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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01636-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01636-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de 7 de mayo de 2026 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedente el mecanismo de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01636-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01636-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Gladys Aristizábal Castro.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Quindío.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01636-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se revoca el fallo
impugnado que negó el amparo. Improcedencia por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
7 de mayo de 2026 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La accionante en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Corporación
Autónoma Regional del Quindío, con el fin de que se declarara la nulidad del
Oficio 4625 del 15 de abril de 2021 mediante el cual se negó la reliquidación
de sus cesantías con el régimen de retroactividad.

1.2. El Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia, mediante providencia de 18
de marzo de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda al considerar
que se acreditó que la vinculación de la señora Gladys Aristizábal Castro a la
Corporación Autónoma Regional del Quindío se efectuó con anterioridad a la
expedición de la Ley 344 de 1996 (31 de diciembre de 1996), por tanto,
conservó el régimen de cesantías retroactivo. Aunado a que, como empleada

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de dicha entidad quedó por fuera de los estándares de los empleados de la
Rama Ejecutiva del orden nacional, por lo que no era obligatorio su vinculación
al Fondo Nacional del Ahorro y no se probó que renunció al régimen retroactivo
para acogerse al anualizado.

1.3. Contra la decisión de primera instancia la parte demandada dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó recurso
de apelación.

1.4. El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante decisión de 28 de agosto
de 2025 revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que “[…] si bien la demandante por
estar vinculada con anterioridad a 1994, no estaba sujeta al régimen
anualizado de cesantías, sino al retroactivo, debe expresarse que esta
afirmación no es exacta, por cuanto si bien a partir del año 1996 se dispuso un
régimen anualizado de cesantías para todos los servidores públicos, en aras
de unificar el sistema, desde antes existían subsistemas diferentes que
continuaron rigiendo […]”, por lo que “[…] le asistía la posibilidad de manifestar
en cualquier momento que su afiliación en materia de cesantías al FNA no le
satisfacía y que prefería el régimen retroactivo anterior; sin embargo, no lo
hizo, por lo que ahora no es posible solicitar una reliquidación de estas, a la
manera como lo planteó en sede administrativa y en sede judicial […]”.

En razón a lo expuesto, concluyó que “[…] no obstante haberse vinculado
como empleada pública con anterioridad a 1994, su régimen de cesantía se
inició a través del FNA y ninguna manifestación hizo para que dicha situación
no continuara siendo así, es decir, de manera voluntaria aceptó que el régimen
anualizado antiguo, propio del FNA, se le aplicara sin reparos […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
sustantivo por extender los efectos jurídicos de un conjunto de normas que no
resultaban aplicables al caso en concreto, específicamente las normas

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relativas al régimen anualizado de cesantías administrado por el Fondo
Nacional del Ahorro creado mediante el Decreto 3118 de 1968, el cual no podía
aplicarse porque las Corporaciones Autónomas Regionales no son entidades
de la rama ejecutiva ni pertenecen al orden nacional o territorial y los
empleados vinculados con anterioridad a la expedición del Decreto 1768 de
1994 eran beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías.

Indicó que, si bien en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1768
de 1994, a las Corporaciones Autónomas Regionales se les aplicarían las
normas previstas para las entidades descentralizadas del orden nacional, esta
norma igualmente carece de legitimación constitucional para regular los
salarios y prestaciones sociales de las Corporaciones Autónomas Regionales,
además de que fue proferida el 3 de agosto de 1994, de allí su imposibilidad
de aplicarla de manera retroactiva a la señora Aristizábal Castro, cuya
vinculación data del 3 de enero de 1994.

Señaló que con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, las
Corporaciones Autónomas Regionales se desligaron por completo de
cualquiera de las tres ramas del poder público, de manera que “[…] se
desmarcaron de las previsiones del Decreto 3118 de 1968, dicho de otra
forma, a partir del 04 de julio de 1991 el único régimen de cesantías aplicable
a las CARS era el régimen de cesantías retroactivo creado mediante la ley 6
de 1945, decreto 2767 de 1945, ley 65 de 1946 y Decreto 1160 de 1947 […]”.

Afirmó que se configuró un defecto fáctico, como quiera que no obra prueba
en el proceso que demuestre la existencia de consentimiento o manifestación
expresa, ni la firma de documento alguno que indicara que la demandante optó
de manera consciente y expresa por el régimen anualizado, lo que constituye
en un requisito sine qua non de cara al cambio de régimen de cesantías de los
funcionarios públicos.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

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“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido
proceso, el principio de favorabilidad laboral, y el derecho al trabajo bajo
criterios de justicia y equidad dada la naturaleza del auxilio y su íntima
relación con la dignidad humana y su remuneración mínima, vital y móvil
de la señora GLADYS ARISTIZÁBAL CASTRO vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, Sala Quinta de decisión,
M.P LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA, Sentencia 189-2025 del 28 de
Agosto de 2025, radicado: 63001-3333-004-2021-00261-01 en el marco
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho laboral en contra
de la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ-.

SEGUNDO: ORDENAR a la Sala quinta de decisión del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, para que dentro del término
perentorio que considere la Sala, profiera nuevo fallo de segunda
instancia en el que se proteja el derecho al debido proceso de mi
mandante otorgando prevalencia y aplicación al principio de favorabilidad
en la resolución del caso en concreto.

TERCERO: ORDENAR Cualquier otra medida que bajo su facultad de
Juez Constitucional considere pertinente y necesaria para proteger y
evitar la vulneración de los derechos que se acusan como conculcados.
[…]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 6 de marzo de 2026, se admitió la presente acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío y se vinculó al Juzgado
Cuarto Administrativo de Armenia y a la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.

2. El 7 de mayo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia negando las pretensiones de amparo.

3. Mediante auto de 27 de mayo de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. El Tribunal Administrativo del Quindío solicitó declarar improcedente el
mecanismo de amparo o, en su defecto, se negara, por cuanto la providencia
cuestionada se encuentra debidamente motivada, pues las cesantías sí han
sido recibidas por la tutelante, solo que de una manera diferente a las que

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ahora reclama.

2. La Corporación Autónoma Regional del Quindío manifestó que la presente
acción carece de relevancia constitucional toda vez que involucra un asusto
de naturaleza estrictamente legal, la cual fue analizada dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho por las autoridades judiciales
competentes. Subsidiariamente, solicitó negar las pretensiones de amparo en
razón a que la decisión adoptada por el tribunal accionado constituye una
interpretación razonable del régimen de cesantías de los servidores vinculados
a las Corporaciones Autónomas Regionales.

3. El Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia se limitó a remitir el
expediente digital objeto de tutela.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 7 de mayo
de 2026, negó las pretensiones de la acción de tutela al no evidenciar “[…] que
la decisión cuestionada haya desbordado los límites de la razonabilidad ni que
haya desconocido las normas que la parte demandante invoca para sustentar
el defecto sustantivo, pues, por el contrario, se observa que el pronunciamiento
estuvo ajustado no solo a los preceptos normativos aplicables, sino, además,
a la jurisprudencia más reciente proferida sobre la materia por la Sección
Segunda de esta Corporación, especializada en el asunto […]”.

Al respecto, señaló que “[…] revisado el expediente del proceso 63-001-3333-
004-2021-00261-00/01, la Sala constata que en el extracto de cesantías
expedido por el Fondo Nacional del Ahorro para los años 1994 a 1998, así
como en los reportes del año 1999 a 2020 se consignó que las cesantías de
la demandante se liquidaron conforme a lo dispuesto en el Decreto 3118 de
1968, lo que desvirtuó la tesis sostenida por el Juzgado Cuarto Administrativo
de Armenia para acceder a las pretensiones, en lo que alude a que la
demandante fue sujeto de un traslado de fondo que no debió afectar el régimen
de retroactividad del que gozaba, pues tal como lo señaló el Tribunal

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accionado, tal régimen nunca le fue reconocido, como quiera que desde el
momento de su vinculación fua afiliada a una entidad que administraba el
régimen anualizado de cesantías y en tal medida no era del caso que se le
permitiera manifestar si renunciaba al régimen retroactivo, el cual nunca tuvo
[…]”.

Explicó que “[…] incluso en casos en los que sí ha existido un traslado al Fondo
Nacional del Ahorro de empleados que eran beneficiarios del régimen de
cesantías retroactivas, la Sección Segunda de esta Corporación1, en sede de
tutela, ha señalado que la anuencia, aunque no sea expresa, se entiende
acreditada cuando transcurren toda su vida laboral recibiendo las cesantías
bajo este régimen y sin expresar oposición alguna, de manera que tampoco
existía razón para acceder a las pretensiones de la demandante, quien
percibió sus cesantías con el régimen anualizado desde el año 1993 y por lo
menos hasta el 2021,cuando presentó la demanda ordinaria […]”.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos expuestos en el escrito de tutela. Adicionalmente,
señaló que el a quo omitió pronunciarse sobre el argumento consistente en
que “[…] al momento de la vinculación de la señora GLADYS ARISTIZÁBAL -
03 de enero de 1994- a la Corporación Regional Autónoma del Quindío, no
existía fundamento jurídico alguno que autorizara su afiliación al Fondo
Nacional del Ahorro y al régimen anualizado de cesantías […]”.

Precisó que el tribunal accionado al aplicar el Decreto 1768 de 1994 “[…]
vulneró al menos las siguientes disposiciones constitucionales: […]”, i) artículo
150, numeral 19, literal (e) en concordancia con el inciso 3 del numeral 10; ii)
artículos 29 y 53; iii) artículo 150, numeral 7 que establece el régimen
autónomo de las CAR.

1 C.P: Juan Camilo Morales Trujillo. 4 de diciembre de 2025. Radicación: 11001-03-15-000-

2025-06501-00. Demandantes: Diana Inés Cubillos Morales y otro.

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Enfatizó que presumir el consentimiento del trabajador de pertenecer al
régimen anualizado por estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, implica
desconocer lo siguiente:

“[…] 1. Confunde el hecho de estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro,
con la afiliación del régimen de cesantías, dos aspectos sustancialmente
diferentes conforme lo ha señalado el Consejo de Estado.

2. Patrocina el hecho de sanear una actuación ilegal asumida en su
momento por la CAR QUINDÍO de creer que la aquí accionante debía
pertenecer al régimen anualizado de cesantías sin que para dicha fecha
existiera fundamento jurídico alguno, desconociendo el cambio de
naturaleza jurídica de la CAR con el advenimiento de la Constitución
Política de Colombia.

3. Desconoce el principio de realidad sobre las formas, consustancial al
derecho laboral al presumir el consentimiento de la decisión de
pertenecer a un régimen de cesantías u otro, vulnerando no solo los
principios del derecho laboral, sino la autonomía de la voluntad del
funcionario, en este caso trabajador. […]”.

Con fundamento en los anteriores argumentos, solicitó revocar el fallo
impugnado y, en su lugar, se conceda el amparo deprecado.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19912, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado3, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional4 como del Consejo
de Estado5 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en

3 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
4 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
5 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)

y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.

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el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental6 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces7.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)

6 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428,

Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
7 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-
18.

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impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada el 28 de
agosto de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación núm. 63001-3333-004-2021-00261-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial accionada haya incurrido en
una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual
se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está
asociada a que la autoridad accionada aplicó retroactivamente el Decreto 1768
de 1994 dado que no tuvo en cuenta que, por la naturaleza jurídica de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío los empleados vinculados con
anterioridad a 1994 conservaron el régimen de cesantías retroactivas y
tampoco se podía presumir el consentimiento de la decisión de pertenecer a
un régimen de cesantías.

Lo anterior evidencia que la inconformidad de la parte actora se circunscribe a
una discrepancia de carácter estrictamente legal respecto de cómo se debía
interpretar y aplicar el régimen de las cesantías del servidor público vinculado
a una Corporación Autónoma Regional con anterioridad al Decreto 1768 de
1994, argumentos que implican la reapertura del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de esta acción de tutela el cual fue

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decidido por los jueces naturales del asunto.

Ello se reviste de mayor relevancia si se tiene en cuenta que el tribunal
accionado en la sentencia acusada expuso de manera razonada, coherente y
fundamentada las razones jurídicas por las cuales las cesantías debían
liquidarse por el régimen anualizado, y no por el retroactivo, por lo que el hecho
de que la parte accionante discrepe de ese análisis no implica que sea
arbitrario, caprichoso o irracional y mucho menos transgresor de derechos
fundamentales.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual
el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a
la acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.

Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección revocará el fallo impugnado
que negó las pretensiones de amparo y, en su lugar, se declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de 7 de mayo de 2026 proferido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR
improcedente el mecanismo de amparo, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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