Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00710-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00710-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00710-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de noviembre de 2023
Radicado: 25000234200020210071002 (5723-2022)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000234200020210071002 (5723-2022)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Demandada: Guillermo León González Parada y otro1
Tema: Compatibilidad entre pensiones de vejez reconocidas por la UGPP
y Colpensiones en virtud de tiempos de servicio públicos y
privados respectivamente. No se configura la prohibición de doble
erogación del tesoro público del artículo 128 constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones contra la
sentencia del 28 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las pretensiones de la
demanda.
ANTECEDENTES
La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, instauró demanda2 en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Resolución 102692 del 11 de febrero de 2011, a través de la cual, el extinto
Instituto de Seguros Sociales, ISS, reconoció una pensión de jubilación en favor
del señor Guillermo León González Parada.
1 Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP
2
Documento denominado «01.DemandayAnexos (1)», obrante en el ítem 4 del índice 2 de SAMAI.
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• Resolución GNR 2946 del 6 de enero de 2016, por la cual Colpensiones
reliquidó la pensión.
• Resolución SUB 261778 del 4 de octubre de 2018, mediante la cual se
reconocieron los incrementos pensionales del 14%, en razón de 12 mesadas
anuales.
• Resolución SUB 103548 del 6 de mayo de 2020, con la que se dio alcance a la
Resolución SUB 261778 del 4 de octubre de 2018.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene al señor Guillermo León
González Parada: i) reintegrar lo pagado por el ISS, hoy Colpensiones, a título de
mesadas pensionales, retroactivo y aportes en salud, desde su ingreso a nómina; ii)
indexar las sumas adeudadas; iii) pagar los intereses a los que haya lugar; y iv) pagar
las costas y agencias en derecho.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la Caja de previsión social de comunicaciones, Caprecom, mediante resolución
2596 del 18 de noviembre de 2004, le reconoció una pensión de vejez al señor
Guillermo León González Parada en cuantía de $1.319.432, efectiva a partir del 31 de
mayo de 2004.
Que la anterior decisión fue confirmada a través de la Resolución 498 del 4 de marzo
de 2005 por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Que, por medio de las Resoluciones 2831 del 10 de noviembre de 2005 y 307 del 22
de febrero de 2006, la UGPP reliquidó la prestación en la suma de $1.965.217, efectiva
a partir del 1.° de enero de 2005.
Que, por su parte, el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, reconoció una
pensión de vejez, a favor del señor Guillermo León González Parada, mediante
Resolución 102692 del 11 de febrero de 2011 con fecha de adquisición del derecho
del 31 de mayo de 2009, con un ingreso base de liquidación de $1.797.911, en cuantía
de $1.132.668., efectiva a partir del 19 de marzo de 2010, de conformidad con la el
decreto 758 de 1990.
Que, mediante Resolución GNR 2946 del 6 de enero de 2016, Colpensiones reliquidó
la pensión de vejez en comento, en cuantía de $1,279,922.00, a partir del 16 de
septiembre de 2012.
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Que, a través de la Resolución SUB 261778 del 04 de octubre de 2018, Colpensiones
reconoció y ordenó el pago del aumento del 14% de la mesada pensional, en razón de
12 mesadas anuales. En la Resolución SUB 103548 del 06 de mayo de 2020, se dio
alcance a este acto administrativo.
Que, posteriormente, en el auto de pruebas APSUB 730 del 17 de marzo de 2021,
Colpensiones solicitó al señor Guillermo León González Parada, consentimiento para
revocar las Resoluciones 102692 del 11 de febrero de 2011, GNR 2946 del 6 de enero
de 2016, SUB 261778 del 04 de octubre de 2018 y SUB 103548 del 06 de mayo de
2020, al considerar que se encuentra incurso en la causal prevista en el numeral 1 del
artículo 93 del CPACA. No obstante, el pensionado no respondió.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 11 de octubre de 20213 y notificada a la parte demandada.
La UGPP contestó4 señalando que se no se encontraba legitimada en la causa por
pasiva, toda vez que no expidió los actos administrativos cuestionados y, por ello, no
le corresponde pronunciarse frente a las pretensiones de la demanda.
Solicitó que, en caso de acceder a las pretensiones, se ordene a Colpensiones realizar
el traslado de los aportes que efectuó el señor Guillermo León González Parada al
extinto ISS, a favor de la UGPP con el fin de financiar la pensión reconocida al
demandado.
El señor Guillermo León González Parada guardó silencio.
Mediante auto del 23 de marzo de 2022, el Tribunal dispuso prescindir de las
audiencias y dar trámite de sentencia anticipada, conforme lo previsto en el artículo 13
del Decreto Legislativo 806 de 2020 en concordancia con el artículo 42 de la Ley 2080
de 2021.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN 5
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 28 de abril de 2022, negó las pretensiones de la demanda, en
consideración a que si bien existe la prohibición constitucional 6 y legal7 de recibir más
3 Documento denominado «05. Auto Admite» obrante en el ítem 4 del índice 2 de SAMAI.
4 Documento denominado «08 ContestacionDemandaPoderProcesoAdtivo.pdf» obrante en el ítem 4 del índice 2
de SAMAI.
5 Documento denominado «19. fallo 1ra. Incompatibilidad pensional.pdf» obrante en el ítem 4 del índice 2 de SAMAI.
6 Constitución Política, artículo 128.
7 Ley 4ª de 1992, artículo 19.
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de una asignación que provenga del tesoro público, el Consejo de Estado ha señalado,
en reiterada jurisprudencia 8, que es posible que una persona perciba dos prestaciones
de misma naturaleza, siempre que una de ellas se derive de cotizaciones efectuadas
en el sector privado.
Que, en la Resolución GNR 2946 del 6 de enero de 2016, mediante la cual se reliquidó
la prestación cuestionada, se indicó que «revisada la historia laboral se observa que la
última cotización realizada por el peticionario fue en marzo de 2003, con el empleador
universidad la gran Colombia».
Que, en igual sentido, se observa que, para el reconocimiento pensional, Colpensiones
tuvo en cuenta tiempos laborados en Acerías Paz del Río S.A., Universidad Católica,
Universidad Gran Colombia y Universidad de Cundinamarca.
Que, si bien para el período comprendido entre el 1° de febrero de 2001 y el 31 de
diciembre de 2004, fueron reportadas cotizaciones por la Universidad de
Cundinamarca, que pertenece al sector público, lo cierto es que dichas cotizaciones
no fueron determinantes para el reconocimiento de la prestación, pues,
independientemente de que en el acto de reliquidación se haya mencionado ese lapso,
solo se consideró para calcular la pensión de vejez los interregnos cotizados en el
sector privado.
Que, de otra parte, mediante Resolución 2596 de 18 de noviembre de 2004, la extinta
Caprecom, le reconoció una pensión de jubilación al demandado, en cuantía de
$1.319.432, efectiva a partir del 31 de mayo de 2004 y para tal efecto, tuvo en cuenta
el periodo de servicio prestado al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y el Instituto Nacional de Radio y
Televisión de Colombia, Inravisión.
Que, así las cosas, la pensión de vejez reconocida por el liquidado ISS hoy
Colpensiones y la pensión de jubilación que otorgó Caprecom, hoy a cargo de la
UGPP, tuvieron en cuenta tiempos diferentes, toda vez que la primera se sustentó en
servicios que prestó en entidades del sector privado (Acerías Paz Del Rio S.A.,
Universidad Católica y Universidad la Gran Colombia), mientras que la segunda
obedece a los servicios prestados al sector público, es decir que los fondos con los
que se pagaron las respectivas cotizaciones son también diferentes, lo que conlleva a
considerar que las dos pensiones son compatibles.
8 Al respecto citó:
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, radicado: 54001-23-33-
000-2016-00056-01(1746-17).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1.° de agosto de 2018), radicado: 25000-23-
42-000-2013-02538-01(2091-15).
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EL RECURSO DE APELACIÓN9
Colpensiones interpuso recurso de apelación, expresando que la extinta Caja de
Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, hoy UGPP, a través de la Resolución
2596 del 18 de noviembre de 2004, le reconoció al señor Guillermo León González
Parada una pensión de vejez en cuantía de $1.319.432, a partir del 31 de mayo de
2004.
Que, igualmente, el extinto ISS, mediante Resolución 102692 del 11 de febrero de
2011, le reconoció una pensión de vejez en cuantía de $1.132.668, a partir del 31 de
mayo de 2009, con efectos fiscales desde el 19 de marzo de 2010.
Que el señor González Parada contaba con tiempos públicos prestados a Caprecom
cotizando con el empleador Universidad de Cundinamarca, lo cual era un indicio para
solicitar en su momento los documentos necesarios para descartar cualquier tipo de
incompatibilidad.
Que la Constitución Política, en su artículo 128, prohíbe la doble asignación del tesoro
público, prohibición que no se refiere solo a los salarios provenientes de empleos
públicos, sino a otras remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente.
Que el reconocimiento de prestaciones sin el cumplimiento de los requisitos legales
vigentes atenta contra el principio de estabilidad financiera del Sistema General de
Pensiones establecido por el Acto Legislativo 001 de 2005 como una obligación del
Estado, tal como lo indicó la Corte Constitucional en Sentencia SU-149 de 2021.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
Cuestión previa. Apelación de auto que decretó medida cautelar
Observa la Subsección que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de
providencia del 2 de diciembre de 2021, negó la solicitud de la suspensión provisional
de los efectos jurídicos de las Resoluciones 102692 del 11 de febrero de 2011, GNR
2946 del 6 de enero de 2016, SUB 261778 del 4 de octubre de 2018 y SUB 103548
del 6 de mayo de 2020.
9 Documento denominado « 21RecursoApelacionSuscritoPorColpensiones.pdf», obrante en el ítem 4 del índice 2
de SAMAI.
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Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual se encuentra a Despacho del suscrito magistrado ponente para decidir, en el
radicado 25000234200020210071001 (2315-2022).
En ese orden y en aras de aplicar los principios de eficacia, economía y celeridad,
consagrados en la Constitución Política, el Código Contencioso Administrativo 10 y
demás normas concordantes, el recurso de apelación contra el auto que negó el
decreto de la medida cautelar se resolverá en forma conjunta con el recurso de alzada
contra la sentencia de primera instancia según lo previsto en el artículo 323 del Código
General del Proceso.
Problema jurídico
La Sala debe determinar si la pensión de jubilación reconocida por el extinto ISS, hoy
Colpensiones, a favor del señor Guillermo León González Parada, mediante la
Resolución 102692 del 11 de febrero de 2011 es incompatible con la pensión de vejez
concedida por la extinta Caprecom, hoy UGPP, en la Resolución 2596 del 18 de
noviembre de 2004.
Marco normativo y jurisprudencial
Prohibición constitucional de percibir doble asignación del tesoro público
El artículo 128 de la Constitución Política de 1991 prevé:
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo
los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el
de las descentralizadas.».
En desarrollo de este postulado constitucional, la Ley 4.ª de 1992, en su artículo 19,
dispuso:
«ARTÍCULO 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptuánse las siguientes asignaciones:
10 «ARTÍCULO 3°. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía,
celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte
primera.
En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar
las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de
quienes intervienen en ellos […]».
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a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón
de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más
de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.».
La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo transcrito, mediante la
Sentencia C-133 del 1.° de abril de 1993, en la que precisó:
«[…] Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad,
no lo es menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la
remuneración de los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la
concurrencia de dos o más cargos públicos en una misma persona, tanto como
recibir más de una asignación que provenga del erario público. El término
"asignación" comprende toda clase de remuneración que emane del tesoro
público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc. Siendo así, bien podía
el legislador ordinario establecer dicha incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a.
de 1992, sin contrariar mandato constitucional alguno. Aún en el remoto caso de
que se hubiere concluido que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades
para los funcionarios públicos debía ser regulado por medio de ley ordinaria, el
artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería inconstitucional, por cuanto el
legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo. […]».
En este contexto, la prohibición constitucional de recibir más de un pago proveniente
de recursos públicos incluye a las pensiones siempre que aquellas se constituyan de
aportes derivados de sendas vinculaciones con el Estado.
Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado 11 sostuvo que el postulado
constitucional en comento hace referencia a «la imposibilidad de (I) desempeñar más de
un empleo público y (II) percibir más de una asignación que provenga del (a) tesoro público o
(b) de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado».
Así mismo, en sentencia del 19 de febrero de 2015 12, explicó que en si bien no es
posible devengar dos pensiones de vejez consolidadas por tiempos prestados al
servicio del Estado, lo cierto es que que dos pensiones pueden ser compatibles
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de
octubre de 2009. Radicado: 05001233100020010042301 (0262-2008).
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección, Segunda. Subsección B. Sentencia del 19
de febrero de 2015. Radicado: 25000-23-25-000-2008-00147-01 (0882-13).
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siempre que los fondos con los que se pagaron las respectivas cotizaciones provengan
de distintas fuentes, de modo que no se genere un doble pago con recursos del erario.
Así lo señaló:
«De lo anterior se concluye que es viable percibir una pensión de jubilación
por servicios prestados en el sector público y a la vez recibir una pensión de
vejez por parte del ISS siempre que ésta se reconozca por servicios
prestados a patronos particulares.
No sucede lo mismo cuando la pensión que reconoce el Instituto del Seguro
Social incluye tiempos laborados en el sector público porque en ese caso se
involucran dineros que provienen del "tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado" y en tal sentido sería
incompatible con la pensión de jubilación reconocida por servicios prestados en el
sector público.» (Negrita fuera de texto).
Bajo esta óptica, resulta viable percibir una pensión de jubilación por servicios
prestados en el sector público y a la vez recibir una pensión de la misma connotación
por servicios prestados a patronos particulares, pues con ello no se incurre en la
prohibición constitucional prevista en el artículo 128 de la Constitución Política . La
Corporación ha reiterado este criterio en diversas oportunidades 13.
Sobre el particular, se precisa que el hecho de que una de las prestaciones sometidas
a examen de compatibilidad haya sido reconocida por el extinto ISS, no conlleva per
se la naturaleza de erogación del erario. Si bien el artículo 49 del Decreto 758 de 1990 14
preveía la improcedencia de devengar las pensiones que reconocía dicha institución
con las demás contempladas para el sector público, se resalta que el Consejo de
Estado en sentencia del 3 de abril de 1995 15 declaró la nulidad de tal supuesto
normativo al precisar que:
«[…] Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 27 de enero
de 1995 (expediente No. 7109, Sala de Casación Laboral, magistrado ponente Dr.
Jorge Iván Palacio Palacio.) “puede decirse entonces que el ISS se convirtió en
un mero administrador de los dineros que aportaran asalariados y empleadores
con el compromiso de manejarlos; por consiguiente no puede afirmarse que las
pensiones que éste otorgue provinieron del Tesoro Público”. La Sala comulga con
tal apreciación. Se trata de dos asignaciones completamente diferentes por
su origen y por su fuente. La pensión que reciba la persona de la Caja
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 1.° de julio de 2021, radicado: 25000234200020170028001
(6442-2018).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de agosto de 2021, radicado: 25000 -23-42-
000-2016-03522-01 (3643-2019).
14 «ARTÍCULO 49. INCOMPATIBILIDAD. Las pensiones e indemnizaciones sustitutivas que cubre el ISS, son
incompatibles:
a) Entre si;
b) Con las demás pensiones y asignaciones del sector público, y
c) Con las pensiones de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988. Sin embargo, el beneficiario podrá
optar por la más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.»
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 3 de abril de 1995.
Expedientes acumulados: 5708, 5833 y 5937.
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Nacional de Previsión Social o de cualquiera otra similar, y la que reclame
del ISS; una obedece a servicios prestados al Estado; la otra por haber
prestado servicios laborales a otra entidad, a un ente particular llamado
patrono o empleador todo lo cual conduce a indicar que las dos pensiones
sean compatibles por cuanto no se opone a los (sic) señalado en la norma
constitucional que prohíbe, salvo excepciones, percibir una pluralidad de
asignaciones provenientes del Tesoro Público”. […]». (Negrillas de la Sala).
De este aparte jurisprudencial se destaca que, la coexistencia entre una pensión de
vejez otorgada en su momento por el Instituto de Seguros Sociales y una concedida
por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, genera incompatibilidad frente
al mismo derecho prestacional si es derivado del ejercicio de una actividad oficial,
empero, en este último caso no genera la aludida figura prescrita en el artículo 128
constitucional si la primera reconoció la prestación con base en tiempos de cotización
de patronos particulares.
Sobre dicho punto esta Subsección se pronunció en sentencia del 2 de diciembre de
201916 cuando señaló lo siguiente:
«[…] Pues bien, como quedó expuesto, el Consejo de Estado aclaró que el
Instituto de Seguros Sociales se convirtió en un mero administrador de los dineros
que aportaban asalariados y empleadores con el compromiso de manejarlos, lo
cual significa que no todas las pensiones pagadas por ese instituto denoten
per se la calidad de públicas o provenientes del tesoro público, pues muchas
de ellas son sufragadas con dineros provenientes de patronos particulares.
Por eso, la naturaleza jurídica de las pensiones debe ser determinada por la
calidad del patrono o de quien realice los aportes, pues dependiendo del origen o
la fuente de los dineros con que se hayan hecho los aportes se denominará si es
pública o privada. […]» (Negrilla del texto original. Líneas intencionales).
Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado 17 precisó que tal aseveración
relativa al entendimiento abstracto de la incompatibilidad entre asignaciones del
Estado, tenía fundamento respecto de las situaciones pensionales configuradas antes
de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, pues al entrar en vigor, esta implementó
un sistema integral que se acompasaba con el canon constitucional precitado, en el
entendido de que no era posible devengar dos prestaciones destinadas a contener el
mismo riesgo de vejez, tal como se adujo de la siguiente forma:
«Bajo estas consideraciones, puede concluirse, que no es acertada la decisión
de la Administración relativa a la negativa del derecho pensional reclamado,
fundada en la incompatibilidad pensional, máxime si, como en el presente
asunto, la pensión reconocida por el ISS es resultado de aportes
eminentemente privados, efectuados con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993. […]
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2
de diciembre de 2019. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01293-01(0775-15).
17Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 22
de octubre de 2009. Radicado: 05001233100020010042301 (0262-2008).
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(i) De la compatibilidad pensional.
Al respecto, establece el artículo 128 de la Constitución Política que: "Nadie podrá
desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en
las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el
de las descentralizadas.".
Consagra el anterior precepto constitucional la imposibilidad de (I) desempeñar
más de un empleo público y (II) percibir más de una asignación que provenga del
(a) tesoro público o (b) de empresas o instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado.
Dentro de esta prohibición ha de entenderse no sólo la percepción de más de un
"sueldo" que provenga de más de un empleo público, sino la de otras
remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, tales como
pensiones, entre otros.». (Negrita de la Sala)
Esta aclaración de la compatibilidad cuando una de las pensiones proviene de aportes
privados halla sustento en la medida en que el fin ulterior del Sistema General de
Seguridad Social implementado con la promulgación de la Ley 100 de 1993, es unificar
las condiciones y exigencias para toda la población, en orden de acceder en clave de
igualdad e integralidad a todas las prestaciones que este consagra, y de aquella forma
suplir las contingencias derivadas de la actividad laboral, máxime cuando como en el
presente asunto, la pensión reconocida por el ISS es resultado de aportes
eminentemente privados.
Resolución del caso concreto
Una vez revisada la documentación obrante en el plenario18, se observa que el ISS le
reconoció pensión de vejez al señor González Parada mediante Resolución 102692
del 11 de febrero de 2011, como beneficiario del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, aplicando el Acuerdo 049 de 1990. La prestación fue liquidada
en dicha ocasión con base en 815 semanas de cotización, para un monto del 63%, y
pagada desde el 19 de marzo de 2010, fecha a partir de la cual, infiere la Sala, se
desafilió del sistema 19.
Esta pensión fue reliquidada mediante Resolución GNR 2946 del 6 de enero de 2016,
en la que Colpensiones tuvo en cuenta los siguientes tiempos de servicios:
18 Carpeta denominada «Anexos», obrante en el ítem 4 del índice 2 de SAMAI.
19
Así se desprende de reporte de semanas cotizadas al ISS en el que se indica como fecha de retiro el 18 de
marzo de 2010.
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«[…]
ENTIDAD LABORÓ DESDE HASTA NOVEDAD DIAS
3 2 1 ACERÍAS PAZ DEL RÍO 19720403 19730301 TIEMPO 333
S.A SERVICIO
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A 19730301 19730716 TIEMPO 138
SERVICIO
UNIVERSIDAD SOCIAL 19940301 19940701 TIEMPO 123
CATÓLICA SERVICIO
UNIVERSIDAD OCT LA 19941011 19941231 TIEMPO 82
GRAN CO SERVICIO
UNIVERSIDAD LA 19950101 19950102 TIEMPO 2
GRAN COLOMBIA SERVICIO
UNIVERSIDAD LA 19950201 19950623 TIEMPO 143
GRAN COLOMBIA SERVICIO
UNIVERSIDAD LA 19950701 19990921 TIEMPO 1521
GRAN COLOMBIA SERVICIO
UNIVERSIDAD LA 19991001 19991130 TIEMPO 60
GRAN COLOMBIA SERVICIO
UNIVERSIDAD LA 20000101 20000110 TIEMPO 10
GRAN COLOMBIA SERVICIO
UNIVERSIDAD LA 20000201 20000427 TIEMPO 87
GRAN COLOMBIA SERVICIO
UNIVERSIDAD LA 20000601 20000725 TIEMPO 55
GRAN COLOMBIA SERVICIO
UNIVERSIDAD LA 20000801 20001211 TIEMPO 131
GRAN COLOMBIA SERVICIO
UNIVERSIDAD LA 20010101 20100318 TIEMPO 3318
GRAN COLOMBIA SERVICIO
UNI CUNDINAMARCA 20010201 20010531 TIEMPO 120
SERVICIO
UNI CUNDINAMARCA 20010801 20011130 TIEMPO 120
SERVICIO
UNI CUNDINAMARCA 20020301 20020603 TIEMPO 93
SERVICIO
UNI CUNDINAMARCA 20020801 20021130 TIEMPO 120
SERVICIO
UNI CUNDINAMARCA 20030201 20030430 TIEMPO 90
SERVICIO
UNI CUNDINAMARCA 20030901 20031130 TIEMPO 90
SERVICIO
UNI NAL ABIERTA 20041101 20041231 TIEMPO 60
DISTANCIA SERVICIO
UNIVERSIDAD NOCT LA 1 DIAS INTERRUPCION 1
GRAN CO
UNIVERSIDAD NOCT LA 22 DIAS INTERRUPCION 22
GRAN CO
Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 5,979 días laborados,
correspondientes a 854 semanas» (subraya la Sala).
Para el reconocimiento de la pensión del señor Guillermo León González Parada, el
ISS tuvo en cuenta únicamente los tiempos laborados en Acerías Paz del Río S.A., y
las universidades Católica y La Gran Colombia, que son entidades de naturaleza
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privada. Ello atendiendo a que la sumatoria de tiempos reportados a estos
empleadores, descontando los tiempos de interrupción, da un total de 5.980 días,
modificándose el número total de semanas a 854 y, en consecuencia, aumentando la
tasa de reemplazo a 66%.
Respecto a los días de cotización reportados por la Universidad de Cundinamarca y
por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, se evidencia que no fueron tenidos
en cuenta en el cómputo del tiempo de servicio para la liquidación de la prestación,
toda vez que de haberse contabilizado, el número de días habría pasado de 5.980 20 a
un total de 6.673, lo que equivaldría a 953 semanas y por ende, la pensión se habría
reajustado con base en un monto del 72% y no del 66% como lo hizo Colpensiones 21.
De otra parte, la Sala advierte que mediante la Resolución 2596 del 18 de noviembre
de 2004, la extinta Caprecom le reconoció la pensión al aquí demandado, efectiva a
partir del 31 de mayo de 2004, de conformidad con las Leyes 33 de 1985, 100 de 1993,
449 de 1997 y el Decreto 692 de 1994, teniendo en cuenta los servicios prestados en
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento Administrativo de Seguridad,
y el Instituto Nacional de Radio y Televisión de Colombia, así:
En ese orden, se infiere que la pensión fue reconocida de acuerdo con el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, aplicando la norma anterior a la vigencia del Sistema
General de Seguridad Social, esto es, la Ley 33 de 1985. En tal virtud, Caprecom
únicamente tuvo en cuenta los aportes efectuados por entidades públicas.
Así las cosas, se tiene que para el reconocimiento de la pensión del señor Guillermo
León González Parada, el ISS tuvo en cuenta tiempos laborados para empleadores
particulares, mientras que Caprecom reconoció la prestación atendiendo al tiempo de
servicio prestado en entidades estatales
20
5.979 según el acto administrativo.
21
Según los porcentajes indicados para la pensión de vejez regulados en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990.
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En este punto, se reitera que esta Corporación, en diversas oportunidades 22 ha
sostenido que dos pensiones pueden ser compatibles siempre que los fondos con los
que se pagaron las respectivas cotizaciones provengan de distintas fuentes, de modo
que no se genere un doble pago con recursos del erario. En otras palabras, es viable
percibir una pensión de jubilación por servicios prestados en el sector público y a la
vez recibir una pensión de la misma connotación por servicios prestados a patronos
particulares, pues con ello no se incurre en la prohibición constitucional prevista en el
artículo 128 de la Constitución Política.
Así las cosas, del examen de las pruebas aportadas de cara con las normas
presuntamente violadas, encuentra la Sala que se demostró que el demandado ocupó
un empleo público y otro por relaciones contractuales con diferentes patronos en el
sector privado a partir de los cuales efectuó aportes respectivamente, tal como era su
obligación, por lo que se encuentra debidamente justificada la duplicidad de
cotizaciones en períodos concomitantes, al encontrar que estas devienen de
empleadores disímiles incluso en su naturaleza.
Por lo anterior, si bien el señor Guillermo León González Parada tiene reconocidas dos
pensiones de jubilación que cubren la misma contingencia relacionada con la vejez, la
fuente de los recursos con los que se paga cada una es totalmente diferente a pesar
de la equivalencia en ciertos interregnos de tiempos de servicio y, por consiguiente, no
podría alegarse que se configura una doble asignación por parte del Estado prohibida
por el artículo 128 constitucional.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada.
De la solicitud de medida cautelar
Ante esta Subsección cursa el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones
contra el auto del 2 de diciembre de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó la suspensión provisional
de los efectos de los actos administrativos demandados, bajo el radicado
25000234200020210071001 (2315-2022).
Colpensiones solicitó la medida cautelar con sustento en que el señor Guillermo León
González Parada no tiene derecho a la pensión de jubilación que le fue reconocida a
través de los actos administrativos acusados, toda vez que aquel ya goza de una
pensión de la misma naturaleza y con el mismo sustento fáctico, que fue reconocida
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 1.° de julio de 2021, radicado: 25000234200020170028001
(6442-2018).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de agosto de 2021, radicado: 25000-23-42-
000-2016-03522-01 (3643-2019).
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Radicado: 25000234200020210071002 (5723-2022)
por la extinta Caprecom, con lo que se infringe el artículo 128 de la Constitución
Política, que establece la prohibición de devengar doble asignación del tesoro público.
Sobre el punto, advierte la Sala que, comoquiera que, al decidir de fondo sobre el
asunto, se determinó la legalidad de las resoluciones cuestionadas, resulta imperativo
confirmar la providencia del 2 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó la
suspensión provisional, por los mismos argumentos.
En consecuencia, se ordenará a la Secretaría de la Sección Segunda archivar el
incidente de medida cautelar con radicado 25000234200020210071001 (2315-2022).
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual, en toda sentencia, el
juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que estas
se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de
manera temeraria, malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con
la adición efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida obró con manifiesta
carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección A de
esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual, se deberá analizar la
conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al inciso 2 del artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, se observa que el recurso de apelación no carece de fundamentación
legal que dé lugar a la condena en costas, por el contrario, ambas partes, en sus escritos,
expusieron argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no
se impondrá condena en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A,
RESUELVE
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 28 de abril de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las
pretensiones de la demanda.
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Radicado: 25000234200020210071002 (5723-2022)
Segundo: Confirmar el auto proferido el 2 de diciembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó el
decreto de la suspensión provisional de las Resoluciones 102692 del 11 de febrero de
2011, GNR 2946 del 6 de enero de 2016, SUB 261778 del 4 de octubre de 2018 y SUB
103548 del 6 de mayo de 2020.
Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto: Por Secretaría, cancelar el registro del expediente con el radicado
25000234200020210071001 (2315-2022), toda vez que el recurso de apelación contra
la medida cautelar decretada, se resolvió en forma conjunta en el presente recurso de
alzada formulado frente a la sentencia de primera instancia.
Quinto: Reconocer personería jurídica a Eunomia Abogados SAS, representada
legalmente por el abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa, identificado con la cédula de
ciudadanía 1.136.883.951 de Bogotá D.C y la T.P. 291.382 del Consejo Superior de la
Judicatura, en los términos y para los efectos del poder otorgado por la UGPP, obrante
a índice 11 del sistema informático SAMAI.
Sexto: Realizar las anotaciones correspondientes en el sistema informático SAMAI, y
una vez ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Los magistrados,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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