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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2021-00423-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2021-00423-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del Magdalena. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2021-00423-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Proceso Ejecutivo
Radicación: 47001-23-33-000-2021-00423-01 (3139-2024)
Demandante: Sonia de Jesús Sánchez Olarte
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.
Tema: Resuelve apelación contra sentencia que declaró no
probadas las excepciones y ordenó seguir adelante con la
ejecución.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia. La UGPP no
demostró el pago de la obligación.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y
demandada contra la sentencia del 7 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, mediante la cual se declaró no probadas las excepciones
propuestas por la ejecutada y se ordenó seguir adelante con la ejecución por un valor de
$100.944.088,03 el cual incluye capital e intereses de mora.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. Se presentó demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) con el propósito
de obtener el cumplimiento de las sentencias del 28 de junio de 2017 y del 31 de julio de
2020, proferidas por el Tribunal Administrativo del Magdalena y por el Consejo de Estado
respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 47001-23-33-000-2016-00304-01.

2. Como pretensiones solicitó el pago de $415.683.151 por concepto de mesadas no
pagadas, devolución de aportes a salud e indexación de dichas mesadas hasta el
cumplimiento efectivo de la sentencia.

3. Manifestó que solicitó el cumplimiento de las sentencias, no obstante, la UGPP guardó
silencio.

Radicación: 47001-23-33-000-2021-00423-01 (3139-2024)
Ejecutante: Sonia de Jesús Sánchez Olarte

Trámite en primera instancia

4. Mediante auto del 12 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo del Magdalena
libró mandamiento de pago a favor de la señora Sonia de Jesús Sánchez Olarte y contra
la UGPP, por la suma de $370.128.666,48, por concepto de capital adeudado y de
intereses moratorios causados desde el momento en que quedó ejecutoriada la
providencia que constituye el título ejecutivo y ordenó a la entidad cancelar dichas sumas
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación.

Contestación de la demanda

5. La UGPP se opuso a las pretensiones y solicitó revocar el mandamiento de pago.
Sostuvo que ya había cumplido la sentencia que sirvió de título ejecutivo, mediante la
expedición del acto administrativo de reliquidación, su incorporación en nómina y el pago
de las diferencias de mesadas. Por ello, afirmó que la obligación no era exigible, alegó
carencia de objeto y propuso la excepción de pago, con el argumento de que no subsiste
saldo a cargo de la entidad.

6. Cuestionó la exigibilidad del cobro de intereses moratorios y la procedencia misma de
la ejecución en los términos propuestos por la parte actora. Sostuvo que no proceden los
intereses del artículo 192 del CPACA, ya que la entidad no fue vencida en el litigio al
tratarse de una acción de lesividad que ajustó la prestación a derecho, y que la indexación
de la primera mesada se realizó en sede administrativa. De manera subsidiaria, alegó
que no existe un título con obligación clara, expresa y exigible, con apoyo en el artículo
422 del CGP, al estimar que el debate sobre factores y soportes impide predicar
exigibilidad en los montos reclamados.

7. Se opuso al pago de costas y agencias en derecho y formuló defensas adicionales.
Señaló que, conforme al artículo 188 del CPACA en armonía con los artículos 365 y 366
del CGP, no habría lugar a condena en costas si no existe suma debida y si su actuación
estuvo amparada por la presunción de buena fe. Además, propuso la excepción de
compensación para imputar los valores que, según afirmó, ya recibió la demandante;
solicitó el reconocimiento oficioso de las excepciones que el despacho encuentre
probadas y anunció la posibilidad de ampliarlas en la primera audiencia. Finalmente, pidió
tener como pruebas las ya aportadas, así como el expediente administrativo y los
soportes de cumplimiento y pagos.

II. SENTENCIA APELADA

8. El Tribunal Administrativo del Magdalena, señaló que, tratándose de la ejecución de
obligaciones contenidas en una providencia judicial, las excepciones se contraían a las
previstas en el artículo 442 del CGP, entre las que se encuentran las excepciones de
pago y compensación, siempre que se funden en hechos posteriores a la formación del
título.

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Radicación: 47001-23-33-000-2021-00423-01 (3139-2024)
Ejecutante: Sonia de Jesús Sánchez Olarte

9. Para establecer el estado del crédito, el Tribunal practicó una liquidación con corte al
19 de julio de 2023 y aplicó la imputación de pagos prevista en el artículo 1655 del Código
Civil. Explicó que los abonos efectuados por la ejecutada se imputaron inicialmente al
pago de la deuda de capital (mesadas), y que los intereses moratorios se generaban
desde la ejecutoria del título debido a que el pago realizado resultó imperfecto.

10. Con fundamento en esa metodología, concluyó que los abonos efectuados por la
UGPP (en cumplimiento de la Resolución RDP 002512 de 2021) no satisfacían la
totalidad de la obligación. En consecuencia, la excepción de pago carecía de vocación
de prosperidad y, por la misma razón, tampoco podía prosperar la excepción de
compensación.

11. Finalmente, ordenó seguir adelante con la ejecución por la suma total de
$100.944.088,03, discriminada así: $67.016.580,86 de capital y $33.927.507,17 por
concepto de intereses.

III. RECURSOS DE APELACIÓN

12. Ambas partes interpusieron recurso de apelación. La parte demandante cuestionó la
liquidación del crédito realizada por el a quo, por considerarla inferior al valor que
realmente se le está adeudando. Para sustentar su reparo anexó una liquidación de
intereses moratorios y del saldo acumulado del crédito, con cortes y periodos mensuales
como soportes del valor mayor pretendido.

14. Señaló como total adeudado $624.712.874,11 que está compuesto por los siguientes
rubros: $193.117.332,29 correspondiente al total de diferencias de mesadas sin indexar,
$9.245.216,26 de indexación de diferencias, $109.426.900,00 por concepto de total valor
sin indexar, $42.079.012,19 por indexación salud, $270.844.413,37 por concepto de
intereses DTF y moratorios

15. La parte demandada, insistió en que no debía continuarse con la ejecución en
atención a que la obligación ya se encontraba completamente satisfecha con la
expedición de la Resolución RDP 002512 del 4 de febrero de 2021 y reiteró los
argumentos planteados en la contestación de la demanda.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

16. Mediante auto proferido el 29 de agosto de 2024, se admitieron los recursos de
apelación.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

17. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos

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Radicación: 47001-23-33-000-2021-00423-01 (3139-2024)
Ejecutante: Sonia de Jesús Sánchez Olarte

615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.

Problema jurídico

18. Corresponde a la Sala determinar si, el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió
en los yerros alegados por la parte ejecutante al ordenar seguir adelante la ejecución por
$100.944.088,03 (corte al 19 de julio de 2023), pese a que aquella sostuvo que el saldo
insoluto era superior conforme a la liquidación aportada con el recurso; en tal evento,
procedería modificar la cuantía del crédito.

19. De manera adicional, deberá establecerse si el a quo se equivocó al declarar no
probadas las excepciones de pago y compensación y ordenar seguir adelante la
ejecución, pese a que la entidad afirmó haber extinguido totalmente la obligación con la
expedición de la Resolución RDP 002512 del 4 de febrero de 2021.

Análisis del problema jurídico

20. En el presente asunto, la Sala confirmará la decisión apelada, por cuanto el recurso
de apelación de la parte ejecutante no evidencia un yerro relevante y determinante que
imponga variar la cuantía establecida por el a quo, esto es, $100.944.088,03, con corte
al 19 de julio de 2023. De igual modo, la UGPP no acreditó la extinción total de la
obligación derivada de la sentencia que sirve de título ejecutivo, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, mediante la cual se ordenó la reliquidación de la pensión
de la demandante, la cual fue confirmada por esta Corporación.

21. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye un
mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la obligación
se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con una rigurosa
carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los requisitos legales.
Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido: cuando el título y el
mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no basta acreditar
indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin liquidar ni pagar (arts.
1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP, la parte ejecutada soporta
la carga de la prueba de ese pago extintivo.1

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-

23-42-000-2021-00111-01 (2853-2024)

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Ejecutante: Sonia de Jesús Sánchez Olarte

22. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el deudor ejecutado no
acredita cumplidamente el pago, la obligación permanece exigible y el proceso ejecutivo
prosigue. No bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos administrativos
que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de la entrega efectiva de
los recursos al acreedor, por ejemplo: comprobantes de consignación o transferencia,
certificaciones bancarias u órdenes de pago ejecutadas.

23. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo dispuesto
en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto liberatorio
debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga íntegramente lo
debido conforme al título, como los siguientes. Pago total entendido como la prestación
de lo que se debe según lo dispuesto en el artículo 1626 del código civil. Esto implica que
la obligación se extingue únicamente cuando se cumple en su totalidad. El deudor no
puede obligar al acreedor a recibir pagos parciales, salvo que exista una convención en
contrario o que la ley lo disponga en casos especiales.

24. Para que el pago extinga la obligación debe abarcar no solo el capital, sino también
los intereses moratorios y, cuando corresponda, las indemnizaciones derivadas del
retardo (artículo 1649 del Código Civil). La jurisprudencia ha reiterado que el pago
efectivo, entendido como satisfacción íntegra de lo debido, solo produce efecto liberatorio
si comprende ambos componentes; de lo contrario, la obligación no se tiene por
totalmente satisfecha y la ejecución continúa por el saldo pendiente.2

25. La parte ejecutante pretende que se modifique la sentencia apelada, por considerar
que el saldo insoluto es superior al reconocido por el a quo y aporta una liquidación propia
que consolida rubros por diferencias de mesadas, salud, indexación e intereses, con un
total significativamente mayor.

26. Para que la Sala altere la cuantía limitada en la sentencia ejecutiva, no basta la sola
presentación de una liquidación alternativa: es indispensable que el recurrente identifique
y demuestre el error concreto de la liquidación adoptada por la primera instancia, esto es,
que precise qué operación, rubro, periodo o parámetro (incluido el tratamiento de pagos
o el componente de intereses) resulta equivocado y cuál es su incidencia directa en el
monto final por el cual se ordena seguir adelante la ejecución.

27. En el recurso de la ejecutante, la Sala no advierte un cuestionamiento puntual y
verificable de la liquidación que sirvió de soporte a la sentencia del 7 de febrero de 2024
(capital e intereses con corte al 19 de julio de 2023). Por el contrario, el planteamiento se
estructura como una discrepancia en la liquidación, sin demostrar (en términos de
contradicción) por qué la cifra establecida por la primera instancia resulta errada a partir
de las mismas variables empleadas por el a quo (corte, imputación, rubros reconocidos
en la sentencia y pagos tenidos en cuenta).

2 Ver Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de agosto de 2023. Exp. 25000-

23-36-000-2019-00141-02.

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Radicación: 47001-23-33-000-2021-00423-01 (3139-2024)
Ejecutante: Sonia de Jesús Sánchez Olarte

28. En suma, el recurso de la ejecutante no desvirtúa la base cuantitativa determinada
en la sentencia apelada ni acredita un error determinante que imponga modificar el monto
por el cual se ordenó seguir adelante la ejecución. Con todo, la determinación final del
valor a cargo de la entidad se concretará en la liquidación del crédito, en la cual se
realizará la imputación de los pagos efectivamente acreditados en contraste con lo
ordenado en el mandamiento de pago.

29. Ahora, el auto que libró mandamiento de pago de fecha 12 de octubre de 2022,
delimitó el crédito ejecutivo así: ordenó a la UGPP pagar a favor de la ejecutante
$370.128.666,48 por concepto de capital, “más los intereses moratorios causados desde
el momento en que quedó ejecutoriada la providencia que sirve de título ejecutivo”.
Además, dejó constancia de que la liquidación de la ejecutante reportó un total adeudado
de $371.266.298,06, discriminado en diferencia de mesadas $219.048.554,29;
devolución de salud $151.080.112,19; y DTF $1.137.631,58.

30. Por su parte, la Resolución RDP 002512 de 4 de febrero de 2021, invocada por la
UGPP como “cumplimiento”, adopta varias decisiones relevantes: dejó sin efectos
resoluciones previas del expediente pensional3; reconoció la pensión de jubilación
convencional en cuantía de $488.452,76, “efectiva” desde 3 de diciembre de 1993, con
efectos fiscales a partir del 16 de diciembre de 2020; dispuso que “previa liquidación” se
paguen “las diferencias que resulten”, con deducción de lo pagado por vía administrativa
o ejecutiva; y ordenó no efectuar descuentos por aportes en salud.

31. Sin embargo, la Resolución RDP 002512 no incorpora una liquidación numérica del
retroactivo, no identifica el monto efectivamente pagado por capital y accesorios, ni aporta
soportes de desembolso (órdenes de pago ejecutadas, certificaciones de transferencia o
comprobantes) que permitan confrontar lo exigido en el mandamiento con lo
efectivamente satisfecho. Por tanto, como elemento de juicio en el proceso ejecutivo, su
alcance es indicativo de una medida “administrativa” de ejecución del fallo, pero no
demostrativo del pago total del crédito delimitado en el mandamiento de pago.

32. La UGPP no acreditó que la Resolución RDP 002512 de 2021, ni los pagos que
invoca, extingan en su integridad el crédito delimitado en el mandamiento de pago y
cuantificado por el a quo para decidir las excepciones. De igual modo, no identifica ni
sustenta, con precisión, los presupuestos y el alcance cuantitativo de una eventual
compensación que neutralice el saldo insoluto. En consecuencia, este recurso tampoco
tiene vocación de prosperidad.

33. Así las cosas, al no prosperar ninguno de los recursos, la Sala confirma la sentencia
del 7 de febrero de 2024: se mantiene la declaratoria de no prosperidad de las
excepciones de pago y compensación, y la orden de seguir adelante la ejecución por el
saldo indicado en dicha providencia, sin perjuicio de que la determinación final del valor

3 “se procede a dejar sin efectos de manera definitiva las resoluciones Nos. 140149 de fecha 22 de noviembre de 1990,

la resolución No 038729 del 13 de diciembre de 1990, 116 de 6 de junio de 1996 y la Resolución No. 1526 del 17 de
octubre de 1997, dentro del expediente pensional de la señora SONIA DE JESUS SANCHEZ OLARTE, ya identificada.”

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Ejecutante: Sonia de Jesús Sánchez Olarte

del crédito se concrete en la liquidación, a partir de la imputación de los pagos
efectivamente acreditados.

Costas en segunda instancia

34. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

35. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

36. Tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.

37. La eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.

38. En este caso no se impondrán costas comoquiera que ninguna de las partes resultó
vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de febrero de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Radicación: 47001-23-33-000-2021-00423-01 (3139-2024)
Ejecutante: Sonia de Jesús Sánchez Olarte

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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