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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03522-01

Pensiones de jubilación y vejez: compatibilidad

Fecha
13 de agosto de 2021
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03522-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Revócase la sentencia de 1° de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección E), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) contra el señor Álvaro Jesús Rubio Villamizar; en su lugar, niéganse tales súplicas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2°. Sin condena en costas. 3°. Reconócese personería a la abogada Irene Johanna Yate Forero, con cédula de ciudadanía 52.737.743 y tarjeta profesional 168.071 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), en los términos de la sustitución de poder. 4°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-03522-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

13 de agosto de 2021

PENSIONES DE JUBILACIÓN Y VEJEZ - Compatibilidad

Esta Sala considera que le asiste razón al señor Rubio Villamizar, pues es cierto, como fue decantado en el análisis normativo efectuado en el acápite anterior, que la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado que las pensiones de jubilación y vejez resultan compatibles, siempre y cuando la segunda de ellas se obtenga por servicios laborados en el sector privado, como sucede en esta controversia. En el sub examine está demostrado que el demandado superó las 1000 semanas de cotización exclusivamente en el sector privado (acumuló 1075,07), por lo que al cumplimiento de sus 60 años de edad adquirió el derecho a recibir la pensión de vejez preceptuada por el Decreto 758 de 1990, prestación compatible con la de jubilación concedida por Cajanal, porque logró acreditar una densidad de aportes derivados de relaciones de trabajo acaecidas por fuera del sector público suficiente para tal fin, tanto es así que le fue otorgada esa pensión con una tasa de reemplazo del 78% por haber completado 1050 semanas, de acuerdo con el artículo 20 (parágrafo 2°) del mencionado Decreto. (…)Conforme a lo expuesto en precedencia, no le asiste razón al a quo por cuanto, pese a que en la Resolución demandada se advierte que de las «1065» semanas cotizadas, «12,86» correspondían a servicios prestados en la Rama Judicial, lo cierto es que el accionado satisfizo plenamente el requisito de cotizaciones previsto en el Decreto 758 de 1990 con tiempos laborados en el sector privado (más de 1000), por lo que, en virtud del principio de la realidad sobre las formas, independientemente de que en tal acto se haya mencionado ese lapso trabajado en el sector oficial, se insiste, solo se le tuvo en cuenta para calcular la pensión de vejez los interregnos cotizados en el privado.

FUENTE FORMAL : CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 128 / DECRETO 3135 DE 1968 / DECRETO 1848 DE 1969

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 25000-23-42-000-2016-03522-01(3643-19)

Actor: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES)

Demandado: ÁLVARO JESÚS RUBIO VILLAMIZAR

Medio de control
:
Nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad)
Expediente
:
25000-23-42-000-2016-03522-01 (3643-2019)
Demandante
:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandados
:
Álvaro Jesús Rubio Villamizar
Tema
:
Compatibilidad entre pensiones de jubilación y vejez

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes actora y demandada contra la sentencia de 1° de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección E), mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 232 a 244 cuaderno 1). La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el señor Álvaro Jesús Rubio Villamizar, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución 527 de 21 de febrero de 2012, mediante la cual el extinguido Instituto de Seguros Sociales (ISS) concedió una pensión vitalicia de vejez al demandado, a partir del 1° de octubre de 2010.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene al accionado la devolución de lo pagado por concepto de la mencionada pensión desde cuando fue incluido en nómina, de manera indexada o con intereses, según corresponda; por último, se condene en costas al demandado.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la entidad actora que el señor Álvaro Jesús Rubio Villamizar laboró en los sectores público y privado, y el ISS le reconoció pensión de vejez, a través de Resolución 527 de 21 de febrero de 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990, a partir del 1° de octubre de 2010.

Que al momento de resolver una solicitud de reliquidación pensional, se dio cuenta de que la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) otorgó pensión de jubilación al demandado, mediante Resolución 15771 de 5 de abril de 2006, en virtud del régimen de transición de la mencionada Ley 100 y la Ley 33 de 1985, desde el 12 de noviembre de 2004.

Dice que pidió autorización del accionado para revocar el acto demandado, por medio de Resolución VPB 12050 de 24 de julio de 2014, pero no lo aceptó.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto administrativo censurado los artículos 13 (letras c, d, f y m), 17, 31 a 33, 58 y 128 de la Ley 100 de 1993; 17 de la Ley 549 de 1999; 4 y 19 del Decreto 692 de 1994 y 2° del Decreto 2527 de 2000.

Afirma que el acto acusado resulta contrario a derecho, por cuanto «[…] al estar previamente pensionado por la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL, no era posible que el [demandado] siguiera ostentando la calidad de afiliado con otra administradora del mismo [r]égimen […], mucho menos que le fuera reconocida una prestación que cubriera el mismo riesgo: vejez».

Arguye que no es viable «[…] el reconocimiento de dos pensiones por cajas o fondos que hacen parte del [r]égimen de [p]rima [m]edia» y el sistema garantiza el reconocimiento de solo una pensión de vejez, financiada con todos los tiempos laborados en el sector público o cotizados en el ISS, efecto para el cual es necesario trasladar las cotizaciones a la entidad que concede la prestación o el establecimiento de cuotas partes.

1.5 Trámite relevante de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda a través de auto de 13 de septiembre de 2016 (ff. 248 y 249), oportunidad en la que vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

1.6 Contestación de la demanda.

1.6.1 Demandado (ff. 266 a 272 cuaderno 2). El señor Álvaro Jesús Rubio Villamizar se opuso a la prosperidad de las pretensiones y se refirió a cada uno de los hechos de la demanda, en el sentido de que algunos son ciertos y otros no. Aduce que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han reconocido la compatibilidad de las pensiones de jubilación y vejez, el acto acusado tuvo como sustento semanas cotizadas exclusivamente al ISS y las prestaciones concedidas por esa entidad o por Colpensiones no son financiadas con dinero del erario.

1.6.2 UGPP (ff. 274 a 285 cuaderno 2). A través de apoderada, expresó que, de acuerdo con la prohibición de doble asignación del tesoro público previsto en el artículo 128 de la Constitución Política, la pensión de vejez otorgada por el ISS es incompatible con la de jubilación.

1.7 La providencia apelada (ff. 395 a 304 vuelto cuaderno 2). El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección E), a través de sentencia de 1° de marzo de 2019, declaró la nulidad del acto acusado, ordenó al ente accionante determinar «[…] la procedencia de reconocer una pensión de vejez teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas por [el demandado] en el sector privado» y negó las demás pretensiones de la demandada (con condena en costas). Lo anterior, al considerar que «[…] la pensión reconocida por el ISS, incluyó también aportes derivados de tiempos laborados en el sector público, esto es, Rama Judicial – Nivel Central NIT. 800093816, durante los meses de mayo, junio y julio de 2010 […], -12.87 semanas-» y representa una doble asignación del tesoro público sobre la que pesa la prohibición constitucional.

Que si bien una vez descontados los tiempos laborados en la Rama Judicial, el demandante eventualmente cumpliría los requisitos previstos en el Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, «[…] lo cierto es que al someter la controversia a consideración de la sala […], se arribó a la conclusión mayoritaria que sin importar el número de semanas, lo cierto es que la pensión de vejez incluyó aportes derivados del sector público, lo cual, necesariamente hace que la prestación sea incompatible con la reconocida por Cajanal, también, con aportes públicos».

Sostiene que Colpensiones no desvirtuó la buena fe con la que actuó el accionado y, por ende, no hay lugar al reembolso de las mesadas que recibió.

1.8 Los recursos de apelación.

1.8.1 Demandado (ff. 409 a 416 cuaderno 2). Inconforme con la decisión de primera instancia, el señor Rubio Villamizar formuló recurso de apelación, en el que aduce que cotizó «1083,64» semanas exclusivamente al ISS y satisfizo los requisitos preceptuados por el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, de manera que «[…] no resulta ni lógico ni justo que por 4 meses cotizados a una entidad pública se desconozcan 20 años de cotizaciones en el sector privado y se desconozca el derecho que tiene […] a disfrutar de la pensión de vejez».

Insistió en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y trascribió fragmentos de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado referidos a la compatibilidad entre las pensiones de jubilación y vejez.

1.8.2 Colpensiones (ff. 417 a 421 cuaderno 2). También interpuso recurso de apelación (parcial), al estimar que el demandado no obró de buena fe y debe reembolsar todos los valores pagados por concepto de la pensión reconocida, pues se enriqueció sin causa y resulta necesario restablecer los efectos del acto que fue anulado.

II. TRÁMITE PROCESAL.

Los recursos de apelación interpuestos fueron concedidos mediante proveído de 29 de mayo de 2019 (f. 423 cuaderno 2) y admitidos por esta Corporación a través de auto de 27 de agosto siguiente (f. 439 cuaderno 2), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitidos los recursos, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, por medio de auto de 8 de julio de 2020 (f. 455 cuaderno 2), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del CPACA, oportunidad aprovechada por Colpensiones y la UGPP.

2.1.1 Ente demandante. Colpensiones solicitó se accedan a todas las pretensiones de la demanda, con idénticos argumentos a los expresados en la demanda y el recurso presentado.

2.1.2 UGPP. Intervino en la etapa de alegatos de conclusión para insistir en la incompatibilidad entre las pensiones de jubilación y vejez, y pedir se confirme la sentencia de primer grado.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala (i) determinar si le asistía derecho al accionado de obtener por parte del entonces ISS el reconocimiento de la pensión de vejez de conformidad con el Decreto 758 de 1990, pues, pese a que devenga otra prestación por jubilación concedida por Cajanal (por servicios prestados al sector oficial), para lograr aquella completó el tiempo de cotización en el sector privado; o por el contrario, comoquiera que en ambas pensiones se tuvieron en cuenta períodos trabajados en el sector público, se contraviene lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política, como lo concluyó el a quo; y (ii) de ser cierta la primera hipótesis, establecer si procede ordenar el reintegro de las sumas recibidas por concepto de la mencionada pensión de vejez.

3.3 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo y jurisprudencial para efectos de establecer la solución jurídicamente correcta para el asunto sub examine.

En relación con la compatibilidad entre las pensiones de jubilación y de invalidez, la subsección se remite a lo previsto en el artículo 128 de la Constitución Política, que establece:

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.

Por su parte, el Decreto 3135 de 1968, en su artículo 31, prevé:

Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas.

En igual sentido, el Decreto 1848 de 1969, que reglamentó la anterior norma, en su artículo 88, reiteró la mencionada incompatibilidad así:

Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son incompatibles entre sí. En caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará por la que más le convenga económicamente.

Asimismo, resulta oportuno precisar que el artículo 77 del precitado Decreto 1848, específicamente, preceptuó que «[e]l disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con la percepción de toda asignación proveniente de entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se adopte para el pago de la contraprestación del servicio, salvo lo que para casos especiales establecen las leyes y en particular el Decreto 1713 de 1960 y la Ley 1a. de 1963».

De la misma manera, la Ley 4ª de 1992, en su artículo 19, señala la prohibición de recibir más de una asignación que provenga del erario, así:

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa;

b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;

c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados.

Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.

En desarrollo de la anterior normativa, la sala de consulta y servicio civil de esta Corporación, con ocasión de la prohibición de percibir, en forma simultánea, doble asignación del tesoro público, conceptuó:

Con fundamento en la indispensable calidad de empleado público, la finalidad de las dos prohibiciones concurre al mismo fin, que no se reciba más de una asignación, bien mediante el desempeño de otro empleo, ora de uno sólo, percibiendo otra clase de remuneraciones propias de los servidores públicos.

El desarrollo jurisprudencial del término “asignación”, puede resumirse así: “con este vocablo genérico se designa en hacienda pública toda cantidad de dinero que se fija y destina al pago de las prestaciones relacionadas con el servicio público oficial”, según la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia - sentencia del 11 de diciembre de 1961 -.

Por su parte, esta Sala en la Consulta 896 de 1997 sostuvo que “...la prohibición de recibir más de una asignación del tesoro público, está estrechamente relacionada con el ejercicio de empleos en el sector oficial o con el pago de prestaciones provenientes del ejercicio de estos empleos (...) las asignaciones mencionadas en dichas normas comprenden los sueldos, prestaciones sociales y toda clase de remuneración que tenga como fundamento un vínculo o relación laboral con entidades del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, este alto tribunal ha determinado que es dable devengar simultáneamente una pensión de jubilación por servicios prestados en el sector público y una pensión de vejez pagada por el ISS, siempre y cuando la segunda de ellas se obtenga por servicios laborados en el sector privado.
Pero no ocurre lo mismo cuando la pensión que se reconoce proviene de otra entidad de índole pública, debido a que los dineros allí involucrados proceden del tesoro público, lo que comporta una incompatibidad pensional, situación frente a la cual la normativa da la posibilidad al interesado de escoger la pensión que le resulte más favorable.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:

a) Cédula de ciudadanía del señor Álvaro Jesús Rubio Villamizar, en la que consta que nació el 12 de noviembre de 1949 (f. 75 cuaderno 1).

b) Reporte de semanas cotizadas a Colpensiones actualizada a 9 de octubre de 2013 (ff. 150 vuelto y 151, cuaderno 1), del que se extrae que el demandado acumuló un total de 1083,64 semanas, distribuidas de la siguiente manera:

(i) Sector privado:

Empleador
Período
Semanas computadas
Desde
Hasta

Danaranjo S. A. 04/11/1977
31/01/1978
12,71
Convivienda del Norte Ltda. 23/02/1981
30/06/1981
18,29
Universidad Libre
14/05/1983
23/04/1986
153,71
Universidad de Bogotá Tadeo Lozano
20/02/1991
01/04/1991
5,86
Universidad Libre
18/08/1992
30/12/1992
19,29
Universidad Libre
15/02/1993
28/05/1993
14,71
Universidad Libre
26/07/1993
26/11/1993
17,71
Universidad Libre
30/01/1994
28/04/1994
12,57
Universidad Libre
29/04/1994
31/12/1994
35,29
Universidad Libre
01/01/1995
31/12/1995
51,43
Universidad Libre
01/01/1996
31/03/1996
12,86
Universidad Libre
01/04/1996
31/05/1996
8,57
Universidad Libre
01/06/1996
31/07/1996
8,57
Universidad Libre
01/08/1996
30/11/1996
17,14
Universidad Libre
01/12/1996
31/12/1996
4,29
Universidad Libre
01/01/1997
31/01/1997
4,29
Universidad Antonio Nariño
01/01/1997
31/01/1997
0,00
Universidad Libre
01/02/1997
28/02/1997
4,29
Universidad Libre
01/03/1997
30/04/1997
8,57
Universidad Antonio Nariño
01/04/1997
31/05/1997
0,00
Universidad Libre
01/05/1997
31/05/1997
4,29
Universidad Libre
01/06/1997
30/11/1997
25,71
Universidad Antonio Nariño
01/07/1997
31/07/1997
0,00
Universidad Antonio Nariño
01/11/1997
30/11/1997
0,00
Universidad Libre
01/12/1997
31/12/1997
4,29
Universidad Libre
01/01/1998
31/12/1998
51,43
Universidad Antonio Nariño
01/02/1998
31/05/1998
0,00
Universidad Antonio Nariño
01/06/1998
30/06/1998
0,00
Universidad Antonio Nariño
01/08/1998
30/09/1999
0,00
Universidad Libre
01/01/1999
31/12/1999
39,57
Universidad Libre
01/01/2000
30/04/2000
17,14
Universidad Libre
01/05/2000
31/05/2000
4,29
Universidad Libre
01/06/2000
30/06/2000
4,29
Universidad Libre
01/07/2000
31/07/2000
4,14
Universidad Libre
01/08/2000
30/11/2000
17,00
Universidad Libre
01/01/2001
31/01/2001
4,29
Universidad Libre
01/02/2001
28/02/2001
4,29
Universidad Libre
01/03/2001
31/03/2001
4,29
Universidad Libre
01/04/2001
31/07/2001
17,14
Universidad Libre
01/08/2001
31/08/2001
0,00
Fundación Universitaria Uniagraria
01/08/2001
30/10/2001
4,29
Universidad Libre
01/09/2001
31/12/2001
17,14
Universidad Libre
01/01/2002
31/01/2002
4,29
Universidad Libre
01/02/2002
30/06/2002
21,48
Fundación Universitaria Uniagraria
01/02/2002
30/06/2002
0,00
Universidad Libre
01/07/2002
31/07/2002
4,29
Universidad Libre
01/08/2002
31/08/2002
4,29
Fundación Universitaria Uniagraria
01/08/2002
31/12/2002
0,00
Universidad Libre
01/09/2002
31/10/2002
8,57
Universidad Libre
01/11/2002
30/11/2002
4,29
Universidad Libre
01/12/2002
31/12/2002
4,29
Universidad Libre
01/01/2003
31/01/2003
4,29
Universidad Libre
01/02/2003
30/11/2003
8,58
Fundación Universitaria Uniagraria
01/03/2003
30/06/2003
17,14
Fundación Universitaria Uniagraria
01/08/2003
31/12/2003
21,43
Universidad Libre
01/12/2003
31/12/2003
0,00
Universidad Libre
01/01/2004
31/01/2004
4,14
Universidad Libre
01/02/2004
31/03/2004
4,28
Fundación Universitaria Uniagraria
01/03/2004
30/06/2004
17,14
Universidad Libre
01/04/2004
31/08/2004
8,57
Universidad Libre
01/09/2004
30/11/2004
8,57
Fundación Universitaria Uniagraria
01/09/2004
30/09/2004
0,00
Fundación Universitaria Uniagraria
01/10/2004
31/10/2004
0,00
Fundación Universitaria Uniagraria
01/11/2004
30/11/2004
4,29
Universidad Libre
01/12/2004
31/12/2004
4,29
Fundación Universitaria Uniagraria
01/12/2004
31/12/2004
0,00
Universidad libre
01/01/2005
31/07/2005
30,00
Fundación Universitaria Uniagraria
01/02/2005
28/02/2005
0,00
Fundación Universitaria Uniagraria
01/04/2005
30/04/2005
0,00
Fundación Universitaria Uniagraria
01/05/2005
31/05/2005
0,00
Universidad Libre
01/06/2005
31/12/2005
21,43
Fundación Universitaria Uniagraria
01/08/2005
31/08/2005
0,00
Fundación Universitaria Uniagraria
01/09/2005
30/11/2005
0,00
Universidad Libre
01/01/2006
31/01/2006
4,29
Universidad Libre
01/02/2006
28/02/2006
4,29
Universidad Libre
01/03/2006
28/02/2007
51,43
Universidad Libre
01/03/2007
31/12/2007
42,86
Universidad Libre
01/01/2008
31/01/2008
4,29
Universidad Libre
01/02/2008
28/02/2009
55,71
Bodegas Rocas Viejas Ltda.

01/02/2009
31/12/2009
0,00
Universidad Libre
01/03/2009
31/03/2009
4,29
Universidad Libre
01/04/2009
31/08/2009
21,43
Universidad Libre
01/09/2009
31/12/2009
17,14
Universidad Libre
01/01/2010
31/07/2010
30,00
Bodegas Rocas Viejas Ltda. 01/01/2010
30/06/2010
0,00
Bodegas Rocas Viejas Ltda. 01/07/2010
31/07/2010
0,00
Universidad Libre
01/08/2010
31/08/2010
0,00
Total semanas sector privado: 1075,07

(ii) Sector público:

Empleador
Período
Total Semanas
Semanas computadas
Desde
Hasta

Rama Judicial
01/05/2010
31/05/2010
4,29
0,00
Rama Judicial
01/06/2010
30/06/2010
4,29
0,00
Rama Judicial
01/07/2010
30/09/2010
12,86
8,57
Total sector público cotizado al ISS
21,43

Computadas por Colpensiones en historia laboral
8,57

c) Resolución 15771 de 5 de abril de 2006 (CD en folio 286, cuaderno 2), por medio de la cual la entonces Cajanal concedió pensión de jubilación al accionado, con fundamento en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33 de 1985, a partir del 12 de noviembre de 2004, para cuyo efecto calculó un tiempo de servicio de «7365 días», laborados así:

Entidad
Desde
Hasta
Departamento de Norte de Santander
01/04/1970
03/04/1972
24/07/1973
02/11/1977
Congreso de la República
01/08/1978
01/08/1980
Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes)
25/05/1982
13/06/1994
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
14/06/1994
25/10/1994
Total: 20 años, 2 meses y 5 días

d) Resolución UGM 56882 de 2 de octubre de 2012 (ff. 6 a 8 cuaderno 1), por la que Cajanal dio cumplimiento a una orden judicial y reliquidó la pensión de jubilación del accionado en cuantía de $1.701.911, a partir de 12 de noviembre de 2004.

e) Resolución 527 de 21 de febrero de 2012 (ff. 68 a 70 cuaderno 1), a través de la que el entonces ISS reconoció pensión de vejez al demandado, de acuerdo con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990, con una tasa de reemplazo del 78% y con fundamento en «1065» semanas cotizadas, de las cuales «12,86» correspondían a servicios prestados en la Rama Judicial y las demás a relaciones de trabajo suscitadas en el sector privado, a partir del 1° de octubre de 2010.

f) Colpensiones solicitó autorización del accionado para revocar la Resolución 527 de 1° de enero de 2012, por medio de Resolución VPB 12050 de 24 de julio de 2014 (ff. 163 a 165 cuaderno 1).

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el accionado nació el 12 de noviembre de 1949 y Cajanal le concedió pensión de jubilación a partir de 12 de noviembre de 2004, a través de Resolución 15771 de 5 de abril de 2006, reliquidada con Resolución UGM 56882 de 2 de octubre de 2012 en cuantía de $1.701.911, con fundamento en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33 de 1985, para cuyo efecto calculó un tiempo de servicios de «7365 días», compuesto por los siguientes períodos:

Entidad
Desde
Hasta
Departamento de Norte de Santander
01/04/1970
03/04/1972
24/07/1973
02/11/1977
Congreso de la República
01/08/1978
01/08/1980
Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes)
25/05/1982
13/06/1994
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
14/06/1994
25/10/1994
Total: 20 años, 2 meses y 5 días

Asimismo, se tiene que el demandado efectuó cotizaciones al ISS durante un total de 1083,64 semanas computables (no simultáneas), de las cuales 1075,07 corresponden a relaciones laborales de derecho privado, mientras que 8,57 se derivan de servicios prestados a la Rama Judicial. El mentado ISS le reconoció pensión de vejez, mediante Resolución 527 de 21 de febrero de 2012, bajo la égida del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990, calculada con un 78% del ingreso base de liquidación y con fundamento en «1065» semanas cotizadas, de las cuales «12,86» correspondían a servicios prestados en la Rama Judicial y las restantes (1052,14) a relaciones de trabajo suscitadas en el sector privado, efectiva desde el 1° de octubre de 2010.

El a quo declaró la nulidad del acto administrativo que otorgó la pensión de vejez al accionado, al estimar que, con independencia del número de semanas computadas, allí fueron incluidos los aportes efectuados por cuenta del lapso laborado en la Rama Judicial y, por eso, tal prestación conforma doble recompensa del erario y es incompatible con la de jubilación. Por su parte, el accionado reclama que las dos prestaciones son compatibles, porque cotizó más de 1000 semanas en el sector privado y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado lo autoriza.

Sobre el particular, esta Sala considera que le asiste razón al señor Rubio Villamizar, pues es cierto, como fue decantado en el análisis normativo efectuado en el acápite anterior, que la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado que las pensiones de jubilación y vejez resultan compatibles, siempre y cuando la segunda de ellas se obtenga por servicios laborados en el sector privado, como sucede en esta controversia.

En efecto, revisados los documentos allegados al expediente de manera minuciosa, la Sala concluye que el accionado colmó los requisitos previstos para causar la pensión de vejez en los términos preceptuados por el Decreto 758 de 1990, que prevé:

Artículo 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.

[…]

Artículo 20. Integración de las pensiones de invalidez por riesgo común y de vejez. Las pensiones de invalidez por riesgo común y por vejez, se integrarán así:

Parágrafo 2° La integración de la pensión de vejez o de invalidez de que trata este artículo, se sujetará a la siguiente tabla:

PORCENTAJE DE PENSION SOBRE SALARIO MENSUAL DE BASE
Número semanas
% Inv. P. total
% Inv. P. absoluta
% Gran Inv.
Vejez
[…]

1.000
75
81
87
75
1.050
78
84
90
78

[…].

En el sub examine está demostrado que el demandado superó las 1000 semanas de cotización exclusivamente en el sector privado (acumuló 1075,07), por lo que al cumplimiento de sus 60 años de edad adquirió el derecho a recibir la pensión de vejez preceptuada por el Decreto 758 de 1990, prestación compatible con la de jubilación concedida por Cajanal, porque logró acreditar una densidad de aportes derivados de relaciones de trabajo acaecidas por fuera del sector público suficiente para tal fin, tanto es así que le fue otorgada esa pensión con una tasa de reemplazo del 78% por haber completado 1050 semanas, de acuerdo con el artículo 20 (parágrafo 2°) del mencionado Decreto.

Al respecto, la sección segunda de esta Colegiatura, en providencia de 22 de octubre de 2009, expediente 05001-23-31-000-2001-00423-01 (262-08), C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, dijo:

[…] esta Subsección en sentencia de 8 de noviembre de 2007, […] radicado interno No. 5435-05, sostuvo:

“En relación con la prohibición constitucional consagrada en el artículo 128 de la C.P., la Sala considera que no se configura ninguna incompatibilidad entre recibir sueldo en un cargo público y pensión de vejez, pues como lo expresó la Sala de Consulta y Servicio Civil en Concepto No. 1480 de 8 de mayo de 2003, no se trata de dos asignaciones provenientes del tesoro público, (...)”.

[…]

Bajo estas consideraciones, puede concluirse, que no es acertada la decisión de la Administración relativa a la negativa del derecho pensional reclamado [pensión de jubilación docente], fundada en la incompatibilidad pensional, máxime si, como en el presente asunto, la pensión reconocida por el ISS es resultado de aportes eminentemente privados […]

En un asunto con contornos fácticos y jurídicos similares al presente, la Subsección A, Sección Segunda de esta Corporación concluyó:

“La anterior jurisprudencia es aplicable al caso concreto. En efecto, se trata de dos asignaciones completamente diferentes por su origen y por su fuente: una, la que reclama el actor del Fondo de Prestaciones del Magisterio y otra la que recibe del ISS; la primera obedece a servicios prestados al Estado; la otra por haber cotizado como trabajador independiente, lo cual conduce a indicar que las dos pensiones son compatibles por cuanto no se opone a lo señalado en la norma constitucional que prohíbe, salvo excepciones, percibir una pluralidad de asignaciones provenientes del Tesoro Público.”.

[…] (subraya la Sala).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia (sala de casación laboral), en fallo de 4 de julio de 2012, expediente 40413, M. P. Luis Gabriel Miranda Buelvas, precisó:

Luego, en ningún yerro jurídico incurrió el Tribunal al considerar que por cumplir el actor, por estar amparado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, para acceder a la pensión de vejez, dado que reunió el número de semanas de cotización provenientes de empleadores particulares en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, y sin lugar a reproche alguno por contar con la pensión oficial por cuanto, a su vez, había prestado el tiempo de servicios contemplado por la Ley 33 de 1985 al servicio del Estado, tenía derecho a la reclamada pensión de vejez.

Ahora bien, en relación con las alegaciones concernientes a la imposibilidad de contar el actor con dos pensiones, una del sector público y otra del régimen común administrado por el Instituto de Seguros Sociales, con argumentos relativos al objeto de cada prestación e, inclusive, a la de su financiación, basta decir que son cuestionamientos más que superados por la jurisprudencia, pues de data bastante anterior se ha entendido por ésta que si la primera fue reconocida por servicios prestados al sector público con o sin aportes a las anteriormente llamadas ‘cajas de previsión’; en tanto la segunda fue otorgada, a su vez, por prestarlos a empleadores particulares y con aportes al Instituto aquí demandado, las dos prestaciones emergen compatibles en favor del trabajador, pues en modo alguno su razón de ser, su objeto y su financiación se pueden confundir. Predicamento que continúa vigente para quienes, siendo beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, prestaron sus servicios a empleadores públicos con anterioridad a su vigencia, e igualmente lo hicieron a particulares siendo afiliados a la entidad demandada por éstos desde aquella época, pero que por razón del requisito de edad apenas vienen a acceder al derecho pensional, en uno o los dos casos, en vigencia de esta nueva normatividad [] (se destaca).
Conforme a lo expuesto en precedencia, no le asiste razón al a quo por cuanto, pese a que en la Resolución demandada se advierte que de las «1065» semanas cotizadas, «12,86» correspondían a servicios prestados en la Rama Judicial, lo cierto es que el accionado satisfizo plenamente el requisito de cotizaciones previsto en el Decreto 758 de 1990 con tiempos laborados en el sector privado (más de 1000), por lo que, en virtud del principio de la realidad sobre las formas, independientemente de que en tal acto se haya mencionado ese lapso trabajado en el sector oficial, se insiste, solo se le tuvo en cuenta para calcular la pensión de vejez los interregnos cotizados en el privado.

Agrégase a lo anterior, que si bien en sentencia de 1º de marzo de 2012 esta Corporación sostuvo que «No sucede lo mismo cuando la pensión que reconoce el ISS incluye tiempos laborados en el sector público porque en ese caso se involucran dineros que provienen del “tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado” y en tal sentido sería incompatible con la pensión de jubilación reconocida por servicios prestados en el sector público», en últimas tal postura, contrario a lo considerado por el a quo, acompaña el criterio de esta sala decisión en el sub lite, en la medida en que el demandado, como ya se dijo, no requirió de las semanas cotizadas como servidor judicial para obtener la pensión de vejez concedida por el entonces ISS, de manera que esa prestación, en puridad de verdad, no compromete recursos públicos, que es lo que en realidad se reprocha en aquel pronunciamiento.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anotado, resulta importante advertir que si el accionado efectuó aportes al desaparecido ISS mientras estuvo vinculado a la Rama Judicial, no fue por capricho o descuido, sino porque cuando el Gobierno nacional ordenó la supresión y liquidación de Cajanal, concomitantemente (i) le prohibió continuar las actividades atinentes al desarrollo de su objeto social, salvo las correspondientes al reconocimiento de pensiones de quienes hubieren colmado los respectivos requisitos, y (ii) ordenó el traslado de sus afiliados cotizantes a aquel Instituto, de manera que a partir de ese momento solo podía afiliarse bien al ISS (luego Colpensiones), como administrador del régimen de prima media con prestación definida (como ocurrió), ora a uno de los fondos privados encargados de la administración del régimen de ahorro individual con solidaridad; por consiguiente, no puede enrostrarse al demandado haber realizado aportes para pensión como trabajador (lo que por demás es obligatorio) al ISS, máxime cuando no estaba a su alcance seguir con Cajanal y, por ende, afectar su derecho a la pensión de vejez por circunstancias ajenas a su voluntad y que, en todo caso, no desvirtúan los tiempos laborados con anterioridad en el sector privado.

Como producto de lo anterior, una vez establecido que el acto acusado no vulnera la prohibición de recibir doble asignación del erario prevista en el artículo 128 de la Constitución Política, la Sala se relevará del estudio del recurso de apelación promovido por Colpensiones, encaminado a obtener el reembolso de las sumas pagadas por concepto de pensión de vejez, por sustracción de materia.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se revocará la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar, negar tales súplicas.

En relación con la condena en costas y las agencias en derecho que corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 2016, se pronunció así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandante, no se impondrá condena en costas.

Comoquiera que quien se halla habilitado legalmente para ello confirió poder en nombre de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), cuya destinataria lo sustituyó en otra profesional del derecho, se reconocerá personería a esta última.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°. Revócase la sentencia de 1° de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección E), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) contra el señor Álvaro Jesús Rubio Villamizar; en su lugar, niéganse tales súplicas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2°. Sin condena en costas.

3°. Reconócese personería a la abogada Irene Johanna Yate Forero, con cédula de ciudadanía 52.737.743 y tarjeta profesional 168.071 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), en los términos de la sustitución de poder.

4°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Con aclaración de voto

Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones».
«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales». Concepto 1344 de 10 de mayo de 2001. Al respecto, puede consultarse el concepto 1480 de 8 de mayo de 2003 de la sala de consulta y servicio civil, C. P. Susana Montes de Echeverri, en el que se indicó: «Como se dejó explicado en el aparte 2 de este concepto, hasta la vigencia de la ley 100 de 1.993 los máximos tribunales de justicia, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, habían señalado que los aportes efectuados por los trabajadores y los patronos del sector privado al ISS eran de índole privada y, por lo mismo, las pensiones que con tales recursos se pagaran no provenían del tesoro público y, por ello, eran compatibles con cualquier otra asignación provenientes de éste. Se dijo, entonces, que el ISS resultaba ser un simple administrador de recursos de índole privada. Por el contrario, se entendió que las pensiones pagadas por las entidades de previsión del sector público constituían asignaciones provenientes del tesoro público». Archivo denominado «36-Resoluciones que resuelve de fondo la petición-Causante.pdf». Según la historia laboral que sustentó el reconocimiento (ff. 62 a 67). Según la historia laboral que sustentó el reconocimiento (ff. 62 a 67). Sentencia de 19 de octubre de 2006, C. P. doctor Jaime Moreno García, radicado interno No. 3691-05. Ver también, de las mismas Corporación y sala, los fallos de (i) 12 de agosto de 2009, M. P. Gustavo José Gnecco Mendoza, expediente 35374; y (ii) 3 de mayo de 2011, M. P. Carlos Ernesto Molina Monsalve, expediente 39810: «En efecto, en condiciones normales el hecho de gozar el trabajador de una pensión de jubilación o de vejez sería razón suficiente para negar la procedencia del derecho a la pensión sanción, de acuerdo con la jurisprudencia transcrita. Pero ello no puede entenderse así cuando el trabajador, por razón de los servicios prestados al empleador que sin justa causa lo despide, de todos modos tiene derecho a una pensión de vejez, en este último caso en el evento de haber sido afiliado al Seguro Social oportunamente, por no existir una incompatibilidad para gozar simultáneamente de las dos prestaciones, originadas ellas, desde luego, en el trabajo a diferentes empleadores con distinta naturaleza jurídica, uno oficial y el otro privado, y en épocas que no sean totalmente concurrentes […]» (se destaca). Que se adujo en la decisión de primera instancia para sustentar la conclusión adversa al demandado. Sección segunda, subsección B, expediente 17001-23-31-000-2009-00102-01 (375-11), actor: Mario Orozco Hoyos, demandada: Universidad de Caldas. A través del Decreto 2196 de 2009, «por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones». Artículo 3° ibidem: «Prohibición para iniciar nuevas actividades. Como efecto de la liquidación aquí ordenada, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación, no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social, por lo tanto, conservará su capacidad jurídica únicamente para realizar los actos, operaciones y contratos necesarios en orden a efectuar su pronta liquidación.

En todo caso, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4° del presente Decreto, de acuerdo con las normas que rigen la materia […]». Artículo 4° ib: «Del traslado de afiliados. La Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación, deberá adelantar todas las acciones necesarias para el traslado de sus afiliados cotizantes, a más tardar dentro del mes siguiente a la vigencia del presente decreto, a la Administradora del Régimen de Prima Media del Instituto de Seguro Social - ISS. Igualmente, deberá trasladar a dicha entidad los conocimientos sobre la forma de adelantar el proceso de sustanciación de los actos administrativos de reconocimiento de pensión de estos afiliados cotizantes, en la medida en que se trata de servidores públicos, para lo cual, estas entidades fijarán las condiciones en la que se realizará dicho traslado». Artículo 52 de la Ley 100 de 1993: «Entidades administradoras. El régimen solidario de prima media con prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales». Artículo 13 ibidem: «Características del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones tendrá las siguientes características:
a) La afiliación es obligatoria salvo lo previsto para los trabajadores independientes;
b) La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley;
[…]
d) La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen en esta ley;
[…]» (subrayas de la subsección). Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.

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Radicación No. 41001-23-33-000-2015-00217-01
Actor: DANIELA ALEJANDRA PÉREZ MONJE
IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA - Pág. No. PAGE 1

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