Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2017-00470-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2017-00470-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 52001-23-33-000-2017-00470-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
13 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 52001-23-33-000-2017-00470-01 (70.405)
Demandante: NACIÓN –MINISTERIO DEL INTERIOR
Demandado: MUNICIPIO DE GUALMATÁN
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES -CPACA
Temas: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – regulados por el artículo 95 de Ley 489
de 1998 – régimen jurídico y disposiciones convenidas por las partes / DIFERENCIAS
ENTRE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – los convenios
propenden la unión de esfuerzos para satisfacer un objetivo común – no implican intereses
contrapuestos, ni la conmutatividad de los contratos / LIQUIDACIÓN UNILATERAL– en los
convenios interadministrativos, debido a la no aplicación automática de las normas del
EGCAP, se requiere un pacto expreso que faculte a una de las partes para ejercer la
unilateralidad / OBLIGATORIEDAD DEL PRECEDENTE – debe acogerse en el caso
concreto por su pertinencia y semejanza con los problemas jurídicos resueltos en anteriores
ocasiones. PRECEDENTE VINCULANTE – En los convenios interadministrativos es viable
pactar la liquidación unilateral del negocio, pero tal facultad debe estar expresamente
consignada. Por su naturaleza, no es dable aplicar automáticamente las normas del
EGCAP, de forma que no es posible deducir la potestad de liquidar unilateralmente el
acuerdo si ello no se pactó en forma explícita / CADUCIDAD – el término para presentar la
demanda se debe contabilizar de acuerdo con la regla prevista en el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011, numeral 2, del literal j), apartado v), a partir del vencimiento del plazo
establecido por las partes para llevar a cabo la liquidación bilateral – como en el convenio
interadministrativo no se pactó la facultad para liquidarlo unilateralmente no es posible tener
en cuenta el plazo de 2 meses previstos en la Ley 1150 de 2007 para agotar esa etapa /
COSTAS – no procede condena cuando se ventila un interés público – recuperación de
patrimonio del Estado
1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia anticipada del 21 de abril de 2023, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, declaró probada la
caducidad de la acción de controversias contractuales.
SÍNTESIS DEL CASO
2. La controversia, planteada gira en torno a los supuestos incumplimientos del
municipio de Gualmatán de las obligaciones asumidas en el convenio
interadministrativo F-250 del 5 de noviembre de 2013, suscrito con el Ministerio del
Interior. El demandante también pidió que se liquide judicialmente el negocio
jurídico, el reembolso a su favor de los aportes realizados y que se reconozca, como
indemnización, el monto de la cláusula penal pecuniaria.
ANTECEDENTES
La demanda
3. El 8 de mayo de 20171, el Ministerio del Interior (en adelante, el Ministerio, el
demandante o el apelante), a través de apoderado judicial, presentó demanda de
1 Se advierte que el conocimiento del asunto correspondió en primer lugar al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca; sin embargo, previo a la admisión de la demanda, remitió el proceso al Tribunal
Radicado: 52001-23-33-000-2017-00470-01 (70.405)
Demandante: Nación –Ministerio del Interior
Demandado: Municipio de Gualmatán
Referencia: Controversias Contractuales -CPACA
controversias contractuales contra el municipio de Gualmatán (en lo sucesivo, el
Municipio, la demandada o la entidad territorial), con el fin de que se resuelvan las
controversias surgidas en relación con la ejecución del convenio interadministrativo
F-250 del 5 de noviembre de 2013 del que fueron parte.
4. Sobre el particular elevó las siguientes pretensiones (se transcribe con los posibles
errores):
“2. Pretensiones.
2.1. Se declare el incumplimiento de las obligaciones a cargo del municipio de
Gualmatán – Nariño, contenidas en los numerales 19, 29, 34 y 38 de la cláusula
segunda y la cláusula cuarta del convenio interadministrativo No. F-250 de 50136,
suscrito el 5 de noviembre de 2013 entre el Ministerio del Interior – FONSECON y
el municipio de Gualmatán – Nariño.
2.2. Se condene al municipio de Gualmatán – Nariño, a pagar la suma de sesenta
y ocho millones trescientos mil pesos ($68’300.000) moneda legal, como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones a su cargo, contenidas en el
convenio interadministrativo No. F-250 de 2013.
La suma anterior, se tasa con base en la cláusula octava del acuerdo de
voluntades, equivalente al 10% del valor del convenio interadministrativo No. F-
250 de 2013, amparada por la Póliza de Cumplimiento No, 436-47-994000024087,
expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia S.A., constituida por el
municipio de Gualmatán – Nariño a favor del Ministerio del Interior, la cual se
encontraba vigente al momento del incumplimiento por parte del ente territorial.
2.3. Se ordene al municipio de Gualmatán – Nariño, a consignar el tesoro nacional
la suma de seiscientos treinta y seis millones doscientos ochenta y dos mil
doscientos cuarenta pesos ($636’282.240) moneda legal, correspondiente a la
suma desembolsada y no ejecutada en el convenio interadministrativo No. F-250
de 2013.
2.4. Se ordene al municipio de Gualmatán – Nariño a consignar al tesoro nacional
los rendimientos financieros y los intereses a que haya lugar, sobre los recursos
desembolsados en la ejecución del convenio interadministrativo No. F-250 de
2013, desde la apertura hasta su cancelación.
2.5. Se liquide en sede judicial el convenio interadministrativo No. F-250 suscrito
el cinco (5) de noviembre de 2013, decretando los ajustes, revisión,
reconocimientos y reintegros económicos a los que haya lugar, con sus
respectivos rendimientos financieros, de conformidad con lo señalado en el
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por la Ley 1150 de 2007, artículo 11,
como consecuencia de los desembolsos realizados por el Ministerio del Interior –
FONSECON al municipio de Gualmatán – Nariño, con ocasión del objeto del
convenio interadministrativo anteriormente señalado.
2.6. Se indexen y se actualicen las sumas de dinero a las que resulte condenada
la entidad demandada como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento y
liquidación judicial del convenio interadministrativo No. F—250 de 2013, al
momento de dictar sentencia.
2.7. Solicito al Despacho condenar en costas a la entidad demandada”.
5. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se mencionaron los siguientes:
Administrativo de Nariño, que, mediante auto del 17 de marzo de 2018 inadmitió la demanda porque
no se precisaron los hechos en los que fundó el incumplimiento y, posteriormente, la admitió con
providencia del 24 de mayo de 2018. Cuaderno de primera instancia, que se encuentra en el
expediente digital, índice 2 del historial de Samai.
2
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Referencia: Controversias Contractuales -CPACA
6. El 5 de noviembre de 2013, el Ministerio del Interior, con cargo a los recursos del
Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante,
Fonsecon2 y el municipio de Gualmatán suscribieron el convenio F-250 de 2013, en
el que acordaron: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las
partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través de la
construcción de infraestructura, mediante la ejecución del proyecto denominado
estudio, diseño y construcción del Centro de Integración Ciudadana – CIC en el
municipio de Gualmatán (Nariño)”3.
7. Las partes se comprometieron a aportar, por el Ministerio del interior, el valor de
seiscientos ochenta y tres millones de pesos ($683’000.000) y el municipio de
Gualmatán un lote de su propiedad destinado para la construcción del Centro de
Integración Ciudadana. El plazo de ejecución se extendió hasta el 31 de diciembre
de 20144.
8. El Ministerio aseguró que, mediante oficio del 22 de noviembre de 2015, requirió al
municipio para que aportara los documentos necesarios para liquidar el convenio
interadministrativo F-250 de 2013; sin embargo, la entidad territorial no allegó los
archivos requeridos para realizar el balance final del negocio jurídico.
9. En ese contexto, manifestó que la demandada incumplió diferentes obligaciones a
su cargo pactadas en la cláusula 2 del convenio, específicamente, en lo relacionado
con la colaboración, entrega de documentos y liquidación.
Fundamentos de derecho
10. El demandante manifestó que las entidades públicas pueden asociarse entre sí para
el cumplimiento de sus funciones, a través de diferentes mecanismos de asociación,
como lo son los convenios interadministrativos contemplados en el artículo 95 de la
Ley 489 de 1998.
11. Con ese precepto normativo explicó que, debido a la aplicación del Código Civil en
los convenios interadministrativos, las partes deben responder cuando alguna de
ellas no cumple las prestaciones a su cargo, entre las que se encuentra la obligación
de liquidar el negocio jurídico. En esa misma línea argumentativa, indicó que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha resaltado la importancia de liquidar
oportunamente los convenios y/o contratos en que sea parte una entidad pública,
en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
Contestación de la demanda
12. El Municipio se opuso a las pretensiones de la demanda, porque el convenio fue
cumplido y únicamente faltó la liquidación, asunto que puede someterse a una
2 Decreto 399 de 2011, artículo 1: “Naturaleza jurídica De conformidad con el artículo 122 de la Ley
418 de 1997, el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, es una cuenta
especial, sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior y de Justicia como un
sistema separado de cuenta”.
3 La copia escaneada del convenio interadministrativo F-250 de 2013 se encuentra en el cuaderno
de primera instancia, visible en expediente digital, índice 2 del historial de Samai.
4 Inicialmente, el plazo de ejecución se pactó hasta el 30 de junio de 2014; sin embargo, se prorrogó,
de común acuerdo, en dos ocasiones, hasta el 31 de diciembre de 2014 (folios 361 a 368 y 398 a
399 del cuaderno de primera instancia).
3
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decisión judicial. En cuanto a la pretensión de devolución al tesoro nacional de los
rendimientos financieros y los intereses que generaron los recursos desembolsados
en la ejecución del convenio interadministrativo No. F-250 de 2013, expresó que el
dinero correspondiente a ese concepto fue devuelto oportunamente al Ministerio,
pero correspondió a $996.891, monto diferente al solicitado en las pretensiones.
Trámite de sentencia anticipada
13. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante providencia del 15 de febrero de
20225, consideró que el objeto del litigio consistió en un asunto de puro derecho,
decretó las pruebas documentales y denegó por impertinencia las demás solicitudes
probatorias.
14. Además, fijó el litigio en los siguientes términos:
“¿El municipio de Gualmatán incumplió las obligaciones establecidas en el
convenio No F-2580 de 2013, específicamente aquellas que exigían enviar la
documentación requerida para la liquidación del convenio? En caso de que la
respuesta sea afirmativa. ¿Debe condenarse al municipio de Gualmatán al pago
de las sumas reclamadas en la demanda? ¿Debe liquidarse en sede judicial el
convenio interadministrativo No F-250 de 2013?”6.
15. Por último, ordenó correr traslado a las partes por el término de diez (10) días, para
que presentaran sus alegatos de conclusión.
16. La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda y sugirió respuesta
afirmativa a los problemas jurídicos planteados en la fijación del litigio, con el fin de
concluir que se demostró el incumplimiento del convenio interadministrativo F-250
de 20137.
17. La entidad demandada indicó que cumplió con las obligaciones a su cargo. Sin
embargo, debido al cambio de administración a finales del 2015, solamente hasta
el año 2016 logró reunir los archivos necesarios para enviarlos al Ministerio. Sobre
la devolución del saldo no ejecutado, aseguró que consistió en $44.749 y que dicho
dinero, junto con sus rendimientos financieros, se depositó a la entidad demandante
mediante consignación No. 2487963 del 25 de noviembre de 2019, efectuada en el
Banco Popular, por el valor de $ 1’027.117,80.
Sentencia anticipada de primera instancia
18. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, mediante sentencia
del 21 de abril de 2023, declaró probada la caducidad de la acción de controversias
contractuales, con fundamento en lo siguiente:
19. Para el a quo, el negocio jurídico objeto de estudio constituyó un convenio de
asociación con el que las dos entidades públicas pretendieron unir esfuerzos para
el logro de un objetivo común, como lo fue promover la gobernabilidad y seguridad
ciudadana en el municipio de Gualmatán. En ese sentido, concluyó que se reguló
por lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998.
5 Expediente digital, índice 2 de Samai.
6 Ídem.
7 Ídem.
4
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20. Por otra parte, analizó la cláusula cuarta del convenio F-250 de 2013, y precisó que
las partes acordaron el término de ejecución, inicialmente, hasta el 30 de junio de
2014; sin embargo, mediante prórrogas suscritas posteriormente 8, el plazo se
amplió hasta el 31 de diciembre de 2014.
21. En esa misma línea argumentativa, constató que en el parágrafo primero de la
cláusula objeto de análisis las partes pactaron un plazo de 4 meses para lograr la
liquidación del convenio interadministrativo, por lo que este término se extendió
hasta el 1 de mayo de 2015. En cuanto a la posibilidad de liquidar unilateralmente
el negocio, el a quo precisó que, por no existir una habilitación expresa de las partes,
no era posible ejercer esa facultad.
22. En ese contexto, el Tribunal contabilizó el término de caducidad a partir del 1 de
mayo de 2015 (fecha en que finalizó el plazo para liquidar bilateralmente el
convenio) y estableció que, por consiguiente, la demanda debió interponerse, a más
tardar, el 1 de mayo de 2017; no obstante, como el escrito se presentó el 8 de mayo
de 2017, concluyó que fue extemporánea. Además, aclaró que el Ministerio no agotó
la conciliación extrajudicial y se acogió a lo establecido en el artículo 613 del Código
General del proceso.
23. Por último, no condenó en costas, por considerar que en el proceso se ventiló un
asunto de interés público en el que se pretendió la protección del patrimonio público
y devolución de dinero al Tesoro Nacional.
El recurso de apelación
24. La parte demandante presentó recurso de apelación, en el que manifestó su
desacuerdo con la declaratoria de la caducidad de la acción de controversias
contractuales, con fundamento en los siguientes argumentos:
25. De manera inicial, expresó que el Tribunal erró al considerar que el negocio jurídico
objeto de estudio correspondió a un convenio. Según el recurrente, a pesar de haber
sido denominado de esa manera, lo cierto es que de su contenido se evidencia que
se trató de un contrato interadministrativo, debido a los siguientes elementos: (i)
manifestación de voluntad, (ii) objeto, (iii) obligaciones, (iv) plazo de ejecución, (v)
precio y (vi) forma de pago. En ese entendido, concluyó que sí estaba facultado
para liquidar unilateralmente el negocio.
26. El recurrente también consideró que la sentencia de primera instancia no tuvo en
cuenta lo acordado en el parágrafo tercero de la cláusula cuarta del convenio, en el
que se dispuso que si el municipio no se presentaba a la etapa de liquidación o no
aportaba los documentos requeridos para el efecto, se acudiría al procedimiento
previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 19 de 2012. Con
fundamento en esas disposiciones, afirmó que debía tenerse en cuenta el plazo con
que contaba la entidad contratante para liquidar unilateralmente el negocio jurídico,
previo a que iniciara a correr el término de caducidad y, por ende, la demanda fue
oportuna.
Trámite de segunda instancia
8 Prórrogas firmadas el 25 de junio de 2014 y el 1 de diciembre de 2014.
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27. El Tribunal a quo concedió el recurso de apelación9; posteriormente, por
encontrarse acreditados los presupuestos de procedencia, oportunidad y
sustentación, fue admitido por esta Corporación el 24 de octubre de 2023. Además,
de conformidad con lo dispuesto en los numerales 4 y 6 del artículo 24710 se advirtió
a las partes que podían alegar de conclusión y se comunicó al Ministerio Público
por si consideraba pertinente emitir concepto.
28. El Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto el 10 de
noviembre de 2023, en el que solicitó que se confirmara la sentencia de primera
instancia que declaró la caducidad de la acción contractual11. Las partes procesales,
por su lado, guardaron silencio en esta oportunidad.
29. Posteriormente, mediante sendos autos del 1012 y 2213 de julio de 2024, se
reconoció personería a los apoderados designados por la Nación –Ministerio Interior
y el municipio de Gualmatán14.
CONSIDERACIONES
30. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, corresponde a la Sala proferir la sentencia de segunda instancia.
El objeto del recurso de apelación interpuesto y los problemas jurídicos para
resolver la controversia
31. Sobre el particular, por tratarse de un presupuesto procesal para resolver sobre las
pretensiones de la demanda15 y también por ser el objeto de discusión a través del
recurso de apelación, se debe dilucidar si en el caso concreto se configuró o no la
caducidad de la acción.
32. Con ese propósito, para solucionar el caso concreto, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) la naturaleza y el régimen jurídico del negocio F-250 de 2013; (ii) la
9 A través de providencia del 30 de agosto de 2023, expediente digital visible en el índice 2 del
historial de actuaciones de Samai.
10 Artículo 247, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. “Trámite del recurso de
apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera
instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…).
4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en
segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de
apelación formulado por los demás intervinientes (…)
6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que
ingrese el proceso al despacho para sentencia”.
11 Índice 10 del historial de actuaciones de Samai.
12 Índice 19 del historial de actuaciones de Samai.
13 Índice 25 del historial de actuaciones de Samai.
14 De manera previa, esta Corporación requirió al municipio de Gualmatán, para que allegara los
documentos que acreditaban la condición de alcalde de Javier Antonio Hormaza Molina, quien, en
memorial del 8 de marzo de 2024, actuó como poderdante sin haber comprobado su calidad de
alcalde para designar apoderado judicial de la entidad demandada (Índice 19 de Samai)
15 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, expediente
46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth, a cuyo tenor: “si se apela un aspecto global de la sentencia,
el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más
general (…) desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la
acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad
con la providencia censurada”.
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posibilidad de liquidar unilateralmente ese acuerdo de voluntades por parte del
Ministerio; (iii) la caducidad de la acción de controversias contractuales; y (iv) la
determinación sobre la condena en costas.
33. Así, se destaca que, con base en la impugnación del fallo de primera instancia, los
problemas jurídicos a resolver son los siguientes: (i) ¿El negocio jurídico objeto de
estudio correspondió a un convenio o a un contrato interadministrativo?; (ii) ¿El
Ministerio contó con la facultad de liquidar unilateralmente el acuerdo de
voluntades?; y (iii) ¿la demanda se presentó de manera oportuna o extemporánea?
Caso concreto
Naturaleza del convenio interadministrativo F-250 de 2013 y régimen jurídico
34. La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido una diferenciación clara entre
los contratos y los convenios interadministrativos; caracterización que permite, entre
otras, establecer el régimen jurídico aplicable en cada caso concreto.
35. Sobre el particular, resulta importante destacar que los criterios que ha utilizado la
jurisprudencia para identificar los convenios interadministrativos parten del
fundamento previsto en el artículo 95 de la Ley 489 de 199816, lo que resulta
aplicable al caso concreto en tanto que el acuerdo objeto de estudio fue suscrito por
dos entidades públicas para el cumplimiento de sus funciones administrativas.
36. En el contexto descrito, los convenios interadministrativos se caracterizan por la
unión de esfuerzos que se adelanta con el objetivo de satisfacer una finalidad
común, nota característica17 que, en este caso, corresponde a la necesidad de
promover la integración social y comunitaria, específicamente de la población de
Gualmatán, a través de la construcción del Centro de Integración Ciudadana -CIC,
mediante el esfuerzo conjunto entre el Ministerio y la entidad territorial, sin que se
logre advertir una contraposición de intereses.
37. Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ha
reiterado que los convenios interadministrativos previstos en el artículo 95 de la Ley
489 de 1998 no se rigen de forma automática por el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, en tanto que estas normas están
destinadas esencialmente a regular las relaciones contractuales conmutativas, en
16Artículo 95: “Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el
fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios
que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. (…)”.
17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 26 de julio de 2016, C.P. Álvaro
Namén Vargas. En este concepto se analizó la naturaleza de un convenio interadministrativo entre
el Ministerio del Interior – Fonsecon y el municipio de El Castillo, Meta. Con condiciones similares a
las que ocupan el asunto de la Sala en esta ocasión y consideró que “El convenio interadministrativo
113 de 2015 reúne los elementos distintivos de los convenios administrativos propiamente dichos
señalados en este concepto, destacándose particularmente su objeto, como es ejecutar actividades
que contribuyen directamente al fin común de los sujetos vinculados al convenio (…). Se observa
que existen aportes de las dos partes y que si bien se trata de la construcción de una obra pública
ésta se realizará con recursos aportados por el Ministerio – Fonsecon para lograr el fin común del
Estado (…). De esta forma no se evidencia un contenido oneroso, ni una remuneración o precio a
título de contraprestación por el objeto del convenio. Ahora bien, si existen obligaciones para ambas
partes, es explicita la voluntad de colaboración, cooperación y coordinación entre las entidades, por
lo que el convenio se ejecuta en un plano de igualdad o equivalencia de prestaciones.
7
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las que existen prestaciones recíprocas18, y no comprende acuerdos de tipo
asociativo y de colaboración entre entidades públicas, por lo que, incluso, su
aplicación directa podría llegar a generar contradicciones e impedir la
materialización del interés común perseguido19. Así las cosas, este tipo de
convenios deben “autorregularse por sus propias estipulaciones, producto del
ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes, sin que
pueda hacerse prevalecer la aplicación de regímenes o normas incompatibles con
dicha finalidad”20.
38. Sobre el caso particular, la Subsección retoma lo considerado en sentencia del 22
de octubre de 2021, en un asunto de circunstancias similares y en el que se
resolvieron idénticos problemas jurídicos, por lo que debe ser analizado y aplicado,
por constituir precedente vinculante, para resolver el presente caso 21. Al respecto,
en esa ocasión se resolvió sobre el convenio interadministrativo F-249 de 2013,
suscrito entre el Ministerio del Interior y el municipio de San Bernardo. En esa
oportunidad, se concluyó que el acuerdo de voluntades se reguló por el artículo 95
de la Ley 489 de 1998, porque consistió en una unión de esfuerzos para cooperar
la consecución de un objetivo común, que consistió en promover la gobernabilidad
y la seguridad a través de la construcción del Centro de Integración Ciudadana, en
el que las partes se comprometieron a realizar unos aportes en dinero y/o en
especie, sin que de las obligaciones asumidas se hubiera evidenciado una
contraprestación de intereses sino, por el contrario, que las entidades unieron
esfuerzos para lograr el objetivo del convenio suscrito en beneficio de la
comunidad22.
18 Tal como se reconoce en la Ley 80 de 1993, artículo 27. “artículo 27: “En los contratos estatales
se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de
proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no
imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas
necesarias para su restablecimiento”.
Artículo 28: En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos
de selección y escogencia de contratistas y en la de la cláusula y estipulaciones de los contratos, se
tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe
y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos”.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de junio de 2019, rad. 25000-23-37-000-201-02552-01, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico, reiterado entre otras, en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2022,
rad. 60.434, C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1° de diciembre de 2023, rad. 58.442, C.P. María
Adriana Marín; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2024, rad. 58.883, C.P. María Adriana Marín. Criterio
aplicado por la Subsección C en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, providencia del 30 de septiembre de 2020, expediente No. 65.358, C.P.
Guillermo Sánchez Luque.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 6 de julio de 2022, rad. 66.594, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
21 Sobre las decisiones que constituyen el precedente judicial, la Corte Constitucional en sentencia
SU- 354 del 12 de mayo de 2015. Magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado, consideró lo
siguiente: “El precedente es conocido como la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de octubre de 2021, expediente 65.978. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. A cuyo
tenor: “Visto lo anterior, la Sala concluye que el acuerdo de voluntades objeto de estudio corresponde
a un convenio interadministrativo suscrito entre entidades estatales, Nación – Ministerio del Interior
y el municipio de San Bernardo, al amparo del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, en tanto estas se
asociaron con el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones administrativas, tanto así que,
como ya se vio, en los antecedentes del convenio se hizo alusión a la norma en mención.
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39. Retomando el estudio del caso que ocupa en esta ocasión a la Subsección, al
margen de la nominación que le dieron las partes al negocio celebrado, la Sala
considera necesario hacer un análisis del clausulado del acuerdo, para determinar
si, en efecto, su contenido corresponde a un convenio o a un contrato
interadministrativo y, con ello, determinar la normativa que lo rige y resolver los
problemas jurídicos que se debaten en esta instancia.
40. El negocio jurídico objeto de análisis, suscrito entre el Ministerio y el municipio,
respondió a la necesidad de “promover la integración social y comunitaria en torno
a estructuras urbanas de participación, barrismo social y prevención de la violencia
y el delito, a partir de escenarios integrales que faciliten el desarrollo de la
convivencia dentro de la comunidad”23.
41. Además, tuvo como objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
entre las partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través
de la construcción de infraestructura, mediante la ejecución del proyecto
denominado estudio, diseño y construcción del centro de integración ciudadana -
CIC, en el municipio de Gualmatán, Nariño” 24. Asimismo, en los antecedentes se
consideró: (i) que el Ministerio debía formular y coordinar proyectos de seguridad y
convivencia ciudadana; y (ii) se hizo alusión a los principios de colaboración
armónica y de coordinación entre las entidades públicas y se refirió a lo dispuesto
en el artículo 95 de la Ley 489 de 199825.
42. De acuerdo con la cláusula segunda26, el municipio se comprometió, entre otras, a
lo siguiente: (i) aportar para el desarrollo del proyecto un lote de su propiedad; (ii)
Los convenios interadministrativos se caracterizan porque están determinados por la consecución
de un objetivo común, en los que, obviamente, no se evidencian intereses contrapuestos, pues
reflejan una verdadera asociación de esfuerzos. En cambio, en los contratos interadministrativos,
mientras la contratante busca el cumplimiento de un fin estatal, la contratista, si bien colabora con
su realización, lo cierto es que lo hace a cambio de una retribución patrimonial, cuestión que se
traduce en el surgimiento de obligaciones recíprocas de contenido económico”.
23 Según los estudios previos que se encuentran en folios 235 a 250 del cuaderno de primera
instancia, índice 2 de Samai.
24 Contenido en el expediente digital. Folios 284 a 297 del cuaderno de primera instancia.
25 Artículo 95: “Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el
fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios
que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”.
26 “Cláusula Segunda. Obligaciones del municipio. 1. Aportar para el desarrollo del proyecto el lote
de propiedad del municipio. 2. Presentar al Ministerio del Interior, dentro de los cinco (5) primeros
días hábiles siguientes a la firma del convenio, la documentación técnica y jurídica del proyecto del
(…). 3. Subsanar las observaciones realizadas por el Ministerio del Interior (…). 4. Adelantar todas
las gestiones administrativas, contractuales y financieras necesarias para la contratación de los
estudios y diseños, obra e Interventorías (…). 5. Invertir los aportes recibidos del MINISTERIO -
FONSECON única y exclusivamente para adelantar los procesos de selección y contratación de los
estudios y diseños, obra e Interventorías requeridos para la ejecución del objeto del convenio. 6.
Elaborar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, las reglas de participación a que haya lugar para
adelantar los procesos de selección y contratación de las personas naturales o jurídicas requeridas
dentro del desarrollo de las actividades del proyecto (…). 7. Presentar, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la aprobación del proyecto por parte del Ministerio, un cronograma detallado de
las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales para el cumplimiento del objeto
del convenio (…). 8. Dar estricto cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el
Ministerio—FONSECON. 9. Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución
contractual del presente convenio. 10. Designar un supervisor para el contrato de estudios y diseños
(…). 11. Aprobar a través del supervisor los estudios y diseños entregados por el contratista y
avalados por la Interventoría, seleccionado por el municipio para tal fin. 12. Contratar el interventor
para los contratos de estudios y diseños y de obra objeto del convenio (…). 13. Adelantar las
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presentar al Ministerio documentación técnica y jurídica del proyecto del Centro de
Integración Ciudadana; (iii) invertir los aportes recibidos del Ministerio única y
exclusivamente para adelantar los procesos de selección y contratación de los
estudios y diseños, obra e interventorías requeridos para la ejecución del objeto
acordado; (iv) depositar todos los recursos destinados a la ejecución en una cuenta
bancaria que genere rendimientos financieros; (v) reintegrar al Ministerio, según
fuera el caso, los saldos de los recursos aportados que no hubieran sido
comprometidos dentro del plazo de ejecución pactado, así como el de los
rendimientos financieros generados con ocasión de los mismos; (vi) aportar, en el
evento en que los estudios y diseños determinen un mayor valor del presupuesto
aprobado por el Ministerio, el recurso faltante antes de publicar el proceso de
selección de obra; (vii) entregar oportunamente todos los documentos e información
requerida para la liquidación del convenio, así como suscribir la correspondiente
acta de liquidación.
43. Por su parte, según la cláusula tercera, algunas de las obligaciones que contrajo el
Ministerio fueron las siguientes27: (i) viabilizar, a través de la Subdirección de
acciones necesarias para garantizar que el interventor de los contratos, cumplan sus obligaciones
(..). 14. Depositar todos los recursos destinados a la ejecución del presente convenio en una cuenta
bancaria que genere rendimientos financieros a nombre del objeto del convenio. 15. Comunicar al
Ministerio- FONSECON la fecha de recibo de los recursos girados para la ejecución del objeto del
convenio. 16. Incorporar al presupuesto del MUNICIPIO la totalidad de los recursos que gire el
MINISTERIO-FONSECON. 17. Mantener un control contable y financiero independiente para el
manejo de los recursos girados por el MINISTERIO-FONSECON (…). 18. Aportar, en el evento en
que los estudios y diseños arrojen un mayor valor del presupuesto aprobado por el Ministerio del
Interior, el recurso faltante antes de publicar el proceso de selección de obra (…) 19. Prestar toda la
colaboración requerida por el supervisor del convenio. 20. Solicitar oportunamente las prórrogas,
modificaciones y adiciones que se requiera. (…).. 21. Elaborar y presentar al MINISTERIO-
FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes un informe técnico,
administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio (…). 22. Entregar, junto con los
informes mensuales, un registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de obra objeto
del convenio (…). 23. Participar en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución
del proyecto objeto del convenio (…). 24. Solicitar por escrito la aprobación de las modificaciones de
tipo técnico al proyecto, en caso de requerirse (…). 25. Presentar los reportes periódicos que le
solicite el supervisor del MINISTERIO-FONSECON (…). 26. Incorporar como obligación contractual
y exigir en los contratos que celebre para la ejecución del proyecto objeto del convenio, el
cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad
Social Integral y Parafiscales (…). 27. Presentar al MINISTERIO-FONSECON un (1) informe 'final a
la terminación del convenio (…). 28. Poner en funcionamiento y a disposición de la comunidad el
bien inmueble construido (…). 29. Entregar oportunamente todos los documentos e información
requerida para la liquidación del convenio, así como suscribir la correspondiente acta de liquidación.
30. Designar un profesional para realizar la supervisión tanto del convenio como de los contratos
derivados del mismo. 31. Asumir la responsabilidad por el mantenimiento, custodia, vigilancia,
destinación y saneamiento físico y jurídico del inmueble objeto del proyecto. 32. Reintegrar al
MINISTERIO-FONSECON o al Tesoro Nacional, según sea el caso (…) los saldos de los recursos
aportados por el MINISTERIO— FONSECON que no hayan sido comprometidos dentro del plazo de
ejecución pactado, así como el de los rendimientos financieros generados con ocasión de los
mismos. 33. Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del
convenio (…). 34. Poner a disposición del Ministerio y de los entes de control toda la información
jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio (…)”.
27 “Cláusula Tercera. Obligaciones del Ministerio. 1. Viabilizar, a través de la Subdirección de
Infraestructura, el proyecto presentado por el municipio. 2. Requerir al municipio para que subsane
las observaciones al proyecto. 3. Presentar al Comité FONSECON, para su aprobación, el proyecto
viabilizado. 4. Desembolsar los recursos que por medio de este Convenio se destinan al desarrollo
de su objeto, previo cumplimiento de los requisitos legales. 5. Responder por la ejecución de los
trámites y soportes presupuestales y contables de ley necesarios para la vinculación y entrega de
los recursos del contrato. 6. Aprobar, a través del supervisor, el cronograma detallado de las
actividades (…). 7. Participar en los comités de supervisión, seguimiento y control (…). 8. Aprobar
(…). los estudios y diseños entregados por el contratista seleccionado. 9. Designar un profesional
para realizar la supervisión del convenio. 10. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del convenio”.
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Infraestructura, el proyecto presentado por el municipio; (ii) desembolsar los
recursos para el desarrollo de lo acorado, previos soportes presupuestales y
contables; (iii) responder por la ejecución de los trámites y soportes presupuestales
y contables necesarios para vinculación y entrega de los recursos; (iv) aprobar, a
través del supervisor y en conjunto con la entidad territorial, los estudios y diseños;
(v) elaborar y suscribir el acta de liquidación del convenio, entre otras.
44. En este proyecto, el demandante se comprometió a realizar aportes por
$683’000.000 -suma que incluía la totalidad de costos de estudios y diseños, obra
e interventorías de estudios y diseños y de obra-, con el fin de realizar la
construcción del Centro de Integración Ciudadana28 (objeto del convenio).
45. Como se observa, es cierto que las partes pactaron obligaciones de tipo patrimonial,
correspondientes a aportes económicos de la entidad del orden nacional para la
ejecución del objeto pactado. Sin embargo, dicha circunstancia no significó que la
concurrencia de voluntades se identificó con un contrato, porque no puede
predicarse que existió una relación de conmutatividad o remuneración de una de las
partes hacia la otra, en tanto lo que se evidencia realmente es el compromiso entre
las partes de realizar aportes conjuntos, con el fin de lograr la satisfacción de un
objetivo común en beneficio de la comunidad de Gualmatán29.
46. Lo afirmado en el párrafo anterior se reitera con el aporte del municipio de
Gualmatán, que se comprometió a entregar un lote de su propiedad con el fin de
adelantar la contratación requerida para la ejecución del objeto del convenio, sin
recibir a cambio de una contraprestación o de una remuneración, sino con la
intención de promover la convivencia de los habitantes de la comunidad.
47. Asimismo, resulta pertinente destacar que esta Subsección ha considerado que, en
los convenios interadministrativos, se excluye la contraposición de intereses entre
las entidades públicas que lo celebran. No obstante, ello no quiere decir que los
compromisos que se asuman con ocasión de ese tipo de acuerdos no puedan tener
un componente de carácter patrimonial, debido a que la cooperación en la
asociación puede ser administrativa, económica y/o técnica30, tal como se evidenció
en este caso, en el que, a pesar de existir aportes económicos, no se evidencian
contraprestaciones recíprocas en las que las partes sean deudoras y acreedoras
entre sí, como tampoco motivaciones contrapuestas en el acuerdo de voluntades.
48. Así las cosas, según el objeto y las obligaciones contraídas por las partes, se
celebró un verdadero convenio interadministrativo, con el fin de aunar esfuerzos, en
cumplimiento, por una parte de los objetivos misionales del Ministerio de: “Promover
y apoyar la generación de infraestructura para la seguridad y convivencia
28 “Cláusula Quinta: Aportes. Para todos los efectos fiscales y legales el Ministerio aportará hasta la
suma de (...) $683’000.000, suma que incluye la totalidad de costos y estudios y diseños, obra e
interventorías de estudios y diseños y de obra (...) 2. Aportes del municipio. Para la ejecución del
proyecto denominado ‘Estudio, diseño y construcción del centro de integración ciudadana CIC’
aportará un lote de su propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del precitado proyecto”.
29 Promover la integración social y comunitaria para facilitar la convivencia dentro de la comunidad.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de junio de 2019, expediente No. 25000-23-37-000-2010-02552-01 (AP); criterio
reiterado en las siguientes providencias dictadas por esta Subsección: (i) sentencia del 21 de mayo
de 2021, expediente No. 57.822, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; (ii) sentencia del 20 de
noviembre de 2019, expediente No. 61.429. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; (iii) sentencia del 22
de octubre de 2021, expediente No. 65.978.
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ciudadana”31 y, también, de las funciones constitucionales del municipio de
Gualmatán de: “Promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes”32.
49. Visto lo anterior, la Sala resuelve el primer problema jurídico planteado y concluye
que el acuerdo de voluntades objeto de estudio corresponde a un convenio
interadministrativo suscrito entre entidades estatales, Nación –Ministerio del Interior
y el municipio de Gualmatán, al amparo del régimen especial consagrado en el
artículo 95 de la Ley 489 de 1998 y las disposiciones que las partes establecieron
en el negocio, sin que sea posible aplicar de manera automática el Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública (EGCAP).
Sobre la facultad de liquidar unilateralmente el convenio F-250 de 2013 por
parte del Ministerio
50. Una vez resuelta la naturaleza jurídica y el régimen aplicable al convenio suscrito
entre el Ministerio y el municipio de Gualmatán, corresponde a la Sala determinar
si, en efecto, el demandante contaba con la facultad de liquidar unilateralmente el
negocio, tal como lo planteó en el recurso de apelación.
51. El Ministerio argumentó que, a diferencia de lo considerado por el Tribunal de
primera instancia, según lo pactado en el parágrafo tercero de la cláusula cuarta del
convenio F-250 de 2013, se le otorgó la facultad para liquidar unilateralmente el
negocio jurídico, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y el Decreto 019 de 2012.
52. Al respecto, se evidencia que en la cláusula cuarta del convenio interadministrativo
se acordó el término de ejecución del negocio y que este debía liquidarse en el lapso
de 4 meses siguientes al vencimiento del plazo33. Además, se advierte que, en el
parágrafo tercero de la misma cláusula, se convino que, en el evento en que el
municipio no se presentara a la liquidación del convenio, se podía acudir al
procedimiento previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 019 de
2012.
31 Decreto 2893 de 2011, artículo 2: “Funciones. El Ministerio del Interior, además de las funciones
determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, cumplirá las
siguientes:(…)
7.Promover y apoyar la generación de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana en
las entidades territoriales”.
32 Constitución Política de Colombia, artículo 311. “El municipio como entidad fundamental de la
división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine
la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.
33 “Cláusula cuarta. Plazo de ejecución y plazo de liquidación. El término de ejecución será hasta el
30 de junio de 2014, contados a partir de la fecha de aprobación de la garantía única por parte de la
ejecución, previo perfeccionamiento del contrato. El plazo para la liquidación del presente
convenio será dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del vencimiento del plazo de
ejecución. (…). Parágrafo tercero. En el evento en que el municipio no se presente a la liquidación
del Convenio o no aporte los documentos requeridos para el efecto, se acudirá al procedimiento
previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 019 de 2012. Parágrafo cuarto. La falta
de entrega oportuna, por parte del municipio, de los documentos o la información necesaria para el
desarrollo del proceso de liquidación del convenio, dará lugar al inicio de un procedimiento para la
declaratoria de incumplimiento del convenio, de conformidad con la legislación contractual vigente,
aun cuando el proyecto del mismo se haya desarrollado a satisfacción”. (se destaca).
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53. En este punto de la providencia resulta importante señalar que la Sección Tercera
de esta Corporación34 ha considerado que en los convenios interadministrativos
resulta válido que las partes convengan que, ante la falta de acuerdo para liquidarlo,
una de ellas pueda proceder a liquidarlo unilateralmente, toda vez que su pacto no
entraña el ejercicio de una potestad excepcional al derecho común.
54. Sobre el particular, en el precedente jurisprudencial del 22 de octubre de 2021,
referido en el acápite anterior, esta Subsección analizó el convenio
interadministrativo F-249 de 2013 suscrito entre el Ministerio del Interior y el
municipio de San Bernardo, en el que se incluyó la cláusula de plazo de ejecución
y de liquidación35 con una redacción idéntica a la prevista en el sub lite36. Al
respecto, en esa ocasión, la Sala se pronunció sobre la posibilidad de liquidar
unilateralmente el referido negocio (similar problema jurídico al previsto en esta
ocasión) y consideró que en los acuerdos regulados por el artículo 95 de la Ley 489
de 1998 es posible que las partes acuerden el ejercicio de potestades contractuales
como la liquidación unilateral. Sin embargo, al decidir la controversia, estimó que,
en ese asunto específico, el Ministerio no contó con dicha facultad por la falta de un
pacto expreso y claro entre las partes. Además, tuvo en cuenta que, en una relación
de horizontalidad, tampoco era posible que alguna de ellas hiciera el balance final
de cuentas, con fundamento en la potestad pública consagrada en el artículo 11 de
la Ley 1150 de 200737, debido a que ninguna fungió como entidad contratante38.
34 “Bajo ese entendido de que la liquidación unilateral no es de aquellas que la Ley enlista como
potestades o facultades excepcionales al derecho común, nada impide que las partes en un convenio
interadministrativo convengan su ejercicio, pues en esa tipología de contratos la ley sólo prohíbe el
ejercicio de las denominadas potestades excepcionales, naturaleza que no comparte la liquidación
unilateral. Con otras palabras, resulta totalmente válido que en un convenio interadministrativo las
partes convengan que ante la falta de acuerdo para liquidar el contrato, una de ellas pueda proceder
a liquidarlo unilateralmente, pues su pacto no comporta el ejercicio de una facultad o potestad
excepcional al derecho común. Luego, si lo que ocurre es que en un convenio interadministrativo las
partes convienen que ante la falta de acuerdo la entidad lo liquide unilateralmente, esa estipulación
es válida, así como también los diferentes actos que se expidan para hacerlo” (Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de
2017, expediente No. 55.836, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; ver también el auto del 30
de septiembre de 2020, expediente No. 65.358, M.P. Guillermo Sánchez Luque).
35 En el convenio F-249 de 2013 se consagró “Cláusula cuarta: plazo de ejecución y plazo de
liquidación. El término de ejecución será hasta el 30 de junio de 2014, contados a partir de la fecha
de aprobación de la garantía única por parte de la ejecución, previo perfeccionamiento del contrato.
El plazo para la liquidación del presente convenio será dentro de los cuatro (4) meses contados a
partir del vencimiento del plazo de ejecución (…). Parágrafo tercero: En el evento en que el municipio
no se presente a la liquidación del convenio o no aporte los documentos requeridos para el efecto,
se acudirá al procedimiento previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 019 de 2012”
Sentencia del 22 de octubre de 2021, expediente 65.978, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
36 Es decir, a la cláusula cuarta del convenio F-250 de 2013.
37 Artículo 11. “Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará
de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato
o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la
disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. (…)”
38 Ídem. “He ahí una de las tantas diferencias entre los contratos interadministrativos y los convenios
interadministrativos: mientras que en los primeros sí hay una entidad pública que funge como
contratante, en los segundos no, porque las partes concurren a su celebración en posición igualitaria
-no hay contratante ni contratista”. Criterio que también fue aplicado por esta Subsección, entre otras
providencias, en: sentencia del 21 de mayo de 2021, expediente 57.822, C.P. José Roberto Sáchica
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55. En el caso objeto de estudio, la Sala destaca que, aunque en el parágrafo tercero
de la cláusula cuarta se hizo mención -genéricamente- al procedimiento de las
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y del Decreto 019 de 2012, lo cierto es que no se
consagró ninguna facultad contractual para que el Ministerio liquidara
unilateralmente el convenio interadministrativo. Por ende, debido a la naturaleza del
acuerdo de voluntades y ante la imposibilidad de aplicar automáticamente las
normas que conforman el EGCAP, no es posible inferir que el municipio de
Gualmatán accedió a otorgar dicha potestad contractual al ahora demandante.
56. En efecto, con la sola mención abstracta a esos cuerpos normativos no puede
entenderse que las partes otorgaron la potestad para liquidar unilateralmente el
acuerdo al Ministerio, en tanto las facultades convencionales de carácter unilateral
deben ser pactadas de manera expresa y con una claridad suficiente que evidencie
el consentimiento explícito, que no dé lugar a equívocos y que no suponga el
ejercicio de una posición dominante de una parte hacia la otra39. Sobre el particular,
esta Subsección ha señalado40 que la adopción de decisiones unilaterales en
relaciones jurídicas en igualdad es válida, únicamente si se produce en virtud de la
anuencia previa de los contratantes.
57. En ese sentido, no se discute que en los convenios interadministrativos resulta
válido que una de las partes realice la liquidación unilateral, siempre y cuando ello
esté expresamente acordado, sin equívocos y de manera clara y precisa, según el
acuerdo de voluntades.
58. En suma, en el clausulado del convenio interadministrativo sub examine no se
encuentra que una de las entidades públicas que suscribió dicho acuerdo estaba
facultada para liquidarlo de manera unilateral, pues no existió pacto expreso y claro
al respecto. Esto significa que, ante la carencia de expresividad y claridad, no puede
extraerse que las partes hayan acordado convencionalmente el ejercicio de esa
unilateralidad.
59. Si bien en el parágrafo tercero de la cláusula cuarta del convenio las partes se
refirieron a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que regulan la liquidación de los
negocios jurídicos estatales y su trámite41, la Sala reitera que de la sola alusión a
Méndez y (ii) sentencia del 20 de noviembre de 2018, expediente 61.429, C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de octubre de 2021, expediente 65.978. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 5 de marzo de 2021, expediente No. 39.249, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
Criterio reiterado por esta Subsección en sentencia del 22 de octubre de 2021, expediente 65.978,
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
41 El artículo 61 de la Ley 80 de 1993, derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, establecía:
“Si el contratista no se presente a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido
de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición” (se destaca). Luego, la Ley 1150,
en su artículo 11, consagró: “La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del
término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes
para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del
acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos
casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria
que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad
tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
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esas normas no puede interpretarse que una parte acordó con la otra la facultad de
efectuarla unilateralmente, pues de su redacción no se desprende pacto alguno en
ese sentido.
60. En efecto, de acuerdo con las reglas de interpretación de los contratos,
especialmente, con lo consagrado en el 1621 del Código Civil42, el análisis del
parágrafo tercero de la cláusula cuarta del convenio “deberá estarse a la
interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato”. Por lo tanto, teniendo
en cuenta que en el caso objeto de estudio las partes actuaron en una condición de
igualdad y que no expresaron su voluntad de autorizar a ninguna de ellas para liquidar
unilateralmente el negocio jurídico, no es posible concluir que el Ministerio hubiera
ostentado dicha facultad contractual.
61. Asimismo, es necesario agregar que, si bien del Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública -Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007- deviene la facultad
de liquidar unilateralmente los negocios jurídicos estatales mediante acto
administrativo, lo cierto es que, tal como lo ha considerado esta Subsección 43 y la
Sala de Consulta de esta Corporación44, la finalidad asociativa de los convenios
interadministrativos previstos en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 impide una
aplicación automática del régimen contractual de los contratos estatales, en la
medida que no incorpora ninguna remisión directa a dicho Estatuto y, por lo tanto,
acudir al EGCAP solo será posible cuando “exista una verdadera laguna o falta de
regulación normativa y/o convencional”45, sobre lo convenido entre las partes.
62. Bajo el escenario descrito en el párrafo precedente, la Sala destaca que en el sub
lite no hay lugar a acudir a las normas de liquidación unilateral de los contratos
públicos para interpretar el convenio F-250 de 2013, debido a que no fue una etapa
prevista en el convenio, ni una facultad pactada por las partes y, por lo tanto, ante
la ausencia de acuerdo para incluir esa posibilidad, no hay lugar a aplicar de manera
supletiva la legislación propia de los contratos estatales sometidos al régimen del
EGCAP.
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro
de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A” (se
destaca). A su vez, el Decreto 019 de 2012, que también se mencionó en el clausulado del convenio,
en el artículo 217 dispuso sobre el contenido y la ocurrencia de la liquidación.
42 Artículo 1621. “Interpretación por la naturaleza del contrato. En aquellos casos en que no
apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza
del contrato”.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de junio de 2019, expediente No. 25000-23-37-000-2010-02552-01 (AP). Criterio
reiterado por esta Subsección en sentencia del del 22 de octubre de 2021, expediente 65.978, C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.
44 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 26 de julio de 2016, C.P. Álvaro
Namén Vargas. Oportunidad en la que se conceptuó: “Como se ha explicado, en los convenios
interadministrativos, dado el plano de igualdad en que las partes participan en ellos, no es procedente
la utilización de potestades unilaterales sancionatorias mediante acto administrativo, toda vez que lo
rompe el mencionado paralelismo de los intereses y ponen a quien las utiliza en una situación de
preminencia que resulta ajena a la naturaleza de tales convenios. En este mismo sentido tampoco
resulta procedente la liquidación unilateral del convenio”.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de junio de 2019, expediente No. 25000-23-37-000-2010-02552-01 (AP).
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Radicado: 52001-23-33-000-2017-00470-01 (70.405)
Demandante: Nación –Ministerio del Interior
Demandado: Municipio de Gualmatán
Referencia: Controversias Contractuales -CPACA
63. De acuerdo con la pauta jurisprudencial en cita, debido a que los convenios
interadministrativos del artículo 95 de la Ley 489 de 1998 no se rigen por el Estatuto
General de Contratación de Administración Pública, a menos de que exista pacto
expreso al respecto o su aplicación ocurra con la finalidad resolver lagunas
interpretativas, se concluye que, como en el caso concreto no se consagró tal
facultad, no hay razones para aplicar automáticamente las normas de contratación
pública.
64. Así las cosas, como el acuerdo consistió en la asociación de esfuerzos entre dos
entidades públicas que concurrieron en posición igualitaria al momento de su
celebración, se tiene que ninguna de ellas fungió como contratante 46, de manera
que, en un negocio jurídico de esta naturaleza, las entidades mencionadas no
podían ejercer, sin acuerdo expreso, la facultad de liquidarlo unilateralmente.
65. Finalmente, según lo expuesto en precedencia, en relación con el segundo
problema jurídico, la Sala concluye que, en el caso objeto de estudio, el Ministerio
del Interior no contó con la facultad legal, ni contractual, para liquidar el convenio
interadministrativo F-250 de 2013 suscrito con el municipio de Gualmatán.
Oportunidad de la demanda
66. En cuanto a la caducidad de la acción de controversias contractuales, el artículo
164 de la Ley 1437 de 20141, numeral 2, literal j), apartado v)47 establece que en
los negocios jurídicos que requieran liquidación, el término para demandar inicia una
vez realizada la liquidación del negocio jurídico o vencido el plazo establecido para
tal fin sin se haya logrado.
67. Sobre el particular, la Sala reitera que en el convenio F-250 de 2013 se pactó que
el término de ejecución se extendía hasta el 30 de junio de 2014 y, además, que
este debía liquidarse en el lapso de 4 meses siguientes al vencimiento del plazo de
ejecución48. A su vez, revisado el expediente, se encuentra acreditado que el
46 En los convenios interadministrativos las partes concurren a su celebración en posición igualitaria
-no hay contratante ni contratista-. Esto ha llevado a todas las Subsecciones de la Sección Tercera
a precisar sobre la facultad legal de liquidación unilateral de este tipo de negocios jurídicos, según
los términos establecidos en el EGCAP. Ver, entre otras, las siguientes providencias: (i) sentencia
del 22 de octubre de 2021, expediente No. 65.978 C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; (ii) providencia
del 18 de noviembre de 2021, C.P. Martín Bermúdez Muñoz (iii) auto del 30 de septiembre de 2020,
expediente 65.358 C.P. Guillermo Sánchez Luque.
47 Artículo 164. “Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada (…) 2.
En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad (…) j) En las relativas a contratos el
término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia
de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento (…).
En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así (…) v) En los que requieran de
liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración
unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del
plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses
siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la
disponga (…) (se destaca).
48 Cláusula cuarta. Plazo de ejecución y plazo de liquidación. El término de ejecución será hasta el
30 de junio de 2014, contados a partir de la fecha de aprobación de la garantía única por parte de la
ejecución, previo perfeccionamiento del contrato. El plazo para la liquidación del presente
convenio será dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del vencimiento del plazo de
ejecución. (…). (se destaca).
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Radicado: 52001-23-33-000-2017-00470-01 (70.405)
Demandante: Nación –Ministerio del Interior
Demandado: Municipio de Gualmatán
Referencia: Controversias Contractuales -CPACA
referido negocio jurídico se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 201449, de manera
que la liquidación de mutuo acuerdo pactada en el aludido convenio debía realizarse
a más tardar el 30 de abril de 2015, inclusive.
68. Al respecto, se recuerda que, tal como se definió en sentencia del 22 de octubre de
202150, ante la ausencia de un acuerdo entre las partes para liquidar unilateralmente
el convenio interadministrativo, no es posible tener en cuenta el plazo establecido
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 para los negocios cuyo régimen jurídico
corresponde al del EGCAP. Así por tratarse de un precedente vinculante y
obligatorio para resolver este caso, la Subsección acoge, en esta ocasión, el mismo
razonamiento explicado en las líneas previas debido a su identidad, pertinencia y
semejanza en los problemas jurídicos resueltos en ocasiones anteriores.
69. Así las cosas, el conteo de los dos años inició el 1 de mayo de 2015 (día siguiente
al vencimiento del plazo para efectuar la liquidación bilateral), por lo que el plazo el
término de caducidad se configuró el 1 de mayo de 2017 y, como la parte
demandante radicó la demanda el 8 de mayo de 2017, se colige que su formulación
fue extemporánea51.
Conclusiones
70. En las condiciones previamente analizadas, la Subsección confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró la caducidad de la acción de controversias
contractuales, recapitulando que:
71. Los convenios interadministrativos se diferencian de los contratos, porque no existe
la contraposición de intereses entre las entidades públicas que lo celebran. Sin
embargo, ello no implica que no se puedan asumir compromisos de carácter
patrimonial, siempre que sea para la obtención de un fin común en la cooperación.
72. Los convenios interadministrativos podrán ser liquidados según lo expresamente
pactado por las partes en el acuerdo determinado para tal fin; por el contrario, no es
compatible con la finalidad asociativa prevista en el artículo 95 de la Ley 489 de
1998 y la relación de igualdad entre las partes la aplicación automática de las
facultades del EGCAP.
73. Como en el convenio F-250 de 2013 se acordó una etapa de liquidación bilateral, el
término de caducidad de la acción de controversias contractuales, de acuerdo con
la regla prevista en el artículo 164 de la Ley 1437 de 20141, numeral 2, literal j),
apartado v), se contabilizó a partir del vencimiento del plazo establecido por las
partes para llevar a cabo la liquidación bilateral.
Costas
49 El convenio se prorrogó en dos oportunidades, en la primera ocasión se extendió el plazo al 7 de
diciembre de 2014, mientras que la segunda se dio hasta el 31 de diciembre del mismo año (folios
361 a 365 y 398 a 399 del cuaderno de primera instancia).
50 Consejo de Estado, sentencia del del 22 de octubre de 2021, expediente 65.978, C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
51 La entidad pública demandante no presentó solicitud de conciliación extrajudicial, de conformidad
con lo establecido en el artículo 613 del Código General del Proceso.
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Radicado: 52001-23-33-000-2017-00470-01 (70.405)
Demandante: Nación –Ministerio del Interior
Demandado: Municipio de Gualmatán
Referencia: Controversias Contractuales -CPACA
74. De conformidad con el artículo 188 del CPACA52, para el caso particular no procede
la condena en costas, debido a que, en este proceso, independiente del resultado,
se ventiló un interés público, en el que se persiguió la devolución de dinero al Tesoro
Nacional de los aportes realizados por el Ministerio del Interior en el convenio F-250
de 2013, que se suscribió con el objetivo de aunar esfuerzos con el municipio de
Gualmatán para promover la gobernabilidad y seguridad de la comunidad a través
de la construcción del Centro de Integración Ciudadana, sin que hubiera existido
una relación de conmutatividad, en la que una de las partes pretendiera obtener una
remuneración como beneficio económico de la ejecución del acuerdo.
75. Bajo esa óptica, esta Subsección decidió en el precedente vinculante:
“Con lo anterior no queda duda de que la entidad demandante (…) ventilaba un
interés netamente público, pues pretendía la protección del patrimonio público,
tanto así que, entre otras cosas, buscaba la devolución al Tesoro Nacional de la
suma que le desembolsó al municipio de San Bernardo pero que supuestamente
no fue ejecutada (…). En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA en este caso (…) no hay lugar a condenar en costas por
ambas instancias al ente demandante”53.
76. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia 21 de abril de 2023, proferida por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por ser improcedente.
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidado. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
VF
52 “CPACA. Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
53 Criterio adoptado por esta Subsección en la pluricitada sentencia del 22 de octubre de 2021,
expediente 65.978, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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