Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00125-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00125-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2019-00125-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00125-01 (5536-2023)
Demandante: Yimi Poduar Holguín Jaramillo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional
Tema: Reconocimiento pensión de invalidez
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 3 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
1. Yimi Poduar Holguín Jaramillo presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad del acto ficto negativo o presunto por la falta de
respuesta de la entidad demandada a la petición del 20 de marzo de 2014, por
medio de la cual solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez y el reajuste
de la indemnización por la pérdida de la capacidad laboral.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento de la pensión de invalidez en cuantía equivalente al
75% del salario y demás emolumentos que devengaba al momento del retiro del
servicio, en consideración al porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral que le
otorgó la Junta Regional de Calificación de Invalidez, esto es un 71.5%; ii) el reajuste
1 En adelante CPACA.
Radicado: 47001-23-33-000-2019-00125-01 (5536-2023)
Demandante: Yimi Poduar Holguín Jaramillo
de la indemnización reconocida a la que legalmente tuviera derecho, conforme con
la disminución de la capacidad psicofísica2; iii) la indexación de las sumas que
resultaren de la condena; iv) el pago de los intereses a los que hubiere lugar y de
100 salarios mínimos por perjuicios causados; y v) el cumplimiento de la sentencia
en los términos dispuestos en los artículos 187 y 192 del CPACA.
3. De manera subsidiaria pidió el otorgamiento de la indemnización sustitutiva de
conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 100 de 1993.
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:
4.1. Yimi Poduar Holguín Jaramillo prestó sus servicios al Ejército Nacional como
soldado profesional y fue retirado por una disminución de la capacidad psicofísica
originada en lesiones que sufrió durante su permanencia en la institución.
4.2. Fue evaluado por disminución de la capacidad laboral, según el acta emitida
por la Dirección de Sanidad; sin embargo, el dictamen establecido fue
desproporcionado y no se ajustó a la gravedad de su estado de salud.
4.3. Con el paso del tiempo su salud se ha deteriorado gradualmente; no
obstante, ha tenido dificultades para la atención, tratamiento y evaluación por parte
de la entidad demandada.
4.4. Su grave estado de salud, el cual es irreversible, le ha causado perjuicios de
tipo moral, económico y familiar. Asimismo, lo ha mantenido al margen del
desempeño de cualquier actividad laboral.
4.5. Se le realizó una valoración por parte de la Junta Regional de Calificación del
Meta, en la cual fue diagnosticado y se determinó la existencia de algunas
patologías producto de su permanencia en el Ejército Nacional, las que requerían
ser tratadas de manera urgente. En esta oportunidad, se determinó una pérdida de
la discapacidad laboral del 71.50%, según acta 98677399 del 25 de junio de 2013.
4.6. Solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de la pensión de invalidez
y el reajuste de la indemnización por pérdida de la capacidad psicofísica; sin
embargo, la petición no fue contestada.
2 Esta pretensión fue rechazada por el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante auto del 8
de marzo de 2019, toda vez que no se demandó el acto administrativo que reconoció la
indemnización dentro de los 4 meses siguientes a su notificación y no se agotó el requisito de la
conciliación extrajudicial. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_47001233300020190012(.zip) NroActua 2», carpeta «47001233300020190012500», archivo
«01ExpedienteDigitalizado.pdf», folios 79 a 90.
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Demandante: Yimi Poduar Holguín Jaramillo
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Se citaron como tales los artículos 1, 2, 4, 25, 29, 53 y 228 de la Constitución
Política; 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo; 9 del Código Sustantivo del
Trabajo; 40, literal a), de la Ley 100 de 1993; 40, literal f), de la Ley 48 de 1993; y
15, 37, 44 y 45 del Decreto 1496 de 2000; y la Ley 923 de 2004.
6. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:
6.1. Cuando ingresó al Ejército Nacional se encontraba en óptimas condiciones
de salud, las cuales fueron alteradas negativamente durante su permanencia en la
institución, lo que le generó una incapacidad absoluta y permanente para
desempeñar actividades laborales y desenvolverse normalmente en la vida social.
6.2. Era injusto e inequitativo que un uniformado que ingresó a prestar un servicio
a la patria en la plenitud de sus facultades psicofísicas retornara a la vida civil en
lamentables condiciones, sin recibir alguna prestación social que por ley le
correspondía.
6.3. El desmejoramiento de la salud y de la calidad de vida ocurrió en el servicio
activo en la institución militar.
6.4. En el acta de la junta médico laboral no se consignaron todas las lesiones
que progresivamente deterioraron su estado de salud y «prueba de ello [fue] que se le
declaró “NO APTO” para el servicio, amén de considerarlas irregularmente evaluadas».
7. Sedebía reconocer el reajuste de la indemnización, en razón a que era
compatible con la pensión de invalidez, en consideración con lo previsto en el
numeral 3.12 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, «por considerar que dicha pretensión
se ajust[aba] en un todo a los hechos y el derecho».
1.2. Contestación de la demanda
8. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en los siguientes argumentos4:
8.1. El demandante no tenía derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez
ni de las demás prestaciones que reclamó, toda vez que no demostró una pérdida
de la capacidad laboral igual o superior al 75% que exige el Decreto 094 de 1989
3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_47001233300020190012(.zip) NroActua 2», carpeta «47001233300020190012500», archivo
«01ExpedienteDigitalizado.pdf», folios 26 a 37.
4 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_47001233300020190012(.zip) NroActua 2», carpeta «47001233300020190012500», archivo
«01ExpedienteDigitalizado.pdf», folios 159 a 189.
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para obtener ese derecho como militar, pues si bien la Junta Médico Laboral
estableció que existía una disminución de esta, lo cierto es que era equivalente al
43.23%, valoración que se encontraba ajustada a derecho, con el lleno de los
requisitos legales tanto sustantivos como procesales y sobre la cual no se advirtió
causal de nulidad alguna.
8.2. El acta de la Junta Médico Laboral fue realizada por los especialistas requeridos
de acuerdo con su condición militar y tuvo en cuenta las afecciones que padecía el
demandante en su momento.
8.3. No era cierto que el régimen establecido para los miembros de la fuerza pública
fuera desfavorable frente al común previsto en la Ley 100 de 1993, el que en últimas
no podía ser aplicado a aquellos al estar exceptuados.
1.3. La sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia proferida el 3 de mayo
de 2023 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Al efecto dispuso
lo siguiente5:
«PRIMERO: Declarar la nulidad del acto ficto o presunto que se configuró por el silencio
negativo de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional al no haber dado
respuesta oportuna a la petición que el señor Yimi Poduar Holguín Jaramillo elevó el 20
de marzo de 2014, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior y a título de restablecimiento del derecho,
condenar a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, a reconocer,
liquidar y pagar al señor Yimi Poduar Holguín Jaramillo, pensión de invalidez, en cuantía
del 50%, de las partidas computables, en los términos de la Ley 923 de 2994 y del
Decreto Ley 1157 de 2014, a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres
meses de alta, si se le computó como tiempo de servicio, conforme a lo expuesto en la
parte considerativa de esta decisión.
TERCERO: Las sumas reconocidas en favor del demandante serán ajustadas conforme
a la fórmula indicada en la parte motiva y, de ellas se ordena descontar el monto,
debidamente indexado, que le pagó a aquel por concepto de indemnización por
disminución de la capacidad laboral.
CUARTO: Declarar que no ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción respecto
de las mesadas pensionales causadas desde la fecha del retiro o el vencimiento de los
tres meses de alta, si se le computó como tiempo de servicio.
QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: La entidad demandada deberá dar cumplimiento a la sentencia en los términos
previstos en los artículos 192, 194 y 194 de la Ley 1437 de 2011.
5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_47001233300020190012(.zip) NroActua 2», carpeta «47001233300020190012500», archivo
«63SentenciaPrimeraInstancia.pdf».
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SÉPTIMO: No condenar en costas en esta instancia.
(…)» [sic].
10.Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
10.1. Al demandante le era aplicable la Ley 923 de 2004 y el Decreto 1157 de 2014
para el reconocimiento de la pensión de invalidez, que establecieron el derecho para
los miembros de la fuerza pública cuando se generaba una pérdida de la capacidad
laboral igual o superior al 50% por lesiones o afecciones que se generaron en
servicio activo, con independencia de su origen.
10.2. Si bien el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 establecía un porcentaje igual
o superior al 75% para obtener la pensión de invalidez, lo cierto es que esta
disposición fue declarada nula por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
del 28 de febrero de 2013, toda vez que el gobierno se extralimitó en su facultad
reglamentaria al haber condicionado la prestación a la estructuración de ese
porcentaje, cuando la ley marco estableció para ello un mínimo de un 50%.
10.3. Así las cosas, a partir de la nulidad de dicha norma, el porcentaje mínimo
requerido para el reconocimiento de la prestación solicitada es del 50%, siempre y
cuando la pérdida de la capacidad laboral haya ocurrido en el servicio activo, con
independencia de su origen.
10.4. En el caso concreto, el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral,
según la calificación de la Junta Regional de Calificación del Magdalena, practicada
por órdenes del tribunal y en atención a los hechos acaecidos durante la prestación
del servicio, fue del 54.94% de conformidad con los criterios expuestos en el Decreto
094 de 1989, siendo catalogado como no apto para la actividad militar, cuyo origen
fue determinado con el diagnóstico de 4 procedimientos: «gonartrosis; hipoacusia
bilateral, trastorno de disco lumbar y otros, con radiculopatía y trastorno mixto de ansiedad
y depresión».
10.5. Según el Consejo de Estado6, resultaba procedente tomar el porcentaje de
la pérdida de la capacidad laboral de una junta regional de calificación de invalidez
sin importar la condición de miembro de la fuerza pública y que hubiera pasado un
tiempo desde que ocurrió el primer accidente que generó la disminución.
10.6. En el asunto no existió prueba o indicio que permitiera determinar que el
porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral del demandante no obedeciera al
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 19 de
julio de 2017, radicado 88001 23 33 000 2015 00013 00 (3898-2016).
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deterioro progresivo y constante de su estado de salud, como consecuencia de las
lesiones adquiridas durante el tiempo que ostentó la condición de soldado del
Ejército Nacional. Por el contrario, la lesión de columna lumbar, la alteración de una
rodilla y la hipoacusia determinados por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Magdalena ya había sido incluso anunciada por la Junta Médica
Laboral de la Dirección de Sanidad Militar, tal y como se consignó en el acto 23368
del 24 de marzo de 2008.
10.7. Con todo, era posible que la persona afectada se sometiera a un nuevo
dictamen para establecer su pérdida de la capacidad laboral cuando había
transcurrido un determinado periodo, pues, una lesión que afectó la capacidad
laboral y disminuyó la calidad de vida de un individuo, no podía esperarse que se
mantuviera intacta con el paso del tiempo, y era apenas lógico que el porcentaje
hubiese aumentado y no disminuido.
10.8. En este sentido, la pensión de invalidez debía liquidarse en atención a los
porcentajes previstos en el artículo 2 del Decreto 1157 de 2014, según el cual el
porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del actor le otorgaba la
prestación en un 50%.
10.9. No había lugar al reconocimiento de i) la indemnización por incapacidad, toda
vez que la merma en la capacidad psicofísica de los miembros de la fuerza pública
ha compartido una causa común con la pensión de invalidez y, en tal sentido,
implicaba en la práctica que su reconocimiento simultáneo constituya una doble
compensación, por tanto era procedente el descuento de lo pagado por la entidad,
debidamente indexado, por este concepto; y ii) del pago del equivalente a 100
salarios mínimos como reparación de los perjuicios causados, pues no se probó su
causación.
10.10.En el asunto quedó demostrado que el demandante solicitó el derecho
reclamado el 20 de marzo de 2014, por tanto, «al presentar esta solicitud interrumpió
el término de prescripción cuatrienal, lo que conduce a concluir que como, al actor se retiró
del servicio el 8 de febrero de 2010, siendo calificada su pérdida de capacidad laboral por
medio de acta de la Junta Médico Laboral de retiro No 45448 de fecha de 26 de julio de
2011, no prescribió ninguna de las mesadas pensionales» [sic].
10.11.La condena en costas era improcedente, toda vez que no se demostró su
causación, en atención a lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del
Código General del Proceso7.
1.4. El recurso de apelación
11. La parte demandada interpuso recurso de apelación bajo los siguientes
7 En adelante CGP.
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argumentos8:
11.1. A través del acta 23368 del 27 de marzo de 2008 la Junta Médica le otorgó
al demandante una pérdida de la capacidad laboral del 17.64%, luego el Tribunal
Médico por medio del acta 3451-3947 del 16 de octubre la aumentó al 30.32%, la
cual finalmente a través del acta 45448 del 26 de julio de 2011 de la Junta Médica
se dictaminó en un 48.23%, por enfermedad común. No obstante, ninguno de estos
porcentajes alcanza al requerido por las normas para el reconocimiento de la
pensión de invalidez de los militares, esto es un 75%.
11.2. Los conceptos de la Junta Médica y del Tribunal Médico eran emitidos por
las máximas autoridades calificadas por idoneidad y experiencia para estos fines,
quienes calificaban acorde con los antecedentes del paciente y en forma ética e
imparcial.
11.3. Sin perjuicio de lo anterior, el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral
asignado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta tampoco le
alcanzaba para haber obtenido la pensión de invalidez reclamada.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
12. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.
1.6. Concepto del Ministerio Público
13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
14. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 10, el
problema jurídico consiste en determinar ¿si Yimi Poduar Holguín Jaramillo tenía
derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez, en consideración a un
porcentaje menor al 75% de la pérdida de la capacidad laboral?
8 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_47001233300020190012(.zip) NroActua 2», carpeta «47001233300020190012500», archivo
«65ApelacionSentenciaMinDefensa.pdf».
9 Tal y como se indicó en el auto del 12 de febrero de 2024. Samai, índice 4, actuación «Auto que
admite recurso de apelación», documento «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf)
NroActua 4».
10 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. La pensión de invalidez de los miembros de las fuerzas militares
15. El artículo 48 de la Constitución Política estableció que la seguridad social es
un servicio público de carácter obligatorio, el cual se presta bajo la dirección,
coordinación y control del Estado. De acuerdo con el artículo 209 ibidem, al
legislador le corresponde su desarrollo legal con observancia de los principios de la
función administrativa.
16. En relación con el estado y la capacidad psicofísica de los miembros de la
Fuerza Pública, los Decretos 2728 de 196811, 1836 de 197912, 94 de 198913, 1796
de 200014 y 4433 de 200415 han precisado los procedimientos médico-científicos a
través de los cuales se verifica la capacidad laboral, el origen de la incapacidad, el
porcentaje de su pérdida y las prestaciones económicas que eventualmente se
deben reconocer.
17. El Decreto 94 de 1989 estableció que i) sería calificado «no apto» quien
presentara alguna alteración psicofísica que no le permitiera desarrollar normal y
eficientemente la actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo
o funciones [artículo 3]; y ii) era obligación de la entidad realizar el examen de
capacidad psicofísica, el cual tenía «carácter de definitivo para los efectos legales
correspondientes» y cuya importancia radicaba en los derechos prestacionales
derivados del estado de salud del miembro de la Fuerza Pública.
18. La disminución de aquella, la capacidad laboral, ha dado lugar al reconocimiento
de diversas prestaciones, entre ellas, la pensión de invalidez prevista en el artículo
89 ibidem, conforme con el cual, se debía acreditar una pérdida igual o superior al
75%.
11 «Por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal
de soldado y grumetes de las Fuerzas Militares».
12 «Por el cual se determinan las normas relativas a la Capacitación Sicofísicas, las incapacidades,
invalideces e indemnizaciones en el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y
personal civil del Ministerio de Defensa y Policía Nacional».
13 «Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e
indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional».
14 « Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad
laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes
administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de
Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de
Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional
vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993»
15 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública».
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19. Posteriormente, el Decreto 1796 de 2000 en su artículo 40, dispuso que,
«[c]uando mediante Junta Médico-Laboral o Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y
de Policía, haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior
al 75%, ocurrida durante el servicio, por causa o razón del mismo, el personal [oficiales y
suboficiales de las fuerzas militares o su equivalente en la Policía Nacional], tendr[ía]
derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de
acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto [...]». La liquidación de la
pensión sería así: (i) el 75% de los salarios básicos cuando la disminución fuera del
75% y no alcanzara el 95%; y (ii) el 100% de los salarios básicos, cuando fuera igual
o superior al 95%.
20. Luego, la Ley 923 de 2004 estableció que el gobierno nacional, con sujeción a
las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley, fijaría el régimen de la
pensión de invalidez [entre otras], correspondientes a los miembros de la Fuerza
Pública.
21. En el artículo 3 ibidem, se estableció que el derecho para acceder a la pensión
de invalidez, así como su monto, sería fijado de acuerdo con el porcentaje de la
disminución de la capacidad laboral, «determinado por los Organismos Médico-
Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales [...] vigentes, teniendo en
cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que [originaran] la
disminución de la capacidad laboral. En todo caso, no se [podía] establecer como requisito
para acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por
ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso [sería] menor al cincuenta por ciento
(50%) de las partidas computables para la asignación de retiro».
22. En cumplimiento de lo anterior, el gobierno nacional expidió el Decreto 4433 de
2004. En el artículo 30, estableció que cuando la Junta Médico Laboral o el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía determinara una disminución de la
capacidad laboral igual o superior al 75% ocurrida en servicio activo, tendrían
derecho al reconocimiento de la pensión mensual.
23. No obstante, en la sentencia proferida el 28 de febrero de 201316, esta Sección
declaró la nulidad de la expresión «igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%)»
al considerar que este parámetro era distinto al ordenado por la Ley 923 de 2004.
Expuso al respecto:
«Como puede observarse, si por Ministerio de la ley no existe el derecho al
reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea inferior al 50%; a contrario sensu, cuando tal disminución sea igual
o superior a este porcentaje, surge el derecho a la obtención y reconocimiento de la
misma. De tal manera que si esa fue la decisión del legislador, ella no puede ser variada
sino por la propia ley, sin el desconocimiento de los derechos adquiridos y, en tal virtud,
no puede predicarse la validez de una norma que en desarrollo de los dispuesto en una
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238-2007).
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Ley Marco, señale en detrimento de sus beneficiarios, requisitos superiores a los
establecidos por esa ley.
De la confrontación entre lo dispuesto por el artículo 3° numeral 3.5 de la Ley 923 de
2004, y el contenido del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, surge que mientras aquél
establece que no se tiene el derecho a la pensión de invalidez o al sueldo de retiro
correspondiente cuando la disminución de la capacidad laboral sea inferior al 50%, el
artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 al señalar que se tiene derecho al reconocimiento
y liquidación de esa prestación social cuando la incapacidad laboral de los servidores
públicos allí mencionados sea igual o superior al 75% cuando ella ocurra en servicio
activo, en realidad lo que establece es que cuando sea inferior a ese porcentaje del 75%,
no existe el derecho. Es decir mediante ese Decreto que dice desarrollar lo dispuesto en
la Ley Marco 923 de 2004, se está creando una norma distinta a la que estableció el
artículo 3° numeral 3.5 de la Ley mencionada, norma que, además excluye del derecho
a quienes deberían ser beneficiarios del mismo.
Por tanto, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 adolece de un vicio insubsanable de
nulidad, pues fue expedido por el Presidente de la República fuera de la órbita
competencial que expresamente le señaló el Congreso de la República en la Ley 923 de
2004, artículo 3° numeral 3.5 y, por consiguiente, resulta contrario a derecho y carente
de validez».
24. Debido a dicha declaratoria de nulidad, se expidió el Decreto 1157 de 201417,
el cual dispuso lo siguiente:
«Artículo 2°. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando mediante
Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de
Policía, realizada por los organismos médico-laborales militares y de policía, se
determine al Personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares y
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para
la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional, una disminución de la
capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio
activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses
de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad,
a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que será reconocida por el
Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según
el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan,
con fundamento en las partidas computables que correspondan, según lo previsto en los
Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012, así:
2.1. El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea
igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y cinco por ciento
(75%).
2.2. El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad laboral
sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al ochenta y cinco por
ciento (85%).
2.3. El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad laboral
sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al noventa y cinco por
17 «Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de la Policía Nacional y de
pensión de invalidez para el personal uniformado de la fuerza pública».
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ciento (95%).
2.4. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%)» [se resalta].
25. Acorde con lo anterior, conviene destacar las siguientes características que
determinan el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez: i) la exigencia
de un porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral del 50% a efectos de
acceder a la pensión de invalidez; y ii) la pérdida de capacidad laboral mínima del
50% debe generarse por lesiones o afecciones médicas ocurridas o contraídas
durante el servicio, lo cual no significa que tenga que estructurarse de manera
absoluta durante este, pues hay ciertas patologías que pueden ir progresando y es
posible que la merma de capacidad sicofísica aumente con el paso del tiempo. En
otras palabras, el sistema de aseguramiento que proporciona la respectiva
institución de cara a la contingencia de invalidez, le otorga cobertura al empleado
durante el tiempo que permanezca vinculado en servicio activo y por los eventos
que se presenten o se desarrollen a lo largo de este, sin que pueda exigirse que sus
efectos se consoliden plenamente en el mismo periodo.
26. En suma, el derecho a la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza
Pública surge cuando se genera una pérdida de la capacidad laboral igual o superior
al 50% por lesiones o afecciones generadas durante el servicio, con independencia
de su origen18, es decir, que las patologías deben ocurrir durante el servicio activo,
así no sean por causa o con ocasión de la actividad militar19.
2.3. Caso en concreto
27. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
27.1. Según constancia del 26 de marzo de 201920, expedida por la Sección de
Atención al Usuario «DIPER» del Ejercito Nacional, Yimi Poduar Holguín Jaramillo
ingresó a prestar el servicio militar en la institución militar el 20 de febrero de 2003,
el cual culminó el 30 de noviembre de 2004. Posteriormente, se desempeñó como
alumno soldado profesional «DIPER» del 2 al 31 de diciembre de 2004 y como
soldado profesional entre el 1 de enero de 2005 y el 8 de febrero de 2010, cuando
fue retirado por disminución de la capacidad psicofísica a través de la orden
18 Al respecto se pueden consultar las sentencias de la Sección Segunda, Subsección A: del 18 de
julio de 2019, radicado: 050012333000201501359 01 (4887-2016); del 11 de julio de 2020, radicado:
25001-23-42-000-2012-02051-01(0565-17) y del 20 de mayo de 2021, radicado: 50001-23-31-000-
2010-00461-01(6256-19), entre otras.
19 En igual sentido se pronunció esta Sección en sentencia del 18 de febrero de 2021, radicado:
25000-23-42-000-2013-00285-01(0351-18).
20 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_47001233300020190012(.zip) NroActua 2», carpeta «47001233300020190012500», archivo
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administrativa de personal del comando el ejército 1059 de esta última fecha 21. El
tiempo total de servicio fue de 6 años, 11 meses y 16 días.
27.2. Por medio del acta de la Junta Médico Laboral 23368 del 24 de marzo de
200822, se evaluó la disminución de la capacidad laboral del actor y se le otorgó un
17.64%. Las conclusiones fueron las siguientes:
«IV. CONCEPTOS DE LOS ESPECIALISTAS
(AFECCION POR EVÄLUAR DIAGNOSTICO ETIOLOGIA TRATAMIENTOS
VERIFICADOS- ESTADO ACTUAL- PRONOSTICO- FIRMA MEDICO)
Fecha: Servicio: ORTOPEDIA
FECHA DE INICIO: REFIERE DOLOR DE ESPALDA DE DOS AÑOS DE EVOLUCION
DIAGNOSTICO: LUMBALGIA MECANICA SECUNDARIA A ESCOLIOSIS LEVE POR
DESNIVEL PELVICO DE 1.4 CMTS. ESTADO ACTUAL. MARCHA DE PATRON
NORMAL - "SENSIBILIDAD CONSERVADA -LASEGUE BRAGAR NEGATIVO. DOLOR.
PARA VERTEBRAL LS SI DERECHO A LA PALPACIÓN RX DESNIVEL PELVICO 1.4
CMTS. MAS ALTO LADO IZQUIERDO PERSISTE DOLOR DE ESPALDA
SECUNDARIO A DESNIVEL PELVICO 1.4 CTMS. Y ESCOLIOSIS MINIMA: FDO, DR.
GUSTAVO SALAZAR ACOSTA.
Fecha: 18/03/2008 Servicio: AUDIOMETRIA
TRAUMA ACUSTICO 250 500 1000 2000 4000 6000 8000 OD:10-25-20-25-30-25-20
10. OI 30-35-35-30-35-45-35-30 PROMEDIOS TONALES. OD:13.3DBHR,
OI:33.3DBHR DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO: OD: SENSIBILIDAD AUDITIVA
PERIFERICA NORMAL OI. HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL LEVE: FDO, DRA:
OLGA LUCIA' SIERRA.
[…]
A. DIAGNOSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES:
1) LUMBALGIA MECANICA SECUNDARIA. ESCOLIOSIS LEVE POR DESNIVEL
PELVICO DE 1,4 CMTS. VALORADO Y TRATADO POR ORTOPEDIA QUE DEJA
SECUELA. A) DOLOR DORSOLUMBAR. 2) EXPOSICION CRONICA A RUIDO QUE
DEJA COMO SECUELA A) HIPOAUSIA IZQUIERDA DE 30 DECIBELES FIN DE LA
TRANSCRIPCION.
B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad
psicofísica para el servicio.
INCAPACIDAD PERMANETE PARCIAL
NO APTO – PARA ACTIVIDAD MILITAR
C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.
LE PRODUCE UNA DISMINUCION DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL DIECISIETE
PUNTO SESENTA Y CUATRO PORCEINTO (17.64%)
21 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_47001233300020190012(.zip) NroActua 2», carpeta «47001233300020190012500», archivo
«01ExpedienteDigitalizado.pdf», folios 112 y 113.
22 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_47001233300020190012(.zip) NroActua 2», carpeta «47001233300020190012500», archivo
«01ExpedienteDigitalizado.pdf», folio 281 a 284.
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D. Imputabilidad del Servicio
AFECCION 1) ENFERMEDAD COMUN LITERAL A (EC) LESUON 2. ENFERMEDAD
PROFESIONAL LITERAL B (EP)
E. Fijación de los correspondientes índices
DE ACUERDO AL ARTICULO 15 DEL DECRETO 1796/DEL 14-SEP-2000, LE
CORRESPONDE POR: 1A) NUMERAL 1-061 LITERAL (A INDICE UNO (11-2A)
NUMERAL 6-034 LITERAL(A) INDICE DOS (2)» [sic].
27.3. Posteriormente, mediante acta 3451-3947 (02) del 16 de octubre de 200923,
el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía modificó las conclusiones
de la Junta Médico Laboral y se le otorgó al demandante una pérdida de la
capacidad laboral del 30.32%. En esta se consideró lo siguiente:
«II. ANTECEDENTES
La Junto Médico Laboral No. 23368 DEL 24 DE MARZO DE 2008, cuyas conclusiones
son:
A. Antecedentes – Lesiones – Afecciones – Secuelas
1) LUMBALGIA MECÁNICA SECUNDARIA A ESCOLIOSIS LEVE POR DESNIVEL
PELVICO DE 1.4 CMTS, VALORADO Y TRATADO POR ORTOPEDIA. QUE DEJA
COMO SECUELA, A) DOLOR DORSOLUMBAR 2) EXPOSICION CRONICA A RUIDO
QUE DEJA COMO SECUELA A) HIPOACUSIA IZQUIERDA DE 30 DECIBELES.
B. Clasificación de tas lesiones o afecciones y calificación de capacidad para el
servicio
INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. NO АРТО - АСTIVIDAD MILITAR
C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral
LE PRODUCE UNA DISMINUCION DE LACAPACIDAD LABORAL DEL DIECISIETE
PUNTÓ SESENTA Y'CUATRO POR CIENTO (17,64%)
D. Imputabilidad del Servicio
AFECCION: 1] ENFERMEDAD COMUN LITERAL A (EC) LESIÓN 2. ENFERMEDAD
PROFESIONAL LITERAL B IEP)
E. Fijación de los correspondientes índices
DE ACUERDO AL ARTICULO 15 DEL DECRETO 1796/DEL 14-SEP-2000, LE
CORRESPONDE POR: 1A) NUMERAL 1-061 LITERAL (A INDICE UNO (11-2A)
NUMERAL 6-034 LITERAL(A) INDICE DOS (2)
III. SITUACIÓN ACTUAL
El día 08 de octubre de 2008 se presenta el apoderado Doctor Cristian de Jesús
23 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_47001233300020190012(.zip) NroActua 2», carpeta «47001233300020190012500», archivo
«01ExpedienteDigitalizado.pdf», folio 285 a 288.
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Garizabalo Redondo identificado con cedula de ciudadanía número 72015787 y Tarjeta
Profesional No. 88.580 del C. S. de la J. sin el paciente quien manifiestan la
inconformidad: refiere que el soldado desea seguir laborando por que fue declarado no
apto. y desea se revise la junta médica. No aporta ningún documento.
IV. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Se revisan antecedentes, Junta Médico Laboral N° 23368 DEL 24 DE MARZO DE 2008
y demás documentación del paciente. Los miembros del Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía, no se examina al paciente porque no concurrió a la citación.
Se aplaza por las audiometrías que se tuvieron en cuenta para la Junta Medico laboral
y concepto actualizado por ortopedia para definir aptitud. El día 16 de Diciembre se
recibe oficio audiometrías del calificado remitiendo audiometrías y concepto de
ortopedia, las muestran un promedio tonal auditivo de 23.75 decibeles oído derecho y
para el oído izquierdo de 40 decibeles, sin imagen de trauma Concepto de ortopedia
firmado por el doctor Gustavo Salazar Brigada tramitado en forma incompleto, se hace
oficio solicitándole a la Segunda enviar concepto debidamente diligenciado. El día 14 de
Octubre de 2009 llega concepto por neurocirugía en papel de seguridad No 0002558 del
08 Octubre de 2009, con diagnóstico de dolor lumbociatico izquierdo. Estado actual:
paresia L5 izquierda por dolor.
V. CONSIDERACIONES
Verificada la documentación que reposa en el expediente, la solicitud de convocatoria,
la Junta Medico Laboral apelada, el concepto allegado y las audiometrías se puede
evidenciar que la patología lumbar es más severa y la pérdida auditiva es mayor que la
evaluada por la junta médica, por lo anterior y por unanimidad se decide MODIFICAR
las conclusiones de la Junta Medico Laboral No. 23368 del 24 de Marzo de 2008.
VI. DECISIONES
De acuerdo a la establecido en el Decreto 094/89. los miembros del Tribunal Medico
Laboral por unanimidad deciden MODIFICAR las conclusiones de la Junta Medico
Laboral N° 23368 DEL 24 DE MARZO DE 2008.
A. Lesiones – Afectaciones – Secuelas
1. Trauma en columna lumbar que genera abombamiento L5/Si con compromiso
radicular que deja como secuela lumbalgia.
2. Exposición crónica a ruido que deja como secuela:
a. Hipoacusia neurosensorial oído derecho de 23. 75 decibeles.
b. Hipoacusia neurosensorial oído izquierdo de 40 decibeles.
B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad para el
servicio.
INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. NO APTO
C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.
Le produce una disminución de la capacidad laboral de:
TREINTA PUNTO TREINTA Y DOS POR CIENTO (30.32%)
D. Imputabilidad del Servicio
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A1 y A2 Literal B. se trata de enfermedad profesional (EP)
E. Fijación de los correspondientes índices
A1 Se revoco Numeral 1-061 Literal a índice 1
Se asigna Numeral 1-062 Literal a Índice 5
A2a Se modifica Numeral 6-034 Literal a Índice 2 por Índice 1
A2b Se asigna Numeral 6-035 Literal a Índice 5-C» [sic].
27.4. A través del acta 45448 del 26 de julio de 201124, registrada en la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional, la Junta Médico Laboral modificó el porcentaje de
la disminución de la capacidad laboral y en consecuencia se determinó en 48.23%,
bajo las siguientes conclusiones:
«II. CAUSAL DE CONVOCATORIA
De acuerdo al artículo 19 del Decreto 1796 de 2000 esta Junta Médica se convoca: POR
LA PRÁCTICA DE UN EXAMEN DE CAPACIDAD SICOFÍSICA EN EL QUE SE
ENCUENTRAN LESIONES O AFECCIONES QUE DISMINUYEN LA CAPACIDAD
LABORAL (RETIRO)
III. ANTECEDENTES
A. Al de paciente le fue efectuado y examen psicofísico general para la presente
diligencia, la cual se verifica con el concepto y la intervención personal del especialista.
[…]
IV. CONCEPTOS DE LOS ESPECIALISTAS
(AFECCION POR EVALUAR- DIAGNOSTICO- ETIOLOGIA- TRATAMIENTOS
VERIFICADOS-ESTADO ACTUAL- PRONOSTICO-FIRMA MEDICO)
Fecha: 23/09/2010 Servicio: PSIQUIATRIA
FECHA DE INICIO: REMITIDO PARA DEFINIR CONCEPTO ESTADO ACTUAL: NO
HAY EVIDENCIA CLINCIA DE IDEACION SUICIDA LAS PREOCUPACIONES
SOMATICAS SON CLARAS DE SU PATOLOGIA ORGANICA Null FDO. DR PEDRO
SANCHEZ.-
Fecha: 19/11/2010 Servicio: MEDICINA INTERNA
HAY SON FECHA DE INICIO: SINTOMAS SISTEMICOS HACE 5 AÑOS RESOLVIO
DIAGNOSTICO: PANETOPENIA RESUELTA ETIOLOGÍA: BIEN ESTADO ACTUAL SIN
SIGNOS DE ENFERMEDAD SISTEMICA MANEJO POR OTORRINO Y
NEUROCIRUGIA CONCEPTO: ENFERMEDAD SISTEMICA CON COMPROMISO
HEMATOLOGICO RESUELTA NO RECAIDA NO SIGNOS DE ACTIVIDAD Null FDO.
MEDICO ESPECIALISTA.-
Fecha: 14/10/2010 Servicio: ORTOPEDIA
FECHA DE INICIO: POSIBLE CON MENISCOPATIA MEDIAL ESTADO ACTUAL:
ARCO COMPLETO NO DERRAME ARTICULAR NO BOSTEZO NO CAJON NO
24 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_47001233300020190012(.zip) NroActua 2», carpeta «47001233300020190012500», archivo
«01ExpedienteDigitalizado.pdf», folios 13 a 15.
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SIGNOS MENISCALES CONCEPTO: DOLOR RESIDUAL LEVE SIN LIMITACION
FUNCIONAL Null FDO. MEDICO ESPECIALISTA.-
Fecha: 20/10/2010 Servicio: NEUROCIRUGIA
FECHA DE INICIO: LUMBOCIATICA IZQUIERDA QUE APARECIO LUEGO DE CADA
DIAGNOSTICO: LUMBOCIATICA INCAPACITANTE ESTADO ACTUAL: CON
LASSEGUE (+) A 45° LIMITACION PARA FLEXION TRONCO CUALQUIER
DIRECCION RMN PROTUSION DISCAL L5-S1 CONCEPTO: REQUIERE CIRUGIA
PARA DESCOMPRIMIR Null FDO. DRA LUISA SERRANO.-
[…]
V. SITUACION ACTUAL
A. ANAMNESIS
PACIENTE REFIERE DOLOR DE RODILLA CON LA ACTIVIDAD FISICA
В. ЕХАМEN FISICO
PACIENTE ALERTA ORIENTADO CARDIOPULMONAR NORMAL EXTREMIDADES
RODILLA IZQUIERDA DOLOR A LA FLEXION Y EXTENSION DE RODI LA
VI. CONCLUSIONES
A. DIAGNOSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES:
1) ENFERMEDAD SISTEMICA CON COMPROMISO HEMATOLOGICO RESUELTO
VALORADO Y TRATADO POR MEDICINA INTERNA. 2) EPISODIO DEPRESIVO LEVE
VALORADO Y TRATADO POR PSIQUIATRIA. 3) MENISCOPATIA MEDIAL
IZQUIERDA VALORADO Y TRATADO POR ORTOPEDIA QUE DEJA COMO
SECUELA: A) GONALGIA IZQUIERDA FIN DE LA TRANSCRIPCION.
B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad
psicofísica para el servicio.
INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL
NO APTO – PARA ACTIVIDAD MILITAR
C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.
LE PRODUCE UNA DISMINUCION DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL DIECISIETE
PUNTO NOVENTA Y UNO POR CIENTO (17.91%) DEL (82.36%) RESTANTE YA QUE
TIENE TML ANTERIOR No. 3451-3947(02) CON DCL (30.32%) Y DCL ACUMULADA
TOTAL DEL (48.23%)» [sic].
27.5. A través del acta 487 del 10 de agosto de 201225, «POR LO CUAL SE REVOCA
PARCIALMENTE LA JUNTA MEDICA LABORAL No 45448 DEL 26 DE JULIO DEL 2011»
[sic], se consideró y resolvió lo siguiente:
«Que en acta de Junta Médica Laboral en mención, se plasmó que: EN EL NUMERAL
VI LITERAL C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral. LE PRODUCE
UNA DISMINUCION DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL DIECISIETE PUNTO
NOVENTA Y UNO POR CIENTO (17,91%) DEL (82.36%) RESTANTE YA QUE TIENE
JML ANTERIOR No.23368/2008 CON DCL (17,64%)- Y DCL ACUMULADA TOTAL DEL
25 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_47001233300020190012(.zip) NroActua 2», carpeta «47001233300020190012500», archivo
«01ExpedienteDigitalizado.pdf», folios 294.
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(48,23%). y de acuerdo a las pruebas allegadas y verificado el expediente médico
laboral; se modifica la Junta Médica Laboral No. 45448 del 26 de Julio de 2011 en lo que
respecta a EN EL NUMERAL VI LITERAL C. Evaluación de la disminución de la
capacidad laboral. LE PRODUCE UNA DISMINUCION DE LA CAPACIDAD LABORAL
DEL DIECIETE PUNTO NOVENTA Y UNO POR CIENTO (17,91%) DEL (69.68%)
RESTANTE YA QUE TIENE TML-No.3451-3947/2009 CON DCL (30.32%) Y DCL
ACUMULADA TOTAL DEL (48,23%). Y NO COMO ALLI APARECE.
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 01 revocatoria del artículo 45 del
Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la administración tiene
la potestad de corregir los errores de forma que no inciden en el sentido de la decisión.
Que es necesario aclarar la decisión del Señor SLP (R) HOLGUIN JARAMILLO YIMI
PODUAR y en consecuencia.
RESUELVE
Artículo 1o. REVOCAR Parcialmente La Junta Medica Laboral No 45448 Del 26 De Julio
Del 2011 que EN EL NUMERAL VI LITERAL C. Evaluación de la disminución de La
capacidad laboral LE PRODUCE UNA DISMINUCION DE LA CAPACIDAD LABORAL
DEL DIECISIETE PUNTO NOVENTA Y UNO POR CIENTO (17,91%) DEL (82,36%)
RESTANTE YA QUE TIENE JML ANTERIOR No.23368/2003 CON DCL (17,64%)- Y
DCL ACUMULADA TOTAL DEL (48,23%), en consecuencia el acta de Junta Médica
Laboral quedará así: EN EL NUMERAL VI LITERAL C. Evaluación de la disminución de
la capacidad laboral LE PRODUCE UNA DISMINUCION DE LA CAPACIDAD LABORAL
DEL DIECISIETE PUNTO NOVENTA Y UNO POR CIENTO (17,91%) DEL (69.68%)
RESTANTE YA QUE TIENE TML No.3451-3947/2009 CON DCL (30.32%) Y DCL
ACUMULADA TOTAL DEL (48.23%). Y NO COMO ALLI APARECE.
Articulo 2o. DECLARAR que el Acta de Junta Medica Laboral No. 45448 del 26 de Julio
de 2011 queda vigente en sus demás aspectos» [sic].
27.6. Por medio del dictamen 98677399 del 25 de junio de 201326, la Junta
Regional de Calificación del Meta le otorgó al actor una pérdida de la capacidad
laboral del 71.50%, con fecha de estructuración el 20 de octubre de 2010. El
diagnóstico motivo de la calificación fue «LUMBAGO NO ESPECIFICADO», «CIATICA»
e «HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL – BILATERAL».
27.7. Mediante la Resolución 141880 del 28 de agosto de 201227, expedida por la
Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, le fue reconocida al actor
la indemnización por disminución de la capacidad laboral en cuantía de $5.269.068.
27.8. El 20 de marzo de 2014 solicitó a la nación, Ministerio de Defensa, Ejercito
Nacional, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y el reajuste de la
26 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_47001233300020190012(.zip) NroActua 2», carpeta «47001233300020190012500», archivo
«01ExpedienteDigitalizado.pdf», folios 307 a 309.
27 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_47001233300020190012(.zip) NroActua 2», carpeta «47001233300020190012500», archivo
«01ExpedienteDigitalizado.pdf», folios 17 a 18.
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indemnización28; no obstante, la entidad guardó silencio.
27.9. El Tribunal Administrativo del Magdalena con la finalidad de determinar el
porcentaje real de la pérdida de la capacidad laboral del actor, de oficio decreto la
práctica de un dictamen pericial, el cual fue realizado por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Magdalena el 7 de febrero de 2023 y sustentado por el
médico ponente en la audiencia de pruebas celebrada el 19 de abril de 2023. Este
dictamen arrojó como porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral un 54.94%,
bajo las siguientes consideraciones29:
«
Información clínica y conceptos
Resumen del caso:
Tribunal administrativo del Magdalena anota: “REFERENCIA: Solicitud cumplimiento
orden judicial – proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (PENSION) – contra
la Nación – ministerio de defensa – ejército Nacional – del señor Holguin Jaramillo
Yimi Poduar – CC. 98677399 – tribunal administrativo del Magdalena –Despacho 01
– Magistrada ponente: María Victoria Quiñones Triana – radicado No.
470012333000201190012500” Para que se sirva realizar dictamen pericial el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral del señor Yimi Poduar Holguin Jaramillo
[…]
Valoraciones del calificador o equipo interdisciplinario
Fecha: 16/12/2022 Especialidad: Psicología Ocupacional
Usuario de 41 años, nivel de escolaridad básica primaria, estado civil soltero,
procedente de Medellín Antioquia; el cual refiere ingreso al Ejército Nacional en 2002
y se desempeñó como soldado regular inicialmente por dos años y posteriormente
soldado profesional, prestando servicio en batallón alta montaña en Sierra Nevada de
Santa Marta y dado a la baja en 2010 debido a sus complicaciones de salud,
continuando con limitaciones por lumbago, ciática e hipoacusia bilateral, que no le han
permitido laborar. En tres ocasiones en Junta medica: 2008 calificado por lesión en
columna y rodilla derecha luego de caída con equipo, otorgándole 17% y luego apelo
y tribunal medico le otorgo en 2009 un 32%; segunda junta medica en 2011 reajusto
su calificación en 48% y, afirma última oportunidad de calificación en 2019 le otorgaron
57%; siguiendo con atenciones en salud a través de tutelas; iniciando psiquiatría
15/05/2018 ante problemas de sueño y estados depresivos hasta último reporte
médico especialista en área de esfera mental 10/08/2021 con diagnósticos de
trastorno mixto de ansiedad y depresión, trastorno de adaptación y trastorno del
sueño. Se le solicita aporte valoraciones anteriores al 2018 y del segundo semestre
del 2021 a la fecha, ya que afirma haber sido atendido en más ocasiones.
Fecha: 16/12/2022 Especialidad: SALUD OCUPACIONAL Se revisó paciente, usuario
masculino 41 años de edad, estado civil unión libre de ocupación Soldado profesional
28 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_47001233300020190012(.zip) NroActua 2», carpeta «47001233300020190012500», archivo
«01ExpedienteDigitalizado.pdf», folios 10 a 12.
29 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_47001233300020190012(.zip) NroActua 2», carpeta «47001233300020190012500», archivo
«50DictamenPericialJuntaInvalidezMagdalena.pdf,».
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Demandante: Yimi Poduar Holguín Jaramillo
durante 8 años en el Ejercito Nacional Batallón de alta montaña N° 6, quien manifiesta
tuvo caída con el equipo por lo cual se lesiona la Columba y la rodilla izquierda,
además manifiesta hipoacusia que le generan limitación funcional AP HTA (-) DM (-),
artritis reumatoide (-) Lupus (-), Hipotiroidismo (-) Fracturas (-) Qx (+). Artroscopia
rodilla izquierda corrección de LCA hemilaminectomía y timpanoplastia izquierda
herniorrafía inguinal derecha Al examen paciente diestro Oído Izquierdo CEA con
abundante serumen En región lumbar hay cicatriz de 10 cm espasmo y debilidad
muscular en cuadrados lumbares presenta Limitación de los arcos de movilidad
articular maniobra de Natfzinger Jones positiva, Lhermite (-) logra 45° de flexión
anterior, 25° de lateralizaciones, Lasegue (+) Bragard (+) Patrick (+), predominio
izquierdo Well -10 cm Shoober 3 cm Camina con dificultad en punta de pies y talón.
En Rodilla Izquierda presenta dolor limitación de la movilidad articular sin edema ni
derrame logra 110° de Flexión.
Otros conceptos técnicos:
Lesión Descripción Grupo Artículo Numeral Literal Índice DL
de
Lesión
Lesión Depresión 3 79 3.027 a 4 9.5%
1ª
Lesión Lesiones o
2ª afecciones de la
columna lumbar
incluyendo las 77
dos últimas 1 sección e 1-061 a 5 11.00%
vertebras
dorsales sin
repercusión
funcional
Lesión Lesiones que
3A produzcan 19.5%
alteración de una 8 84 1.191 a 7
rodilla (izquierda)
Lesión Hipoacusia
4A neurosensorial
bilateral 6 82 6-035 b 11 30.5%
moderada
DLT = 54,94%
Origen: Para las lesiones 1 A, 2 A, 3A, Su origen es enfermedad común 4A Su origen
es enfermedad laboral
No apto para el servicio No se recomienda reubicación laboral.
Análisis y conclusiones:
Se tuvo en cuenta al momento de calificar el episodio depresivo, la discopatía lumbar
sin radiculopatía, la gonalgia izquierdo por meniscopatía y la hipoacusia
neurosensorial bilateral moderada
6. Descripción del dictamen
Diagnósticos y origen
CIE-10 Diagnóstico Diagnóstico Fecha Origen
especifico
M179 Gonartrosis, no Gonalgía Enfermad
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Demandante: Yimi Poduar Holguín Jaramillo
especificada izquierda común
H903 Hipoacusia Enfermad
neurosensorial, laboral
bilateral
M511 Trastorno de disco Enfermad
lumbar y otros, con común
radiculopatía
F412 Trastorno mixto de Enfermad
ansiedad y depresión común
» [sic].
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
28. El Tribunal Administrativo del Magdalena accedió al reconocimiento de la
pensión de invalidez al haber considerado que el porcentaje de la pérdida de la
capacidad laboral, según la calificación de la Junta Regional de Calificación del
Magdalena que fue practicada por disposición suya, fue del 54.94%, originada por
hechos acaecidos durante la prestación del servicio, de conformidad con los criterios
expuestos en el Decreto 094 de 1989, siendo catalogado como no apto para la
actividad militar, cuyo origen fue determinado con el diagnóstico de 4
procedimientos: «gonartrosis; hipoacusia bilateral, trastorno de disco lumbar y otros, con
radiculopatía y trastorno mixto de ansiedad y depresión».
29. La entidad demandada apeló la anterior decisión toda vez que el actor no
contaba con el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral requerido por las
normas para el reconocimiento de la pensión de invalidez, pues acreditaba
únicamente un 48.23%, cuando lo exigido era un 75% y, en caso de que se tuviera
en cuenta el otorgado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Magdalena (71.50%), tampoco le alcanzaría la calificación para efectos de otorgarle
la prestación.
30. Al respecto, valga recordar que por medio de la Ley 923 de 2004 se señalaron
las normas, objetivos y criterios que debería observar el gobierno nacional para la
fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública. Esta norma dispuso, en relación con la pensión de invalidez, que
para tener derecho a ella se debía demostrar una disminución de la capacidad
laboral igual o superior a un 50%.
31. Ahora, el Decreto 4433 de 2004 se encargó de desarrollar esta norma y reguló
lo relativo a la pensión de invalidez, para lo cual estableció que habría derecho a la
prestación cuando la Junta Médico Laboral o el Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía determinara una disminución de la capacidad laboral igual o
superior al 75% ocurrida en servicio activo.
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32. No obstante lo anterior, en sentencia del 28 de febrero de 2013 30 proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado se declaró la nulidad de la expresión
«igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%)» contenida en el artículo 30 del
Decreto 4433 de 2004 pues, con base en lo dispuesto en el numeral 3.5 del artículo
3 de la Ley 923 de 2004, se concluyó que el gobierno nacional había excedido la
competencia que le fue otorgada para regular la materia al fijar un parámetro distinto
del 50%.
33. En consideración a lo anterior, el gobierno nacional, en ejercicio de las
facultades conferidas por la Ley 923 de 2004, expidió el Decreto 1157 de 2014, por
medio del cual fijó el régimen de pensión de invalidez para el personal uniformado
de la Fuerza Pública. En su artículo 2 previó que para tener derecho al
reconocimiento de la prestación cuando se generara «una disminución de la capacidad
laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio activo».
34. Acorde con lo anterior, en la actualidad los preceptos llamados a reglar la
pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública se encuentran
contenidos en la Ley 923 de 2004 así como en el Decreto reglamentario 1157 de
2014, según los cuales el derecho a la pensión de invalidez surge cuando se genera
una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% por lesiones o afecciones
generadas en servicio activo, con independencia de su origen.
35. En línea con lo expuesto, a la entidad demandada no le asistía razón al haber
afirmado que el porcentaje para la concesión del derecho era de un 75%, cuando lo
procedente era un 50%.
36. Ahora bien, en el presente asunto se demostró que el demandante contaba con
un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 54.94%, según la calificación
de la Junta Regional de Calificación del Magdalena realizada de conformidad con
los criterios expuestos en el Decreto 94 de 1989, dictamen pericial decretado de
oficio por el a quo, el cual fue sustentado sin que hubiese sido objetado o
desvirtuado por las partes, quienes, habiendo tenido la oportunidad de controvertirlo
en la audiencia en que se interrogó a su ponente, no contrarrestaron la veracidad
de lo establecido por la Junta.
37. Aunado a lo anterior, en el plenario es inexistente la prueba o indicio que
permitiera establecer que el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral del
actor no obedeciera al deterioro progresivo y constante de su estado de salud, como
consecuencia de las lesiones adquiridas durante el tiempo en el que ostentó la
condición de soldado del Ejército Nacional. Por el contrario, debe decirse que la
lesión de columna lumbar, alteración de una rodilla y la hipoacusia, dictaminadas
por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena, ya había sido
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238-2007).
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incluso anunciado por la Junta Médica Laboral y el Tribunal Médico de Revisión
Militar y de Policía tal como se advirtió en las actas 23368 del 24 de marzo de 2008,
3451 - 3947 (02) del 16 de octubre de 2009 y 45448 del 26 de julio de 2011,
respectivamente.
38. Por tanto, al haberse demostrado un porcentaje de la pérdida de la capacidad
laboral superior al 50%, le asistía el derecho a que la entidad demandada le
reconociera pensión de invalidez en los términos de la Ley 923 de 2004 y del
Decreto Ley 1157 de 2014, como lo estableció el a quo.
39. Valga indicar, que si bien esta Sección ha señalado que los documentos «aptos
para calificar la pérdida de la capacidad laboral respecto del personal de las Fuerzas
Armadas y de la Policía son los provenientes de las autoridades Médico-Militares y de
Policía y el Tribunal Médico-Laboral de Revisión»31, también ha aceptado que, a través
de las juntas regionales o nacional de calificación de invalidez se pueda establecer
el porcentaje de disminución. Por ejemplo, en la sentencia dictada el 1 de junio de
202332, esta Subsección sostuvo lo que se transcribe a continuación:
«No obstante, lo anterior, esta Corporación ha otorgado valor probatorio a los
dictámenes de las Juntas Regionales o Nacionales de Calificación de Invalidez,
decretados en el curso de los procesos instaurados por miembros de la Fuerza Pública,
para que obre en el proceso un informe técnico por parte del médico legista sobre la
incapacidad laboral. Por consiguiente, se evidencia que las autoridades judiciales
pueden otorgar valor probatorio a las actas de las Juntas Regionales o Nacionales de
Calificación de Invalidez, aunque el interesado pertenezca al régimen especial de la
Fuerza Pública, caso en el cual el dictamen deberá valorarse como prueba pericial en
conjunto con el acervo probatorio y acorde con las reglas de la sana crítica».
40. Ahora, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado que «[c]uando
existen conceptos médicos que discrepan en cuanto a la disminución de la capacidad
laboral del funcionario , la Sala ha sostenido que debe darse prelación al dictamen que
emitan los peritos dentro del proceso, dado que puede ser controvertido como medio de
prueba, lo que no acontece con las evaluaciones médicas realizadas en los trámites
administrativos de reconocimiento de pensión de invalidez»33.
41. En el caso concreto, la Sala observa que el dictamen de la pérdida de la
capacidad laboral del demandante elaborado por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez del Magdalena, practicado en el curso del proceso como prueba
pericial, fue expedido por expertos autorizados en una entidad que hace las veces
de auxiliar de la justicia, para su sustentación tuvo cuenta las evaluaciones
realizadas con anterioridad por las autoridades médico-militares, estudió la historia
clínica del actor, estableció las secuelas y patologías que este sufría,
31 Subsección A, sentencia del 31 de agosto de 2023, radicación 05001-23-33-000-2016-01864-01
(1678-2022).
32 Radicación 25000-23-42-000-2019-01234-01 (4065-2021).
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de noviembre de 1998, Exp
13774, En igual sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Exp. 2012-01112-01.
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Demandante: Yimi Poduar Holguín Jaramillo
adicionalmente, la calificación obtenida no es desproporcionada con la valoración
que le antecede y efectuó un análisis de sus condiciones de salud y relación con el
servicio.
42. Así entonces, para la Sala el dictamen realizado por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Magdalena es una prueba conducente, pertinente y útil
para decidir, la cual además no fue controvertido ni objetado por las partes.
43. Por su parte, en cuanto a la compatibilidad de la indemnización por la
disminución de la pérdida de la capacidad laboral, la Sala sostendrá la tesis de la
Corporación según la cual la merma en la capacidad psicofísica de los miembros de
la fuerza pública ha compartido una causa común con la pensión de invalidez y, en
tal sentido, implicaba en la práctica que su reconocimiento simultáneo constituya
una doble compensación34. En consecuencia, era procedente el descuento,
debidamente indexado, de lo que se hubiera pagado al actor por dicho concepto,
como se dispuso en primera instancia.
44. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 3 de mayo de 2023,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
2.5. Costas
45.La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
46. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
47. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 6 de febrero 2020, radicación 05001-23-31-000-2000-04200-01(2162-12), MP Sandra
Lisset Ibarra Vélez.
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aplicación razonable de la norma35.
48. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
49. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
50. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que a la entidad demandada
no le asistía razón al haber afirmado que el porcentaje para la concesión del derecho
era de un 75%, cuando lo procedente era un 50%.
51. En el asunto se demostró que el demandante contaba con un porcentaje de
pérdida de la capacidad laboral del 54.94%, según la calificación de la Junta
Regional de Calificación del Magdalena realizada de conformidad con los criterios
expuestos en el Decreto 94 de 1989.
52. Así las cosas, al haberse demostrado un porcentaje de la pérdida de la
capacidad laboral superior al 50% a aquel le asistía el derecho al reconocimiento de
la pensión de invalidez en los términos previstos en la Ley 923 de 2004 y 1157 de
2014, como se estableció en la primera instancia.
53. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 3 de mayo de 2023,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió a las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 3 de mayo de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se accedió de manera parcial a
las pretensiones de la demanda presentada por Yimi Poduar Holguín Jaramillo
35 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00125-01 (5536-2023)
Demandante: Yimi Poduar Holguín Jaramillo
contra la nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, de conformidad con lo
expuesto en esta decisión.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV.05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
LAVM
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