Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2021-00335-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2021-00335-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2021-00335-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Diecinueve (19) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 47001-23-33-000-2021-00335-01 (2778-2025)1
Demandante : Ana Cristina Rodríguez Pinzón
Demandado : Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)2
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Relaciones laborales encubiertas
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de Nueve (9) de Abril de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda3
1.1.1 Pretensiones
1. La señora Ana Cristina Rodríguez Pinzón, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del Oficio núm.
20211240000000754 de 25 de enero de 2021, proferido por el ICBF, mediante el cual se
negó el reconocimiento de existencia de una relación de trabajo y el pago de los
correspondientes emolumentos.
1
Expediente digital.
2
En adelante ICBF.
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Samai del tribunal de origen, archivo: 066Incorpora exped_08Demandapdf.
Número Interno: 2778-2025
Demandante: Ana Cristina Rodríguez Pinzón
Demandado: ICBF
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que entre las partes
existió una relación laboral entre el 20 de marzo de 2007 y el 30 de enero de 2017, y se
condene al demandado al pago de prestaciones sociales y diferencias salariales respecto
de los instructores de planta, indemnización moratoria por la falta de pago de las
cesantías, y devolución de lo sufragado por concepto de retención en la fuente, y aportes
a seguridad social.
1.1.2 Hechos y omisiones
3. La señora Ana Cristina Rodríguez Pinzón prestó servicios al ICBF «[…] como Trabajadora
Social, profesional universitario, con código 2044, grado 11, en el período comprendido entre el 20 de
marzo de 2007 hasta el 12 de febrero de 2014», y «[…] como Trabajadora Social, Profesional universitario
especializado, con código 2028, grado 13; en el período del 13 de febrero de 2014, hasta el 30 de enero
de 2017», no obstante, fue vinculada a través de contratos de prestación de servicios.
4. Dice que los contratos celebrados fueron sucesivos, habituales y sin interrupción, y las
funciones confiadas estaban encaminadas al desarrollo directo de la misión de la entidad,
cumplía el horario impuesto por la institución y no contaba con autonomía en el desarrollo
de sus funciones.
5. Expone que, presentó reclamación administrativa para el reconocimiento de la
existencia de la relación laboral y el pago de las acreencias laborales adeudadas el 14
de agosto de 2019, que fue negada a través de Oficio 201912400000093191 de 4 de
septiembre de 2019.
6. Interpuso recurso de apelación contra dicha negativa, resuelto con Oficio
201912400000093191 de 29 de noviembre de 2019.
7. Adujo que «[…] realizó el agotamiento de la actuación administrativa el 13 de enero de 2021» ,
petición negada mediante Oficio 20211240000000754 de 21 de enero de 2021, contra la
cual, a su vez, fue interpuesto recurso de apelación, declarado improcedente con Oficio
202112400000025601 de 1° de marzo de 2021.
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Demandante: Ana Cristina Rodríguez Pinzón
Demandado: ICBF
8. Informó que, el 5 de abril de 2021, presentó solicitud de conciliación extrajudicial, por
lo que fue celebrada la respectiva audiencia el 14 de julio siguiente, en la cual fue
declarada fallida dicha diligencia.
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación
9. Refiere que se desconocieron las siguientes disposiciones:
• Constitución Política: artículos 6, 53, y 122.
• Legales: Leyes 80 de 1993 y 489 de 1998.
10. Sostuvo que celebró múltiples contratos de prestación de servicios con el ICBF,
durante periodos prolongados e ininterrumpidos, con la finalidad de desarrollar
actividades propias de su objeto social y en idénticas condiciones a sus empleados de
planta, pese a que existe expresa prohibición sobre la materia.
11. Argumentó que las labores prestadas fueron subordinadas, pues cumplió sus
funciones en las instalaciones y con insumos y elementos suministrados por el ICBF,
cumplió la jornada laboral impuesta por la entidad, atendió órdenes y directrices para el
desarrollo de las funciones encomendadas, asistió a reuniones convocadas por el
empleador y rindió informes sobre sus actividades.
1.2 Contestación de la demanda4
12. El ICBF se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que la relación con
la demandante se derivó de contratos de prestación de servicios profesionales, y no se
configuró una relación de carácter laboral como este lo pretende.
13. Afirmó que «[…] el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar efectivamente suscribió contratos de
prestación de servicios con la señora ANA CRISTRINA RODRÍGUEZ PINZÓN durante las vigencias 2007
a 2008 y 2013 a 2017, no obstante, entre el 2009 y 2013 la convocante no contrat[ó] con el ICBF sino con
“LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES”».
14. Dijo que «[…] para el caso en concreto la Señora ANA CRISTINA RODRÍGUEZ PINZÓN, suscribió
contratos de prestación de servicios como una de las modalidades del contrato estatal, el cual tiene, entre
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Samai del tribunal de origen, archivo: 17_MEMORIALALDESPACHO_1CONTESTACIONDEMAN.
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Demandante: Ana Cristina Rodríguez Pinzón
Demandado: ICBF
otras características, que el contratista lo ejecuta con plena autonomía técnica y administrativa, tal cual fue
pactado en cada uno de los contratos suscritos, se estipula el valor, forma de pago, plazo, causales de
terminación y las condiciones generales y particulares en que se cumplirá el mismo».
15. Señaló que, «[…] para la entidad estatal puede resultar necesario contratar a una persona natural,
especializada o profesional en un área determinada para resolver o atender una situación específica debido
al conocimiento y la experiencia que busca en el contratista, tal cual acontece en el presente asunto con la
señora ANA CRISTINA RODRIGUEZ PINZON, pues de los estudios de conveniencia y oportunidad y
estudios previos (según la época de celebración de los contratos), y las certificaciones de no existencia de
personal de planta que pueda cumplir con el objeto a contratar, se evidencia la necesidad para contratar
sus servicios personales, por su especial conocimiento, sin par en el ICBF, es decir con quien comparar
las actividades contratadas».
16. Advirtió que los elementos necesarios para la configuración de la relación laboral
subordinada «[…] no se encuentran ausentes en la contratación efectuada entre el ICBF y su hoy
demandante ANA CRISTINA RODRIGUEZ PINZON, pues existía una necesidad previa no existente en la
planta de personal de la Regional Magdalena y sus Centros Zonales, debido a los conocimientos
específicos de la contratista, quien debería cumplirlos autónoma e independientemente, como ocurrió, a
más de que los objetos suscritos no siempre fueron los mismos».
17. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: «[…] INEXISTENCIA DE RELACIÓN
LABORAL, LEGAL O REGLAMENTARIA ENTRE LAS PARTES», «[…] INEXISTENCIA DE LOS
ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO», «[…] COBRO DE LO NO DEBIDO», «[…]
PRESCRIPCIÓN», «[…] CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL» y «[…] FALTA DE INTEGRACIÓN
DEL LITIS CONSORCIO NECESARIO».
1.3 La sentencia de primera instancia5
18. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia de 9 de abril de 2025,
resolvió lo siguiente:
PRIMERO: Declarar configurada la excepción de CADUCIDAD del medio de control de la
referencia frente a aquellas prestaciones sociales sujetas al fenómeno de prescripción trienal
y demás pretensiones distintas a lo relativo a porcentaje de aportes a salud y pensión, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Declarar la nulidad de los actos administrativos identificados así: Radicado
No.20211240000000754 del 25 de enero de 2021 y Radicado No. 202112400000025601 del
1 de mayo de 2021, proferidos por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
(ICBF) y suscritos por la directora de contratación, señora Helen Ortiz Carvajal, de acuerdo
con lo expuesto arriba y por haberse demostrado que entre el ICBF y la actora se dio una
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Samai del tribunal de origen, índice 77.
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Demandante: Ana Cristina Rodríguez Pinzón
Demandado: ICBF
relación laboral encubierta mientras estuvo vinculada mediante contratos de prestación de
servicios.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho se CONDENA al INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) a reconocer y pagar en favor de la actora,
el equivalente a los porcentajes de cotización correspondientes al empleador a pensión que
debió trasladar la parte demandante a los fondos correspondientes para el periodo
comprendido entre el 20 de marzo de 2007 y el 31 de enero de 2017 (solo en los días y meses
que efectivamente que existió dicha vinculación contractual). Se precisa que, no podrá ser
por la totalidad de dichos montos, sino la cuota parte pensional que le correspondía a la
entidad demandada trasladar al respectivo fondo de pensiones, en consideración a que en
dicho tiempo la actora tenía la obligación de efectuar los aportes en su totalidad como
contratista, según los previsto en los artículos 15 y 157 de la Ley 100 de 1993.
De tal manera que, la entidad demandada debe girar al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones lo que dejó de realizar durante el periodo de contratación irregular, luego de hacer
la liquidación de lo efectivamente cotizado y lo que se debió aportar, a fin de recomponer el
ingreso base de liquidación (IBL).
Para lo anterior, tendrá como salario base los honorarios pactados en cada contrato con la
actora, tanto con ICBF como con la OIM.
CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Sin condena en costas a la parte vencida. (Sic para toda la cita)
19. Como sustento de su decisión, luego de revisar las pruebas aportadas por las partes,
adujo que, «[…] con las pruebas aportadas y practicadas, sin dejar por fuera la naturaleza de las
actividades de tipo misional que desarrolló la demandante en dicho interregno contractual, permiten afirmar
con suficiencia que si se obraba bajo subordinación. Adicionalmente la actividad encomendada era de las
propias del giro ordinario de la institución, para lo cual se debía acudir al nombramiento en la planta de
personal, no a la figura de la prestación de servicios».
20. No obstante, encontró que, «[…] la parte actora acepta que recibió respuesta a su reclamación
inicial en el año 2019, concluyendo el procedimiento administrativo en debida forma, y posteriormente, de
manera consciente, radica una segunda petición en los mismos términos y con las mismas finalidades,
explicando en su libelo que a su juicio la prescripción de derechos laborales se había interrumpido por una
vez, reiniciándose el conteo de 3 años nuevamente».
21. Por consiguiente, estimó configurado el fenómeno de la caducidad de la acción «[...]
frente a las prestaciones diferentes a los aportes a seguridad social en salud y pensión y a los perjuicios
morales», y solo dispuso «[…] que el ICBF asuma las diferencias en las cotizaciones en salud y pensión
y realice los correspondientes aportes al sistema en favor de la demandante, correspondientes a los
tiempos en que estuvo vinculada con esta y con la OIM pero a servicio del ICBF, atendiendo que conforme
la jurisprudencia del Consejo de Estado, al ser la beneficiaria de la labor acarrea las obligaciones al
demostrarse la relación laboral».
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Demandante: Ana Cristina Rodríguez Pinzón
Demandado: ICBF
1.4 El recurso de apelación6
22. Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte actora interpuso recurso de
apelación, ya que, «[…] al declarar la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, por no haber demandado el acto administrativo que dio respuesta al reclamo que se realizó para
interrumpir la prescripción, desconoce el precedente de unificación del Consejo del Estado respecto al inicio
del conteo del término de la prescripción de los derechos y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, que
otorgan el derecho a interrumpir la prescripción mediante un simple reclamo escrito a la entidad».
23. Señaló que, la demandante «[…] presentó una primera reclamación escrita al ICBF el 14 de
agosto de 2019. Posteriormente, presentó una reclamación administrativa el 13 de enero de 2021, esta
última con el carácter de reclamación definitiva para cumplir con el requisito de procedibilidad antes de
acudir al medio de control», y aduce que «[l]a respuesta del 29 de noviembre de 2019 no podía
considerarse el acto demandable en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues se trataba de la decisión sobre una reclamación interpuesta que tuvo como consecuencia
jurídica la interrupción de la prescripción, y no del acto definitivo que resolviera de fondo la controversia
sobre sus derechos».
24. Finalmente, indicó que «[…] la accionante prestó sus servicios al ICBF de manera continua desde
el 3 de marzo de 2010 hasta la terminación definitiva del vínculo, sin que entre un contrato y otro
transcurrieran más de 30 días hábiles», razón por la cual, «[a]l haberse acreditado una relación de
trabajo sin solución de continuidad desde el 3 de marzo de 2010, y habiéndose interrumpido la prescripción
mediante reclamación, resulta improcedente restringir el reconocimiento de derechos únicamente a los
periodos formalmente contratados».
1.5 Trámite de segunda instancia
25. Con auto de 14 de noviembre de 20257, el consejero ponente admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y,
al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho
para fallo.
26. El Representante del Ministerio Público presentó concepto, en el cual sostuvo que,
de acuerdo con la sentencia de unificación de la Sección Segunda de esta Corporación,
del 25 de agosto de 2016, «[…] para el reconocimiento de un contrato realidad no es procedente
declarar la caducidad», dado que, «[…] si bien no opera la caducidad, la prescripción s[í]».
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Samai del tribunal de origen, índice 81.
7
Samai, índice 4.
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Demandante: Ana Cristina Rodríguez Pinzón
Demandado: ICBF
27. En su concepto, «[…] se debe revocar el numeral PRIMERO del fallo demandado por cuanto como
ya se señaló no operó la caducidad, y se debe modificar el numeral TERCERO indicando que el periodo
en el que se configuró una relación laboral encubierta fue el comprendido entre el 3 de marzo de 2010 y el
31 de enero de 2017 y se debe ordenar el pago de las prestaciones sociales y aportes a pensión conforme
se señaló en la parte resolutiva del mismo fallo».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
28. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.
2.2. Problema jurídico
29. De acuerdo con el recurso de apelación formulado por la parte demandante, se tiene
que, en esta oportunidad, no se encuentra en discusión la ocurrencia de una relación
laboral subordinada entre la accionante y el ICBF, entre el 20 de marzo de 2007 y el 31
de enero de 2017, pues el alcance de la apelación se contrae a establecer la ocurrencia
del instituto jurídico procesal de la caducidad de la acción sobre todos aquellos derechos
laborales distintos a los aportes al sistema de pensiones, y, de ser necesario, proveer
sobre los pagos requeridos por la parte actora.
2.3. Términos de oportunidad para ejercitar el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. – Prestaciones periódicas. – Relaciones laborales
encubiertas.
30. Para resolver la alzada, corresponde a la Sala determinar cuál es la regla de
caducidad aplicable al sub lite, esto es, si conforme a lo pretendido, la oportunidad para
presentar la demanda es la de 4 meses, contenida en el literal d) del numeral 2 del artículo
164 del CPACA, o aquella puede ser presentada en cualquier tiempo, conforme al literal
c) del numeral 1 del mismo artículo.
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Demandante: Ana Cristina Rodríguez Pinzón
Demandado: ICBF
31. Enunciado lo anterior, conviene recordar que los términos para presentar
oportunamente las demandas ante el Contencioso Administrativo, han sido consagrados
en el artículo 164 del CPACA, norma que, en relación al ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, prevé las siguientes reglas:
i. Como regla general, cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho,
la demanda debe ser presentada dentro del término de cuatro (4) meses contados
a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación
del acto administrativo, según corresponda, so pena del suceso de la caducidad de
la acción [literal d), numeral 2 art. 164 CPACA].
ii. A manera de excepción, cuando la demanda sea promovida contra actos que
reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas [literal c), numeral
1 ibídem], o contra actos producto del silencio administrativo [literal d), numeral 1
ibídem], puede presentarse en cualquier tiempo.
32. Siendo así, la Sala colige que la configuración del fenómeno jurídico procesal de la
caducidad, en asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho, solo es predicable
respecto de las demandas adelantadas contra actos administrativos expedidos de
manera cierta y material por la administración, que no versen sobre el reconocimiento y
pago de prestaciones periódicas, razón por la cual, dicho concepto, es un aspecto de
mayor importancia para determinar la regla de oportunidad de presentación de la
demanda, aplicable a cada controversia.
33. Sobre el particular, los pronunciamientos8 de la Sección Segunda del Consejo de
Estado han sido pacíficos en el sentido de señalar que, por prestación periódica debe
entenderse todo emolumento que una persona percibe de manera habitual, siempre y
cuando la retribución se encuentre vigente, veamos:
La Sección Segunda ha indicado los parámetros para identificar las prestaciones periódicas
de la siguiente manera:
La posibilidad de demandar en cualquier tiempo, apunta a los actos que tienen el carácter
de prestación periódica, es decir, aquellos actos que reconocen emolumentos que
habitualmente percibe el beneficiario.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Auto de 3 de noviembre de 2016,
Expediente núm. 25000-23-42-000-2013-06802-01(1021-14), C.P. Dr. César Palomino Cortés.
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Demandado: ICBF
En ese sentido, los actos que reconocen prestaciones periódicas, comprende no sólo
decisiones que reconocen prestaciones sociales, sino también envuelve los actos que
reconocen prestaciones salariales que periódicamente se sufragan al beneficiario,
siempre y cuando la periodicidad en la retribución se encuentre vigente.
34. Debe decirse que, pese a lo invariable que ha permanecido la posición de la Sección
Segunda del Consejo de Estado desde el año 2007, el asunto de «vigencia» de la
retribución, ha sido en ocasiones indebidamente relacionado con el reconocimiento
anterior del derecho o la actualidad del pago del derecho pretendido9.
35. No obstante, la Subsección considera que tal interpretación no puede tenerse como
válida, pues no tendría sentido que mientras el artículo 164 del CPACA establece que
pueden demandarse en cualquier tiempo aquellos actos administrativos que «[…]
reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas», los operadores judiciales no
apliquen esa regla de oportunidad en aquellas situaciones donde la administración haya
negado el reconocimiento y pago de emolumentos cuya causación en derecho es habitual
y periódico, como salarios, primas o prestaciones sociales, so pretexto de que el
interesado nunca ha percibido el estipendio pretendido y, por ello, no se encuentra
vigente.
36. Por consiguiente, es menester aclarar que la cuestión de «vigencia» del concepto
reclamado no hace referencia a la situación material del demandante de haber recibido o
no algún pago por concepto del derecho requerido, pues, bajo esa hipótesis, ninguna
persona a la que la administración le haya negado el reconocimiento y pago de un
derecho que conforme a la ley es habitual y periódico, sea vitalicio o temporal, se
beneficiaría de la regla de oportunidad en comento.
37. Por el contrario, la «vigencia» del derecho que se persiga, hace referencia a la
hipotética situación de actualidad de la causación del mismo al momento de la
presentación de la demanda, esto es, que la demanda sea presentada cuando la
supuesta causación del derecho no se hubiere interrumpido, en consideración a las
condiciones conforme a las cuales nace, permanece o se extingue jurídicamente.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 3 de abril de 2014, Expediente núm.
11001031500020140023700, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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38. Por lo tanto, la Sala observa que siempre que a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho se persiga el reconocimiento y pago, sea total o parcial,
de cualquier emolumento que conforme a derecho una persona eventualmente deba
percibir de manera habitual por razón de una situación jurídica que no se ha extinguido,
es decir, que su contingente causación no ha cesado, la demanda podrá presentarse en
cualquier tiempo. En contrario, las controversias en las cuales se persiga el
reconocimiento y pago de emolumentos que pese a haber sido periódicos, perdieron su
habitualidad y vigencia por sustracción de los hechos en que hipotéticamente se
originaron, se encuentran sujetas al termino de caducidad de cuatro (4) meses.
39. Finalmente, en casos como el presente, donde se pretende la declaración de
existencia de una relación de trabajo presuntamente encubierta, la periodicidad de los
emolumentos propios de la relación laboral está dada por la continuidad de aquella
relación, sin perjuicio del carácter imprescriptible de los aportes al sistema de pensiones.
40. Sobre el particular, es necesario recordar que, en sentencia de unificación CE-SUJ-
2 de 25 de agosto de 201610, esta Corporación sentó las siguientes reglas:
A guisa de corolario de lo que se deja consignado, respecto de las controversias relacionas
con el contrato realidad, en particular en lo que concierne a la prescripción, han de tenerse
en cuenta las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia,
el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados
a partir de la terminación de su vínculo contractual.
ii) Sin· embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en
atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos
constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos· laborales y los
principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad.
iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por
concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio
propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal (que se
busca garantizar), sino en relación ·con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad
social en pensiones, que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto
pensional.
iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de
seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y
prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de
control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA).
v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito
previo para demandar a través del medio de control de· nulidad y restablecimiento del
derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad)
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-
005-16 de 25 de agosto de 2016; expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01[0088-15]; C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandado: ICBF
derechos laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una
pensión), que· a su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.
vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia, una vez
abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho de que esté
concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es imprescriptible, aquella no tiene la
virtualidad de enervar la acción ni la pretensión principal (la nulidad del acto administrativo
que negó la existencia del vínculo laboral).
vii) El juez contencioso administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya deprecado de
manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, una
vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el demandante y la agencia estatal
accionada, sin que ello implique la adopción de una decisión extra petita, sino una
consecuencia indispensable para lograr la efectividad de los derechos del trabajador. (Resalta
la Sala)
41. En consecuencia, es dable concluir que el ejercicio de controversias en las cuales se
persigue la declaración de una relación laboral encubierta a través de contratos de
prestación de servicio, respecto del fenómeno jurídico procesal de caducidad de la
acción, se encuentra atada a las siguientes subreglas de aplicación normativa:
a. No es aplicable el término de caducidad, siempre que, al momento de la
presentación de la demanda el vínculo contractual se encuentre vigente o en
ejecución.
b. En aquellos casos en los cuales hubiere fenecido el plazo de ejecución del
contrato de prestación de servicios, la demanda se encuentra sujeta al término de
caducidad de 4 meses previsto en el artículo 164 del CPACA. No obstante, en
consideración a la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de pensiones, dicha
excepción deberá ser resuelta en sentencia y, solo afectará a los demás
emolumentos laborales o restablecimientos del derecho pretendidos, nunca, a los
mencionados aportes.
c. En consideración a lo imprescriptibles de los aportes a pensión, es posible, a
partir de una petición reiterativa, provocar la emisión de un acto administrativo
pasible de control judicial, aunque única y exclusivamente para perseguir las
cotizaciones mencionadas.
2.5 Caso concreto
42. En el presente caso, la parte demandante afirmó en la demanda que presentó
reclamación administrativa para el reconocimiento de la existencia de la relación laboral
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y el pago de las acreencias laborales adeudadas el 14 de agosto de 2019, que fue negada
a través de Oficio 201912400000093191 de 4 de septiembre de 2019. Y también indicó
que interpuso recurso de apelación contra dicha negativa, resuelto con Oficio
201912400000093191 de 29 de noviembre de 2019.
43. Adujo que, «[…] realizó el agotamiento de la actuación administrativa el 13 de enero de 2021» ,
petición negada mediante Oficio 20211240000000754 de 21 de enero de 2021, contra la
cual, a su vez, fue interpuesto recurso de apelación, declarado improcedente con Oficio
202112400000025601 de 1° de marzo de 2021.
44. Informó que, el 5 de abril de 2021, presentó solicitud de conciliación extrajudicial, por
lo que fue celebrada la respectiva audiencia el 14 de julio siguiente, en la cual fue
declarada fallida dicha diligencia.
45. En la demanda, efectuó el siguiente análisis de prescripción:
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Número Interno: 2778-2025
Demandante: Ana Cristina Rodríguez Pinzón
Demandado: ICBF
46. Seguidamente, sobre la caducidad, indicó:
47. En el presente caso, según el propio dicho de la demanda, se tiene que: (i) la última
relación contractual terminó el 30 de enero de 2017; (ii) requirió el reconocimiento de una
relación laboral encubierta y el pago de las correspondientes acreencias laborales el 14
de agosto de 2019, petición resuelta con Oficios 201912400000093191 de 4 de
septiembre de 2019 y 201912400000093191 de 29 de noviembre de 2019; (iii) con
posterioridad, esto es, el 13 de enero de 2021, presentó una solicitud en la que reiteró su
petición del reconocimiento de una relación laboral en cubierta y el pago de las
correspondientes acreencias laborales; (iv) esta última petición fue resuelta con Oficio
núm. 20211240000000754 de 25 de enero de 2021, único acto administrativo que fue
demandado en esta oportunidad.
48. Revisado lo anterior, para la Sala es claro que, el acto administrativo que debió ser
demandado por la accionante, en principio, era el conformado por los Oficios
201912400000093191 de 4 de septiembre de 2019 y 201912400000093191 de 29 de
noviembre de 2019, actos administrativos que se pronunciaron sobre la solicitud de
reconocimiento de la relación laboral encubierta y el pago de los respectivos
emolumentos, en virtud de la cual, interrumpió, el término de prescripción.
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Demandante: Ana Cristina Rodríguez Pinzón
Demandado: ICBF
49. Ahora bien, se observa que al expediente no fueron allegados dichos actos
administrativos, ni obra constancia acerca de su notificación; sin embargo, la parte
demandante acepta que los conoce y, estima, tuvieron efectos de interrumpir la
prescripción desde el 29 de noviembre de 2019, fecha del oficio que resolvió su recurso
de apelación.
50. Por tanto, como en esa fecha la relación contractual ya había fenecido, no podía la
actora provocar la expedición de un nuevo acto pasible de control judicial en virtud del
cual, pudiera enervar el efecto de la caducidad de la acción que había operado respecto
de los Oficios 201912400000093191 de 4 de septiembre de 2019 y
201912400000093191 de 29 de noviembre de 2019, en lo concerniente a los derechos
laborales distintos a los aportes pensionales.
51. Con todo, sí contaba con la posibilidad de provocar dicho pronunciamiento para que,
a merced del nuevo acto administrativo, se estudiara la existencia de la relación laboral
presuntamente encubierta y se dispusiera el pago de los aportes al sistema general de
pensiones, habida cuenta de lo imprescriptible del derecho a la pensión allí concernido.
52. En consecuencia, para la Sala es claro que el Tribunal erró, al declarar la caducidad
de la acción en el presente caso, pues los Oficios 201912400000093191 de 4 de
septiembre de 2019 y 201912400000093191 de 29 de noviembre de 2019 no fueron
demandados y, dicho instituto procesal, en estricto sentido, nunca cobró sus efectos
respecto del Oficio núm. 20211240000000754 de 25 de enero de 2021.
53. Distinto es que, este último no comporte un acto administrativo pasible de control
judicial en virtud del cual, pueda esta Jurisdicción ordenar el pago de haberes laborales
distintos a los aportes al sistema de pensiones, pues, para conseguir tal cometido,
debieron ser demandados los actos emitidos por el ICBF en 2019, dentro de los
correspondientes términos de caducidad de la acción.
54. En esa medida, aunque en la práctica, los efectos del fallo de primera instancia
resultan ajustados a derecho, en cuanto declara la nulidad de los Oficios
«No.20211240000000754 del 25 de enero de 2021 y Radicado No. 202112400000025601 del 1 de mayo
de 2021» y reconoce el pago de aportes a pensión durante la ocurrencia de la relación
laboral, no acertó a la hora de declarar configurada la excepción de CADUCIDAD del
medio de control de la referencia frente a aquellas prestaciones sociales sujetas al
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Demandante: Ana Cristina Rodríguez Pinzón
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fenómeno de prescripción trienal, habida cuenta que, en estricto sentido, se encuentra
configurara la excepción de ineptitud parcial de la demanda, respecto de estos
emolumentos.
55. No obstante, dado el efecto de la parte resolutiva, esta Corporación confirmará la
sentencia apelada, pero por las razones expuestas con antelación.
2.6 Sobre la condena en costas
56. No habrá lugar a condena en costas por no reunirse los presupuestos exigidos en el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 365 del Código
General del Proceso.
57. Lo anterior, pese a los argumentos expuestos por la parte accionante en el recurso
de apelación, dado que, en todo caso, no obra prueba alguna de la causación de las
costas del proceso, lo que torna imposible efectuar la correspondiente valoración.
III. DECISIÓN
58. Visto lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia del Tribunal
Administrativo de Antioquia y, en su lugar, accederá a las pretensiones de la demanda.
59. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR, la sentencia de Nueve (9) de Abril de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la parte motiva de
este fallo.
SEGUNDO. Sin condena en costas, en ambas instancias.
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Demandante: Ana Cristina Rodríguez Pinzón
Demandado: ICBF
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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