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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00464-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00464-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 26 de agosto de 2020 por el Tribunal Administrativo del Magdalena que declaró probada la excepción de prescripción y negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las motivaciones de esta providencia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2019-00464-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de febrero de 2025

Radicado: 47001-23-33-000-2019-00464-01
Demandante: Álvaro Enrique Orozco Vega

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00464-01 (4192-2023)
Demandante: Álvaro Enrique Orozco Vega
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Prescripción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 26 de agosto de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena que declaró la prescripción de la sanción
moratoria y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones de la demanda.

El señor Álvaro Enrique Orozco Vega por intermedio de apoderada y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la
nulidad del acto ficto configurado el día 8 de septiembre de 2018, producto de la no
contestación a la petición del 8 de junio de ese mismo año, por medio del cual se negó
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en
las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, correspondiente a un (1) día de salario por
cada día de retardo, contados desde los 70 días hábiles después de haber radicado la
solicitud ante la entidad territorial y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma,
ii) el reconocimiento y pago de los ajustes a que haya lugar con motivo de la
disminución del poder adquisitivo del dinero, y iii) se dé cumplimiento a la sentencia en
los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).

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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00464-01
Demandante: Álvaro Enrique Orozco Vega

1.1. Hechos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

El artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación con independencia patrimonial,
sin personería jurídica. En la misma norma se le asignó la competencia al fondo para
el pago de las cesantías a los docentes vinculados en los establecimientos educativos
del sector oficial.

El 25 de junio de 2014 el actor presentó reclamación administrativa ante la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
para el reconocimiento y pago de las cesantías parciales, dicha prestación fue
reconocida por medio de la Resolución 1255 del 20 de octubre de 2017 y fue cancelada
por intermedio del banco BBVA el 27 de febrero de 2018, por lo que transcurrieron
1240 días de mora. Por eso y según la normativa aplicable, debe reconocerse la
sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías parciales.

Mediante solicitud del 8 de junio de 2018 reclamó la sanción moratoria; sin embargo,
no hubo pronunciamiento alguno por parte de la entidad demandada, configurándose
al acto administrativo ficto.

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 5, 9 y 15 de la Ley 91
de 1989; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995; 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006 y el Decreto 2831
de 2005.

Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada del demandante expuso que el
pago de las cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio es una situación jurídica susceptible de ser reconocida en sede
judicial, por cuanto las entidades obligadas a responder por dicha prestación han
obviado las disposiciones que regulan la materia.

Además, a pesar de que la jurisprudencia estableció diferentes hipótesis para el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio ha venido cancelando el auxilio de cesantías por fuera de los
términos fijados en la ley, circunstancia que genera una sanción por su negligencia.

1.3. Contestación de la demanda

La Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio guardó silencio.

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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00464-01
Demandante: Álvaro Enrique Orozco Vega

1.4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia del 26 de agosto de
20201 declaró probada la excepción de prescripción extintiva y, en consecuencia, negó
las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, consideró que el señor Álvaro Enrique Orozco, docente en la Institución
Educativa Departamental Luis Carlos Galán Sarmiento, el 26 de junio de 2014 solicitó
el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías parciales según se extrae de la
Resolución 1255 del 20 de octubre de 2017. No obstante, el acto administrativo que
las reconoció fue emitido el 20 de octubre de 2017 y el pago, según la certificación
expedida por la entidad bancaria, fue puesto a disposición el 27 de febrero 2018, lo
que significa que se hizo de manera extemporánea.

Generándose una sanción moratoria entre el 8 de octubre de 2014 y el 26 de febrero
de 2018.

Sin embargo, al verificar de oficio la ocurrencia del fenómeno de la prescripción
expresó que conforme el criterio mayoritario del Consejo de Estado, esta se aplica tres
años después de haberse hecho exigible la obligación.

En ese escenario, debido a que la sanción moratoria se hizo exigible el 8 de octubre
de 2014, los 3 años para presentar la reclamación vencían el 8 de octubre de 2017,
sin embargo, como la petición se radicó el 8 de junio de 2018, se configuró la
prescripción trienal.

1.5. Recurso de apelación

La apoderada de la parte demandante2, interpuso recurso de apelación contra la
sentencia primera instancia, el cual sustentó así:

No se discute que se generó una mora a favor del señor Álvaro Orozco desde el 8 de
octubre de 2014 hasta el 26 de febrero de 2018, en este caso la inconformidad radica
frente a la prescripción extintiva del derecho.

Si bien es cierto que la reclamación administrativa fue presentada el 8 de junio de
2018, cierto es también que el pago efectivo de la cesantía se dio hasta el 27 de febrero
de 2018, día en que la entidad demandada dejó a disposición el dinero de la prestación
reconocida, por lo que el término de prescripción debe contarse desde la presentación
de la reclamación, tres años atrás, esto quiere decir que se debe reconocer la porción
de sanción moratoria entre el 8 de junio de 2015 y el 27 de febrero de 2018.

1 PDF 06 del expediente digital.
2 PDF 07 del expediente digital.

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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00464-01
Demandante: Álvaro Enrique Orozco Vega

La sanción moratoria por la no cancelación oportuna no prescribe y, además no es una
prestación social ni laboral que sigue las reglas del Código Civil para efectos de su
prescripción.

De otra parte, sostuvo que se puede aplicar lo establecido por el Consejo de Estado
respecto a la no prescripción del derecho cuando se trata del contrato realidad y se
reconocen prestaciones sociales, con ocasión que los argumentos utilizados en el
mismo son ajustables al presente asunto.

Solo nace a la vida jurídica el derecho reclamado, dado su carácter constitutivo cuando
se determina a partir de qué momento se debe calcular la sanción por mora, lo que es
literalmente imposible determinar sin conocer la sentencia que declara el momento
inicial del cual se debe contabilizar la misma, antes no.

En ese orden de ideas, ni las cesantías, ni la sanción por mora son derechos
consagrados en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969; por ello, las acciones que
emanen de allí no le pueden ser aplicables, pues se estaría frente a una inmensa
contradicción de hacer prescribir un derecho con base en una disposición normativa
que no contiene esta prestación.

Ahora, si se intenta equiparar la prescripción de las cesantías con la sanción moratoria,
tiene que observarse que una vez reconocida la prestación, ella no prescribe por
cuanto fue solicitada a tiempo, por lo que la penalidad tampoco podría prescribir.

Finalmente, sin perjuicio del auto del 7 de noviembre de 2019 por medio del cual la
Sección Segunda del Consejo de Estado avocó para unificar el asunto con relación a
«determinar el momento a partir del cual se cuenta el término de prescripción frente a
la reclamación de la sanción moratoria del régimen anualizado establecido en la
sentencia de unificación CE-SUJO04 de agosto de 2016», debe aplicarse la ratio
decidenci de la antedicha providencia unificada, dado que es de obligatorio
cumplimiento.

Por todo lo anterior, solicitó revocar parcialmente la providencia proferida por el a quo,
en lo referente a la declaratoria de la prescripción extintiva y en su lugar, se ordene
cancelar la porción no prescrita de la sanción moratoria.

1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Mediante auto del 19 de septiembre de 20233 se admitió el recurso de apelación y a
través del auto del 28 de noviembre de ese mismo año4 se corrió traslado para la
presentación de alegatos de conclusión

3 Actuación visible en el índice 04 de la plataforma SAMAI.
4 Actuación visible en el índice 11 de la plataforma SAMAI.

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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00464-01
Demandante: Álvaro Enrique Orozco Vega

Dentro de la oportunidad legal, las partes y el agente del Ministerio Público guardaron
silencio.

Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma,
sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procederá
a resolver la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de
acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo5.

De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto
por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó
recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso.

2.1. Problema jurídico

Le corresponde a la Subsección determinar si la sentencia de primera instancia que
declaró probada la excepción de prescripción, se encuentra ajustada a derecho, o por
el contrario esta operó parcialmente y en consecuencia hay lugar a revocar la
providencia recurrida.

A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará los
siguientes temas: 2.2. solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria,
2.3. Sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023. 2.4
Hechos probados y 2.5. Caso concreto.

2.2. Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria.

La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2007 6, establece en
su artículo primero, lo siguiente:

«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es
el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud
de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad
empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá
expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o

parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”

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Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en
los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» (subraya fuera del texto)

De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora tendrá
un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:

«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45)
días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación
de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social,
sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)

Norma que también dispone una sanción cuando se incumplen los términos para
resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se evidencia en el
parágrafo del artículo en comento:

«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las
mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este
artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que
la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este». (subraya fuera del texto)

Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó jurisprudencia
frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se consideró en esa
oportunidad que:

«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial
concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación
social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el
cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición
correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto
administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006 5), 10 del término de ejecutoria de la
decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia
del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a
partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70
días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)

Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en cuanto a
la exigibilidad de la sanción moratoria en comento se sintetizan así:

«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se puede evidenciar
en el siguiente cuadro:

TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA

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10 días, después de 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
RESPUESTA
acto
Aplica pero no se tiene
ACTO ESCRITO 10 días, después de
en cuenta para el 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir el
cómputo del término de ejecutoria petición
(después de 15 días) acto
pago
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Personal ejecutoria notificación
TIEMPO notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
10 días, posteriores al 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO
aviso
ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado 10 días, posteriores al intento 45 días posteriores a la 67 días posteriores a la
TIEMPO fuera de término de notificación personal 9 expedición del acto
ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la ejecutoria notificación del acto que
resuelve resuelve recurso
ACTO ESCRITO, 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días 45 días, a partir del interposición del
RESOLVER de interpuesto el recurso siguiente a la ejecutoria recurso
Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018

2.3. Sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de
2023. Prescripción de la sanción moratoria.

En lo que corresponde a la prescripción de la sanción moratoria por el no pago o pago
tardío de cesantías definitivas, la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia
de unificación del 2 de noviembre de 2023, fijó las siguientes reglas:

«PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado para
señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de las cesantías definitivas
consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se fijan las siguientes reglas:

(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento en el
pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS, se inicia a
contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo
legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo de la sanción se presenta
después de los tres años contados desde su exigibilidad, se configura la
prescripción total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago tardío
o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con la reclamación
oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser entendido como un
término que habilita al beneficiario para presentar múltiples solicitudes, sin que opere
la prescripción.
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el derecho
por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para reclamar la sanción
moratoria.

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SEGUNDO: Advertir a los operadores jurídicos y a la comunidad en general que las
reglas de unificación fijadas en esta sentencia son aplicables retrospectivamente a
todos los asuntos que se encuentren en trámite en sede administrativa o judicial y no
podrán ser aplicadas retroactivamente a aquellos casos cobijados por el fenómeno de
la cosa juzgada.» (negrilla fuera del texto)

En la misma sentencia de unificación, se precisaron las razones para aplicar el término
prescriptivo consagrado en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral a la
sanción moratoria derivada del reconocimiento y pago tardío de las cesantías a los
servidores públicos. En los siguientes términos:

«3.4.4. Aspectos generales alrededor de la prescripción extintiva de la sanción moratoria

De manera previa y para el correcto entendimiento del tema conviene precisar que en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la aplicación del mencionado artículo 151 del
CPTSS requiere que se realicen ciertas distinciones que son propias de los litigios que se
adelantan en esta especialidad, dado que la administración manifiesta su voluntad mediante
actos administrativos, expresos o presuntos, y además por la naturaleza de las nociones de
exigibilidad de los derechos, prescripción y la caducidad.

Como primera medida debe recordarse que la exigibilidad está relacionada con el “derecho de
acción” que tiene el beneficiario para acudir a la vía judicial y administrativa y reclamar el pago
de la sanción moratoria, so pena que, de no hacerlo en el tiempo previsto por las normas
procesales para tal efecto, puede correr el riesgo de perderlo de manera definitiva. Por su parte,
la caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del término perentorio
establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción derivadas de los actos, hechos,
omisiones u operaciones de la administración, sin que se haya ejercido el derecho de acción
por parte del interesado. De lo anterior se concluye que la caducidad ocurre por la inactividad
de quien tiene el deber de demandar en el tiempo permitido para hacerlo, para no perder el
derecho de ejercer la acción, lo cual no genera un pronunciamiento de fondo por parte de las
autoridades judiciales1.

Finalmente, la prescripción extintiva, que se analiza en este asunto, es un modo de extinguir
derechos u obligaciones, como resultado de su no reclamación, alegación o defensa durante
el tiempo determinado por la ley, por cualquier razón subjetiva que motive la inacción de su
titular, dejando salvas las suspensiones determinadas por la ley en favor de ciertas personas2.
Esta figura surge de la necesidad de establecer un límite temporal para el ejercicio de los
derechos, con el fin de proporcionar un nivel mínimo de certeza y seguridad jurídica a las
relaciones interpersonales y se relaciona con el deber que tiene cada persona de reclamar en
tiempo sus derechos, bajo el riesgo de perder la oportunidad de ejercerlos.

En el ámbito contencioso administrativo, este instituto protege el interés general, el patrimonio
público, la seguridad jurídica y la certeza del derecho, al impedir el reconocimiento de derechos
que fueron reclamados tardíamente por parte de sus titulares, como consecuencia de su propia
incuria. Por ello, dentro del abanico de obligaciones que tiene el juez, como director del proceso,
está la de analizar de manera oficiosa si en el asunto sometido a su conocimiento ha operado
o no este fenómeno extintivo, sin perjuicio, claro está, de la no reformatio in pejus (art. 187 del
CPACA). De manera que la prescripción extintiva puede invocarse por vía de excepción o
declararse de oficio.

Precisado lo anterior, es pertinente traer a colación la sentencia de unificación CE-SUJ2 004
de 2016, mediante la cual se fijó como regla jurisprudencial que las cesantías definitivas son

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una prestación que está sometida al fenómeno de la prescripción. En la referida sentencia se
dispuso que cuando la mora en el pago de las cesantías no sea producto de la negligencia del
empleador sino atribuible al empleado, la prestación estará afectada por el fenómeno
prescriptivo, pues la omisión de este último en atender los requerimientos que el empleador le
formule para disponer su pago no puede redundar en un beneficio injustificado a su favor.

En la referida sentencia, se estableció como precedente frente a la sanción moratoria por el
pago tardío o no pago de las cesantías, que está sometida al fenómeno de prescripción trienal,
pues por tratarse de una pena no puede considerarse como un derecho imprescriptible.

En torno a las reglas que orientan la prescripción extintiva en materia de sanción moratoria, la
Sección Segunda en la sentencia de unificación CE SUJ004 del 25 de agosto de 2016, dejó
sentado el criterio según el cual la sanción moratoria por pago tardío u omisión en la
consignación de cesantías de que trata la Ley 50 de 1990, está sujeta a prescripción y el
término aplicable es el regulado en el artículo 151 del CPTSS, toda vez que la prevista en
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, se refiere a los derechos de que tratan las
referidas normas, entre los cuales no figura la sanción moratoria, ya que para la época
dicha penalidad aún no había sido establecida.

El citado entendimiento fue reiterado en la sentencia CE-SUJ-SII-022 del 6 de agosto de 2020,
en la cual se unificó jurisprudencia con respecto al momento a partir del cual se contabiliza el
término de prescripción para reclamar la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no
consignación de las cesantías con régimen de liquidación anualizado.

Lo expuesto pone de presente que el criterio reinante en la jurisprudencia de la Sección
Segunda es el de aplicar para efectos de la sanción moratoria, el término de prescripción
extintiva de tres años consagrado en el artículo 151 del CPTSS.

[…]

Atendiendo a los precedentes enunciados, la Sección Segunda considera que en el presente
caso se debe acoger la regla de interpretación según la cual el derecho al reconocimiento de
la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas prevista en
las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, está supeditado a la observancia del término de
prescripción consagrado en el mencionado artículo 151 del CPTSS.»

Para la Sala, en el presente asunto es aplicable el artículo 151 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social, pese a la restricción prevista en el artículo 4 del
código sustantivo del trabajo7, por las siguientes razones:

1. El artículo 151 ya mencionado, al disponer un término prescriptivo de las
acciones que emanan de las leyes sociales, no solo rige las relaciones entre
particulares sino todas aquellas de carácter laboral, lo que no excluye a los
servidores públicos.

2. La anterior interpretación, fue acogida por la Corte en la sentencia C-745 de
1999. Corporación que al analizar la constitucionalidad del artículo 4 de la Ley

7 RTICULO 4o. SERVIDORES PUBLICOS. Las relaciones de derecho individual del Trabajo entre la
Administración Pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado,
no se rigen por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten.

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Demandante: Álvaro Enrique Orozco Vega

165 de 19418, consideró que «ese razonamiento no es de recibo, como quiera
que el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral expresamente señala
el término de prescripción para “las acciones que emanen de las leyes
sociales”. Así pues, las leyes sociales no sólo son aquellas que rigen
relaciones entre particulares, sino que son las normas que regulan el
tema laboral, por lo que es una denominación referida a la relación de
subordinación entre patrono y trabajador y no a su status». (Negrilla de la
Sala)

3. Esta Corporación desde la sentencia del 21 de septiembre de 19829, ha
sustentado la aplicación del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, en
que la norma es de contenido sustancial y no procedimental, por lo tanto, el
término prescriptivo en ella contenida se aplica en el régimen de los empleados
públicos, conforme a los siguientes argumentos:

«No es válida la argumentación que hacen algunos en el sentido de que el
artículo 151 del Código Procesal del Trabajo no es aplicable a los empleados
públicos, especialmente por lo dispuesto en el artículo 4º del Código Sustantivo
del Trabajo, pues esta norma se refiere únicamente a las disposiciones del mismo
estatuto en lo concerniente a las relaciones laborales de carácter individual;
además, la exclusión que hace comprende también a los trabajadores que se
encuentren respecto del Estado en situación de índole contractual, los cuales
están totalmente sometidos a las normas del Código Procesal del Trabajo. Por su
parte, el artículo 2º de este Código se limita a señalar los asuntos de que conoce
la jurisdicción del trabajo en forma tal que excluye ciertamente los que conciernen
a empleados públicos; pero no los deja completamente al margen de las
disposiciones de dicho estatuto, pues se les aplican las que regulan la ejecución
de obligaciones a cargo del estado y a favor de ellos, de conformidad con el inciso
segundo del mismo artículo, como también del artículo 100 ibídem, que hablan
genéricamente de “obligaciones emanadas de la relación de trabajo” “originadas
en ella, sin circunscribirse a las de tipo contractual. En suma, las normas del
Decreto 2159 no fueron instituidas exclusivamente para lograr la efectividad de
los derechos consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo, expedido,
además, con posterioridad al citado estatuto procesal. Por último, ya se indicó que
sin que importe la ubicación física de la norma, la del artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo es de naturaleza sustancial y no de carácter adjetivo o
procedimental»

4. Tratándose de la prescripción de las sanciones moratorias derivadas de la
aplicación de las Leyes 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006
comoquiera que dichas sanciones no existían para la fecha en que fueron
expedidos los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, resulta necesario acudir

8 ARTICULO 4°. Ampliase a cuatro años el término de prescripción de las acciones que corresponden al trabajador
para el cobro de su salario y de la indemnización especial por accidente de trabajo.
9 Sentencia del 21 de septiembre de 1982. C.P. Joaquín Vanín Tello. Exp. 6156, mencionada en la providencia del

23 de julio de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-02953-02 (2408-2018). C.P: Gabriel Valbuena Hernández.

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Demandante: Álvaro Enrique Orozco Vega

para su determinación a la norma general que regula dicho aspecto, esto es el
artículo 151 ibidem.

5. Además, con criterio unificador esta Corporación en las sentencias del 25 de
agosto de 201610, del 6 de agosto de 202011 y del 2 de noviembre de 202312,
ha fijado la misma regla.

De lo anterior se concluye que, la sanción o indemnización moratoria derivada del
auxilio de cesantías está sometida a la prescripción extintiva, por lo que la reclamación
deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a su causación y se genera
automáticamente por el incumplimiento o tardanza.

2.4. Hechos probados

Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:

i) Mediante la Resolución 1255 del 20 de octubre de 201713 el secretario de
Educación departamental del Magdalena, en nombre y representación del
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio «reconoció a ÁLVARO
ENRIQUE OROZCO VEGA la suma de $23.927.356, por concepto de
liquidación parcial de cesantías». En las consideraciones de este acto, se
plasmó «que mediante solicitud radicada 2014-CES-022494 del 25/06/2014, el
señor ÁLVARO ENRIQUE OROZCO VEGA solicita el reconocimiento y pago
de una cesantía parcial».

ii) El dinero correspondiente al pago de la mentada prestación fue puesto a
disposición el 27 de febrero de 201814, tal como consta en el certificado emitido
por Fiduprevisora S.A.

iii) El 8 de junio de 201815, el señor Álvaro Orozco Vega por intermedio de
apoderada, solicitó ante la Secretaría de Educación del Magdalena el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías; sin embargo, la entidad territorial guardó silencio configurándose el
acto ficto acusado.

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de unificación SUJ-

034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001233300020120020002.
13 Páginas 14 y 17 del PDF 01 del expediente digital.
14 Página 18 del PDF 01 del expediente digital.
15 Páginas 21 a 23 del PDF 01 del expediente digital.

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2.5. Caso concreto

El demandante pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida
en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por el pago tardío de sus cesantías
parciales, pretensión respecto de la cual el tribunal de primera instancia declaró
configurada la excepción de prescripción.

La Sala en aras de dar solución al problema jurídico planteado, conforme a las razones
expuestas en el acápite normativo, dará aplicación a la regla de unificación contenida
en la sentencia SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, en cuanto a la
prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno o no pago de cesantías Ley
244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, mencionada en la premisa normativa.

En consecuencia, para determinar la exigibilidad de la penalidad en el caso concreto
se tiene lo siguiente:

CORRE TÉRMINO PAGO CORRE
HIPÓTESIS NOTIFICACIÓN EJECUTORIA CESANTÍA MORATORIA
ACTO ESCRITO Aplica pero no se tiene
EXTEMPORANEO en cuenta para el 10 días, después de 45 días posteriores a 70 días posteriores a
(después de 15 cómputo del término de cumplidos 15 para la ejecutoria la
expedir el acto petición
días) pago

La petición de No se tiene en cuenta. Los 15 días para Los 45 días Es decir que en este
cesantías fue expedir el acto se posteriores a la caso la mora empezó
presentada el 25 de vencían el 17 de julio ejecutoria, a correr desde el día 7
junio de 2014. de 2014. comenzaron a de octubre de 2014,
La Resolución 1255, Los 10 días de contabilizarse desde hasta el 26 de febrero
que las reconoció se ejecutoría se el 1° de agosto de de 2018, día anterior a
expidió el 20 de cumplieron el 31 de 2014 y vencieron el la fecha desde la que
6 de octubre de tuvo a disposición el
octubre de 2017. julio de 2014.
2014. interesado el pago.
(Acto
Extemporáneo)

Y, como quiera que la sanción se hizo exigible el 7 de octubre de 2014, los tres años
para reclamar su reconocimiento vencían el 7 de octubre de 2017, sin embargo, solo
lo hizo el 8 de junio de 2018, cuando ya había operado el fenómeno prescriptivo, tal y
como lo consideró el a quo.

Prescripción que no opera de forma parcial como lo pretende el recurrente, en tanto,
si bien la sanción mora se causa y acumula diariamente, no es una prestación
periódica por tratarse de una penalidad indivisible de ejecución instantánea, y su
acrecimiento en el tiempo no la convierte en una obligación divisible, de tal manera
que su exigibilidad define el plazo hasta cuándo se puede reclamar.

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Además, no es aplicable el término prescriptivo de 10 años ni la contabilización,
planteada por el apelante, en tanto tratándose de una sanción que surge en el contexto
de la relación laboral, producto del incumplimiento en el pago de un emolumento de
carácter laboral, el término prescriptivo es de tres (3) años siguientes a su exigibilidad,
previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,
como en forma reiterada lo ha considerado esta Corporación, criterio que acoge la
Sala, como se analizó previamente.

Por último, tampoco le asiste razón al recurrente al afirmar que puede aplicarse lo
establecido por este órgano respecto a la no prescripción del derecho cuando se trata
del contrato realidad y se reconocen prestaciones sociales. Ello en razón a que,
además de tratarse de situaciones fácticas diferentes, esta Corporación en sentencia
de unificación del 25 de agosto de 201616, también definió un límite en punto al
fenómeno prescriptivo de derechos prestacionales derivados de la relación laboral
encubierta o subyacente.

La no aplicación de los Decretos 3135 y 1848 fue considerada en la sentencia de
primera instancia, donde se dejó claro que la prescripción extintiva de los 3 años
aplicable al caso es la consagrada en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social y no la de los mencionados decretos, porque ellos no
consagran la sanción moratoria, postura reiterada en la sentencia de unificación CE-
SUJ004 de 2016 y acogida por esta Sala.

Así las cosas, ante la no prosperidad del recurso, se confirmará la sentencia de primera
instancia que declaró probada la excepción de prescripción.

2.6. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas. Lo
dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a aplicar esa
sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de
2021, es procedente verificar si el recurso de apelación se presentó con carencia de
fundamento legal.

Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los argumentos
del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se avizora la sustentación
de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por lo que, se repite, no se
condenará en costas a la parte vencida

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

16 Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.

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Demandante: Álvaro Enrique Orozco Vega

III. FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 26 de agosto de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena que declaró probada la excepción de prescripción y negó
las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones de esta providencia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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