Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2020-00007-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2020-00007-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 88001-23-33-000-2020-00007-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
1 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., primero (1.º) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Bernabé Velasco Rivera y Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones)
Temas: Régimen pensional de los empleados del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia de la Penitenciaria Nacional y del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC)
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 11 de junio de 2021, por el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, por medio de la cual se denegaron las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la
modalidad de lesividad, consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), mediante apoderado, formuló demanda en orden a que
se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) PAP 041841 del 28 de
febrero de 2011; y ii) RDP 055323 del 5 de diciembre de 2013 expedida por medio
de las cuales se reconoció y reliquidó una pensión de vejez al señor Bernabé
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Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021)
Demandante: UGPP
Velasco Rivera, con el régimen especial de los funcionarios del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) declarar que al señor Bernabé Velasco Rivera no le asiste derecho al
reconocimiento de una pensión de vejez, toda vez que no era beneficiario de la
transición prevista en la Ley 100 de 1993; ii) ordenar el reintegro de las sumas de
dinero pagadas por concepto de mesadas pensionales, en forma indexada;
iii) actualizar la condena de conformidad con lo previsto en el artículo 187 de la
Ley 1437 de 2011; iv) condenar al pago de intereses comerciales y moratorios,
según lo dispuesto en el artículo 195 ibidem; v) dar cumplimiento a la sentencia
dentro de los términos del artículo 192 ejusdem; y vi) condenar en costas y
agencias en derecho.
Además, reclamó que en el evento en que el demandado «cumpla con los
requisitos señalados en los artículos 3 y 4 del decreto 2090 de 2003», se declare
que la entidad competente para el reconocimiento de la pensión de vejez es la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad demandante señaló los
siguientes:
i) El señor Bernabé Velasco Rivera solicitó a Cajanal el reconocimiento y pago de
una pensión de vejez, con fundamento en que nació el 5 de abril de 1965 y laboró
en el INPEC desde el 16 de marzo de 1987 hasta el 31 de julio de 2009 (en este
periodo, realizó aportes a esa entidad) del 1.º de agosto de 2009 al 30 de
septiembre de 2012 (en este lapso, estos fueron enviados al Instituto de Seguros
Sociales) y del 1.º de octubre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2014 (en este
tiempo cotizó en Colpensiones). El último cargo que desempeñó fue el de
inspector, código 4137, grado 13, en el Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de San Andrés.
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Demandante: UGPP
ii) A través de la Resolución PAP 041841 del 28 de febrero de 2011, Cajanal
reconoció y ordenó el pago de una pensión vitalicia de vejez a favor del señor
Velasco Rivera, en aplicación de la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994, la
cual fue liquidada con el 75 % del promedio de lo devengado en los últimos diez
años comprendidos entre el 1.º de abril de 1998 al 30 de marzo de 2008, en
cuantía de $ 952.954.64, efectiva a partir de abril de 2008, y condicionada al retiro
definitivo del servicio oficial.
iii) La UGPP expidió la Resolución RDP 055323 del 5 de diciembre de 2013, por la
cual reliquidó la prestación con el 75 % del promedio de los salarios sobre los
cuales realizó aportes entre el 1.º de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de
2013, en cuantía de $ 1.595.327, efectiva a partir del 1.º de octubre de 2013, pero
con efectos fiscales una vez demuestre el retiro definitivo del servicio.
iv) Mediante la Resolución 000438 del 11 de febrero de 2014, el director general
del INPEC aceptó la renuncia presentada por el señor Bernabé Velasco Rivera al
cargo de inspector, a partir del 1.º de abril de 2014.
v) A través de la Resolución RDP 000103 del 3 de enero de 2018, la UGPP negó la
reliquidación de la pensión vejez solicitada por el demandado, en atención a que
esta se debía efectuar con los últimos 10 años, los factores base para calcularla
son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994, y las demás condiciones y
requisitos aplicables para acceder a la pensión de vejez, se rigen por lo
establecido en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones que la reglamentan.
Esta decisión fue confirmada mediante la Resolución RDP 010595 del 23 de marzo
de 2018.
vi) El señor Velasco Rivera interpuso demandada en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP. El asunto le
correspondió al Juzgado Único Contencioso Administrativo del departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y se tramita con el
radicado 88001 33 33 001 2018 00120 00. Al respecto señaló lo siguiente:
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Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021)
Demandante: UGPP
[…] con fundamento en las siguientes pretensiones, las cuales difieren de las
planteadas en esta demanda, así:
“(…)
1.1. Declarar la nulidad parcial de la Resolución PAP-041841 de febrero 28 de 2011
mediante la que Cajanal le reconoció la pensión
1.2. Declarar la nulidad total de la Resolución RDP 000103 de enero 03 de 2018
mediante la que la UGPP le negó la reliquidación de la pensión.
1.3. Declarar la nulidad total de la Resolución RDP 010595 de marzo 23 de 2018
mediante la que la UGPP confirmó la Resolución RDP 000103 de 2018.
1.4. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP a que le reliquide la pensión por nuevo tiempo de servicio con el 75 % del
promedio de los salarios y primas de toda especie devengadas [en el periodo
abril diciembre 2013 a enero marzo 2015] (…)
1.5. Condenar a la accionada a indexar el monto a pagar, conforme a liquidación
precedente, inciso último artículo 187 del CPACA
(…)” negrilla propia.
El proceso de la referencia se encuentra en trámite, con celebración de audiencia
inicial el 12 de junio de 2019, conforme proveído de fecha 23 de abril de 2019
emanado del citado Despacho Judicial.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 6, 48 y 209 de la Constitución Política;
96 de la Ley 32 de 1986; 36 de la Ley 100 de 1993; 2 a 8 y 11 del Decreto 2090 de
2003; 1 del Decreto 2655 de 2014; y el Acto Legislativo 01 de 2005.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la entidad demandante
expuso los siguientes argumentos:1
i) Quienes se hayan vinculado con anterioridad al 28 de julio de 2003 y que en
virtud del parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005, se les aplica la
Ley 32 de 1986, deben acreditar los requisitos para ser beneficiarios del régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, el señor Bernabé
Velasco Rivera no estaba cobijado por tal prerrogativa, por cuanto a la entrada en
vigencia de la última norma referida, tan solo tenía 28 años de edad y 7 años y 16
días de servicio. Además, el interesado debe acreditar 20 años de servicio en los
1 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 7, documento denominado «202002121553-1».
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Demandante: UGPP
cargos de excepción, esto es, miembros del cuerpo de custodia y vigilancia de la
población carcelaria prestados en el INPEC.
ii) Por lo anterior, es claro que la situación pensional del demandado no estaba
amparada por la transición de que trata el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 y
por lo tanto no le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de vejez
contemplada en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. En igual sentido lo ha
señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en especial la proferida el 21 de
septiembre de 2006.
iii) El señor Velasco Rivera debió efectuar al menos 500 semanas de cotización
especial, y además cumplir con el número mínimo de semanas exigido por la Ley
797 de 2003 para acceder a la pensión en las condiciones establecidas en las
normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo, y por lo menos
uno de los dos requisitos exigidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
iv) Tal y como se desprende del Certificado de Información Laboral 2018-0094 del
17 de enero de 2018, a partir del 1.º de agosto de 2009, el demandado realizó
aportes al ISS, razón por la cual es a Colpensiones a quien le corresponde el
reconocimiento de la prestación.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. El señor Bernabé Velasco Rivera guardó silencio, tal y como se advierte en
la constancia secretarial del 23 de octubre de 2020.2
1.2.2. Colpensiones, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:3
i) La UGPP es la entidad competente para reconocer y pagar la pensión al señor
Bernabé Velasco Rivera por ser la entidad a la que se sufragó el mayor tiempo de
aportes. Si bien la última a la que estuvo afiliado fue Colpensiones, este realizó
cotizaciones de manera continua por solo 6 años.
2 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 5, documento denominado «07InformeSecretarial».
3 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 5, documento denominado «03ContestacionColpensiones».
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Demandante: UGPP
ii) Los actos acusados fueron expedidos conforme a derecho; en tal sentido, se
trata de una situación consolidada a favor del pensionado, quien además realizó
aportes por más de 21 años a Cajanal, razón por la cual es la UGPP la encargada
del pago de la prestación. Aunado a lo anterior, el señor Velasco Rivera no
autorizó la revocatoria de las resoluciones a través de las cuales se le reconoció la
pensión.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante
sentencia proferida el 11 de junio de 2021, denegó las pretensiones de la
demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:4
i) El Consejo de Estado no ha adoptado una posición unánime, pues de un lado,
ha considerado que para que a un empleado del INPEC le sea reconocido el
derecho a la pensión con aplicación del régimen especial previsto en los artículos
96 de la Ley 32 de 1986 y 168 del Decreto 407 de 1994, debe acreditar además
una de las condiciones descritas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y otras,
en las cuales solo basta acreditar los requisitos del régimen especial en comento.
ii) De conformidad con el parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005, el
régimen aplicable a los miembros de esta entidad es el establecido en el Decreto
2090 de 2003, a excepción de quienes se vincularon a aquél antes de su entrada
en vigencia, pues a ellos se les aplicará el régimen establecido en la Ley 32 de
1986 de manera integral, para lo cual deben cubrirse las cotizaciones
correspondientes. La continuidad dispuesta en la norma constitucional clarifica,
más allá de toda duda, la inaplicación del régimen de transición consagrado en la
Ley 100 de 1993, artículo 36, para el personal del INPEC.5
iii) Del material probatorio recaudado, se observa que el señor Bernabé Velasco
Rivera ingresó al servicio del INPEC el 16 de marzo de 1987, es decir, antes de la
4 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 5, documento denominado «25Sentencia».
5 Citó: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, consulta del 9 de julio de 2019,
radicado 11001 03 06 000 2019 00043 00, C.P. Germán Alberto Bula Escobar.
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vigencia del Decreto 2090 de 2003; por tanto, le es aplicable el régimen especial
establecido en la Ley 32 de 1986, sin que sea necesario acreditar ninguna de las
exigencias de edad y tiempo de servicios previstas en el artículo 36 de la ley 100
de 1993. Así, en atención al principio de favorabilidad, la interpretación que debe
regir en el reconocimiento pensional del demandado, es la aplicación del precepto
legal que más le beneficie; en este caso concreto, sería el régimen especial
contenido en la aludida Ley 32, en procura del cumplimiento del principio superior
de igualdad y para evitar el desconocimiento de las garantías laborales.
Lo anterior, por cuanto la norma referida consagró un régimen pensional especial
para los miembros del INPEC, quienes podrían acceder a una pensión de jubilación
al cumplir 20 años de servicio sin tener en cuenta su edad. Estos requisitos los
colmó el demandado, de manera que los actos acusados no están viciados de
nulidad.
iv) De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado,6 le corresponde a la
UGPP el reconocimiento y administración de los derechos pensionales de los
servidores públicos que hubieren adquirido el estatus o a quienes se les haya
reconocido la pensión antes del 1.º de julio de 2009. En el sub judice, el
demandado adquirió tal condición el 15 de marzo de 2007, fecha en la cual se
encontraba afiliado a Cajanal; por consiguiente, el reconocimiento de la prestación
le correspondía a esta entidad, tal y como se efectuó en la Resolución PAP 041841
del 28 de febrero de 2011.
1.4. El recurso de apelación
La UGPP, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación7 y lo
sustentó así:
i) El señor Bernabé Velasco Rivera no estaba amparado por el artículo 6 del
Decreto 2090 de 2003 y por lo tanto no le asiste derecho al reconocimiento de la
6 Citó, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, consultas del 5 de septiembre de 2018
radicado 11001 03 06 000 2018 00115 00, CP. Oscar Darío Amaya Navas, y del 3 de abril de 2020,
radicado 11001 03 06 000 2020 00003 00, CP. Édgar González López.
7 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 5, documento denominado «26Recurso UGPP».
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pensión de vejez contemplada en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. Esto, por
cuanto al 1.º de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993) no tenía 15 años de servicio ni 40 años de edad como lo exige el artículo 36
ibidem para ser beneficiario de la transición allí establecida, por lo que no le era
posible aplicar el régimen especial del INPEC.
ii) El demandado cumplió el requisito de 20 años de servicio en cargos de
excepción con posterioridad al 28 de julio de 2003 (fecha de entrada en vigencia
del Decreto 2090 de 2003) específicamente el 16 de marzo de 2007; luego, al
tenor de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 6 ibidem el interesado debió
efectuar al menos 500 semanas de cotización especial, además cumplir con el
número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la
pensión en iguales condiciones a las establecidas en las normas anteriores que
regulaban las actividades de alto riesgo y por lo menos uno de los dos requisitos
exigidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para gozar del régimen de
transición.
1.5. Pronunciamiento en torno al recurso de apelación
El señor Bernabé Velasco Rivera, por intermedio de su apoderado, solicitó
confirmar lo decidido en primera instancia, con fundamento en que de acuerdo con
la jurisprudencia del Consejo de Estado, exigir los requisitos del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y gravoso para quienes están
próximos a pensionarse.8
1.6. El ministerio público
El agente delegado ante esta Sección no rindió concepto según se desprende de
la constancia secretarial del 28 de marzo de 2022.9
2. Consideraciones
8 Índice 11, aplicativo Samai.
9 Índice 13, aplicativo Samai.
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2.1. El problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de apelación,10 se
circunscribe a establecer si el señor Bernabé Velasco Rivera podía ser beneficiario
de la pensión de jubilación definida en la Ley 32 de 1986, pese a no serlo del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Régimen pensional de los empleados del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia de la Penitenciaria Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario
De conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Política de
1991, el Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993 ha sido
aplicado a todos los habitantes del territorio nacional, conservando los derechos,
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos «conforme a
disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas
de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los
requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación,
vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial,
semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado
en general».11
Sin embargo, en su artículo 140 dispuso que «el Gobierno Nacional expedirá el
régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo,
teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas
de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como
actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos
sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria.
Todo sin desconocer derechos adquiridos». Al respecto, esta Sala recientemente
señaló que, con fundamento en esta norma, era evidente que las disposiciones
10 Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
11 Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.
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contenidas en la Ley 100 «no se les aplican a los trabajadores comprendidos en
esa clasificación».12
Ahora bien, el Gobierno nacional expidió el Decreto 407 de 1994, por el cual
estableció el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
en cuyo artículo 168 preceptuó lo siguiente:
Artículo 168. Pensión de jubilación. [Derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de
2003] Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren prestando
sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a
gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96
de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en
cuenta para estos efectos. Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán
determinados por el Gobierno Nacional.
Parágrafo 1º. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a
una pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en
desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.
Parágrafo 2º. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas
establecidas en la Ley 100 de 1993. [Resalta la Sala].
Respecto de los trabajadores que hacen parte de ese cuerpo, el artículo 126 del
citado decreto señaló que «[e]l Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes,
Alumnos y los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la
Institución».
En consecuencia, corresponde analizar la Ley 32 de 1986,13 que definió que «[e]l
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional es un organismo armado,
de carácter civil y permanente al servicio del Ministerio de Justicia e integrado por
personal uniformado». Además, el artículo 96 de esta norma dispuso que «[l]os
miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de
servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en
cuenta la edad».
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020,
radicado 20001-23-39-000-2015-00434-01(4589-18), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
13 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia».
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Demandante: UGPP
Posteriormente, el presidente de la República, en uso de las facultades
extraordinarias otorgadas en el numeral 2.º del artículo 1714 de la Ley 797 de
2003,15 expidió el Decreto 2090 de 2003.16 Esta norma, en lo pertinente, preceptúa
que la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de internos del
INPEC y de otros establecimientos carcelarios tiene el carácter de alto riesgo.
Asimismo, esta disposición estableció un régimen de transición consistente en que
quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrían
derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas,17 la pensión de
jubilación les sea reconocida en las condiciones definidas en las normas
anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo. Esto señala la norma:
Artículo 6. Régimen de transición. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>18
Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado
cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez
cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder
a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las
normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán
cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.
14 «Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150
numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República
de facultades extraordinarias para:
[…]
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que
laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las
condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y
criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las
tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar
el equilibrio financiero del sistema».
15 Que reformó «algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales»
16 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades». Publicado en diario oficial 45262 de 28 de julio de 2003.
17 Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. «A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas
se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta
llegar a 1.300 semanas en el año 2015».
18 En sentencia C-663 de 29 de agosto de 2007, la Corte Constitucional, declaró este artículo
exequible condicionalmente “…en el entendido que para el cómputo de las 500 semanas, también
se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido
calificada jurídicamente como de alto riesgo”.
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Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021)
Demandante: UGPP
De la revisión de la norma transcrita se tiene que exige i) 500 semanas de
cotización especial, ii) el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de
2003 para acceder a la pensión; y iii) el cumplimiento de las condiciones reguladas
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder al régimen pensional de alto
riesgo. Sobre cada requisito en particular se advierte lo siguiente:
i) En relación con las 500 semanas de cotización especial a que alude la norma,
esta Corporación,19 en concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional,
ha señalado que la interpretación más favorable a los trabajadores «es aquella
que les permite acreditar el número de semanas de cotización para mantenerse en
el régimen de transición, con las semanas cotizadas en los diferentes regímenes
previos donde tales cotizaciones hayan sido jurídicamente calificadas como de alto
riesgo, así tales cotizaciones no tuvieren el carácter de “especiales” al
momento de entrar a regir el Decreto 2090 de 2003». [Resalta la Sala].
ii) Sobre el segundo requisito, según el cual se debe atender lo dispuesto en el
numeral 2.º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, de acuerdo con la interpretación que ha realizado esta
Corporación y la Corte Constitucional de la norma, el aludido requisito equivale a
1000 semanas de cotización bajo el entendido de que es condición necesaria para
ser beneficiario del régimen de transición y no como un requisito para acceder al
derecho pensional. Así se ha señalado:20
La Sala debe precisar que la hermenéutica del inciso primero del artículo 6 del Decreto
2090 de 2003 en el que se fijan los requisitos o condiciones del régimen de transición
especial para actividades de alto riesgo, permite señalar: i) que son beneficiarios del
régimen de transición especial quienes a 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia
del Decreto 2090 de 200321, hubieren cotizado cuando menos 500 semanas en cualquier
actividad que haya sido calificada jurídicamente como de alto riesgo; ii) estas personas
deben cumplir con “el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para
acceder a la pensión”, esto es, un mínimo de 1000 semanas, como lo establece el numeral
2 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Este mínimo de 1000 semanas de cotización
debe entenderse como requisito necesario para ser beneficiario de la transición y no
como un requisito para acceder al derecho pensional; iii) una vez cumplido el número
19 Véanse entre otras, las sentencias del 12 de junio de 2014 proferida dentro del proceso 05001
23 31 000 2012 00100 01 (3287-2013), M.P. Bertha Lucía Ramírez De Páez; y del 22 de abril de
2015 proferida dentro del proceso 25000 23 25 000 2011 00807 01 (2555-13), M.P. Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017, radicado
08001 23 33 000 2012 00082 01 (0391-14), M.P. César Palomino Cortés.
21 Publicación en el Diario Oficial 45.262
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mínimo de mil semanas de cotización, tendrán el derecho a que la pensión les sea
reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que
regulaban las actividades de alto riesgo, que para el caso de los servidores públicos es el
Decreto 1835 de 1994, artículo 6º. [Resalta la Sala].
iii) En cuanto al último requisito, esto es, el cumplimiento de las condiciones
reguladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esta Corporación ha sostenido
lo siguiente:22
En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el régimen especial
de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto 2090 de
2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización especial, exige para el caso
del demandante el cumplimiento adicional de los requisitos previstos en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso, pues el señor […] cumple
con el requisito especial de las 500 semanas, y aspira a un reconocimiento pensional
bajo las condiciones establecidas en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994.
Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos similares
al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que se refiere el
parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una situación
desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se encontraba
próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las condiciones
previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.
La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un
sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no
afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber cumplido
los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho.
“Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas de
los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de salvaguardar las
aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad
con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o
modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los
asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de
armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de
transición”23
La norma en mención exige a los beneficiarios del régimen de transición en ella establecido
cumplir, además de los requisitos especiales, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993. Al respecto, como quiera que la disposición jurídica establece requisitos para la
transición de un régimen pensional especial y a su vez requisitos para ser beneficiario del
régimen de transición general, la interpretación que más favorece al demandante es la
que permite, ante dos normas concurrentes, la aplicación preferente de la regla de
transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de vejez.
[…]
Y, frente a la coexistencia del régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003 y
el que establece la Ley 100 de 1993 señaló que “El régimen de transición previsto en el
Decreto 2090 de 2003 resulta ser un régimen de transición distinto al de la Ley 100 de
22 Véanse entre otras, las sentencias del 12 de junio de 2014 proferida dentro del proceso 05001
23 31 000 2012 00100 01 (3287-2013), M.P. Bertha Lucía Ramírez De Páez; y del 22 de abril de
2015 proferida dentro del proceso 25000 23 25 000 2011 00807 01 (2555-13), M.P. Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren.
23 Corte Constitucional, Sentencia C-663 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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1993, lo cual plantea cuestiones atinentes a la aplicación del régimen más favorable al
trabajador…En ese orden de ideas, en el hipotético caso en que en una situación concreta
un trabajador se vea amparado por ambos regímenes de transición, el de la Ley 100 y el
del Decreto 2090 de 2003-, lo cierto es que al existir dos normas vigentes y aplicables
para una misma situación, debe prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen
que resulte más favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de
disposiciones pensionales”.
Luego entonces, por ser más favorable frente a las expectativas pensionales del
demandante quien estaba próximo a cumplir con los requisitos para acceder al derecho en
las condiciones descritas en el Decreto 1835 de 1994, y en virtud del principio de
inescindibilidad de la norma frente a una disposición en la que se fijan requisitos de un
régimen de transición de naturaleza especial y a la vez los previstos en el régimen de
transición dispuesto en la Ley 100 de 1993, para la Sala la fuente que debe aplicarse en
el caso particular es el inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, y
entender que el actor es beneficiario del régimen especial de transición por haber
acreditado 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo al 28 de julio de
2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003. [Resalta la Sala].
Del aparte transcrito se advierte que esta Sección ha encontrado
desproporcionada la exigencia adicional de los requisitos previstos en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, ha entendido que la interpretación que
más favorece al demandante es la que permite, ante dos normas concurrentes, la
aplicación preferente de la regla de transición que le posibilite el reconocimiento
de su pensión especial de vejez.
Finalmente, valga precisar que las decisiones que la Sección Segunda del
Consejo de Estado ha proferido desde el año 201524 aplican las condiciones o
requisitos de acceso a los regímenes especiales de actividades por alto riesgo
24 Al respecto consultar las siguientes providencias: i) de la Subsección A: a. 2017-04906-01 (5983-
19) mayo de 2021; b. 2011-01522-01(4084-17), febrero de 2020; c. 2011-00900-01(2789-15)
febrero de 2020; d. 2015-00353-01(3044-16) febrero de 2020; e. 2014-00174-01(2689-15) enero
de 2020, M.P. William Hernández Gómez; f. 2013-00621-01(1713-14) marzo de 2020; g. 2017-
03352-02(1641-19) julio de 2020; h. 2015-00434-01(4589-18) mayo de 2020, M.P. Gabriel
Valbuena Hernández; i. 2012-00916-01(0213-16) junio de 2020; j. 2013-00022-01(1931-14)
septiembre de 2020 M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas ii) de la Subsección B: a. 2014-01048-
01(2471-15) julio de 2020; b. 2013-01723-01(4598-18) marzo de 2020; c. 2013-01418-01(2814-14)
noviembre de 2020; d. 2013-00329-01(2790-14) noviembre de 2020; e. 2012-00033-01(0510-14)
noviembre de 2020; f. 2013-00097-01(3180-14) noviembre de 2020; g. 2011-00431-01(1611-14)
noviembre de 2020; g. 2009-01059-01(4770-13) octubre de 2020; h. 2015-04984-01(3270-17)
mayo de 2021; i. 2013-03776-01(4057-15) junio de 2021; j. 2011-00470-01(1885-13) febrero de
2020; k. 2012-00082-01(0391-14) junio de 2017, M.P. César Palomino Cortés; l. 2017-00025-
01(4414-17) octubre de 2020; m. 2015-05021-01(3562-17) octubre de 2020; n. 2016-00356-
01(2735-17) septiembre de 2020; ñ. 2015-05313-01(3736-17) septiembre de 2020; o. 2013-00937-
01(4328-17) agosto de 2020; p. 2012-00561-01(4923-15) agosto de 2020; q. 2011-01408-01(4144-
17) agosto de 2020, r. 2016-00759-00(3482-16) abril de 2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; s.
2015-04999-01(5735-18) septiembre de 2020; t. 2014-03056-01(0100-17) junio de 2020; u. 2013-
90287-01(4214-15) octubre de 2019; v. 2013-00346-01(4956-14) junio de 2019; w. 2011-01096-
01(1176-14) mayo de 2019, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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conforme los postulados establecidos en el artículo 6 del Decreto Ley 2090 de
2003, sin las exigencias adicionales enunciadas en el parágrafo de esa
norma (artículo 6 del Decreto 2090 de 2003), pues tal y como lo ha señalado la
Corte Constitucional en Sentencia C-663 de 2007,25 «en el hipotético caso en que
en una situación concreta un trabajador se vea amparado por ambos regímenes
de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003, lo cierto es que al
existir dos normas vigentes y aplicables para una misma situación, debe
prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que resulte más
favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de
disposiciones pensionales».
Además, basta con demostrar que la actividad considerada de alto riesgo se
ejerció por dicha cantidad de semanas previo a la entrada en vigencia de la
aludida norma, en cualquier tiempo, sin necesidad de probar que se realizaron
«cotizaciones especiales», dada la declaratoria de exequibilidad condicionada de
la norma que ordenó la Corte Constitucional en Sentencia C-663 de 2007,26 según
la cual, tal exigencia puede interpretarse como «semanas de cotización
efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como
de alto riesgo».
En consecuencia, se consideraba que para causar el derecho a la pensión bajo los
parámetros del referido régimen de transición, se tendría que haber cumplido con
los siguientes requisitos:
i) Para el 28 de julio de 2003, fecha en que entró a regir el Decreto 2090 de 2003,
el servidor contara con al menos 500 semanas de cotización en cualquier actividad
que haya sido calificada legalmente como de alto riesgo, y;27
25 Corte Constitucional, Sentencia C-663-07 del 29 de agosto de 2009, referencia expediente D-
6603.
26 «Primero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 6º del Decreto Ley 2090 de 2003, por los cargos de la
demanda, en el entendido de que para el cómputo de las "500 semanas de cotización especial",
se podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido
calificada jurídicamente como de alto riesgo.»
27 Ver sentencia del 11 de junio de 2020, radicado 25000 23 25 000 2012 00916 01 (0213-16), M.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas.
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ii) En lo que atañe a las cotizaciones, debe cumplir con el número mínimo de
semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esto es, al
menos con 1000 semanas. Este aspecto debe entenderse como requisito
necesario para ser beneficiario de la transición.
Ahora bien, cabe recordar que el parágrafo 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01
de 2005, estableció lo siguiente:
Artículo 1. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la
Constitución Política:
[…]
Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este
último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo.
A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta
ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor,
este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben
haberse cubierto las cotizaciones correspondientes. [Resalta la Sala].
Así las cosas, basta con acreditar que la vinculación del servidor del INPEC se
hubiese dado con anterioridad al 28 de julio de 2003, por ser fecha de entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 2003, para que tenga derecho a las prerrogativas
señaladas en la Ley 32 de 1986.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:
2.3.1. Sobre la edad y la relación laboral del demandado
El 5 de abril de 1965, nació el señor Bernabé Velasco Rivera, tal y como se
advierte en la copia de su registro civil de nacimiento.28
Entre el 16 de marzo de 1987 y el 31 de marzo de 2014,29 el demandado prestó
sus servicios al INPEC.30 En ese periodo desempeñó los siguientes empleos:
28 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 7, documento denominado «6-Registro civil de nacimiento-
causante».
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Cargo Desde Hasta
Dragoneante 16 de marzo de 1987 12 de diciembre de 1991
Inspector 13 de diciembre de 1991 19 de agosto de 2003
Dir. est. car. (e) 2220-06 20 de agosto de 2003 5 de noviembre de 2003
Inspector 6 de noviembre de 2003 24 de marzo de 2004
Dir. est. car. (e) 2220-06 25 de marzo de 2004 16 de junio de 2004
Inspector 17 de junio de 2004 1 de septiembre de 2005
Dir. est. car. (e) 2220-06 2 de septiembre de 2005 3 de octubre de 2005
Inspector 4 de octubre de 2005 19 de marzo de 2012
Dir. est. car. (e) 0195-1 20 de marzo de 2012 7 de febrero de 2013
Inspector 8 de febrero de 2013 31 de marzo de 2014
Total 27 años, 10 días
Además, mediante el Formato 1, el subdirector operativo encargado del INPEC,
certificó que se realizaron aportes a pensión así:
Fondo al que se realizaron los
Desde Hasta
aportes
Cajanal 16 de marzo de 1987 31 de julio de 2009
ISS 1 de agosto de 2009 30 de septiembre de 2012
Colpensiones 1 de octubre de 2012 21 de marzo de 2014
2.3.2. Sobre el reconocimiento pensional
El 28 de febrero de 2011, la Caja Nacional de Previsión Social expidió la
Resolución PAP 041841, por la cual reconoció una pensión de jubilación al señor
Velasco Rivera, a partir del 1.º de abril de 2008, condicionado al retiro definitivo del
servicio. Como fundamento de su decisión señaló que de conformidad con lo
dispuesto en el parágrafo transitorio 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de
2005, aquel que hubiese ingresado al servicio del INPEC antes de la vigencia del
Decreto 2090 de 2003, le es aplicable el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. Empero,
como la norma no estableció la forma en que se debe liquidar la prestación,
29 Tal y como se dispuso en la Resolución 000438 del 11 de febrero de 2014, en la que se aceptó
la renuncia al cargo de inspector, código 4137, grado 13 del INPEC, a partir del 1.º de abril de 2014.
Índice 2, aplicativo Samai, archivo 7, documento denominado «Cuaderno principal Nº 1 -2020-
00007-00» página 312.
30 Tal y como se advierte en el Formato No. 1, expedido el 24 de abril de 2017. Índice 2, aplicativo
Samai, archivo 7, documento denominado «Cuaderno principal Nº 1 -2020-00007-00» página 389.
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Demandante: UGPP
corresponde acudir a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 en cuanto a la tasa de
reemplazo, y para los factores, debe remitirse a la Ley 100 de 1993 y el Decreto
1835 de 1994.31
El 5 de diciembre de 2013, la UGPP emitió la Resolución RDP 055323, por medio de
la cual reliquidó la prestación con el 75 % del promedio de los salarios sobre los
cuales se hicieron aportes entre el 1.º de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de
2013.32
El 3 de enero de 2018, mediante la Resolución RDP 000103, la UGPP negó la
solicitud de reliquidación de la prestación con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio. 33 Esta decisión se fundamentó
en que comoquiera que la normatividad aplicable al caso, esto es, la Ley 32 de
1986, no especifica la forma de liquidar la pensión del régimen especial del INPEC,
corresponde remitirse al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y al Decreto 1158 de
1994. Esta decisión fue confirmada a través de la Resolución RDP 010595 del 23
de marzo de 2018.34
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Previo a abordar el análisis puesto a consideración de la Sala, es necesario
precisar que la entidad demandante advirtió sobre la existencia de un asunto que
se tramita ante el Juzgado Único Contencioso Administrativo del departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el radicado 88001
33 33 001 2018 00120 00. Sin embargo, consultado el proceso en la página de la
Rama Judicial,35 se advierte que la última actuación registrada es el auto del 12 de
diciembre de 2019, por el cual se ordenó correr traslado de las pruebas allegadas
al proceso, lo que permite concluir que no se ha proferido una decisión de fondo
31 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 7, documento denominado «25-Resoluciones que resuelve de
fondo la petición-causante».
32 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 7, documento denominado «Cuaderno principal Nº 1 -2020-
00007-00» página 332 a 335.
33 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 7, documento denominado «Cuaderno principal Nº 1 -2020-
00007-00» página 332 a 335.
34 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 7, documento denominado «Cuaderno principal Nº 2 -2020-
00007-00_1» página 73 a 76.
35 https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion.
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Demandante: UGPP
sobre el particular.
Ahora bien, tal y como se delimitó al establecer el problema jurídico, el estudio que
a continuación se abordará, en los términos alegados en el recurso de apelación
presentado por la UGPP, gira en torno al argumento según el cual el demandado no
estaba amparado por el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, por cuanto al 1.º de
abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no tenía 15
años de servicio ni 40 años de edad como lo exige el artículo 36 ibidem para ser
beneficiario de la transición allí establecida, por lo que no le era posible
beneficiarse del régimen especial del INPEC
Bajo tal entendimiento, y a fin de resolver la litis, debe señalarse que de las
pruebas anteriormente relacionadas se desprende que el señor Bernabé Velasco
Rivera i) nació el 5 de abril de 1965, ii) prestó sus servicios desde el 16 de marzo
de 1987 en el INPEC, en donde ejerció los empleos de dragoneante, inspector y
director de establecimiento carcelario; esto es, ingresó con anterioridad a la fecha
en que entró a regir el Decreto 2090 de 2003 (el 28 de julio de 2003); y iii) el 16 de
marzo de 2007, cumplió 20 años de servicios.
Así las cosas, el reconocimiento del derecho pensional del actor debía hacerse en
las condiciones establecidas en las normas anteriores al Decreto 2090 de 2003,
que regulaban las actividades de alto riesgo, vale decir, en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, por ser beneficiario del
parágrafo transitorio 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.
De esta manera se concluye que aun cuando el parágrafo del artículo 6 del
Decreto 2090 de 2003 exige a los beneficiarios del régimen de transición en él
establecido, cumplir, además de los requisitos especiales, los previstos por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 18 de la Ley 797 de 2003, 36
dicha exigencia desapareció con la expedición del aludido Acto Legislativo, tal y
36 El artículo 18 de la Ley 797 de 2003 fue declarado inconstitucional en la sentencia C-1056 de
2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), por lo que deberá considerarse que los requisitos adicionales
son los del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 vigentes.
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como lo consideró la Corte Constitucional en Sentencia T-012 de 2022, en la que
sostuvo lo siguiente:
7.12 La Sala advierte que la interpretación que permite materializar los principios de
supremacía constitucional (artículo 4° Superior) y favorabilidad laboral (artículo 53
Superior) en el caso concreto es aquella que le da primacía al Acto Legislativo 01 de
2005, parágrafo 5° del artículo 1°, con base en el cual se aplica la Ley 32 de 1986 a
los funcionarios del INPEC que hubieren ingresado a la entidad antes de la
entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, es decir, el 28 de julio de
200337. [Resalta la Sala].
Por lo anterior, no corresponde análisis alguno en relación con los requisitos del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como lo pretende la entidad apelante, pues,
como se expuso, basta con que al 28 de julio de 2003, ingresara al INPEC para que
tuviera derecho a que su reconocimiento pensional se realizara bajo las exigencias
de la Ley 32, esto es, «al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o
discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad»; tal y
como lo consideró la entidad en los actos demandados.
En consecuencia, con base en los razonamientos expuestos, habrá de
confirmarse la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección, en sentencia de 21 de abril de 2016, definió la siguiente regla en
materia de costas, cuando es la entidad pública la que demanda su propio acto en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la
modalidad de lesividad, en armonía con lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA:38
En este caso tenemos que debido a la naturaleza del medio de control ejercido, que es
el de nulidad y restablecimiento del derecho pero en la modalidad de lesividad, en
tanto la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación ataca sus propios actos
37 Cita original «Sobre la fecha exacta en la que inició la vigencia del Decreto Ley, se destaca que
su artículo 11 se refiere: “El presente decreto regirá a partir de su publicación (…)” Y el Decreto Ley
2090 de 2003 fue publicado en el Diario Oficial No. 45.262 del 28 de julio de 2003».
38 Sentencia de 21 de abril de 2016, Consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero, expediente:
3400-2013, Actor: Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal EICE en Liquidación, demandado:
Ligia Eugenia Álvarez Ponce.
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Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021)
Demandante: UGPP
administrativos mediante los cuales reconoció y reliquidó una pensión gracia, es decir,
la entidad pública propende por anular unos actos administrativos que, no obstante su
contenido particular, dada su ilegalidad afectan igualmente intereses públicos, en la
medida en que reconocen y ordenan el pago de sumas a las que el beneficiario no
tiene derecho, y ello deriva en una afectación patrimonial, no sólo de la Institución
pública que cometió el yerro respectivo, sino de todos los ciudadanos que aportan al
sistema pensional Colombiano, es el interés superior público patrimonial el que está en
juego.
Así las cosas, no es posible afirmar que la titular de la prestación que se debate sea la
parte “vencida” en el litigio –como lo exige la norma-, y por ello la señora Álvarez
Ponce no tiene la obligación de pagar costas en el proceso. En tal sentido, se revocará
la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño.
Así las cosas, no es viable en estos casos condenar en costas en ninguna de las
instancias, pues en este tipo de eventos en los cuales se ventilan intereses
económicos, no es posible afirmar que el titular de la prestación sea la parte
«vencida» en el litigio, aun cuando resulte afectado con la decisión. 39 Conforme a
lo anterior, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben
despacharse desfavorablemente, toda vez que no se acreditaron los cargos
formulados contra el acto por medio del cual se reconoció una pensión de
jubilación al señor Bernabé Velasco Rivera.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 11 de junio de 2021, por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que denegó las
39 No aplica cuando se haya demostrado mala fe en las actuaciones administrativas y judiciales del
beneficiario de la prestación.
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Demandante: UGPP
pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), contra el señor Bernabé Velasco Rivera y la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Ausente en comisión
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
(SLVA)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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