de
2019) no guardan similitud fáctica ni jurídica con los contornos del presente asunto,
pues en los 4 primeros se discutió el reconocimiento de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías y en el último se abordó el tema sobre el
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, por lo que no se impartió una
regla de interpretación que fuera aplicable al presente asunto y que, en ese sentido,
le fuera exigible a la autoridad judicial accionada.

37. En esos términos, la Sala concluye que no se estructuraron ninguna de las
causales de procedibilidad invocadas, pues las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca efectuaron una
interpretación razonable del marco normativo que rige el régimen de cesantías
retroactivas de cara a la jurisprudencia emitida por el órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. En consecuencia, se negará el amparo
solicitado por Diana Inés Cubillos Morales y Eduard Arnulfo Pinilla Rivera.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Diana Inés Cubillos Morales y Eduard
Arnulfo Pinilla Rivera, a través de la acción de tutela instaurada en contra de las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de

8
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06501-00
Demandantes: Diana Inés Cubillos Morales y otro

Cundinamarca, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva
de la presente providencia

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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