Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06760-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06760-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06760-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
2 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06760-01
Demandante: Carlos Socarras Bertiz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06760-01
Demandante: CARLOS SOCARRAS BERTIZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Temas: Contra sentencias que denegaron pretensiones en proceso de
nulidad y restablecimiento. Insubsistencia de cargo de libre
nombramiento y remoción
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el demandante contra la sentencia del
5 de febrero de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, que resolvió:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Carlos Alberto
Socarras Bertiz por respecto (sic) del defecto fáctico y el sustantivo, de acuerdo con las razones
señaladas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por Carlos Alberto Socarras Bertiz en lo
relacionado con el desconocimiento del precedente alegado, por los argumentos expuestos.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 7 de noviembre de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y a través de
apoderada, Carlos Socarras Bertiz pidió la protección de los derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del
29 de julio de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que confirmó la
decisión de denegar pretensiones de nulidad del acto administrativo que declaró
insubsistente el nombramiento del señor Socarras Bertiz como subdirector grado II del
Centro de Comercio y Servicios de la Regional Bolívar del SENA.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Tutelar el DERECHO FUNDAMENTAL al debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia, Igualdad y Derecho de Defensa del señor CARLOS SOCARRAS
BERTIZ, que fueron vulnerados por la sentencia judicial emitida el día 29 de julio de 2022 y
notificada mediante correo electrónico el día 04 de mayo de 2023 por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR – SALA DE DECISIÓN 005 dentro del medio de control de
Nulidad y Restablecimiento de derecho, radicado No. 13001-33-33-008-2013- 00458-01.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLÍVAR – SALA DE DECISIÓN 005, que deje sin efectos la sentencia judicial emitida el día 29
de julio de 2022 y notificada mediante correo electrónico el día 04 de mayo de 2023 por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR – SALA DE DECISIÓN 005 dentro del medio de
control de Nulidad y Restablecimiento de derecho, radicado No. 13001-33-33-008-2013-00458-
1 Índice 1 de Samai
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Demandante: Carlos Socarras Bertiz
01 y prefiera nueva decisión en la que se valoren los hechos de la demanda y las pruebas
aportadas, relacionadas con el desconocimiento de la prueba indiciaria como medio de prueba
para acreditar la desviación de poder en actos administrativos.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
Mediante Resolución No. 00679 de 30 de marzo de 2012, el SENA abrió convocatoria
para ocupar el cargo de subdirector, grado II, del Centro de Comercio y Servicios de
la Regional Bolívar.
Mediante Resolución No. 01477 de 2012, el SENA designó al demandante en el cargo
de subdirector de centro, grado 02, del centro de comercio y servicios y tomó posesión
el 1º de agosto de 2012.
Mediante Resolución No. 739 del 24 de mayo de 2013, el SENA declaró insubsistente
el nombramiento del señor Socarras Bertiz.
3.2. Actuación judicial
Carlos Alberto Socarras Bertiz presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en el SENA para que se declarara la nulidad de la Resolución No. 739 del 24
de mayo de 2013. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara el
reintegro y pago de los salarios y prestaciones causadas desde la desvinculación.
La demanda se adelantó bajo el radicado 13001-33-33-008-2013-00458-00 y
correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena, que, por sentencia del
9 de septiembre de 2015, denegó las pretensiones de la demanda. Explicó que el
demandante no demostró que el acto hubiera sido dictado con desviación del poder,
que, por el contrario, se ajustó al ordenamiento porque el demandante ocupaba un
cargo de libre nombramiento y remoción que permitía el retiro del servicio en ejercicio
de facultades discrecionales.
Inconforme con la decisión, el señor Socarras Bertiz apeló y el Tribunal Administrativo
de Bolívar, en sentencia del 29 de julio de 20222, la confirmó, básicamente por las
mismas razones del a quo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en
los siguientes vicios:
Defecto fáctico debido a que el Tribunal Administrativo de Bolívar valoró de manera
indebida las pruebas que servían como antecedentes del acto administrativo que
declaró la insubsistencia y omitió valorar de manera integral las pruebas documentales
y testimoniales que daban cuenta de los actos previos a la declaratoria de
insubsistencia que demostraban la desviación del poder.
En concreto, señaló que existían documentos y testimonios que demostraban que el
demandante fue objeto de persecución laboral, porque no le fue entregado a tiempo
el celular y vehículo asignados al cargo, que fue desligado de las funciones de
contratación y talento humano, le fueron abiertas investigaciones disciplinarias y
2 Notificada por correo electrónico del 4 de mayo de 2023
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auditorías especiales tras denunciar hechos de aparente corrupción en la
contratación, y que fue denunciado por supuesto acoso laboral.
Que, de haber valorado las pruebas de forma debida e íntegra, el tribunal demandado
habría concluido que el SENA incurrió en desviación del poder al declarar
insubsistente al señor Socarras Bertiz, porque el retiro obedeció a razones ajenas al
buen servicio.
Que, en todo caso, cuando se alega desviación del poder el juez debe acudir a la
prueba indiciaria ante la inexistencia de prueba directa. Que de haberse realizado la
inferencia lógica de la prueba indiciaria se hubiese constatado el hilo conductor entre
las denuncias de corrupción, las retaliaciones contra el señor Carlos Socarras Bertiz
y la declaración de insubsistencia y, de nuevo, se hubiera concluido que la declaratoria
de insubsistencia no fue producto del buen servicio y la autonomía que goza la
administración pública para disponer de los cargos de libre nombramiento y remoción,
sino producto de retaliaciones propias de la desviación de poder.
Defecto sustantivo porque el Tribunal Administrativo de Bolívar no acudió a la prueba
indiciaria prevista en el artículo 242 del C.G.P. Que, ante la inexistencia de un medio
probatorio directo, se debe acudir a los medios probatorios indirectos y el
convencimiento de esa prueba está supeditado a la convergencia de múltiples indicios
que permitan inferir lo desconocido a través de un nexo lógico con los hechos
probados.
Desconocimiento del precedente pues, según el demandante, en un caso de
circunstancias análogas, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B3,
declaró la configuración de la desviación del poder como causal de nulidad del acto
administrativo que declaró insubsistente a un empleado de libre nombramiento y
remoción tras considerar que las circunstancias que rodearon la situación anterior a
la insubsistencia constituían indicio serio de que lo pretendido no era el mejoramiento
del servicio, sino sancionar al demandante. Que esa sentencia era aplicable al caso
del señor Carlos Socarras Berniz.
5. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar, ponente de la decisión
cuestionada, pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional. Explicó que la acción de tutela estaba
siendo usada como una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, pues los argumentos coincidían con los que ya fueron objeto de estudio
por parte de ese tribunal.
El Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela porque las sentencias dictadas dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho no adolecen de ninguno de los defectos
alegados.
La directora del SENA Regional Bolívar solicitó que se declarara improcedente o se
denegara la solicitud de amparo.
Que la tutela no cumplía ninguno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial y lo que se advertía era que la parte actora
pretendía continuar con el debate ya resuelto en el proceso ordinario.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de febrero de 2011, Exp. 25000-23-25-000-
2002-00492-01, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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En cuanto a los defectos alegados por el señor Socarras Bertiz, dijo que no se
configuraban porque la sentencia cuestionada fue dictada conforme con las normas y
jurisprudencia aplicables junto con las pruebas aportadas al proceso que no lograron
desvirtuar la legalidad del acto demandado.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 5 de
febrero de 2024, declaró improcedente la acción de tutela respecto de los cargos de
defecto fáctico y sustantivo y denegó lo relacionado con el desconocimiento del
precedente.
Explicó que los argumentos expuestos en el defecto fáctico no cumplían con el
requisito general de relevancia constitucional porque pretendía revivir un debate ya
resuelto por el juez natural. Que las pretensiones relacionadas con el defecto
sustantivo no cumplían el requisito de subsidiariedad porque el demandante pudo
pedir en el proceso ordinario que se utilizara la prueba indiciaria para probar la
desviación del poder y no lo hizo, luego la acción de tutela no es el mecanismo para
subsanar oportunidades procesales vencidas.
Finalmente, señaló que no se configuraba el desconocimiento del precedente, pues
en la providencia invocada como desconocida se demostró que la insubsistencia fue
consecuencia de la calificación que el subdirector hizo a una empleada y que se negó
a modificar y esa situación difería de la demandante.
Uno de los magistrados que integró la sala de decisión aclaró voto en el sentido de
señalar que las pretensiones relacionadas con el defecto fáctico si cumplían con el
requisito de relevancia constitucional. Que el hecho de que los argumentos
coincidieran con los expuestos en el recurso de apelación del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho no era suficiente para declarar la falta de cumplimiento
de ese requisito.
Que, por lo tanto, el cargo debió ser estudiado de fondo y denegado, porque el tribunal
demandado no omitió valorar el material probatorio aportado al proceso, ni incurrió en
valoración arbitraria de las pruebas. Que, por el contrario, explicó que la sola
existencia del proceso disciplinario no implicaba que la declaratoria de insubsistencia
hubiera sido motivada por una desviación de poder y que los testimonios solo daban
cuenta de que el actor había tenido algunos pleitos con otros funcionarios y que había
sido denunciado por acoso laboral.
7. Impugnación
La parte demandante impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera
instancia. Para el efecto, reiteró de manera integral los argumentos y defectos
desarrollados en el escrito de tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Carlos
Socarras Bertiz para dejar sin efectos la sentencia del 29 de julio de 2022, dictada por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, que confirmó la decisión de denegar
pretensiones de nulidad del acto administrativo que declaró insubsistente el
nombramiento del señor Socarras Bertiz como subdirector grado II del Centro de
Comercio y Servicios de Regional Bolívar del SENA.
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La Sala anticipa que confirmará de sentencia impugnada por cuanto los cargos
relacionados con los defectos fáctico y sustantivo no cumplen con el requisito general
de relevancia constitucional ni tampoco se configuró el desconocimiento del
precedente.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los
requisitos específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se
analizan cuando se han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-
15-000-2020-05131-006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios
para determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado
argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de
amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se
propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v)
que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de la solicitud de amparo, la Sala advierte que los cargos formulados
por el demandante relacionados con los defectos fáctico y sustantivo por no declarar
probada la desviación del poder coinciden con los argumentos expuestos en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Básicamente, en el proceso
ordinario y en la acción de tutela, el señor Carlos Socarras Bertiz insiste en que era
procedente declarar la nulidad de la Resolución No. 739 del 24 de mayo de 2013, que
declaró insubsistente el nombramiento del actor en el cargo de subdirector grado II del
Centro de Comercio y Servicios de la Regional Bolívar del SENA.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 9 de septiembre de 2015, dictada por el Juzgado Octavo Administrativo
de Cartagena, (resumido en la providencia de segunda instancia) se lee lo siguiente:
(…)
La parte demandante adujo, en resumen, que el a-quo no estudió a profundidad el cargo de
desviación de poder propuesto contra el acto administrativo acusado, pues no analizó todos los
medios de pruebas aportados que, a su juicio, demostraban el cargo de nulidad alegado.
Adujo que la demandada, abusando de la figura de la discrecionalidad y bajo la supuesta mejoría
del buen del servicio, lo declaró insubsistente al considerarlo un obstáculo para los directivos del
4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
6 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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nivel regional y nacional del SENA, quienes, durante más de 10 años, cometieron actos de
corrupción, sin que existiera un funcionario que se opusiera a dichos actos.
Las decisiones de la Dirección Nacional fue una retaliación en su contra, pues previo a la
declaratoria de insubsistencia se le iniciaron 5 investigaciones disciplinarias, e incluso lo
investigaron por tomar medidas contra los funcionarios que cometían actos de corrupción, tales
como los señores Oscar Ocampo y Jaime Torrados.
(…) iniciaron en su contra cinco procesos disciplinarios en menos de nueve meses de gestión y
todos ellos con posterioridad a las censuras por actos de corrupción realizadas en contra de otros
funcionarios.
A juicio del actor, todas las actuaciones descritas fueron actos de persecución en su contra, y
como no pudieron demostrarle irregularidades en el ejercicio de su cargo, lo declararon
insubsistente del mismo, lo que constituye desviación de poder.
Alegó que el A-quo no tuvo en cuenta los testimonios rendidos en el proceso, que dieron cuenta
de los actos de corrupción de la entidad.
Por su parte, en la acción de tutela, el actor alega que las pruebas documentales y
testimoniales que obraban en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
demostraban la configuración de la desviación del poder como causal de nulidad del
acto administrativo demandado.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
en providencia del 29 de julio de 2022, que, en lo que interesa, consideró: Al proceso se allegaron pruebas documentales que dieron cuenta de las gestiones y desempeño
del actor en el cargo de subdirector el centro de comercio y servicios del SENA durante el tiempo
en que estuvo ejerciendo el cargo, así́ como distintas quejas ante director general del SENA en
las que exponía situaciones irregulares al interior de la regional. Para probar el vicio de desviación de poder en el que supuestamente incurrió́ la parte
demandada, alegó que en su contra se iniciaron varios procesos disciplinarios con posterioridad
a las denuncias realizadas por actos de corrupción en contra de otros funcionarios y que incluso
fue desvinculado cuando uno de dichos procesos se encontraba en etapa de investigación.
(…) Tal como lo ha manifestado la jurisprudencia del Consejo de Estado, la actuación
disciplinaria y la facultad discrecional son figuras jurídicas independientes, autónomas y
reguladoras de aspectos diversos de la ley, por lo tanto, no es posible sobreponer la acción
disciplinaria sobre la facultad discrecional; pero lo que sí se debe hacer es llevar el proceso
disciplinario en forma independiente, tal como ocurrió́ en el presente asunto.
• Por otro lado, se tiene que el Consejo de Estado ha señalado que el cumplimiento de metas, la
identificación de hallazgos, y el conocimiento de los mismos ante las autoridades competentes,
respecto del cumplimiento de las funciones en forma eficiente, si bien constituyen garantía para
el buen servicio, no restringen el ejercicio de la potestad discrecional toda vez que existen
diversos motivos, tales como el grado de especial confianza, que facultan al nominador para
declarar insubsistentes a los altos funcionarios, por tratarse de sus más cercanos colaboradores,
lo cual no implica la descalificación del servidor público. La idoneidad para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las funciones, no otorgan por
sí solo a su titular permanencia en el cargo, puesto que lo normal es el cumplimiento de los
deberes que la Constitución y la ley exigen del funcionario. La noción de buen servicio no se contrae exclusivamente a las calidades laborales del servidor,
sino que comprende aspectos de conveniencia y oportunidad, cuyo análisis corresponde al
nominador. Para que el cargo de desviación de poder prospere como causal de nulidad del acto de
insubsistencia, debe soportarse en pruebas pertinentes y suficientes, con la contundencia
necesaria para que no quede duda de que la motivación del acto fue diferente al buen servicio,
o de que con la vinculación de otro servidor en el mismo cargo se generó́ o generará -con certeza,
una desmejora del servicio público, situación que no se aprecia dentro del asunto. Para efecto de probar la desviación de poder, se recaudaron los testimonios de los señores
German Torres Aguilar y María del Pilar García. El primero de ellos afirmó ser representante
estudiantil para época de los hechos, pero no dio cuenta de las razones por la que se declaró́ la
insubsistencia; contrario a ello, señaló́ que se sorprendió́ con la expedición de dicho acto, porque
el demandante “era una persona que hacía bien su trabajo”. La segunda testigo, quien alegó ser
contratista de la dependencia del demandante, si bien dio cuenta de los problemas que tuvo el
demandante con otros funcionarios por la entrega de un celular y de una camioneta, así́ como
de las funciones de contratación del demandante que habían sido delegadas a otra funcionaria,
y de las auditorías realizadas a las gestiones del demandante, lo cierto es que esas
circunstancias no dan cuenta de la supuesta desviación de poder imputada al acto acusado, pues
tal como se señaló́ , las razones de confianza deben así́ mismo ser consideradas por el nominador
junto con la garantía del buen servicio.
El material probatorio aportado no da cuenta con certeza que el acto que declaró insubsistente
el nombramiento del demandante, fue expedido por razones distintas al buen servicio público.
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Todos los actos administrativos gozan de presunción de legalidad; por ello, corresponde al
demandante desvirtuar dicha presunción, con pruebas contundentes que den cuenta que el
mismo se profirió́ con razones diferentes al buen servicio, lo cual no ocurrió́ en el presente caso.
La prueba de que el demandante presentó quejas y denuncias por presuntas irregularidades y
corrupción en la cafetería del SENA - Sede Ternera, procesos de contratación sin cumplimento
de requisitos legales y su oposición a ceder a otra funcionaria algunas de las funciones de
contratación propias de su cargo, no permite inferir que su desvinculación se haya efectuado con
fines de retaliación, o con desviación de poder, pues ningún hecho concreto se probó para
sustentar tales cuestionamientos contra la legalidad del acto acusado.
Aunque el actor manifestó́ que su desvinculación se produjo en virtud del acoso laboral sufrido
por razón de sus quejas y denuncias en defensa de los intereses del SENA lo cierto es que no
se acreditaron hechos constitutivos del mismo, y tampoco que el actor hubiera hecho uso de las
herramientas legales orientadas a defenderse de él en caso de sufrirlo. Por el contrario, lo que
se probó es que el 23 de enero de 2013 la señora Eliana Margarita Vitola Ferrer expuso ante el
comité́ de convivencia laboral del SENA, situaciones que calificó como presunto acoso laboral
por parte del actor (fs. 690 – 693), denuncia que por supuesto la Sala no toma como prueba de
los hechos en que se fundó la denuncia contra el actor, y si hace mención de ellos es para resaltar
la ausencia de pruebas que respaldaran el cargo de nulidad en que se fundó la demanda.
De acuerdo con el principio onus probabdi, previsto en el artículo 167 del C. G. P., incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen, y el demandante no demostró́ los hechos constitutivos de desviación de poder que
alegó en la demanda; y no encuentra la Sala razones para exigir que se hubiera distribuir la carga
de la prueba de manera distinta en el presente caso.
Se concluye que no se demostró́ que el acto acusado estuviera viciado de nulidad, por el
contrario, al tratarse de un empleo de libre remoción, el nominador podía disponer libremente del
mismo en virtud de su facultad discrecional.
Como se ve, se trata de argumentos con los que el señor Carlos Socarras Bertiz
pretende continuar el debate jurídico que planteó en el proceso ordinario para
determinar si era procedente o no declarar la nulidad del acto administrativo que
declaró insubsistente su nombramiento.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo
constitucional. La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos
fundamentales, y no puede utilizarse como instancia adicional de los procesos
ordinarios.
Finalmente, en cuanto al desconocimiento de la sentencia del 3 de febrero de 2011,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, la Sala encuentra
que no se trata de un caso análogo al del demandante, pues los supuestos fácticos
en torno a los cuales giraron las controversias son diferentes.
En efecto, en ese caso en particular, el demandante probó a través de documentos y
testimonios que existía conexidad entre la declaratoria de insubsistencia y la
calificación de servicio realizada por este a una inferior jerárquica. En concreto, en esa
providencia se concluyó que:
Las anteriores pruebas integralmente analizadas, son las que desvirtúan la presunción de
legalidad del acto acusado, por haberse configurado la desviación de poder en su expedición; a
juicio de la Sala, las circunstancias que rodearon la situación anterior a la insubsistencia,
constituyen indicio serio de que lo verdaderamente pretendido por el Instituto Nacional de Pesca
y Agricultura, no fue el mejoramiento del servicio, sino sancionar al demandante por la calificación
satisfactoria que profirió a favor de una funcionaria sindicalizada.
Para la Sala, las especiales circunstancias probatorias de ese proceso fueron las que
condujeron al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, a tener por
probada la desviación del poder. Sin embargo, como se vio, en el caso del señor
Socarras Bertiz, las autoridades judiciales que estudiaron el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho no consideraron que el demandante hubiera probado la
configuración de la desviación del poder.
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Demandante: Carlos Socarras Bertiz
Sobre la prueba de la desviación del poder en casos de declaratoria de insubsistencia
de cargos de libre nombramiento y remoción, la Sección Segunda del Consejo de
Estado en pronunciamientos recientes ha señalado:
(...) al invocarse esta causal, es al interesado a quien le corresponde la carga de demostrar que
el acto administrativo tuvo una intención diferente del buen servicio o de las finalidades previstas
en las normas que debían aplicarse, y de tal forma llevar al juez a la plena convicción de que así
ocurrió.
Así, en los actos administrativos derivados de la facultad discrecional, como el que declara la
insubsistencia de un nombramiento en un cargo de libre nombramiento y remoción, aun cuando
esta causal no es fácil de comprobar, por cuanto obedece a presupuestos subjetivos o
personales del nominador, si es posible, y le corresponde al interesado desvirtuar la presunción
de legalidad del acto de retiro demostrando el verdadero propósito con la expedición del acto
administrativo y que este resulta distante o ajeno a los del mejoramiento del servicio 7.
(…) Sin embargo, en virtud de la presunción de legalidad que cobija a los actos administrativos,
le corresponde a quien alega la nulidad del acto que declara la insubsistencia del nombramiento,
demostrar sin asomo de duda, que se produjo a partir de motivos que nada tienen que ver con
el mejoramiento del servicio.
Así lo ha señalado esta corporación, en los siguientes términos:
«Tratándose de presunciones de ley, el hecho presumido se entiende ocurrido y la contraparte tiene la
carga de la prueba de hechos contrarios que desvirtúen su ocurrencia.
Para el caso presente, el hecho presumido es que la motivación de la insubsistencia, se orientó por
razones del buen servicio y debe el demandante -que considere que ello no ha ocurrido-, demostrar en
el proceso, con suficiencia, que la verdadera motivación del acto discrecional obedeció a razones ajenas
y diferentes al buen servicio, que por ser tales, constituyen una desviación del poder que la ley otorga
el funcionario nominador.
Ahora bien, para que la desviación del poder pueda entenderse acreditada como vicio del acto de
insubsistencia discrecional, tratándose de un empleado que ocupa un cargo de libre nombramiento y
remoción, debe soportarse en pruebas pertinentes y suficientes, con la contundencia necesaria para
que no quede duda de que la motivación del acto fue diferente al buen servicio; o de que el cambio de
empleado generó o generará -con certeza-, una desmejora del servicio público. Solo así se puede
aceptar – causal o consecuencialmente-, que ocurrió una desviación del poder del nominador, situación
que no es la del presente proceso.
Los testimonios recaudados, por no ser prueba directa del hecho, carecen de la contundencia exigida
tal como lo considera el salvamento de voto a la sentencia del a quo; y los documentos aportados sobre
reconocimientos hechos al actor con anterioridad a la insubsistencia, por falta de pertinencia, pueden
considerarse como un simple indicio. No se observa prueba alguna dirigida a demostrar -
consecuencialmente- la desviación del poder, acreditando que quien reemplazó al demandante en el
cargo tenía condiciones de formación, experiencia o actitud inferiores a las de éste, o acreditando que
efectivamente el servicio disminuyó su eficiencia o eficacia con el cambio de funcionario.
Cuando en un proceso judicial se aduce un hecho que pretende desvirtuar una presunción legal, dicho
hecho debe estar debida y suficientemente probado para que produzca el efecto pretendido. Esta
situación se hace especialmente rigurosa tratándose de empleados que ocupan cargos señalados en
las normas, como de libre nombramiento y remoción para los cuales, el ejercicio de la facultad
discrecional le permite al nominador designar a personas que considera idóneas para la realización de
ciertas funciones (facultad discrecional de nombramiento); y cuando no lo son, autoriza al empleador
para reemplazarlos por otras personas cuya capacidad, idoneidad y eficiencia se adecuen a los
requerimientos institucionales (retiro discrecional)» 8.
Siendo así, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Bolívar no incurrió en
desconocimiento del precedente aplicable al caso porque la decisión se ajustó a la
jurisprudencia vigente sobre la prueba de la desviación de poder en caso de
declaratoria de insubsistencia de empleos de libre nombramiento y remoción, esto es,
que corresponde al demandante demostrar que la insubsistencia tuvo lugar por
motivos diferentes al mejoramiento del servicio.
En la sentencia del 29 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar analizó
las pruebas aportadas al proceso y concluyó que el demandante no había logrado
probar la configuración de la desviación del poder y, por lo tanto, no desvirtuó la
legalidad del acto demandado.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de septiembre de 2023, Exp. 47001-23-33-
000-2018-00084-01(2258-2021), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de febrero de 2023, Exp. 76001-23-33-000-
2012-00046-01 (2216-2015), C.P. Gabriel Valbuena Hernández
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06760-01
Demandante: Carlos Socarras Bertiz
Lo anterior es suficiente para confirmar la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos Socarras Bertiz por
los cargos de defecto fáctico y sustantivo y denegó las pretensiones relacionadas con
el desconocimiento del precedente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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