RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2018-00084-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00084-01

Fecha
8 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00084-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Confirmar la sentencia proferida el 21 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que denegó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Alberto Mario Marín Perea contra la Contraloría General de la República, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. 31En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 34 Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021) Demandante: Alberto Mario Marín Perea

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2018-00084-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

8 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., ocho (08) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea
Demandado: Contraloría General de la República
Temas: Declaración de insubsistencia de empleado de libre
nombramiento y remoción / Desviación de poder / Prueba
indiciaria

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 21 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1,
Alberto Mario Marín Perea presentó demanda en orden a que se declarara la
nulidad de la resolución ordinaria 81117-000-02953 del 8 de septiembre de 2017,
expedida por el contralor general de la República, por medio de la cual se declaró
la insubsistencia de su nombramiento en el cargo que venía desempeñando
dentro la planta de cargos de la entidad.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó que se condenara a la autoridad demandada a (i) reintegrarlo sin solución
de continuidad, en el cargo que ocupaba al momento de su desvinculación, esto
es en de contralor provincial, u a otro equivalente de mayor categoría o jerarquía
al que venía desempeñando, (ii) pagarle los salarios, prestaciones sociales,
factores salariales y demás emolumentos laborales dejados de percibir desde la
fecha de su desvinculación, hasta cuando se produzca su reintegro efectivo, (iii)
reconocerle el daño causado en calidad de víctima, acorde con el inciso 1 del
artículo 138 del CPACA, esto es que se eleven disculpas públicas y se enaltezca

1Previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

su labor en razón del agravio causado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley 446 de 1998, (iv) pagarle las cotizaciones y aportes en
seguridad social que hubiese tenido que cubrir durante su cesación, y (v) pagar las
costas y agencias en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Alberto Mario Marín Perea prestó sus servicios en la Contraloría General de la
República, en el cargo de contralor provincial en la Gerencia Departamental del
Magdalena, grado 01, empleo de libre nombramiento y remoción, desde el 22
de febrero de 20172 y hasta el 8 de septiembre de 20173.

• Su desempeño en el cargo fue idóneo, eficiente, honesto y con los estándares
más altos de un servidor público, pues no recibió llamados de atención,
anotaciones en su hoja de vida y tampoco se le iniciaron investigaciones
disciplinarias.

• Pese a ello, el 8 de septiembre de 2017, mediante resolución ordinaria 81117-
000-029534, el contralor general de la República declaró insubsistente su
nombramiento.

• El acto administrativo de insubsistencia -objeto de censura- se profirió como
represalia y retaliación por parte del superior jerárquico al reprochar indirecta y
tácitamente la decisión administrativa 299 del 25 de agosto de 2017 que
dispuso el archivo de la indagación preliminar ANTP_IP-2017-00606, por no
encontrar mérito para continuar con aquella.

• La decisión administrativa de archivo de la indagación preliminar -la cual de
acuerdo con la demanda motivó el acto de insubsistencia- fue adoptada por la
«Gerencia Departamental del Magdalena»5, cuerpo colegiado integrado por José
Antonio Lafaurie Alberricci, en su calidad de contralor provincial y quien no
participó en la toma de la decisión, pues se declaró impedido para votar, y por
quienes participaron y suscribieron la decisión Carlos Eduardo Cabas Rodgers,
en su calidad de gerente departamental, y el actor, en su condición de contralor
provincial -últimos dos funcionarios desvinculados-.

• La motivación del acto de insubsistencia fue la decisión administrativa antes
mencionada -archivo de indagación preliminar-, porque, 4 días antes de la
declaratoria de insubsistencia, Carlos Eduardo Cabas en su calidad de gerente

2 Acta de nombramiento y posesión del 2 de marzo de 2017 obrantes en páginas 21 y 22,
respectivamente, del expediente digital cargado en índice 2 de Samai.
3 Constancia de tiempo de servicio a folio 111.
4 Página 120 del expediente digital cargado en índice 2 de Samai.
5 Cuerpo colegiado decisorio integrado por el Gerente Departamental del Magdalena, en su

condición de presidente y 2 contralores provinciales

2

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

y miembro del cuerpo colegiado decisorio, recibió una llamada por parte del
contralor delegado de Infraestructura Julián Polanía, funcionario titular del área
que configuró el hallazgo con presunta incidencia fiscal, y que derivó en la
indagación preliminar aludida, a través de la cual le manifestó la desaprobación
de la decisión adoptada por la Gerencia Departamental y le advirtió que se lo
haría saber al contralor general, además porque, Soraya Vargas Pulido, en su
condición de contralora delegada para investigaciones de la Contraloría
General de la República, solicitó el 8 de septiembre de 20176 -misma fecha del
acto de retiro del actor- la supervisión del expediente de indagación preliminar
con radicado ANT_IP-2017-00606, situación que nunca había ocurrido y
finalmente, porque no se advirtió que la decisión se tomó en derecho y en
atención a un antecedente administrativo de un hallazgo 7 anterior, en el que la
presunta irregularidad objeto de estudio para proceder o no a la indagación
preliminar había sido una observación desvirtuada dentro de una auditoría
realizada un año anterior desde el mismo proceso auditor. Por tales razones se
evidencia el desacuerdo con la decisión de archivo de la indagación que derivó
en la insubsistencia.

• Al momento de su desvinculación era el soporte económico de su familia y
hogar conformada con su esposa Zugeria Gutierrez Daza, de 42 años de edad
(ama de casa) y sus menores hijas Lina y Carolina, de 17 y 13 años, que
dependen económicamente de él, razón por la cual su retiro fue dispuesto en
forma ilegal, ocasionándole perjuicios que deben ser indemnizados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, 6 y 209 de la Constitución Política y 41
literal a) y parágrafo 2 de la Ley 909 de 2004, así como el Decreto Ley 268 de
2000, el Decreto 1083 de 2015 y la resolución orgánica 0055 de 2003 de la CGR.

En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos8:

El acto administrativo atacado se encuentra viciado de nulidad por desviación de
poder, pues se ejercieron las atribuciones conferidas por la ley para fines ajenos al
buen servicio, extralimitándose el nominador en el ejercicio de su facultad
discrecional para la remoción de empleos de libre nombramiento y remoción,
puesto que, si bien dicho acto no requiere motivación debe enmarcarse dentro de

6 Página 83 del expediente digital cargado en índice 2 de Samai
7 Ante la presunta incidencia fiscal por presuntos sobrecostos en el acarreo y transporte de
materiales al interior del proyecto denominado vía de la prosperidad desvirtuada de conformidad
con el Informe definitivo de auditoria GITVCFMi-REGALIAS No 58 de fecha noviembre de 2015
adelantado por la Contraloría Delegada Intersectorial de Regalías de la Contraloría General de la
República, que en el ítem «HALLAZGOS No 2 D2. PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VIA
SALAMINA (GUAIMARO)- REMOLINO-SITIO NUEVO (PALERMO) EN EL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, dispuso ACARREO MATERIAL DE TERRAPLÉN» de acuerdo a la respuesta
enviada por el ente, y que el grupo auditor concluyó desvirtuar la observación. Informe a folios del
58 al 81
8 Páginas 6 al 10 del expediente digital cargado en índice 2 de Samai.

3

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

la razonabilidad y los postulados de la satisfacción del interés general y «por ende
a partir de la observación de la decisión que mejor convenga a la comunidad»9,
desconociendo sus méritos académicos y profesionales y que se desempeñó en el
empleo con lealtad, eficiencia y eficacia.

La desvinculación fue producto de la desaprobación y reproche del superior
jerárquico como acto de retaliación y represalia por la decisión administrativa
adoptada por la Gerencia Departamental del Magdalena en la que se decidió el
archivo de la indagación preliminar ANTP_IP-2017-00606; por cuanto el acto de
insubsistencia se profirió solo unos días después del archivo de la indagación
preliminar, no hubo otra justificación para que solo se desvinculara de la entidad a
los dos funcionarios que emitieron la decisión antes cuestionada y por el contrario,
el miembro que se declaró impedido para participar continuo en su cargo; 4 días
antes de la declaratoria de insubsistencia de Carlos Eduardo Cabas en calidad de
gerente y miembro de la Gerencia Departamental recibió una llamada del titular
del área que presentó el hallazgo por presunta incidencia fiscal y le expresó su
desaprobación con la decisión de archivo y le advirtió de las consecuencias por
dicha decisión, la contralora delegada para Investigaciones de la Contraloría
General de la República dispuso la supervisión de la indagación preliminar con
radicado ANT_IP-2017-00606 y se desconoció que la decisión de archivo tuvo en
cuenta un antecedente administrativo en el que la Contraloría Delegada de
Infraestructura de la Contraloría General de la República, mediante auditoría
realizada en el segundo semestre del 2016, elevó hallazgo con presunta
incidencia fiscal por presuntos sobrecostos en el acarreo y transporte de
materiales al interior del proyecto denominado vía de la prosperidad, por lo que
esta presunta irregularidad había sido una observación desvirtuada dentro de una
auditoría realizada un año anterior y que desde el mismo proceso auditor fue
formulada, documento estaba directamente relacionado con la indagación
preliminar archivada arriba, pues comparten el mismo hallazgo, lo que revalida la
legalidad de la actuación de la Gerencia departamental del Magdalena y la
observancia del antecedente administrativo.

Luego entonces, el acto de declaratoria de insubsistencia constituyó una decisión
arbitraria que se alejó del buen servicio y por tanto en una desviación de poder y
de las atribuciones del nominador para justificar la adopción de una actuación
irregular.

1.2. Contestación de la demanda

La Contraloría General de la República se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por las razones que se expresan a continuación10:

La naturaleza del cargo de contralor provincial nivel directivo grado 01,

9 Consejo de Estado la sentencia de 20 de agosto de 2015. Rad. 250002323000201000254-01,

No. interno: 1847-2012. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
10 páginas 113 al 133 del expediente digital cargado en índice 2 de Samai

4

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

desempeñado por el demandante, es de libre nombramiento y remoción, y con
fundamento en los artículos 125 de la Constitución Política y 1 del Decreto 3006
de 2011 que adicionó el Decreto 269 de 2000 se encuentra en el nivel directivo,
por lo que se trataba de un empleado sujeto al régimen de libre nombramiento y
remoción, en tanto no estaba inscrito en carrera, ni gozaba de periodo fijo y
tampoco tenia a su favor algún fuero de estabilidad de carrera administrativa.

La declaración de insubsistencia procedía de la facultad discrecional del
nominador, en cabeza del contralor general de la República, otorgada en el
artículo 114 del Decreto 1950 de 1973 para retirar los empleados de confianza,
como lo era el actor, por tal razón no se violó el derecho al debido proceso, ni se
incurrió en la causal de desviación de poder.

No se puede alegar falsa motivación, por la expedición de un acto administrativo
de declaratoria de insubsistencia, porque dicho acto no requiere de motivación
alguna, tal como lo dispone el artículo 107 del Decreto 1950 de 1973; no obstante,
la jurisprudencia, para los cargos directivos de libre nombramiento y remoción, ha
establecido como premisa que la solicitud de una renuncia sin coerción por parte
del nominador tampoco genera la nulidad del acto administrativo, al no
configurarse la desviación de poder, por cuanto esta forma de desvinculación es
de usual aplicación y es permitida por la ley, aunado a que el cabal desempeño de
la labor asignada debe responder a las exigencias discrecionales del nominador y
estar sometido a su permanente vigilancia y evaluación.

Si bien el desempeño laboral del actor fue eficiente y cumplió con los objetivos y
planes de la entidad, ello no constituye, como lo ha señalado la jurisprudencia del
Consejo de Estado, una garantía del buen servicio y de ninguna manera confiere
por sí mismo estabilidad laboral a un empleado de libre nombramiento y remoción.

En consecuencia, el nombramiento del actor obedeció al ejercicio de la facultad
discrecional del nominador, por tratarse de un funcionario de entera confianza y,
en consideración a que no se demostró el desmejoramiento del servicio, no se
desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo acusado y por lo tanto
no era procedente que se accediera al reconocimiento solicitado.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia del 21 de octubre de 2020
denegó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos11:

De acuerdo con las pruebas y las disposiciones que regulan el régimen especial
de carrera administrativa de la Contraloría General de la República, el cargo

11 Páginas del 297 al 330 del expediente digital cargado en índice 2 de Samai

5

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

desempeñado por el actor se encuentra en el nivel directivo, cuya naturaleza es de
libre nombramiento y remoción, por lo que su nombramiento fue de carácter
ordinario.

Para desvirtuar la presunción de legalidad del acto de insubsistencia del
nombramiento, se recibieron los testimonios de José Antonio Lafaurie, Carlos
Eduardo Cabas y Elvira Margarita de Luque, así como el interrogatorio del
demandante, de los cuales no se logró establecer el hecho o circunstancia que
indicara que el acto de insubsistencia obedeció directamente a la decisión de
archivo de la indagación preliminar y por tanto que tuviera la virtualidad de
acreditar que se debió a un acto de represalia.

En relación con que se haya ordenado la supervisión de la actuación llevada a
cabo por la Gerencia Departamental de conformidad con el artículo 33 de la
resolución 5500 de 2003 es una facultad legal cuyo ejercicio no implica que se
tratara de una persecución o represalia, que no sea de uso común en la entidad
como lo afirmó el testigo Carlos Cabas, no quiere decir en grado alguno que su
ejercicio eventual genere una actuación revestida de capricho y mal intención.

Respecto de la llamada que se afirma recibió del testigo Carlos Cabas de parte del
contralor delegado de infraestructura, Julián Polania, funcionario titular del área
que configuró el hallazgo en la cual se desaprobaba radicalmente y exponía su
votación de rechazo a la decisión de cierre de la indagación adoptada mediante
Auto No. 299 del 25 de agosto de 2017, la prueba allegada fue la respuesta
emitida por el director de activaciones y soporte de la Vicepresidencia de servicio
al cliente de la empresa de telefonía celular TIGO, en la cual se observa que el
móvil 3003085353 se encuentra correctamente activo y a nombre del actor,
además, allegó el detalle de llamadas del día 4 de septiembre de 2017, en la que
se advierte que Carlos Cabas recibió una llamada del teléfono 3209641072 (Claro)
en la fecha señalada, a las 8:59 con una duración de 614 segundos. No obstante,
no se obtuvo conocimiento más allá de ese documento, si la línea claro pertenece
o no a Juan Polonia por lo cual resultó imposible establecer la presunta
comunicación entre los citados.

De igual sentido si bien se inició investigación disciplinaria contra el demandante
por la plurimentada decisión de archivo de indagación, ello tampoco da lugar a que
se infiera que el móvil del acto de insubsistencia fuera en represalia, en tanto, la
Oficina de Control Disciplinario de la Contraloría General de la República actuó de
oficio, y finalmente declaró la terminación del proceso disciplinario y ordenó el
archivo definitivo de la investigación disciplinaria, aduciendo que el debate
suscitado entre la gerencia Departamental y la contralora delegada se había
generado por la interpretación funcional de normas y pruebas y por tanto no tal
discrepancia daba lugar a sanción disciplinaria.

Finalmente, de la carta suscrita por funcionarios de la Contraloría y los testimonios
quedó claro el buen desempeño laboral del actor, sin embrago, ello no es

6

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

determinante para que fuera inamovible de su cargo o para otorgarle algún fuero
de estabilidad, por cuanto es obligación de todo servidor público prestar sus
servicios en forma óptima y eficiente y con esa sola circunstancia no era posible
concluir que la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento hubiese
desbordado la proporcionalidad en el ejercicio de la facultad discrecional o que
obedeciera a fines distintos del buen servicio, máxime cuando se trata de un cargo
de confianza por parte del nominador, por lo cual se entiende que además del
buen servicio, un factor determinante es la relación de confianza propia de este
tipo de cargos.

1.4. El recurso de apelación

Alberto Mario Marín Perea interpuso recurso de apelación12 y lo sustentó así:

La sentencia proferida por el a quo no realizó un análisis juicioso del material
probatorio obrante en el expediente, exactamente de los testimonios, en los que
se da cuenta de que la entidad demandada incurrió en desviación de poder al
expedir el acto administrativo y no se pronunció sobre los antecedentes o,
específicamente, sobre los 10 indicios planteados para demostrar la conexidad e
inmediatez como móviles ocultos de la expedición del acto cuestionado, lo que
desconoció el principio de congruencia dispuesto en los artículos 280 y 281
Código General del Proceso y 187 del CPACA.

Al respecto, no se tuvieron en cuenta los 10 indicios de la desviación de poder en
el ejercicio de la potestad discrecional, premisas que no fueron ni siquiera
examinadas por el a quo para soportar la tesis relacionada con que: «[l]a decisión
de archivo que adoptó el actor motivó su declaratoria de insubsistencia, constituyéndose
el ejercicio de la facultad discrecional en un ilegitimo mecanismo de represalia y
retaliación de su superior al no compartir la decisión adoptada por su inferior». Los
indicios se plantearon en resumen así:

Vicio oculto núm. 1. Desnaturalización de la potestad nominadora discrecional,
convertida en mecanismo de retaliación y represalia administrativa en contra del
actor, puesto que, una vez se probó que entre la fecha de la decisión de archivo
(indagación) que adoptó el actor y su desvinculación, transcurrieron menos de dos
semanas, se demostraba el grado de conexión e inmediatez existente entre las
dos decisiones, esto es entre la adopción de la decisión de archivo por parte del
inferior, y la expedición por parte del superior del acto de su retiro del servicio,
erigiéndose la intencionalidad con la que el contralor general de la República actuó
y profirió el acto demandado. En este sentido entre la fecha del auto de archivo y
la de emisión del acto de retiro, vale decir, entre el 25 de agosto (viernes) de 2017
y el 8 de septiembre de 2017 (viernes), tan solo transcurrieron 13 días,
debiéndose precisar que esta no se dio antes, habida cuenta de que el actor se
encontraba participando en los juegos deportivos de la entidad con sede en el
municipio de Melgar entre el 27 de agosto al 1 de septiembre.
12 Archivo 3.1 denominado recurso de apelación Alberto Marín cargado en el índice 2 de samai

7

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

Vicio oculto núm. 2. Retiro simultáneo de los funcionarios que adoptaron el auto de
archivo y su conexidad con dicha decisión, comoquiera que el actor, al igual que
su compañero de colegiada, Carlos Cabas Rogers, fueron declarados
insubsistentes al mismo tiempo, esto es el 8 de septiembre de 2017; el primero es
retirado a través de la resolución 81117-000-02953 y el segundo mediante la
resolución 81117-000-02954, decisiones adoptadas de forma consecutiva e
intencionadas, demostrándose que la insubsistencia era un claro acto de
represalia infundado por parte de su superior por su desacuerdo con la decisión de
archivo.

Vicio oculto núm. 3. La efectiva continuidad y permanencia de José Lafaurie
(contralor provincial) en el cargo, luego de proferido el auto de archivo, decisión,
que solo fue adoptada por 2 de los 3 miembros que integraban la Gerencia
Departamental del Magdalena, salvo por José Antonio Lafaurie Alberricci, y, claro
está, que su permanecía se debió a que no participó de dicha decisión al
encontrarse impedido, por lo que, no le fue reprobada su conducta, no le fue
censurada su no participación, y por tanto, no fue retirado del servicio.

Vicio oculto núm. 4. Términos de la llamada telefónica del contralor delegado
Julián Polonia –jefe superior– como prueba testimonial, en la que se indicó que 4
días antes de la declaratoria de insubsistencia del demandante, su compañero de
colegiada, vale decir, Carlos Cabas, recibió una llamada por parte del contralor
delegado de Infraestructura Julián Polania, funcionario del nivel directivo, titular del
área que configuró el hallazgo con presunta incidencia fiscal, y que derivó en la
indagación preliminar aludida; a través de la cual le manifestó su inconformidad
con la decisión y las consecuencias que acarrearía; dicho que no fue desvirtuado
por la entidad demandada, a la que le correspondía en aplicación del principio
onus probandi controvertir lo afirmado, en tanto, si bien corresponde al interesado
demostrar el supuesto de hecho de las normas que contienen el efecto jurídico
que persigue, por la asimetría de las partes, en especial en asuntos laborales,
resulta razonable que el juez redistribuya la carga probatoria, como consecuencia,
en este caso la CGR debía desvirtuar, refutar o contradecir lo sostenido por el
trabajador en su testimonio.

Vicio oculto núm. 5. Atentado y coerción a la autonomía de la Gerencia Colegiada
del Magdalena en la toma de sus decisiones –FIN OCULTO-, dado que, las
gerencias departamentales, de conformidad con los artículos 26 y 28 de la Ley
1474 de 2011 y la resolución orgánica 6541 de 2012 expedida por la CGR,
funcionan como cuerpos colegiados que gozan de plena autonomía y poder
decisorio independiente del nivel central en la toma de decisiones que por ley le
competen y que asumen con carácter desconcentrado, por lo tanto, no compartir
una decisión de un subalterno no se erige en el objeto de censura que justifique el
retiro del servicio, lo contrario desconoce las competencias reconocidas por la
institución y conlleva a una renuncia de las funciones de los subalternos para
ejercer lo dictado por el superior.

8

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

Vicio oculto núm. 6 Desconocimiento de los mecanismos de supervisión del
control fiscal, en provecho del indebido ejercicio de la potestad discrecional
(insubsistencia del actor) -fin oculto-, pese a que ni la Ley 1474 de 2011, ni la
resolución orgánica 6541 de 2012, contienen forma alguna de cogobierno entre el
nivel central -superior (nominador)- y el nivel desconcentrado -inferior (gerencia
departamental) se prevé la existencia de diferentes procedimientos de supervisión
o invalidación de las decisiones del nivel desconcentrado y, pese a ello, al recibir
la desaprobación del superior al demandante se le sancionó con la declaratoria de
insubsistencia.

Vicio oculto núm. 7. Retaliación en contra del actor a través del inicio oficioso del
proceso disciplinario, con ocasión de la decisión de archivo que adoptó; y el
posterior archivo disciplinario a su favor al no encontrar mérito que indujera la
responsabilidad del actor en torno a la decisión de archivo, circunstancia que por
sí sola, deja en evidencia el claro proceder de represalia.

Vicio oculto núm 8. Del desmejoramiento del servicio, en tal virtud los testimonios,
en especial la testigo Elvira De Luque, en su calidad de coordinador jurídico de la
Gerencia Colegiada del Magdalena, acreditó que una vez retirado del servicio el
actor, el servicio fue ampliamente desmejorado, y que el rendimiento de la
Gerencia Colegiada bajó, de conformidad con los indicadores de gestión que
disminuyeron, el volumen de expedientes resueltos fue significativamente menor,
adicionalmente, los testigos fueron enfáticos en señalar diferentes motivos que
acreditan el desmejoramiento del servicio en el ejercicio del control fiscal, entre
otros, los efectos propios de la interinidad que afrontó la entidad luego de la salida
del actor, conforme su direccionamiento estuvo a cargo de un funcionario en
encargo con poca experiencia, y ello implicó la no continuidad de los
procedimientos, así como, la inestabilidad propia en el direccionamiento de la
gestión, fruto de la inexperiencia de quien estuvo a cargo del ente de forma
posterior. Aunado a que de las pruebas tanto documental aportadas -hoja de vida
laboral del actor- y en especial los testigos dan muestra que durante el tiempo de
desempeño laboral del demandante, este lo ejerció con idoneidad, eficiencia,
honestidad y el más alto criterio de empleado público, sin recibir llamados de
atención de sus superiores, mucho menos investigaciones disciplinarias u
anotación reseñada en su hoja de vida, revalidando así una loable y destacable
trayectoria con la entidad y el abrupto e intempestivo retiro.

Vicio oculto núm. 9. Del indebido uso de los mecanismos de supervisión del
control fiscal, como medio de retaliación en contra del desempeño del actor -
funcionario inferior-, puesto que, de forma extraordinaria Soraya Vargas Pulido,
mediante solicitud formulada en oficio No 2017IE0072316 del 8 de septiembre de
2017, -la misma fecha del acto de retiro del actor-, ordenó la supervisión del
expediente de indagación preliminar con radicado ANT_IP-2017-00606 situación
que no había ocurrido antes en el tiempo de permanencia en el cargo del actor.

9

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

Vicio oculto núm. 10. Del desconocimiento y acatamiento del precedente
administrativo la Contraloría Delegada de Infraestructura de la Contraloría General
de la República que mediante auditoría realizada en el segundo semestre de
2016, elevó hallazgo con presunta incidencia fiscal por presuntos sobrecostos en
el acarreo y transporte de materiales al interior del proyecto denominado vía de la
prosperidad, tal como lo evidencia el «Informe definitivo de auditoría GITVCFMi-
REGALIAS No 58» de fecha noviembre de 2015 adelantado por la Contraloría
Delegada Intersectorial de Regalías de la Contraloría General de la República, que
en el ítem: «Hallazgo No 2 D2. PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA
SALAMINA (GUAIMARO) –REMOLINO-SITIO NUEVO (PALERMO) EN EL
DEPARTEMANETO DEL MAGDALENA» y en especial a folio 45 dispuso: «ACARREO
DE MATERIAL DE TERRAPLEN: De acuerdo a la respuesta enviada por el ente, el grupo
auditor concluye desvirtuar la observación», prueba documental relacionada con la
indagación preliminar arriba descrita ya que comparten el mismo hallazgo, luego
constituía un precedente administrativo en la materia con carácter vinculante que
no podía desconocer el actor.

Adicionalmente, mediante memorial la parte demandante puso de presente
presuntas irregularidades en la transcripción de las declaraciones rendidas por los
testigos y actor en la sentencia de primera instancia.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

El auto admisorio del recurso de apelación quedo ejecutoriado, sin solicitud de
pruebas y sin pronunciamiento de las partes13.

1.6. El Ministerio Público

La procuraduría segunda delegada ante el Consejo de Estado guardo silencio en
esta etapa procesal14.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿con la expedición de la resolución
ordinaria 81117-000-02953 del 8 de septiembre de 2017, por medio de la cual el
actor fue declarado insubsistente en el cargo de contralor provincial en la Gerencia
Departamental del Magdalena, grado 01, la autoridad demandada incurrió en
desviación de poder?

2.2. La declaratoria de insubsistencia de los nombramientos a empleados
públicos de libre nombramiento y remoción

13 Según constancia secretarial visible en índice 9 de samai
14 Ibidem

10

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

La Constitución Política, en su artículo 125, dispuso que los empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y
aquellos que determine la ley.

Por su parte la Ley 909 de 2004 «por la cual se expiden normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones», luego
de determinar el objeto de la ley, clasificó los empleos públicos de la siguiente
forma:

«Artículo 1. Objeto de la ley
(…) De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la
función pública los siguientes empleos públicos:
a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales»

Y sobre el campo de aplicación de dicha ley (artículo 3-2), indicó que las
disposiciones en ella contenidas se aplicarían de forma supletoria en caso de
presentarse vacíos en la normatividad que rige a los servidores públicos de las
carreras especiales, entre otros, a los de la Contraloría General de la República y
contralorías territoriales, con la aclaración de que «mientras se expida las normas de
carrera para el personal de las Contralorías Territoriales y para los empleados de carrera
del Congreso de la República les serán aplicables las disposiciones contenidas en la
presente ley» (parágrafo ibídem).

De conformidad con lo anterior, la regla general es que los empleos públicos son
de carrera, no obstante, una excepción al sistema de la carrera administrativa al
que se accede por haber superado las distintas etapas de un proceso de selección
por méritos son los empleos de libre nombramiento y remoción que se justifica en
el nivel de actuación y de decisión estratégica o de conducción institucional de las
entidades estatales, en tanto la provisión de estos cargos está relacionada en la
confianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección,
manejo, conducción u orientación institucional.

Sobre el particular, debe mencionarse que respecto de estos empleos la
declaratoria de insubsistencia obedece a la facultad discrecional de la cual está
revestido el nominador para dejar sin efectos un nombramiento, lo que quiere decir
que los actos de desvinculación de los funcionarios o empleads de libre
nombramiento y remoción no necesitan de motivación, en la medida en que la
selección de personal para la provisión de estos cargos como se mencionó
obedece a la confianza por parte de quien tiene a su cargo dicha responsabilidad.
Sin embargo, la falta de motivación del acto de insubsistencia no debe
corresponder al capricho o arbitrariedad de la administración.

11

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

En este sentido, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, literal a) y parágrafo 2,
estableció la facultad discrecional de remover libremente a los empleados que
ocupen un cargo de libre nombramiento y remoción como una causal autónoma y
que procede mediante auto no motivado, en los siguientes términos:

«Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa
se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
(…)
Parágrafo 2. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de
conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá
efectuarse mediante acto motivado. La competencia para efectuar la remoción en
empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante
acto no motivado.»

Cabe precisar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento
como la declaratoria de insubsistencia debe corresponder a parámetros de
razonabilidad; en otras palabras, la discrecionalidad es un poder que se ejercita de
conformidad con el derecho, y que implica el ejercicio de atributos dentro de
límites justos y ponderados.

El poder jurídico de la competencia para decidir debe enmarcarse dentro de la
satisfacción del interés general y, por ende, a partir de la observación de los
elementos fácticos que mueve la adopción de la decisión que mejor convenga a la
comunidad15.

Ahora, el artículo 44 del CPACA establece que, en la medida en que el contenido
de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser
«adecuada» a los fines de la norma que la autoriza y «proporcional» a los hechos
que le sirven de causa; lo anterior supone que debe existir una razón para adoptar
la decisión, fundada en normas jurídicas y en hechos reales y ciertos, lo cual hace
que la discrecionalidad tenga como medida la «razonabilidad», y ello, comporta un
límite a la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción.

Por su parte, el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968 «[p]or el cual se modifican las
normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones»
previó:

«El nombramiento hecho a una persona para ocupar un empleo del servicio civil,
que no pertenezca a una carrera, puede ser declarado insubsistente libremente
por la autoridad nominadora, sin motivar la providencia. Sin embargo, deberá

15 Sentencia de 20 de agosto de 2015, Rad. 250002325000201000254-01(1847-2012), C.P.
Gerardo Arenas Monsalve; Sentencia del 2 de abril de 2020, Rad. 50001-23-33-000-2014-00024-
01(2190-17), C.P. Rafael Francisco Suarez Vargas

12

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

dejarse constancia del hecho y de las causas que lo ocasionaron en la respectiva
hoja de vida.
Los nombramientos de empleados de carrera sólo podrán ser declarados
insubsistentes por los motivos y mediante los procedimientos establecidos en la
ley o reglamento que regule la respectiva carrera. La declaración de insubsistencia
conlleva la pérdida de los derechos del funcionario de carrera»

Posteriormente, el Decreto 1083 de 201516 «por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector de Función Pública» aludió en su artículo 2.2.11.1.2.
«de la declaratoria de insubsistencia. En cualquier momento podrá declararse
insubsistente un nombramiento ordinario, sin motivar la providencia, de acuerdo con la
facultad discrecional que tiene el nominador de nombrar y remover libremente sus
empleados».

En lo que corresponde al particular, el Decreto 268 de 2000, «por el cual se dictan
las normas del régimen especial de la carrera administrativa de la Contraloría General de
la República», prevé en su artículo 3:

«Cargos de Carrera Administrativa. Son cargos de carrera administrativa todos los
empleos de la Contraloría General de la República, con excepción de los de libre
nombramiento y remoción que se enumeran a continuación:

Vicecontralor

Contralor Delegado

Secretario Privado

Gerente

Gerente Departamental

Director

Director de Oficina

Asesor de Despacho

Tesorero

Los empleos cuyo ejercicio implique especial confianza o que tengan asignadas
funciones de asesoría para la toma de decisiones de la entidad o de orientación
institucional y estén creados en los Despachos del Contralor General, del
Vicecontralor, del Secretario Privado, de la Gerencia del Talento Humano y de la
Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera.

En todo caso son cargos de libre nombramiento y remoción:

16 Que derogo el Decreto 1950 de 1973, por el cual se reglamentan los Decretos Leyes 2400 y

3074 de 1968

13

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

1. Aquellos que sean creados y señalados en la nomenclatura con una
denominación distinta pero que pertenezcan al ámbito de dirección y conducción
institucional, de manejo o de especial confianza.

2. Los empleos cuyo ejercicio implique la administración y el manejo directo de
bienes, dinero y valores del Estado.

3. Aquellos que no pertenezcan a los organismos de seguridad del Estado, cuyas
funciones, como las de escolta, consistan en la protección y seguridad personal de
los servidores de la Contraloría General de la República.»

2.3. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

El 22 de febrero de 2017 el contralor general de la República nombró mediante
resolución ordinaria 81117-000-00513 a Alberto Mario Marín Perea en el cargo de
contralor provincial, grado 01 de la Gerencia Departamental Colegiada del
Magdalena17

El 02 de marzo de 2017, Alberto Mario Marín Perea tomo posesión del cargo 18

De conformidad con la constancia de servicios expedida por la Dirección de
Gestión de Talento Humano de la Contraloría General de la República, Alberto
Mario Marín Perea laboró en la Contraloría General de la República, dependencia
del despacho del gerente departamental del Magdalena desde el 2 de marzo de
2017 y hasta el último día laborado el 10 de septiembre de 2017 devengando una
asignación salarial de $ 7.707.502 más prima técnica de $2.697.62619

De acuerdo con la constancia expedida por la gerente de talento humano de la
Contraloría General de la República, las funciones desempeñadas por Alberto
Mario Marín Perea en el cargo de contralor provincial, nivel directivo grado 01 en
la Gerencia Departamental Colegiada de Magdalena, fueron20:

«1. Participar en la definición de las políticas, planos y programas de vigilancia fiscal.
respondiendo por la ejecución de las mismas en la circunscripción territorial para el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
2. Participar en coordinación con el Gerente Departamental. en la elaboración del
componente territorial del plan general de auditoria de acuerdo con los lineamientos
fijados por el Contralor General de la República y en coordinación con la Contralorías
delegadas para establecer las entidades o asuntos a auditar.

17 Página 21 del expediente digital cargado en índice 2 de Samai
18 Página 22 del expediente digital cargado en índice 2 de Samai
19 Páginas 111 y 112 del expediente digital cargado en índice 2 de Samai
20 Páginas 234 a 238 del expediente digital cargado en índice 2 de Samai, la constancia también

relaciona las funciones desempeñadas por el actor como gerente departamental y presidente de la
colegiatura en virtud de un encargo

14

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

3. Configurar y trasladar los hallazgos fiscales para iniciar el proceso de
responsabilidad fiscal o indagación preliminar
4. Responder por el desarrollo de las indagaciones preliminares que deban adelantarse
como resultado del proceso micro, para coadyuvar a la apertura del proceso de
responsabilidad fiscal.
5. Resolver las controversias derivadas del ejercicio del proceso auditor, para contribuir
a los resultados de la gestión fiscal
6. Dirigir la ejecución de la etapa de investigación, la consolidación de los resultados y
la presentación de informes de los grupos de trabajo asignados por el Contralor
General de la República, para fortalecer el proceso de investigaciones
7. Determinar la procedencia de la iniciación de los procesos de responsabilidad fiscal
y del decreto de medidas cautelares, para garantizar el pago del detrimento que llegare
a configurar en un posible fallo con responsabilidad fiscal.
8. Ejercer de manera colegiada con los Gerentes Departamentales y demás
Contralores
Provinciales los procesos control fiscal micro, la recepción y trámite de quejas y
denuncias. la indagación preliminar fiscal; los procesos, de responsabilidad fiscal,
jurisdicción coactiva y sancionatorio fiscal, para fortalecer la gestión fiscal
9. Adoptar de manera consensuada con el Gerente Departamental y con los
Contralores
Provinciales, las decisiones que en materia de vigilancia fiscal se requieran dentro de
su circunscripción territorial para fortalecer la gestión fiscal.
10. Cumplir con la conformidad jurídica y técnica de los estudios requeridos en el
desarrollo de los procesos de vigilancia fiscal, responsabilidad fiscal y asuntos de
complejidad financiera y jurídica, para determinar un control fiscal con calidad y
eficiencia.
11. Representar al Contralor General en su respectiva circunscripción territorial para
los asuntos de enfoque, orientación y resultados de la vigilancia fiscal.
12. Supervisar los grupos de auditores y las actividades del jefe auditor en su
respectiva circunscripción territorial, para garantizar el cumplimiento de los resultados
del proceso de control fiscal micro
13. Atender y responder por los asuntos de su respectiva circunscripción territorial
confiados a la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana para el cumplimiento
del proceso de enlace con clientes y partes interesadas.
14. Responder por la implementación de políticas planes, programas, proyectos
misionales y transversales que demande la entidad, dirigiendo la ejecución de las
mismas, para contribuir al mejoramiento institucional.
15. Dirigir el control interno en lo de su competencia, como parte del sistema que
establezca el Contralor General de la República para garantizar la efectividad de las
acciones que desarrolla.
16. Adelantar las actividades que le defina la metodología para el desarrollo del
proceso auditor.
17. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del
cargo»

En cumplimiento de sus funciones como contralor provincial de la Gerencia
Departamental Colegiada del Magdalena, Alberto Mario Marín Perea, y Carlos
Eduardo Cabas Rodgers, como gerente departamental de la misma dependencia,
participaron y suscribieron el auto 299 del 25 de agosto de 2017 mediante el cual

15

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

se resolvió cerrar y archivar la indagación preliminar ANT_IP-2017-0060621. Sobre
el particular, obra informe de auditoría AT 284-201522 sobre los recursos del
sistema general de regalías en el departamento del Magdalena de la vigencia
2012, bienio 2013-2014, de noviembre de 2015 en el cual se establecieron dos
hallazgos administrativos: de los cuales 2 con posible alcance disciplinario que
serían trasladados a las autoridades competentes y 1 como indagación preliminar
por valor de $16.762.878.400.

El 8 de agosto de 2017 mediante oficio No. 2017IE007231623 Soraya Vargas
Pulido, en su condición de contralora delegada para investigaciones, juicios
fiscales y jurisdicción coactiva, solicitó a la Gerencia Departamental Colegiada del
Magdalena copias del hallazgo 6 derivado de la auditoria realizada por la
Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura a los recursos del Sistema
General de Regalías vigencia 2013-2016 practicada al INVIAS y copias de todas
las actuaciones realizadas por la mencionada Gerencia dentro de la indagación
preliminar ANT_IP-2017-00606 frente al citado hallazgo.

El 8 de septiembre de 2017, el contralor general declaró la insubsistencia del
nombramiento de Alberto Mario Marín Perea en el cargo de contralor provincial,
grado 01 de la Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena, mediante
resolución ordinaria 81117-000-0295324.

Con oficio No. 2017EE015129925 del 12 de diciembre de 2017 se notificó del auto
del 30 de noviembre de 2017 por medio del cual se inició investigación
disciplinaria a Carlos Eduardo Cabas Rodgers -gerente departamental-.

Los funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena
suscribieron una carta dirigida al contralor general de la República mediante oficio
No. 2017IE007649326, resaltando el desempeño laboral de Carlos Eduardo Cabas
Rodgers y el actor en los siguientes términos:

«levantamos la voz para afirmar y convalidar una vez más la excelente gestión
administrativa y procesal de nuestro Ex - Gerente Departamental Colegiado, Dr.
Carlos Eduardo Cabas Rogers, y el Contralar Provincial, Dr. Alberto Mario Marín
Perea, quienes no solo se destacaron en su paso por esta Gerencia por su carisma,
sino también por sus buenas gestiones, profesionalismo, compromiso y
responsabilidad al frente de las labores misionales.
Se afirma hoy en la prensa local (Periódico "El Informador del 12 de septiembre de
2017) que la salida de los Directivos se debe a un hallazgo relacionado con el
Contrato "Vía a la Prosperidad". Acontece, que, sin mayor análisis, se hace eco de
una información sesgada y nada ajustada a la realidad, por encima de una debida
lectura y decisión jurídica. Los hechos tienen origen en una Auditoría hecha por la

21 Páginas 209 a 223 del expediente digital cargado en índice 2 de Samai
22 Páginas 33 a 82 del expediente digital cargado en índice 2 de Samai
23 Página 83 del expediente digital cargado en índice 2 de Samai
24 Página 20 del expediente digital cargado en índice 2 de Samai
25 Página 85 del expediente digital cargado en índice 2 de Samai
26 Páginas 24 a 28 del expediente digital cargado en índice 2 de Samai

16

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

Delegada de Infraestructura al Invias, específicamente a la llamada "Vía de la
Prosperidad", la cual arrojó como resultado un hallazgo por un presunto daño de
Treinta y cinco mil millones de pesos, que corresponde, y he aquí el aspecto
desconocido, a un solo item "TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES
DE LA EXCAVACION DE EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA
DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000M). Situación que no fue lo
suficientemente contundente en el hallazgo para dar apertura a un Proceso de
Responsabilidad Fiscal, y que en 'su trámite correspondiente como Preliminar
tampoco arrojó resultados concretos, siquiera indiciarios que permitieran dilucidar un
daño patrimonial al Estado, lo que conllevó al Cierre y Archivo de la misma,
aspectos verificables en el expediente. Esto, creemos, indujo una decisión que
lesiona el buen nombre de nuestros Directivos y nuestra Gerencia, logrado con
principios éticos, constitucionales y jurídicos».

En respuesta a una petición realizada por Carlos Eduardo Cabas Rodgers al
servicio del cliente de Tigo en la cual solicitó las llamadas recibidas el 4 de
septiembre de 2017 a la línea activada a su nombre, el director de activaciones y
soportes de la Vicepresidencia del servicio al cliente de la empresa de
telecomunicaciones Tigo adjunto el historial de llamadas27 así:

Con posterioridad a la audiencia inicial del proceso en curso se aportó como
prueba sobreviniente el auto del 15 de febrero de 201928 por medio del cual se
declaró la terminación del proceso disciplinario y se ordenó el archivo definitivo de
la investigación disciplinaria 5108 en contra de Carlos Eduardo Cabas Rodgers y
Alberto Mario Marín Perea -demandante- ex funcionarios, Diego Alejandro Vargas
Baez, coordinador de gestión e Isela Isabel Eguis Vásquez, profesional
universitario, adscritos para la época de los hechos investigados a la Gerencia

27 Páginas 29 a 31 del expediente digital cargado en índice 2 de Samai
28 Páginas 164 al 171 del expediente digital cargado en índice 2 de Samai

17

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

Departamental del Magdalena de la CGR y en el que se describió los
antecedentes, de la siguiente forma:

«Esta Oficina de Control Disciplinario, de oficio, tuvo conocimiento del Auto No. 299
del 25-AGO-17, por el cual la Gerencia Departamental del Magdalena de la CGR, en
ejercicio de su competencia, cerró y archivó la Indagación Preliminar Fiscal (IPF)
No. 2017-0606 sobre irregularidades planteadas en desarrollo del proceso licitatorio
que diera origen al Contrato No.617 de 2013 para el Mejoramiento de la Vía
Palermo-Sitio nuevo-Remolino-Guáimaro, en el Departamento del Magdalena
suscrito con el Consorcio Ribera Este. (fis. 1 a 15).
La mencionada indagación preliminar obedeció al traslado de un hallazgo fiscal,
identificado en SICA como 48115, encontrado en auditoría realizada al Instituto
Nacional de Vías - INVIAS, vigencia 2013 - 2016, por la Contraloría Delegada para
el Sector Infraestructura e la CGR en relación con irregularidades planteadas en
desarrollo del proceso licitatorio que diera origen al referido Contrato No.617 de
2013. (I. 4, último párrafo).
Finalmente, a folio 15, se identifica que el Auto de cierre y archivo ibídem fue
suscrito Por CARLOS EDUARDO GABAS RODGERS, como ponente y en calidad
de Gerente Departamental, y ALBERTO MARIO MARÍN PEREA, coro Contralor
Provincial, revisado por DIEGO ALEJANDRO VARGAS BAEZ, como Coordinador
de Gestión, y sustanciado por ISLA ISABEL EGUIS VÁSQUEZ, coro Profesional
Universitario
Así las cosas, el Despacho mediante Auto del 30 de noviembre de 2017
debidamente notificado, ordenó la apertura de una investigación Disciplinaría (…)»

No obstante, comoquiera que la investigación disciplinaria estuvo encaminada a
determinar el trámite desplegado durante los seis meses estipulados para la
Indagación preliminar fiscal y lo que se observó fue un desacuerdo de
interpretaciones jurídicas entre el funcionario sustanciador de la indagación
preliminar - Isela Isabel Eguis Vásquez- y los funcionarios de la Contraloría
Delegada para el sector de infraestructura -equipo auditor del hallazgo fiscal- y no
una vulneración de los objetivos misionales de la Contraloría General de la
República, y por ende la inexistencia de irregularidades en el trámite que terminó
con el archivo de la actuación fiscal, se concluyó que no existía mérito para
continuar la investigación disciplinaria. Para tal efecto se adujo que:

«1. Una vez analizado el hallazgo y las pruebas anexas, la doctora ISELA EGUIS
VASQUEZ apertura la indagación preliminar No. 173 del 05 de mayo de 2017 en la
que estableció que la imposibilidad legal de adquirir los bienes en las canteras
cotejadas por el equipo auditor en su hallazgo, fue acreditada mediante las pruebas
documentales con certificaciones de la Corporación Ambiental del Atlántico, donde
constaba que sólo hasta el 16 de febrero de 2016 quedó ejecutoriada la resolución
00379 de 1 de julio de 2015, por medio del cual se expidió la licencia ambiental de la
cantera la Fontana.
2. Durante la visita fiscal adelantada, la misma cantera "Andiminerales SAS°
certificó que para mediados de 2015 no podía suministrar material de piedra tipo
Rajón por limitaciones técnicas y logísticas para la consecución de permisos de
INDUMIL respecto de explosivos y demás.". determinándose que las canteras con
que el equipo auditor hizo la comparación de pecios del ítem de transporte de

18

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

material no podían ser utilizadas, toda vez que no gozaban de la documentación
para operar legalmente. Y es en ese aspecto donde surgieron diferencias de orden
técnico-legal entre la doctora EGUIS VASQUEZ funcionaria de la Gerencia
Departamental en calidad de sustanciadora, y el equipo que realizó la auditoría que
trataba de demostrar unos posibles sobrecostos en el Contrato de Obra Pública N°
617 de 2013, y por ende, un presunto detrimento patrimonial.
No obstante, lo anterior, este Despacho hace claridad de la aplicación del principio
de autonomía funcional del Juez, toda vez que se presume la legalidad de las
decisiones de la Gerencia Departamental del Magdalena, sin embargo, logró
establecer con el análisis de las pruebas recaudadas, que no existió ninguna
irregularidad en la sustanciación de la indagación preliminar N° ant_ip-2017-00606»

Ahora, en cuanto a las declaraciones, esta Sala precisa que pese a que en la
transcripción de las declaraciones rendidas por los testigos y el actor en la
sentencia de primera instancia -no fue in extenso-, no se advierte irregularidad
alguna o que la omisión de algunas palabras o expresiones hubieren propiciado el
cambio del sentido de la declaración, es importante lo mencionado en tanto lo que
en esta sentencia se transcribe no es la declaración completa sino lo que se
considera más relevante y ello no implica que no se hubiese valorado en su
totalidad.

Declaración de José Antonio Lafauire, dentro de la cual indicó:

«Sírvase el declarante a manifestar cual es la naturaleza del vínculo, de la
relación personal o profesión etc. que usted hubiere sostenido con el señor
Alberto Marin, de donde lo conoce. Contestado: (…) el Dr. Marín Perea Lo
conozco desde hace rato, en condición como samario que somos conozco su
familia, pero nos hicimos amigos en la Contraloría General, Gerencia del
Magdalena donde estuvimos alrededor de un año, compartiendo en la colegiada
(...) nuestro trabajo en compañía con el Dr. Carlos cabás que también hacia parte
de la colegiada que esta compuesta por 3 aquí en el Departamento del
Magdalena y fuimos sobresaltados muchas veces por la parte Nacional publica y
privadamente sobre la gestión que veníamos haciendo (…) Preguntado
manifiesta al despacho al particular qué tipo de labor desempeñada al interior de
entidad oficial el señor Alberto Mario Marín y cuál fue la fecha de vinculación (…)
y si conoce eventualmente las razones por al cuales fue removido de su cargo.
Contestado, el entró (…) en el año 2017 como febrero - marzo (…) y sobre el rol
el cómo el cómo provincial es el estudiar el reparto de los procesos que eran
repartido por la gerencia, él y yo éramos contralores provinciales y estudiábamos
los autos que teníamos que someter a las colegiadas, además de eso también
existían procesos administrativos sancionatorios con las personas que no radian
cuentas, informes en fin los que eran sujetos de control, teníamos los mismos
roles básicamente era eso, estudiar la parte fiscal de CGR. Preguntando: usted
conoce las razones eventualmente, si usted las presume o usted las conoció por
las cuales fue desvinculado de la Contraloría el referido señor Marín Perea.
Contestando: Se habla sí, yo recibí la llamada en el año 2017, recibí una llamada
del sector centra diciéndome que iban a declarar insubsistente al Dr. Cabas y que
me iban a mi a poner las funciones de gerente luego (…) si para decirle
ordenadamente porque (…) ese mismo día, así se desenvolvió es una cadena de

19

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

2 eslabones luego me que también va salir el Dr. Alberto Mario Marín de allá y
que le diera, suministrara nombre de la contraloría qui de la gerencia para que
pudiera hacer conmigo la colegiada, (…) algo que nos tomó a todos por sorpresa,
que pasó, la semana anterior yo asistí a una colegiada, donde se archivó una
indagación preliminar, esa indagación preliminar someramente le puedo decir
que constaba sobre de que sobre la Vía de la prosperidad, donde había se
hablaba de un presunto detrimento de 32.000 millones de pesos por la distancia
que existía entre donde se suministraba los (…) materiales para el teraplén de
esa vía y se justificó porque no se podía hacer con la canteras anteriores una
porque no tenía licencia ambiental y la otra porque estaba ya por vencérsele y no
se podía hacer el contrato con ella porque quedaba en lo mismo y ya la otra que
era la última quedaba a una distancia más larga y era la que ofrecía las garantías
para poder hacer las obras en el tiempo que era y por eso fue que se aumentó no
es que se haya despilfarrado esos recursos ni mucho menos sino que fue por
esos hechos que se aumentó y yo me declare impedido porque hacía de tesorero
del Departamento del Magdalena cuando se hizo se pagó el anticipo para esa
obra entonces yo me declare impedido para poder votar ahí pero como habían
otros proyectos más ahí entonces yo no podía (…) sino que escuche la
deliberación para hacer el cierre de esa IP. Estaba yo presente, es más que si no
estoy impedido también hubiera votado para que se cerrara esa indagación
preliminar. Preguntado: Dr. Lafaurie usted se haya ocupado ese cargo de
Contralor Provincial Colegiado, esa es la denominación. Contestado ese era el
cargo que yo tenía ya no estoy ahí a partir del 30 de octubre Sali de la CGR (…)
preguntado: Usted inició demanda contenciosa por su salida (...) Parte solicitante
de la prueba Preguntado: Dr. Lafaurie puede señalar (…) durante el tiempo que
compartió labores con el señor Alberto Marín como fue su desempeño. (…)
Contestando: (…) el desempeño del Dr. Era una manera correcta tal como les
había dicho antes no habían destacado (…) resultado que podía ver óptimo de
parte de él. Preguntando puede usted señalarle al despacho si luego de la salida
del señor Marín Perea (…) usted siguió en el desempeño del cargo. Contestando
(…) él nos manifestó que salió en octubre -Juez- (…) con posterioridad del Dr
Marín puede usted señalarnos a que obedeció su continuidad Contestado: bueno
yo presumo porque me declaré impedido para la votación sobre el auto que estoy
diciendo yo de la indagación preliminar, entonces, por eso es que yo no salí en
ese momento Preguntado: (…) puede usted señalarle al despacho si tiene
conocimiento de alguna situación particular que tenga algún tipo de incidencia en
el desempeño del cuerpo colegiado posterior a la decisión de archivo que se
adoptó o previa a la decisión (…) hay algún antecedente previo a esa decisión o
posterior a esa decisión con algún tipo de incidencia en el desempeño al cuerpo
colegiado Contestado; previo no, conozco lo conozco es posterior, posterior sí
que supe que previo a eso el Delegado en la Infraestructura cuando se supo lo
del cierre de la indagación preliminar no le gustó que se haya archivado, de ahí
sobrevino que le comentó al contralor general de la República como si hubiese
habido mala fe o dolo no se en ese archivo y de ahí es donde se conjetura que
viene la insubsistencia del Dr. Marín. Y del Dr. Cabas Preguntado: usted habla de
conjeturas Dr, usted le consta que ese delgado le hubiere hecho ese cometario al
contralor o sencillamente son comentarios de pasillo Contestado: Dr. Si yo le dije
no me costa, no estoy en Bogotá, sino que debido a la conversación que tuvo el
delegado de infraestructura con el Dr. Cabas, que nos comenta, viene después y
viene la decisión del contralor general Preguntado: (…) Informe si el Contralor

20

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

general ordenó la reapertura o la supervisión de una indagación preliminar o de
un proceso fiscal adelantado por la colegiada que usted integraba para la época
de los hechos Contestado: Voy a referirme a este en especial, a pesar que yo no
estaba ahí vuelvo y repito porque estaba impedido, si supe que después se
llevaron la indagación preliminar para Bogotá a ver si la se podía reabrir, cosa
que no le veía sentido (…) es más después sobrevino un proceso de control
disciplinario al Dr. Cabas y al Dr. Marín donde mucho más cabe (…) la
presunción de que si tenían ellos de que había sido de mala fe por parte de ellos
esa decisión y la cual también supe que ya había sido archivada (…) parte
demandada Preguntado: (…) Manifieste al despacho si usted era funcionario
nombrado en libre nombramiento y remoción como contralor provincial (…)
Contestado; si, claro que si el cargo de contralor el mío también era de libre
nombramiento y remoción Contestado: (…) Considera usted que dicho cargo es
un cargo de asesoría y de confianza por las capacidades y funciones que
desempeñan los contralores provinciales. (…) si se necesita un nivel de
conocimiento, de aseria y de confianza por parte de quien lo nombra para ejercer
dicho cargo Contestado; Si si, por su puesto va teniendo si si se va adquiriendo»

Declaración de Carlos Eduardo Cabas Rodgers, dentro de la cual señaló:

«Preguntado De donde conoce usted a Alberto Mario Marín Perea y que tipo de
vínculo o de relación sostiene o ha sostenido con el referido señor Contestado: Con
el Dr Alberto Mario nos conocimos en la Contraloría General de la República,
cuando yo fungí como gerente departamental y el cómo contralor provincial
integramos la gerencia o la terna colegiada de la departamental del Magdalena,
entre (…) comienzos 2017 hasta el día 08 de septiembre por el cuales fuimos
declarados insubsistentes (…) ese mismo año Preguntado; manifieste al despacho
si usted eventualmente en la calidad por usted referida participó en la adopción de
una decisión a través de la cual se dispuso el archivo de una indagación preliminar
y en particular una distinguida con los literales ANTP_IP-201700505 en caso
afirmativo indique al Tribunal el objeto y motivación de la decisión referida
Contestado: si en efecto, el Dr. Alberto Marín Perea y yo tramitamos y adoptamos la
decisión que derivó el en archivo de la indagación preliminar antecedente 606 de un
item del mencionado del proyecto de la vía la prosperidad que consistía en el
presunto sobrecosto del acarreo de los materiales de construcción inicia ello en el
periódico una vez lo vi o en la prensa que salió este hallazgo rimbombante como en
diciembre de 2016 y como en marzo o en abril de 2017, nos llegó por competencia
el hallazgo para proceder ya sea la apertura de indagación preliminar de proceso
ordinario de proceso verbal o incluso el archivo de una antecedente pues cuando
uno vislumbra que no da pie para ninguno de esos en un acta cuando no le ve
fundamento al referido hallazgo, aperturamos y le dimos inicio a la indagación
preliminar, yo como presidente de la colegiatura y como ponente del mismo, avizoré
y con la experiencia de 10 años en temas de control fiscal, pues que el hallazgo no
tenía los elementos para aperturar proceso y tenía una serie de debilidades, por lo
cual indiciarnos indagación preliminar que derivó en auto de archivo 299 del 25 de
agosto de 2017, básicamente porque el hallazgo se refería a que habían comprado
los materiales de construcción unas canteras más lejanas o en unas fuentes más
lejanas del proyecto y eso derivo en que toco pagar más por unos presuntos
sabrecostos por eso item de acarreo de material, cuando analizo el hallazgo cuando
me llega veo que hay una justificación que incluso desde el proceso auditor había

21

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

sido referido por la entidad auditada diciendo que las canteras más cercanas con las
que hacen las comparaciones, no tenían ni las licencias ambientales ni de Indumil, y
por consecuente hay un objeto existiría un objeto ilícito y una imposibilidad jurídica
de adquirir esos bienes y servicios ahí, es más, si los contratantes y contratistas
tuvieran una ley que les permitirá tramitar dichas licencias ambientales o de indumil
entonces por omisión hubiese tenido unas consecuencias fiscales, pero esto no está
permitido esto le compete obviamente al representante legal y al dueño de las
licencias, eso fue lo que nunca se entendió al nivel central y lo que derivó en la
insubsistencia abrupta del Dr Marín y mi persona. Preguntado: Usted estima que
esa insubsistencia se derivó por virtud de ese auto de archivo, es alguna conjetura
apreciación personal o si evidentemente existe algún tipo de documento algún tipo
de versión a efectos de poder establecer con exactitud esa aseveración. Contestado: Pues es jamás (…) es bastante complicado que un acto de
Insubsistencia exprese realmente esos motivos no están expresados, pero como se
derivó la salida está en mi criterio más que demostrado el asunto por qué? la fecha
es del viernes 25 de agosto a las 04;30 pm generalmente hacíamos las colegiadas
jueves o viernes, esa vez la hicimos un viernes porque viajábamos el lunes a los
Juegos deportivos nacionales de la contraloría, expedimos el auto de archivo
durante esa semana la semana siguiente entre al 27 de agosto al 01 de septiembre
no hubo trabajo porque estábamos en una delegación y todas las delegaciones en
melgar en los juegos deportivos nacionales,(…) el 04 de septiembre entre las 08: 30
a 09:00 am como quien dice el primer día hábil prácticamente después de expedido
el auto de archivo, recibo una llamada a mi celular del contralor delegado
Infraestructura de la época el Dr. Julián Polonia donde me manifiesta su rechazo, su
repudio abrió comillas de su hallazgo y que se lo iba saber al contralor y que me
atuviera a las consecuencias, (…) le expliqué en derecho por que el señor es
arquitecto, Dr si las diferencia son estas y estas pero obedece a una debida
justificación y el señor no lo entendió y efectivamente (…) el 08 de septiembre
llaman al Dr Lafeurie, estábamos incluso presentes en la oficina (…) haciendo
colegiada que hacemos todos los viernes (…) y cuando contesto la llamada vimos
en su rostro la expresión de asombró y nos manifiesta la insubsistencia parte de
eso, no solamente este hecho sino que el mismo día llega un oficio de la Contraloría
delegada de investigaciones donde solicitan la supervisión del expediente una figura
administrativa que está enmarcada en la Resolución No. 5500 de 2003 (…) es una
figura que no se utiliza jamás nunca en los 2 años y más que estuve yo en la
gerencia como presidente de la colegiatura, jamás, ordenaron del nivel central una
supervisión a una actuación administrativa posteriormente a eso ah la insubsistencia
únicamente fue para el Dr. Marín y para mi persona, el Dr Lalaurie que se había
declarado impedido (…) y no adopto la decisión pues extrañamente no fue
declarado insubsistente.

Posteriormente a la supervisión encaminada hacia una
reapertura, (…) la delegada de investigaciones le encomienda al delegado de
infraestructura que revise lo del hallazgo y el 30 de noviembre se lo asigna al mismo
funcionario al mismo ingeniero que detectó el hallazgo, y éste el mismo 30 de
noviembre, dice me reitero en mi hallazgo y con eso, ese mismo día nos aperturaron
la investigación disciplinaria que si usted revisa el auto de apertura de la
investigación disciplinaria, que esta oficina ósea de control interno disciplinario en
Bogotá de oficio conoció el auto de apertura por medio del cual se cierra la
indagación preliminar 606, y que y que más? no dice más, y oh sorpresa es el 30
de noviembre la misma fecha en que el funcionario se reitera en su hallazgo y en
que el Dr Polania tiene el informe de reiteración y con ese no solamente nos

22

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

ordenaron la apertura del disciplinario sino que sirvió de prueba para reaperturar la
investigación preliminar que ya estaba archivada, indagración preliminar que dice el
artículo 17 de la ley 610, puede ser reaperturarda con nuevamente con nuevas
pruebas y este nuevo informe entre comillas no nuevo informe como bien lo
expresa el mismo delegado y el mismo auditor es una reiteración del informe de
auditoría del hallazgo, ósea, si ellos perdieron competencia de su auditoria donde
vigilan y dicen este es un hallazgo y ya pasa donde deciden de manera procesal
que no es como efectivamente se evidencio pues no puede nueva hacer toda esta
cantidad de actos encaminados a la reapertura, y donde se muestra el reprocho que
derivo no solamente en la insubsistencia sino que derivo también en la reapertura
de la indagación preliminar ya en un proceso, aparte de eso, este año cerraron el
proceso disciplinario y concluye categóricamente que lo que hubo fue una errónea
interpretación entre la delegada infraestructura y la colegiada, perdón una
discrepancia y la delegada infraestructura a nivel central y la gerencia departamental
del Magdalena y enfatiza que no estaban dados los elementos del daño ni para
responsabilizar al gestor fiscal y dándonos la razón a nosotros y que la actuación
que nosotros adelantamos fue ajustada a la constitución y a las leyes. Preguntado:
(…) sírvase manifestar al despacho si usted promovió algún tipo de acción
contenciosa en contra de su acto desvinculatorio en caso afirmativo en donde cursa
esa actuación. Contestado: Si señoría, yo inicialmente entendiendo las dinámicas de
estos cargos pues no quería promover ninguna acción (…) sin embargo una vez me
aperturaron el disciplinario tome la decisión de hacerlo y cursa en este tribunal (…)
en el despacho de la Dra. María Victoria Quiñonez. La parte actora preguntado: (…)
Como fue recibida la decisión de archivo que usted adopto (…) como recibió el nivel
central la decisión de archivo que adoptó el cuerpo colegiado, la gerencia colegiada
del Magdalena que usted integraba y de la cual hacia parte de igual forma el señor
Marín. Contestado: Evidentemente fue tomada con repudio con rechazo puesto que
la delegada de infraestructura, que es la que detecta el presunto detrimento
patrimonial, aquí quiero hace un paréntesis, presunto detrimento patrimonial que ya
había sido debatido en auditorias anteriores que obran en el expediente
concluyendo que no hay daño patrimonial, nuevamente auditaron (…) bueno fue con
rechazo con repudio con desagrado como me lo manifestó telefónicamente el
delegado de Infraestructura y por los hechos que acabo de relatarle al señor
magistrado se evidencia el inconformismo absoluto que hasta investigación
disciplinaria nos adelantaron a mí y al Dr Marín y al coordinador y al sustanciador de
la misma decisión que son funcionarios de carrera administrativa (...) Preguntado: a
que obedeció la continuidad en el desempeño por parte del Dr Lafaurie. Contestando: evidentemente siguió en el desempeño del cargo porque el no signo el
auto de archivo (…) esa es la única razón. (…) Preguntando: (…) puede usted
señalarnos en que tipo de eventos procede dicha supervisión.

Contestando: no no
se contempla ningún evento en particular simplemente es una potestad otorgada a
través de una resolución orgánica a la contraloría delegada de investigaciones para
que vigile los grupos o las actuaciones que ellos tienen (…) esa supervisión la
ordenaron precisamente a las 3 de la tarde del 8 de septiembre 2 horas después de
haber sido declarados insubsistentes (…) Parte demandada Preguntando (…)
quisiera que le manifestara al despacho cuáles son esas dinámicas del cargo [a las
que se refirió] que usted considera Contestando: cuando yo inicie en la CGR
averigüe cuanto es el tiempo que dura más o menos los gerentes y duran 7 meses,
1 año, 6 meses es mas desde mi desvinculación han pasado 4 gerentes (…) cuando
me declararon insubsistente dure 2 años y 2 meses (…) más allá de saber y

23

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

entender porque había sido la declaratoria de insubsistencia inicie [acción] (…) ya
cuando me abren el disciplinario lo considere demasiado cruel (…) Preguntando:
(…) manifiesta usted que los contralores provinciales y gerentes departamentales
duran un periodo de 6 o 7 meses (…) manifieste al despacho sí o no si esto se debe
a la naturaleza del cargo desempeñado. Contestando: (…) es muy extraño que 2
colegiados los declaren insubsistente la misma fecha. Preguntando: (…) Para usted
cuales son las características del cargo de libre nombramiento y remoción.
Contestado (…) Comprenden una facultad discrecional del nominador, pero esa
potestad discreciona debe estar basada en unos principios de razonabilidad,
racionalidad y proporcionalidad por eso es que estoy acá y por eso es que también
interpuse mi demanda».

Declaración de Elvira Margarita de Luque, en la que dijo:

«Preguntado: (…) Diga al Despacho si usted conoce al señor Marín que grado de
vinculación, de nexo la une con el y además se sirva mencionar al despacho las
eventuales razones por las cuales fue declarado insubsistente el referido señor por
parte de la CGR Contestado Al Dr Marín lo conocí como funcionaria de la
Contraloría cuando se presentó que se había posesionado como Contralor
provincial de la Contraloría General el de la gerencia, lo conocí ahí, porque siendo
de la misma ciudad no lo había tratado hasta el día que llego a las oficinas y pues
conozco de él que trabajo por unos términos de unos meses en la Contraloría como
contralor provincial tratándose de los trabajos misionales lo que es responsabilidad,
indagaciones, auditorias, el comportamiento del señor fue bien, de la insubsistencia
si fue sorpresiva porque fue muy pronta no duro mucho tiempo en la Contraloría.
Preguntado: los conoce los motivos de la insubsistencia Contestado: bueno no,
conoci que ellos tuvieron como que fue una decisión, pero lo comentaban en los
pasillos, tomaron una decisión dentro de una indagación preliminar y que eso
parece ser que eso no fue del agrado del nivel central, pero hasta ahí, pero como un
comentario general de pasillo. Parte solicitante de la prueba Preguntado Señora
Elvira habida cuenta de lo ya relatado puede usted explicarle al despacho que
recuerda del proceso de desvinculación del señor Alberto Marín. Contestando:
Como enlace de talento humano a mi llega todas las novedades al correo, en el
mediodía que declararon insubsistente que no me acuerdo muy bien la fecha
llegaron las insubsistencias a mí me sorprendió por cómo le comento él no tenía
mucho tiempo en la Contraloría llegue en la tarde a las 2, porque fue en el mediodía
que llego a mi correo la misivas donde declaraban insubsistente y pues de una vez
procedí porque también al mismo tiempo se comisiono a otro funcionario para la
posesión del mismo pero si fue bastante sorpresivo por el poco tiempo que tenía el
señor Marín en la entidad. Preguntando: De conformidad a lo relatado puede usted
señalarle al Despacho si luego de la salida del señor Alberto Marín como Contralor
provincial el Doctor José Antonio Lafaurie miembro del cuerpo colegiado siguió en el
desempeño del cargo. Contestado: Si el asumió y asumió las funciones de gerente,
a él le dieron las funciones de gerente ese día de la insubsistencia porque es que
ese mismo día se generó la insubsistencia del gerente, del contralor provincial y del
gerente, de los dos funcionarios de la colegiada, la colegiada lo componen 3, 2
contralores y 1 gerente y ese día había quedado también la gerencia y a él le
asignaron las funciones de gerente. Preguntado: Tiene usted conocimiento a que
obedeció la continuidad del Doctor Lafourie Contestado. Conocimiento como tal de
porque continuo el a si no, pero si los comentarios decían que era porque era el

24

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

único que no firmo la decisión que se había tomado dentro de la indagación
preliminar, como le comento eso era lo que decía la gente allá de porque habían
ocurrido Los cambios. Preguntado: Previo a la decisión de desvinculación del señor
Alberto Marín y a la luz de su desempeño del cargo que usted desempeña tiene
usted conocimiento de alguna situación en particular relacionada o con algún tipo de
incidencia en el desempeño del cuerpo colegiado. Contestado: Era una colegiada
muy buena, venían actuando muy bien, tan bien que recibían elogio del nivel central
cada vez que llamaban por eso es que es sorprendente que hicieran los
movimientos porque todo el tiempo decía que estaban trabajando muy bien esa
colegiada, los tres funcionarios en esos momentos, entonces sí, cuando se dieron
los hechos fue sorprendente del cambio. Preguntando Señora Elvira tiene usted
conocimiento de algún motivo que conllevara la insubsistencia por parte del Señor
Contralor general de la República en contra del señor Marín. Contestado: No, no
conozco los motivos de porque se declaró insubsistente el contralor en su divina
potestad decide, lo que se comentó vuelvo y le repito que era por una decisión que
no compartía el nivel central que se había tomado en la regional eso es lo que
comentan, pero lo que es no conozco los motivos. Parte demandada Preguntado:
Señora Elvira una pregunta muy concreta usted comento que es abogada de
profesión y trabaja en talento humano en la Contraloría quisiera que le manifestara
al Despacho desde su conocimiento cuales son las características y naturaleza que
para usted tiene los cargos de libre nombramiento y remoción. Contestado
Concepto particular los cargos de libre nombramiento y remoción en mis 28 años de
servicios es eso libre nombramiento y remoción. cuando están nombrados y
mañana si el superior considera que no, tiene la potestad de decidir si sigue con ese
grupo o no sigue con el funcionario, o sea, es potestad del que nombro esa es mi
opinión».

En el Interrogatorio de parte Alberto Mario Marín Perea expresó lo siguiente:

Se concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demanda para que se
sirva hacer uso de su derecho de interrogar al accionante. Preguntado: (…) Sírvase
manifestar al Despacho si conocía usted la naturaleza del cargo que ocupó al
momento de ingresar a la Contraloría General de la República. Contestado: (…)
Conocía que era un nombramiento de libre nombramiento y remoción. Preguntado:
Por favor manifieste al Despacho si conoce usted cual es la naturaleza de los
cargos en libre nombramiento y remoción. Contestado: Dentro de la Contraloría
General de la República Departamental del Magdalena estaban los tres contralores,
el Gerente y los dos provinciales (…) Preguntado: -aclare el interrogante- Cuándo yo
me refiero a la naturaleza es a las condiciones por medio de los cuales envuelven
los cargo de libre nombramiento y remoción en particular su nombramiento,
condiciones, características, esas circunstancias jurídicas. Contestado: Si claro, si
las conocía, que podía ser así como había sido nombrado, podía ser destituido en
cualquier momento por parte del Contralor quien fue el que me contrato (…) y así de
la misma manera en cualquier momento podía ser retirado del cargo. Preguntado:
De acuerdo a su respuesta manifieste al Despacho si conocía usted sí o no sobre la
discrecionalidad que tiene el nominador frente al retiro en el cargo. Contestado: Si
claro. Preguntado: Conocía usted de acuerdo a lo que manifiesta que ese cargo es
un cargo de confianza y dirección por lo tanto quisiera que le manifestara al
Despacho si tenía usted conocimiento que de acuerdo a esa confianza, dirección y
asesoría que se brinda frente al Contralor General de la República el mismo podía

25

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

disponer del cargo en el momento en que lo considerara oportuno. Contestado: Si
claro, tenía previo conocimiento de eso, dado de que yo me posesioné ante al
mismo Contralor General de la República en el Despacho en Bogotá el mismo me lo
hizo saber, mas no quiere decir que me sacaran de la forma como fui destituido la
forma abrupta como salí de la Contraloría es lo que yo pues reclamo en estos
momentos es lo que estoy pidiendo de que se haga justicia y se me exalte el
nombre ya que me lo opacaron una vez salí de la Contraloría General de la
República. Preguntado: De acuerdo a su respuesta quisiera precisar un poquito más
al Despacho su intención, lo que yo veo es que usted quiere es más un
resarcimiento a su buen nombre por las actuaciones de la Contraloría o por el retiro
del cargo. Contestado: la verdad es que como me toma de sorpresa la
desvinculación mía de la Contraloría porque se venía desarrollando una labor
netamente de bien una labor exaltable y a uno le queda el sin sabor de ser retirado
de la forma abrupta como se hizo por la emisión de un fallo y siempre esta uno,
como que, porque tomaron esa decisión cuando las cosas se manejaron de la mejor
forma posible y se estaba trabajando con honestidad, entonces, siempre le queda a
uno como el malestar. Preguntado: Tiene algo más que aclarar, adicionar o
enmendar a su declaración. Contestado: Bueno su señoría como le ratificaba aquí al
Doctor, hasta el momento pues lo que ha sido un poco incómodo es la forma en
cómo me retiraron de la Contraloría, (…) porque bien se sabe que es un cargo de
libre nombramiento y remoción y que el Contralor está revestido para tomar decisión
de retirarme en cualquier momento, creo y estoy casi seguro que no fue la mejor
forma porque a bien uno labora con todos los principios para ser tenido en cuenta y
uno mismo y de todas maneras este es el pago que le dan uno cuando lo retiran de
una institución como es la Contraloría».

En atención a que el actor aludió en el concepto de violación como causal de
nulidad de la resolución ordinaria 81117-000-02953 del 8 de septiembre de 2017,
la desviación de poder, es necesario precisar sobre el particular que la expedición
del acto administrativo con desviación de las atribuciones propias de quien lo
profirió, es entre otras, una causal de nulidad establecida en el artículo 137 del
CPACA y esta Corporación29 ha definido este vicio como:

«[…] la desviación de poder es el vicio que afecta la finalidad del acto administrativo,
bajo el entendido, que el fin que este persigue configura un requisito que hace a su
legalidad y que debe hallarse en el marco de la función administrativa y del
ordenamiento jurídico; de manera que este vicio, tal como se anticipó en apartado
precedente, se reconoce cuando se está ante la presencia de una intención particular,
personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la administración, pero en la
búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe someterse, tal como la
finalidad inherente al buen servicio, […]»

De manera que, al invocarse esta causal, es al interesado a quien le corresponde
la carga de demostrar que el acto administrativo tuvo una intención diferente del

29 Sección segunda, Subsección A sentencia del 26 de septiembre de 2012 Rad. 19001-23-31-000-

2001-01047-01(0407-10) C.P. Gustavo Gómez Aranguren, reiteración, entre otras, en sentencia
del 24 de marzo de 2022 Rad. 25000-23-42-000-2015-00913-01(3645-2019) C.P. Gabriel
Valbuena Hernández.

26

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

buen servicio o de las finalidades previstas en las normas que debían aplicarse, y
de tal forma llevar al juez a la plena convicción de que así ocurrió30.

Así, en los actos administrativos derivados de la facultad discrecional, como el que
declara la insubsistencia de un nombramiento en un cargo de libre nombramiento
y remoción, aun cuando esta causal no es fácil de comprobar, por cuanto obedece
a presupuestos subjetivos o personales del nominador, si es posible, y le
corresponde al interesado desvirtuar la presunción de legalidad del acto de retiro
demostrando el verdadero propósito con la expedición del acto administrativo y
que este resulta distante o ajeno a los del mejoramiento del servicio.

Pues bien, bajo la anterior premisa y luego de apreciar tanto los testimonios
rendidos como las demás pruebas allegadas al proceso, la Sala frente a los
cargos expuestos en el recurso de apelación considera que:

Primero, frente al cargo expuesto por el actor consistente en la desnaturalización
de la potestad nominadora discrecional convertida en mecanismo de retaliación y
represalia administrativa en su contra, principalmente, porque el 25 de agosto de
2017 emitió, como miembro de la Gerencia Departamental Colegiada del
Magdalena, el Auto a través del cual se ordenó archivar la indagación preliminar
ANT_IP-2017-00606, -asunto asignado para sustanciación a Isela Eguis Vásquez,
Profesional Universitario adscrita al Grupo de Investigaciones Julios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena y a
Carlos Eduardo Cabas Rodgers, Gerente Departamental en calidad de Directivo
Ponente y de Conocimiento-, y entre este hecho y la declaratoria de insubsistencia
el 8 de septiembre del mismo año hay un límite corto de tiempo, la Sala advierte
que no se logró demostrar que existiese una relación -o conexión, entre los
supuestos fácticos descritos, puesto que a pesar de que los testimonios refieren
que esta fue la razón para su desvinculación, no logran acreditar, más allá de sus
suposiciones, que se configuró una desviación de poder y que el retiro sí obedeció
a móviles personales.

Por ejemplo José Antonio Lafaurie, en su declaración, al preguntársele si conoce
las razones eventuales o las presume por las cuales fue desvinculado el actor,
adujo a que SE HABLA de su desvinculación y aunque hace referencia a la
decisión adoptada en la colegiada sobre la indagación preliminar precitada no
especificó o hizo mención alguna sobre porqué considera o presume su conexión
con la desvinculación del actor, asimismo, indicó que previo a este asunto no le
constaba que hubiese un antecedente o incidencia sobre el cuerpo colegiado, y
que el conocimiento de la conversación y sus términos entre Carlos Eduardo
Cabas Rodgers y el delegado de la infraestructura atañen al comentario realizado
por su compañero de colegiada.

30 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2011 Rad. 17001-23-31-000-

2003-01412-02(0734-10) C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

27

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

Aunado a lo anterior, el conocimiento, trámite y decisión de archivo de la
indagación preliminar correspondió al ejercicio propio de las funciones del actor
como miembro de la Gerencia Colegiada Departamental del Magdalena, en
calidad de contralor provincial, como muchos otros asuntos en los que de acuerdo
con las competencias asignadas en el ejercicio de su cargo debió haber ejecutado
en el transcurso del desempeño de su labor.

Valga agregar que la resolución orgánica 6541 de 2012 de la Contraloría General
de la República, en su artículo 23, dispuso:

«Sustanciación de Indagaciones Preliminares en el Nivel Desconcentrado. Las
Gerencias Departamentales Colegiadas en el nivel desconcentrado podrán designar
para la sustanciación en las Indagaciones Preliminares a profesionales del Derecho
pertenecientes a la planta de la Contraloría General de la República.
El conocimiento, trámite y decisión de las Indagaciones Preliminares será
competencia de los Directivos Colegiados quienes tendrán la dirección integral de
las mismas.
El funcionario sustanciador dará el respectivo impulso a las indagaciones
preliminares y deberá proyectar los autos, siguiendo los lineamientos trazados por el
Directivo Ponente de la Gerencia Departamental Colegiada que dirige la actuación,
bajo la coordinación del funcionario designado para tal fin.
Dichos autos serán suscritos por el funcionario de conocimiento, o por la colegiatura
según sea el caso; no obstante, la sustanciación y revisión de las decisiones será
acreditada con la firma de los funcionarios que desempeñaron esos roles».

En este sentido, la Sala no desconoce que la adopción de las decisiones de las
indagaciones preliminares está en cabeza de los directivos colegiados, esto es del
gerente y los 2 contralores provinciales, según distribución realizada por el
contralor general de la República, como en efecto se observa en el auto de archivo
de indagación, su sustanciación fue asignada mediante oficio 2017IE0034379 a
Isela Eguis Vásquez, y su revisión correspondió a Diego Alejandro Vargas Báez, -
funcionarios que de acuerdo con la declaración de Carlos Cabas eran de carrera
administrativa- quienes de una u otra manera intervinieron en la actuación que
adujo el actor ocasionó su retiro y contra quienes no existe prueba o por lo menos
no se advierte de las allegadas al proceso hubiesen sido objeto de alguna medida
-salvo la apertura de investigación disciplinaria que más adelante se hará
referencia-, que dilucidara retaliación en su contra. En este punto, quedaría el
interrogante de porqué no tomar medidas también contra quienes participaron en
dicha actuación. Con todo, no se desconoce la inmediatez entre los hechos
alegados por el actor, no obstante, no resulta suficiente para encontrar acreditada
la conexión entre uno y otro y que el retiro tuviera como causa la decisión
adoptada en la indagación.

Segundo, frente al retiro simultáneo de los funcionarios que adoptaron el auto de
archivo y su conexidad con dicha decisión, pese a que este supuesto podría
considerarse como un indicio, no se logró acreditar, con certeza, el vicio de
nulidad alegado y tampoco desvirtuar que la desvinculación de estos funcionarios

28

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

obedeciera al mejoramiento del servicio, puesto que, aunque en el recurso de
apelación se señaló que la adopción de la decisión de retiro por su carácter
discrecional podía darse en momentos y escenarios diferentes, nada impedía al
nominador hacerlo de forma consecutiva y menos, que este hecho otorgara
certeza de que la decisión se derivaba de la misma razón y que fue producto de la
desviación de poder.

Tercero, el hecho de que José Antonio Lafaurie continuara vinculado a la
Contraloría General de la República porque al momento en que se emitió el Auto
de archivo de indagación, se declaró impedido y en consecuencia no participó en
la decisión, es una circunstancia que no puede ser considerada como un indicio
para efectos de anular el acto administrativo demandado, en la medida en que
como el mismo José Antonio lo manifestó al responder a la pregunta «puede
señalarnos a que obedeció su continuidad? Contestado: bueno presumo porque me
declaré impedido para la votación para el auto que dije de la indagación preliminar, por
eso fue que no salí en ese momento», es una simple presunción al igual que lo
manifestado por Elvira de Luque frente a este hecho, suposición en la que también
cabe que, este, pudo haber continuado en su cargo porque el nominador
consideraba que era un funcionario con el que se mejoraba el servicio de la
entidad.

Cuarto, sobre los términos de la llamada telefónica del contralor delegado Julián
Polonia a Carlos Eduardo Cabas Rodgers si bien este último en su testimonio a la
pregunta «Usted estima que esa insubsistencia se derivó de ese auto de archivo, es
alguna apreciación personal o evidentemente existe alguna clase de documento o de
versión a efectos de poder establecer con exactitud esa aseveración», contestó «Pues es
bastante complicado que un acto de insubsistencia exprese realmente esos motivos pero
como se derivó la salida este en mi criterio más que probado el asunto, porque? porque la
fecha es del viernes 25 de agosto a las 04:30 pm, generalmente hacíamos las colegiadas
jueves o viernes, esa vez la hicimos viernes porque viajábamos el lunes a unos juegos
deportivos nacionales, durante esa semana siguiente entre el 27 de agosto al primero de
septiembre no bubo trabajo porque estábamos en una delegación y todas las
delegaciones en melgar, el 4 de septiembre entre las 08:30 a 09:00 am como quien dice
el primer día hábil luego del auto, recibo una llamada del Contralor de Infraestructura de la
época Dr. Julián Polanía donde me manifiesta su rechazo, su repudio de su hallazgo y se
lo iba a hacer saber al contralor y que me atuviera a las consecuencias, le expliqué en
derecho, porque el señor es arquitecto, que las diferencias se debía a una debida
justificación, y efectivamente el 8 de septiembre llaman al señor Lafaurie, estábamos
presentes haciendo colegiada que hacíamos todos los viernes y cuando contesto la
llamada vimos en su rostro la cara de asombro y nos manifiesta la insubsistencia (…)».

También lo es que para sustentar lo dicho se allegó la respuesta emitida por el
director de activaciones y soporte de la Vicepresidencia de servicio al cliente de la
empresa TIGO, en la cual consta la línea telefónica a nombre de Carlos Eduardo
Cabas Rodgers y se relaciona el historial de llamadas del día 4 de septiembre de
2017, en la que se advierte que recibió 2 llamadas en el rango de tiempo
mencionado en la declaración de los teléfonos 3003791036 (Tigo) a las 8:52 con

29

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

una duración de 34 segundos y 3209641072 (Claro) a las 8:59 con una duración
de 614 segundos, pero, más allá del mencionado documento no obra prueba que
alguna de que las citadas líneas estén a nombre de Julián Polania y menos aún
del contenido de la conversación, en este sentido, si bien la declaración de Carlos
Eduardo Cabas Rodgers es valorada a instancias no consta otro sustento que
refuerce y permita al juez la convicción plena frente a este hecho.

Ahora, tampoco hay certeza de que las líneas de celular de las que el testigo
recibió las llamadas en el rango de tiempo indicado en la declaración, sean líneas
personales o corporativas y tampoco se indica de qué manera la Contraloría
General hubiera podido tener acceso a dicha información para suministrarla al
proceso y refutar lo dicho como lo exige el demandante además de que tampoco
se solicitó prueba alguna para acceder a dicho contenido.

Quinto, en cuanto al atentado y coerción a la autonomía de la Gerencia Colegiada
del Magdalena en la toma de sus decisiones se indica que es una afirmación sin
sustento probatorio alguno, puesto que no se demostró que el actor hubiera
recibido presión alguna para emitir la decisión de archivo de indagación preliminar
y para ejercer las funciones de su cargo en sentido contrario a derecho, pues, así
se refiere de las declaraciones rendidas dentro de la audiencia de pruebas.

Además, de conformidad con la resolución orgánica 6541 de 2012 de la
Contraloría General por medio de la cual se fija la competencia en el nivel
desconcentrado de la misma y su conformación por las gerencias departamentales
colegiadas en cada uno de los departamentos se hace referencia a que el
conocimiento, trámite y decisión de las indagaciones preliminares es competencia
de los directivos colegiados quienes tienen la dirección integral, no obstante, lo
anterior no puede interpretarse de forma aislada de lo que implica el nivel
desconcentrado de la Contraloría General de la República, en lo que se refiere el
artículo 8 del Decreto 489 de 1998:

«Desconcentración administrativa. La desconcentración es la radicación de
competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del
organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de
orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la
Administración, la cual no implica delegación y podrá hacerse por territorio y por
funciones.»

En este sentido, la competencia de los directivos de las gerencias
departamentales en materia de indagación preliminar fiscal corresponde a la
dirección integral del conocimiento, trámite y decisión la que se ejerce sin perjuicio
de las potestades y deberes de orientación e instrucción que ejercen los jefes
superiores, y ello no implica coerción en la toma de las decisiones a cargo de las
directivas, que valga reiterar y por estar relacionado, precisamente estas
decisiones son tomadas por personal nombrado en empleos cuya naturaleza son
de libre nombramiento y remoción, puesto que son cargos de confianza del

30

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

nominador para el cumplimiento de los fines constitucionales y legales de las
entidades del Estado.

Sexto, se debe indicar que la existencia de mecanismos de supervisión del control
fiscal no es contraria o excluye el ejercicio de la potestad discrecional del
nominador frente a los empleos de libre nombramiento y remoción. Sobre el
particular el objeto de la responsabilidad fiscal, de acuerdo con el artículo 4 de la
Ley 610 de 2000 es «el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público
como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal
mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por
la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada
caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función
administrativa y de la gestión fiscal». Y para asegurar su objetivo, entre otros, se
puede por ejemplo dar reapertura luego de proferido el auto de archivo de
indagación preliminar si aparecen o se aportan nuevas pruebas que acrediten la
existencia de un daño patrimonial al Estado o la responsabilidad del gestor fiscal,
o se demuestre que la decisión se basó en prueba falsa; también se estableció el
grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de
los derechos y garantías fundamentales que procederá cuando se dicte auto de
archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con
responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un
apoderado de oficio; o como lo indica el actor, la supervisión de las labores de las
dependencias y funcionarios encargados de la indagación preliminar o proceso de
responsabilidad fiscal y de las actuaciones que estos adelantan, potestad, respeto
de la que no se señaló causal alguna para que proceda, mecanismos que
propenden el efectivo ejercicio de control fiscal y que no tienen relación con la
potestad nominadora y que se traduce para los empleos de libre nombramiento y
remoción en que la persona que ha de ocupar un empleo de tal naturaleza puede
ser nombrada y también desvinculada por quien tiene la facultad de hacerlo de
acuerdo con la confianza depositada para el desempeño de estos cargos.

Séptimo, el hecho de que se haya adelantado una investigación disciplinaria en
contra del demandante por hechos acaecidos con ocasión del trámite de la
indagación preliminar no demuestra la ilegalidad del acto administrativo
cuestionado, porque, la acción disciplinaria es una potestad sancionadora ejercida
por las autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los
distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los sujetos disciplinables,
que se puede iniciar y adelantar de oficio y que es procedente aunque el servidor
público ya no esté ejerciendo funciones públicas, en consecuencia, si bien como
se lee del acto de terminación del proceso disciplinario, la investigación estuvo
encaminada a establecer el trámite desplegado durante los meses dispuestos para
la indagación preliminar ANT_IP-2017-00606 que finalizó con archivo, ello no
demuestra la ilegalidad del acto de insubsistencia ni que su móvil fue la citada
actuación preliminar, aunado a que la apertura de investigación disciplinaria fue
con posterioridad al retiro del actor y su finalidad es la buena marcha de la gestión
pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del

31

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

Estado en relación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan
en peligro, de lo que se entiende y así como refirieron los declarantes el presunto
hallazgo fiscal fue un asunto rimbombante que atrajo la atención incluso de los
medios de comunicación, mas aún el deber de la oficina de control disciplinario de
adelantar las investigaciones a su cargo y que finalmente fue archivada ante la
ausencia de irregularidad en la sustanciación de la indagación preliminar.

Octavo, de las declaraciones rendidas no se logra desvirtuar que la desvinculación
de estos funcionarios hubiese obedecido al mejoramiento del servicio, o que en
otras palabras este hubiese desmejorado, estas aseveraciones son simples
apreciaciones sin soporte probatorio y contrario a lo manifestado en el recurso de
apelación, de la declaración de Elvira como enlace de talento humano y así lo
indica en su declaración no hizo referencia al desmejoramiento del servicio, a que
indicadores de gestión disminuyeron y en todo caso tampoco se demostró que por
el cargo que ella ocupaba, por lo menos al momento de los hechos tuviera
conocimiento de acuerdo con sus funciones el conocimiento de tales afirmaciones
que se reiteran constan en el escrito de apelación pero no se advierten de la
declaración, contrario a ello, la declarante menciona que una vez conoció de la
insubsistencia procedió en lo que le correspondía porque «al mismo tiempo se
comisionó a otro funcionario para la posesión del mismo».

En cuanto al cumplimiento de las funciones en forma eficiente por parte del actor,
ha sido reiterada la jurisprudencia en el sentido de que la reunión de estas
condiciones, si bien constituyen garantía para el buen servicio, no restringen el
ejercicio de la potestad discrecional toda vez que existen diversos motivos, tales
como el grado de especial confianza, que facultan al nominador para declarar
insubsistentes a los altos funcionarios, por tratarse de sus más cercanos
colaboradores, lo cual no implica la descalificación del servidor público, ni el
desconocimiento de sus gestiones y el cumplimiento de sus funciones, en tanto, el
cumplimiento de un deber funcional y la facultad de libre nombramiento y remoción
no se excluyen ni son contrarias entre sí y menos implica una sanción, reproche o
retaliación contra el servidor que ejerció su cargo como se esperaba.

En conclusión, los cargos de libre nombramiento y remoción están destinados a la
dirección y conducción de las entidades oficiales y, en tal contexto, los referentes
que gobiernan la provisión y retiro no pueden ser otros diferentes de la confianza y
lealtad, enmarcada en la afinidad funcional e ideológica que permita definir y
ejecutar de manera mancomunada las políticas de aquellas hacía el mismo
propósito.

Noveno, se hizo referencia en el recurso de apelación al indebido uso de los
mecanismos de supervisión del control fiscal, sin embargo, no se expone porqué
su uso fue indebido y solo indicó que es un indicio más de la desviación de poder,
sin embargo, la Sala colige que es un mecanismo dispuesto en la resolución
orgánica 6541 de 2012 que procede para realizar labores de seguimiento y
supervisión a las dependencias y funcionarios encargados, entre otros, de la

32

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

indagación preliminar sin que exista una causal específica de procedencia e
incluso causal alguna de excepción de aplicación puesto que además no les es
oponible reserva alguna; ahora, si bien como advierten las declaraciones no es de
uso común no se exime que la norma lo contiene y que el contralor delegado para
investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva o el funcionario que este
designe pueda hacer uso de él, como en efecto ocurrió por parte de Soraya
Vargas Pulido, quien en calidad de contralora delegada de investigación y tenía
asignada dicha facultad lo hizo, sin que se avizore un desvío de poder.

Y finalmente, sobre el precedente administrativo y fundamento jurídico en derecho
de la decisión de archivo de indagación preliminar ANT_IP-2017-00606 adoptada
por la colegiada del Magdalena, adicionalmente a lo ya expuesto, se debe agregar
que en esta instancia no se está discutiendo o controvirtiendo si la mismas fue
adoptada en derecho, contrario a ello la Sala coincide con el demandante cuando
afirma que está investida de legalidad y en tanto no se demostró que fuera este el
motivo o móvil de la declaración de insubsistencia del nombramiento del actor, no
hay razón para discutir lo que en su momento la colegiada consideró un
precedente administrativo para adoptar la decisión en cuestión.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la resolución ordinaria
81117-000-02953 del 8 de septiembre de 2017, expedida por el contralor general
de la República, mediante la cual se declaró la insubsistencia del nombramiento
del actor en el cargo de contralor provincial en la Gerencia Departamental del
Magdalena, grado 01 no se encuentra incursa en la causal de nulidad de
desviación de poder, en tanto de la valoración de las pruebas e indicios
presentados en el trascurso del proceso no se llegó a la convicción plena de que
así hubiese ocurrido, motivo por el cual se confirmará en su integralidad la
sentencia recurrida que denegó las súplicas de la demanda.

4. Costas

Sobre el particular, la norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal.».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y

33

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.31

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP,
esta Sala no condenará en costas a la parte vencida en esta instancia, en atención
a que en el trámite no se observa que se hayan causado, ni que las partes hayan
desplegado un actuar temerario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 21 de octubre de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que denegó las pretensiones de la demanda en el
proceso promovido por Alberto Mario Marín Perea contra la Contraloría General de
la República, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

31En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

34

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00084-01(2258-2021)
Demandante: Alberto Mario Marín Perea

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

35

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.