Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01812-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01812-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-01812-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
15 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000234200020160181201 (0480-2022)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandado: Jorge Eliécer Montealegre Almario
Vinculado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Lesividad. Reconocimiento pensional. Compatibilidad pensional.
Reintegro de mesadas pagadas debe demostrarse la mala fe del
demandado. REVOCA Y NIEGA PRETENSIONES.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el cinco (5) de mayo de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
ANTECEDENTES
La Administradora Colombiana de Pensiones instauró demanda en contra del señor
Jorge Eliécer Montealegre Almario en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ello bajo la
modalidad de lesividad, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de la Resolución GNR 088534 del 6 de mayo de 2013,
que reconoció una pensión de vejez en favor del demandado.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene al demandado devolver los
valores pagados por concepto de pensión de vejez; que se reintegren los valores
girados por concepto de salud; que se indexen las sumas reconocidas y se
1 Folios 45 a 46.
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reconozcan los intereses a que haya lugar.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que Cajanal le reconoció una pensión al demandado, por medio de Resolución
28248 del 16 de septiembre de 2005, teniendo en cuenta como tiempo de servicios
lo laborado en la Superintendencia de Industria y Comercio (17 de julio de 1973 a
30 de abril de 1992) y en el Ministerio de Industria y Comercio (29 de octubre de
1992 al 3 de mayo de 1995).
Que el demandado solicitó ante el ISS el reconocimiento de una pensión de vejez,
el 2 de julio de 2010. Petición que fue negada mediante Resolución 029282 de 25
de agosto de 2011 y confirmada en Resolución GNR 022167 de 4 de marzo de
2013.
Que Colpensiones reconoció la pensión de vejez a través de la Resolución GNR
088534 de 6 de mayo de 2013, sin tener en cuenta el otorgamiento previo de la
pensión por parte de Cajanal, ni los motivos expuestos por el ISS al negarle la
prestación.
Que mediante Resolución GNR 298477 de 26 de agosto de 2014 le solicitó al
pensionado su consentimiento para revocar el último acto de reconocimiento, sin
obtener pronunciamiento del interesado.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 23 de junio de 20173, y notificada a la
parte demandada, quien se opuso a las pretensiones4 indicando que los recursos
administrados por el ISS y Colpensiones no tienen la calidad de públicos, de modo
que las prestaciones reclamadas son compatibles y las puede percibir
simultáneamente porque la reconocida por Cajanal se funda en tiempos laborados
al Estado, mientras que la segunda se conforma de aportes privados.
Propuso las excepciones de prescripción, falta de causa para demandar y la
genérica o innominada.
La UGPP, en calidad de vinculado, contestó5 indicando que en este caso se
configura la incompatibilidad pensional, porque aun si el demandado es beneficiario
2 Folios 46 a 47.
3 Folio 88.
4 Folios 180 a 191.
5 Folios 260 a 265.
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del régimen de transición, tanto la pensión reconocida por Cajanal como la otorgada
por Colpensiones responden a la misma contingencia, la vejez.
Propuso las excepciones que denominó «incompatibilidad pensional», caducidad,
buena fe, prescripción y la genérica.
El 21 de enero de 2021 se declaró no probada la excepción previa de caducidad,
se prescindió de la etapa probatoria y se corrió traslado para alegar de conclusión6.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, declarando la nulidad del acto, pero negando el
reintegro de las sumas de dinero reclamadas, porque si bien los aportes al ISS
realizados por concepto de cotizaciones al sistema pensional constituyen aportes
parafiscales, no son emolumentos del erario público y a partir de la entrada en
vigencia de la Ley 100 no es posible que una misma persona disfrute
simultáneamente de dos pensiones que cubran el mismo riesgo.
Que el señor Montealegre Almario cumplió los requisitos para hacerse beneficiario
de la pensión con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100, por lo que es
inviable el doble reconocimiento pensional, indicando además que Cajanal, al
otorgar la prestación, dispuso que las cotizaciones efectuadas al ISS de carácter
privado financiarían la pensión por ella reconocida.
Que respecto a la devolución de las sumas percibidas por el señor Jorge Eliécer
Montealegre Almario, no es posible acceder a ello, en la medida en que el literal c)
del ordinal 1 del artículo 164 del CPACA, que «[...] no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe». Que fue la entidad quien reconoció
la prestación, no siendo posible trasladar su responsabilidad al demandado y que
debe entenderse que los dineros recibidos por él lo fueron de buena fe.
RECURSOS DE APELACIÓN
La parte demandante8 presentó recurso de apelación parcial contra la sentencia
de primera instancia, con el fin de que se acceda a la pretensión de restablecimiento
del derecho atinente a la devolución de las sumas pagadas al accionado por
concepto de pensión.
Que en el presente caso la mala fe del pensionado se evidencia desde el momento
en que se le solicitó su autorización para revocar el acto administrativo, porque a
partir de ahí tuvo pleno conocimiento que estaba percibiendo una prestación a la
6 Folios 307 a 309.
7 Folios 336 a 347.
8 Folios 364 a 365.
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que no tenía derecho.
Que el pago de la prestación fue un perjuicio inminente en contra de la estabilidad
financiera del sistema general de pensiones, por lo que afecta gravemente su
capacidad de otorgar y pagar las prestaciones a los afiliados, vulnerando el principio
de progresividad, y el acceso a las pensiones de todos los colombianos, por lo tanto,
el solo reconocimiento de una prestación económica a cualquier ciudadano si
vulnera el sistema financiero.
El demandado interpuso recurso9, indicando que el reconocimiento pensional en
su favor no se fundó en la Ley 100 sino en su régimen de transición, por lo que las
normas aplicables son las establecidas en el régimen anterior al cual se encontrara
afiliado.
Que ambas prestaciones son autónomas, independientes y compatibles porque una
proviene de sus cotizaciones como empleado público, mientras que la otra de
cotizaciones privadas, debiendo aplicarse la jurisprudencia de las Altas Cortes de
que los recursos manejados por el ISS y Colpensiones, en materia pensional, no
son públicos.
TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 1.° de marzo de 2022 se admitió el recurso, y por no haber
pruebas que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para
alegar, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 247 del
CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
Las partes y el ministerio público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si las pensiones
reconocidas por Cajanal y Colpensiones, en el marco del régimen de transición, son
compatibles y, en caso negativo, si es procedente el reintegro a favor de
Colpensiones de las sumas de dinero percibidas por el accionado por concepto de
pensión de vejez.
Marco normativo y jurisprudencial.
El artículo 128 de la Constitución Política de Colombia reza lo siguiente:
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
9 Folios 367 a 369.
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instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.».
Esta norma fue desarrollada a través de la Ley 4.ª de 1992, en la cual se regularon
las respectivas excepciones a la prohibición citada en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público,
ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes
asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de
la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de
la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de
ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.».
La Corte Constitucional a través de la sentencia C133 de 1993 declaró la
exequibilidad de la anterior norma, al considerar que esta se ajusta al postulado
supralegal de la incompatibilidad entre dos o más asignaciones del erario.
La prohibición constitucional para recibir dos o más pagos con fuente de financiación
de recursos públicos abarca también a las pensiones, en términos generales, desde
el concepto amplio de asignación, ello siempre y cuando su causa u origen sea
común mientras provengan de aportes derivados de sendas vinculaciones con el
Estado.
La Sala precisa que el hecho de que una de las prestaciones sometidas a examen
de compatibilidad haya sido reconocida por el Instituto de Seguros Sociales no
conlleva por sí misma la naturaleza de erogación del erario; aun si el artículo 49 del
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, preveía la
improcedencia de devengar las pensiones reconocidas por dicha institución con las
demás contempladas para el sector público.
Esta Sección ha indicado que el contenido del artículo 128 superior, al referirse a la
noción de asignación del tesoro público, debe entenderse de manera irrestricta y,
en consecuencia, los aportes al mentado sistema no podían hacer parte de este
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criterio.
En sentencia del 19 de febrero de 201510 se indicó en un caso similar, en el que
había cotizaciones del sector privado y del sector público, que, en definitiva, no es
posible devengar dos pensiones de vejez consolidadas por tiempos prestados al
servicio del Estado; pero que sí resultaba viable la compatibilidad cuando una
tuviera como base aportes del sector privado y, la otra, aportes de empleadores de
derecho público:
«De lo anterior se concluye que es viable percibir una pensión de jubilación por
servicios prestados en el sector público y a la vez recibir una pensión de vejez
por parte del ISS siempre que ésta se reconozca por servicios prestados a
patronos particulares.
No sucede lo mismo cuando la pensión que reconoce el Instituto del Seguro
Social incluye tiempos laborados en el sector público porque en ese caso se
involucran dineros que provienen del "tesoro público, o de empresas o de instituciones
en las que tenga parte mayoritaria el Estado" y en tal sentido sería incompatible con
la pensión de jubilación reconocida por servicios prestados en el sector público.».
(Negrita fuera de texto).
Sobre dicho punto esta Subsección se pronunció en sentencia del 2 de diciembre
de 201911 cuando señaló lo siguiente:
«[…] Pues bien, como quedó expuesto, el Consejo de Estado aclaró que el Instituto
de Seguros Sociales se convirtió en un mero administrador de los dineros que
aportaban asalariados y empleadores con el compromiso de manejarlos, lo cual
significa que no todas las pensiones pagadas por ese instituto denoten per se
la calidad de públicas o provenientes del tesoro público, pues muchas de ellas
son sufragadas con dineros provenientes de patronos particulares.
Por eso, la naturaleza jurídica de las pensiones debe ser determinada por la calidad
del patrono o de quien realice los aportes, pues dependiendo del origen o la fuente
de los dineros con que se hayan hecho los aportes se denominará si es pública o
privada. […]». (Negrilla del texto original. Líneas intencionales).
Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado12 precisó que tal
aseveración relativa al entendimiento abstracto de la incompatibilidad entre
asignaciones del Estado, tenía fundamento respecto de las situaciones pensionales
configuradas antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, pues al entrar
en vigor, esta implementó un sistema integral que se acompasaba con el canon
constitucional precitado, en el entendido de que no era posible devengar dos
prestaciones destinadas a contener el mismo riesgo de vejez, tal como se adujo de
la siguiente forma:
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del
19 de febrero de 2015. Radicado: 25000-23-25-000-2008-00147-01(0882-13).
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
2 de diciembre de 2019. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01293-01(0775-15).
12Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del
22 de octubre de 2009. Radicado: 05001233100020010042301 (0262-2008).
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Radicado: 25000234200020160181201 (0480-2022)
«Bajo estas consideraciones, puede concluirse, que no es acertada la decisión de
la Administración relativa a la negativa del derecho pensional reclamado,
fundada en la incompatibilidad pensional, máxime si, como en el presente
asunto, la pensión reconocida por el ISS es resultado de aportes
eminentemente privados, efectuados con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993. […]
(i) De la compatibilidad pensional.
Al respecto, establece el artículo 128 de la Constitución Política que: "Nadie podrá
desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las
que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados
por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de
las descentralizadas.".
Consagra el anterior precepto constitucional la imposibilidad de (I) desempeñar más
de un empleo público y (II) percibir más de una asignación que provenga del (a)
tesoro público o (b) de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado.
Dentro de esta prohibición ha de entenderse no sólo la percepción de más de un
"sueldo" que provenga de más de un empleo público, sino la de otras remuneraciones
o asignaciones que tengan la misma fuente, tales como pensiones, entre otros.».
(Negrita de la Sala)
Esta aclaración de la compatibilidad cuando una de las pensiones proviene de
aportes privados halla sustento en la medida en que el fin ulterior del Sistema
General de Seguridad Social implementado con la promulgación de la Ley 100 de
1993, es unificar las condiciones y exigencias para toda la población, en orden de
acceder en clave de igualdad e integralidad a todas las prestaciones que este
consagra, y de aquella forma suplir las contingencias derivadas de la actividad
laboral, máxime cuando como en el presente asunto, la pensión reconocida por el
ISS es resultado de aportes eminentemente privados.
Bajo este contexto, el ordenamiento jurídico y la línea jurisprudencial vigentes
habilitan la compatibilidad entre dos pensiones de vejez en favor de un mismo
beneficiario, aun cuando estas busquen proteger el mismo riesgo o compartir un
objeto análogo, siempre y cuando sus fuentes de financiación en materia de aportes
sean diferentes en punto a la esencia de los vínculos laborales que sustentan ambas
prestaciones, esto es, que se trate de cotizaciones derivadas en cada caso
exclusivamente de tiempos de servicio a diferentes empleadores del sector público
y privado respectivamente.
Devolución de mesadas percibidas.
Según lo prescribe el numeral 1, literal c) del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, disposición que
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reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo 136 del CCA, «no habrá lugar a
recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe».
Al respecto, esta Sección13 en los casos en que las prestaciones periódicas, tales
como la pensión, han sido recibidas como resultado de un error de la administración,
ha mantenido una posición pacífica en punto a que no procederá la devolución de
las mesadas por haber sido percibidas de buena fe. Específicamente se ha
sostenido lo siguiente.
«La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el derecho al
reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada pensional a partir
del 1º de enero de 1996 en un monto equivalente a seiscientos diez mil novecientos
cincuenta y nueve pesos con noventa y un centavos ($610.959,91) cuando por este
concepto le correspondía solamente la suma de quinientos sesenta y cinco mil
novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos ($565.965,64).
Lo anterior teniendo en cuenta que como obtuvo el derecho pensional a partir del
1º de enero de 1996 no le era aplicable el incremento previsto en el artículo 143 de
la Ley 100 de 1993.
No obstante, lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para pretender
unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación pagó pues
fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los pagos efectuados
por la entidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de buena fe por la
demandante y en ese orden, no obstante, la legalidad del acto que dispuso el
reintegro, la Sala considera que la administración no probó ni en la vía
gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la obtención de
los reajustes pagados». (Negrita de la Sala)
Dado que el principio de buena fe trae consigo una presunción de legalidad, que
admite prueba en contrario, le corresponde a quien la echa de menos, probar que
el peticionario actuó de mala fe. En ese sentido, en los eventos en los que por un
error de la administración se reconoce la pensión a quien no reúne los requisitos,
no puede con posterioridad alegar a su favor su propia culpa, a fin de recuperar un
dinero que fue recibido por una persona sin ningún tipo de dolo o actuación
malintencionada.14
13
Sentencia de 17 de mayo de 2007. Número interno: 3287-05.
Véanse también: Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2014. Radicación: 25000-
23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013). Actor: CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, hoy Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Luz
Mery Melo Melo.
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de junio de 2007. Número interno: 0950-2006. Actora: Univ.
Distrital Francisco José de Caldas. Demandado: Arturo Spin Ramírez.
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2008. Radicado: 68001-23-15-000-2001-03370-
01 (0488-07). Actor: Universidad Industrial de Santander. Demandado: Ismael Pinto Rincón.
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de 2016. Radicado: 130012333000201300149
01 (2677-2015). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Manuel Baquero Nova.
14 En este sentido, se pronunció recientemente la Subsección B, de la Sección Segunda en las sentencias del
17 de noviembre de 2016, número interno: 2677-15, y del 29 de junio de 2017, número interno: 4321-2016.
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No obstante, en aquellos casos en los que el error no devenga de la administración,
se deberá analizar cada caso particular, para determinar si hay lugar o no a la
devolución de los dineros.
Resolución del caso concreto
Revisado el material probatorio, se observa que el señor Jorge Eliecer Montealegre
Almario devenga dos pensiones, la primera reconocida por Cajanal y la segunda
por Colpensiones.
En el caso de la primera prestación reconocida, Cajanal tuvo en cuenta que el
beneficiario estaba cobijado por el régimen de transición, que cumplió 55 años de
edad el 3 de marzo de 2004 y que tenía más de 20 años de servicio al Estado,
teniendo en cuenta que laboró en la Superintendencia de Industria y Comercio entre
el 17 de julio de 1973 y el 30 de abril de 1992, y con el Ministerio de Minas y Energía
entre el 29 de octubre de 1992 y el 3 de mayo de 199515.
Por su parte, Colpensiones le otorgó una pensión aplicando el Acuerdo 049 de 1990,
con base en los siguientes periodos de cotización con empleadores privados, así:
«[…]
ENTIDAD LABORÓ DESDE HASTA NOVEDAD DIAS
UNIVERSIDAD LIBRE 19810401 19811130 TIEMPO 240
SERVICIO
CORPOR UNIVERSIDAD 19820101 19870101 TIEMPO 1827
LIBRE SERVICIO
CORPOR UNIVERSIDAD 19870401 19940401 TIEMPO 2556
LIBRE SERVICIO
CONSORCIO ASTECNIA 19920717 19921120 TIEMPO 127
SIMEC C. SERVICIO
SIMEC LTDA 19950601 19950608 TIEMPO 8
SERVICIO
SIMPRO LTDA 19950601 1995063 TIEMPO 3
SERVICIO
SIMEC LTDA 19950701 19970205 TIEMPO 575
SERVICIO
FC CONSTRUCCIONES SA 19970301 19980531 TIEMPO 450
SERVICIO
FC CONSTRUCCIONES SA 19980701 19980718 TIEMPO 18
SERVICIO
SIMEC LTDA 19990701 19990705 TIEMPO 5
SERVICIO
SIMEC LTDA 19990801 19990929 TIEMPO 59
SERVICIO
SIMEC LTDA 19991001 20001130 TIEMPO 420
SERVICIO
SIMEC LTDA 20010101 20011229 TIEMPO 359
SERVICIO
SIMEC LTDA 2002101 20020314 TIEMPO 74
SERVICIO
15
Según Resolución 28248 del 16 de sepiembre de 2005
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SIMEC LTDA 20020401 20040128 TIEMPO 658
SERVICIO
Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 7.255 días laborados,
correspondientes a 1.036 semanas.»
De la anterior información registrada en la Resolución GNR088534 del 6 de mayo
de 2013, se advierte que Colpensiones únicamente tuvo en cuenta tiempos
cotizados por empleadores privados, mientras que Cajanal reconoció la pensión
solo con tiempos públicos.
Como se indicó, las pensiones pueden ser compatibles siempre que las fuentes de
financiación en materia de aportes sean diferentes, lo que ocurre en el presente
caso, toda vez que la de Cajanal se sustentó exclusivamente en tiempos laborados
al Estado, mientras que la de Colpensiones se funda únicamente en el tiempo
cotizado con empleadores privados.
En este punto, se reitera que esta Corporación, en diversas oportunidades 16 ha
sostenido que dos pensiones pueden ser compatibles siempre que los fondos con
los que se pagaron las respectivas cotizaciones provengan de distintas fuentes, de
modo que no se genere un doble pago con recursos del erario. En otras palabras,
es viable percibir una pensión de jubilación por servicios prestados en el sector
público y a la vez recibir una pensión de la misma connotación por servicios
prestados a patronos particulares, pues con ello no se incurre en la prohibición
constitucional prevista en el artículo 128 de la Constitución Política.
En consecuencia, encuentra la Sala que se demostró que el demandado laboró
como empleado público, cumpliendo los requisitos para pensionarse bajo la edad,
tiempo de servicio y monto de la Ley 33 de 1985, pero también por relaciones
contractuales con diferentes patronos en el sector privado, a partir de los cuales
efectuó aportes respectivamente, tal como era su obligación, por lo que se
encuentra debidamente justificada la duplicidad de cotizaciones en períodos
concomitantes, al encontrar que estas devienen de empleadores disímiles incluso
en su naturaleza.
Por lo anterior, si bien el señor Jorge Eliecer Montealegre Almario tiene reconocidas
dos pensiones que cubren la misma contingencia relacionada con la vejez, la fuente
de los recursos con los que se paga cada una es totalmente diferente, por lo que no
puede alegarse que se configura una doble asignación por parte del Estado,
16 Sobre el particular, ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 1.°
de julio de 2021, radicado: 25000234200020170028001 (6442-2018); del 12 de octubre de 2023, radicacdo
25000234200020180096301 (3364-2021); o del 23 de noviembre de 2023, 25000234200020210071002 (5723-
2022).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 5 de agosto de 2021, radicado:
25000234200020160352201 (3643-2019); del 11 de agosto de 2022, 25000234200020180216601 (2563-2021);
o del 8 de junio de 2023, 17001233300020210018701 (4582-2022).
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Radicado: 25000234200020160181201 (0480-2022)
prohibida por el artículo 128 constitucional.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que las dos pensiones reconocidas en favor
del accionado son compatibles, por lo que se revocará la sentencia de primera
instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
Finalmente, la Subsección estima innecesario pronunciarse respecto al motivo de
apelación presentado por Colpensiones, toda vez que el acto administrativo
acusado no debe ser anulado, resultando improcedente acceder a las pretensiones
de restablecimiento del derecho.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria,
malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida obró
con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual,
se deberá analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme
al inciso 2 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya
ha venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha
situación a la luz de la normativa vigente.
En el presente caso, de la revisión de los recursos de apelación, se observa que no
hay lugar a la condena en costas, pues aquellos no carecen de fundamentación
jurídica, por el contrario, ambas partes, en sus escritos, expusieron argumentos
razonables en defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se impondrá
condena en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicado: 25000234200020160181201 (0480-2022)
F AL L A
Primero. Revocar la sentencia proferida el cinco (5) de mayo de dos mil veintiuno
(2021) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso promovido
por la Administradora Colombiana de Pensiones contra el señor Jorge Eliecer
Montealegre Almario, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. En su lugar,
Segundo. Negar las pretensiones de la demanda.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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