Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00034-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00034-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2018-00034-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00034-01 (2310-2022)
Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones1 y Aeronáutica Civil
de Colombia
Tema: Pensión de vejez / alto riesgo / bombero
Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda2
1.1.1. Las pretensiones
Nicolás De Jesús Marín Gómez presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones GNR 301040 del 28 de agosto de 2014
y VPB 60760 del 10 de septiembre de 2016 mediante las cuales Colpensiones negó
el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por cuanto no acreditó los
requisitos del artículo 4 del Decreto 2090 de 2003.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) se condenara a Colpensiones a reconocer y pagar pensión de vejez por alto riesgo
en los términos del Decreto 2090 de 2003, ii) se condenara a la Unidad
1 En adelante Colpensiones.
2 Índice 14 de Samai, actuación «14RECIBEMEMORIAL_23102022RESPUESTAARE(.pdf)
NroActua 14».
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00034-01 (2310-2022)
Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil a pagar a Colpensiones lo
correspondiente al porcentaje adicional por desempeñar actividades de alto riesgo,
correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de enero de 1983 y la fecha de
presentación de la demanda, iii) se ordenara a Colpensiones a pagar el retroactivo
pensional desde el 29 de abril de 2014, fecha de la presentación de la solicitud de
reconocimiento, además del interés de mora y, en el caso de no prosperar la anterior
pretensión, se indexe la condena y iv) se condenara al pago de la condena en costas
y el reconocimiento de los intereses según lo dispuesto en los artículos 189 y 192
del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
Nicolás de Jesús Marín Gómez nació el 26 de enero de 1961, por cuanto el 26 de
igual mes de 2016 cumplió 55 años y acreditó 1620 semanas de cotización. Prestó
sus servicios en la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil desde el
10 de enero de 1983 hasta la fecha de la presentación de la demanda, en los
siguientes términos:
Desde Hasta Cargo
10 de enero de 1983 5 de octubre de 1988 Operario calificado grado 8
6 de octubre de 1988 17 de mayo de 1989 Bombero aeronáutico maquinista 04
18 de mayo 1989 31 de enero de 1994 Bombero aeronáutico maquinista 05
1º de febrero de 1994 25 de agosto de 1997 Auxiliar IV grado 10
26 de agosto de 1997 13 de mayo 2015 Bombero aeronáutico I grado 13
14 de mayo 2015 Bombero aeronáutico III grado 18
El demandante cotizó entre el 10 de enero de 1983 y el 30 de junio de 2009 a
Cajanal4 y desde el 1º de julio de 2009 y hasta la fecha de la presentación de la
demanda a Colpensiones.
El 29 de abril de 2014 solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de una
pensión de vejez por alto riesgo; solicitud que negó el ente de previsión mediante
las resoluciones GNR 301040 del 28 de agosto de 2014 y VPB 60760 del 10 de
septiembre de 2015.
El demandante continuó cotizando al sistema y le solicitó a la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil pagar el porcentaje de cotización adicional a
Colpensiones, por el ejercicio de su cargo de alto riesgo, como bombero
aeronáutico. La entidad previsional señaló que realizó los aportes en los términos
4 Caja nacional de previsión social, Cajanal EICE, en adelante Cajanal.
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Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
previstos en los decretos 1835 del 3 de agosto de 1994 y 2090 del 26 de julio de
2003.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, señalaron los artículos 1, 13, y 48 de la Constitución Política; 4, 27 de
la Ley 1575 del 21 de agosto de 2012; el Decreto 2090 de 2003 y los artículos 3 y
12 del Decreto 1835 de 1994.
En cuanto al concepto de violación se expusieron los siguientes argumentos5:
El acto demandado vulneró las normas referenciadas al desconocer que Nicolás de
Jesús Marín Gómez nació el 26 de enero de 1961 y prestó su servicio para la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de manera interrumpida, desde el 10
de enero de 1983 hasta la fecha de presentación de la demanda, como bombero
aeronáutico, cuya función es la de extinguir incendios, entre otras. De modo que, en
el evento en el cual la Unidad haya omitido o suspendido el pago de los aportes
adicionales por alto riesgo, no es óbice para que Colpensiones reconozca la
prestación por vejez por alto riesgo, por cuanto aquélla está en la obligación de
desembolsar a la entidad previsional el valor adicional, sin que el beneficiario deba
soportar la carga del incumplimiento por parte de la empleadora.
De otra parte, indicó que la efectividad de la prestación debe ordenarse desde el 29
de abril de 2014, momento en el cual el demandante presentó la solicitud de
reconocimiento a Colpensiones; no obstante, tras la negativa de esa entidad, el
trabajador continuó realizando aportes, sin que ello le impida percibir el retroactivo
pensional.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones
que se expresan a continuación6:
Para estudiar la pretensión de alto riesgo es necesario contar con los documentos
que indiquen el desempeño de la actividad que se considera con esa característica,
por cuanto la entidad previsional no tiene conocimiento de esas condiciones
laborales sino hasta la presentación de la solicitud, toda vez que ese aspecto es
5 Índice 14 de Samai, actuación «14RECIBEMEMORIAL_23102022RESPUESTAARE(.pdf)
NroActua 14».
6 Índice 14 de Samai, actuación «14RECIBEMEMORIAL_23102022RESPUESTAARE(.pdf)
NroActua 14».
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responsabilidad del empleador; sin embargo, al analizar la historia laboral de Nicolás
de Jesús Marín Gómez no registra cotizaciones de alto riesgo, además solo a partir
de la vigencia de la Ley 1575 de 2012, es decir desde el 22 de agosto de ese año,
fueron incluidos los bomberos aeronáuticos en el sistema nacional para la
prevención y atención de desastres, de manera que desde ese momento será
aplicable esa disposición de alto riesgo para dicha actividad.
En ese sentido, las semanas cotizadas por el demandante, en ejercicio de su calidad
de bombero aeronáutico, con el beneficio de la inclusión como actividad de alto
riesgo, prevista desde el 22 de agosto de 2012, no alcanzan las 700 requeridas por
la normatividad, para acceder al reconocimiento pensional.
En consecuencia, la solicitud prestacional deberá estudiarse en virtud de las
disposiciones previstas en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003,
cuyos requisitos corresponden a contar con 60 años, en el caso de los hombres, o
62, desde el 1° de enero de 2014, y haber cotizado durante 1000 semanas en
cualquier tiempo; desde el 1° de enero de 2005 se incrementarán 50 semanas hasta
llegar a 1300 en el 2015. Sin embargo, el demandante solo cotizó durante 478.29
semanas y contaba con 57 años de edad, por tal motivo no resulta viable acceder a
las pretensiones de la demanda.
Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de la obligación, ii)
presunción de legalidad de los actos administrativos, iii) buena fe, iv) prescripción,
iv) imposibilidad de costas y gastos del proceso y vi) compensación.
1.2.1. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, con fundamento en lo siguiente7:
En virtud del Decreto 2090 de 2003 fueron suspendidas las cotizaciones para los
bomberos aeronáuticos desde el 30 de septiembre de ese año, por cuanto según el
criterio orgánico, solo el técnico aeronáutico con funciones de controlador de tránsito
aéreo fue ingresado a la categoría de alto riesgo, el bombero aeronáutico quedó
excluido. Con la entrada en vigencia de la Ley 1575 de 2012 surgió la obligación
para la entidad de realizar cotizaciones especiales por alto riesgo, motivo por el cual
no figuran cotizaciones adicionales desde el 2003 hasta el 2012 a nombre del
demandante.
Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) indebida acción, ii) caducidad de
la acción, iii) falta de agotamiento del requisito de procedibilidad y iv) falta de
7 Índice 14 de Samai, actuación «14RECIBEMEMORIAL_23102022RESPUESTAARE(.pdf)
NroActua 14».
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Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
jurisdicción y competencia, iv) imposibilidad de costas y gastos del proceso, vi)
compensación y v) falta de legitimación en la causa por pasiva8.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda y la
condena en costas. Para tal efecto, se pronunció en estos términos9:
Con la entrada en vigencia de la Ley 1575 de 2012, el 22 de agosto de ese año,
fueron incorporados los bomberos aeronáuticos, entre otros, al cuerpo de bomberos
de Colombia, es decir desde ese momento se entendió su actividad como de alto
riesgo y, por consiguiente, susceptible de tratamiento especial.
Según el reporte de semanas cotizadas en pensiones proferido por Colpensiones a
corte del 28 de noviembre de 2018, Nicolás de Jesús Marín Gómez ha cotizado al
sistema de seguridad social en pensión 482,57 semanas, de las cuales se
efectuaron aportes por actividad de alto riesgo en 162,85 semanas.
Además, según el artículo 2 del Decreto 2090 de 2003, las actividades consideradas
de alto riesgo desempeñadas por trabajadores de la Unidad Administrativa Especial
de Aeronáutica Civil solo comprendieron a los técnicos aeronáuticos con funciones
de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina
de Registro de esa entidad.
Como consecuencia, el demandante no resulta beneficiario del reconocimiento de
la pensión de vejez, según el régimen de alto riesgo establecido en el Decreto 2090
de 2003, comoquiera que los cargos ejercidos por éste en la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil no fueron incluidos en esa categoría, ni se encuentran
acreditadas las 700 semanas de cotización especial requeridas para tal fin, puesto
que acumula 510 semanas a la fecha de la presentación de la demanda, esto es el
9 de marzo de 2017. Además, no es posible aplicar de manera retrospectiva la Ley
1575 de 2012.
Ahora, si bien el Decreto 2090 de 2003 estableció que entre las actividades de alto
riesgo para la salud de los trabajadores se encontraban las realizadas por los
cuerpos de bomberos que realizaran labores relacionadas con la extinción de
incendios, lo cierto es que en virtud de la Ley 322 de 1996, esos cuerpos son
conformados por bomberos oficiales o voluntarios, los primeros creados únicamente
8 Mediante el auto del 5 de octubre de 2020 el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
9 Índice 14 de Samai, actuación «14RECIBEMEMORIAL_23102022RESPUESTAARE(.pdf)
NroActua 14».
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por entidades territoriales (municipios, distritos y entidades territoriales indígenas) y
los segundos por asociaciones de carácter privado.
Por lo anterior, el cargo ejercido por el demandante en la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil no hizo parte de los cuerpos de bomberos hasta la
expedición de la Ley 1575 de 2012, puesto que esa entidad especializada de
carácter técnico está adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, de modo que pertenece a la
Rama Ejecutiva del poder público de nivel central, lo que implica que no esté
facultada para conformar cuerpos de bomberos oficiales.
1.4. El recurso de apelación
Nicolás de Jesús Marín Gómez interpuso recurso de apelación10, con fundamento
en lo siguiente:
En virtud de lo previsto en el artículo 2 del Decreto 1833 de 1994 en el cual se
establecieron las actividades de alto riesgo, en desarrollo del artículo 140 de la Ley
100 de 1993, la operación de extinción de incendios fue considerada como una
actividad peligrosa para la salud, desde 1994 y, como fue evidenciado en el
expediente, el demandante ejerció el cargo de bombero aeronáutico con esa
función, así como la de salvar vidas humanas en accidentes aéreos desde el 10 de
enero de 1983, razón por la cual la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil realizó aportes adicionales por el desempeño de esa actividad entre el 20 de
enero de 1995 y el 30 de septiembre de 2003; sin embargo, debió hacerlo desde la
expedición del Decreto 1835, es decir el 4 de agosto de 1994.
No le asistió razón al Tribunal al desvincular a la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, puesto que el artículo 2 del Decreto 1835 de 1994 le exigía a esa
entidad el pago de los valores adicionales de los aportes causados entre el 10 de
enero de 1989 y el 22 de agosto de 2012, en ese sentido existía la posibilidad de
proferir condena en su contra.
El demandante cumplió con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la
pensión de vejez con alto riesgo, comoquiera que su vinculación fue desde el 10 de
enero de 1983, como bombero con la función de extinguir incendios, motivo por el
cual adquirió el estatus el 9 de octubre de 2020, por cuanto ha cotizado por 1920
semanas.
10 Índice 14 de Samai, actuación «14RECIBEMEMORIAL_23102022RESPUESTAARE(.pdf)
NroActua 14».
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Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
Finalmente, en consonancia con la jurisprudencia de las altas cortes resulta viable
la aplicación de normatividad a situaciones surgidas con anterioridad a su vigencia,
siempre que los hechos no se hubieran consolidado, de manera que, al demandante
no haber causado el derecho pensional cuando empezó a regir la Ley 1575 de 2012,
esa norma puede aplicarse en forma retrospectiva.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿Nicolás de Jesús Marín Gómez es
beneficiario de la pensión de vejez por alto riesgo en los términos de la Ley 1575 de
2012 y el Decreto 1835 de 1994?, de ser así ¿le corresponde a la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil el pago del valor adicional de los
aportes? Y, en efecto, ¿la decisión de su desvinculación resultó acertada?
2.2. Marco normativo
2.2.1. El Régimen pensional especial para actividades de alto riesgo de
algunos servidores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
La Ley 7ª de 1961 «Sobre pensiones de jubilación de Radio - operadores, Técnicos de
Radio y Oficiales de Meteorología, al servicio de la Empresa Colombiana de Aeródromos»
dispuso lo siguiente:
«Artículo 1. Los radio - operadores del servicio móvil aeronáutico "R" categoría "R" y
del servicio fijo de acuerdo con las definiciones dadas en el decreto 3418 de 1954, y
su reglamentario 2427 de 1956; los técnicos de radio y electricidad y los oficiales de
meteorología que venían prestando sus servicios en Aerovías Nacionales de
Colombia S.A. (Avianca) y que fueron incorporados a la Empresa Colombiana de
Aeródromos, creada por decreto 2369 de 1954, para los efectos de la pensión de
jubilación tendrán derecho a que se le compute el tiempo servido a dicha empresa
privada como tiempo servido a la Nación.
Artículo 2. Para los efectos indicados se aplicará a los mencionados trabajadores
lo dispuesto en el artículo 21 del decreto 1237 de 1946, y tendrán derecho a la pensión
de jubilación al cumplir 20 años de servicio, cualquiera que fuere su edad». [Se
resalta].
El Decreto 1372 de 1966 «Por el cual se reglamenta la Ley 7ª de 1961 sobre pensiones
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Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
de jubilación de radioperadores, técnicos de radio, de electricidad y oficiales de
meteorología» estableció:
«Artículo 1º. Son radioperadores del Servicio Móvil Aeronáutico Categoría “R” y del
Servicio Fijo, definidos en el Decreto 3418 de 1954, los funcionarios que operan los
circuitos de radio que integran tales servicios, sea cual fuere la naturaleza de estos
circuitos y la denominación de planta de los cargos o nomenclatura dentro de la
organización del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, de la Empresa
Colombiana de Aeródromos o del Departamento Administrativo del Servicio Civil.
Artículo 2º. Son oficiales de metereología los funcionarios calificados por el
Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil como idóneos para atender los
requerimientos metereológicos, aeronáuticos, sea cual fuere la denominación de
planta de los cargos o nomenclatura dentro de la organización del organismo
metereológico aeronáutico al cual pertenece o del Departamento Administrativo del
Servicio Civil.
Artículo 3º. Son técnicos de radio y de electricidad, los funcionarios que desarrollen
las actividades propias de su profesión con fines exclusivamente aeronáuticos, sea
cual fuere la denominación de planta de los cargos nomenclatura dentro de la
organización del organismo aeronáutico al cual pertenecen o del Departamento
Administrativo del Servicio Civil
[…]
Artículo 6º. De acuerdo con los artículos 2º de la Ley 7ª de 1961 y 21 del Decreto 1237
de 1946, el personal de que trata el presente Decreto tendrá derecho a la pensión
vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio
mensual de las asignaciones que hubiere devengado durante el último año de
servicios».
En suma, los empleados relacionados en la Ley 7ª de 1961 y especificados en el
Decreto 1372 de 1966 tenían derecho a la pensión de jubilación equivalente al 75%
de las asignaciones percibidas durante el último año de servicios, cuando contaran
con 20 años de servicio en la aeronáutica Civil.
Por su parte, en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 se estableció:
«Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De conformidad con la Ley 4ª
de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que
laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de
jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos.
Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador
aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización
a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad». [Se
resalta].
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Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
Asimismo, el Decreto 691 de 1994 «Por el cual se incorporan los servidores públicos al
sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones», en el artículo 5 determinó
que «Los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo para su salud, se
entienden incorporados al sistema general de pensiones, pero les aplicarán las condiciones
especiales que para cada caso se determinen» (Se destaca).
El gobierno nacional en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las conferidas en el ordinal 11 del artículo 189 y los literales e) y f) del
ordinal 19 del artículo 150 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo
140 de la Ley 100 de 1993 profirió el Decreto 1835 de 1994 «Por el cual se
reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos», en cuyo artículo 2
se refirió a las actividades desarrolladas por algunos empleados de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil que comportaban la naturaleza de alto
riesgo, en los siguientes términos:
«Artículo 2º. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100
de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:
[…]
4. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Técnicos aeronáuticos
con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida
por la oficina de registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de
conformidad con la reglamentación contenida en la Resolución No. 03220 de junio 2
de 1994 por medio de la cual se modifica el manual de reglamentos aeronáuticos; y
demás normas que la modifiquen, adicionen o aclaren.
Técnicos aeronáuticos con funciones de radio operadores, con licencia expedida o
reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, con base en la reglamentación contenida en la Resolución No.2450
de diciembre 19 de 1974 por medio de la cual se adopta el manual de reglamentos
aeronáuticos, y demás normas que la modifiquen, adicionen o aclaren.
5. En los Cuerpos de Bomberos para los cargos descritos a continuación y que tengan
como una de sus funciones específicas actuar en las operaciones de extinción de
incendios y demás emergencias relacionadas con el objeto de los cuerpos de
bomberos, así:
Capitanes
Tenientes
Subtenientes
Sargentos I
Sargentos II
Cabos
Bomberos».
En el artículo 3 dispuso los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez
de los cuerpos de bomberos, con ocasión del ejercicio de actividades de alto riesgo,
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así:
«[…]Los servidores públicos que ingresen a partir de la vigencia del presente Decreto,
a las actividades previstas en los numerales 1º y 5º del artículo 2º, tendrán derecho a
la pensión especial de vejez, cuando cumplan los siguientes requisitos:
1. 55 años de edad.
2. 1.000 semanas de cotización especial en las actividades citadas en el inciso 1º de
este artículo.
La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá en un
año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las primeras
1000 semanas, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años».
A su turno, en el artículo 6 estipuló los requerimientos exigidos a los servidores
públicos que ejercieran las actividades previstas en el numeral 4 del artículo 2,
previamente citado, de la siguiente forma:
«1. a) 55 años de edad y,
b) 1.000 semanas de cotización, de las cuales por lo menos 500 semanas hayan sido
cotizadas en las actividades señaladas en el numeral 4º del artículo 2º de este
Decreto.
La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un año
por cada sesenta (60) semanas de cotización, adicionales a las primeras 1.000
semanas, sin que la edad pueda ser inferior a 50 años, o,
2. a) 45 años de edad y,
b) 1.000 semanas cotizadas en forma continua o discontinua en las actividades
señaladas en el numeral 4º del artículo 2º de este Decreto».
Respecto del monto de las cotizaciones, en el artículo 12 se refirió en los
siguientes términos:
«El monto de la cotización para las actividades de alto riesgo de que trata este
Decreto, es el previsto para el sistema general de pensiones por la Ley 100 de 1993
más 6 puntos adicionales, a cargo exclusivo de la entidad empleadora, en el caso de
la rama judicial y el Ministerio Público, y de 8.5 puntos adicionales a cargo exclusivo
de las demás entidades empleadoras de que trata este Decreto».
Por su parte, la Ley 322 de 1996 estableció la naturaleza jurídica de los cuerpos
de bomberos, para tal efecto, dispuso lo siguiente:
«Artículo 7. Las instituciones organizadas para la prevención y atención de incendios
y demás calamidades conexas se denomina cuerpos de bomberos. Son cuerpos de
bomberos oficiales los que crean los concejos distritales, municipales y quien haga
sus veces en las entidades territoriales indígenas para el cumplimiento del servicio
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público a su cargo en su respectiva jurisdicción.
Los cuerpos de bomberos voluntarios son asociaciones cívicas, sin ánimo de lucro, de
utilidad común y con personería jurídica, reconocidos como tales por la autoridad
competente, organizadas para la prestación del servicio público de prevención y
atención de incendios y calamidades conexas» (Se resalta).
Posteriormente, mediante el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003 «Por el cual se
definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan
las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboren en dichas actividades» fue derogado el Decreto 1835 de 1994. En esa
oportunidad se determinó la actividad de alto riesgo como aquella que representa
un daño a la salud del trabajador o una disminución a su expectativa de vida,
independientemente de las condiciones en las cuales realice su labor11.
En el artículo 2 del Decreto 2090 de 2003 determinó las actividades clasificadas
como de alto riesgo para la salud del trabajador, así:
«Artículo 2. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran
actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:
1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en
subterráneos.
2. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los
valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud de salud
ocupacional.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes.
4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.
5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus
veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de
tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas
vigentes» (Se resalta).
A su turno, en los artículos 3 y 4 ibidem fueron dispuestos los requisitos para el
acceder al reconocimiento de la pensión especial de vejez, de los trabajadores que
realizaran actividades de alto riesgo, antes descritas, de la siguiente forma:
«Artículo 3. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media
11 «Artículo 1° Definición y campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todos los
trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de alto riesgo
aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida
saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo».
11
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00034-01 (2310-2022)
Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma
permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el
número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo
menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la
pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo
siguiente.
Artículo 4º. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de
vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido 55 años de edad.
2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797de 2003.
La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada
(60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el
Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50)
años.»
No obstante, esta norma previó un régimen de transición, así:
«Artículo 6. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en
las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán
cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el
artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 1812 de la Ley 797 de
2003».
De la revisión de la norma transcrita se tiene que exige i) 500 semanas de cotización
especial, ii) el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para
acceder a la pensión; y iii) el cumplimiento de las condiciones reguladas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder al régimen pensional de alto riesgo.
Sobre el particular, en sentencia C-663 del 29 de agosto de 200713, la Corte
Constitucional condicionó su exequibilidad, «en el entendido de que para el cómputo
de las ‘500 semanas de cotización especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización
efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto
riesgo».
12 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
13 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
12
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00034-01 (2310-2022)
Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
En ese sentido esta Corporación ha indicado14 que al acreditar 500 semanas de
cotización en actividades de alto riesgo para la entrada en vigencia del Decreto 2090
de 2003, se concede el derecho al reconocimiento de la prestación en los términos
de la norma inmediatamente anterior, de manera que del parágrafo del artículo 6
del Decreto 2090 de 2003, se extrae que la intención del legislador fue la de
adicionar este requisito en armonía con el régimen general de pensiones.
Asimismo, consideró que exigir, adicionalmente, el cumplimiento de los requisitos
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es desproporcionado y gravoso cuando el
servidor aspira al reconocimiento en los términos de la norma anterior, por cuanto
conllevan una situación más desventajosa en virtud del tránsito legislativo. Señaló
que la finalidad de un régimen de transición, consiste en que el legislador defina un
sistema de protección, cuyo fin es contrarrestar alguna desmejora en las
condiciones que pueda originarse con las reformas legales, en los usuarios del
sistema que pese a no haber adquirido el derecho a la pensión porque les falta
reunir todos los requisitos, tienen una expectativa legítima de adquirir el derecho15.
De esta manera, como en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 se establecieron
unos supuestos para la transición de un régimen especial y, al mismo tiempo, para
uno general, en virtud del principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política16 se aplicará, de manera preferente, la regla de transición que
le posibilite el reconocimiento de la prestación especial de vejez17.
En ese sentido, resulta aplicable el primer inciso del artículo 6 del Decreto 2090 de
2003 cuando se acreditan 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo
al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 200318, de
la siguiente forma:
14 En este sentido se encuentra la sentencia del 29 de junio de 2017, radicado 08001-23-33-000-
2012-00082-01(0391-14), proferida por esta Corporación, Sección Segunda, Subsección B.
15 En este sentido se puede consultar la sentencia del 20 de noviembre de 2020, radicado 63001-
23-33-000-2017-00269-01 (2958-2018) proferida por esta Corporación, Sección Segunda,
Subsección B.
17 En consonancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-663 de 2007 «en
el hipotético caso en que en una situación concreta un trabajador se vea amparado por ambos
regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003-, lo cierto es que al existir
dos normas vigentes y aplicables para una misma situación, debe prevalecer a la luz de la
Constitución aquel régimen que resulte más favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por
tratarse de disposiciones pensionales».
18 En este mismo sentido, se pueden consultar, entre otras, las sentencias de la subsección B, del
12 de junio de 2014, número interno: 3287-2013 y de la Subsección A, del 22 de abril de 2015,
número interno: 2555-13, del 20 de noviembre de 2020, radicado 63001-23-33-000-2017-00269-01
(2958-2018).
13
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00034-01 (2310-2022)
Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
Para el 28 de Cuando menos 500 semanas en cualquier actividad que
julio de 2003 haya sido calificada jurídicamente como de alto riesgo
Cotizaciones Deben cumplir con el número mínimo de semanas exigido
por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esto es,
un mínimo de 1000 semanas, según el numeral 2 del
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
Este mínimo de 1000 semanas de cotización debe
entenderse como requisito necesario para ser beneficiario
de la transición y no como un requisito para acceder al
derecho pensional19.
Una vez cumplido lo anterior se podrá acceder al reconocimiento pensional en los
términos establecidos en las normas anteriores que regulaban las actividades de
alto riesgo, es decir el Decreto 1835 de 1994.
Como consecuencia, a los servidores públicos que ejercen actividades de alto
riesgo que se encontraban amparados por el Decreto 1835 de 1994, les fue
concedido un régimen de transición con el Decreto 2090 de 2003 (que lo derogó),
que indicó que para quienes al 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500
semanas, tendrían derecho al reconocimiento de la pensión especial de vejez, una
vez cumplidas 1000 semanas cotizadas20, en las mismas condiciones establecidas
en la norma anterior que regula las actividades de alto riesgo, esto es, el Decreto
1835 de 1994. El mínimo de 1000 semanas de cotización, debe entenderse como
requisito necesario para ser beneficiario de la transición, no para acceder al derecho
pensional21.
En suma, la interpretación más favorable a los trabajadores i) «es aquella que les
permite acreditar el número de semanas de cotización para mantenerse en el régimen de
transición, con las semanas cotizadas en los diferentes regímenes previos donde tales
cotizaciones hayan sido jurídicamente calificadas como de alto riesgo, así tales
cotizaciones no tuvieren el carácter de “especiales” al momento de entrar a regir el
Decreto 2090 de 2003»22 [Se resalta]; y ii) el requisito de las 1000 semanas de
19 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017, radicación:
08001-23-33-000-2012-00082-01(0391-14).
20 Artículo 9 de la Ley 797 de 2003. «(a) partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas
se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar
a 1.300 semanas en el año 2015».
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 12 de junio de 2014
Radicación 050012331000201200100-01(3287-2013), del 20 de noviembre de 2020, radicado
63001-23-33-000-2017-00269-01 (2958-2018) y del 18 de septiembre de 2020, radicado 25000-23-
42-000-2015-04999-01 (5735-2018).
22 Véanse entre otras, las sentencias del 12 de junio de 2014 proferida dentro del proceso 05001 23
31 000 2012 00100 01 (3287-2013), M.P. Bertha Lucía Ramírez De Páez; y del 22 de abril de 2015
proferida dentro del proceso 25000 23 25 000 2011 00807 01 (2555-13), M.P. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.
14
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00034-01 (2310-2022)
Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
cotización debe entenderse como condición necesaria para ser beneficiario del
régimen de transición y no como un requisito para acceder al derecho pensional 23;
y iii) ante dos normas concurrentes [la transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y la que es propia del Decreto 2090 de 2003] debe aplicarse en forma
preferente aquella que permite el reconocimiento prestacional.
Finalmente, a través de la Ley 1575 de 2012 se estableció la Ley General de
Bomberos de Colombia, en la cual se indicó (artículo 4) que la organización para la
gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates
en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, se
denominarían Bomberos de Colombia los cuales estarían conformados por las
siguientes instituciones:
«Artículo 4 […]
Las instituciones que integran los bomberos de Colombia son las siguientes:
a) Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios Reconocidos.
b) Los Cuerpos de Bomberos Oficiales.
c) Los Bomberos Aeronáuticos.
d) Las Juntas Departamentales de Bomberos.
e) La Confederación Nacional de Cuerpos de Bomberos.
f) La Delegación Nacional de Bomberos de Colombia.
g) La Junta Nacional de Bomberos de Colombia.
h) La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia».
Por consiguiente, desde la entrada en vigencia de la Ley 1575 de 2012 se
incorporaron a los bomberos aeronáuticos, entre otros, a los Cuerpos de Bomberos
de Colombia, y su actividad es entendida como de alto riesgo y susceptible de
tratamiento especial.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
• Nicolás de Jesús Marín Gómez nació el 26 de enero 1961, tal y como consta en la
copia de su cédula de ciudadanía24.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017, radicado
08001 23 33 000 2012 00082 01 (0391-14), M.P. César Palomino Cortés.
24 Índice 14 de Samai, actuación «14RECIBEMEMORIAL_23102022RESPUESTAARE(.pdf)
NroActua 14».
15
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00034-01 (2310-2022)
Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
• En virtud de la solicitud del reconocimiento de la pensión especial de vejez
presentada el 21 de abril de 2014, mediante la Resolución GNR 301040 del 28 de
agosto de ese año, Colpensiones negó ese requerimiento, con fundamento en que
si bien Nicolás De Jesús Marín Gómez prestó su servicio por 1622 semanas y
cuenta 53 años de edad, lo cierto es que no cumple con los requisitos establecidos
en el Decreto 1835 de 1994, por cuanto no acreditó 40 años de edad en ejercicio
del cargo de bombero aeronáutico, ni la realización de aportes con el 6% y el 10%
adicionales, lo cual resulta necesario para acceder al pago de la prestación.
Además, tampoco reunió los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993 modificada
por la Ley 797 de 2003, puesto que aún no cuenta con 57 años de edad25.
• Mediante la Resolución VPB 60760 del 10 de septiembre de 2015, Colpensiones
resolvió el recurso de apelación presentado por el demandante el 1º de octubre de
2014 y confirmó la negativa26.
• El 30 de noviembre de 2015 Colpensiones profirió el reporte de semanas cotizadas
por el empleador, en los siguientes términos27:
Razón social Desde Hasta Semanas
Taller de electromec 23/03/1982 16/04/1982 3,57
Aeronáutica Civil 01/07/2009 31/10/2015 320,14
Total Cotizado 323,71
• El 24 de enero de 2017 el coordinador del grupo de situaciones administrativas
certificó la información laboral del demandante, en el formato único 1, en el cual
indicó que Nicolás de Jesús Marín Gómez fue vinculado el 10 de enero de 1983 en
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y que sigue activo hasta, al
menos, la fecha de expedición del certificado. Asimismo, precisó que realizó aportes
a Cajanal entre el 10 de enero de 1983 y el 30 de junio de 2009 y a Colpensiones
desde el 1º de julio de ese año hasta la fecha28.
• El 24 de enero de 2017, el coordinador del grupo de situaciones administrativas
de la Dirección de Talento Humano de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil certificó que Nicolás de Jesús Marín Gómez ejerció los siguientes
cargos:
25 Índice 14 de Samai, actuación «14RECIBEMEMORIAL_23102022RESPUESTAARE(.pdf)
NroActua 14».
26 Índice 14 de Samai, actuación «14RECIBEMEMORIAL_23102022RESPUESTAARE(.pdf)
NroActua 14».
27 Índice 14 de Samai, actuación «14RECIBEMEMORIAL_23102022RESPUESTAARE(.pdf)
NroActua 14».
28 Índice 14 de Samai, actuación «14RECIBEMEMORIAL_23102022RESPUESTAARE(.pdf)
NroActua 14».
16
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00034-01 (2310-2022)
Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
Cargos desempeñados Desde Hasta
Operario calificado grado 08 10/01/1983 05/10/1988
Bombero aeronáutico maquinista 04 06/10/1988 17/05/1989
Bombero aeronáutico maquinista 05 18/05/1989 31/01/1994
Auxiliar IV grado 10 01/02/1994 25/08/1997
Bombero aeronáutico I grado 13 26/08/1997 13/05/2015
Bombero aeronáutico III grado 18 14/05/2015
Además, que según el manual de funciones y requisitos del Departamento
Administrativo Especial de Aeronáutica Civil (DAAC), los cargos de operario
calificado, grado 08, tienen las funciones de salvamento de vidas humanas en
accidentes aéreos y la extinción de incendios producidos en las aeronaves y en las
instalaciones del aeropuerto de su jurisdicción y de auxiliar IV grado 10 tiene las
funciones de bombero aeronáutico, que actualmente ejerce en calidad de bombero
aeronáutico III grado 18 del Aeropuerto de Santa Marta y que esa entidad realizó
aportes en pensión por alto riesgo desde el 30 de enero de 1995 hasta el 30 de
septiembre de 2003; sin embargo, reanudó la realización de esos aportes en agosto
de 201529.
• El 28 de noviembre de 2018 Colpensiones profirió el reporte de semanas cotizadas
por el empleador, en los siguientes términos30:
Razón social Desde Hasta Semanas
Taller de electromec 23/03/1982 16/04/1982 3,57
Aeronáutica Civil 01/07/2009 31/10/2018 479
Total Cotizado 482,57
Semanas cotizadas con tarifa de alto riesgo 162,85
• El 13 de febrero de 2019 la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
certificó que la entidad realizó aportes por concepto de alto riesgo desde el 31 de
agosto de 1994 hasta el 31 de agosto 2003, desde el 31 de agosto hasta el 31 de
diciembre de 2012, desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre de 2013, desde el
31 de octubre hasta 31 de diciembre de 2014, desde el 30 de junio de 2015 hasta
el 31 de enero de 2019. Lo anterior, en virtud de la creación del beneficio mediante
el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el Decreto 1835 de 1994,
de modo que la obligación de cotizar ese valor adicional surgió a partir de esa
normatividad31.
29 Índice 14 de Samai, actuación «14RECIBEMEMORIAL_23102022RESPUESTAARE(.pdf)
NroActua 14».
30 Índice 14 de Samai, actuación «14RECIBEMEMORIAL_23102022RESPUESTAARE(.pdf)
NroActua 14».
31 Índice 14 de Samai, actuación «14RECIBEMEMORIAL_23102022RESPUESTAARE(.pdf)
NroActua 14».
17
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00034-01 (2310-2022)
Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
En el presente asunto, el a quo negó el reconocimiento y pago a favor de Nicolás
de Jesús Marín Gómez de la pensión especial de vejez, por cuanto según el régimen
de alto riesgo establecido en el Decreto 2090 de 2003, los cargos ejercidos por éste
en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil no fueron incluidos en los
catalogados con esa distinción, ni se encuentran acreditadas las 700 semanas de
cotización especial requeridas para tal fin. Además, no es posible la aplicación
retrospectiva de la Ley 1575 de 2012.
Inconforme con esa decisión el demandante argumentó que ejerció el cargo de
bombero aeronáutico con la función de extinción de incendios y salvamento de vidas
humanas en accidentes aéreos desde el 10 de enero de 1983, razón por la cual la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil realizó aportes adicionales por
el desempeño de esa actividad entre el 20 de enero de 1995 y el 30 de septiembre
de 2003; sin embargo, debió hacerlo desde la expedición del Decreto 1835, es decir
el 4 de agosto de 1994.
Además, al no haber causado el derecho pensional antes de la entrada en vigencia
de la Ley 1575 de 2012 y después de cotizar por 1920 semanas en ejercicio de
funciones que implican un deterioro de su salud, resulta viable la aplicación
retrospectiva de esa normatividad.
Del material probatorio allegado al expediente, la Sala encuentra que Nicolás de
Jesús Marín Gómez ejerció los siguientes cargos en la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil:
Cargos desempeñados Desde Hasta
Operario calificado grado 08 10/01/1983 05/10/1988
Bombero aeronáutico maquinista 04 06/10/1988 17/05/1989
Bombero aeronáutico maquinista 05 18/05/1989 31/01/1994
Auxiliar IV grado 10 01/02/1994 25/08/1997
Bombero aeronáutico I grado 13 26/08/1997 13/05/2015
Bombero aeronáutico III grado 18 14/05/2015
Durante ese tiempo la empleadora realizó aportes a Cajanal entre el 10 de enero de
1983 y el 30 de junio de 2009 y a Colpensiones desde el 1º de julio de ese año
hasta, al menos, el 24 de enero de 2017 (fecha de expedición de la certificación),
de los cuales en calidad especial de alto riesgo cotizó entre el 31 de agosto de 1994
hasta el 31 de agosto 2003, desde el 31 de agosto hasta el 31 de diciembre de
2012, desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre de 2013, desde el 31 de octubre
hasta 31 de diciembre de 2014, desde el 30 de junio de 2015 hasta el 31 de enero
18
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00034-01 (2310-2022)
Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
de 2019, lo cual suman 701,94 semanas. Asimismo, el total de semanas cotizadas
como trabajador es de 1872, es decir 36 años.
Sobre el particular, se advierte que el artículo 2 del Decreto 2090 de 2003 consideró
que las actividades de alto riesgo desempeñadas en la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica son:
«Artículo 2o. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran
actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:
5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus
veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de
tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas
vigentes» (Se señala).
Por lo anterior, se colige que los cargos desempeñados por el demandante en la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil no fueron catalogados como de
alto riesgo, puesto que para resultar beneficiario debió ejercer como técnico
aeronáutico con funciones de controlador de tránsito aéreo; empero, en virtud del
material probatorio obrante en el expediente se advierte que el demandante no
desarrolló tales funciones ni ejerció el aludido empleo a lo largo de su historia
laboral. Aspecto que resulta fundamental para determinar la cobertura del régimen
especial, pues es lo que determina su aplicación, esto es la acreditación de la
condición que implique un trato diferente al de los demás trabajadores cobijados por
el régimen general.
Ahora en cuanto a la labor ejercida en calidad de bombero aeronáutico, si bien se
encuentra que en el Decreto 2090 de 2003 fueron consideradas como actividades
de alto riesgo las desarrolladas por los cuerpos de bomberos, lo cierto es que según
las disposiciones de la Ley 322 de 1996, el demandante no hizo parte en ninguna
oportunidad de un cuerpo de bomberos, por cuanto no cumple las características
para ser entendido como bombero oficial ni voluntario, máxime si su servicio fue
prestado en una entidad perteneciente al nivel central como lo es la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la cual hace parte de la Rama
Ejecutiva del poder público32.
32
El artículo 84 de la Ley 89 del 26 de mayo de 1938 creó la Dirección General de Aeronáutica Civil adscrita
al Ministerio de Guerra, como entidad encargada exclusivamente de todo lo relacionado con los servicios de
aeródromos y rutas aéreas y administración aeronáutica civil. Posteriormente, a través del Decreto 1721 del 18
de julio de 1960, creó el Departamento Administrativo Especial de Aeronáutica Civil (DAAC); no obstante, a
través de La Ley 3 de 1977, por la cual se provee la reorganización del Sector Aeronáutico Civil, se dispuso
que éste está integrado por el Departamento Administrativo Especial de Aeronáutica Civil y el Fondo
Aeronáutico Nacional. A su turno, el artículo 67 del Decreto 2171 de 1992, dispuso que la Autoridad
Aeronáutica, conformada por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, se fusiona con el Fondo
Aeronáutico Nacional y se restructura como Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil. Finalmente,
19
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00034-01 (2310-2022)
Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
En relación con las 701,94 semanas de realización de aportes de tipo especial, en
concordancia con lo manifestado por la Corte Constitucional, esta Corporación ha
considerado33, respecto de la interpretación más favorable para el trabajador, que
«es aquella que les permite acreditar el número de semanas de cotización para mantenerse
en el régimen de transición, con las semanas cotizadas en los diferentes regímenes previos
donde tales cotizaciones hayan sido jurídicamente calificadas como de alto riesgo, así tales
cotizaciones no tuvieren el carácter de “especiales” al momento de entrar a regir el Decreto
2090 de 2003», no obstante, en esta oportunidad el requisito ausente no es el número
de semanas cotizadas sino la acreditación de la calidad especial del trabajador.
Respecto de la aplicación de la Ley 1575 de 2012 o del Decreto 1835 de 1994,
solicitado por el apelante, se concluye que no es posible, toda vez que el cargo de
técnico aeronáutico nunca fue ejercido por el demandante y de los ostentados por
éste no resultan mencionados en la lista del artículo 2 de ese decreto ni del 2090 de
2003, aspecto también necesario para aplicar esa ley34.
En consecuencia, se concluye que le asiste razón al Tribunal al negar la solicitud de
reconocimiento de la pensión especial de vejez, por cuanto no cumplió el requisito
mencionado en el artículo 2 del Decreto 2090 de 2003, puesto que entre los cargos
ejercidos por el demandante en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil nunca estuvo en calidad de técnico aeronáutico con funciones de controlador
de tránsito aéreo
Por todo lo anterior, esta Sala confirmará la sentencia del 17 de noviembre de 2021
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la
demanda.
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
el Decreto 260 de 28 de enero de 2004, modifica la estructura de la Unidad pero mantuvo la naturaleza jurídica
establecida en el artículo 1 del Decreto 2724 de 1993, esto es, una entidad especializada, de carácter técnico
adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente.
33 Sentencia del 1º de diciembre de 2022, radicado 88001-23-33-000-2020-00007-01 (3879-2021).
34 En igual sentido lo consideró esta corporación en la sentencia del del 20 de noviembre de 2020,
radicado 63001-23-33-000-2017-00269-01 (2958-2018), proferida por la Subsección B de esta
Sección.
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Radicado: 47001-23-33-000-2018-00034-01 (2310-2022)
Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma35.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte vencida
actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en
el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
La Sala no encontró acreditados los requisitos para que el demandante accediera
al reconocimiento de la pensión especial de vejez, por alto riesgo, motivo por el cual
se confirmará la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
35
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 47001-23-33-000-2018-00034-01 (2310-2022)
Demandante: Nicolás de Jesús Marín Gómez
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, por los motivos expuestos en esta
providencia
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
Vmtl
22
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