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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01636-00

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01636-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Gladis Aristizábal Castro 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01636-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

7 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01636-00
Demandante: Gladis Aristizábal Castro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 7 de mayo de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01636-00
Demandante: GLADIS ARISTIZÁBAL CASTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que denegó reliquidación de cesantías
con régimen retroactivo a empleada de la CAR. Defecto sustantivo y
fáctico

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Gladis Aristizábal Castro
contra el Tribunal Administrativo del Quindío.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 2 de marzo de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderada
judicial, la señora Gladis Aristizábal Castro pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la dignidad humana.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
28 de agosto de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, que denegó las
pretensiones de reliquidación y pago de cesantías con el régimen de retroactividad a
favor de la demandante.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, el principio de favorabilidad
laboral, y el derecho al trabajo bajo criterios de justicia y equidad dada la naturaleza del auxilio y su
íntima relación con la dignidad humana y su remuneración mínima, vital y móvil de la señora GLADYS
(sic) ARISTIZÁBAL CASTRO vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, Sala
Quinta de decisión, M.P LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA, Sentencia 189-2025 del 28 de Agosto de
2025, radicado: 63001-3333-004-2021-00261-01 en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho laboral en contra de la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ-.

SEGUNDO: ORDENAR a la Sala quinta de decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO,
para que dentro del término perentorio que considere la Sala, profiera nuevo fallo de segunda instancia
en el que se proteja el derecho al debido proceso de mi mandante otorgando prevalencia y aplicación
al principio de favorabilidad en la resolución del caso en concreto.

TERCERO: ORDENAR Cualquier otra medida que bajo su facultad de Juez Constitucional considere
pertinente y necesaria para proteger y evitar la vulneración de los derechos que se acusan como
conculcados.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01636-00
Demandante: Gladis Aristizábal Castro

La señora Gladis Aristizábal Castro prestó sus servicios en la Corporación Autónoma
Regional del Quindío en el cargo de Profesional Especializado 3020-0b, a partir del 3 de
enero de 1994.

A partir del año 1999, las cesantías de la accionante se consignaron en el Fondo Nacional
del Ahorro, donde le fueron pagadas sus cesantías anualmente. Para los años 1994 a
1998, el Fondo expidió una liquidación de cesantías en la que se indicó que se realizaba
conforme al Decreto Ley 3118 de 1968.

El 8 de marzo de 2021, la demandante solicitó a la Corporación Autónoma Regional del
Quindío que reliquidara sus cesantías con el régimen de retroactividad, por lo que la
entidad expidió el Oficio 4625 del 15 de abril de 2021, a través del cual negó lo solicitado.

La demandante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, para que se declarara la nulidad del oficio
que le negó la reliquidación de sus cesantías con el régimen de retroactividad.

La demanda se adelantó bajo el radicado 63001-3333-004-2021-00261-00 y
correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia, que, por sentencia del 18 de
marzo de 2024, accedió a las pretensiones. Explicó que acogería el precedente vertical
emanado del Tribunal Administrativo del Quindío, en el cual, al desatar el recurso de
alzada en un asunto idéntico, revocó la providencia emitida en primera instancia por el
despacho, en la que se indicó que los empleados de la Corporación Autónoma Regional
del Quindío quedaron por fuera de los estándares de los empleados de la Rama Ejecutiva
del orden nacional, motivo por el cual no era obligatoria su vinculación al Fondo Nacional
del Ahorro.

Agregó que no se probó en el plenario el requisito “sine qua non” de la evidencia que
demostrara la aquiescencia de la demandante de renunciar al régimen retroactivo para
acogerse al anualizado y que el extracto individualizado de cesantías del Fondo Nacional
de Ahorro aportado no debe entenderse como un traslado de régimen, pues sólo si se
aportara la decisión de la beneficiaria en ese sentido se tendría como válido, toda vez
que el cambio de quien administra sus cesantías no implicaba modificaciones del régimen
de retroactividad.

Inconforme con la decisión, Corporación Autónoma Regional del Quindío apeló por
considerar que, dada la especial naturaleza de la entidad, no era posible realizar una
interpretación subjetiva carente de sustento legal para proceder a liquidar y reconocer el
régimen de retroactividad a los funcionarios con vinculación a la entidad anterior al año
1997, esto sumado a que la demandante nunca manifestó su intención de pertenecer al
régimen retroactivo de cesantías.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Quindío, en sentencia del 28 de agosto
de 2025,1 revocó la decisión apelada para en su lugar denegar las pretensiones de la
demanda. Citó jurisprudencia reciente de la Sección Segunda del Consejo de Estado
según la cual la afiliación de los empleados de las CAR al Fondo Nacional del Ahorro
estaba acorde con la normatividad que para esa fecha regía sobre la materia, lo que hace
a estos empleados beneficiarios del régimen anualizado de cesantías.

Por lo expuesto, concluyó que, no obstante haberse vinculado como empleada pública
con anterioridad a 1994, el régimen de cesantías de la demandante se inició con base en
los lineamientos establecidos para el FNA y ninguna manifestación hizo sobre dicha
situación, lo que evidencia que de manera voluntaria aceptó sin reparos la aplicación del
régimen anualizado antiguo, propio de ese fondo de cesantías.

1 Notificada por correo electrónico el 29 de agosto de 2025.

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Demandante: Gladis Aristizábal Castro

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la tutelante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en los siguientes
vicios de fondo:

Defecto sustantivo por extender los efectos jurídicos de un conjunto de normas que no
resultaban aplicables al caso en concreto, específicamente las normas relativas al
régimen anualizado de cesantías administrado por el FNA creado mediante el Decreto
3118 de 1968, el cual no podía aplicarse sin tener en cuenta que las corporaciones
autónomas regionales no son entidades de la rama ejecutiva, ni pertenecen al orden
nacional o territorial y cuyos empleados vinculados con anterioridad a la expedición del
Decreto 1768 de 1994 eran beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías.

Indicó que, si bien en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1768 de 1994, a
las Corporaciones Autónomas Regionales se les aplicarían las normas previstas para las
entidades descentralizadas del orden nacional, esta norma igualmente carece de
legitimación constitucional para regular los salarios y prestaciones sociales de las
Corporaciones Autónomas Regionales, además de que fue proferida el 3 de agosto de
1994, de allí su imposibilidad de aplicarla de manera retroactiva a la señora Aristizábal
Castro, cuya vinculación data del 3 de enero de 1994.

Señaló que con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, las
Corporaciones Autónomas Regionales se desligaron por completo de cualquiera de las
tres ramas del poder público, incluyendo la rama ejecutiva del poder público, de manera
que “se desmarcaron de las previsiones del Decreto 3118 de 1968, dicho de otra forma,
a partir del 04 de julio de 1991 el único régimen de cesantías aplicable a las CARS era el
régimen de cesantías retroactivo creado mediante la ley 6 de 1945, decreto 2767 de 1945,
ley 65 de 1946 y Decreto 1160 de 1947; luego, la señora Gladys Aristizábal se vinculó a
la CRQ el 03 de enero de 1994, fecha para la cual la entidad ya no pertenecía a la rama
ejecutiva del poder público, y aún no existía el Decreto 1768 de 1994”.

Defecto fáctico, como quiera que no obraba prueba en el proceso que demostrara la
existencia de consentimiento o manifestación expresa, ni la firma de documento alguno
que indicara que la demandante optó de manera consciente y expresa por el régimen
anualizado, lo que se constituye en un requisito sine qua non de cara al cambio de
régimen de cesantías de los funcionarios públicos.

5. Trámite

Por auto del 6 de marzo de 2026, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar, en calidad de parte demandada, a los magistrados del
Tribunal Administrativo del Quindío y vinculó en calidad de terceros con interés al juez
cuarto administrativo de Armenia y al director de la Corporación Autónoma Regional del
Quindío.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 9 de marzo de
2026.

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo del Quindío, ponente de la decisión
cuestionada, pidió que o bien se declarara improcedente la solicitud de amparo o se
denegaran las pretensiones de la acción de tutela.

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Demandante: Gladis Aristizábal Castro

Expuso que todo lo consignado en el escrito de tutela fue lo que se ventiló durante la
actuación contenciosa administrativa y recibió las respuestas de rigor tanto en primera
como en segunda instancia, solo que a la accionante no le convencen los argumentos
esbozados en segundo grado y ese no puede ser el criterio para sostener una acción de
amparo, porque es extender la definición jurídica dada en el proceso por el juez natural
para que la revise el juez constitucional.

Indicó que ninguno de los derechos fundamentales invocados ha sido vulnerado porque
se le ha garantizado a plenitud el derecho al debido proceso, pues las providencias
respectivas fueron motivadas, se permitieron los recursos de rigor; en cuanto al derecho
al trabajo, dijo que en ningún momento se ha coartado su ejercicio, y menos su
remuneración justa y equitativa, pues las cesantías sí han sido recibidas por la tutelante,
solo que de una manera diferente a las que ahora reclama.

El jefe de la oficina jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Quindío pidió
que se denegaran las pretensiones de la tutela o, en su defecto, se declare su
improcedencia.

Precisó que el Tribunal Administrativo del Quindío realizó un análisis detallado del marco
normativo aplicable al régimen prestacional de los funcionarios de las Corporaciones
Autónomas Regionales y concluyó que, ante la ausencia de una regulación expresa sobre
la materia, resultaba procedente acudir a las disposiciones aplicables a las entidades
descentralizadas del orden nacional, particularmente a lo previsto en el Decreto 1768 de
1994, conclusión que es jurídicamente razonable y fue adoptada dentro del ámbito de la
autonomía judicial, sustentada en la norma vigente y en la línea jurisprudencial del
Consejo de Estado.

Resaltó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío no incurrió
en defecto sustantivo, fáctico ni violación directa de la Constitución. Por el contrario,
constituye una interpretación razonable del ordenamiento jurídico, adoptada dentro del
ámbito de autonomía judicial y con fundamento en el marco normativo y jurisprudencial
vigente en materia de régimen de cesantías de los servidores vinculados a las
Corporaciones Autónomas Regionales.

El juez Cuarto Administrativo de Armenia, remitió el expediente digital. Nada dijo sobre
las pretensiones de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Gladis
Aristizábal Castro para que se deje sin efectos la sentencia del 28 de agosto de 2025,
dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, que denegó las pretensiones de
reliquidación y pago de cesantías con el régimen de retroactividad a favor de la
demandante.

La Sala anticipa que denegará el amparo de los derechos fundamentales invocados por
la accionante, como quiera que la sentencia atacada no incurrió en los defectos
sustantivo ni fáctico, pues se fundó en deducciones razonables de las normas y
jurisprudencia reciente sobre la materia.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.

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2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2, o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela cumple los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, pues en caso de que
se hubiere realizado una indebida determinación del régimen aplicable a las cesantías de
los empleados de las Corporaciones Autónomas Regionales, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho estarían comprometidos derechos laborales de la
accionante.

Además, como quiera que la sentencia de segunda instancia revocó una decisión
favorable a la demandante, esta no contaba con la posibilidad de discutir los argumentos
expuestos para negar sus pretensiones.

La demanda de tutela también cumple con el requisito de inmediatez porque la sentencia
del 28 de agosto de 2025 fue comunicada por correo electrónico a las partes el 29 de
agosto de 2025, de conformidad con el numeral 2.º del artículo 2054 del CPACA, y la
tutela fue presentada el 2 de marzo de 2026, es decir, 5 meses y 27 días después de
hacerse efectiva la notificación; luego no habían transcurrido los 6 meses
jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para formular la acción de
tutela contra providencias judiciales.

La demandante agotó los recursos judiciales ordinarios, dado que contra la sentencia
cuestionada no procedía recurso por proferirse en segunda instancia. Además, los cargos
tampoco comportan alguna de las causales de procedibilidad del recurso extraordinario
de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA o del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia.

Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defectos
sustantivo y fáctico.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la demandante cuestiona
la decisión de segunda instancia adoptada en un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.

2
Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».

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4. Análisis del caso concreto

La tutelante señala que el Tribunal Administrativo del Quindío incurrió en defecto
sustantivo y fáctico, por indebida aplicación de los Decretos 3118 de 1968 y 1768 de
1994, los cuales considera no podían hacerse extensivos a la demandante en su calidad
de empleada de una corporación autónoma regional, la cual no pertenecía a ninguna
rama del poder público y cuyos empleados vinculados con anterioridad a la expedición
del Decreto 1768 de 1994 eran beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías.

Por otra parte, considera que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico
por no tener en cuenta que nunca se demostró que la accionante haya manifestado su
deseo de perder el régimen de retroactividad al que considera tenía derecho en atención
a la naturaleza especial de la entidad y a su fecha de vinculación.

La Sala precisa que estudiará los cargos de manera conjunta porque apuntan a demostrar
que la autoridad judicial no tuvo en cuenta que la especial naturaleza jurídica de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío permitía que los empleados vinculados con
anterioridad a 1994 conservaran el régimen de cesantías retroactivas, salvo que
manifestaran de manera expresa su intención de trasladarse al régimen anualizado.

La Sala observa que la providencia cuestionada tuvo en cuenta la naturaleza jurídica de
las CAR y observó el siguiente marco normativo:

Que su creación obedeció al Acto Legislativo 5 del 27 de agosto de 1954 y se consolidó
con el Acto Legislativo 3 de 1959.

Que con la expedición del Decreto 3130 de 1968, Estatuto Orgánico de las entidades
descentralizadas del orden nacional, y a través del Decreto 127 del 26 de enero de 1976,
el Gobierno Nacional decidió adscribir a las CAR al Departamento Nacional de
Planeación, lo que evidencia que, bajo la vigencia de la Constitución de 1886, las CAR
eran consideradas entidades administrativas de orden nacional, con carácter de
establecimientos públicos adscritos a las entidades del orden central, concretamente de
la Rama Ejecutiva, con funciones administrativas y responsables de la prestación de
determinados servicios públicos domiciliarios.

Que, no obstante, con la expedición de la Constitución Política de 1991, se estableció en
el numeral 7 del artículo 150 que el Congreso debía, entre otras funciones, reglamentar
la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un
régimen de autonomía. Como consecuencia de ello, el artículo 23 de la Ley 99 del 22 de
diciembre de 1993 estableció que las Corporaciones Autónomas Regionales son “entes
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que
por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del
Ministerio del Medio Ambiente.”

Que el artículo 1.º del Decreto 1768 del 3 de agosto de 1994 reiteró la anterior previsión
y, en su parágrafo segundo, señaló que “Las corporaciones se regirán por las disposiciones
de la Ley 99 de 1993, el presente decreto y las que las sustituyan o reglamenten. En lo que fuere
compatible con tales disposiciones, por ser de creación legal se les aplicarán las normas previstas
para las entidades descentralizadas del orden nacional”. La norma también dispuso que las
CAR eran entes descentralizados relacionados con el nivel nacional, departamental y
municipal.

Que en el artículo 40 de la Ley 489 de 1998 se estableció que las CAR eran organismos
estatales de régimen especial, sujetos a las disposiciones que para ellas establezcan las
respectivas leyes.

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Que la Corte Constitucional, en la sentencia C-593 de 1995, señaló que: “Son entidades
administrativas del orden nacional que pueden representar a la Nación dentro del régimen
de autonomía que les garantiza el numeral 7 del artículo 313 de la Constitución, y están
concebidas por el Constituyente para la atención y el cumplimiento autónomo de muy
precisos fines asignados por la Constitución misma o por la ley, sin que estén adscritas
ni vinculadas a ningún ministerio o departamento administrativo”5.

Y que el Consejo de Estado, en sentencia del 9 de junio de 2005 precisó que las CAR
son entidades administrativas del orden nacional, “que cumplen cometidos públicos de
interés del Estado, y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un
régimen de autonomía; que por los atributos que les asignó la Ley 99 de 1993 son
entidades descentralizadas por servicios”, y que “... con la promulgación de la
Constitución de 1991, las corporaciones autónomas regionales mantuvieron su condición
de establecimientos del orden nacional”.

Con base en lo expuesto, la providencia objeto de tutela se acompasó con las
conclusiones en las que jurisprudencialmente se ha señalado que las CAR: (i) no
pertenecen a alguna de las ramas del poder público; (ii) pueden actuar independientes
de ellas y (iii) son autónomas para ordenar su propio funcionamiento y misión
constitucional sin que ello implique que son ajenas al Estado. En consecuencia, ante la
ausencia de un régimen especial prestacional de los empleados de las CAR,
específicamente en relación con el auxilio de cesantías, es posible afirmar que les
resultan aplicables las normas que regulan dicha prestación social en el sector público.

En la providencia también se observa que se estudió cómo, en materia de reconocimiento
de las cesantías para los empleados públicos, la Ley 6.ª de 1945 consagró que ese auxilio
se reconocería a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente. A
su vez, el Decreto 1160 de 1947, en su artículo 6 señaló que para liquidar las cesantías
se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones en
los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los últimos
12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.

Que por medio del Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo Nacional de Ahorro, entidad
a la que se le atribuyó el deber de pagar oportunamente el auxilio de cesantías a
empleados públicos y trabajadores oficiales. El artículo 3 del decreto en mención
determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio
de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos
Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y
entregadas al Fondo.

Asimismo, que en la norma citada se dispuso la liquidación anual de las cesantías para
los empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, a 31 de diciembre
de cada año.

Que la Ley 344 de 1996, generalizó el sistema de liquidación anual del auxilio de
cesantías para los servidores públicos, al consagrar:
Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a
partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades
del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o
por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la
terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes
al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del
presente artículo; (Negrilla propia).

5 Criterio reiterado en Sentencia C-275 de 1998 y en Auto No. 089 del 24 de febrero de 2009.

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Demandante: Gladis Aristizábal Castro

No obstante, se indicó que para aquellos empleados que venían con una vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se
les respetó el régimen de liquidación del auxilio de cesantías consagrado en normas
anteriores. En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos se
acogieran al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían
proceder en la forma descrita en el artículo 3.º del Decreto 1582 de 1998,

Además, se concluyó que a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación
retroactiva de cesantías se les conservó el régimen, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 2.º del Decreto 1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de 2002.

Al descender al caso de la accionante, se advierte que el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Armenia, en la sentencia de 18 de marzo de 2024, luego de señalar la
naturaleza jurídica de la demandada y citar jurisprudencia del Consejo de Estado
proferida en los años 2006 y 2009, accedió a las pretensiones por considerar que:
Por todo lo anteriormente expuesto, concluye este Juzgado, que la demandante es beneficiaria del
régimen retroactivo de cesantías, razones recapituladas así:

Se acreditó que, la vinculación de la señora Gladys Aristizábal Castro a la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, se efectuó a partir del 28 de septiembre de 1993 (sic), esto es con
anterioridad a la expedición de la Ley 344 de 1996 (31 de diciembre de 1996), por tanto, la
demandante conservó el régimen de cesantías retroactivo.

Que la señora Gladys Aristizábal Castro, como empleada de la Corporación Autónoma Regional
del Quindío, quedó por fuera de los estándares de los empleados de la Rama Ejecutiva del orden
nacional, motivo por el cual no era obligatoria su vinculación al Fondo Nacional del Ahorro.

Y, por último, pero no menos importante, no se probó en el plenario el requisito sine qua non de la
evidencia que demostrara aquella aquiescencia de renunciar al régimen retroactivo para acogerse
al anualizado y que el extracto individualizado de cesantías del Fondo Nacional de Ahorro aportado
no debe entenderse como un traslado de régimen; se itera, solo y solo si se aporta la decisión de la
beneficiaria en ese sentido se tendría como válido, pues como ampliamente se explicó, el cambio de
quien administra sus cesantías no implica modificaciones del régimen de retroactividad.

Por el contrario, en la sentencia cuestionada se esbozaron como argumentos para negar
las pretensiones de la demanda los siguientes:

7. En torno al reproche de que la CRQ ha expresado que existe un vacío normativo, por eso la afilió
al FNA, se detalla:

7.1. El vacío normativo, llámese también “laguna jurídica”, se podría comprender en el
entendido de que en realidad no existe una regulación expresa o especial para las CARs
sobre el punto, al catalogarse como entes autónomos que no encajan en la organización
del Estado, dentro de la Rama Ejecutiva.

7.2. Sin embargo, el vacío o laguna se puede llenar haciendo una interpretación sistemática,
a la manera como lo hizo la accionada, así:

7.2.1 Pese a ser organismos autónomos, las CARs no pueden tenerse como unas ruedas
sueltas del aparato estatal.

7.2.2 El Decreto 1798 (sic) del 3 de agosto de 1994, en su artículo 223, que consolidó su
creación constitucional, fue claro en disponer, a fin de consolidar el sistema jurídico y
hacerlo coherente, que a las CARs, en lo que no esté regulado, se les aplican las normas
de una entidad descentralizada del orden nacional.

7.2.3 La norma citada, por ser integradora, cierra el sistema y permite, entonces, en caso
de encontrarse vacíos como los mencionados, llenarlos con normativa que rija esas
entidades descentralizadas nacionales.

7.2.4 En materia de personal, se agregó, en el artículo 12 del Decreto en comento, que
el personal vinculado ostenta por regla general la calidad de empleados públicos, con la
nomenclatura y clasificación previstas en el Decreto 1042 de 1978, en tanto no exista
norma específica.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01636-00
Demandante: Gladis Aristizábal Castro

7.2.5 En esas condiciones, encontrándose vinculada la accionante desde 1993, es decir,
antes de entrar en vigencia el Decreto 1798 (sic) de 1994, era lógico que la administración
integrara el sistema jurídico disponiendo que las mismas se consignaran, como se hacía
en las entidades descentralizadas de orden nacional, esto es, en el FNA.

La anterior tesis se reforzó con la cita de la sentencia proferida por la Sección Segunda,
Subsección A de esta Corporación6, en la que se señaló:

Se observa que la vinculación de la demandante tuvo lugar el 15 de septiembre de 1993, esto es,
antes de la entrada en vigencia de la Ley 99 del 22 de diciembre de ese mismo año, fecha para la
cual las CAR eran definidas como establecimientos públicos adscritos a las entidades
descentralizadas del orden central, concretamente de la Rama Ejecutiva, y que, desde su ingreso,
la consignación de sus cesantías se efectuaba en el Fondo Nacional del Ahorro, donde fue afiliada.

Decisión ésta última que, a juicio de esta Sala, responde a la legislación vigente para esa fecha, toda
vez que, cuando el Decreto 3118 de 1968, creó el Fondo Nacional del Ahorro, en el artículo tercero
determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de, entre
otros, los establecimientos públicos, debían ser liquidadas y entregadas al mismo.
(…)

En este sentido, no obstante que la vinculación de la demandante tuvo lugar el 13 de septiembre de
1993, esto es, con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, cuando entró en vigencia la Ley 344, lo
que en principio la haría beneficiaria del régimen de liquidación de sus cesantías con retroactividad;
no puede pasarse por alto que desde siempre estuvo afiliada al Fondo Nacional del Ahorro, entidad
para la cual el legislador previó un régimen de liquidación anual del auxilio en comento y, a éste se
acogió la demandante, sin que en momento alguno hubiera manifestado su inconformidad o deseo
de traslado, pues de ello no reposa prueba en el expediente; lo cual sólo tuvo lugar cuando fueron
liquidadas de manera definitiva sus prestaciones sociales.

Así las cosas, debe concluirse que a la actora no le asiste el derecho reclamado, puesto que, a
diferencia de lo concluido por el Tribunal, la afiliación de la demandante al Fondo Nacional del Ahorro
no fue caprichosa o abusiva, por el contrario, como antes se anunció, se acompasó a la normatividad
que para esa fecha regía sobre la materia, lo que la hace beneficiaria del régimen anualizado de
cesantías, por lo que hay lugar a REVOCAR la decisión de primera instancia, para en su lugar, negar
las pretensiones en la medida que no se logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados

Con base en lo expuesto, la Sala advierte que para el ad quem, al margen de la naturaleza
jurídica especial que ostenta la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la cual no
se desconoció, el que la señora Gladis Aristizábal Castro haya pertenecido al régimen
anualizado de cesantías desde el inicio de su relación laboral con la entidad, no
permitía determinar que hubiere sido trasladada de manera irregular al Fondo Nacional
del Ahorro, ni que fuera ilegal la aplicación de las disposiciones del Decreto 3118 de 1968.

En efecto, revisado el expediente del proceso 63-001-3333-004-2021-00261-00/01, la
Sala constata que en el extracto de cesantías expedido por el Fondo Nacional del Ahorro
para los años 1994 a 1998, así como en los reportes del año 1999 a 2020 se consignó
que las cesantías de la demandante se liquidaron conforme a lo dispuesto en el Decreto
3118 de 1968, lo que desvirtuó la tesis sostenida por el Juzgado Cuarto Administrativo
de Armenia para acceder a las pretensiones, en lo que alude a que la demandante fue
sujeto de un traslado de fondo que no debió afectar el régimen de retroactividad del que
gozaba, pues tal como lo señaló el Tribunal accionado, tal régimen nunca le fue
reconocido, como quiera que desde el momento de su vinculación fua afiliada a una
entidad que administraba el régimen anualizado de cesantías y en tal medida no era del
caso que se le permitiera manifestar si renunciaba al régimen retroactivo, el cual nunca
tuvo.

Cabe mencionar que incluso en casos en los que sí ha existido un traslado al Fondo
Nacional del Ahorro de empleados que eran beneficiarios del régimen de cesantías
retroactivas, la Sección Segunda de esta Corporación7, en sede de tutela, ha señalado

6 CP: Jorge Iván Duque Gutiérrez. 30 de octubre de 2024. Radicación: 63-001-23-33-000-2023-00016-01 (4955-2024)
Demandante: María Cristina López Castaño. Demandado: Corporación Autónoma Regional del Quindío “C.R.Q”.
7 C.P: Juan Camilo Morales Trujillo. 4 de diciembre de 2025. Radicación: 11001-03-15-000-2025-06501-00. Demandantes: Diana
Inés Cubillos Morales y otro.
15 de enero de 2026. Radicación: 1001-03-15-000-2025-07168-00. Demandantes: Franky Castaño Herrera y otros

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Demandante: Gladis Aristizábal Castro

que la anuencia, aunque no sea expresa, se entiende acreditada cuando transcurren toda
su vida laboral recibiendo las cesantías bajo este régimen y sin expresar oposición
alguna, de manera que tampoco existía razón para acceder a las pretensiones de la
demandante, quien percibió sus cesantías con el régimen anualizado desde el año 1993
y por lo menos hasta el 2021,cuando presentó la demanda ordinaria.

En este orden de ideas, no se considera que la decisión cuestionada haya desbordado
los límites de la razonabilidad ni que haya desconocido las normas que la parte
demandante invoca para sustentar el defecto sustantivo, pues, por el contrario, se
observa que el pronunciamiento estuvo ajustado no solo a los preceptos normativos
aplicables, sino, además, a la jurisprudencia más reciente proferida sobre la materia por
la Sección Segunda de esta Corporación, especializada en el asunto.

En igual sentido, tampoco se evidencia la configuración del defecto fáctico alegado, pues
se insiste, para la autoridad judicial accionada, en que el que la demandante siempre
haya percibido sus cesantías bajo el régimen anualizado, conforme a lo dispuesto en el
Decreto 3118 de 1968, y el que no se haya acreditado que sufrió un cambio de régimen
por su afiliación al Fondo Nacional del Ahorro, no exigía que estuviera demostrado si dio
su anuencia o no para la referida afiliación y/o para un eventual cambio de régimen.

Por esas razones, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo del Quindío no incurrió
en defecto sustantivo o fáctico al determinar que el régimen de cesantías aplicable a la
demandante era el anualizado. En consecuencia, la Sala denegará el amparo solicitado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Gladis
Aristizábal Castro

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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