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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2019-00768-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2019-00768-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena. SEGUNDO: CONDENAR a la parte actora a pagar las costas del proceso. Como consecuencia, el tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho en esta 24 Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087). Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. Demandado: Municipio de Nueva Granada. Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales. instancia, se fija la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor de las entidades que participaron en este proceso, esto es, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el distrito de Santa Marta y los municipios de Fundación, Puebloviejo, Ciénaga, Pivijay, Aracataca y Ariguaní. Este monto se dividirá en partes iguales. TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de su competencia. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado, y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 47001-23-33-000-2019-00768-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087)

Demandante: AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.

Demandado: MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Temas: CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL: El medio de control de
controversias contractuales tiene un término de caducidad de dos años, el cual, en
este caso, se contaba a partir del vencimiento del plazo definido para liquidar
bilateralmente el convenio interadministrativo / El convenio de cooperación y apoyo
financiero finalizó una vez Aguas del Magdalena pagó el crédito adquirido con la CAF
/ LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS: Los convenios
interadministrativos se rigen por sus propias cláusulas, por lo que no aplica el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública / Para que un
convenio pueda liquidarse unilateralmente, las partes deben haber incluido esta
prerrogativa de manera clara, expresa e inequívoca.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en
contra de la sentencia del 22 de febrero de 20231, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se declaró, de oficio, la excepción
de caducidad.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. demandó al municipio de Nueva Granada -
Magdalena-, con la pretensión de que este le cancelara la suma de $4.053’251.679,
monto que se adeudaba debido a que el ente territorial incumplió la obligación de
entregar los aportes a los que se comprometió para la ejecución del “Plan de Agua
Potable y Alcantarillado 2005-2015”. Igualmente, pidió que dicho valor fuera
indexado y que se le pagaran los rendimientos financieros e intereses generados.

1
Documento “65_65_4700123330002019007680163EXPEDIENTEDIGI20230717121624.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI del Consejo de Estado.
Igualmente, puede revisarse el índice 74 del SAMAI del Tribunal Administrativo del Magdalena.

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda:

Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 11 de
diciembre de 20192, la sociedad Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales, se dirigió en contra del municipio
de Nueva Granada, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y
condenas:

PRIMERA: Que el municipio de NUEVA GRANADA cancele a favor de AGUAS
DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. la suma de CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENIUN (sic) MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y NUEVE PESOS ($4.053.251.679) que adeuda, producto del incumplimiento
al aporte comprometido para la ejecución del “Plan de Agua Potable y
Alcantarillado 2005-2015”.

SEGUNDO: Se reconozca el compromiso adquirido por el MUNICIPIO DE
NUEVA GRANADA, en la celebración del convenio de cooperación y apoyo
financiero del 2006 para el desarrollo del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado
2005-2015”.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, el municipio cancele la suma
de dinero comprometida del convenio de cooperación y apoyo financiero para
el desarrollo del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015” indexada y
con los rendimientos financieros e intereses generados por los recursos girados
por el Departamento y la Nación que no fueron aportados a AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P.

1.1 Los fundamentos de hecho:

El 9 de junio de 2006, el departamento del Magdalena, el distrito de Santa Marta y
varios municipios de ese departamento3 -entre ellos, el de Nueva Granada-
suscribieron el convenio de cooperación y apoyo financiero para el desarrollo del
“Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”, cuyo objeto era el financiamiento
y la ejecución del referido plan, a través de un esquema financiero e institucional
acorde a los intereses de los diferentes actores involucrados.

2
Documento “3_3_470012333000201900768011EXPEDIENTEDIGI20230717121618.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI del Consejo de Estado (pág. 4
– 14 del archivo digital).
3
Los municipios enunciados fueron: Ciénaga, Aracataca, Algarrobo, Ariguaní, Chibolo, Cerro de San
Antonio, Guamal, Fundación, El Retén, Zona Bananera, El Piñón, El Banco, Nueva Granada, Plato,
Pijiño del Carmen, Concordia, Pedraza, Zapayán, San Sebastián, Remolino, Sitionuevo, Santa
Bárbara de Pinto, Puebloviejo, Tenerife, Pivijay, Sabanas de San Ángel y Salamina.

2

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

La cláusula segunda del convenio obligaba a los municipios a “Aportar los recursos
que equivalen al cincuenta por ciento (50%) de la participación de propósito general
con destinación para el sector de Agua Potable y Saneamiento básico que recibe el
municipio en desarrollo de la Ley 715 de 2001 […]”. Sumado a ello, debían “Pignorar
a favor de la empresa departamental que se constituya con los recursos previstos en
cada una de las fuentes de financiación (municipios, departamento, corporaciones y
nación) como contragarantía para el crédito externo que se suscriba para la
financiación del Plan”.

Mediante escritura pública “1429 del 23 de junio de 2006”4, se creó a la empresa
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., que sería la responsable de ejecutar el “Plan de
Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”.

El 17 de mayo de 2007, Aguas del Magdalena fue incorporada al convenio -como
ejecutora del plan-, mediante la celebración de un otrosí. Dicho otrosí estableció, en
su cláusula quinta, diferentes obligaciones a cargo de los municipios, entre ellas, la
de entregar los recursos del Sistema General de Participaciones con destinación
para el sector de agua potable y saneamiento básico que recibieran en desarrollo de
la Ley 715 de 2001 o sus modificaciones.

La cláusula octava del otrosí precisó las obligaciones de la demandante, las cuales
eran: (i) ejecutar el plan de manera eficiente; (ii) administrar, a través del encargo
fiduciario Aguas del Magdalena, los recursos del convenio; (iii) velar por el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de las entidades aportantes, y (iv) destinar
los recursos que recibiera en virtud del convenio para el desarrollo del plan.

Según lo definido en el documento CONPES 3431 del 28 de junio de 2006, Aguas
del Magdalena suscribió con la Fiduciaria de Occidente S.A. el contrato de encargo
fiduciario 3-4-1725 del 23 de octubre de ese año, que tenía por objeto administrar los
recursos del plan y pagar el servicio de la deuda del crédito externo por la suma de
US$ 58.1 millones y los dineros que llegaran a adeudarse a la Nación en el evento
en que se honrara la garantía otorgada por esta para la operación del crédito externo
celebrada por el actor.

4
Este número se encuentra errado, dado que, según se advierte de los documentos del plenario, la
escritura pública a través de la cual se constituyó a Aguas del Magdalena fue la 1499 del 23 de junio
de 2006.

3

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

El municipio de Nueva Granada ha incumplido con el pago anual oportuno para el
financiamiento del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”, adeudando
para el final del año 2017 la suma de $4’053.251.679. La cláusula novena del otrosí 5
indicó que sería causal de incumplimiento del convenio el no pago de los
compromisos adquiridos por los aportantes, los cuales se harían acreedores de la
sanción regulada en la cláusula decimotercera.

Al margen de lo anterior, Aguas del Magdalena ha dado continuidad a la ejecución y
desarrollo del plan, sin hacer efectiva la mencionada sanción de la cláusula
decimotercera del otrosí6.

1.2 Los fundamentos de derecho:

Abordó la naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos, concluyendo que
estos tienen como efecto principal crear obligaciones, que solamente pueden
invalidarse o modificarse por acuerdo de voluntades o por mandato legal -en los
términos del artículo 1602 del Código Civil-. Sumado a ello, afirmó que: “[…] se
advierte entonces que si en un convenio o contrato interadministrativo debidamente
perfeccionado, en el cual han surgido las obligaciones correspondientes, una de las
partes no cumple con los compromisos que contrajo, tal parte está obligada a
responder por ello, salvo que la causa de su falta de cumplimiento encuentre
justificación válida”.

Adujo que en los convenios aplica la denominada integración, que se deriva de los
artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, según la cual hacen
parte de los derechos y obligaciones del negocio, además de lo pactado

5
El hecho décimo del libelo introductorio citó la siguiente cláusula: “NOVENA. – COMPROMISOS DE
LOS APORTANTES: La suscripción del presente CONVENIO no modifica los compromisos
relacionados con los montos de los aportes ni su vigencia, adquiridos antes de la fecha de la firma del
presente documento, por lo anterior las partes se obligan a ponerse al día antes del 15 de diciembre
de 2007. // PARÁGRAFO: Se considerará causal de incumplimiento, el no pago de los aportes
referidos, haciéndose acreedor a la sanción de que trata la cláusula Décima Tercera del presente
documento”.
6
En la demanda se sostuvo: “DÉCIMO TERCERO: Es menester aclarar que AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P. ha ejecutado el ‘Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015’ bajo el
financiamiento del préstamo otorgado por la Corporación Andina de Fomento por la suma de
CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIEN MIL DÓLARES (US $ 58.100.000) y con garantía otorgada
por la Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) en el Documento Conpes 3431. // DÉCIMO
CUARTO: A pesar del incumplimiento al pago de los aportes comprometidos por el MUNICIPIO DE
NUEVA GRANADA, AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. ha dado cumplimiento a los compromisos
institucionales adquiridos en la suscripción del otro sí (sic) del convenio de cooperación y apoyo
financiero para el desarrollo del ‘Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015’”.

4

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

expresamente por las partes, todo aquello que, de acuerdo con su naturaleza, emerja
de la ley, de la buena fe, de la costumbre y de la equidad.

Finalmente, aseveró que: “[…] se puede validar el ejercicio de una acción contractual
derivada del incumplimiento de las obligaciones patrimoniales de un convenio
interadministrativo, conforme a las expuestas características y el vínculo jurídico
contractual que emerge de la llamada actividad negocial de la administración
pública”.

2. Actuaciones procesales de primera instancia:

Mediante auto del 7 de febrero de 20207, el Tribunal Administrativo del Magdalena,
entre otras decisiones, admitió la demanda; ordenó su notificación al municipio de
Nueva Granada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado; vinculó como litisconsortes necesarios a los demás municipios y
entidades que firmaron el convenio objeto de debate, y le reconoció personería al
apoderado de la parte actora8.

El demandante interpuso el recurso de reposición parcial en contra de la anterior
decisión9. En su criterio, no debía configurarse un litisconsorcio necesario, sino uno
facultativo, porque ninguna de las otras entidades tenía un interés directo en el
resultado del proceso, es decir, cada una tenía compromisos individuales, sin que
las relaciones jurídicas fueran únicas e inescindibles.

A través de proveído del 13 de marzo de 202010, el a quo confirmó el auto admisorio,
porque para proferir válidamente el fallo se debía notificar la existencia del proceso

7
Documento “3_3_470012333000201900768011EXPEDIENTEDIGI20230717121618.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI del Consejo de Estado (pág.
242 – 248 del archivo digital).
8
Ordenó vincular al departamento del Magdalena, al distrito de Santa Marta, a la Corporación
Autónoma Regional del Magdalena y a los municipios de Ciénaga, Aracataca, Algarrobo, Ariguaní,
Chibolo, Cerro de San Antonio, Guamal, Tenerife, Pivijay, Sabanas de San Ángel, Fundación, El
Retén, Zona Bananera, Plato, Pijiño del Carmen, Concordia, Zapayán, San Sebastián, Sitionuevo,
Santa Bárbara de Pinto y Puebloviejo.
En el auto admisorio se hace la siguiente aclaración: “La Secretaría al momento de surtir la notificación
personal de los vinculados como litisconsortes necesarios, deberá especificar que la demanda va
dirigida únicamente en contra del municipio de Nueva Granada, sin embargo, se efectúa tal acto
procesal por hacer parte integrante del convenio demandado”.
9
Documento “3_3_470012333000201900768011EXPEDIENTEDIGI20230717121618.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI del Consejo de Estado (pág.
252 – 258 del archivo digital).
10
Documento “3_3_470012333000201900768011EXPEDIENTEDIGI20230717121618.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI del Consejo de Estado (pág.

5

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

a todos los que suscribieron el convenio. El actor solicitó, el 8 de julio de 2020, la
aclaración del numeral 8 de la parte resolutiva del referido auto admisorio 11. En
decisión del 24 de julio siguiente, el tribunal accedió a la solicitud de aclaración12.

2.1 Contestación de la demanda:

El municipio de Nueva Granada no contestó la demanda. Por otro lado, sí se
pronunciaron las siguientes entidades: (i) el municipio de Fundación aseguró que no
estaba legitimado en la causa por pasiva, pues el llamado a satisfacer las
pretensiones era otro ente territorial, esto es, el municipio de Nueva Granada13; (ii)
el distrito de Santa Marta se abstuvo de pronunciarse frente a las pretensiones del
demandante, porque era claro que las mismas no buscaban una declaratoria de
responsabilidad en su contra, lo cual daba lugar a que se decretara la falta de
legitimación en la causa por pasiva (también propuso las excepciones de inexistencia
de la obligación, buena fe y la genérica)14; (iii) CORPAMAG15 formuló las
excepciones que denominó “ineptitud de la demanda por indebida escogencia del
medio de control” -por cuanto las pretensiones debieron ventilarse en un proceso
ejecutivo- y “falta de legitimación en la causa por pasiva”16; (iv) el municipio de
Puebloviejo, al igual que las otras entidades vinculadas, insistió en que las
pretensiones no se dirigían en su contra, por lo que se configuraba una falta de
legitimación en la causa por pasiva17; (v) el municipio de Ciénaga dijo que no estaba

268 – 271 del archivo digital). También se puede revisar: documento
“4_4_470012333000201900768012EXPEDIENTEDIGI20230717121618.pdf”, descargado del índice
2 del SAMAI.
11
Documento “6_6_470012333000201900768014EXPEDIENTEDIGI20230717121618.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI.
12
Documento “8_8_470012333000201900768016EXPEDIENTEDIGI20230717121618.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI.
13
Documento “16_16_4700123330002019007680114EXPEDIENTEDIGI20230717121619.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI. Otra copia de la contestación
del municipio de Fundación reposa en el documento denominado:
“20_20_4700123330002019007680118EXPEDIENTEDIGI20230717121620.pdf”, descargado del
índice 2 del SAMAI.
14
Documento “17_17_4700123330002019007680115EXPEDIENTEDIGI20230717121619.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI.
15
Documento “18_18_4700123330002019007680116EXPEDIENTEDIGI20230717121619.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI.
16
En concreto, estimó: “Atendiendo a lo ya estudiado y a pesar de que CORPAMAG es parte del
Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero del 2006 y su otrosí, no es posible predicar que esta
Corporación es quien se encuentre llamada a responder por las obligaciones de pago pretendidas
con la demanda, pues como se mencionó anteriormente, los pagos reclamados tienen su fundamento
contractual en obligaciones a cargo de los entes territoriales suscriptores y no de las Corporaciones
Autónomas Regionales firmantes […]”.
17
Documento “19_19_4700123330002019007680117EXPEDIENTEDIGI20230717121620.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI. Otra copia de la contestación
del municipio de Puebloviejo se encuentra en el documento denominado

6

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

obligado a satisfacer las pretensiones de la demanda, por lo que invocó la excepción
de falta de legitimación en la causa18, y (vi) el municipio de Pivijay consideró, en
esencia, que tampoco estaba legitimado en la causa por pasiva19.

Aguas del Magdalena descorrió traslado de las excepciones propuestas por el
municipio de Pivijay20, para lo cual arguyó: “Respecto a la excepción de falta de
legitimidad en la causa por pasiva, se tiene que la presente acción de carácter
contractual se adelanta contra todos y cada uno de los sujetos que suscribieron el
convenio de cooperación y apoyo financiero entre los cuales aparece el municipio de
Nueva Granda (sic) y Pivijay […]”. Además, señaló: “La suscrición (sic) del convenio
por parte de todos los representantes legales de los municipios los subsume en la
figura de la responsabilidad solidaridad, en la cual todas las partes firmantes deben
responder al unísono por las obligaciones adquiridas”21.

Luego, se pronunció frente a las excepciones del distrito de Santa Marta y de los
municipios de Ciénaga, Fundación y Puebloviejo, reiterando los argumentos
anteriores22.

2.2 Trámite de sentencia anticipada y alegatos de conclusión:

A través del auto del 4 de junio de 202123, el a quo negó la excepción de ineptitud de
la demanda por indebida escogencia del medio de control formulada por
CORPAMAG. Asimismo, fijó el litigio24 y le dio aplicación al artículo 182A del CPACA,
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.

“21_21_4700123330002019007680119EXPEDIENTEDIGI20230717121620.pdf”, descargado del
índice 2 del SAMAI.
18
Documento “22_22_4700123330002019007680120EXPEDIENTEDIGI20230717121620.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI.
19
Documento “24_24_4700123330002019007680122EXPEDIENTEDIGI20230717121620.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI.
20
Reprochó lo siguiente: “En este punto es necesario señalar que ni el escrito de contestación de
demanda, ni el auto que corre traslado de las excepciones fue puesto en conocimiento de la parte
accionante ni del apoderado, presentándose así una violación al derecho al debido proceso, derecho
de contradicción y defensa; de igual forma se desconoció el alcance de lo establecido en el artículo
3° decreto 806 de 2021, que se encuentra vigente, en lo que respecta a los deberes de los sujetos
procesales en relación con las tecnologías de la información y las comunicaciones”.
21
Documento “25_25_4700123330002019007680123EXPEDIENTEDIGI20230717121620.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI.
22
Documento “29_29_4700123330002019007680127EXPEDIENTEDIGI20230717121621.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI.
23
Documento “32_32_4700123330002019007680130EXPEDIENTEDIGI20230717121621.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI.
24
“Determinar si hubo o no incumplimiento por parte del municipio de Nueva Granada de una de las
obligaciones pactadas en el convenio de cooperación y apoyo financiero para la ejecución del ‘Plan

7

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

En providencia del 9 de diciembre de ese año25, el tribunal corrió traslado a las partes
y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión y emitiera concepto,
respectivamente26.

Presentaron sus alegatos de conclusión el actor27, la Corporación Autónoma
Regional del Magdalena28 y los municipios de Pivijay29, Aracataca30, Ciénaga31 y
Ariguaní32.

3. La sentencia impugnada:

El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió la sentencia del 22 de febrero de
2023, mediante la cual decidió lo siguiente:

Primero: declárase probada de oficio la excepción de caducidad del medio de
control de controversias contractuales seguido por Aguas del Magdalena S.A.

de Agua Potable y Alcantarillado 2005 – 2015’ relacionada con el aporte de los recursos que equivalen
al 50% de la participación de propósito general con destinación para el sector de agua potable y
saneamiento básico. // En caso afirmativo, si tiene derecho la sociedad demandante a que el ente
territorial le pague la suma adeudada de manera indexada y con los rendimientos financieros e
intereses generados por los recursos girados por el departamento del Magdalena y la Nación que no
fueron aportados a Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.”. En la parte resolutiva de esta decisión se
incurrió en un error, porque se menciona al municipio de Sabanas de San Ángel.
25
Documento “38_38_4700123330002019007680136EXPEDIENTEDIGI20230717121621.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI.
26
En esta providencia se lee: “[…] atendiendo a lo señalado en el parágrafo del artículo 182A, es del
caso indicar que en el presente caso se dictará sentencia anticipada ya que se observa que las partes
procesales no solicitaron pruebas y por lo tanto no hay lugar a su práctica”.
27
Documento “42_42_4700123330002019007680140EXPEDIENTEDIGI20230717121622.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI.
Aguas del Magdalena insistió en el incumplimiento del demandado e indicó que la suscripción del
convenio por parte de todos los representantes de los municipios se subsumía en la responsabilidad
solidaria. Además, resaltó: “[…] el convenio fue suscrito por el representante legal de cada uno de los
municipios demandados, por lo tanto, se encuentran plenamente legitimados por pasiva en el
presente proceso; no pueden pretender excusar su participación en el presente litigio aduciendo que
la demanda no está encaminada a su municipio particularmente”.
28
Documento “44_44_4700123330002019007680142EXPEDIENTEDIGI20230717121622.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI.
29
Documento “41_41_4700123330002019007680139EXPEDIENTEDIGI20230717121622.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI.
30
Documento “43_43_4700123330002019007680141EXPEDIENTEDIGI20230717121622.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI.
31
Documento “45_45_4700123330002019007680143EXPEDIENTEDIGI20230717121622.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI.
32
Documento “47_47_4700123330002019007680145EXPEDIENTEDIGI20230717121622.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI.
También se advirtió: “Por tal razón, se logra apreciar en las pruebas que aporta la parte demandante
que no obra siquiera prueba sumaria que logre determinar ni que el extremo pasivo efectivamente
incumplió las obligaciones acordadas, así como tampoco se avizora que la parte demandante ejecutó
el Plan de Agua Potable y Alcantarillado que es el objeto mismo del convenio realizado entre AGUAS
DEL MAGDALENA como entidad ejecutante y los municipios que hoy figuran vinculados dentro del
presente proceso como Litisconsortes necesario[s]”.

8

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

E.S.P. en contra del municipio de Nueva Granada, por los argumentos
expuestos en esta providencia.

Segundo: no condenar en costas a la parte demandante, conforme a lo indicado
en la parte motiva de la sentencia.

Tercero: si no fuere apelada la sentencia ordénese su archivo.

Cuarto: reconocer personería a la doctora Nereidys Elena Solano Arévalo, para
actuar como apoderada judicial del municipio de Pivijay, en los términos del
poder conferido visible en la página 7 del PDF 40 y téngase como canal digital:
juridica@pivijay-magdalena.gov.co y nsolanoarevalo@gmail.com.

Quinto: reconocer personería al doctor Víctor José Massi Gutiérrez, para actuar
como apoderado judicial del municipio de Aracataca, en los términos del poder
conferido visible en la página 11 del PDF 42 y téngase como canal digital:
notificacionjudicial@aracataca-magdalena.gov.co y vimagu81@hotmail.com.

Sexto: reconocer personería a la doctora María Alejandra del Valle Barandica,
para actuar como apoderada judicial del municipio de Arigüaní (sic), en los
términos del poder conferido visible en la página 9 del PDF 46 y téngase como
canal digital: juridica@ariguani-magdalena.gov.co y
abogadosduranasociados@gmail.com.

Séptimo: reconocer personería a los doctores Humberto Enrique Arias Heano
(sic) y Eduardo Sirtori Tarazona, para actuar como apoderados judiciales
principal y suplente, respectivamente, de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., en
los términos del poder conferido visible en la página 2 del PDF 47 y téngase
como canal digital: koteichyariasabogados@gmail.com y
koteichyariasabogados2@gmail.com33.

Para el efecto, el a quo señaló que, en primer término, era necesario determinar si
se configuró o no la excepción de caducidad, para lo cual se debía definir la fecha
de finalización del convenio suscrito entre Aguas del Magdalena y el municipio de
Nueva Granada, verificando -igualmente- cuándo debió liquidarse el mismo. En caso
de que no hubiese operado la caducidad, debía comprobarse si el municipio
incumplió con su obligación de cancelar los aportes que estaban a su cargo, y si
debía pagar dichos montos (debidamente indexados más los rendimientos
financieros e intereses).

Aseguró que el conteo de la caducidad debía hacerse con fundamento en el ordinal
v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. Ello, porque el convenio
objeto de la controversia y su otrosí eran contratos de tracto sucesivo, los cuales
requerían del trámite de la liquidación, conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

33
Documento “65_65_4700123330002019007680163EXPEDIENTEDIGI20230717121624.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI del Consejo de Estado.
Igualmente, puede revisarse el índice 74 del SAMAI del Tribunal Administrativo del Magdalena.

9

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

La cláusula décima del otrosí del 17 de mayo de 2007 estipuló que la vigencia del
convenio estaría sujeta a las siguientes condiciones: 1) su duración sería igual al
pago total del crédito externo que celebraría Aguas del Magdalena o hasta que las
partes cumplieran con la totalidad de los compromisos asumidos y 2) hasta que se
realizara el pago total del crédito externo o las sumas adeudadas a la Nación, en el
evento en que se honrara la garantía34.

Según lo entendió el tribunal, si se cumplía alguna de las condiciones expuestas, se
tendría por finalizado el negocio jurídico. En este caso, tal situación ocurrió cuando
el 7 de junio de 2016 se realizó el pago total del crédito, por parte de la Fiduciaria de
Occidente -en esta fecha se efectuó el último pago de la obligación a cargo de Aguas
del Magdalena y a favor de la CAF-. Asimismo, la otra condición también se cumplió,
“[…] debido a que en el considerando octavo del Otrosí No. 4 de 2016 [al contrato de
encargo fiduciario], se estableció que teniendo en cuenta que se pagó en su totalidad
el crédito CAF, se procedió a extinguir la garantía de la Nación y que adicionalmente
no existía a esa fecha obligación alguna de Aguas del Magdalena con la Nación en
virtud de la garantía otorgada por ella”.

Así, como el convenio venció el 7 de junio de 2016, la liquidación bilateral debía
surtirse en un plazo de 4 meses, que se extendía hasta el 7 de octubre de ese año.
Como no hay prueba de que se realizara la liquidación por mutuo acuerdo, la
caducidad se debía computar desde el vencimiento del término “[…] de dos (2)
meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo
bilateralmente”, esto es, desde el 7 de diciembre de 2016.

En consecuencia, “[…] el término para interponer la demanda, corrió del 7 de
diciembre de 2016 al 7 de diciembre de 2018 y como la solicitud conciliación
prejudicial solo se presentó el 28 de marzo de 2019 y la demanda se presentó el 11
de diciembre de 2019, ha de concluirse que se hizo por fuera del término estipulado
para ello, por lo que hay lugar a declarar probada de oficio la excepción de caducidad
del medio de control de controversias contractuales incoado por Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P. en contra del municipio de Nueva Granada”.

34
El a quo también puso de presente: “Ahora bien, anota el Tribunal que, para probar el supuesto
incumplimiento por parte del municipio de Nueva Granada, la parte demandante solo allegó a esta
contención un estado de cuenta a diciembre de 2017, relacionando el porcentaje comprometido por
el ente territorial entre los años 2006 a 2015, y unas cifras donde se indica lo pagado y el saldo
pendiente, sin detallar o respaldar el estado de cuenta con los documentos que acreditaran de manera
fehaciente los valores comprometidos por el municipio en esas vigencias y lo realmente girado”.

10

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

No condenó al pago de costas ni agencias en derecho, porque no era posible concluir
su causación.

4. Recurso de apelación:

El 28 de abril de 2023, la sociedad Aguas del Magdalena interpuso el recurso de
apelación en contra de la decisión anterior, solicitando que la misma fuera revocada
y que, en su lugar, se concedieran las pretensiones35. Indicó que, del material
probatorio obrante en el plenario, era posible concluir que no se configuró el instituto
de la caducidad.

Adujo que la cláusula quinta del convenio fue modificada por la cláusula décima del
otrosí del 17 de mayo de 2007, la cual disponía que la vigencia del acuerdo se
extendería “hasta que las partes cumpl[ieran] en su totalidad con [sus] compromisos”.
De este modo, “[…] las partes de mutuo acuerdo modifica[ron] el CONVENIO
precisamente para incluir el cumplimiento de sus obligaciones recíprocas como
parámetro para determinar la duración de dicho contrato, y no simplemente el pago
del crédito externo, establecido como parámetro inicial para establecer la fecha de
terminación del contrato, y tenido en cuenta por el Aquo (sic) como hito para la
declaratoria de caducidad”36.

Para el recurrente, el convenio continuaba vigente, al tiempo que se había
perpetuado la obligación por el incumplimiento del demandado. Por tanto, los plazos
de las liquidaciones bilateral y unilateral aún no se habían verificado, y sin esto no
era procedente computar la caducidad.

Aseveró que, en los términos del artículo 1618 del Código Civil, no había duda de
que la intención de las partes consistía en establecer un sistema de financiación
compartida, por lo que el cumplimiento por parte de los municipios de la cláusula

35
Documento “68_68_4700123330002019007680166EXPEDIENTEDIGI20230717121624.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI del Consejo de Estado. De igual
manera, puede revisarse el índice 79 del SAMAI del Tribunal Administrativo del Magdalena.
36
En la apelación, se observa: “[…] dentro de los numerales 5.1. y 5.2 de la Cláusula Quinta y
concordantes del otrosí de fecha 17 de mayo de 2007 se estableció como obligación de los municipios
y particularmente del aquí demandado, la de transferir los recursos públicos que recibieron y recibirían
a través de vigencias futuras, por concepto de Participaciones y Regalías de la nación, destinados
específicamente para Acueducto y Alcantarillado, y que a pesar de haberlos recibidos no fueron
girados, a pesar, se insiste, que las obras pactadas se desarrollaron y que el crédito externo para
financiarlas se pagó, sacrificando otros recursos de la nación (creando un ‘hueco’ financiero) que se
destinarían a futuro para el desarrollo de dichas obras, tan necesarias en el Departamento del
Magdalena, y particularmente del municipio demandando, los cuales, ‘literalmente se mueren de sed’”.

11

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

quinta del otrosí era uno de los hitos para entender que el convenio finalizó, sin que
pudiera tomarse como único referente el pago del crédito.

Asimismo, aseguró que, con la declaratoria oficiosa de la caducidad, se estaban
prefiriendo aspectos procesales sobre los sustanciales, lo cual desatendía el artículo
228 de la Constitución.

Finalizó argumentando que: “La presente es entonces Sres Magistrados, no una
simple demanda judicial contractual, sino una verdadera Acción de Patria en defensa
de los más vulnerables que deberá ser fallada de fondo y no fenecerla a través de
institutos adjetivos, como es el de la caducidad de la acción, la cual, se insiste, por
las razones expuestas no se verifica en el presente caso, se reitera, por la vigencia
actual del contrato que nos convoca a esta acción”.

5. Trámite de segunda instancia:

Mediante auto del 17 de mayo de 202337, el Tribunal Administrativo de Magdalena
concedió el recurso de apelación. En proveído del 15 de noviembre de ese año, el
despacho sustanciador lo admitió38.

El 24 de noviembre de 2023, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena se
pronunció frente al recurso de apelación39. Sostuvo que la vigencia del convenio
estaba condicionada a la ocurrencia de dos situaciones alternativas, dado que las
partes redactaron la cláusula del plazo empleando la letra “o”, la cual denotaba una
disyuntiva entre dos cuestiones. Por lo mismo, afirmó estar de acuerdo con la
conclusión del tribunal, puesto que en el proceso se demostró que el 7 de junio de
2016 tuvo lugar una de las condiciones definidas en el convenio para su
finalización40.

37
Documento “70_70_4700123330002019007680168EXPEDIENTEDIGI20230717121624.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI del Consejo de Estado.
Igualmente, puede revisarse el índice 81 del SAMAI del Tribunal Administrativo del Magdalena.
38
Documento “74_470012333000201900768011AUTOQUEADMITE20231116114024.pdf”,
descargado del índice 4 del SAMAI del Consejo de Estado.
39
Documentos “77_470012333000201900768012MemorialWeb20231124214153.pdf” y
“77_470012333000201900768013MemorialWeb20231124214153.pdf”, descargados del índice 11
del SAMAI del Consejo de Estado. Una copia del pronunciamiento frente a la apelación también
reposa en el índice 12 del SAMAI del Consejo de Estado.
40
Igualmente, relató: “En consecuencia, es claro que, contrario a lo manifestado por el demandante
en su recurso de apelación, se cumplieron los presupuestos pactados para dar por finalizado el
término de duración del Convenio, por lo que se encuentra probada la caducidad del medio de control”.

12

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

De todos modos, y en caso de que esta Corporación coligiera que la demanda fue
oportuna, señaló que no existía solidaridad entre los municipios y CORPAMAG, por
lo que los incumplimientos del demandado eran de su exclusiva responsabilidad.
Finalmente, arguyó que no estaba demostrado ningún incumplimiento a cargo de la
corporación.

El Ministerio Público no emitió concepto41.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia del Consejo de Estado:

Como la demanda se presentó antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de
2021, este proceso se rige, para efectos de la competencia, por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su redacción
original.

De ese modo, el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer
de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por
los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150
del CPACA.

También le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, por tratarse de un proceso iniciado en ejercicio
del medio de control de controversias contractuales con vocación de doble instancia
en razón de la cuantía, dado que la pretensión mayor (artículo 157 del CPACA) y la
estimación de la cuantía exceden los 500 SMMLV a la fecha de presentación de la
demanda42.

41
“82_470012333000201900768011ALDESPACHOPARPASOADES20231213091242.docx”,
documento descargado del índice 13 del SAMAI del Consejo de Estado.
42
El 11 de diciembre de 2019, fecha de presentación de la demanda, el salario mínimo en Colombia
era igual a $828.116 (que, multiplicado por 500, da como resultado: $414’058.000). Las pretensiones
de la demanda y la estimación de la cuantía ascendían a $4’053.251.679, el cual es un monto que
supera los 500 salarios mínimos exigidos por la norma para la segunda instancia ante esta
Corporación.

13

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

2. Material probatorio relevante:

Del material probatorio que obra en el expediente, resulta importante resaltar lo
siguiente:

2.1 El 9 de junio de 2006, el departamento de Magdalena, el distrito de Santa Marta,
los municipios de Ciénaga, Aracataca, Algarrobo, Ariguaní, Chibolo, Cerro de San
Antonio, Guamal, Fundación, El Retén, Zona Bananera, El Piñón, El Banco, Nueva
Granada, Plato, Pijiño del Carmen, Concordia, Pedraza, Zapayán, San Sebastián,
Remolino, Sitionuevo, Santa Bárbara de Pinto, Puebloviejo, Tenerife, Pivijay y
Sabanas de San Ángel, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -
CORPAMAG- y la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena
-CORMAGDALENA- suscribieron el convenio de cooperación y apoyo financiero
para el desarrollo del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”43.

La cláusula segunda regulaba las obligaciones de los municipios, entre ellas: (i)
aportar los recursos equivalentes al 50% de la participación de propósito general con
destinación para el sector de agua potable y saneamiento básico que recibieran en
desarrollo de la Ley 715 de 2001 y (ii) pignorar a favor de la empresa departamental
que fuera constituida los recursos previstos de cada una de las fuentes de
financiación (municipios, departamento, corporaciones y Nación), como
contragarantía para el crédito externo que fuera suscrito para la financiación parcial
del plan.

La cláusula quinta disponía: “DURACIÓN: El presente convenio tendrá una duración
igual al período total de vigencia de la operación de crédito que se celebre, es decir
hasta que se realice el pago total del crédito”44.

43
Documento “3_3_470012333000201900768011EXPEDIENTEDIGI20230717121618.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI del Consejo de Estado (pág.
24 – 42 del archivo digital).
El objeto de este negocio jurídico, según su cláusula primera, era: “El objeto del presente Convenio
de cooperación es el apoyo financiero entre el MAVDT, CORPAMAG, CORMAGDALENA, LOS
MUNICIPIOS y EL DEPARTAMENTO, para asegurar el financiamiento y la ejecución del ‘Plan de
Agua Potable y Alcantarillado 2006-2015’, a través de un esquema financiero e institucional adecuado
a los intereses de los diferentes actores involucrados en el Departamento del Magdalena”. Aun
cuando en el objeto se habla del año 2006, en el encabezado de la minuta y, en general, en los demás
documentos del expediente, se refiere el “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”.
44
Se aclara que la copia del convenio está incompleta (falta la página 14), y que este no fue firmado
por algunas de las entidades vinculadas al plan.

14

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

2.2 El 17 de mayo de 2007, se firmó un otrosí al anterior convenio45, mediante el cual
se incorporó a la empresa Aguas del Magdalena, que sería la ejecutora del plan 46.
Entre las obligaciones de los municipios, previstas en la cláusula quinta, está la de
“Entregar de manera irrevocable como aporte para la ejecución de EL PLAN a
AGUAS DEL MAGDALENA los recursos del Sistema General de Participaciones
(SGP) con destinación para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, que
reciben LOS MUNICIPIOS en desarrollo de la Ley 715 de 2001 o sus modificaciones,
en los porcentajes y plazos establecidos en el Anexo No. 1 de el (sic) presente
CONVENIO […]”.

La cláusula décima del otrosí era del siguiente tenor: “DURACIÓN: el presente
CONVENIO tendrá una duración igual al pago total del crédito externo que celebre
AGUAS DEL MAGDALENA o hasta que las partes cumplan en su totalidad con los
compromisos establecidos en el CONVENIO, y hasta que se realice el pago total del
crédito externo o las sumas adeudadas a la NACIÓN en el evento en que se honre
la garantía”47.

Finalmente, en la cláusula decimoséptima se previó la liquidación del convenio, así:
“AGUAS DEL MAGDALENA iniciará la liquidación del presente CONVENIO, la cual
se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su duración, de común
acuerdo, mediante acta que suscribirán las partes intervinientes”.

45
Documento “3_3_470012333000201900768011EXPEDIENTEDIGI20230717121618.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI del Consejo de Estado (pág.
43 – 56 del archivo digital).
La cláusula primera del otrosí mandaba: “El objeto del presente CONVENIO es el apoyo financiero
entre EL DEPARTAMENTO, LOS MUNICIPIOS y CORPAMAG, para asegurar el financiamiento y la
ejecución de EL PLAN, a través de un esquema financiero e institucional adecuado a los intereses de
los diferentes actores involucrados en EL DEPARTAMENTO. En desarrollo del objeto se incorporan
los compromisos y obligaciones de AGUAS DEL MAGDALENA como ejecutor de EL PLAN, y se
precisan las obligaciones de las otras partes”.
46
En la consideración 3 del mismo, se plasmó: “Que de las Entidades autorizadas inicialmente para
participar en EL PLAN, los Municipios de Pedraza, El Banco y Remolino y la Corporación Autónoma
Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA no suscribieron el convenio de que
trata el considerando uno (1) anterior. Por otra parte, el Municipio de El Piñón mediante comunicación
del 04 de mayo de 2007 manifiesta que desiste de participar en EL PLAN y por lo tanto queda liberado
de las obligaciones del presente CONVENIO”. Por este motivo, en la cláusula segunda del otrosí se
excluyeron del convenio a los municipios de Pedraza, El Banco, Remolino y El Piñón, a la Corporación
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Sumado a ello, el otrosí sí fue firmado por todas las otras entidades partícipes
del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”.
47
La cláusula decimotercera estipulaba “SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS:
En el evento en que se presente algún incumplimiento por parte de LOS MUNICIPIOS respecto de
las obligaciones establecidas en el presente CONVENIO, éstos perderán el derecho a acceder a los
recursos de EL PLAN asignados al municipio que incumpla, y por lo consiguiente la contratación de
nuevas obras”.

15

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

2.3 El 21 de octubre de 2016, Aguas del Magdalena y la Fiduciaria de Occidente S.A.
celebraron el otrosí 4 al contrato de encargo fiduciario de recaudo, administración,
garantía y pagos 3-4-172548. Entre las consideraciones de este documento, se
resaltan:

QUINTA.- Que el día 07 de junio de 2016 LA FIDUCIARIA en ejecución del
objeto del ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA, procedió a
efectuar el último pago de la obligación a cargo de AGUAS DEL MAGDALENA
y a favor de la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF, conforme
consta en el respectivo paz y salvo emitido por esta última el día 25 de julio de
2016, el cual hace parte integral del presente Otrosí. […]

SÉPTIMA.- Que de acuerdo con el paz y salvo emitido por la CAF mencionado
en la consideración Quinta del presente Otrosí, y no habiéndose ejecutado
pago alguno por parte de LA NACIÓN en desarrollo del objeto contemplado en
el Contrato de Contragarantía señalado en el considerando anterior, AGUAS
DEL MAGDALENA no presenta obligación alguna a favor de LA NACIÓN en su
calidad de Garante.

OCTAVA.- Que teniendo en cuenta que se pagó en su totalidad el CRÉDITO
CAF y que en consecuencia se extingue la garantía de LA NACIÓN y que
adicionalmente no existe obligación alguna de AGUAS DEL MAGDALENA con
LA NACIÓN en virtud de la garantía otorgada por ella, se realiza la presente
modificación al ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA con el
objeto principal [de] excluir del mismo las referencias que tienen que ver con
LA NACIÓN, la garantía y la contragarantía.

NOVENA.- Que a la fecha de suscripción del presente otrosí, se encuentran
pendientes por ingresar al ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL
MAGDALENA la suma de: i) Regalías Escalonadas: $40.373.284.004,99; ii)
SGR: $145.390.624.402,00; iii) SGP: $9.115.545.734,54 y iv) Corpamag:
$50.446.402,00; según consta en la comunicación AMG-453-2016 del 01 de
agosto de 2016, suscrita por Sara Cervantes Martínez, Gerente de AGUAS
DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.; la cual hace parte integral del presente Otrosí;
cifras sobre las cuales, por una parte, no se tiene una fecha cierta para su
ingreso al ENCARGO FIDUCIARIO y por la otra, se trata de recursos que se
encuentran comprometidos para atender pagos y/o giros derivados
exclusivamente del ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA, por
lo cual se hace necesario prorrogar la vigencia del mismo hasta el próximo 22
de junio de 2018 y/o hasta que se cumpla el objeto del ENCARGO FIDUCIARIO
AGUAS DEL MAGDALENA, con el fin de poder recibir en el ENCARGO
FIDUCIARIO de manera efectiva los recursos referidos y cumplir con los pagos
y/o giros establecidos en el mismo.

2.4 Reposa un documento elaborado aparentemente por el actor, denominado
“Estado de Cuenta a Diciembre de 2017 Municipios adscritos al PDA”, en el cual se
precisa que el municipio de Nueva Granada adeudaba la suma de $4.053’251.67949.

48
Documento “3_3_470012333000201900768011EXPEDIENTEDIGI20230717121618.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI del Consejo de Estado (pág.
154 – 171 del archivo digital).
49
Documento “3_3_470012333000201900768011EXPEDIENTEDIGI20230717121618.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI del Consejo de Estado (pág.
237 del archivo digital).

16

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

2.5 En documento con radicado 2022EE0087426 del 7 de septiembre de 2022, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informó al juez de primer grado que “En
atención a los requerimientos judiciales emitidos dentro de los expedientes de la
referencia, (allegados por competencia por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público), informamos que la Subdirección de Programas de la entidad, señaló que
‘AGUAS DEL MAGDALENA, no presenta obligación alguna con este Ministerio en
temas referentes a Planes Departamentales de Agua o Programa de Conexiones
Intradomiciliarias’”50.

3. Ejercicio oportuno del medio de control y solución del problema jurídico:

En criterio de la apelante, la sentencia de primer grado debe ser revocada, puesto
que el convenio objeto de debate no había finalizado, lo cual impedía que se
computaran los términos de liquidación y de caducidad. Ello era así, porque el
negocio jurídico continuaría produciendo efectos mientras estuviera pendiente el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de las entidades aportantes.

La Sala advierte que esta Corporación ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse
frente a la terminación del convenio interadministrativo para la financiación del “Plan
de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”, en dos procesos en los que se buscaba
la declaratoria de incumplimiento de los municipios de Zona Bananera (rad.: 2020-
00580) y de Ariguaní (rad.: 2020-00581).

En esos casos, la Subsección B de la Sección Tercera confirmó la declaratoria de la
caducidad, porque, en su criterio, se había cumplido una de las condiciones
estipuladas en el otrosí del 17 de mayo de 2007 para el vencimiento del plazo. En la
sentencia del 20 de mayo de 2024, por ejemplo, se expresó:

8.- En el expediente obra copia simple del convenio interadministrativo suscrito
el 9 de junio de 2006 por el Departamento del Magdalena, el Distrito de Santa
Marta, varios municipios del Departamento del Magdalena y la Corporación
Autónoma Regional del Magdalena. De conformidad con lo acordado en la
cláusula quinta, el convenio estaría vigente hasta que se realizara el pago total
del crédito otorgado por la Corporación Andina de Fomento – CAF.

9.- El convenio interadministrativo fue modificado mediante otrosí No. 1 suscrito
el 17 de mayo de 2007. En este documento las entidades modificaron su
cláusula de duración en el siguiente sentido: […]

50
Documento “56_56_4700123330002019007680154EXPEDIENTEDIGI20230717121623.pdf”,
descargado del expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI.

17

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

10.- De acuerdo con lo estipulado por las entidades, la vigencia del convenio
interadministrativo quedó supeditada al cumplimiento de una de dos
condiciones: (i) el pago total del crédito externo que Aguas del Magdalena
celebró con la Coporación (sic) Andina de Fomento – CAF, o (ii) el cumplimiento
total de las obligaciones a cargo de las entidades aportantes y el pago total del
referido crédito externo. Cualquiera de las condiciones que se materializara
primero determinaba la terminación del convenio interadministrativo y, por
tanto, el inicio del cómputo del plazo para liquidarlo de común acuerdo.

11.- En este caso está probado que la condición que se cumplió primero fue el
pago total del crédito externo otorgado por la Comunidad Andina de Fomento
– CAF, lo cual ocurrió el 7 de junio de 2016. Por lo anterior, tal y como lo
consideró el Tribunal Administrativo del Magdalena, el convenio
interadministrativo debe entenderse terminado a partir del 7 de junio de 2016,
sin que sea admisible imponer, como lo pretende la recurrente, su cumplimiento
total como único hito que determine la terminación del mismo. […]

13.- De conformidad con lo expuesto, en este caso el término de cuatro (4)
meses para que las partes del convenio lo liquidaran bilateralmente empezó a
correr a partir del 7 de junio de 2016, según lo acordado en su cláusula décima
segunda. Sin embargo, no efectuaron la liquidación bilateral, por lo que la
demandante, en los términos del aparte v del literal j) del numeral 2 del artículo
164 del CPACA, disponía hasta el 9 de octubre de 2018 para presentar la
demanda. Como quiera que la solicitud de conciliación extrajudicial fue
radicada el 28 de marzo de 2019 y la demanda fue presentada el 21 de agosto
de 2020, la Sala concluye que ambas fueron extemporáneas51.

Este criterio fue reiterado en la sentencia del 11 de septiembre de 2024, en la cual
se manifestó:

10.- De acuerdo con lo estipulado por las entidades, la vigencia del convenio
interadministrativo [del 9 de junio de 2006] fue pactada de manera disyuntiva,
esto es, quedó supeditada al cumplimiento de una de dos condiciones: (i) el
pago total del crédito externo que Aguas del Magdalena celebró con la
Coporación (sic) Andina de Fomento – CAF, o (ii) el cumplimiento total de las
obligaciones a cargo de las entidades aportantes y el pago total del referido
crédito externo. Cualquiera de las condiciones que se materializara primero
determinaba la terminación del convenio interadministrativo y, por tanto, el
inicio del cómputo del plazo para liquidarlo de común acuerdo.

11.- En este caso está probado que la condición que se cumplió primero fue el
pago total del crédito externo otorgado por la Comunidad Andina de Fomento
– CAF, lo cual ocurrió el 7 de junio de 2016. Por lo anterior, tal y como lo
consideró el Tribunal Administrativo del Magdalena, el convenio
interadministrativo debe entenderse terminado a partir del 7 de junio de 2016,
sin que sea admisible considerar que solo podía considerarse terminado
cuando ocurriera el cumplimiento total de las obligaciones por las partes. En
cualquier acuerdo de voluntades, uno es el plazo para el cumplimiento de las
obligaciones y otro el de su terminación. El término de caducidad para reclamar
las obligaciones derivadas del incumplimiento se contabiliza a partir de la
terminación del acuerdo, o como lo dispone la ley desde su liquidación o desde
el vencimiento del plazo máximo para efectuarla; de otro modo habría que
considerar que mientras persista el incumplimiento no corrre (sic) el término de
caducidad para demandar. […]

51
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 20 de mayo de 2024, C.P.:
Martín Bermúdez Muñoz, Rad.: 47001-23-33-000-2020-00580-01 (70.086).

18

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

13.- De conformidad con lo expuesto, el término de cuatro (4) meses para que
las partes del convenio lo liquidaran bilateralmente empezó a correr a partir del
7 de junio de 2016, según lo acordado en su cláusula décima segunda. Sin
embargo, no efectuaron la liquidación bilateral, por lo que la demandante, en
los términos del aparte v del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA,
disponía hasta el 9 de octubre de 2018 para presentar la demanda. Como
quiera que la solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada el 28 de marzo
de 2019 y la demanda fue presentada el 24 de agosto de 2020, la sala concluye
que ambas fueron extemporáneas52_53.

Ciertamente, el otrosí del 17 de mayo de 2007 supeditó la vigencia del convenio al
cumplimiento de una de dos condiciones, entre ellas, el pago total del crédito externo
celebrado por Aguas del Magdalena. En el otrosí 4 al contrato de encargo fiduciario
3-4-1725 se sostuvo que, el 7 de junio de 2016, se efectuó el último pago de la
obligación a cargo del actor y a favor de la CAF. Por ello, y tal como lo entendieron
tanto el a quo como la Subsección B, el convenio interadministrativo finalizó desde
esa fecha, siendo este el hito a partir del cual se debe calcular el plazo de la
liquidación.

La cláusula decimoséptima del otrosí definió un término de 4 meses para liquidar el
convenio de mutuo acuerdo, sin que se hiciera referencia a la liquidación unilateral54.
La jurisprudencia de esta Subsección ha explicado que los convenios
interadministrativos, como lo es el analizado en esta oportunidad55, se rigen por sus

52
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 11 de septiembre de 2024, C.P.:
Martín Bermúdez Muñoz. Rad.: 47001-23-33-000-2020-00581-01 (71.034)
53
A pesar de que ya existen dos sentencias dictadas por esta Corporación, en las cuales se estudió
la caducidad del medio de control en punto del convenio sub-examine, no opera el fenómeno de la
cosa juzgada, por lo siguiente: el artículo 303 del CGP establece que, para que se configure la cosa
juzgada, el nuevo proceso debe tener el mismo objeto, la misma causa e identidad de partes. Si bien
este proceso, al igual que los fallados por la Subsección B, tienen como epicentro el mismo negocio
jurídico, en cada caso se perseguía la declaratoria de incumplimiento de un ente territorial diferente.
Así, mientras en el proceso 2020-00580 se pedía la declaratoria de incumplimiento del municipio de
Zona Bananera y en el proceso 2020-00581 la declaratoria de incumplimiento del municipio de
Ariguaní, en este caso se esperaba recibir el dinero que supuestamente adeuda el municipio de Nueva
Granada. En ese sentido, aunque existe una relación entre todos los casos, la finalidad de cada uno
es distinta, los montos reclamados también, sin que se pueda afirmar que hubo identidad de objeto o
de partes. Dicha conclusión no se elimina porque en este proceso se hayan vinculado como
litisconsortes a los municipios de Ariguaní y de Zona Bananera, dado que las pretensiones de la
demanda no se dirigían en su contra, sino en contra del municipio de Nueva Granada.
54
La sentencia de primer grado resaltó que el convenio del 9 de junio de 2006 reguló la liquidación
en la cláusula decimosegunda, cuyo contenido era: “DÉCIMA SEGUNDA. – LIQUIDACIÓN DEL
CONVENIO. La liquidación del convenio se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes al
vencimiento del plazo de ejecución, de común acuerdo, mediante acta que suscribirán las partes
intervinientes”. Empero, la copia del acuerdo que reposa en el expediente se encuentra incompleta,
sin que se pueda confirmar el contenido de la cláusula decimosegunda. En vista de que la liquidación
fue regulada nuevamente en la cláusula decimoséptima del otrosí del 17 de mayo de 2007, que
recogió en su totalidad el contenido del convenio, es este el documento que se debe tener en cuenta.
55
El convenio fue suscrito por el departamento del Magdalena, por varios de sus municipios, por el
distrito de Santa Marta y por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, que son entidades
públicas. Posteriormente, se incluyó a la sociedad Aguas del Magdalena, la cual, según algunos

19

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

propias cláusulas, por lo que no aplica el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. En ese sentido, un convenio de esta naturaleza no podría
liquidarse a partir de lo prescrito en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la
Ley 1150 de 200756. No obstante, el ajuste final de cuentas podría realizarse con
fundamento en el acuerdo de voluntades; en otras palabras, dicha posibilidad
emanaría de la autonomía negocial y no de la ley.

Lo que acaba de exponerse no se reduce a la liquidación bilateral, dado que es
posible que una de las entidades firmantes de un convenio interadministrativo
proceda a liquidarlo de forma unilateral; sin embargo, el ejercicio de dicha
prerrogativa exigirá la inclusión de la cláusula respectiva, la cual deberá haber sido
pactada de forma clara, expresa e inequívoca. En relación con este tema, la Sala ha
dicho:

37. Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ha
reiterado que los convenios interadministrativos previstos en el artículo 95 de
la Ley 489 de 1998 no se rigen de forma automática por el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, en tanto que estas normas están
destinadas esencialmente a regular las relaciones contractuales conmutativas,
en las que existen prestaciones recíprocas, y no comprende acuerdos de tipo
asociativo y de colaboración entre entidades públicas, por lo que, incluso, su
aplicación directa podría llegar a generar contradicciones e impedir la
materialización del interés común perseguido. Así las cosas, este tipo de
convenios deben “autorregularse por sus propias estipulaciones, producto del
ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes, sin que
pueda hacerse prevalecer la aplicación de regímenes o normas incompatibles
con dicha finalidad”. […]

53. En este punto de la providencia resulta importante señalar que la Sección
Tercera de esta Corporación ha considerado que en los convenios
interadministrativos resulta válido que las partes convengan que, ante la falta
de acuerdo para liquidarlo, una de ellas pueda proceder a liquidarlo

documentos del proceso, es una empresa de servicios públicos mixta (en virtud del numeral 14.6 del
artículo 14 de la Ley 142 de 1994, las ESP mixtas son aquellas con participación estatal igual o
superior al 50%).
Ahora bien, es claro que, aun cuando en este acuerdo de voluntades las partes se comprometieron a
hacer diferentes aportes económicos, finalmente su objetivo era aunar esfuerzos para financiar el
“Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005.2015”.
En el documento CONPES 3431 del 28 de junio de 2006 se lee, sobre este plan, lo siguiente: “El
Departamento del Magdalena diseñó el Programa de Agua Potable y Alcantarillado, 2005-2015, por
medio del cual se propone mejorar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en 27
de los 30 municipios que lo componen. El objetivo es cumplir con las metas del milenio en coberturas
de acueducto y alcantarillado para el 2015, aumentándolas a 95% y 85% respectivamente, y realizar
inversiones en el manejo de las aguas residuales en 20 municipios” (documento
“3_3_470012333000201900768011EXPEDIENTEDIGI20230717121618.pdf”, descargado del
expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI del Consejo de Estado (pág. 57 – 75 del archivo
digital)).
56
El 9 de junio de 2006 -fecha de suscripción del convenio- y el 17 de mayo de 2007 -fecha de
celebración del otrosí- no estaba vigente la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, por lo que, para ese
momento, la liquidación de los contratos estatales sometidos al EGCAP estaba regida por los artículos
60 y 61 de la Ley 80 de 1993.

20

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

unilateralmente, toda vez que su pacto no entraña el ejercicio de una potestad
excepcional al derecho común.

54. Sobre el particular, en el precedente jurisprudencial del 22 de octubre de
2021, referido en el acápite anterior, esta Subsección analizó el convenio
interadministrativo F-249 de 2013 suscrito entre el Ministerio del Interior y el
municipio de San Bernardo, en el que se incluyó la cláusula de plazo de
ejecución y de liquidación con una redacción idéntica a la prevista en el sub lite.
Al respecto, en esa ocasión, la Sala se pronunció sobre la posibilidad de liquidar
unilateralmente el referido negocio (similar problema jurídico al previsto en esta
ocasión) y consideró que en los acuerdos regulados por el artículo 95 de la Ley
489 de 1998 es posible que las partes acuerden el ejercicio de potestades
contractuales como la liquidación unilateral. Sin embargo, al decidir la
controversia, estimó que, en ese asunto específico, el Ministerio no contó con
dicha facultad por la falta de un pacto expreso y claro entre las partes. Además,
tuvo en cuenta que, en una relación de horizontalidad, tampoco era posible que
alguna de ellas hiciera el balance final de cuentas, con fundamento en la
potestad pública consagrada en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, debido
a que ninguna fungió como entidad contratante.

55. En el caso objeto de estudio, la Sala destaca que, aunque en el parágrafo
tercero de la cláusula cuarta se hizo mención -genéricamente- al procedimiento
de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y del Decreto 019 de 2012, lo cierto
es que no se consagró ninguna facultad contractual para que el Ministerio
liquidara unilateralmente el convenio interadministrativo. Por ende, debido a la
naturaleza del acuerdo de voluntades y ante la imposibilidad de aplicar
automáticamente las normas que conforman el EGCAP, no es posible inferir
que el municipio de Gualmatán accedió a otorgar dicha potestad contractual al
ahora demandante.

56. En efecto, con la sola mención abstracta a esos cuerpos normativos no
puede entenderse que las partes otorgaron la potestad para liquidar
unilateralmente el acuerdo al Ministerio, en tanto las facultades convencionales
de carácter unilateral deben ser pactadas de manera expresa y con una
claridad suficiente que evidencie el consentimiento explícito, que no dé lugar a
equívocos y que no suponga el ejercicio de una posición dominante de una
parte hacia la otra. Sobre el particular, esta Subsección ha señalado que la
adopción de decisiones unilaterales en relaciones jurídicas en igualdad es
válida, únicamente si se produce en virtud de la anuencia previa de los
contratantes.

57. En ese sentido, no se discute que en los convenios interadministrativos
resulta válido que una de las partes realice la liquidación unilateral, siempre y
cuando ello esté expresamente acordado, sin equívocos y de manera clara y
precisa, según el acuerdo de voluntades (subraya fuera de texto)57.

57
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de 2024, C.P.:
Fernando Alexei Pardo Flórez. Rad.: 52001-23-33-000-2017-00470-01 (70.405).
La Subsección B, por su parte, ha aseverado: “12.- Por su naturaleza, los convenios
interadministrativos no se encuentran sujetos a las normas de la Ley 80 de 1993 sobre liquidación de
los contratos. Así las cosas, para definir desde cuándo se computa el término de caducidad, debe
verificarse si las partes regularon cómo hacer la liquidación en las estipulaciones del convenio. // 12.1.-
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala estima necesario precisar que, en los casos de este tipo de
convenios, así como en los contratos no sometidos a la Ley 80 de 1993, el cómputo del término de
caducidad previsto en el aparte v del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, debe sujetarse
a la forma en que las partes hayan regulado la liquidación en el convenio o contrato” (Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 20 de mayo de 2024, C.P.: Martín Bermúdez
Muñoz. Rad.: 47001-23-33-000-2020-00580-01 (70.086)).

21

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

Así, como las partes del convenio solamente incluyeron la cláusula de liquidación
bilateral58 (4 meses), este será el término que deberá valorarse para efectos de
computar la caducidad. Como ya se dijo, el convenio finalizó el 7 de junio de 2016.
Por ello, las partes podían liquidarlo bilateralmente entre el 8 de junio y el 8 de
octubre de ese año. El ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA
establece que, en los negocios jurídicos que requieran de liquidación, el término para
demandar iniciará cuando dicho trámite se haya realizado o cuando se venza el plazo
establecido para tal fin, sin que el mismo se haya logrado. En consecuencia, la
caducidad corrió del 9 de octubre de 2016 al 9 de octubre de 2018. Dado que la
solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada el 28 de marzo de 2019 59 y la
demanda fue presentada el 11 de diciembre siguiente, es claro que ambas
diligencias fueron realizadas de forma extemporánea.

Inclusive, si, en gracia de discusión, se tuviera en cuenta el plazo de la liquidación
unilateral, la radicación de la demanda también habría sido inoportuna. El convenio
terminó el 7 de junio de 2016, por lo que los plazos para liquidar bilateral y
unilateralmente habrían culminado el 8 de octubre y el 9 de diciembre de ese año,
respectivamente, y la caducidad correría hasta el 10 de diciembre de 2018, esto es,
una fecha anterior a la solicitud de la conciliación extrajudicial y a la presentación de
la demanda.

De esta manera, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, porque se
encontró acreditada la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad.

58
La cláusula octava del otrosí regulaba las obligaciones de Aguas del Magdalena; su numeral 8.10
disponía “Preparar y efectuar los trámites necesarios para la liquidación del CONVENIO, dentro del
plazo establecido legalmente”. Si bien esta cláusula indicaba que la liquidación se surtiría “dentro del
plazo establecido legalmente”, de su tenor literal no es posible colegir que las partes le confirieron a
la actora, o a cualquier otra entidad, la posibilidad de liquidar el convenio con fundamento en los
plazos contenidos en el EGCAP.
59
En el plenario obra la constancia de la conciliación extrajudicial adelantada por Aguas del
Magdalena en contra de diferentes municipios de dicho departamento, entre ellos, el de Nueva
Granada, de fecha 19 de junio de 2019. Este trámite se surtió ante la Procuraduría 52 Judicial II para
Asuntos Administrativos. La solicitud se radicó el 28 de marzo de 2019, y se declaró fallida el 13 de
junio de ese año. Se aclara que, aunque en el cuerpo del texto la constancia refiere que “Mediante
apoderado, el convocante SIGIFREDO WILCHES BORNACELLI presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el día 28 de marzo de 2019 […]”, en el encabezado sí se precisa que la convocante era
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. (documento denominado
“3_3_470012333000201900768011EXPEDIENTEDIGI20230717121618.pdf”, descargado del
expediente digital registrado en el índice 2 del SAMAI del Consejo de Estado (pág. 238 – 240 del
archivo digital)).

22

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

4. Costas:

De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA, modificado por la Ley
2080 de 202160, y según lo prescrito en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del
CGP61, la condena en costas no requiere de la apreciación o de la calificación de una
conducta de la parte a la cual se le impone, dado que en el sistema procesal actual
se adoptó un régimen objetivo. En ese orden de ideas, como en este caso se
resolverá de manera desfavorable el recurso de apelación presentado por la
sociedad Aguas del Magdalena, y como se confirmará la sentencia de primer grado,
hay lugar a proferir una condena en costas en su contra -ya que fue la parte que
resultó vencida en el litigio-.

En oportunidades anteriores, la Sala se ha abstenido de condenar en costas, en
casos en los que el Ministerio del Interior pretendía el reintegro de unas sumas de
dinero no ejecutadas, las cuales se aportaron -en el marco de un convenio
interadministrativo- para la construcción de centros de integración ciudadana en
diferentes municipios del país62. No obstante, el criterio adoptado en esa oportunidad

60
Pese a que la demanda se presentó antes de la promulgación de la Ley 2080 de 2021, el recurso
de apelación se radicó en 2023, esto es, cuando dicha ley ya había entrado a regir. Por eso, para el
tema de las costas en segunda instancia, la mencionada normativa resulta aplicable.
61
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: // 1. Se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en
los casos especiales previstos en este código. // Además se condenará en costas a quien se le
resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud
de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala
fe. // […] 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda”.
62
La Sala ha afirmado: “74. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, para el caso particular
no procede la condena en costas, debido a que, en este proceso, independiente del resultado, se
ventiló un interés público, en el que se persiguió la devolución de dinero al Tesoro Nacional de los
aportes realizados por el Ministerio del Interior en el convenio F-250 de 2013, que se suscribió con el
objetivo de aunar esfuerzos con el municipio de Gualmatán para promover la gobernabilidad y
seguridad de la comunidad a través de la construcción del Centro de Integración Ciudadana, sin que
hubiera existido una relación de conmutatividad, en la que una de las partes pretendiera obtener una
remuneración como beneficio económico de la ejecución del acuerdo” (Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de 2024, C.P.: Fernando Alexei Pardo Flórez.
Rad.: 52001-23-33-000-2017-00470-01 (70.405)).
Igualmente, ha razonado: “Con lo anterior no queda duda de que la entidad demandante, con el
proceso que adelantó en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, ventilaba un
interés netamente público, pues pretendía la protección del patrimonio público, tanto así que, entre
otras cosas, buscaba la devolución al Tesoro Nacional de la suma que le desembolsó al municipio de
San Bernardo pero que supuestamente no fue ejecutada en el marco del convenio interadministrativo.
// En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y dado que en el
proceso de la referencia el Ministerio del Interior persigue un interés público, en este caso no hay
lugar a condenar en costas por ambas instancias al ente demandante, a pesar de resultar vencido en
el sub examine” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de
2021, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. Rad.: 52001-23-33-000-2017-00598-01 (65.978)).

23

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

no es aplicable en este caso, porque el demandante no pretendía recuperar unos
recursos que había entregado, pero que, por alguna razón, no se ejecutaron en los
términos del negocio, sino que pedía el cumplimiento de unas obligaciones a cargo
del municipio de Nueva Granada, y el consecuente pago de los aportes que se
habían comprometido para la financiación del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado
2005-2015”.

El artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura y vigente para cuando se presentó la demanda,
estipula que, en la segunda instancia de los procesos declarativos, las agencias en
derecho se fijarán entre 1 y 6 SMMLV. Para el efecto, se debe tener en cuenta la
naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado, la
cuantía del proceso y las demás circunstancias especiales directamente
relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada.

En ese sentido, las agencias en derecho se fijarán en la suma de 3 SMMLV, a cargo
del accionante, y a favor de las entidades que actuaron en este proceso, esto es, la
Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el distrito de Santa Marta y los
municipios de Fundación, Puebloviejo, Ciénaga, Pivijay, Aracataca y Ariguaní. Este
monto se dividirá en partes iguales.

La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el tribunal
que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 366 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia, en nombre de
la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de febrero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte actora a pagar las costas del proceso. Como
consecuencia, el tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo prescrito en el
artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho en esta

24

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00768-01 (70.087).
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Nueva Granada.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

instancia, se fija la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos mensuales legales
vigentes, a favor de las entidades que participaron en este proceso, esto es, la
Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el distrito de Santa Marta y los
municipios de Fundación, Puebloviejo, Ciénaga, Pivijay, Aracataca y Ariguaní. Este
monto se dividirá en partes iguales.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo
de su competencia.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado, y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

25

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