Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00297-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00297-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2018-00297-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
1 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., primero (1.°) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00297-01 (0807-2021)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandado: Miguel Ángel Núñez Viana
Temas: Acto de reconocimiento de la pensión de vejez.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 5 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Magdalena por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, la Administradora Colombiana de Pensiones3
presentó una demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución
GNR 023265 del 4 de marzo de 2013 mediante la cual dispuso el reconocimiento y
pago de la pensión de vejez en favor de Miguel Ángel Núñez Viana.
1 Folios 1 a 24.
2 En adelante CPACA.
3 En adelante Colpensiones.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00297-01 (0807-2021)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) ordenar al demandado a la devolución de las sumas pagadas por
concepto de mesada pensional, indexadas, a partir de la fecha en que fue incluido
en nómina y; ii) disponer el reconocimiento de la prestación social de manera
compartida, de conformidad con lo regulado en el Acuerdo 049 y el Decreto 758
de 1990.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes4:
• Miguel Ángel Núñez Viana nació el 20 de noviembre de 1939.
• La Electrificadora del Magdalena S.A. E.S.P.5 reconoció a favor del demandado
pensión de jubilación desde el 1 de mayo de 19786. La prestación fue sustituida
por la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.7 desde el 16 de agosto de 1998.
• El Instituto de los Seguros Sociales, en la Resolución 23265 del 4 de marzo de
2013, le otorgó la pensión de vejez a partir del 10 de enero de tal año, por
haber completado 1.117 semanas de cotización.
• Mediante el Oficio 2016-5638027 del 3 de junio de 2016, Colpensiones le
solicitó a la empresa Electricaribe S.A. E.S.P. copia del documento a través del
cual reconoció la pensión de jubilación. La entidad no lo aportó.
• Colpensiones, por medio del Radicado 2016_8103891 del 15 de julio de 2016
notificado el 28 de los mismos mes y año, requirió la revocatoria directa de la
Resolución 23265 del 4 de marzo de 2013 sin que se otorgara el
consentimiento para ello.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 48 y 128 de la Constitución Política; 19 de
la Ley 4 de 1992; 13 literal j) de la Ley 100 de 1993; 17 de la Ley 549 de 1999; las
leyes 33 de 1985, 797 de 2003 y 1437 de 2011; y los artículos 12, 18 y 20 del
Acuerdo 049 de 1990; 5 del Decreto 813 de 1994 y 6 del Decreto 1730 de 2001.
4 Folios 9 a 11.
5
También se referirá a ella en esta sentencia como Electromagdalena S.A.
6 No informa a través de qué acto administrativo.
7 Se conocerá en la providencia como Electricaribe S.A. E.S.P.
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Radicado: 47001-23-33-000-2018-00297-01 (0807-2021)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos8:
• Por mandato de los artículos citados del Acuerdo 049 de 1990 y del Decreto 813
de 1994, a los empleadores que se encontraran registrados en el Instituto de los
Seguros Sociales9 y que reconocieron la pensión de jubilación extralegal a sus
trabajadores a partir del 17 de octubre de 1985, les correspondía seguir
efectuando las cotizaciones hasta que dichos servidores cumplieran con los
requisitos para adquirir la pensión del régimen legal; a partir de ese momento la
entidad de previsión social asumiría el pago de la prestación.
• De acuerdo con los artículos 128 de la Constitución Política y 19 de la Ley 4 de
1992 nadie puede recibir dos asignaciones financiadas con recursos del tesoro
público. Su compatibilidad está condicionada a que el derecho prestacional se
hubiese consolidado antes del 17 de octubre de 1985, conforme con lo regulado
por el Acuerdo 029 de 1985.
• La pensión de jubilación extralegal de Miguel Ángel Núñez Viana se causó antes
de la fecha referida; sin embargo, se vulneró la ley al computar el tiempo que se
tuvo en cuenta para otorgar la pensión extralegal también para el reconocimiento
de la pensión de vejez ordinaria legal.
1.2. Contestación de la demanda
Miguel Ángel Núñez Viana contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones
con fundamento en las siguientes razones:
• Le asiste el derecho a recibir la pensión de jubilación extralegal y la de vejez
porque la primera la adquirió antes del 17 de octubre de 1985.
• Falta a la verdad la entidad al afirmar que con igual tiempo de cotizaciones se
reconocieron ambas pensiones, puesto que la reconocida por la Electrificadora del
Magdalena E.S.P. y hoy pagada por Electricaribe S.A. E.S.P. es de carácter
convencional y se paga de sus propios recursos y no con lo recaudado por
aportes, como sí lo hace Colpensiones con la pensión de vejez.
8 Folios 12 a 20.
9
También se referirá a este en la sentencia como ISS.
10 Folios 97 a 105.
3
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
• Contrario a lo aseverado por la demandante, las cotizaciones hechas fueron por
1.327,83 semanas, por lo que fue esta la que reconoció la pensión de vejez en un
monto inferior al que correspondía.
• La pretensión de Colpensiones de que se ordene la « compartibilidad» de pago de
la pensión y que se devuelvan los dineros recibidos contraviene los principios de
confianza legítima y buena fe.
• Propuso las excepciones de «Buena fe» y «derechos adquiridos» según las cuales
la pensión de vejez se obtuvo de conformidad con los requisitos de la ley y es
compatible con la pensión extralegal, al tener fuentes de financiación distintas.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Magdalena en sentencia del 5 de febrero de 202011,
denegó las pretensiones de la demanda.
Para tal efecto, se pronunció en estos términos12:
• En el presente caso no era aplicable la figura jurídica de la «compartibilidad»
regulada en el Acuerdo 049 de 1990, porque la pensión de jubilación extralegal se
causó el 1 de mayo de 1978, esto es, antes del 17 de octubre de 1985. Por tanto,
«[n]o comprende el Tribunal» el argumento de la entidad en el que afirmó que no era
posible computar para el reconocimiento de la pensión de vejez el tiempo cotizado
para obtener la pensión convencional.
• Las pensiones reconocidas son compatibles, según lo ha considerado la Corte
Suprema de Justicia al analizar la compartibilidad y la compatibilidad pensional, al
indicar: «[…] ante el hecho de que los trabajadores pueden ser beneficiarios de
pensiones extralegales y simultáneamente acreedores de la pensión de vejez la ley reguló
la forma como a partir del 17 de octubre de 1985 operaría la subrogación de la
obligación».
1.4. El recurso de apelación
Colpensiones interpuso recurso de apelación13 y expuso como argumentos para la
revocatoria de la sentencia los siguientes:
11 Folios 227 a 233.
12 Folios 476 a 481.
13 SAMAÍ. Índice 2.
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
• El acto administrativo demandado debe ser anulado porque Miguel Ángel Núñez
Viana no acreditó los requisitos para obtener la pensión de vejez. Si bien esta
prestación es compatible con la de jubilación extralegal concedida por parte de la
Electrificadora del Magdalena E.S.P., para su reconocimiento se tuvo en cuenta el
tiempo cotizado que ya había sido computado para esta última, lo que es contrario
a la ley.
• El a quo, en su análisis, debió partir del supuesto de que en el presente caso no
se determinó la «compartibilidad pensional», por cuanto no se estableció cuál fue el
pacto o convenio al que llegó la empresa con el demandado para reconocerle la
pensión. En tal sentido, no es posible saber si este cumplió con los requisitos que
se fijaron en tal instrumento jurídico antes del 17 de octubre de 1985.
• Por los anteriores argumentos, el reconocimiento de la pensión de vejez
contravino el artículo 48 Constitucional que dispone la garantía de la estabilidad
financiera del sistema pensional, así como el artículo 128 ibidem.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
1.5.1. Parte demandante
Colpensiones reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación14.
1.5.2. Parte demandada
La parte demandada no se pronunció15.
1.6. El Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio16.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer de la presente controversia, por
tratarse de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad
14 SAMAÍ. Índice 15.
15 Constancia secretarial. Folio 248.
16 Ibidem.
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
de lesividad cuyo conocimiento compete a la Jurisdicción de lo Contencioso-
Administrativo, con independencia del tema de que se trate. Así lo definió la Corte
Constitucional al examinar el conflicto de competencias suscitado entre esta y la
jurisdicción ordinaria en casos similares al aquí estudiado17.
Al respecto, la Corte precisó que los artículos 97 y 104 del CPACA establecen una
cláusula especial de competencia para la Jurisdicción de lo Contencioso-
Administrativo para conocer de las demandas de nulidad que interpone la
administración en contra de un acto administrativo propio y, que solo esta es la que
tiene la facultad para decidir sobre su nulidad, incluso en eventos en los que la
administración demanda aquellos actos que versan sobre asuntos laborales o de la
seguridad social. La Corte justificó lo anterior en tres razones:
«Primero, la cláusula general de competencia de la jurisdicción ordinaria, en su
especialidad laboral y de la seguridad social, en principio no comprende la facultad
de declarar la nulidad de actos administrativos. Segundo, la jurisdicción de lo
contencioso administrativo debe conocer todas las acciones de lesividad contra
actos administrativos que estén “sujetos al derecho administrativo”, con
independencia de la materia sobre la que estos actos versen, dado que en estas
acciones se debaten “intereses propios de la administración”. Tercero, la acción de
lesividad “no tiene una naturaleza autónoma, lo que implica que para ejercerla se
debe acudir a las acciones contenciosas de simple nulidad o de nulidad y
restablecimiento del derecho” las cuales deben ser tramitadas ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo»18.
2.2. El problema jurídico
Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
• ¿Miguel Ángel Núñez Viana tiene derecho a que en el cómputo de las semanas
de cotización que exige el Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión de
vejez se le cuenten las aportadas por la Electrificadora del Magdalena S.A. antes
de 1978 o, por el contrario, ello contraviene la prohibición del artículo 128
Constitucional por haberse reconocido una pensión convencional por el tiempo
trabajado antes de ese año?
17 Sala plena de la Corte Constitucional. Auto 532 del 19 de agosto de 2021. Conflicto negativo de
competencia entre jurisdicciones-contencioso administrativo laboral y ordinaria laboral.
18 Ibidem.
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2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Prohibición constitucional de recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público
El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 prohibió recibir dos sueldos del
Tesoro público, con las salvedades que fijara la ley. Por tal virtud, el Decreto 1713
de 1960, en su artículo 1, reglamentó que las asignaciones no pueden provenir del
erario o de «instituciones en que tenga parte principal el Estado». A su vez, fijó cuatro
excepciones, sin incluir en ellas la posibilidad de recibir las pensiones de jubilación
y de vejez financiadas con recursos públicos de manera simultánea19.
En concordancia con lo anterior, el Decreto 1848 de 1969, en su artículo 77, regló
en lo relativo a las pensiones que «[…] El disfrute de la pensión de jubilación es
incompatible con la percepción de toda asignación proveniente de entidades de derecho
público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta,
cualesquiera sea la denominación que se adopte para el pago de la contraprestación del
servicio salvo lo que para casos especiales establecen las leyes y en particular el Decreto
1713 de 1960 y la Ley 1a. de 1963».
También el artículo 32 del Decreto 1042 de 1978 se refirió a la prohibición
constitucional y fijó otras excepciones, dentro de las cuales tampoco incluyó la
posibilidad de que los servidores públicos recibieran las pensiones antes aludidas
de forma concurrente, salvo lo relacionado con los miembros de la Fuerza
Pública20.
La Constitución Política de 1991 no varió la prohibición referida y en su artículo
128 regló que «[n]adie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones
en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados
por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y
el de las descentralizadas». La Corte Constitucional aclaró que el término
19 Las excepciones definidas en la norma fueron las siguientes: «… a) Las asignaciones que
provengan de establecimiento docentes de carácter oficial, siempre que no se trate de profesorado de tiempo
completo; b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario, hasta por
dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio regular de tales cargos; c) Las que
provengan de pensión de jubilación y del servicio de cargos públicos, siempre que el valor conjunto de la
pensión y el sueldo que disfruten por el cargo, no exceda de mil doscientos pesos ($1.200.00) mensuales; d)
Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los miembros de las Fuerzas Armadas ».
20 En su literal e dispone «e. Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro perciban antiguos
miembros de las Fuerzas Armadas, con el mismo limite señalado en el ordinal c) del presente artículo ».
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«asignación» contenido en la normativa «[…] comprende toda clase de remuneración
que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional…»21.
Esa disposición constitucional fue desarrollada por la Ley 4 de 1992 la que, en su
artículo 19, fijó las excepciones a la prohibición de que nadie puede «[…] recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones
en las que tenga parte mayoritaria el Estado». La norma solo exceptuó de la regla
general las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores
de la Rama Legislativa.
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial
de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de
su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
En relación con las pensiones, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado
que la proscripción del artículo 128 Constitucional de recibir más de una
asignación se configura siempre que busquen cubrir igual riesgo y «[…] cuando la
causa, base o fuente de financiación de ambas prestaciones sean las cotizaciones
provenientes de servicios prestados ante entidades públicas o pagadas con recursos del
erario […]»22. También ha sido criterio de esta sección que es posible que una
persona devengue de manera simultánea la pensión de jubilación y la de vejez
que reconoce el Instituto de los Seguros Sociales (hoy Colpensiones) siempre que
esta última se obtenga con recursos del sector privado23.
21 Ssentencia C-133 de 1993. Por su parte la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado en el Concepto 1344 de 10 de mayo de 2001 indicó que «El desarrollo jurisprudencial del
término “asignación”, puede resumirse así: “con este vocablo genérico se designa en hacienda
pública toda cantidad de dinero que se fija y destina al pago de las prestaciones relacionadas con
el servicio público oficial”, según la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia - sentencia del 11
de diciembre de 1961».
22 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, sentencia del 14 de octubre de 2021.
Radicación: 76001-23-33-000-2014-00423-01(4989-19). Actor: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
23 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 13 de agosto de 2021.
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03522-01(3643-19). Actor: Administradora Colombiana de
Pensiones.
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
2.3.2. Reconocimiento de las pensiones extralegales y compatibilidad con
las pensiones de origen legal antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993
La Ley 90 de 194624, en su artículo 72, creó la subrogación legal de las pensiones
al reglar que «[…] Las prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose
en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por
tales disposiciones hasta la fecha que el seguro social las vaya asumiendo por haberse
cumplido el aporte previo señalado para cada caso desde esa fecha empezaran a
hacerse efectivos los servicios aquí establecidos y dejaran de aplicarse aquellas
disposiciones anteriores». A su vez, en su artículo 76, dispuso que la pensión de
vejez que regulaba reemplazaría la de jubilación que existía antes y que estaba a
cargo de los patronos.
En virtud de lo anterior, el Instituto de los Seguros Sociales expidió el Acuerdo 224
de 196625 que fue aprobado por el Decreto 3041 de 1966. Este último, en sus
artículos 60 y 61, reguló la subrogación por el ISS de la pensión de jubilación
reglada en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y de la pensión
sanción, ambas de origen legal. En ese sentido, se habilitó al ISS a asumir de
forma progresiva las pensiones de creación legal, lo que descartaba las que no lo
fueran26.
Se estableció de este modo la denominada «compartibilidad pensional», según la
cual los empleadores que tenían a su cargo el pago de las pensiones de origen
legal de sus empleados podían seguir con las cotizaciones en su favor ante el ISS,
de tal forma que una vez cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de
vejez este asumiría el pago de la prestación social en lugar del empleador quien
se vería liberado de la obligación si no hay un mayor valor que pagar27.
Para el caso de las pensiones extralegales reconocidas por los empleadores en
virtud de convenciones colectivas, laudos arbitrales, de manera voluntaria u otra
fuente diferente de la ley, la compartibilidad pensional solo se reguló en el año
24 «Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales».
25 «Por el cual se expide el reglamento del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte».
26 Así lo interpretó la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en sentencia SL16838-2016 del 16
de noviembre de 2016, radicación: 62551 al indicar respeto del Decreto 3041 de 1966 que: «…
bajo la vigencia de esas disposiciones el Instituto de Seguros Sociales tan solo podía, por mandato
de la ley, asumir gradual y progresivamente las pensiones de creación estrictamente legal, esto es
las consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, tal como lo dispuso también el artículo 259
del mismo estatuto, al señalar que “Las pensiones de jubilación (…) dejarán de estar a cargo de los
patronos cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros
Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo instituto”».
27
Se puede consultar: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, sentencia del 12 de
septiembre de 2019. Radicación: 19001-23-33-000-2013-00357-01(1869-15). Actor: Fanny Caicedo
De Ramos.
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
1985, a través del Acuerdo 029 aprobado por el Decreto 2879. Antes de esta
normativa la figura jurídica que aplicaba para este tipo de pensiones era la
«compatibilidad pensional» o no compartibilidad, que permitía la coexistencia de
tal prestación con la pensión de vejez reconocida por el ISS, salvo que en el acto
jurídico de origen se hubiese pactado que cesaría el pago de la primera si el ISS
reconocía la segunda28.
Esto varió con el decreto aludido, que en su artículo 5 reguló que, a partir de la
fecha de su publicación (17 de octubre de 1985), los patronos inscritos en el
Instituto de Seguros Sociales que concedieran una pensión extralegal, seguirían
con las cotizaciones hasta que los trabajadores cumplieran con los requisitos para
recibir la pensión de vejez, momento en el que «[…] el Instituto procederá a cubrir
dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere,
entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el patrono».
A su vez, la normativa en su parágrafo 1 prescribió que «[…] Lo dispuesto en este
artículo no se aplicará cuando en la respectiva Convención Colectiva, Pacto Colectivo,
Laudo Arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las
pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros», con
lo cual permitió la existencia de la compatibilidad por virtud de la voluntad de las
partes.
Con posterioridad se expidió el Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049
de igual anualidad, normativa que en su artículo 18 mantuvo la misma regulación
que contenía el Decreto 2879 de 1985 en su artículo 5 y parágrafo, en relación con
las pensiones extralegales. Por tanto, a partir del 17 de octubre de 1985, respecto
de las pensiones extralegales aplica la figura de la compartibilidad de forma
automática por mandato legal, salvo que las partes acordaran lo contrario. Antes
de tal fecha, la regla general era la compatibilidad entre aquellas prestaciones, con
la posibilidad de que empleador y empleado pactaran la compartibilidad29.
28 Corte Suprema de Justicia en sentencia del SL10171-2014.
La Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-921 del 10 de noviembre de 2006 indicó que
esta figura «…implica que el pensionado tiene derecho a recibir integralmente dos - o más -
pensiones: la pensión extralegal y la pensión posteriormente reconocida por el I.S.S. En esta
situación el empleador reconoce una pensión de jubilación convencional o extralegal por un monto
determinado e inicia su pago. Sin embargo, el pensionado sigue cotizando ante el Instituto de
Seguros Sociales y una vez cumple con los requisitos de ley, solicita ante el I.S.S. la pensión de
vejez. Dicha entidad reconoce y ordena el pago de la pensión de vejez. En consecuencia, teniendo
en cuenta que la pensión de jubilación reconocida por el empleador no tiene el carácter de
compartida, el pensionado tiene derecho a recibir las dos mesadas pensionales. Se trata entonces
de pensiones compatibles».
29 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 28 de enero de 2021.
Radicación: 08001-23-33-000-2017-01102-01(4136-19). Actor: Administradora Colombiana de
Pensiones.
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Radicado: 47001-23-33-000-2018-00297-01 (0807-2021)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
2.4. Análisis del caso concreto
2.4.1. Lo probado dentro del proceso
• Miguel Ángel Núñez Viana nació el 20 de noviembre de 1939, de conformidad
con su registro civil de nacimiento30. En la actualidad cuenta con 83 años y 6
meses de edad.
• En el documento a través del cual se liquidó la cesantía definitiva del 9 de mayo
de 1978, suscrito por parte del gerente de la Electrificadora del Magdalena S.A.,
se indicó que el demandante ingresó a la empresa el 1 de marzo de 1958 en el
empleo de jefe de departamento de mantenimiento y operaciones31.
• En la Convención Colectiva suscrita el 22 de noviembre de 1974 entre la
Electrificadora del Magdalena S.A. y su sindicato de trabajadores se pactó en su
artículo 10 lo siguiente32:
Pensión de jubilación: La empresa concederá la pensión plena de jubilación al
trabajador sindicalizado que haya cumplido 20 años de servicios continuos o
discontinuos sin tener en cuenta la edad. Pero en estos casos, la Empresa se
reserva el derecho de conceder la pensión.
• A través de formulario del 30 de mayo de 1978, la Electrificadora del Magdalena
S.A. inscribió como pensionado a Miguel Ángel Núñez Viana ante el Instituto de
los Seguros Sociales. Se señaló en el documento que la pensión reconocida es la
de jubilación y que le fue otorgada en esa fecha33.
• En el certificado emitido el 12 de diciembre de 2001 por el director de recursos
humanos de Electricaribe S.A. E.S.P. se manifestó que el demandante es
pensionado desde el 1 de mayo de 1978 de la Electrificadora del Magdalena S.A.
E.S.P. y que, a partir del 16 de agosto de 1998, la primera empresa sustituyó en
las obligaciones patronales y pensionales a la segunda34.
• Electricaribe S.A. E.S.P., en oficio de diciembre del año 2001, informó al ISS que
el demandante ingresó a la empresa el 1 de agosto de 1962 y se retiró el 30 de
abril de 1978 para un total de 15 años 8 meses y 29 días de servicio. El oficio lo
30 Folio 136.
31 Folio 131.
32 Folios 143 a 146.
33 Folio 111.
34 Archivo 14 CD .PDF 4. Folio 1.
11
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00297-01 (0807-2021)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
envió para que determinara si la pensión tenía el carácter de compartida35.
• De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas expedido por Colpensiones el
28 de febrero de 2014, Miguel Ángel Núñez Viana completó un total de 1.370,73
semanas.
En el certificado se indica que Electromagdalena S.A. aportó desde el 1 de enero
de 1967 hasta el 31 de mayo de 1978 (595,7 semanas) y del 12 de mayo hasta el
31 de diciembre de 1994 (33,43 semanas). Por su parte, Electricaribe S.A. E.S.P.
cotizó desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de enero de 2014.
• Mediante la Resolución GNR 023265 del 4 de marzo de 2013, Colpensiones le
reconoció la pensión de vejez a Miguel Ángel Núñez Viana a partir del 10 de enero
de ese año. La entidad aplicó el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 y encontró
probado que había cumplido 60 años de edad y acumulado un total de 1.117
semanas de cotización36.
Colpensiones tuvo en cuenta las semanas cotizadas por la Electrificadora del
Magdalena S.A. desde el 1 de enero de 1967 al 31 de mayo de 1978 y del 12 de
mayo al 31 de diciembre de 1994. También computó las efectuadas por
Electricaribe S.A. por los años 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 y 2010.
2.4.2. Análisis de la Sala
La Administradora Colombiana de Pensiones en la apelación manifestó que el acto
administrativo demandado debe ser anulado porque Miguel Ángel Núñez Viana no
acreditó los requisitos para obtener la pensión de vejez regulados en el artículo 12
del Decreto 758 de 1990. En su criterio, aunque la prestación es compatible con la
de jubilación extralegal concedida por parte de la Electrificadora del Magdalena
S.A. E.S.P, también es cierto que para su reconocimiento se tuvo en cuenta el
tiempo cotizado que ya había sido computado para esta última, lo que vulnera los
artículos 48 y 128 Constitucionales.
La Sala no comparte el planteamiento de la parte demandante por lo siguiente:
Es cierto que la Carta Política prohibió devengar dos asignaciones del tesoro
público. En el ámbito pensional, la restricción se materializa cuando las pensiones
financian su pago o sus cotizaciones con recursos del erario, en el presente caso
ello no ocurre, puesto que i) la pensión de jubilación extralegal que recibe Miguel
35 Archivo PDF 4. Cd
36 Folios 108 a 110.
12
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00297-01 (0807-2021)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Ángel Núñez Viana la paga Electricaribe S.A. con sus propios recursos; ii) esta
entidad no es de derecho público y; iii) los aportes no han sido usados para el
pago de la pensión convencional. Estas razones se explican a continuación:
Primera razón: quedó probado que Electricaribe S.A. paga con sus propios
recursos la pensión extralegal, por cuanto la entidad en el oficio del 12 de
diciembre de 2001 informó que asumió las obligaciones patronales que estaban en
cabeza de la Electrificadora del Magdalena S.A. E.S.P desde el año 1998. Ello se
evidencia también en las cotizaciones al sistema pensional que hizo en favor del
demandante desde el 1 de enero de 1999 hasta el año 2014.
Segunda razón: Electricaribe S.A. es una entidad privada. Aunque en el proceso
no hay prueba que informe sobre la naturaleza jurídica de la entidad, esta
corporación en varios pronunciamientos sí la ha estudiado y, al respecto, ha
indicado que no es pública por tener mayor participación de particulares.
Así, en sentencia de la Sección Tercera se analizó este tema y se declaró la falta
de jurisdicción para conocer de una demanda en contra de Electricaribe S.A. por
tratarse de una empresa de carácter privado. En esa oportunidad, se concluyó lo
siguiente37:
«Frente a la naturaleza de Electricaribe hay que anotar que, según se ha
evidenciado por esta Corporación:
Luego se lee “Electricaribe es una empresa privada”, afirmación que se
acompaña con un cuadro en el que se consigna la composición accionaria
de dicha empresa a diciembre 31 de 2015, del cual se resaltan los
siguientes datos: “total participación privada 86.01% (…) total participación
pública 10.10% (…) total participación mixta 3.89% (…)” (se destaca);
además, en informe de responsabilidad corporativa emitido en 2017 por
Electricaribe se consignó “Durante el año 2017 la composición accionaria
de ELECTRICARIBE no varió” (página web de Electricaribe).
Así pues, es claro que la empresa cesionaria del convenio de Facturación,
Electrocosta, contra la que se entabló la demanda, para la época de su
interposición era una empresa de derecho privado que, en los términos del artículo
82 del CCA, no podía catalogarse como una entidad pública.
La misma situación se predica de Electricaribe, la que, a partir de la fusión que
se surtió en 2007 con Electrocosta, en adelante adquirió los derechos y
37Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2021.
Radicación: 13001-23-31-000-2001-00451-01(65007) A. Actor: Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena y Otros. Demandado: Electrificadora de Bolívar S.A. E.S.P. y otros.
En igual sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 19 de mayo de
2020, Expediente: AP.2018-00566.
13
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00297-01 (0807-2021)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
obligaciones de esta y por tal virtud compareció al proceso para atender la
presente reclamación como integrante del extremo pasivo». (Se resalta).
Lo anterior, concuerda con lo indicado por el gobierno nacional en el documento
CONPES 3875 de 201638, en el que realizó un recuento de la situación de la
prestación del servicio de energía en la costa atlántica de Colombia39. En aquel
instrumento se realizó un estudio desde la creación de Electricaribe S.A. en el año
1998 y se indicó que nació con «[…] un proceso de vinculación de capital a dichas
empresas, con una capitalización del 65% por parte del consorcio conformado entre
Houston Industries y Electricidad de Caracas, a través del vehículo Caribe Energy
Holdings (CEH), y el 35% restante quedó en manos de las anteriores electrificadoras y
Corelca», es decir, con un porcentaje mayoritario de inversionistas privados.
En el texto se concluyó, luego del recuento de los distintos negocios de acciones
hechos por la empresa hasta el año 2009, que «[…] Electricaribe S.A. E.S.P. es una
empresa de servicios públicos domiciliarios dedicada a la comercialización y distribución
de energía eléctrica en siete departamentos de la Costa Caribe. Su naturaleza es privada
y su principal accionista, desde el 18 de marzo de 2009, es Gas Natural Fenosa
Electricidad Colombia S.L. con el 85,38% de participación en la sociedad. A la fecha de la
elaboración del presente documento, la nación cuenta con participación del 6,56% y los
patrimonios autónomos de las extintas Electrificadoras de la Costa mantienen bajo su
propiedad una participación del 5,69%»40. Esta información se actualizó en el
CONPES 3933 de 2018 en el que se ratificó la naturaleza privada de la entidad41.
Para la Sala entonces Electricaribe S.A. no es una entidad pública, ya que la
participación de entes oficiales solo alcanza un 12,25%, por lo que a la luz del
artículo 14, numeral 14.7, de la Ley 142 de 199442 es privada. En efecto, la norma
prescribe que «[e]mpresa de servicios públicos privada. Es aquella cuyo capital pertenece
mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen
someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares». A
su vez, define la empresa de servicios públicos oficial como aquella en la cual la
Nación cuenta con el 100% de los aportes y, es mixta cuando los aportes de
38 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3875.pdf.
39 En el documento se tomaron medidas para otorgar la garantía del fondo empresarial creado por
la Ley 812 de 2003.
40 Ibidem.
41 En el referido CONPES se indicó que la distribución accionaria así «El principal accionista de
Electricaribe en la actualidad es Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia S.L. con el 85,38 % de
participación; el restante se divide entre la Nación con una participación del 6,57 %, patrimonios
autónomos de las extintas electrificadoras de la región caribe con el 5,47 % y el restante 2,58 % de
otros pequeños accionistas».
42 «Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones».
14
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00297-01 (0807-2021)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
entidades públicas son superiores al 50%, lo que no sucede con Electricaribe
S.A.43.
Por lo anterior, no puede afirmarse que el pago de la pensión de jubilación
extralegal reconocida en su momento por la Electrificadora del Magdalena S.A.
E.S.P y asumida desde el año 1998 por Electricaribe S.A se financia en la
actualidad con recursos del erario.
La Sala precisa que tampoco se probó la naturaleza jurídica de la primera
electrificadora y no se puede inferir con certeza que desde su creación y hasta
1998 en que cedió sus obligaciones patronales era una empresa oficial de
servicios públicos domiciliarios, puesto que la Ley 126 de 196844, que regulaba
este tipo de empresas antes de la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994,
establecía que podían ser en su totalidad públicas o privadas o mixtas en los
términos del Decreto 130 de 197645, que diferenciaba el régimen aplicable si
superaba el 90% de capital público. Por tanto, para determinar a cuál categoría
pertenecía era necesario que se aportara el acto de constitución para constatar el
porcentaje del capital estatal que contenía, lo que no hizo la parte demandante.
No obstante, aunque se diera por sentado que la Electrificadora del Magdalena
S.A. E.S.P era pública o mixta con participación estatal superior al 90% del capital,
la Sala considera que tampoco se configuró la prohibición de recibir doble
asignación del erario, toda vez que para el año 1998 cuando ocurrió la sustitución
patronal, no se había reconocido la pensión de vejez a Miguel Ángel Núñez Viana
y, cuando le fue otorgada, la pensión extralegal se pagaba con recursos de
carácter privado propios de Electricaribe S.A. En ese sentido, en ningún momento
existió una financiación simultánea de ambas pensiones con cargo al tesoro
público.
43 Artículo 14, numerales 14.5 y 14.6. Ibidem.
44
«Sobre suministro de luz y fuerza eléctrica a los Municipios, adquisición de empresas de energía
eléctrica, de teléfonos y de acueductos e intervención del Estado en la prestación de los servicios
de las mimas empresas».
45 «De las sociedades en que participen la nación y sus entidades descentralizadas». Derogado
por la Ley 489 de 1998. En su artículo 2 la norma establecía «Las sociedades de economía mixta
en las cuales el aporte de la Nación o de sus entidades descentralizadas fuere inferior al noventa
por ciento (90%) del capital social, se someten a las reglas del derecho privado, salvo las
excepciones que consagra la ley».
A su vez, en su artículo 3.º prescribía: «Las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte
de la Nación o de sus entidades descentralizadas fuere igual o superior al noventa por ciento (90%)
del capital social, se sujetan a las normas previstas para las empresas industriales y comerciales
del Estado».
15
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00297-01 (0807-2021)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
ii) Tercera razón: para la Sala es claro que los aportes efectuados por la
Electrificadora del Magdalena S.A. E.S.P. al ISS desde 1967 a 1978 no han sido
usados para el pago de la pensión convencional. En efecto, esta ha sido pagada,
hasta la fecha, con los recursos propios del ente obligado, en su momento la
entidad mencionada y hoy Electricaribe S.A.
Ha sido así, porque su reconocimiento tuvo como origen la convención colectiva,
en la que se señaló como requisito para obtenerla completar 20 años de servicios
continuos o discontinuos y en la que además quedó claro que el pago estaba a
cargo del empleador y no se sometía su financiación al monto de las cotizaciones
hechas para las pensiones de orden legal.
En ese orden, interpretar que para el reconocimiento de la pensión de vejez no es
posible computar las cotizaciones efectuadas por Electromagdalena S.A. E.S.P,
conllevaría consentir que el reconocimiento de la pensión extralegal es causa
válida para impedir que en el futuro el trabajador pudiera obtener la pensión de
origen legal cuyo pago no la cubre de manera directa el empleador. Aceptar tal
argumento significaría que los aportes dados por el trabajador pierdan su
propósito, que no es financiar la pensión convencional, sino la obtenida por
mandato legal.
Si en su momento la empresa electrificadora hubiera tenido el propósito de utilizar
los aportes para financiar parte de la pensión extralegal, ello debía quedar expreso
en la convención colectiva, de suerte que con posterioridad operara la
compartibilidad pensional. Ciertamente, para el año 1978 dicha cláusula tenía que
ser concertada según el Decreto 3041 de 1966 que solo presumía tal efecto de
forma automática para las pensiones de origen legal y no fue sino hasta la
vigencia del Decreto 2879 de 1985 que ello se dispuso para las prestaciones de
carácter extralegal. En consecuencia, como en la convención colectiva que sirvió
de fundamento para el reconocimiento pensional del demandado no se incluyó la
salvedad descrita, la empresa aceptó pagar la prestación con sus propios recursos
sin aspirar a que, en el futuro, lo subrogara el ISS en esa obligación, caso en el
cual sí hubiese sido necesario usar los aportes realizados.
Este último punto responde a lo aseverado en el recurso de apelación cuando se
afirma que el a quo debió analizar que en el presente caso no se determinó la
«compartibilidad» pensional y no se estableció cuál fue el pacto o convenio al que
llegó la empresa con el demandado para reconocerle la pensión. Es así, por
cuanto está claro que la convención colectiva no fijó dicha cláusula, luego no
aplica en el presente caso.
16
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00297-01 (0807-2021)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Así mismo, para la Sala el utilizar los aportes efectuados por Electromagdalena
S.A. E.S.P. desde 1967 a 1978 para financiar la pensión de vejez no implica
vulnerar el artículo 128 Constitucional. En efecto, aunque Electricaribe S.A. tiene
aportes de entidades estatales no es pública y, además, la norma constitucional y
el artículo 19 de la Ley 4 de 1992 indican que la prohibición se configura si en la
empresa tiene parte mayoritaria el Estado, lo que no sucede en esta entidad. En
ese sentido, al utilizar los aportes pensionales no se está ante una doble
erogación pública.
De igual manera, no es posible afirmar que se configuró la prohibición aludida, ya
que, de dar por sentado que Electromagdalena S.A. E.S.P. era oficial, mientras
financió la pensión extralegal con sus recursos hasta el año 1998, fecha en la que
sustituyó todas sus obligaciones patronales en Electricaribe S.A., a Miguel Ángel
Núñez Viana no se le había reconocido la pensión legal de vejez. Así las cosas,
cuando obtuvo esta con fundamento en los aportes referidos el pago de la
prestación convencional se hacía con recursos privados, luego en ningún
momento recibió dos pensiones financiadas con el erario.
Por último, la Sala precisa que tampoco se vulnera el artículo 48 Constitucional, en
la medida en que la pensión de vejez está financiada con los aportes realizados y
que acumulan un total 1.370,73 semanas; por su parte, la pensión extralegal la
paga Electricaribe S.A. con sus propios recursos, por lo que no afecta la
sostenibilidad del sistema pensional.
La Sala advierte también que la Corte Suprema de Justicia en casos en los que se
discutió la «compartibilidad» o la «compatibilidad pensional» entre las pensiones
extralegales reconocidas por electrificadoras y las de vejez otorgadas por el ISS,
ha aceptado su coexistencia. En un proceso de 2005 en el que se demandó a
Electricaribe S.A. porque declaró de manera unilateral la compartibilidad entre la
pensión extralegal reconocida por Electromagdalena S.A. E.S.P. con fundamento
en la convención colectiva de trabajo del 22 de noviembre de 1974 y una pensión
de vejez otorgada por el ISS, la alta corporación precisó lo siguiente46:
«Respecto de la equivocada apreciación de la convención colectiva de trabajo de
1975-1977 (folios 239 a 241 cuaderno citado) y que de conformidad con la
censura, fue el fundamento normativo de las pensiones reconocidas a los
demandantes por Electromag, el artículo décimo consagró la pensión de jubilación
para los trabajadores sindicalizados que tuvieran 20 años de servicios continuos o
discontinuos sin tener en cuenta la edad, reservándose la empresa el derecho de
concederla.
46 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 04 de febrero de 2005.
Radicado 23713, Acta 12.
17
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00297-01 (0807-2021)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Luego, no hay en el contenido de dicha cláusula ni en ninguna otra del convenio
colectivo, una mención sobre la posibilidad de que aquella pensión sea compartida
con la del ISS, de forma que lo que hizo el Tribunal fue ajustarse a las previsiones
del mencionado Acuerdo 029 de 1985, y en esas condiciones no puede
atribuírsele error alguno en su estimación. Iguales consideraciones son pertinentes
para la convención colectiva de trabajo de 1987-1988 (folios 262 a 267 C. 1), que
tampoco regula la compartibilidad de las pensiones en ella consagradas.
[…]
Y si a ello se le reitera que si la convención colectiva de trabajo de 1975-1977 –
fuente del reconocimiento pensional de los demandantes--, no dispuso
expresamente que las pensiones en ella estipuladas fueran compartidas con la de
vejez que reconociera el ISS, resulta evidente que no podía la empresa
demandada, de manera unilateral, disponer que la referida prestación social fuera
compartida con la de vejez que concede la mencionada entidad de previsión
social, lo cual se refuerza con la circunstancia de que tampoco aparece acreditado
que los beneficiarios de las pensiones convencionales hubieran aceptado
expresamente la compartibilidad con la de vejez que eventualmente pudiera
reconocerles el ISS.»
En otro asunto en el que también fue demandada Electricaribe S.A. porque
dispuso la compartibilidad de la pensión extralegal reconocida por
Electromagdalena S.A. E.S.P., la Corte Suprema de Justicia reiteró que «[…] ese
acto unilateral del empleador no convierte una pensión que por regla general es
compatible en una prestación compartible, pues se requiere que las partes así lo
convengan en el acto de creación o mediante un acuerdo entre ellas […]»47.
Por todo lo expuesto, la Sala concluye que Miguel Ángel Núñez Viana sí acreditó
el requisito para obtener la pensión de vejez que exige el artículo 12 del Decreto
758 de 2000 y no es procedente anular el acto de reconocimiento pensional,
puesto que Colpensiones sí podía computar las semanas cotizadas por parte del
Electromagdalena S.A. antes de 1978, por no ser estas las que financian la
pensión extralegal y porque esta última se paga con recursos privados de
Electricaribe S.A. E.S.P., luego no se vulnera el artículo 128 Constitucional.
En ese sentido, al estar probado que el demandado completó los 60 años de edad
que exige la norma aludida el 20 de noviembre de 1999 y que se certificaron
1.370,73 semanas de cotización con lo que excede las 1000 semanas que exige la
norma aludida, se concluye que es acreedor de la pensión de vejez
Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia.
47Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 24 de abril de 2019.
Radicado 64621, Acta 13.
18
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00297-01 (0807-2021)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.48
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandante.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Colpensiones no logró
48 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014).
19
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00297-01 (0807-2021)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución GNR 023265 del 04 de
marzo de 2013, por cuanto sí era posible computar las semanas de cotización
hechas por Electromagdalena S.A. antes del año 1978 en favor de Miguel Ángel
Núñez Viana al no vulnerarse el artículo 128 Constitucional. En consecuencia, el
demandante sí acreditó los requisitos de tiempos cotizados que exige el artículo
12 Decreto 758 de 1990 para acceder al derecho pensional.
En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021
por el Tribunal Administrativo de Boyacá que negó las pretensiones de la
demanda.
4. Reconocimiento de personería
Se reconocerá personería jurídica a las abogadas Angélica Margoht Cohen
Mendoza, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.709.957 de Barranquilla
y tarjeta profesional 102.786 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar
como apoderada principal de la parte demandante, así como a Piedad del Socorro
Vega, Polo, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.082.846.425 de
Aracataca y tarjeta profesional 211137 del Consejo Superior de la Judicatura,
para actuar como apoderada sustituta, con las facultades y para los fines
establecidos en el poder conferido49.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. – Confirmar la sentencia proferida el 5 de febrero de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Magdalena que negó las pretensiones de la demanda
presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones contra Miguel Ángel
Núñez Viana, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. - Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. – Reconocer personería jurídica a las abogadas Angélica Margoht
Cohen Mendoza identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.709.957 de
Barranquilla y tarjeta profesional 102.786 del Consejo Superior de la Judicatura
para actuar como apoderada principal de la parte demandante y, a Piedad del
49 Folio 217.
20
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00297-01 (0807-2021)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Socorro Vega Polo identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.082.846.425 de
Aracataca y tarjeta profesional 211137 del Consejo Superior de la Judicatura para
actuar como apoderada sustituta con las facultades y para los fines establecidos
en el poder conferido50.
Cuarto.- Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
50 Folio 217.
21
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