Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2021-00316-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2021-00316-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2021-00316-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 47001-2333-000-2021-00316-02 (6544-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Demandada: Nancy Cecilia Pacheco Reales
Medio de Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437
control: de 2011
Tema: Reconocimiento de pensión gracia (lesividad)
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 29 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que declaró probada de oficio, la excepción de
casa juzgada. Para el efecto, se tendrán en cuenta los siguientes:
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1.
1.1. Pretensiones.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de las resoluciones N° 008469 del 9 de abril de 2001,
por medio de la cual se reconoció una pensión gracia a favor de la señora
Nancy Cecilia Pacheco Reales, y la N°22684 del 8 de agosto de 2005, que
reliquidó la pensión gracia reconocida a la demandada.
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Expediente digital índice 2 aplicativo Samai
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Numero interno: 6544-2024-
Demandante: UGPP
Demandada: Nancy Cecilia Pacheco Reales
A título de restablecimiento del derecho, la parte actora solicitó se ordene
a la demandada reintegrar la totalidad de las sumas pagadas por concepto de
pensión gracia, debidamente indexadas. Así como el pago de costas y
agencias en derecho.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La demandante aseguró que la señora Nancy Cecilia Pacheco nació el 20 de
julio de 1949 y prestó el servicio docente de la siguiente manera:
1. Desde el 22 de abril de 1975 hasta el 10 de noviembre de 1977,
designada por Decreto 0243 del 3 de abril de 1975.
2. Desde el 15 de abril de 1977 hasta el 17 de noviembre de 1999, en el
INEM Simón Bolívar de Santa Marta.
3. Desde el 21 de abril de 1978 hasta el 7 de abril de 1999, nombrada con
Decreto 165 del 20 de abril de 1978, en el departamento de Magdalena.
La entidad afirmó que a través de la Resolución N°008469 del 9 de abril de
2001, Cajanal reconoció a la accionada una pensión gracia en cuantía de
$898.248.93, a partir del del 20 de julio de 1999, con el 75% de lo devengado
el año anterior a la adquisición del estatus.
Que, por Resolución N°22684 del 8 de agosto de 2005, en cumplimiento a
la orden de tutela emanada del Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá,
del 4 de noviembre de 2003 (expediente 2003-00313), reliquidó la prestación
con la inclusión de todos los factores salariales desde la adquisición del
derecho, con lo que se elevó la cuantía a Un Millón Trece Mil Doscientos trece
pesos ($1.013.213,03), efectiva a partir del 20 de julio de 1999.
La accionante informó que por Resolución N°31308 del 30 de junio de 2006
negó la reliquidación de la pensión gracia, por nuevos factores salariales, al
encontrar que la vinculación de la demanda fue nacional.
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Numero interno: 6544-2024-
Demandante: UGPP
Demandada: Nancy Cecilia Pacheco Reales
La UGPP manifestó que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, acudió a la jurisdicción con el fin de obtener la nulidad de la
Resolución N°22684 del 8 de agosto de 2005, por medio de la cual reliquidó
la pensión gracia reconocida a favor de la señora Nancy Pacheco, en
cumplimiento del fallo de tutela del 4 de noviembre de 2003, dictado por el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá.
Que la demanda fue tramita en el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Santa Marta, que por sentencia del 2 de febrero de 2018 negó las
pretensiones de la demanda.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
El artículo 128 de la Constitución Política, las leyes 116 de 1928, 33 de 1937,
y 91 de 1989; y el Decreto 2277 de 1979 y el articulo 19 de la Ley 4ª de 1992.
La parte demandante, sostuvo que no obstante haberse concedido la pensión
gracia, esta resulta violatoria de la Constitución Nacional y la Ley, toda vez que
la señora Nancy Pacheco Reales se encontraba vinculada como docente de
orden nacional, por lo tanto, existe una incompatibilidad para obtener el
reconocimiento de la pensión, de acuerdo a lo previsto en la Ley 114 de 1913,
toda vez la señora Nancy Pacheco prestó sus servicios para el INEM Simón
Bolívar de Santa Marta desde el 15 de abril de 1977 hasta el 17 de noviembre
de 1999.
2. Contestación de la demanda2.
La accionada no contestó la demanda3.
3. La sentencia de primera instancia4.
El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia proferida el 29
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Expediente digital Samai tribunales
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La demanda se notificó en debida forma, notificación visible a índice 9 de Samai Tribunal del Magdalena
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Samai Tribunal Administrativo del Magdalena
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Demandante: UGPP
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de noviembre de 2023, declaró probada, de oficio, la excepción de cosa
juzgada. Sin condena en costas.
El A quo señaló que, examinados los medios probatorios aportados al plenario
en cotejo con los hechos narrados en el libelo de la demanda, se evidenció
que en el asunto sub judice había lugar a proferir decisión en el sentido de
declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada.
El tribunal expuso que de la revisión de la sentencia del 2 de febrero de 2018,
dictada por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
radicado 47007-3333-005-2013-00083-00, promovido por CAJANAL contra
Nancy Pacheco Reales, se observa que en la demanda se formularon las
siguientes pretensiones: i) Que se declare la nulidad de la Resolución 22684
de 8 de agosto de 2005 por medio de la cual se otorgó por parte de CAJANAL
EICE la reliquidación de la pensión gracia de la señora Nancy Pacheco Reales
y ii) Que a título de restablecimiento del derecho la señora Nancy Pacheco
Reales devuelva todos los dineros recibidos por concepto de dicha
reliquidación con el respectivo retroactivo.
Las pretensiones objeto del presente asunto ya fueron estudiadas por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y decididas en fallo del 2 de
febrero de 2018, sin que sea posible para el extremo accionante pretender
nuevamente discusión alguna en relación con los mismos hechos.
El tribunal precisó que «la cosa juzgada es una institución de naturaleza procesal, en
virtud de la cual los asuntos respecto de los que exista una decisión ejecutoriada, no pueden
volver a ser ventilados ante la jurisdicción; excepción que por expreso mandato legal, en caso
de encontrarse acreditada debe ser decretada de oficio».
Que a través de la referida institución jurídico procesal, el legislador pretende
garantizar la certeza sobre lo decidido judicialmente dentro un pleito; esto es,
busca brindar seguridad jurídica y estabilidad en las sentencias, por lo que una
vez ejecutoriadas, les ha dado el carácter de inmutables, vinculantes,
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Demandada: Nancy Cecilia Pacheco Reales
definitivas y coercitivas. Con ella se garantiza la confianza legítima sobre
determinada materia ya juzgada, cuyos destinatarios son las partes del
proceso, terminando así la disputa de manera definitiva para que no se
extienda en el tiempo de forma indefinida, razón por la cual los efectos que
imprime la cosa juzgada no habilitan al juez ni a las partes a pronunciarse o
debatir en un nuevo proceso sobre la controversia litigiosa que ya ha sido
objeto de decisión.
Concluyó que en el presente asunto se configuró la excepción de cosa juzgada
y, en todo caso, si se aceptara que las pretensiones del proceso 47-001-3333-
005-2013-00083-00, se encaminaron a la declaratoria de nulidad de la
Resolución N°22684 del 8 de agosto de 2005, lo cierto es que uno de los
argumentos que sustentaron el concepto de la violación fue la ilegalidad de
del reconocimiento de la pensión gracia a través de la Resolución N° 008469
del 9 de abril de 2001, por ello, el juez de conocimiento debió abordar el estudio
de este acto administrativo.
El A-quo dijo, además,
que es dable extraer que en el presente asunto se encuentra configurada la
excepción de cosa juzgada. Aún en gracia de discusión, si se afirmara que
las pretensiones ventiladas en el asunto radicado con 47-001-3333-005-
2013-00083-00, únicamente estuvieron encaminadas a la declaratoria de
nulidad de la Resolución No. 22684 de 8 de agosto de 2005 lo cierto es que,
como quedó demostrado, uno de los argumentos que sustentaron en su
momento el concepto de violación fue la ilegalidad del reconocimiento de la
pensión gracia a través de la Resolución No. 008469 de 9 de abril de 2001,
por lo que, al momento de resolver al juez de conocimiento le correspondió
abordar el estudio de la atinente a este último acto administrativo, coligiendo
que sí se encontraron acreditados los requisitos para el reconocimiento de la
pensión gracia de la accionada, por lo cual es dable extraer que, lo referido a
la Resolución No. 008469 ibídem se reputa tácitamente decidido con la
precitada decisión.
Ciertamente, precisó el Juez Quinto Administrativo de Santa Marta, en el
pluricitado fallo que “respecto de que la docente PACHECO REALES si
acreditó haber cumplido los requisitos para hacerse acreedora de una
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pensión de gracia a partir del 20 de julio de 1999”, ello toda vez que, acorde
con las pruebas arrimadas al plenario, “quedó demostrado que se vinculó al
servicio del Magisterio Nacional como docente territorial en la Secretaría de
Educación del Atlántico, el día 03 de abril de 1975, nombrada mediante
Decreto 0243 y posesionada el 22 de abril de ese mismo año: asimismo, se
probó que laboró de manera discontinua por un lapso superior a 20 años,
pues estuvo vinculada a la Secretaría de Educación del Atlántico desde el 03
de abril de 1975 hasta el 10 de noviembre de 1977, para un lapso de 02 años
y 07 meses, y a la Secretaría de Educación del Magdalena desde el 20 de
abril de 1978 por nombramiento efectuado a través de Decreto 165, tomando
posesión el día 21 del mismo mes y año, hasta el 07 de abril de 1999 cuando
recibió su último salario luego de haber sido desvinculada a través de Decreto
129 de 25 de marzo de 1999, de manera pues que acumuló en este lapso, 20
años, 11 meses y 16 días de servicio. De otra parte, se aportó prueba
suficiente que acreditó que la docente nació el 20 de julio de 1949,
adquiriendo la edad de 50 años el 20 de julio de 1999, cuando ya estaba
retirado del servicio docente territorial, empero había acumulado más de 20
años de labores desde el año de 1975.”
Por consiguiente, no se puede ventilar nuevamente una discusión en relación
con la legalidad de las resoluciones 008469 del 9 de abril de 2001 y 22684 del
8 de agosto de 2005, porque se desconocerían los principios de seguridad
jurídica, certeza y firmeza de las decisiones judiciales.
4. El recurso de apelación.
La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia5.
Afirmó que el «El despacho no debió declarar oficiosamente la excepción de cosa juzgada,
en atención a que la señora PACHECO REALES no tiene derecho, ni siquiera, a que le sea
reconocida una pensión de gracia pues no cumple con los requisitos para obtener tal
derecho».
La UGPP añadió que, la accionada no acreditó los tiempos de servicios
necesarios para acceder a la pensión deprecada, dado que para probar la
calidad de docente territorial y/o nacionalizado, se requiere copia de los actos
administrativos, nombramientos, posesiones donde conste el vínculo, en los
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Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, archivo «EXPEDIENTE
DIGITAL» índice 2.
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que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar
sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales o
nacionalizadas, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca
que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
comporta el carácter respectivo.
Lo relevante de la prueba del tiempo de servicios y de la vinculación, no es la
denominación que se le dé, ni la forma que adopte, sino el contenido de los
datos puntuales que ofrezca alrededor del tipo de nombramiento, la autoridad
que lo hace, la institución educativa a la que prestará los servicios, su
naturaleza, y por supuesto los extremos temporales, pues en el caso del
docente vinculado por nombramiento de una entidad territorial, sería necesario
determinar la fecha de la vinculación y el cumplimiento o no del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, para determinar su
condición de personal docente nacionalizado o territorial. Ahora, si el docente
fue vinculado mediante un acto administrativo del gobierno nacional, está claro
que tiene el carácter de personal docente nacional.
Que, en todo caso, en el evento de considerarse que la demandada si debe
ser beneficiaria de ésta mesada pensional, su liquidación no puede incluir los
factores salariales percibidos en su último año de servicios, como lo ordenó el
Juez de tutela que dictó la sentencia cuyo cumplimiento se dio a través del
acto administrativo demandado, sino que sólo es posible liquidarla con base
en los factores percibidos en el año anterior a la adquisición del status
pensional (1998- 1999), de manera pues que la Resolución 22684 de 2005 se
encuentra viciada de nulidad.
5. Trámite de segunda instancia
Mediante auto del 1 de abril de 20256, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación y precisó que como el asunto del epígrafe se rige por la
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Ley 2080 de 25 de enero de 2023, de acuerdo con el numeral 4 del artículo
247 del CPACA, no corrió traslado para alegar de conclusión.
El agente del Ministerio Publico rindió informe7, en el que solicitó confirmar
la sentencia de primer grado porque «la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena al declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, se
ajusta plenamente a los principios de seguridad jurídica, estabilidad y coherencia del
ordenamiento. Las pretensiones formuladas por la UGPP en el presente proceso ya fueron
objeto de análisis y decisión en sentencia judicial ejecutoriada, en la que se reconoció
expresamente que la señora Nancy Cecilia Pacheco Reales cumplía con los requisitos legales
para acceder a la pensión gracia».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 8, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Cuestión preliminar
Términos de oportunidad para ejercitar el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho – Prestaciones periódicas – Sobre la caducidad
establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
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«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
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Los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta
Jurisdicción fueron consagrados en el artículo 164 del CPACA que, en
relación con el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, prevé lo siguiente:
Como regla general, cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del
derecho, la demanda debe ser presentada dentro del término de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según corresponda, so pena
del suceso de la caducidad de la acción.
A manera de excepción, cuando la demanda sea promovida contra actos que
reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas8, o contra
actos producto del silencio administrativo9, puede presentarse en cualquier
tiempo.
Así, conforme a las reglas contenidas en el CPACA, la configuración del
fenómeno jurídico procesal de la caducidad, en asuntos de nulidad y
restablecimiento del derecho, solo resulta predicable respecto de las
demandas adelantadas contra actos administrativos expedidos de manera
cierta y material por la administración que no versen sobre el reconocimiento
y pago de prestaciones periódicas.
No obstante, recientemente el Congreso de la República expidió la Ley 2381
de 2024, que estableció una restricción temporal para el ejercicio de las
acciones contencioso administrativas relacionadas con pensiones, de la
siguiente manera:
“Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después
de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por
las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o
con ocurrencia de algún delito.”
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A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual
se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»
En los precisos términos expuestos por el Legislador, la citada disposición
comporta una modificación del régimen de oportunidad contemplado por el
artículo 164 del CPACA, con vocación de aplicación inmediata, incluso para
los procesos en los que se debate la legalidad de actos administrativos que
reconocieron una pensión y se encontraban en curso a 16 de julio de 2024,
día de promulgación de la comentada ley.
No obstante, en criterio de la Sala, el artículo en comento no puede ser
aplicado de manera contraria a los postulados esenciales que rigen la
implementación de reglas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los
juicios preceptuadas por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues si bien
es cierto que las normas de derecho procesal son de orden público y «(…)
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a
regir», también lo es que «(…) los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se
regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las
pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones ».
Por tanto, se concluye que el término de caducidad establecido por la Ley
2381 de 2024 solo resulta oponible respecto de las demandas formuladas
después de su promulgación, pues conforme al artículo 40 de la Ley 153 de
1887, no resulta viable superponer a los procesos en curso un término que
no existía en el momento en que fueron iniciados. Dicha conclusión, además,
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se acompasa con los principios de confianza legítima y legalidad y el derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política.
En consecuencia, comoquiera que el artículo 187 del CPACA prevé que en
«(…) la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
que el fallador encuentre probada» y que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
plantea la eventual configuración de la caducidad de la acción en procesos
como el que nos ocupa, la Subsección considera pertinente inaplicar, para
este caso concreto, la acotada modificación procesal, tal como será
dispuesto en la parte resolutiva de este fallo.
Lo anterior, se insiste, como medida de satisfacción y garantía de los
principios y prerrogativas constitucionales que rigen los derechos de acceso
a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.
2.3. Cuestión previa.
Apelación del auto que negó la medida cautelar pedida por la
demandante.
Comoquiera que en el asunto sub examine se encuentra pendiente por desatar
la alzada formulada por la entidad contra el auto del 6 de diciembre de 20219,
por medio del cual el A quo negó la solicitud de suspensión provisional de los
efectos jurídicos de los actos demandados; la Sala advierte que, conforme a
lo dispuesto en el artículo 323 del Código General del Proceso (CGP), dichos
asuntos deben ser resueltos en esta providencia.
Y en este caso cualquier pronunciamiento en esta etapa sobre la medida
cautelar resulta innecesario, luego que el estudio allí pedido es el mismo con
el que se va abordar el recurso de apelación contra la sentencia emitida el 31
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Expediente 4128 de 2022, MP Jorge Edison Portocarrero Banguera
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de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena
sobre el mismo asunto.
En estas condiciones, la decisión que se adopte al resolver la alzada contra el
fallo, servirá para resolver la apelación contra la medida cautelar del 6 de
diciembre de 2022, lo que impone en consecuencia atenerse a lo aquí decidido
y ordenarle a la secretaría de la Sección Segunda que finalice el radicado
interno (4128-2022) conforme a lo indicado en precedencia.
2.3. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
le corresponde a la Sala establecer i) si en el presente asunto operó o no el
fenómeno jurídico-procesal de la cosa juzgada, como lo declaró el A quo; y en
caso negativo, (ii) si a la demandante le asiste razón jurídica para reclamar de
la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir los requisitos
exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas
que la regulan; o, por el contrario, carece de fundamento, pues no acreditó 20
años al servicio de la docencia territorial o nacionalizada.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. De la cosa juzgada, y 2.4. Caso concreto.
2.4. De la cosa juzgada.
Acerca del instituto de la cosa juzgada, resulta pertinente recordar que el
artículo 30310 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión
del 30611 del CPACA, establece tres (3) presupuestos para su configuración,
a saber: (i) el nuevo proceso debe versar sobre el mismo objeto, es decir, que
la pretensión sea idéntica a la debatida en el anterior trámite en el que se dictó
el fallo ejecutoriado, (ii) se debe fundar en la misma causa, esto es, que entre
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«La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes».
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«ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
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la demanda y la sentencia proferida en el anterior asunto haya semejanza en
los fundamentos de hecho y de derecho, y (iii) debe existir identidad jurídica
de partes.
Por su parte, el artículo 189 del CPACA, en relación a la cosa juzgada respecto
de sentencias de nulidad dictadas por esta jurisdicción, preceptúa que « La
sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de
cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga
omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada (…)».
Sobre este fenómeno de la cosa juzgada, el Consejo de Estado12 precisó:
Para que asistan simultáneamente aquellos tres elementos considera la Corte
que al proceso a) deben concurrir las mismas partes e intervinientes que
resultaron vinculados y obligados por la decisión que constituye cosa juzgada;
b) debe existir identidad de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que
hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos
como sustento. Pero que cuando además de los mismos hechos la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa; y c)
la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre
la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe
un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre
una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.
En ese mismo sentido, con providencia de 11 de abril de 2018 13 esta
Corporación se pronunció en los siguientes términos:
«(…)
La Sala considera que para que se configure la cosa juzgada respecto del
enjuiciamiento de actos administrativos de carácter particular es necesario que
haya identidad jurídica de las partes, de objeto y de la causa petendi, pues esta
institución jurídica responde a la necesidad de preservar el principio
constitucional de la seguridad jurídica, para que así las decisiones judiciales
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Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección primera, consejera ponente María Claudia Rojas
Lasso, sentencia de 1° de agosto de 2013, expediente 11001-03-15-000-2013-01171-00.
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Auto de 11 de abril de 2018. MP. César Palomino Cortés; Rad. 68001233300020160119101 (3472-2017)
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Demandante: UGPP
Demandada: Nancy Cecilia Pacheco Reales
cobren firmeza y sobre lo decidido no proceda un nuevo pronunciamiento por
parte del juez en atención a la intangibilidad e inmutabilidad de las mismas. (…).
En el caso sub júdice, el objeto de la demanda (las pretensiones) son las mismas
que la demandante invocó en un proceso judicial que se surtió desde el año
2011, y las partes de la relación procesal y los fundamentos de derechos
esbozados (causa petendi) son los mismos que en su momento sirvieron de
sustento ante esta jurisdicción; por ello, le asiste razón al Tribunal Administrativo
de Santander, puesto que no es pertinente iniciar un nuevo debate judicial
respecto de una situación conocida con anterioridad, por cuanto ya se dictaron
dos providencias, en las que se resolvió la solicitud elevada por la señora
Manrique Parra respecto si le asistía o no el derecho a la prima técnica otorgada
por la Contraloría General de la República.
La Sala observa que el Tribunal Administrativo de Santander obró en debida
forma al rechazar la demanda del epígrafe, toda vez que dicho acto no podrá ser
controvertido en sede jurisdiccional, puesto que, en su momento, la situación
fáctica planteada en la demanda ya fue conocida por esta jurisdicción,
configurándose sobre la misma el fenómeno de la cosa juzgada; en
consecuencia, la Sala confirmará el auto de 20 de enero de 2017 proferido por
el Tribunal Administrativo de Santander. (…)».
Por tanto, la figura de la cosa juzgada tiene como fundamento el principio
constitucional de la seguridad jurídica, por cuanto, una vez en firme las
decisiones judiciales, no es dable que se reabra el debate jurídico zanjado a
través de estas con otro proceso judicial, en atención a la intangibilidad e
inmutabilidad que adquieren ante su ejecutoria.
Ahora bien, esta subsección respecto al fenómeno de la Cosa Juzgada de
sentencias en las que se discute el reconocimiento de prestaciones periódicas
ha señalado que si bien, dicho instituto tendría un alcance relativo, puesto que
no habría cosa juzgada respecto a las prestaciones causadas despúes de
ejecutoriado el fallo que las ordenó, de manera reciente, la subsección se ha
orientado al fenómeno de la cosa juzgada con alcance absoluto, inmutable y
definitivo. Para una mayor ilustración, se citan los apartes pertinentes sobre el
particular.
Comoquiera que las decisiones judiciales tan sólo son vinculantes respecto
de las mesadas que ya fueron objeto de pronunciamiento, más no frente a las
15
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que posiblemente se causen con posterioridad a la ejecutoria de tal
providencia14 esta postura no es unánime porque en 2020 y 2021 la Sección
también ha expresado que no es posible volver sobre materias ya
juzgadas, a efectos de modificarlas mediante la adopción de una nueva
providencia; es decir, debe salvaguardarse la institución de la cosa
juzgada, con independencia de que se discuta el reconocimiento de una
prestación periódica, pues se trata de una figura que goza de protección
constitucional y garantiza la seguridad jurídica en el marco de un Estado
Social de Derecho (negrillas fuera del texto)15:
«[e]s relevante precisar que la posición esgrimida por el Tribunal de instancia,
en el sentido de no declarar probada la cosa juzgada, pues a su juicio este
fenómeno se presenta en el caso de marras de forma relativa, no es de recibo
para la Subsección, en consideración a que si bien es cierto mediante
providencia del 7 de diciembre de 2017 se estudió la tesis de «cosa juzgada
relativa», también lo es que dicha postura se replanteó a través del auto del
9 de marzo del 2020 , en el entendido del carácter imperativo e inmutable de
las decisiones que han adquirido firmeza.
Por consiguiente, no es posible volver sobre materias ya juzgadas, a
efectos de modificarlas mediante la adopción de una nueva providencia;
es decir, debe salvaguardarse la institución de la cosa juzgada, con
independencia de que se discuta el reconocimiento de una prestación
periódica, pues se trata de una figura que goza de protección constitucional
y garantiza la seguridad jurídica en el marco de un Estado Social de Derecho
(negrillas fuera del texto)16
En ese mismo sentido, esta Sección ha señalado que el cambio de
precedente jurisprudencial no puede usarse para afectar situaciones jurídicas
consolidadas, ya que se atentaría contra el principio de la seguridad
jurídica17 e inmutabilidad de la sentencia judicial. En ese sentido, el
precedente judicial no constituye un hecho nuevo ni un motivo que permita a
quienes ya cuenta con una sentencia ejecutoriada acudir nuevamente a la
jurisdicción. Aunque la jurisprudencia puede cambiar con el tiempo, las
providencias judiciales permanecen intactas, «pues las mismas obedecieron
a un estudio que en su momento fue válido»
2.5. Caso concreto.
En el asunto sub examine, se tiene que, con anterioridad al presente proceso,
la entidad demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra Nancy Pacheco Reales (expediente 47-001-3333-005-2013-
00083-00), con el propósito de obtener la anulación de la Resolución 22684
del 8 de agosto de 2005, por medio de la cual se reliquidó la pensión gracia a
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 11 de noviembre de 2021, expediente 25000-23-
42-000-2018-00634-01(5385-19).
15 Ibidem
16 Ibidem
17Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, auto del 24 de marzo de 2015, expediente 25000-23-42-000-
2013-06326-01(0619-15).
16
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la señora Nancy Pacheco Reales.
Los argumentos de la entidad demandante en esa demanda se centraron en
manifestar:
(i) Que la señora NANCY PACHECO REALES fue nombrada como docente
del orden departamental en la Secretaría de Educación del Atlántico desde el
año de 1975, laborando para dicha entidad hasta el 10 de noviembre del año
1977. (ii) Que posteriormente, la referida docente fue nombrada con
vinculación del orden nacional en el INEM Simón Bolívar desde el 15 de abril
de 1977 hasta el 09 de septiembre de 2003. (iii) Que concomitante con ello,
se desempeñaba como docente del orden departamental con la Secretaría
de Educación del Magdalena desde el 21 de abril de 1976 hasta el 07 de abril
de 1999 (iv) Que a través de Resolución 8469 de 09 de abril de 2001 a la
docente demandada le fue reconocida una pensión de gracia, (v) Que en
cumplimiento del fallo de tutela dictado el 04 de noviembre de 2003 por el
Juez 1ro. Penal del Circuito de Bogotá, CAJANAL ElCE expidió la Resolución
22684 de 08 de agosto de 2005, acto demandado, y dispuso la reliquidación
de la pensión de gracia de la docente PACHECO REALES, (vi) Que la
pensión de gracia no debió ser ni siquiera reconocida porque la actora no
cumple con los requisitos para ello (tiempos de servicio), (vii) Que además
tampoco debió expedirse la Resolución 22684 de 08 de agosto de 2005 pues
esta es ilegal e inconstitucional, ya que ordena una liquidación de pensión
gracia por retiro del servicio, incluyendo en ella los factores de la Ley 33 de
1985, cuando solamente debieron ser reconocidos los percibidos en el año
anterior al momento de cumplir con los requisitos para su obtención,
considerando que adquirió el status el 18 de febrero de 1985.
De la citada demanda conoció el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Santa Marta, que, mediante fallo de 2 de febrero de 2018, negó las
pretensiones. Del material probatorio que obra en el expediente, se advierte
que esta decisión quedó ejecutoriada porque contra ella, no se presentaron
recursos.
En este orden de ideas, se procederá a establecer si en este asunto existe
cosa juzgada frente a las súplicas planteadas dentro del presente medio de
control, para lo cual resulta oportuno analizar a través del siguiente cuadro
comparativo si se colman o no los presupuestos procesales exigidos en el
17
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artículo 303 del CGP, para que se configure ese fenómeno:
Expediente Expediente
15001-23-31-000-2002-00401 15001-23-33-000-2016-00375-01
(actual)
Partes: CAJANAL18, contra Nancy Partes: Unidad Administrativa
Pacheco Reales Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), contra
Nancy Pacheco Reales
Actos demandados: Resolución Actos demandados: Resoluciones
22684 del 8 de agosto de 2005, por 008469 de 9 de abril de 2001 y de la
medio de la cual Cajanal reliquidó la Resolución N°22684 del 8 de
pensión gracia a Nancy Pacheco agosto de 2005, por medio de la cual
Reales. se reliquidó la pensión gracia a la
señora Pacheco Reales.
Pretensiones: La demandante Pretensiones: Depreca la anulación
solicitó que se declare la nulidad del de los aludidos actos administrativos
acto administrativo y la devolución y, como restablecimiento del derecho,
de los dineros recibidos con ocasión pide la devolución del dinero recibo
de la reliquidación pensional. por el reconocimiento y reliquidación
de la pensión gracia.
Fallo de primera instancia: El Fallo de primera instancia: El
Juzgado Quinto Administrativo de Tribunal de conocimiento decretó, de
Santa Marta con providencia de 2 de oficio, la excepción de cosa juzgada,
febrero de 2018 negó las a por fallo del 29 de noviembre de
pretensiones de la demanda. 2023.
Como se ve, en el presente cuadro comparativo de las actuaciones
procesales, en el caso que ahora nos ocupa se acreditan los tres presupuestos
que configuran la cosa juzgada, en la medida en que existe:
(i) identidad de partes: las partes son las mismas, pues ambos
procesos fueron instaurados por la UGPP contra la señora Nancy
Cecilia Pacheco Reales;
(ii) Identidad de objeto: porque, aunque en los dos expedientes no
18
Cajanal EICE se suprimió en virtud del decreto 2196 de 2009. La Ley 1151 de 2009 creó la Unidad especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), entidad que asumió la competencia
reconocer los derechos pensionales causados a cargo de las administradoras del régimen de prima media del orden
nacional y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones
respecto de las cuales se hubiera decretado o se decrete su liquidación. Así mismo, dicha entidad de acuerdo con el
Decreto No. 4269 de 2011, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a partir del 8 de noviembre de
2011, asumió integralmente el proceso de atención a los pensionados, usuarios y peticionarios, así como la radicación
de documentos para el trámite de pensiones y prestaciones económicas a cargo tanto de CAJANAL EICE en
Liquidación como de la UGPP
18
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hayan sido controvertidos, en su totalidad, los mismos actos
administrativos, lo cierto es que, en los dos procesos, el objetivo es
el reconocimiento de la pensión gracia, su liquidación y
reliquidación.
En efecto, aun cuando en el primer proceso la demanda estuvo dirigida a que
se declare la nulidad del acto administrativo que ordenó la reliquidación de la
pensión gracia, lo cierto es que el Juzgado Quinto Administrativo de Santa
Marta analizó el cumplimiento de los requisitos de la señora Nancy Pacheco
para acceder a la prestación y concluyó lo siguiente:
Lo primero que debe clarificar este Juzgado es que la docente NANCY
PACHECO REALES, a contrario sensu de lo señalado por la parte demandante
en el escrito genitor, si tiene derecho a ser beneficiaria de una mesada pensional
de gracia; de hecho, tan es así que la propia entidad CAJANAL, reconoció tal
prestación a través de la Resolución 8469 de 09 de abril de 2001 y no demandó
en sede judicial su nulidad, de suerte pues que tal acto administrativo permanece
incólume. (…)
En el caso concreto, se acreditó suficientemente que la señora PACHECO
REALES se vinculó al servicio del Magisterio Nacional como docente territorial
en la Secretaría de Educación del Atlántico, el día 03 de abril de 1975, nombrada
mediante Decreto 0243 y posesionada el 22 de abril de ese mismo año:
asimismo, se probó que laboró de manera discontinua por un lapso superior a
20 años, pues estuvo vinculada a la Secretaría de Educación del Atlántico desde
el 03 de abril de 1975 hasta el 10 de noviembre de 1977, para un lapso de 02
años y 07 meses, y a la Secretaría de Educación del Magdalena desde el 20 de
abril de 1978 por nombramiento efectuado a través de Decreto 165, tomando
posesión el día 21 del mismo mes y año, hasta el 07 de abril de 1999 cuando
recibió su último salario luego de haber sido desvinculada a través de Decreto
129 de 25 de marzo de 1999, de manera pues que acumuló en este lapso, 20
años, 11 meses y 16 días de servicio. De otra parte, se aportó prueba suficiente
que acreditó que la docente nació el 20 de julio de 1949, adquiriendo la edad de
50 años el 20 de julio de 1999, cuando ya estaba retirado del servicio docente
territorial, empero había acumulado más de 20 años de labores desde el año de
1975.
Con fundamento en estas pruebas, al Despacho no le asiste hesitación alguna
respecto de que la docente PACHECO REALES si acreditó haber cumplido los
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requisitos para hacerse acreedora de una pensión de gracia a partir del 20 de
julio de 1999, de manera pues que no son de recibo del Juzgado las
argumentaciones que al contrario ha expuesto el ente oficial demandante sin
sustento jurídico, táctico ni probatorio alguno (…).
Ahora bien, decantado lo anterior, se adentra el Despacho en lo que considera
el punto más álgido del busilis litigioso y sobre el que versan los cargos de
nulidad contra el acto demandado, cual es, el estudio de legalidad de la
reliquidación pensional efectuada por CAJANAL - HOY UGPP a través de la
Resolución 22684 de 2005 (…)».
Entonces, el problema jurídico dilucidado en el proceso 47-001-3333-005-
2013-00083-00 coincide con el de fondo aquí formulado, esto es, determinar
si el docente acreditó los requisitos para tener derecho al reconocimiento de
la pensión gracia.
(iii)Identidad de casa: La causa concuerda con la anterior demanda, que los
actos administrativos por los que se vinculó al servicio educativos son idénticos
así:
Expediente Expediente Actos de
47001333300520130008300 47001233300020210031602 vinculación
(actual)
Desde el 22 de abril de 1975 Desde el 22 de abril de 1975 Decreto N°0243
del 3 de abril de
Traslada por decreto 0150 del 26 Traslada por decreto 0150 del 26 1975, acta de
de marzo de 1976. de marzo de 1976. posesión del 22
de abril de 1975
Renuncia aceptada por decreto
0422 del 10 de noviembre de
197719
Entonces, la Sala evidencia que en ambos procesos el objetivo de la entidad
demandante es idéntico, toda vez que pretende la anulación del acto
administrativo de reconocimiento de la pensión gracia a la demandada y el que
ordenó la reliquidación de la prestación, como se dijo en líneas anteriores, los
argumentos llevados al proceso previo, así como los presentados en esta
demanda son similares, los tiempos laborados por la demanda son los
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Eexpediente digital cargado al aplicativo Samai.
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mismos, por ello, aun cuando en la primera demanda el juez debía revisar la
legalidad del acto que liquidó la prestación, también es cierto que analizó la
legalidad de la resolución por medio de la cual se reconoció la pensión gracia
a la señora Cecilia Pacheco, por lo que se concluye que existe identidad de
causa.
Así las cosas, se evidencia que la entidad actora persigue los mismos objetivos
del primer proceso que instauró previamente, por ello, en atención al principio
de seguridad jurídica, que garantiza la estabilidad, firmeza y certeza de las
decisiones de la jurisdicción, y comoquiera que en el sub lite resultan
inmodificables, no es procedente, promover un nuevo proceso con
desconocimiento de aquel mandato superior (seguridad jurídica).
Por consiguiente, respecto de las pretensiones de la demanda del proceso de
la referencia se cumplen los requisitos para la configuración de la figura
jurídico-procesal de la cosa juzgada, al existir identidad de objeto, identidad
causa e identidad de partes, lo cual, de ninguna manera quebranta derecho
fundamental alguno del actor, sino que, por el contrario, garantiza el acceso a
la administración de justicia dentro de los parámetros de justicia, igualdad y
seguridad jurídica.
2.6 Condena en costas.
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, tener certeza de su causación y que la
conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple
hecho de las resultas del proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandante fue vencida en
el proceso, no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación,
no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de
sus intereses, de modo que no se condenará en cosas en esta instancia.
21
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Demandante: UGPP
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III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal
Administrativo del Magdalena, que declaró probada de oficio la excepción de
cosa juzgada.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de noviembre de 2023, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró probada la
excepción de cosa juzgada en el proceso promovido por la UGPP contra
Nancy Patricia Pacheco Reales, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ATENERSE a lo aquí decidido y ordenarle a la secretaría de la
Sección Segunda que finalice el radicado interno (4128-2022) conforme a lo
indicado en precedencia.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
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JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente en comisión
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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