Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00307-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2019-00307-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00307-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2019-00307-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
29 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Municipio
de Plato Magdalena
Tema: cesantías anualizadas. Subtema 1: leyes 344 de 1996 y 50 de 1990. Subtema
2: sanción por mora en el pago tardío de cesantías anualizadas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el municipio de Plato, Magdalena contra la
sentencia proferida el 9 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Nasly Patricia Ospino de Arco presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, para que se declarara la nulidad de las resoluciones 032
de 22 de agosto de 2018 y 015 del 14 de enero de 2019, así como del acto ficto o
presunto configurado por la falta de respuesta a la petición presentada el 29 de junio
de 2018 ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996 reglamentada por el Decreto
1582 de 1998.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Nasly Patricia Ospino de Arco, mediante apoderada judicial, presentó demanda1
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
1 SAMAI, expediente 47001-23-33-000-2019-00307-01 gestionar documentos, cuaderno principal, expediente digital,
pdf 02.
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Plato, Magdalena
del Magisterio (FOMAG) y Municipio de Plato Magdalena, de conformidad con las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
(i) Declarar la nulidad de las resoluciones 032 del 22 de agosto de 2018 y 015
del 14 de enero de 2019, expedidas por el municipio de Plato, Magdalena
por medio de las cuales se le negó el reconocimiento y pago de las cesantías
anualizadas causadas en los años 1995 a 1999, así como la sanción
moratoria prevista en la Ley 344 de 1996 reglamentada por el Decreto 1582
de 1998.
(ii) Declarar la nulidad del acto ficto negativo que se configuró el 29 de
septiembre de 2018 con ocasión del silencio administrativo ante la ausencia
de respuesta de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la petición que radicó el
29 de junio de 2018 frente a la solicitud de reconocimiento y pago de las
cesantías anualizadas y de la sanción moratoria derivada del incumplimiento
de la consignación anualizada de las cesantías en el fondo respectivo.
(iii) Condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al Municipio de Plato
Magdalena a que se le reconozca y pague las cesantías anualizadas que le
adeudan desde el año 1995 y hasta 1999.
(iv) Condenar a las entidades demandadas a pagar la sanción moratoria prevista
en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998 por la falta de consignación
de las cesantías anualizadas.
(v) Reconocer el pago de los intereses moratorios a los que haya lugar y hasta
que se efectué el pago.
(vi) Ordenar el cumplimiento del fallo según lo previsto en el artículo 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)2.
(vii) Condenar en costas a la entidad demandada.
2.1.2. Hechos
2. Como fundamento de las pretensiones, expuso lo siguiente:
(i) La Señora Nasly Patricia Ospino de Arco está vinculada como docente en el
Municipio de Plato desde el año 1995. Sin embargo, dicha entidad omitió
consignar oportunamente las cesantías correspondientes a los años 1995 al
1999, las cuales debieron ser consignadas a más tardar el 14 de febrero del
año siguiente a la causación, conforme a la normativa vigente.
2 En adelante CPACA.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Plato, Magdalena
(ii) La demandante indicó que el 20 de junio de 2018, presentó reclamación
administrativa ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG; y el
28 de junio de 2018, ante el municipio de Plato Magdalena petición de
reconocimiento y pago de cesantías anualizadas.
(iii) Mediante Resolución 032 del 22 de agosto de 2018, expedida por el
municipio de Plato Magdalena, se le negó lo pretendido.
(iv) Posteriormente, la señora Nasly Patricia Ospino de Arco, presentó recurso
de reposición y, en subsidio, apelación contra la decisión negativa, los
cuales fueron resueltos a través de la Resolución ENE-015 de enero de
2019, que confirmó dicha decisión.
(v) Agregó que las decisiones adoptadas por las entidades demandas no están
acorde a la normativa que regula las cesantías y por último precisó que el
reporte emitido por el FOMAG, no refleja el reconocimiento de las cesantías
solicitadas.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
3. La demandante citó como normas vulneradas: la Constitución Política, artículos
13, 25, 83 y 58; Ley 344 de 1946, artículos 13 y 15; Decreto Nacional 1582 de 1998,
artículos 1 y 2; Decreto Nacional 1252 del 2000, artículos 1 y 2; Ley 91 de 1989 y el
Decreto Nacional 3118 de 1968.
En el concepto de violación, indicó que el auxilio de cesantías constituye una
prestación social que debe pagar el empleador al trabajador por los servicios
prestados. Esta tiene como finalidad cubrir necesidades básicas del trabajador en caso
de quedar cesante «cesantías definitivas», o durante la vigencia del vínculo laboral
«cesantías parciales», siempre que cumplan con los requisitos exigidos
4. Agregó que el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, estableció que las cesantías
deben liquidarse de forma definitiva al 31 de diciembre de cada año, y que el
empleador está obligado a consignarlas a más tardar el 15 de febrero del año siguiente,
junto con el pago de intereses a una tasa 12% anual o proporcional por fracción.
5. Resaltó que el principio de igualdad entre las partes determina las condiciones
de existencia y cumplimiento de una obligación contractual, por lo que el empleador
no puede fijar unilateralmente plazos que afecten los derechos del trabajador. En este
sentido, argumentó que no es admisible que el pago de las cesantías solicitadas
dependa del incumplimiento del deber legal por parte del empleador, ya que ello
vulnera los derechos laborales adquiridos por el trabajador.
6. En este contexto, se destacó que tanto los salarios como las prestaciones
sociales deben ser pagados de manera oportuna, ya que representan el sustento del
trabajador y de su núcleo familiar. Por ello, el auxilio de las cesantías definitivas debe
ser oportuno pues la finalidad es que el trabajador pueda solventar sus necesidades
inmediatas al momento del retiro y en proporción al tiempo servido.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Plato, Magdalena
2.2. Contestación de la demanda
7. El municipio de Plato, Magdalena3, a través de apoderada, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda al considerar que, de acuerdo con el
convenio interadministrativo celebrado en el año 2000 entre su representada, el
departamento del Magdalena y el Ministerio de Educación Nacional, se dispuso que la
responsabilidad del pago de las cesantías recae únicamente sobre el FOMAG. En este
sentido el municipio no tendría responsabilidad alguna para el pago de las cesantías
solicitadas por la demandante.
8. Propuso como excepciones: i) falta de legitimación en la causa por pasiva; ii)
inexistencia de obligación legal; iii) prescripción; y iv) genérica.
9. Por su parte, el FOMAG, no contestó la demanda.
2.3. Sentencia de primera instancia
10. El Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia dictada el 9 de
marzo de 20224,dispuso:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto o presunto negativo configurado
respecto a la petición elevada ante la Nación Ministerio de Educación – Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de fecha 29 de junio de 2018, mediante el
cual se negó el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías causadas desde
1995 a 1999 y la correspondiente sanción por mora en la consignación.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No. AGO 032 de 22 de
agosto de 2018 y No. ENE 015 de 14 de enero de 2019 proferidas por el municipio
de Plato a través de las cuales negó el reconocimiento y pago del auxilio de
cesantías anualizadas de los años 1995, 1996, 14997, 1998 y 1999, y la sanción
por mora conforme a la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, condenar al municipio de Plato, Magdalena trasladar
al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, el valor correspondiente al
auxilio de cesantías anualizadas e intereses de cesantía de los años 1995 a 1999,
causadas a favor de la señora Nasly Patricia Ospino de Arcos, identificada con la
cédula de ciudadanía número 39.093.391, para que dicho fondo administrado por
la Fiduprevisora S.A., efectúe el pago.
CUARTO: DECLARAR la prescripción de la sanción moratoria reclamada sobre
la no consignación del auxilio de cesantías para los periodos 1995 y 1999.
[…]5
11. El Tribunal indicó que de las pruebas allegadas al plenario se logró acreditar
que la demandante prestó sus servicios como docente desde el 24 de marzo de 1995
y que, al menos hasta la fecha de presentación de la demanda, continuaba vinculada
3 SAMAI, expediente 47001-23-33-000-2019-00307-01 gestionar documentos, cuaderno principal, expediente digital,
pdf 03, folios 80 al 86
4 SAMAI, Tribunal Administrativo del Magdalena expediente 47001-23-33-000-2019-00307-00, índice 16.
5 Se transcribe con errores de texto.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Plato, Magdalena
con la entidad. Asimismo, se estableció que le asiste derecho para reclamar el
reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas correspondientes a los años 1995
a 1999, toda vez que únicamente se logró verificar el pago de las cesantías
correspondientes al período comprendido entre los años 2000 a 2013.
12. Sostuvo que a la señora Nasly Patricia Ospino de Arco le resulta aplicable el
régimen de cesantías anualizado previsto en la Ley 91 de 1989, dado que su
vinculación fue posterior al 10 de enero de 1990. En consecuencia, le asiste el derecho
a reclamar las cesantías que pretende.
13. Añadió que la Ley 91 de 1989 creó el FOMAG como una cuenta especial de la
Nación, con autonomía patrimonial, sin personería jurídica cuyos recursos son
administrados por una entidad fiduciaria estatal de economía mixta. Además, se
estableció que dicho fondo debía atender las prestaciones sociales de los docentes
nacionales o nacionalizados que estuvieran vinculados a la fecha de su promulgación
y de los docentes vinculados con posterioridad. La responsabilidad de reconocer y
pagar dichas prestaciones recae en la Nación, a través del Ministerio de Educación
Nacional, el cual a su vez delega esta función en las entidades territoriales, según lo
previsto en los artículos 4,5 y 9 de la ley en mención.
14. Manifestó que al FOMAG se le asignó como función atender las prestaciones
sociales de los docentes, entre ellas el pago del auxilio de cesantías; sin embargo, se
debe concluir que esta obligación surge a partir de la fecha en la que el docente es
vinculado a esa entidad.
15. En este sentido, precisó que al no tener certeza de la fecha de vinculación de la
demandante al FOMAG, le corresponde al municipio de Plato proceder a realizar la
consignación en dicho fondo de los años 1995 a 1999, dado que no existe prueba que
permita corroborar que ese ente territorial haya realizado los traslados de los valores
que por auxilio de cesantías tiene derecho la actora. Agregó que frente a las cesantías
anualizadas no opera el fenómeno de la prescripción ya que la demandante aún se
encuentra trabajando.
16. Añadió que, la señora Nasly Patricia Ospino de Arco, también pretende la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías en el periodo
comprendido entre 1995 hasta 1999, de conformidad con lo previsto en el artículo 99
de la Ley 50 de 1999, y artículo 13 de la Ley 344 de 1996. No obstante, la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 prescribió, porque no se
reclamó dentro del plazo legal de tres años, contado desde el 15 de febrero del año
siguiente a la causación de cada anualidad, según lo establecido por la sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-022-2020.
17. Por último, el Tribunal no consideró procedente imponer condena en costas a
la parte vencida.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Plato, Magdalena
2.4. Recurso de apelación
18. El municipio de Plato, Magdalena6 solicitó que se exima a su representada del
pago de las cesantías anualizadas correspondiente a los años 1995 a 1999 solicitadas
por la demandante.
19. Precisó que el municipio mediante un convenio interadministrativo firmado en
noviembre de 2000 con varias entidades de orden nacional transfirió al FOMAG la
responsabilidad de pagar las prestaciones sociales y pensionales de los docentes,
decisión que se tomó debido a la imposibilidad financiera de los entes territoriales para
asumir dichas obligaciones.
20. Sostuvo que, como parte del acuerdo, el municipio autorizó el traslado de los
recursos del Sistema General de Participaciones al FOMAG, y la demandante figura
entre los beneficiarios. Asimismo, advirtió que, si se le obliga a pagar directamente, se
incurriría en un doble desembolso, ya que los dineros fueron entregados al fondo.
Además, la Fiduprevisora ha confirmado que es el FOMAG al que le corresponde cubrir
estas obligaciones, incluso si el municipio no ha pagado el pasivo.
21. En consonancia con lo anterior, solicitó que en esta instancia se deben valorar
las pruebas que demuestran que su representada no es responsable de dicho pago.
Por lo tanto, pidió que se revoque la condena impuesta y se deje en firme la
declaratoria de falta de responsabilidad, con fundamento en el convenio
interadministrativo que transfiere la obligación al FOMAG.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
22. Mediante providencia del 27 de abril de 20237, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por el municipio de Plato, Magdalena contra la
sentencia de primera instancia. Además, prescindió del periodo para correr traslado a
las partes, al considerar que no existían pruebas por decretar en segunda instancia.
2.6. Ministerio Público
23. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado presentó8
concepto en el que solicitó modificar el ordinal tercero de la sentencia de primera
instancia dictada el 9 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
para que se refiera únicamente a las cesantías anualizadas para los años 1995 a 1997.
Lo anterior, en razón a que en el plenario se observa cuadro anexo del FOMAG sobre el
pasivo prestacional de docentes con recursos propios del municipio de Plato, en el cual
se incluye a la demandante con cesantías de los años 1998, 1999 y 2000, las cuales
ya fueron consignadas al FOMAG. Asimismo, pidió confirmar en todo lo demás la
sentencia impugnada.
6 SAMAI, Tribunal Administrativo del Magdalena expediente 47001-23-33-000-2019-00307-00, índice 20.
7
SAMAI, índice 004.
8 SAMAI, índice 009.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Plato, Magdalena
2.7. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
24. Presentó escrito de intervención e indicó que un factor determinante para
establecer si a un docente le asiste el derecho o no a la sanción moratoria del artículo
99 de la Ley 50 de 1990 será su afiliación o no al FOMAG, ya que quienes estén afiliados
se regirán por lo regulado en la Ley 91 de 1989 y no tendrán derecho a dicha sanción.
25. Agregó que en el presente asunto se pretende el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la no consignación de cesantías anualizadas de los años 1995
a 1999 y pese a que el Tribunal reconoció el derecho de la demandante a dicha
sanción, declaró la prescripción de la misma. Sin embargo, expuso que interpretó de
forma errada lo señalado por la jurisprudencia y la Ley 50 de 1990 y le dio aplicación
a la sanción moratoria para los casos en los que no se consignan las cesantías antes
del 15 de febrero de cada anualidad, circunstancia que no es aplicable para el régimen
especial de los docentes.
26. En consecuencia, solicitó que se de aplicación a la sentencia SUJ-032-CE-S2-
2023, dado que la sanción moratoria por consignación de cesantías posterior al 15 de
febrero no es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
27. El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
28. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, corresponde a la sala definir:
29. ¿Debe revocarse la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena que condenó al municipio de Plato, Magdalena al pago de las cesantías
anualizadas correspondientes a las vigencias de 1995 a 1999, a favor de la
demandante?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Régimen de cesantías anualizadas. Leyes 50 de 1990 y 91 de 1989.
Incompatibilidad de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para
docentes afiliados al FOMAG. Reiteración de jurisprudencia.
30. En lo que respecta al personal docente, el reconocimiento de sus cesantías se
rige por los términos previstos en el artículo 15 de la Ley 91 de 19899:
9 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Plato, Magdalena
3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente
a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los docentes
nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las
cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y
sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que
de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías
del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las
normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.
31. Este régimen anual fue establecido en la Ley 50 de 199010, específicamente, en
su artículo 99, en que dispuso:
Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.
3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del
año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que
el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de
salario por cada retardo.
4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador
que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con
los intereses legales respectivos.
32. La Ley 344 de 199611, que permitió la extensión de este modelo al sector público
previó, en su artículo 13 que, a partir de su publicación, y sin perjuicio de lo dispuesto
en la Ley 91 de 1989, quienes se vincularan a los órganos y entidades del Estado
tendrían el siguiente régimen de cesantías anualizado y definitivo:
10 «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.».
11
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Plato, Magdalena
ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen
a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral.
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo; […]
33. De esta forma, los docentes ya eran beneficiarios de un régimen de cesantías
anualizado por disposición de la Ley 91 de 1989, que no fue alterado por la Ley 344
de 199612.
34. Ahora bien, aunque inicialmente se les aplicó a los docentes las disposiciones
contenidas en la Ley 50 de 1990, en cuanto a la sanción moratoria derivada del no
pago oportuno de sus cesantías anuales, la Sección Segunda del Consejo de Estado
profirió la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023, en la que fijó las siguientes
reglas:
156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes 50
de 1990 y 344 de 1996, así́ como sus decretos reglamentarios no extendieron la
sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los
docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es
incompatible con el sistema que prevé́ la sanción moratoria por la consignación tardía
del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece
unas normas acordes con su funcionamiento.
157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al
FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en
que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley
50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción moratoria derivada
del incumplimiento del empleador. […]
159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será́ el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica13.
3.3.2. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes
35. La Ley 91 de 1989, artículo 3 estableció la creación del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación, este
tiene autonomía patrimonial, contable y estadística, a pesar de que no cuenta con
personería jurídica. Su administración está a cargo de una entidad fiduciaria estatal o
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020,
exp. 08001-23-33-000-2013-00666-01(0833-16).
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de octubre de
2023, exp. 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022).
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Plato, Magdalena
de economía mixta, y su propósito es cubrir las prestaciones sociales de los docentes
nacionales y nacionalizados, tanto los vinculados antes de la promulgación de la ley
como los que se vinculen posteriormente, quienes será afiliados automáticamente al
fondo.
36. Por su parte el artículo 2 de la mencionada ley, precisó que la Nación y las
entidades territoriales asumirán las obligaciones prestacionales de los docentes y
precisó que de acuerdo con lo previsto por la Ley 43 de 1975, las prestaciones sociales
de las docentes nacionales causadas con anterioridad de la entrada en vigor de la ley
se reconocerán conforme a las normas nacionales vigentes; mientras que las
prestaciones de los docentes nacionalizados causadas hasta la fecha de la
promulgación de dicha ley, se seguirán reconociendo y pagando según las
disposiciones que regían en cada entidad territorial al momento de entrar en vigor la
Ley 43 de 1975.
37. Ahora bien, en cuanto a la aplicación de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15 se
indicó que, a partir del 1 de enero de 1990, los docentes nacionales y nacionalizados,
así como los que se vinculen después de dicha fecha, estarán sujetos a nuevas
disposiciones. Agregó que los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989 conservaran el régimen prestacional vigente en su respectiva
entidad territorial. En cambio, los docentes nacionales y los vinculados desde el 1 de
enero de 1990 se regirán por la normativa aplicable a los empleados públicos del orden
nacional, como los decretos 3135 de 1968; 1848 de 1969 y 1045 de 1978, además de
las futuras disposiciones, con algunas excepciones precisadas en la ley.
38. A su turno, el numeral 3 del artículo 15 ibidem estableció dos regímenes
distintos, así: (i) para los docentes nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre
de 1989, el fondo pagará un auxilio de cesantías equivalente a un mes de salario por
cada año trabajado o proporcionalmente por fracción de año, calculado sobre el último
salario devengado este sistema corresponde al régimen retroactivo de cesantías; (ii)
mientras que, para los docentes vinculados desde el 1 de enero de 1990, así como
para los nacionales respecto a las cesantías generadas a partir de esa fecha, se
aplicaría un régimen anualizado, en el cual se reconoce un interés anual sobre el saldo
acumulado de cesantes al 31 de diciembre de cada año, sin retroactividad.
39. Esta Corporación en sentencia del 7 de febrero de 201914, precisó que los
docentes que ingresen con posterioridad al 1 de enero de 1990, sus cesantías serán
liquidadas bajo el régimen anualizado, de la siguiente manera:
Se concluye que los docentes que ingresaron con posterioridad al 1 de enero de
1990, por el solo hecho de ser designados por el alcalde o gobernador, y ostentar
la calidad de cofinanciados, no adquieren el carácter de territorial regidos por
normas prestacionales aplicables a los servidores públicos que ostentan dicha
calidad, puesto que por disposición de la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral
3º, literal b), los maestros «[…] que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990,
para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro.», como
14 Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B expediente 54001-23-33-000-2016-00298-01.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Plato, Magdalena
lo es la Ley 344 de 199615 que sin perjuicio de lo previsto en la Ley 91 de 1989,
consagró un sistema de liquidación anualizado de cesantías para las «[…]
personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado ».
40. En este sentido, la Ley 91 de 1989 unificó el régimen laboral de los docentes
oficiales alineándolo con el de los empleados públicos del orden nacional bajo el
sistema anualizado de cesantías. No obstante, se respetan los derechos adquiridos de
los docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1989, quienes conservan el
régimen retroactivo.
3.4. Caso Concreto
41. Consta en el expediente que la señora Nasly Patricia Ospino de Arco se vinculó
al municipio de Plato, Magdalena el 24 de marzo de 1995, según consta en la
Resolución 1108 del 15 de septiembre de 201416, expedida por la Secretaría de
Educación Departamental del Magdalena, por medio de la cual se reconoce y ordena
el pago de una cesantía parcial para compra de vivienda, así:
Que mediante solicitud radicada 2017-CES-015572 del 13/05/2014, el señor (a)
NASLY PATRICIA OSPINO DE ARCO, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía No. 39.093.391 de Plato (Magdalena), solicita el reconocimiento y
pago de una Cesantía Parcial con destino a Compra de Vivienda, que le
corresponde por los servicios prestados como docente de vinculación Municipal-
Recursos Propios, en el Centro Educativo Departamental, Luis Carlos Galán
Sarmiento- Magdalena
Que según certificación No. 078 del 13/01/2014 expedida por la Secretaría de
Educación del Magdalena, se comprobó que prestó sus servicios durante 6.758
días, lapso comprendido entre el 24/03/1995 al 31/12/2013 en forma continua.
[…]
Reportes Anuales de Cesantías Valor
Cesantías año 2000 $510.115,00
Cesantías año 2001 $555.217,00
Cesantías año 2002 $592.758,00
Cesantías año 2003 $633.718,00
Cesantías año 2004 $671.098,00
Cesantías año 2005 $721.265,00
Cesantías año 2006 $730.127,00
Cesantías año 2008 $826.907,00
Cesantías año 2009 $1.322.746,00
Cesantías año 2010 $1.319.745,00
Cesantías año 2011 $2.171.231,00
Cesantías año 2012 $2.279.794,00
Cesantías año 2013 $2.448.920,00
TOTAL $14.783.941,00
15 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
16 SAMAI, expediente 47001-23-33-000-2019-00307-01 gestionar documentos, cuaderno principal, expediente
digital, pdf 02, folios 41 al 43.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Plato, Magdalena
Que, según el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al peticionario
se le ha cancelado cesantías parciales así:
No. RESOLUCIÓN FECHA VALOR
0238 16/02/2007 $5.365.984
TOTAL $5.365.984
[…]
El pago de esta prestación podrá realizarse cuando exista disponibilidad presupuestal
para el efecto, tal y como lo señala el artículo 14 de la Ley 344 de 1996 el cual
establece:
Las cesantías parciales o anticipos de cesantías de los servidores públicos, solo podrán
pagarse cuando exista apropiación presupuestal disponible para tal efecto.
En el proyecto de Acto Administrativo fue aprobado por la entidad fiduciaria que
administra los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Que son normas aplicables entre otros la Ley 91 de 1.989, Decreto 2755 de 1966 y su
Decreto reglamentario No. 888 de 1991 y reglamentos de cesantías Parciales
emanadas del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
EN VIRTUD DE LO EXPUESTO,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a NASLY PATRICIA OSPINO DE ARCO, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía No. 39.093.391 de Plato (Magdalena), la suma de $
14.783.941, por concepto de liquidación parcial de cesantías solicitada conforme a la
parte motiva de la presente resolución que le corresponde por el tiempo de servicios
como Municipal- Recursos Propios.
PARÁGRAFO: Descontar la suma de $5.365.984 por concepto de anticipo de Cesantías
pagadas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Girar la suma de $9.417.957, como anticipo de cesantías con
destino a Compra de Vivienda, valor que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio a través de la Entidad Fiduciaria La Previsora SILVIA ISABEL
ARRIETA VEGA identificado con C.C. No. 26.837.342 de Plato (Magdalena), según
acuerdo suscrito entre la Nación y esta entidad.
[…]17
42. Como resultado del análisis del contenido del expediente, se observa que el
reporte de cesantías comprende las vigencias de los años 2000 al 2013; sin embargo,
no se corrobora información de los años solicitados por la demandante, es decir, 1995
al 1999. En consecuencia, la orden impartida por el fallador de primera instancia
17 Se transcribe con errores de texto.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Plato, Magdalena
resulta acertada al indicar que no fueron reportadas las cesantías correspondientes a
los años solicitados.
43. En ese contexto, la inconformidad del municipio de Plato, Magdalena va dirigido
a cuestionar por qué se le atribuyó la obligación de cancelar los valores de las
cesantías e intereses de las cesantías por las vigencias 1995 a 1999.
44. No obstante, la Sala advierte que en el plenario obra convenio del 3 de
noviembre de 2000 celebrado entre la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Municipio de Plato Magdalena18, así como
otros sí de fechas 30 de agosto de 200119 y del 11 de noviembre de 200320. El objetivo
de estos acuerdos fue garantizar la afiliación de los docentes financiados con recursos
del municipio y se les afiliaran al FOMAG. Como parte de dicho convenio, el municipio
asumió la obligación de realizar el pago de las deudas prestacionales acumuladas,
transferir mensualmente el 5 % del salario básico de cada docente afiliado, cubrir las
cuotas de inscripción, actualizar la información de los docentes, asumir la
responsabilidad judicial y administrativa en caso de incumplimientos y en el caso en el
que el fondo no pueda cubrir alguna prestación, el municipio asumirá dicho costo.
45. Por su parte, el FOMAG tiene la responsabilidad de reconocer y pagar las
prestaciones económicas y los servicios médicos asistenciales de los docentes
afiliados. Además, debe llevar el registro de los recursos que administra y actualizar
los cálculos actuariales necesarios para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones.
46. Entre los aspectos más relevantes del convenio se encuentra el de garantizar
la afiliación de los docentes que estaban a cargo del ente territorial al FOMAG. De hecho,
en la Resolución 1108 del 15 de septiembre, se observa que las cesantías de la
demandante fueron reportadas desde el año 2000. Asimismo, y según lo previsto en
el artículo 5, literal a) de la Ley 91 de 1989, corresponde al FOMAG asumir el pago de
dichas prestaciones sociales.
47. En el presente asunto, la reclamación de la señora Nasly Patricia Ospino de
Arco se centra en el reconocimiento de las cesantías anualizadas correspondientes a
las vigencias de 1995 a 1999, periodo durante el cual no estaba afiliada al FOMAG. En
consecuencia, las prestaciones sociales debían en principio ser asumidas por el ente
territorial para el cual prestaba sus servicios, de conformidad con lo expuesto por el
artículo 5 del Decreto 196 de 199521 así:
Docentes departamentales, distritales y municipales financiados con recursos
propios. Los docentes departamentales, distritales y municipales financiados con
recursos propios de las entidades territoriales que estén vinculados a la fecha de
18 SAMAI, expediente 47001-23-33-000-2019-00307-01 gestionar documentos, cuaderno principal, expediente
digital, pdf 03, folios 111 al 114.
19 SAMAI, expediente 47001-23-33-000-2019-00307-01 gestionar documentos, cuaderno principal, expediente
digital, pdf 03, folios 115 al 116.
20 SAMAI, expediente 47001-23-33-000-2019-00307-01 gestionar documentos, cuaderno principal, expediente
digital, pdf 03, folios 117 al 118.
21
Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6° de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley
115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y se dictan otras disposiciones.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Plato, Magdalena
vigencia del presente Decreto, serán incorporados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el procedimiento establecido en el
capítulo IV de este Decreto y el cumplimiento de los requisitos formales
establecidos para el efecto, quedando eximidos de los requisitos económicos
fijados para afiliación, siempre y cuando se encuentren vinculados a una caja de
previsión o entidad que haga sus veces. A estos docentes se les respetará el
régimen prestacional que tengan al momento de la incorporación y no se les
podrá imponer renuncias o exclusiones a riesgos asumidos por la ley y las
entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los
convenios interadministrativos a que se refiere el artículo 9º del presente
Decreto.
Los docentes que se vinculen al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio con posterioridad a la incorporación de que trata el inciso
inmediatamente anterior, deberán cumplir todos los requisitos de afiliación de
naturaleza formal o normativa y económica y se afiliarán con sujeción al régimen
establecido en la Ley 91 de 1989, en sus decretos reglamentarios y en las
disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
48. Sumado a lo anterior, el artículo 7 del referido decreto estableció:
Prestaciones causadas. El pago de las prestaciones sociales de los docentes
departamentales, distritales y municipales vinculados con recursos propios de
las entidades territoriales que, en los términos de la definición contenida en el
artículo 2º del presente Decreto, se hayan causado antes de su incorporación al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las entidades
territoriales o de las cajas de previsión o entidades que hagan sus veces, en
donde se hayan efectuado los correspondientes aportes.
El pago de las prestaciones sociales de los docentes de establecimientos
públicos oficiales que se hayan causado antes de su afiliación al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como sus reajustes, reliquidaciones
y sustituciones, son de responsabilidad del establecimiento público respectivo o
de la caja de previsión o de la entidad que hiciere sus veces, en donde se hayan
efectuado los correspondientes aportes.
49. De igual manera el artículo 9 del mismo decreto previó:
En el convenio interadministrativo se estipulará expresamente la obligación
garantizada de la entidad territorial de girar al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en los períodos establecidos en la ley y en el presente
Decreto, las sumas necesarias para cancelar las prestaciones de los docentes
con cargo a los recursos propios de la respectiva entidad territorial, de
conformidad con el artículo 13 del presente Decreto.
Para cumplir con esta obligación, los municipios podrán pactar con la Nación que
ésta gire directamente al Fondo, los recursos a que se refiere el artículo 12 del
presente Decreto, con cargo a las participaciones en los ingresos corrientes de
la Nación.
50. Así las cosas, es claro que el convenio suscrito entre el municipio de Plato y el
FOMAG, respetó la normativa respecto a la afiliación de los docentes, dado a que definió
que las consecuencias prestacionales causadas con antelación a su entrada en vigor
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Plato, Magdalena
deban ser canceladas por el FOMAG. También, indicó que autorizó el giro de los
recursos del Sistema General de Participaciones que le correspondían al fondo.
51. En este sentido, la Sala considera válido el convenio del 3 de noviembre de
2000 suscrito entre el municipio de Plato y el FOMAG, así como las obligaciones que de
él se derivan. Por ello, si existe algún pago relacionado con las cesantías de la
demandante que no se encuentren reflejado en los reportes, corresponde al FOMAG
asumirlo, ya que el municipio transfirió la responsabilidad de cubrir las prestaciones
sociales desde la firma del acuerdo. En caso de que el ente territorial incurra en mora,
será el FOMAG quien deba iniciar las gestiones necesarias para exigir el cumplimiento
de lo pactado, conforme a lo establecido en dicho convenio.
52. Adicional a lo anterior, esta subsección en un caso de similares características
sostuvo22:
En el asunto sub examine, al que le corresponde el pago del auxilio de las
cesantías anualizadas de la actora de 1996 a 1999 es al Fomag, por cuanto el
municipio de Plato se obligó a girar la respectiva suma por pasivo prestacional de
los 262 docentes de que trata el convenio interadministrativo que celebró con la
Nación – Ministerios de Educación Nacional y de Hacienda y Crédito Público, con
el propósito de que el Fondo sufragara, en el caso de la accionante, la referida
prestación, pues si bien es cierto que el ente territorial tenía dicha carga antes del
perfeccionamiento del convenio, también lo es que, de acuerdo con lo pactado en
este, el Fondo asumió esa responsabilidad, siempre y cuando el municipio
cumpliera lo acordado.
Sobre este último aspecto, se advierte que el cumplimiento del convenio por parte
del municipio accionado no fue objeto de contradicción por el Fomag, en
consecuencia, la Sala tiene por hecho cierto que el traslado del dinero atañedero
al pasivo prestacional de los docentes se efectuó, por tanto, se colige que el Fondo
es el que debe sufragar el auxilio de las cesantías que aquí se reclama, razón por
la que el fallo de primera instancia será modificado en este punto.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que accedió de manera
parcial a las súplicas de la demanda, y modificará el ordinal segundo de su parte
decisoria, en el sentido de que el Fomag debe asumir el pago del auxilio de las
cesantías de la actora por el período de 1996 a 199923.
53. Observa la Sala que el FOMAG no cuestionó el convenio suscrito el 3 de
noviembre de 2000 con el ente territorial, y no existe prueba que desvirtúe la afirmación
del municipio de Plato acerca del traslado de los dineros correspondientes al pasivo
prestacional. En este sentido, se modificará el ordinal tercero de la sentencia
impugnada para disponer que será el FOMAG la entidad que asuma el pago de las
cesantías y los intereses correspondientes a las vigencias 1995 al 1999.
22
Consejo de Estado, sentencia del 3 de noviembre de 2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00311-01 (3247-
2021). Consejo de Estado, sentencia del 6 de agosto de 2025, expediente 47001-23-33-000-2020-00066-01 (4537-
2023).
23
Consejo de Estado, sentencia del 15 de junio de dos 2023, expediente: 47001-23-33-000-2019-00358-01 (3172-
2021).
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Plato, Magdalena
54. Ahora bien, el Ministerio Público, en concepto rendido ante esta Corporación,
sostuvo que al expediente se aportó un documento denominado «pasivo prestacional
de docentes pagados con recursos propios del municipio de Plato, Magdalena»24, en
el que figura la demandante en la casilla núm. 176, correspondiente a las vigencias de
los años 1998, 1999 y 2000. Por tal razón afirmó que, el FOMAG, asumió el pago del
auxilio reclamado por la demandante, desde el año 1998.
55. Para esta Sala, el referido documento no es prueba del pago de las cesantías
que la actora reclamó a través de esta acción. Ello porque, como el mismo escrito lo
refiere, se trata de una relación de pasivos a cargo del municipio de Plato y no existe
certeza y constancia del pago de la misma.
56. De otro lado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado manifestó que
la demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
el pago tardío de las cesantías por su condición de docente afiliada al FOMAG. En ese
orden, solicitó la aplicación de la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 y
negar las pretensiones de la demanda.
57. Al respecto, la Sala debe precisar que la sanción moratoria fue negada por el
juez de primera instancia y no fue objeto del presente recurso, por lo tanto, lo planteado
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no amerita pronunciamiento
alguno.
3.5. Conclusión de la decisión
58. En atención a lo consignado se confirmará parcialmente la sentencia del 9 de
marzo de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena y se modificará
el ordinal tercero respecto a que deberá ser el Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio (FOMAG) la entidad que reporte el valor correspondiente al auxilio de
cesantías anualizadas e intereses a cesantías de los años 1995 al 1999.
4. Costas
59. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 25 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
24 SAMAI, expediente 47001-23-33-000-2019-00307-01 gestionar documentos, cuaderno principal, expediente
digital, pdf 03, folio 121.
25 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Plato, Magdalena
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
5. Reconocimiento de personería
60. Se reconocerá personería a la abogada Jennyfer Jully Díaz Ramírez,
identificada con la cédula de ciudadanía núm. 53.080.375 y portadora de la tarjeta
profesional núm. 248.629 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en los
términos del poder otorgado, para que represente a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado26. Asimismo, se le aceptará la renuncia presentada conforme al
memorial allegado en esta instancia27.
61. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 9 de marzo de 2022 dictada
por el Tribunal Administrativo del Magdalena que accedió a las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
proferida del 9 de marzo de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena
el cual quedará así:
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, condenar al Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio (FOMAG), a que reporte el valor correspondiente al auxilio de cesantías
anualizadas e intereses de cesantías de los años 1995 a 1999, causadas a favor de la
señora Nasly Patricia Ospino de Arcos.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 9 de marzo de 2022
por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
CUARTO: RECONOCER personería a la abogada Jennyfer Jully Díaz Ramírez,
identificada con la cédula de ciudadanía núm. 53.080.375 y portadora de la tarjeta
profesional núm. 248.629 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en los
términos del poder conferido.
QUINTO: ACEPTAR la renuncia presentada por la abogada Jennyfer Jully Díaz
Ramírez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 53.080.375 y portadora de la
tarjeta profesional núm. 248.629 del Consejo Superior de la Judicatura.
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
26
SAMAI, índices 11 al 13.
27 SAMAI, índices 16 y 17.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00307-01 (6682-2022)
Demandante: Nasly Patricia Ospino de Arco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y Municipio de Plato, Magdalena
SEXTO: Sin condena en costas.
SÉPTIMO: En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
MMCLL/SEJV
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.