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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-001-2015-00376-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-001-2015-00376-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el numeral 3 de la sentencia de primera instancia y en su lugar se dispone NEGAR la pretensión dirigida a que se ordene la entrega definitiva de la mercancía aprehendida, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR el numeral 4 de la sentencia de primera instancia y en su lugar, NEGAR la pretensión de reparación según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida. CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 47001-23-33-001-2015-00376-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

3 de septiembre de 2026

Número de radicación: 47001 23 33 001 2015 00376 01
Actor: Importaciones y Representaciones Industriales de Colombia S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 47001 23 33 001 2015 00376 01
Demandante: Importaciones y Representaciones Industriales de Colombia S.A.S.
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN.
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011.
Tesis: Son nulos por falta de competencia temporal, los actos administrativos que
ordenaron y confirmaron el decomiso de la mercancía, si la DIAN dictó la resolución
que decidió de fondo su situación jurídica por fuera de los 45 días siguientes a la
presentación del escrito de objeción a la aprehensión.
La solicitud de garantía en reemplazo de la aprehensión no suspende, interrumpe o
modifica el término previsto para resolver la situación jurídica de las mercancías
aprehendidas.
No hay lugar a ordenar la entrega definitiva de la mercancía aprehendida, porque
no se acreditó que esta hubiera estado bajo custodia real y material de la DIAN.
La sentencia de primera instancia incurrió en incongruencia interna al negar en la
parte motiva el reconocimiento del daño emergente y pese a ello condenar a la DIAN
al pago de dicho perjuicio.
No se acreditaron los perjuicios reclamados por concepto de daño emergente, lucro
cesante y good will.
No es procedente condenar en costas en segunda instancia, porque no aparecen
causadas ni probadas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
por la parte demandada contra la sentencia del 22 de febrero de 2017, mediante la
cual el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a las

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Número de radicación: 47001 23 33 001 2015 00376 01
Actor: Importaciones y Representaciones Industriales de Colombia S.A.S.

pretensiones de la demanda.

I. DEMANDA

1.1. Las pretensiones

1. La sociedad Importaciones y Representaciones Industriales de Colombia S.A.S.
– IRI de Colombia S.A.S., a través de apoderado judicial, presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN (en adelante parte
demandada o DIAN), solicitando lo siguiente a título de pretensiones:

«Primera: Declarase la ocurrencia del Silencio Administrativo Positivo
Consagrado en el inciso segundo del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999
modificado por el articulo 30 del Decreto 2557 de 2007 y el artículo 519
modificado por el artículo de 22 (sic) del decreto 4431 de 2004 con respecto al
no pronunciamiento expreso y oportuno de la resolución por medio de la cual
se resolvía la situación jurídica de la mercancía aprehendida.

Segunda: Se declare la nulidad de la Resolución No. 1034 del 6 de agosto
de 2014, “por medio de la Cual se Decomisa Una Mercancía”, expedida por
el jefe de la división de Fiscalización Aduanera y Tributaria de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales de Santa Marta y la Resolución No. 1646 del
24 de noviembre de 2014 “por medio de la cual se Resuelve un Recurso
de Reconsideración” expedida por el jefe de Gestión Jurídica de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales de Santa Marta.

Tercera: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho se ordene a la Dirección Seccional de Impuestos
y Aduanas de Santa Marta:

• Autorizar el levante de la mercancía, posterior a la presentación de la
declaración de legalización con análisis integral y sin el pago de rescate
de la mercancía aprehendida.

• La entrega definitiva de la mercancía decomisada a mi representada
sociedad Importaciones y Representaciones Industriales de
Colombia S.A.S.

• La cancelación y entrega la póliza No. 15-43101002219 de Seguros del
Estado S.A., expedida en reemplazo de la aprehensión.

Cuarta. A título de restablecimiento del derecho se condene a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales a pagar a la sociedad demandante
(Importaciones y Representaciones Industriales de Colombia S.A.S.)
$834.332.266.oo, por concepto de la indemnización de los perjuicios causados
en la modalidad de:
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1. Daño emergente por la suma de $173.268.950.oo, discriminados así:

La suma de $173.268.950.oo equivalente del 20% del valor de la mercancía
decomisada avaluada en la suma de $866.344.752 pesos, daño dejado de
percibir por ganancia de la venta de la mercancía decomisada.

2. Lucro cesante por la suma $45.063.316.oo, discriminados así:

a.- La suma de $28.295.676.oo pesos, por concepto del valor de la póliza
en reemplazo de aprehensión No. 15-43-101002219, de la compañía
Seguros del Estado S.A.

b.- La suma de $5.164.626.83, que es equivalente a la tercera de los gastos
totales de viáticos, gastos de transporte, en razón a que fueron tres
aprehensiones, para atender el proceso de definición de la situación jurídica
de la mercancía de la ciudad de Santa Marta.

c.- La suma de $11.603.433.33, por concepto de honorarios profesionales
de abogado pagados a Araujo Ibarra, quien represento (sic) los intereses de
la sociedad en el proceso de definición de situación jurídica de la mercancía.

3. Por Good Will la suma $616.000. 000.oo, equivalente a la suma de 1000
salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de la
aprehensión mayo 2014, por los daños morales sufridos en el buen
nombre social, reducción de las ventas anuales, y ser objeto de
investigación penal por el delito de contrabando.

Quinta: Que se ordene a la parte demandada pagar en forma indexadas las
sumas antes descritas hasta el momento en que se realice efectivamente el
pago total de las mismas.

Sexta: Reconózcase y páguese por parte de la entidad demandada y a favor
de Importaciones y Representaciones Industriales de Colombia S.A.S., los
intereses moratorios causados y liquidados respecto de las sumas contenidas
en la cláusula quinta según lo dispuesto en el artículo 192 y 195 del CPACA.

Séptima: Condénese en costas a la parte demandada.»

1.2. Los actos demandados

2. La parte resolutiva de la Resolución 1034 del 6 de agosto de 2014 es la siguiente1:

1 Visible a folios 93 a 94 del cuaderno del Tribunal.

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Actor: Importaciones y Representaciones Industriales de Colombia S.A.S.

3. La parte resolutiva de la Resolución 1646 del 24 de noviembre de 2014, es la
siguiente:

«ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No 001034 de fecha 06
de agosto de 2014 y por medio del cual se ordena el decomiso de una
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mercancía relacionada con el Acta de Aprehensión No 019-013852 Fisca de
2014/05/10, de propiedad de IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS con NIT 830.052.861, avaluada en la
suma de $866.344.752.oo; conforme a las razones expuestas en la parte motiva
de esta resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo por correo
a la Doctor María Cecilia Ibarra Castillo, identificada con la cedula de ciudadanía
número 39.788.463 de Usaquén y tarjeta profesional de abogado 87.019 CSJ,
actuando en calidad reconocida de apoderada especial de la sociedad
Importaciones y Representaciones Industriales de Colombia S.A.S. con NIT
830.052.861, en la dirección procesal Calle 76 No 54 – 11 Oficina 408 de
Barranquilla (Atlántico), a Importaciones y representaciones Industriales de
Colombia SAS con NIT 830.052.861 a la dirección Carrera 5 No 1 – 16 de
Gachancipá (Cundinamarca), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 567
del decreto 2685 de 1999 y sus modificatorios 56 del decreto 1232 de 2001 y 2
del Decreto 143 de 2006, advirtiéndole que contra la misma no procede ningún
recurso por la vía gubernativa.

Igualmente deberá notificarse la presente, a la dirección electrónica señalada
en el escrito de recurso: mcibarra@araujoibarra.com.

ARTICULO TERCERO: EJECUTORIADA esta resolución, remítase copias a la
División de Gestión Administrativa y Financiera GIT Comercialización y Gestión
de Fiscalización de esta dirección seccional para lo de sus competencias, y
ordenar el archivo correspondiente.

ARTICULO CUARTO: La sociedad recurrente, a efectos de acatar lo aquí
resuelto, deberá poner las mercancías a disposición de la Dirección Seccional
de Santa Marta en las bodegas de Almaviva ubicadas en el KM3 vía Gaira-
Santa Marta dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, en las mismas
cantidades y condiciones presentadas con ocasión de la entrega por la garantía
constituida y aceptada, en tal sentido deberá informar a este despacho,
conservando prueba de tal hecho, so pena de hacer efectiva la póliza en
reemplazo de aprehensión No. 15-43-101002219 con fecha de expedición
04/08/2014 constituida a través de la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL
ESTADO S.A. con NIT 860.009.578-6.

ARTICULO QUINTO: Comuníquese la presente decisión a la Compañía
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. con NIT 860.009.578-6., a la
dirección Carrera 11 No 90-20 de Bogotá D.C.»2.

1.3. Supuestos fácticos

4. En el acápite de hechos señaló que la sociedad Importaciones y
Representaciones Industriales de Colombia S.A.S - IRI de Colombia S.A.S. (en
adelante IRI) era una compañía colombiana constituida el 15 de enero de 1999, con
16 años de experiencia, cuyo objeto social contemplaba, entre otros, el desarrollo
de operaciones de importación y exportación de máquinas, equipos y herramientas
para la exploración y explotación de pozos petroleros y de gas. Agregó que desde

2 Visible a folios 100 a 101 del cuaderno del Tribunal.

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hacía más de 8 años y previa autorización del Ministerio de Minas y Energía, se
dedicaba a la importación de tubos para petróleo y gas para la venta en el territorio
nacional colombiano.

5. Indicó que, en desarrollo de su objeto social, la sociedad adquirió de su proveedor
en los Estados Unidos, Nort America Interpipe, INC., 1.771 tubos casing de
dimensiones 7” x 0,317 x 23#, de origen ucraniano, marca Interpipe. En
cumplimiento de las normas aduaneras nacionales, por intermedio de la Agencia de
Aduanas Inter Staff S. en C. S. Nivel I, se presentó ante la autoridad aduanera la
Declaración de Importación Inicial 192013000113039-2, junto con el pago de los
tributos aduaneros correspondientes.

6. Refirió que dicha declaración fue seleccionada por la autoridad aduanera para
inspección física, razón por la cual el día 6 de enero de 2014, el Inspector Andrés
Fernando Rodríguez Mora, previa verificación de la mercancía, ordenó su levante
mediante el Acta de Inspección 192014000000025, en la que plasmó concepto
favorable.

7. Señaló que una vez autorizado el levante, la mercancía quedó legalmente
nacionalizada y en libre disposición, por lo que su propietaria dispuso su
almacenamiento en los patios del depósito de Servicios Industriales del Norte,
ubicado en el kilómetro 12 de la vía alterna al puerto de Santa Marta, en la Zona
Franca Tayrona.

8. Narró que el día 2 de mayo de 2014, la Agencia de Aduanas Inter Staff S. en C.
S. Nivel I, con el propósito de subsanar un error propio, presentó ante la autoridad
aduanera la Declaración de Corrección 192014000044968-4, orientada a enmendar
el yerro contenido en la casilla 66 de la Declaración de Importación Anticipada
192013000113039-2, en la que se había consignado erróneamente como país de
origen Estados Unidos (código 249), siendo el correcto Ucrania (código 830).

9. Expuso que la declaración de corrección fue seleccionada por el sistema
informático de la DIAN para inspección física, y el día 2 de mayo de 2014, el
inspector Fernando Andrés Rodríguez, mediante el Acta de Inspección No.
192014000004394, autorizó su levante en los siguientes términos: “INSPECCION
FISICA AL 10%. PROCEDE LEVANTE DE CONFORMIDAD CON EL NUM. 3 DEL ART. 128

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DEC. 2685/99. EL DECLARANTE PRESENTA DECLARACION DE CORRECCION CON EL
OBJETO DE SUBSANAR LA CASILLA NO. 66 CORRESPONDIENTE AL PAIS DE ORIGEN
DE LA MERCANCIA, DADO QUE EN LA DECLARACION INICIAL SE DILIGENCIÓ UN
CODIGO DE PAIS INCORRECTO, PARA TAL EFECTO, EL DECLARANTE APORTA
DOCUMENTOS QUE CERTIFICAN EL ORIGEN DE LA MERCANCIA UTILIZADO NO PARA
EFECTOS DE PREFERENCIA ARANCELARIA EN EL MARCO DE ALGUN ACUERDO
COMERCIAL”.

10. Sostuvo que, surtida la corrección del origen, la mercancía permaneció
almacenada en la Zona Franca Tayrona, en condición de legalmente importada y a
la espera de su comercialización en el territorio nacional.

11. Manifestó que no obstante lo anterior, el Jefe de la División de Gestión de
Fiscalización de la Dirección Seccional de Santa Marta, sin motivación alguna,
expidió el Auto Comisorio 119238457-0319 del 9 de mayo de 2014, por medio del
cual comisionó a 7 funcionarios aduaneros para practicar una diligencia de control
y verificación de obligaciones aduaneras, dirigida contra la sociedad Servicios
Industriales del Norte S.A.S., con domicilio en la calle 31 No. 3-100, apartamento 3,
barrio Manzanares de Santa Marta.

12. Agregó que el referido Auto Comisorio, con posterioridad a su expedición, fue
alterado mediante una adición manuscrita entre renglones, en la que se insertó una
nueva dirección (KM 12 VIA ALTERNA AL PUERTO, ZF TAYRONA), modificación
que calificó de anómala y que, en su criterio, comprometió la validez del acto
administrativo.

13. Refirió que, bajo el amparo de dicho acto adulterado, determinados funcionarios
aduaneros se hicieron presentes en las instalaciones de Servicios Industriales del
Norte S.A.S., en la Zona Franca Tayrona, kilómetro 12 de la vía alterna al puerto de
Santa Marta, con el propósito de adelantar una diligencia de verificación y control
aduanero, según consta en el Acta de Hechos 099 del 12 de mayo de 2014.

14. Indicó que la diligencia fue atendida por el representante legal de la sociedad
Servicios Industriales del Norte S.A.S., señor Cristian Rafael Gutiérrez Sandoval, a
quien, de acuerdo con el acta de hechos, se le notificó el Auto Comisorio
119238457-319 del 9 de mayo de 2014. La diligencia concluyó a las 5:30 p.m.

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15. Señaló que, de manera concomitante los funcionarios comisionados expidieron
el Acta de Aprehensión 019-01752-FISCA del 12 de mayo de 2014, en la que
igualmente fue enmendada la dirección para incluir la Zona Franca Tayrona,
kilómetro 12 de la vía alterna al puerto. Indicó que en dicha actuación se
aprehendieron 1.071 tubos de entubación para oleoductos o gasoductos, con
dimensiones 7” x 0.317 x 23#, marca Interpipe, avaluados en $866.344.752 pesos.

16. Expuso que la aprehensión fue sustentada en la presunta infracción de los
numerales 1.6 y 1.28 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, con fundamento
en la inspección física de la mercancía y en la Declaración de Importación Inicial
192013000113039. Asimismo se argumentó la ausencia de marca en la
declaración, el incumplimiento de las normas técnicas API 3 5C y API 5CT, un
supuesto error en el origen de la mercancía pese a haberse surtido la corrección
mediante la Declaración No. 192014000044968-4 y la existencia de antecedentes
de mercancía importada con declaración de origen estadounidense cuando
provenía de otro país.

17. Destacó que pese a que en el acta de aprehensión y en el acta de hechos se
hizo referencia a las citadas declaraciones, en el acápite de “EXPLICACION /
RELACION PRUEBAS (Art. 504 Decreto 2685/99)” del Acta de Aprehensión 019-
01738-FISCA del 10 de mayo de 2014, los funcionarios aprehensores omitieron
relacionar e incorporar las pruebas aportadas por Servicios Industriales del Norte,
único sujeto presente en la diligencia.

18. Narró que el acta de aprehensión y el Acta de Hechos 98 fueron notificadas
personalmente al representante legal de Servicios Industriales del Norte S.A.S.,
señor Cristian Rafael Gutiérrez Sandoval, en su calidad de tenedor de la mercancía,
quien no objetó la aprehensión ni hizo alusión a prueba alguna. En todo caso, se le
concedieron 10 días para ejercer su derecho de contradicción y defensa.

19. Señaló que, de conformidad con el artículo 566 del Decreto 2685 de 1999, el
Acta de Aprehensión 019-01752-FISCA del 12 de mayo de 2014 fue notificada
mediante el Estado 135 del 14 de mayo de 2014 a quienes no intervinieron en la
diligencia, entre ellos la propietaria de la mercancía, con un término de 10 días para

3 Normas técnicas API – American Petroleum Institue-.

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presentar objeciones.

20. Refirió que el día 23 de mayo de 2014, el Jefe del Grupo Interno de Trabajo de
Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario, abrió el Expediente 2014-2014-
2324 mediante el Auto de Apertura No. 119238457-2324. Agregó que el 26 de mayo
siguiente, el señor Gutiérrez Sandoval, en su calidad de tenedor de la mercancía,
presentó escrito de objeción a la aprehensión, en el que solicitó el análisis integral
de los documentos soporte para acreditar la marca y adjuntó el certificado de calidad
de la mercancía bajo la norma API 5CT.

21. Indicó que mediante oficio 119238-0244 del 27 de mayo de 2014, el Jefe de la
División de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Santa Marta ofició a la División de Gestión Jurídica para que se interpusieran las
correspondientes denuncias penales por el monto de las aprehensiones

22. Manifestó que el día 29 de mayo de 2014, la sociedad propietaria de la
mercancía presentó su propio escrito de objeción a la aprehensión, en el que
desvirtuó las causales invocadas, solicitó la práctica de pruebas y pidió autorización
para constituir garantía en reemplazo de la aprehensión, con miras a obtener la
entrega de la mercancía.

23. Narró que el día 4 de junio de 2014, Servicios Industriales del Norte S.A.S.
desistió de su escrito de objeción y solicitó su desvinculación del proceso. Al día
siguiente, mediante oficio 11-19-238-268 del 5 de junio de 2014, el Jefe de la
División de Gestión de Fiscalización exigió el cumplimiento del artículo 522 de la
Resolución 4240 de 2000 en lo referente a la constitución de garantía en reemplazo
de aprehensión.

24. Puso de presente que, dentro del proceso de definición de situación jurídica de
la mercancía, venció el término de 10 días previsto en el artículo 511 del Decreto
2685 de 1999 contado desde la radicación del escrito de objeción, sin que la
autoridad aduanera hubiera dado apertura al período probatorio.

25. Señaló que el día 4 de agosto de 2014, la sociedad demandante dio
cumplimiento al régimen aduanero mediante la expedición de la póliza de
cumplimiento.
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26. Afirmó que el día 6 de agosto de 2014, cuando ya había expirado el término
perentorio para decidir de fondo, el cual, de conformidad con el inciso segundo del
artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 30 del Decreto
2557 de 2007, vencía el 5 de agosto de 2014, contado a partir del 30 de mayo del
mismo año, el Jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Santa Marta expidió la Resolución 001034, por medio de la cual
decomisó la mercancía, acto que fue notificado por correo el día 11 de agosto de
2014.

27. Indicó que el día 8 de agosto de 2014, mediante el Auto de Entrega 000265, se
ordenó la entrega de la mercancía en reemplazo de la aprehensión, providencia que
fue notificada personalmente a su propietaria.

28. Expuso que en la Resolución de Decomiso 001034 se argumentó la práctica de
inspección física de la mercancía amparada en las declaraciones de importación
192013000113039-2 y su corrección 192014000044968-4, y se hizo referencia a
que unos presuntos interesados sin identificación alguna, aportaron los documentos
soporte de la operación comercial, señalándose expresamente: “Se le solicitó a los
interesados, al momento de la diligencia, los soportes de la operación comercial,
para aclarar las inconsistencias y/o circunstancias planteadas de conformidad con
el memorando 419 del 2014, presentando las declaraciones de importación número
192013000113020-3 del 30 de diciembre de 2013 correspondiente al BL número 4
del 16/06 de 2013…”.

29. En cuanto a la causal de aprehensión prevista en el numeral 1.28 del artículo
502 del Decreto 2685 de 1999, relativa al cumplimiento de normas internacionales
de calidad, la demandante cuestionó que el funcionario aduanero hubiera exigido el
cumplimiento de la norma API 5L, cuando la técnica correctamente aplicable era la
API 5CT, dada la naturaleza de la mercancía como tubería casing de revestimiento
y no como tubería de línea destinada al transporte.

30. Denunció igualmente que, al resolver la situación jurídica, la DIAN hizo más
gravosa la condición de la sociedad propietaria, pues incorporó como nueva causal
de aprehensión la ausencia del certificado MTRs o Tests de calidad, requisito que
no había sido invocado en el acta de aprehensión. Añadió que la administración
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aplicó indebidamente el artículo 234 del Decreto 2685 de 1999, relativo a la
declaración de corrección, pese a que, en su criterio, dicha norma no resultaba
aplicable al caso.

31. Manifestó que dentro del término previsto en el artículo 515 del Decreto 2685 de
1999, el día 29 de agosto de 2014 se interpuso recurso de reconsideración contra
la Resolución de Decomiso 001034. Precisó que el término para el período
probatorio en el curso de dicho recurso, establecido en el artículo 511 ibídem, venció
el 29 de septiembre de 2014 sin que el funcionario sustanciador, hubiera abierto
dicho período ni se hubiera pronunciado mediante auto motivado sobre las pruebas
solicitadas, lo que a su juicio cercenó las garantías del debido proceso y el derecho
de contradicción.

32. Explicó que el 24 de noviembre de 2014, el Jefe de la División de Gestión
Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, profirió
la Resolución 1646 mediante la cual confirmó íntegramente la Resolución 001034
del 6 de agosto de 2014 y el decomiso de la mercancía relacionada en el Acta de
Aprehensión 019-019-173852-FISCA del 10 de mayo de 2014. Esta decisión fue
notificada por correo el 27 de noviembre de 2014, quedando así agotada la vía
gubernativa.

33. Reprochó que en el numeral cuarto de la Resolución 1646 de 2014 se adicionó
lo decidido en la resolución recurrida, lo que considera hizo aún más gravosa la
situación del recurrente, al ordenarse que en el término de 10 días hábiles se
pusiera a disposición de la Dirección Seccional de Santa Marta la mercancía
decomisada, so pena de hacer efectiva la póliza constituida en reemplazo de la
aprehensión, vinculándose además a un tercero que no había sido considerado en
la decisión impugnada.

34. Adujo que, como consecuencia directa de las aprehensiones, la Unidad Penal
de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Santa Marta formuló
denuncia penal por el delito de contrabando, la cual fue asignada a la Fiscalía 18
Seccional de Santa Marta bajo el radicado 2014-857, habiéndose dispuesto la
realización de actos de investigación.

35. Sostuvo que la aprehensión y el decomiso ilegal de la mercancía impidieron su
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comercialización dentro de los términos normales de rotación y que, aunado a la
investigación ordenada desde la Subdirección de Fiscalización de Nivel Central, las
ventas de la sociedad experimentaron una reducción mensual del 30%, cerrando el
año fiscal con una disminución de $33.845.145 pesos.

36. Advertida la terminación de la actuación administrativa, la sociedad demandante
presentó el 25 de marzo de 2015 ante la Procuradora Judicial Delegada para
Asuntos Administrativos de Santa Marta solicitud de conciliación extrajudicial en
derecho, como requisito de procedibilidad para acudir a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.

37. Sostuvo que el día 4 de junio de 2015 se celebró la audiencia de conciliación
ante la Procuraduría 155 Judicial II para Asuntos Administrativos, en la que las
partes llegaron a una fórmula conciliatoria. En consecuencia, se dispuso el envío
del acta correspondiente a la oficina de reparto para efectos del control de legalidad
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

38. Surtido el reparto, el asunto fue remitido al Tribunal Administrativo del
Magdalena, corporación que mediante auto del 23 de septiembre de 2015 improbó
el acuerdo conciliatorio alcanzado entre la demandante y la DIAN.

39. Contra dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición el
29 de septiembre de la misma anualidad, el cual fue resuelto mediante auto de 7 de
febrero de 2018 en el sentido de confirmar la improbación del acuerdo conciliatorio4.

1.4. Concepto de la violación

40. Como normas vulneradas invocó como desconocidos, los artículos 1, 13, 29, 31
y 209 de la Constitución Política, el artículo 214 del Código de Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo (en adelante CPACA); los
artículos 232-1, 243, 470, 473, 504, 511 y 515 -1 del Decreto 2685 de 1999; así
como el numeral 5 del artículo 133 del Código General del Proceso (en adelante
CGP).

4 Conforme consta en el proceso con radicado 47001 23 33 000 2015 00237 00 índice 1 del

expediente digital SAMAI.
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1.4.1. Falsa motivación con reproche asociado a desviación de poder

41. Adujo que los actos acusados se encuentran falsamente motivados, en tanto la
actuación administrativa se originó en una diligencia practicada con fundamento en
un auto comisorio que, a su juicio, fue modificado manualmente después de su
expedición.

42. Sostuvo que la adición realizada al auto comisorio alteró el lugar en el cual debía
practicarse la diligencia, de manera que los funcionarios de la DIAN no estaban
habilitados para ingresar a las instalaciones de Servicios Industriales del Norte
S.A.S. ubicadas en la Zona Franca Tayrona.

43. Indicó que por esa razón los funcionarios de la DIAN no estaban habilitados para
ingresar a las instalaciones de Servicios Industriales del Norte S.A.S., ubicadas en
la Zona Franca Tayrona, en tanto el auto comisorio autorizaba la diligencia en una
dirección distinta.

44. Reprochó que dicha actuación configuró un ingreso irregular a un lugar cerrado
al público y que, por tanto, el Acta de Aprehensión 019-01738-FISCA de 10 de mayo
de 2014 nació viciada al haberse expedido con fundamento en una diligencia que
desconoció el debido proceso. Afirmó que los funcionarios aduaneros habrían
desbordado los fines y principios que rigen la función administrativa, al punto de
llegar incluso a la desviación de poder.

1.4.2. Falta de competencia

45. Alegó que la DIAN carecía de competencia para practicar la diligencia de control
y verificación en las instalaciones de Servicios Industriales del Norte S.A.S.
ubicadas en la Zona Franca Tayrona, porque el auto comisorio no autorizaba a los
funcionarios para actuar en ese lugar.

46. Explicó que la competencia de los funcionarios estaba delimitada por el
contenido del acto de comisión y que, al haberse practicado la diligencia en una
dirección diferente a la allí indicada, la aprehensión se habría realizado sin
habilitación legal suficiente.
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1.4.3. Expedición con infracción de las normas en que debían fundarse y
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa

47. Sostuvo que los actos acusados fueron expedidos con infracción de las normas
que regulan el trámite aduanero de definición de la situación jurídica de la mercancía
y con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa.

48. Indicó que dentro del proceso administrativo solicitó la práctica de pruebas en el
escrito de objeción a la aprehensión. Sin embargo, la autoridad aduanera no abrió
el período probatorio ni se pronunció mediante auto motivado sobre las pruebas
solicitadas.

49. Afirmó que esa omisión vulneró el debido proceso y el derecho de contradicción,
pues le impidió demostrar la legal introducción y permanencia de la mercancía en
el territorio aduanero nacional y controvertir las causales de aprehensión invocadas
por la administración.

50. Agregó que la misma irregularidad se presentó en el trámite del recurso de
reconsideración, porque la DIAN tampoco abrió el período probatorio ni decidió
sobre las pruebas solicitadas en esa oportunidad.

1.4.4. Infracción de las normas en que debían fundarse, expedición en forma
irregular, inexistencia de las pruebas recaudadas y error de hecho

51. La parte actora sostuvo que los actos acusados fueron expedidos con infracción
de las normas en que debían fundarse y en forma irregular, porque la DIAN sustentó
la aprehensión en pruebas inexistentes o irregularmente recaudadas.

52. Señaló que, aunque en el acta de aprehensión y en el acta de hechos se hizo
referencia a las declaraciones de importación, los funcionarios no relacionaron ni
incorporaron las pruebas aportadas por el tenedor de la mercancía en el acápite
pertinente.

53. También reprochó que la Resolución 1034 de 2014 hiciera referencia a
presuntos interesados que habrían aportado documentos soporte de la operación
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comercial, sin que estos hubieran sido identificados dentro de la actuación
administrativa.

54. Afirmó que la administración incurrió en error de hecho al aplicar las causales
de aprehensión previstas en los numerales 1.6 y 1.28 del artículo 502 del Decreto
2685 de 1999, pese a que la mercancía estaba amparada por la declaración de
importación inicial y por la declaración de corrección mediante la cual se subsanó el
país de origen.

55. Asimismo, cuestionó que la DIAN hubiera exigido el cumplimiento de la norma
técnica API 5L, cuando la mercancía correspondía a tubería casing o de
revestimiento y la norma técnica aplicable era la API 5CT.

56. Agregó que la autoridad aduanera desconoció la procedencia del análisis
integral y de la declaración de legalización sin pago de rescate, pues las
inconsistencias advertidas podían ser subsanadas conforme al artículo 232-1 del
Decreto 2685 de 1999.

1.4.5. Silencio administrativo positivo

57. Finalmente, alegó que se configuró el silencio administrativo positivo, porque la
DIAN no decidió oportunamente la situación jurídica de la mercancía aprehendida.

58. Sostuvo que la accionada desconoció el término previsto para resolver la
situación jurídica de la mercancía aprehendida pues el plazo para decidir vencía el
5 de agosto de 2014 y la Resolución 1034 fue expedida el 6 de agosto de ese mismo
año.

59. Afirmó que el incumplimiento de dicho término generó la ocurrencia del silencio
administrativo positivo, con los efectos previstos en los artículos 512 y 519 del
Decreto 2685 de 1999, esto es, la entrega de la mercancía al interesado previa
presentación y aceptación de la declaración de legalización, sin pago de rescate.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

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60. La DIAN contestó la demanda y solicitó que se negaran las pretensiones
formuladas por la parte actora5.

61. Sostuvo que los actos acusados fueron expedidos en ejercicio de las facultades
de fiscalización y control aduanero y que la actuación se adelantó conforme al
Decreto 2685 de 1999.

62. Explicó que la aprehensión tuvo fundamento en las inconsistencias advertidas
durante la verificación física y documental de la mercancía, así como en la presunta
configuración de las causales previstas en el artículo 502 del Estatuto Aduanero.

63. Señaló que la mercancía no cumplía las condiciones exigidas por la normativa
aduanera para entender acreditada su legal introducción y permanencia en el
territorio aduanero nacional. Por ello, afirmó que la administración podía adelantar
el trámite de definición de situación jurídica y ordenar el decomiso.

64. En relación con el silencio administrativo positivo manifestó que este no se
configuró, pues la sociedad demandante no cumplió oportunamente con los
requisitos relacionados con la garantía en reemplazo de la aprehensión. A su juicio
no estaba obligada a decidir de fondo mientras no se atendiera adecuadamente ese
trámite.

65. Frente a la solicitud de entrega definitiva de la mercancía, indicó que esta nunca
estuvo bajo custodia real y material de la DIAN, pues permaneció en poder del
tenedor. En ese sentido, precisó que la entrega ordenada en reemplazo de la
aprehensión fue de carácter documental.

66. Rechazó la existencia de falsa motivación, expedición irregular, desviación de
poder y violación del debido proceso. Para la entidad, las decisiones demandadas
estuvieron soportadas en la actuación administrativa y en las pruebas recaudadas
dentro del expediente aduanero.

5 Visible a folios 39 a 49 del cuaderno 01 del Tribunal.

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67. Finalmente, se opuso al reconocimiento de perjuicios, al considerar que la parte
actora no acreditó el daño emergente, el lucro cesante ni la afectación al good will.
Agregó que tampoco procedía la condena en costas.

III. SENTENCIA APELADA

68. El Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia proferida el 22 de
febrero de 20176, resolvió la controversia y decidió lo siguiente:

«1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 1034 del 6 de agosto de 2014
expedida por el Jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas Seccionales de Santa Marta, por medio de
la cual se ordena el decomiso a favor de la Nación de las mercancías
relacionadas en el acta de aprehensión No. 019-01738 – FISCA de fecha 10 de
mayo de 2014, valorada en la suma de $866.344.752; por los motivos expuestos
en esta providencia.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 1646 del 24 de noviembre de 2014
proferida por el Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, por medio de la cual se confirma la
anterior Resolución; conforme a los motivos expuestos en esta providencia.

3. Condenar a la NACIÓN – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES entregar formalmente a la sociedad IMPORTACIONES Y
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. la mercancía
aprehendida mediante acta de aprehensión No. 019-01738-FISCA de fecha 10
de mayo de 2014, previo el cumplimiento de los supuestos exigidos en el inciso
1º del artículo 519 del EA., debido a la configuración del silencio administrativo
positivo.

4. Condenar a la NACIÓN – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES reconocer y pagar por concepto de daño emergente la suma de
DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA
PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($16.768.060,16). Valor que deberá ser
actualizado, conforme a la regla indicada en las consideraciones de este
provisto.

5. Negar las demás pretensiones de la demanda.

6. No condenar en costas.

7. Por Secretaría dar el trámite previsto en el inciso final del artículo 192 del
CPACA.

8. Si no fue apelada la sentencia se ordena su archivo. […]».

6 Visible a folios 367 a 378 del cuaderno del Tribunal.

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69. Indicó que, aunque la demanda planteaba varios cargos de nulidad, estudiaría
inicialmente el relativo a la falta de competencia temporal de la DIAN, por tratarse
de uno de los vicios más graves en la expedición de los actos administrativos.

70. Explicó que la parte demandante había alegado la violación de los artículos 512
y 519 del Decreto 2685 de 1999 en tanto la DIAN habría expedido la resolución de
decomiso después de vencido el término legal para decidir de fondo sobre la
situación jurídica de la mercancía aprehendida.

71. Señaló que, de acuerdo con el expediente administrativo, la mercancía fue
aprehendida mediante Acta 019-01738-FISCA del 10 de mayo de 2014 y que la
sociedad demandante presentó escrito de objeción el 29 de mayo de ese mismo
año.

72. Precisó que, como no se decretaron pruebas dentro del trámite administrativo,
resultaba aplicable el inciso segundo del artículo 512 del Estatuto Aduanero,
conforme al cual la autoridad contaba con 45 días para decidir de fondo, contados
a partir del día siguiente a la radicación de la objeción a la aprehensión.

73. Con fundamento en lo anterior, concluyó que el término de 45 días vencía el 5
de agosto de 2014, por lo que la Resolución 1034, expedida el 6 de agosto de 2014,
fue proferida un día después del vencimiento del plazo legal.

74. A partir de esa circunstancia, sostuvo que se configuró el silencio administrativo
positivo previsto en el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, cuya consecuencia,
en los procesos de definición de situación jurídica de mercancía aprehendida, es la
entrega de la mercancía al interesado, previa presentación y aceptación de la
declaración de legalización, con el pago de los tributos aduaneros a que hubiere
lugar y sin pago de rescate.

75. Agregó que, una vez configurado el silencio administrativo positivo, la
administración perdió competencia para decidir de fondo sobre la situación jurídica
de la mercancía, razón por la cual los actos administrativos demandados fueron
expedidos sin competencia temporal.

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76. En ese orden consideró que la DIAN desconoció los efectos del acto ficto
positivo y pese a ello, profirió las resoluciones demandadas, lo que imponía declarar
su nulidad para salvaguardar la legalidad de la actuación y los derechos de la parte
actora.

77. Señaló que al encontrarse acreditado dicho vicio de nulidad no era necesario
pronunciarse sobre los demás cargos formulados en la demanda, relativos a la
irregularidad del auto comisorio, la falta de decreto de pruebas, la ausencia de
valoración probatoria y las demás censuras contra la actuación administrativa.

78. A título de restablecimiento del derecho, el Tribunal precisó que la configuración
del silencio administrativo positivo daba lugar a la entrega de la mercancía
aprehendida, pero no de manera automática e incondicionada. Señaló que,
conforme al inciso segundo del artículo 519 del Estatuto Aduanero, dicha entrega
debía realizarse previa presentación y aceptación de la declaración de legalización,
con el pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar y sin el pago de rescate.
Por ello ordenó a la DIAN disponer formalmente la entrega de la mercancía
aprehendida mediante Acta 019-01738-FISCA del 10 de mayo de 2014, previo
cumplimiento de los presupuestos previstos en dicha norma.

79. Aclaró que, si bien la mercancía había sido entregada con anterioridad, ello
ocurrió con ocasión de la garantía constituida en reemplazo de la aprehensión y no
como consecuencia de la configuración del silencio administrativo positivo.

80. En relación con la póliza 13-43-101002219 de Seguros del Estado S.A.,
constituida en reemplazo de la aprehensión, el Tribunal sostuvo que la solicitud de
cancelación y entrega carecía de efecto útil, porque dicho amparo, expedido el 4 de
agosto de 2014, tenía vigencia hasta el 15 de noviembre de 2015. En consecuencia,
al momento de dictarse la sentencia, sus efectos jurídicos ya habían vencido, de
manera que no resultaba procedente emitir una orden específica de cancelación o
devolución de la póliza.

81. Frente a los perjuicios reclamados, el Tribunal distinguió entre lucro cesante,
daño emergente y afectación al good will. En cuanto al lucro cesante, señaló que la
sociedad demandante pretendía el reconocimiento del 20% del valor de la
mercancía decomisada, equivalente a $173.268.950, por la supuesta utilidad dejada
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de percibir; sin embargo, consideró que la certificación de ingresos de los años 2013
y 2014 suscrita por el revisor fiscal no era suficiente para acreditar la disminución
de ventas, pues no estaba acompañada de soportes contables, estados financieros,
facturas u otros documentos que permitieran verificar la pérdida alegada.

82. Respecto del good will, explicó que, aunque dicho concepto puede integrar el
patrimonio de una persona jurídica y ser indemnizable cuando se acredita una
afectación al buen nombre comercial, en el caso concreto no se demostraron los
elementos necesarios para establecer la existencia y cuantificación cierta de ese
perjuicio. En particular, estimó que la sola referencia a la investigación penal por
contrabando y a la afectación comercial de la sociedad no bastaba para imponer
condena por ese concepto.

83. En cuanto al daño emergente, el Tribunal negó el reconocimiento de los gastos
de viáticos, transporte y honorarios profesionales, al considerar que no se
encontraban suficientemente demostrados con los documentos allegados al
expediente. No obstante, en la parte resolutiva condenó a la DIAN a pagar a favor
de la sociedad demandante la suma de $16.768.060,16 por concepto de daño
emergente, valor que debía ser actualizado conforme a la regla indicada en la parte
motiva de la providencia.

84. Finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas, al advertir que en el expediente no obraba prueba de su
causación.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

4.1. DIAN

85. La parte demandada interpuso y sustentó oportunamente recurso de apelación
contra la sentencia proferida en primera instancia con fundamento en los
argumentos que se exponen a continuación7.

7 Folios 387 a 399 del cuaderno del Tribunal.

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86. Como punto de partida, solicitó que se tuvieran en cuenta los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda, en particular aquellos relacionados
con la génesis de la actuación administrativa y con la legalidad del trámite aduanero
adelantado.

87. Señaló que el Tribunal centró su decisión en la presunta configuración del
silencio administrativo positivo, al considerar que la DIAN había expedido la
Resolución 1034 del 6 de agosto de 2014 por fuera del término previsto en el inciso
segundo del artículo 512 del Estatuto Aduanero.

88. Adujo que la sentencia apelada efectuó una valoración incompleta de las
pruebas, pues se limitó a contabilizar el término para decidir la situación jurídica de
la mercancía desde la presentación del escrito de objeción, sin analizar que la parte
actora no había cumplido la carga de constituir oportunamente la garantía en
reemplazo de la aprehensión.

89. Explicó que el escrito de objeción presentado por la demandante evidenciaba el
incumplimiento de lo previsto en el inciso segundo del artículo 233 del Decreto 2685
de 1999, en concordancia con el artículo 9 ibidem, porque la sociedad solicitó
autorización para constituir garantía en reemplazo de la aprehensión, pero no la
anexó dentro del término legal previsto para objetar la medida.

90. Manifestó que la propia demanda reconoció que, mediante oficio 1-19-238-268
del 5 de junio de 2014, el Jefe de la División de Gestión de Fiscalización requirió a
la sociedad para que diera cumplimiento al artículo 522 de la Resolución 4240 de
2000, en relación con la constitución de la garantía en reemplazo de la aprehensión.

91. Indicó que esa circunstancia no fue valorada por el Tribunal, pues la sentencia
solo tuvo en cuenta el presunto incumplimiento del término para decidir de fondo,
pero omitió considerar que, para acceder al beneficio derivado del silencio
administrativo positivo, la parte actora debía haber cumplido previamente las cargas
que le imponía el régimen aduanero.

92. Sostuvo que en este caso era el particular quien debía realizar una actuación
ante la autoridad aduanera, esto es, constituir oportunamente la garantía requerida
para obtener la entrega de la mercancía. Por ello, afirmó que no podía beneficiarse
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de su propia omisión ni trasladar a la administración las consecuencias de su
inactividad.

93. Agregó que el salvamento de voto de la sentencia apelada coincidió con esa
postura, al advertir que no era posible declarar la falta de competencia de la DIAN
sin examinar previamente los demás cargos y, especialmente, sin analizar el
incumplimiento de la carga de constituir la garantía en reemplazo de la aprehensión.

94. Expuso que, conforme al artículo 233 del Estatuto Aduanero, la autoridad podía
autorizar la entrega de las mercancías aprehendidas siempre que no existieran
restricciones legales o administrativas para su importación o se acreditara su
cumplimiento y siempre que se otorgara, dentro del término para presentar la
objeción, una garantía por el valor en aduana de la mercancía y el 100% de los
tributos aduaneros correspondientes.

95. Señaló que la demandante solicitó en el punto 10 del escrito de objeción que se
autorizara la constitución de la garantía y la entrega de la mercancía; sin embargo,
solo allegó la póliza el 5 de agosto de 2014, es decir, 2 meses después del oficio
mediante el cual la DIAN había autorizado su constitución.

96. Con base en ello, sostuvo que no podía empezar a contabilizarse el término
para que la DIAN decidiera de fondo mientras la sociedad no allegara la garantía
que estaba obligada a constituir, pues la administración no podía pronunciarse sin
que se cumpliera dicha carga.

97. Afirmó que la sentencia desconoció el valor probatorio de la declaración rendida
por Luis Miguel Vargas Sánchez, directivo de la sociedad actora, quien, según la
DIAN, manifestó que la demandante no había cumplido los presupuestos de
legalización ni el pago de los tributos correspondientes a las declaraciones
corregidas.

98. Para la entidad, esa declaración desvirtuaba la afirmación del Tribunal según la
cual con el escrito de objeción se habían aportado las piezas documentales
correspondientes a la importación y legalización de la mercancía aprehendida. Por
ello, pidió reexaminar la prueba para concluir que no se cumplían los presupuestos
previstos en el artículo 519 del Estatuto Aduanero.
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99. Reprochó que el a quo hubiera aplicado el silencio administrativo positivo sin
verificar los demás requisitos exigidos para reconocer sus efectos. En ese sentido,
invocó jurisprudencia del Consejo de Estado conforme a la cual, en los
procedimientos de definición de situación jurídica de mercancías, no basta con que
la administración exceda el término para expedir el acto de decomiso, sino que
también debe verificarse la previa presentación y aceptación de la declaración de
legalización, con el pago de los tributos aduaneros a que haya lugar.

100. En esa línea, explicó que la parte actora no acreditó haber adelantado en
debida forma el procedimiento de legalización de la mercancía, por lo que no podía
beneficiarse de la dilación que atribuyó a la administración.

101. También cuestionó la orden de devolución de la mercancía, al afirmar que esta
nunca estuvo materialmente a disposición de la DIAN, sino bajo la custodia y
responsabilidad del operador de servicios aduaneros y de la Zona Franca Tayrona.
Por ello, sostuvo que no podía imponerse a la entidad una obligación imposible de
cumplir.

102. Finalmente, reprochó la condena impuesta por concepto de daño emergente.
Señaló que en la parte motiva de la sentencia se indicó expresamente que no se
accedería a su reconocimiento, pero en la parte resolutiva se condenó a la DIAN a
pagar $16.768.060,16 por ese concepto, lo cual, en su criterio, configuraba una
incongruencia interna de la providencia.

4.2. Importaciones y Representaciones Industriales de Colombia S.A.S.

103. La demandante interpuso recurso de apelación parcial contra los numerales
cuarto, quinto y sexto de la sentencia, relacionados con el reconocimiento parcial
del daño emergente, la negativa de los demás perjuicios reclamados y la decisión
de no condenar en costas8.

104. Señaló que el Tribunal acertó al declarar la nulidad de los actos demandados
por la configuración del silencio administrativo positivo, pero cuestionó que hubiera

8 Visible a folios 423 a 436 del cuaderno del Tribunal.

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limitado el análisis indemnizatorio a ese momento procesal.

105. Afirmó que el daño no se estructuró con el vencimiento del término para decidir
de fondo, sino desde la aprehensión de la mercancía, porque desde el 10 de mayo
de 2014 esta fue sustraída del comercio y no pudo comercializarse en condiciones
normales.

106. Reiteró que la aprehensión fue irregular, por cuanto los funcionarios aduaneros
no contaban con auto comisorio válido para practicar la diligencia en el lugar donde
se encontraba almacenada la mercancía. También sostuvo que la DIAN omitió
valorar los documentos aportados con la objeción y el recurso de reconsideración,
los cuales, en su criterio, demostraban que los errores advertidos eran subsanables
mediante análisis integral y declaración de legalización sin pago de rescate.

107. En relación con el daño emergente, solicitó que se reconociera la suma de
$45.063.735, correspondiente al valor de la póliza constituida en reemplazo de la
aprehensión, honorarios profesionales y viáticos asociados al trámite administrativo.

108. Frente al lucro cesante, sostuvo que debía calcularse a partir de la utilidad
bruta que habría obtenido con la comercialización de la mercancía. Para ello, tomó
como base el margen bruto promedio de los años 2013 y 2014 y estimó dicho
perjuicio en $19.631.331.

109. Asimismo, pidió el reconocimiento de $616.000.000 por afectación al good will,
al considerar que la aprehensión, el decomiso y las investigaciones penales por
contrabando afectaron el buen nombre comercial de la sociedad y su credibilidad
en el mercado de tubos petroleros.

110. Finalmente, solicitó condenar en costas a la DIAN, por haber resultado vencida
en el proceso y por haberse opuesto a las pretensiones de la demanda y a la medida
cautelar solicitada.

111. En consecuencia, pidió revocar parcialmente la sentencia para ampliar la
condena indemnizatoria por daño emergente, lucro cesante y good will,
debidamente actualizados, así como imponer condena en costas.

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V. ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA

112. El 19 de octubre de 2017, el Despacho Sustanciador del Tribunal celebró la
audiencia de conciliación de que trata el inciso 4 del artículo 192 del CPACA y ante
la ausencia de acuerdo conciliatorio concedió el recurso de apelación.

113. Mediante auto de 10 de septiembre de 20199, se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por la parte demandante y demandada.

114. Posteriormente, en providencia del 7 de noviembre de 201910 se corrió traslado
a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que emitiera concepto.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

115. La DIAN presentó alegatos de conclusión11 en los que reiteró los reproches
que fueron expuestos en el escrito del recurso de apelación.

116. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en el término
de traslado.

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia

117. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA y del artículo
13 del Acuerdo 80 de 2019 12 , la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.

118. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.

9 Índice 00018 del expediente digital, SAMAI.
10 Índice 00023 del expediente digital, SAMAI.
11 Índice 00022 del expediente digital, SAMAI.
12 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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7.2. De la configuración del silencio administrativo positivo

119. En este punto es necesario definir si no son nulos por falta de competencia
temporal los actos administrativos que ordenaron y confirmaron el decomiso de una
mercancía, si se alega que no se configuró el silencio administrativo positivo porque
el término para decidir de fondo no podía contabilizarse desde la presentación del
escrito de objeción, debido a que la sociedad actora no constituyó oportunamente
la póliza de garantía en reemplazo de la aprehensión.

120. Se denota del problema planteado por la DIAN que el fundamento lo constituye
un hecho que considera relevante no ponderado por el a quo consistente en que la
demandante no había constituido la garantía de reemplazo de la aprehensión y
entonces esa circunstancia impedía comenzar el cómputo del término para resolver
y definir la situación jurídica de la mercancía y por ende, la constatación del silencio
administrativo positivo.

121. Siendo ello así, es pertinente dar cuenta del marco normativo que gobierna la
actuación que se enjuicia.

122. En el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 30 del
Decreto 2557 de 2007, se reguló el término con el que cuenta la autoridad aduanera
para expedir el acto administrativo que decide de fondo la situación jurídica de la
mercancía aprehendida, así:

«Artículo 512. Acto administrativo que decide de fondo. Vencido el término
previsto en el inciso primero del artículo 505-1 del presente Decreto o el término
previsto en el inciso segundo del artículo 510 sin que se hubiere presentado el
documento de objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento
especial aduanero, la autoridad aduanera dispondrá de quince (15) días para
decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida,
mediante resolución motivada y de treinta (30) días para expedir el acto
administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, la
formulación de la Liquidación Oficial o el archivo del expediente, si a ello hubiere
lugar.

Cuando se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la
respuesta al requerimiento especial aduanero y no se hubieren decretado
pruebas o se hubieren denegado las solicitadas, la autoridad aduanera
dispondrá de cuarenta y cinco (45) días para decidir de fondo sobre la situación
jurídica de la mercancía aprehendida y para expedir el acto administrativo que
decide de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la
liquidación oficial o el archivo del expediente, contados a partir del día siguiente

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al cual se radicó la objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento
especial aduanero» (Subrayas de la Sala).

123. A su turno, el articulo 519 ibidem dispuso:

«Artículo 519. Incumplimiento de términos. Los términos para decidir de
fondo previstos en el presente Capítulo son perentorios y su incumplimiento
dará lugar al silencio administrativo positivo. Cuando el procedimiento se haya
adelantado para imponer una sanción, se entenderá fallado a favor del
administrado. Cuando el procedimiento se haya adelantado para formular una
liquidación oficial, dará lugar a la firmeza de la declaración. En los casos de
mercancía aprehendida para definición de situación jurídica, dará lugar a la
entrega de la misma al interesado previa presentación y aceptación de la
declaración de legalización, cancelando los tributos aduaneros a que hubiere
lugar y sin el pago de rescate» (Subrayas de la Sala).

124. Sobre el alcance de los artículos 512 y 519 del Estatuto Aduanero, esta
Sección precisó:

«6.4.2.1.2. De acuerdo con la normativa citada, cuando no sea necesaria la
práctica de pruebas, la DIAN dispone de un plazo de 45 días, excluyendo el
término de notificación13, para adoptar la decisión de fondo sobre la definición
jurídica de la mercancía. Este término se cuenta a partir del día siguiente a la
radicación de la objeción, conforme a lo previsto en el artículo 512 del Decreto
2685 de 1999. En consecuencia, para que la resolución que decide de fondo la
situación jurídica de la mercancía se entienda expedida oportunamente es
necesario que, dentro del término legal (que en los eventos que se presenta
objeción a la aprehensión es de 45 días), se dicte el acto que lo decide. Además,
el anterior término para pronunciarse de fondo es perentorio, porque el artículo
519 del mismo ordenamiento establece que, ante su incumplimiento, se
configura el silencio administrativo positivo.

Ahora bien, los presupuestos que se han indicado no son objeto de
cuestionamiento, pues el término para decidir no se debate, como quiera que la
controversia gira en torno al momento en que debe comenzar a contar.

Desde esta perspectiva, observa la Sala que el artículo 505-1 del Estatuto
Aduanero prevé que la objeción a la aprehensión de la mercancía debe
realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del Acta de
Aprehensión, ante la autoridad aduanera a quien se dirige.

Ahora, para determinar el inicio del conteo, el inciso 2 del artículo 512 establece
expresamente que, cuando se hubiere presentado el documento de
objeción a la aprehensión y no se hubieren decretado pruebas o se
hubieren denegado las solicitadas, la autoridad aduanera dispondrá de
cuarenta y cinco (45) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica
de la mercancía aprehendida y para expedir el acto administrativo que

13 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera veintidós (22) de
febrero de dos mil veinticinco (2020) Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00766-02- Consejero
Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
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decide de fondo contados a partir del día siguiente al cual se radicó la
objeción a la aprehensión.

En ese orden, la DIAN, en los eventos que en los que se presente objeción a la
aprehensión de la mercancía y no se decreten pruebas o se nieguen las
solicitadas, cuenta con 45 días para resolver de fondo la situación jurídica, el
cual se deberá contabilizar desde el día siguiente a la recepción del escrito
de objeción» (Negrillas y subrayado del texto original)14.

125. Por su parte el artículo 233 del Estatuto Aduanero, modificado por el artículo 4
del Decreto 4431 de 2004, reguló la garantía en reemplazo de la aprehensión. En
lo pertinente, dispuso:

«Artículo 233. Garantía en reemplazo de aprehensión. La autoridad
aduanera podrá autorizar la entrega de las mercancías aprehendidas, cuando
sobre estas no existan restricciones legales o administrativas para su
importación, o cuando se acredite el cumplimiento del respectivo requisito,
previo el otorgamiento, dentro del término para presentar el documento de
objeción a la aprehensión de que trata el artículo 505-1 del presente decreto,
de una garantía por el valor en aduana de la misma y el ciento por ciento (100%)
de los tributos aduaneros a que hubiere lugar, cuyo objeto será respaldar en
debida forma la obligación de poner la mercancía a disposición de la Aduana,
cuando en el proceso administrativo se determine su decomiso. El término de
constitución será fijado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

El reemplazo de la aprehensión de la mercancía por la garantía de que trata el
inciso anterior se deberá solicitar en el documento de objeción a la aprehensión
anexando la garantía correspondiente, sobre la cual se pronunciará la autoridad
competente a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a su
presentación». (Subrayas de la Sala).

126. De las normas transcritas se desprende que el artículo 512 regula el término
con el que cuenta la autoridad aduanera para decidir de fondo la situación jurídica
de la mercancía aprehendida. De acuerdo con esa disposición, cuando no se
decreta período probatorio, la administración cuenta con 45 días para expedir el
acto que resuelve de fondo.

127. Por su parte el artículo 233 ibidem regula una institución distinta: la posibilidad
de constituir garantía en reemplazo de la aprehensión, con el fin de que el
interesado pueda disponer de la mercancía mientras se adelanta la actuación
administrativa dirigida a definir su situación jurídica.

14 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera 11 de diciembre de

2025 Radicación: 76001-2333-000-2012-00206-02 - Consejero Ponente: Carlos Fernando Mantilla
Navarro.
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128. Esa garantía constituye una opción que el ordenamiento jurídico reconoce al
interesado para obtener la entrega de la mercancía aprehendida, siempre que
constituya una póliza por el 100% de su valor aduanero. Su propósito es amparar el
riesgo derivado de la eventual desaparición o disposición de los bienes mientras se
decide si procede o no el decomiso.

129. Así, el trámite de la garantía en reemplazo de la aprehensión no solo tiene un
objeto distinto al de la definición de la situación jurídica de la mercancía, sino que
es accesorio frente a dicha actuación. Por ello, su solicitud, estudio o eventual
aceptación no suspende, interrumpe ni modifica el término previsto en el artículo
512 del Decreto 2685 de 1999 para que la autoridad aduanera adopte la decisión
definitiva.

130. Lo anterior se refuerza con la lectura del último inciso del artículo 233 del
Estatuto Aduanero, en el que se prevé un término específico de 3 días para resolver
la solicitud de entrega en reemplazo de la aprehensión. Ese término tiene una
finalidad propia que no altera el plazo legal para decidir de fondo sobre la
aprehensión o el decomiso de la mercancía.

131. En consecuencia, no le asiste razón a la DIAN cuando sostiene que la falta de
cumplimiento oportuno de los requisitos relacionados con la garantía impedía que
corriera el término para resolver de fondo. Esa circunstancia podía incidir en la
entrega de la mercancía en reemplazo de la aprehensión, pero no enervaba el
cómputo del plazo para decidir si la mercancía debía ser decomisada.

132. En el presente asunto, la sociedad actora presentó el escrito de objeción a la
aprehensión el 29 de mayo de 2014. Como no se decretó período probatorio, la
DIAN contaba con 45 días para decidir de fondo la situación jurídica de la
mercancía. Dicho término vencía el 5 de agosto de 2014.

133. Sin embargo, la Resolución 1034 fue expedida el 6 de agosto de 2014, esto
es, por fuera del término previsto legamente para ello. Por tanto, objetivamente se
configuró el silencio administrativo positivo previsto en los artículos 512 y 519 del
Decreto 2685 de 1999.

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134. Por lo anterior, no prospera el cargo de apelación de la DIAN dirigido a
controvertir la configuración del silencio administrativo positivo. En consecuencia,
se confirmará la nulidad de los actos administrativos demandados por falta de
competencia temporal.

135. Ahora bien, esa autoridad también cuestionó que el Tribunal no hubiera
valorado la declaración rendida por Luis Miguel Vargas Sánchez de la cual, a su
juicio, se desprendía que la sociedad demandante no había cumplido los
presupuestos relacionados con la legalización de la mercancía y el pago de los
tributos aduaneros correspondientes.

136. Sin embargo dicho planteamiento no desvirtúa la conclusión alcanzada por la
Sala en cuanto a que la DIAN excedió el término previsto para definir la situación
jurídica de la mercancía. En efecto como se explicó el trámite relacionado con la
garantía en reemplazo de la aprehensión no suspendía ni modificaba el término
legal para adoptar la decisión de fondo.

137. De otra parte, el debate acerca del cumplimiento de los presupuestos para la
legalización tendría incidencia respecto de la procedencia de la entrega de la
mercancía como efecto del silencio administrativo positivo, aspecto frente al cual,
como se explicará más adelante, la Sala revocará la orden impartida por el Tribunal
debido a que la mercancía nunca estuvo bajo la custodia real y material de la DIAN.
Por tanto, no resulta necesario efectuar un análisis adicional de la prueba invocada
por la recurrente.

138. En este punto es necesario definir si, una vez confirmada la nulidad de los
actos administrativos por falta de competencia temporal, resulta necesario estudiar
los demás cargos de nulidad propuestos en la demanda y reiterados por la parte
actora en el recurso de apelación.

139. La sociedad demandante insistió en que la actuación administrativa también
estaba viciada por la presunta irregularidad del auto comisorio, la indebida
aplicación de las causales de aprehensión y decomiso, la falta de valoración de los
documentos aportados, la omisión del análisis integral y la vulneración del debido
proceso.

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140. Sin embargo, el Tribunal declaró la nulidad de los actos acusados por la
configuración del silencio administrativo positivo, al considerar que la DIAN perdió
competencia temporal para definir la situación jurídica de la mercancía.

141. Al respecto, esta Sección ha sostenido que, ante la prosperidad de un cargo
de nulidad con entidad suficiente para invalidar las decisiones que se impugnan, la
Sala se releva de estudiar los demás reproches formulados, así se indicó en otra
decisión en la que se dispuso:

«Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del
artículo 2º del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de
estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la
obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con
la decisión resulten desconocidos sus derechos»15.

142. Lo anterior no desconoce el derecho al debido proceso, pues en esos términos
la providencia está resolviendo la pretensión formulada, esta es, la nulidad de los
actos que se censuran; lo que a su vez supone que no omite resolver ningún
extremo del litigio, por el contrario, se pronuncia de manera efectiva y de fondo
sobre uno de ellos, definiendo el derecho sustancial reclamado, explicando las
razones de su prosperidad y definiendo las consecuencias que de ello se derivan
en materia de restablecimiento del derecho.

143. La garantía de doble instancia tampoco impone el estudio de todos los cargos
cuando la decisión de anulación se mantiene por una razón suficiente y autónoma.
El ad quem debe revisar la sentencia apelada dentro de los límites del recurso y
pronunciarse sobre los aspectos que puedan modificar, confirmar o revocar la
respectiva providencia. Por ello, el análisis de los demás cargos solo sería necesario
si tuviera incidencia en el alcance de la nulidad declarada o en el restablecimiento
del derecho.

144. Así las cosas, como en el presente asunto la nulidad de las Resoluciones 1034
de 2014 y 1646 de 2014 se mantiene por la configuración del silencio administrativo
positivo, derivado de la falta de competencia temporal de la administración para

15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Proceso número: 11001 03 24

000 2009 00457 00. Sentencia de 11 de febrero de 2016. Consejero Ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés.
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definir la situación jurídica de las mercancías, no resulta necesario emitir
pronunciamiento de fondo sobre los restantes cargos de nulidad.

145. Ahora bien, como acerca de la pretensión de restablecimiento del derecho hay
controversia, sobre ese tópico se adelantará el análisis como enseguida se expone.

7.4. Del restablecimiento derivado del silencio administrativo positivo

146. En este punto es necesario definir si debe mantenerse la orden impartida por
el Tribunal consistente en disponer formalmente la entrega de la mercancía
aprehendida, si la DIAN sostiene que ésta ya había sido entregada en reemplazo
de aprehensión y que nunca estuvo bajo su custodia real y material.

147. Pues bien, la Sala observa que en la demanda la sociedad actora afirmó que
el 8 de agosto de 2014 mediante Auto de Entrega 00265 la DIAN ordenó la entrega
de la mercancía en reemplazo de aprehensión, decisión que fue notificada
personalmente a la propietaria de la mercancía.

148. Al contestar ese hecho, la DIAN manifestó:

«Al hecho 24°, es cierto parcialmente, la simbólica entrega fue documental, toda
vez que la mercancía siempre estuvo a disposición del tenedor en el sitio en
que fue aprehendida y nunca jamás estuvo a disposición real y material de la
demandada»16

149. Así las cosas, la orden de entrega impartida en primera instancia carece de
objeto. La DIAN no puede ser compelida a entregar materialmente una mercancía
que no estuvo bajo su tenencia real y que, según la propia actuación administrativa,
permaneció en el sitio de aprehensión a disposición del tenedor.

150. Bajo el anterior contexto y como en el expediente no se advierte prueba que
demuestre que la mercancía aprehendida y posteriormente decomisada hubiera
estado bajo custodia real y material de la DIAN, la Sala revocará en este punto la
sentencia dictada por el Tribunal.

16 Folio 241 del cuaderno principal del Tribunal.

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7.5. De la incongruencia interna de la sentencia de primera instancia

151. En este punto es necesario definir si debe mantenerse la condena impuesta
por el Tribunal a título de daño emergente, si se alega que existe incongruencia
entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, porque en las consideraciones
se negó el reconocimiento de ese perjuicio y pese a ello, en la parte resolutiva se
condenó a la DIAN a pagar una suma por dicho concepto.

152. Para resolver este reparo, es necesario recordar que el artículo 281 del Código
General del Proceso consagra el principio de congruencia de la sentencia, que
dispone:

«Artículo 281. Congruencia. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta».

153. Sobre el alcance de dicho principio, esta Sección ha precisado:

«De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal
necesita, de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la
sentencia y, del otro, que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin
embargo, debido a que el legislador no determinó cuáles son los eventos en los
que se considera que se ha configurado una “nulidad originada en la sentencia”,
ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha dotado de contenido
esta disposición17.

Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones
“originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes
con influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustantiva propia de la actuación”18.

En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto
implica corroborar que: i) el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir,
que se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) la anomalía
es de tal magnitud que configura un defecto insaneable de la actuación, al punto

17 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16. Sentencia del 5 de mayo de 2020.

Radicado 11001031500020170251900
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 7 de octubre de 2019, Radicado

11001333103520080018001
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que, de no presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta19.

En cuanto a la segunda exigencia, esta Corporación ha señalado que son dos
los grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado
de la sentencia20: el primero, relacionado con irregularidades que constituyen
causal de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la
sentencia, y, el segundo, relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y
que pueden derivar en la vulneración del artículo 29 Superior21.

El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal
previstas en el CPACA, en el Código de Procedimiento Civil (CPC) o en el
Código General del Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en
la sentencia. El segundo, a la inobservancia de aspectos procesales de tal
transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso22, lo cual
excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que
conciernan al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la
forma de aplicación de una determinada norma.

Así, según la jurisprudencia de esta Corporación23 y a modo enunciativo, una
nulidad originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de
nulidad procesal previstas en el CPACA o en el Código General del Proceso
puede acaecer en los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un
proceso que terminó por desistimiento, transacción, perención o estando
legalmente suspendido o interrumpido y antes de la oportunidad para
reanudarlo; ii) cuando el fallo aparece firmado por menor o mayor número de
magistrados o cuando es adoptado con un número de votos diferente al previsto
en la ley; iii) cuando la sentencia carece totalmente de motivación; iv) cuando el
fallo viola el principio de non reformatio in pejus; v) cuando la sentencia condena

19 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 14 de agosto de 2018,

Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°22.
Sentencia del 3 de diciembre de 2019, Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de noviembre de 2018, Radicado
11001032500020150099600
20 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 3 de febrero de 2015, Rad.:

11001031500019980015701; Consejo de Estado, Sala Especial No. 26. Sentencia del 3 de febrero
de 2015 Rad.: 11001031500020110163900; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22.
Sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad.: 11001031500020150234200 y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N°2. Sentencia del 1° de octubre de 2019, Rad.: 11001031500020130221600
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 16 de julio de 2007, Rad.:

11001031500020070065300. Se toma el resumen de la causal contenido en el radicado No
110010315000201300702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por
la Sala Especial de Decisión N° 10, Rad.: 11001031500020120023000
22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°15. Sentencia del 5 de noviembre de 2019.

Radicado 11001031500020180141500
23 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de febrero

de 2015, Rad.: 11001031500020090049400; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26.
Sentencia del 14 de agosto de 2018, Rad.: 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala
Plena, Sala Especial de Decisión N° 22. Sentencia del 3 de diciembre de 2019, Rad.:
11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 29
de abril de 2015, Rad.: 20083531900; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 24 de octubre de 2019, Rad.: 11001032500020130023300; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N°15, Sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.:
11001031500020180141500; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
24 de octubre de 2019, Rad.: 11001032500020140032500; Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N° 22. Sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad.: 110010315000201502342; Consejo de
Estado, Sala Especial de Decisión N° 4. Sentencia del 23 de julio de 2019, Rad.:
11001031500020180434500
34

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a quien no es parte dentro del proceso; vi) cuando el fallo se profiere con falta
de competencia o de jurisdicción; vii) cuando se dicta sentencia con
pretermisión de las instancias procesales previas; viii) cuando el demandado es
condenado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente de la invocada en ésta; o ix) cuando la sentencia
carece de congruencia interna o externa.

La congruencia interna se refiere a la correspondencia que debe existir entre la
parte motiva y la resolutiva de la sentencia, mientras que la externa propende
porque la decisión contenida en parte resolutiva se encuentre en concordancia
con lo pedido en la demanda y en su contestación 24 , es decir, que haya
identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones
oportunamente presentadas, salvo por las competencias oficiosas que la ley
otorga al juzgador25. Lo anterior encuentra fundamento en el artículo 281 del
CGP26 ꟷque reformó el artículo 305 del CPCꟷ, aplicable por remisión normativa
del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que
tienen lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita
cuando se reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se
concede por una causa distinta al supuesto fáctico y jurídico de la demanda, o
infrapetita cuando no se resuelve algún asunto debidamente planteado27. De
fondo, la razón por la cual procede la nulidad originada en la sentencia cuando
se desconoce el principio de congruencia, es porque el fallador excede su
competencia, la que, como se ha dicho, está determinada por las pretensiones
y los fundamentos de la demanda, y por la contestación y las excepciones
propuestas28.

En conclusión, la procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia
de que trata el numeral 5° del artículo 250 del CPACA impone acreditar, de un
lado, que el recurso se interpone contra una sentencia respecto de la cual no
procede el recurso de apelación y, del otro, que el fallo a infirmar dio origen a
una nulidad procesal de las que tratan las codificaciones procesales o a un
defecto con implicaciones graves en la garantía del debido proceso».

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 1 de marzo de 2018. Radicado

11001-03-25-000-2013-00838-00.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 13 de agosto de 2021. Radiado

11001-03-26-000-2019-00100-00(64246).
26 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y

las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No
podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo
probado se le reconocerá solamente lo último. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho
modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de
haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte
interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. (…)”
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de

agosto de 2002. Radicado 760012324000199704345-01(12668).
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A.

Sentencia de 13 de agosto de 2021. Radiado 11001-03-26-000-2019-00100-00(64246).
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154. En el presente asunto, el reparo de la DIAN se ubica en la primera dimensión
del principio, esto es, en la congruencia interna de la sentencia, pues no cuestiona
que el Tribunal se hubiera pronunciado sobre una materia ajena al litigio, sino que
la parte resolutiva no guarda armonía con las razones expuestas en la parte motiva.

155. Revisada la sentencia apelada, se advierte que el Tribunal negó la procedencia
de los perjuicios reclamados por la parte actora. En particular, señaló que no había
lugar a reconocer como daño emergente el valor de la póliza constituida en
reemplazo de la aprehensión, porque esta fue otorgada antes de la configuración
del silencio administrativo positivo. También indicó que los gastos por honorarios y
viáticos no estaban demostrados, como se ve a continuación29:

156. Pese a lo anterior, en la parte resolutiva condenó a la DIAN a pagar la suma
de $16.768.060,16 por concepto de daño emergente, así30:

29 Cfr. Folio 376 reverso del cuaderno principal del Tribunal.
30 Cfr. Folio 377 reverso del cuaderno principal del Tribunal.

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157. Esa determinación no guarda armonía con la motivación de la providencia,
pues el Tribunal no identificó el rubro reconocido, su soporte probatorio ni la
operación que permitía llegar a tal conclusión.

158. En esa medida, la condena impuesta por daño emergente no puede
mantenerse, porque carece de correspondencia lógica con las consideraciones de
la sentencia apelada.

159. En consecuencia, prospera el cargo de apelación de la DIAN sobre este punto
y se revocará el numeral de la sentencia apelada que condenó a la entidad al pago
de $16.768.060,16 por concepto de daño emergente.

7.6. De los perjuicios reclamados por la parte demandante
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160. En este punto es necesario definir si deben reconocerse los perjuicios
reclamados por la parte demandante por concepto de daño emergente, lucro
cesante y good will, si se sostiene que el Tribunal omitió valorar las pruebas que
acreditaban su causación y cuantificación.

161. En la demanda, la sociedad actora solicitó $173.268.950 por daño emergente,
suma que hizo corresponder al 20% del valor de la mercancía decomisada y a la
ganancia dejada de percibir por su venta31. Asimismo, pidió $45.063.316 por lucro
cesante, monto que discriminó en $28’295.676 por el valor de la póliza constituida
en reemplazo de la aprehensión, $5’164.626,83 por viáticos, gastos de transporte y
desplazamiento y $11’603.433,33 por honorarios profesionales. También reclamó
$616.000.000 por afectación al good will.

162. Sin embargo, en el recurso de apelación la demandante modificó la forma de
presentar los valores reclamados, pues pidió $45’063.735 por daño emergente,
$19’631.331 por lucro cesante y mantuvo la suma de $616.000.000 por good will.
Esa variación no puede entenderse como una modificación de las pretensiones
indemnizatorias inicialmente formuladas, en tanto el marco de decisión de la Sala
está delimitado por lo pedido en la demanda, por los hechos y pruebas que
sustentaron la controversia desde la primera instancia.

163. Por lo anterior, el análisis se realizará a partir de las pretensiones
indemnizatorias formuladas en el libelo introductorio, advirtiendo que la calificación
dada por la parte actora a algunos conceptos no resulta determinante para definir la
prosperidad de la respectiva pretensión, como quiera que la póliza constituida en
reemplazo de la aprehensión, los honorarios profesionales, los viáticos y los gastos
de transporte aunque fueron ubicados por la demandante dentro del rubro
denominado lucro cesante, materialmente corresponden a erogaciones o gastos
que habrían salido del patrimonio de la sociedad y, por tanto, deben estudiarse
como daño emergente.

31 «Daño emergente por la suma de $173.268.950.oo, discriminados así:

La suma de $173.268.950.oo equivalente del 20% del valor de la mercancía decomisada avaluada
en la suma de $866.344.752 pesos, daño dejado de percibir por ganancia de la venta de la mercancía
decomisada.»
38

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164. En cambio, la suma de $173’268.950 que la parte actora denominó daño
emergente por corresponder a la ganancia que la sociedad afirmó haber dejado de
percibir por no poder comercializar la mercancía aprehendida, se relaciona
materialmente con el lucro cesante.

165. Finalmente, la afectación al good will será estudiada de manera independiente,
en atención a que la demandante la fundamentó en el supuesto menoscabo de su
buen nombre comercial, la reducción de sus ventas y la existencia de una
investigación penal por el delito de contrabando.

7.6.1. Daño emergente

166. Conforme a la precisión anterior, la Sala analizará como daño emergente los
siguientes conceptos: el valor de la póliza constituida en reemplazo de la
aprehensión, los honorarios profesionales, los viáticos, los gastos de transporte,
hospedaje y manutención.

167. Para demostrar dichos gastos, la sociedad invocó la relación de erogaciones
obrante en el expediente, en la que se discriminaron conceptos de honorarios,
tiquetes, estadía, hospedaje y póliza. En dicho documento se relacionaron, entre
otros, valores asociados a facturas de Araujo Ibarra & Asociados S.A., tiquetes de
Aviatur, hospedaje y manutención, así como una póliza expedida por Seguros del
Estado S.A32.

32 Cfr. Folio 138 del cuaderno principal del Tribunal.

39

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168. También se aportaron facturas de Araujo Ibarra & Asociados S.A. por concepto
de servicios profesionales. Por ejemplo, obra factura de venta por $11.600.000,
cuyo concepto corresponde a la «presentación de la objeción a la aprehensión»33.

169. Igualmente, se allegó factura por $11.600.000, cuyo concepto corresponde a
la «interposición del recurso de reconsideración contra la resolución que ordene el
decomiso de la mercancía»34.

33 Cfr. Folio 142 del cuaderno principal del Tribunal.
34 Cfr. Folio 146 del cuaderno principal del Tribunal.

40

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170. Además, reposa orden de requisición por servicios profesionales en el proceso
de definición de situación jurídica de mercancía aprehendida por la Dirección
Seccional de Aduanas de Santa Marta, relacionada con las actas de aprehensión
019-01770, 019-01738 y 019-01733, por valor de $30.000.00035.

171. De igual manera, se aportaron documentos relativos a gastos de transporte,
alojamiento y manutención. Entre ellos, se observan facturas de Aviatur y de
hospedaje, asociadas a desplazamientos de personas vinculadas al trámite
administrativo (visible a folios 148 a 204 del cuaderno del Tribunal).

172. Finalmente, la parte actora aportó documentos relacionados con la póliza de
cumplimiento expedida por Seguros del Estado S.A.36, cuyo objeto era garantizar la
obligación de poner la mercancía a disposición de la Aduana en caso de que dentro
del proceso administrativo se determinara su decomiso.

35 Cfr. Folio 147 del cuaderno principal del Tribunal.
36 Cfr. Folio 206 del cuaderno principal del Tribunal.

41

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173. De lo expuesto la Sala advierte que los documentos evidencian la causación o
facturación de algunos conceptos y servicios, pero no acreditan por sí solos la
erogación que se produjo por parte de la sociedad para cubrirlos. En efecto, las
facturas e incluso la póliza allegados dan cuenta de conceptos asociados a la
representación técnica de la actora dentro del procedimiento administrativo pero,
esos soportes no acreditan el pago efectivo de las sumas reclamadas.

174. En relación con los honorarios profesionales, la Sala no desconoce que los
gastos de representación en una actuación administrativa pueden ser reclamados
como daño emergente cuando se demuestre su pago efectivo y su relación directa
con la actuación que dio lugar al daño. Sin embargo, en este caso las facturas
aportadas no resultan suficientes para tener por acreditado el desembolso de las
sumas reclamadas ni permiten establecer que la totalidad de esos valores
correspondiera necesaria y exclusivamente a la defensa frente a los actos
administrativos anulados.

175. Lo mismo ocurre con los viáticos, tiquetes y gastos de desplazamiento. Aunque
en el expediente obran documentos asociados a esos conceptos, tales soportes no
permiten establecer de manera cierta que las erogaciones hubieran sido
42

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efectivamente pagadas por la sociedad demandante ni que correspondieran a
gastos directos, necesarios e inmediatos derivados de la expedición de las
Resoluciones 1034 de 2014 y 1646 de 2014.

176. Así las cosas, la Sala concluye que la suma correspondiente al daño
emergente no se acredita de manera necesaria y exclusiva, por lo que no es
procedente acceder a esa pretensión de reparación.

7.6.2. Lucro cesante

177. La parte demandante pidió el reconocimiento del lucro cesante por la utilidad
que habría dejado de percibir durante el tiempo en que no pudo comercializar la
mercancía aprehendida.

178. Observa la Sala que la sociedad aportó con la demanda una certificación de
ingresos de los años 2013 y 2014, suscrita por el revisor fiscal de la sociedad. En
dicho documento se relacionaron ingresos bimestrales comparativos y se indicó
que, para los bimestres 3, 4, 5 y 6, la sociedad registró ingresos totales de
$97.273.102.828 en 2013 y $63.427.957.865 en 201437.

37 Cfr. Folio 137 del cuaderno principal del Tribunal.

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179. No obstante, la certificación de ingresos no resulta suficiente para acreditar el
lucro cesante. Dicho perjuicio exige demostrar una ganancia cierta dejada de
percibir, no una mera expectativa de utilidad.

180. En este caso, la certificación del revisor fiscal permite observar una
comparación global de ingresos entre los años 2013 y 2014, pero no demuestra que
la sociedad hubiera tenido una venta cierta de la mercancía aprehendida, ni que
existiera un contrato, pedido, orden de compra o negocio concreto frustrado por la
actuación administrativa.

181. Tampoco se aportaron estados financieros, facturas de compra y venta,
contratos comerciales, órdenes de pedido o soportes contables que permitieran
verificar que la disminución de ingresos indicada por el revisor fiscal obedeció a la
aprehensión de la mercancía y no a otros factores propios de la actividad comercial
de la sociedad.

182. En ese mismo sentido, la certificación de ingresos obrante a folio 137 del
cuaderno principal no es suficiente para acreditar la disminución del valor de venta
de la mercancía, ante la ausencia de documentos que soporten dicha certificación,
como estados financieros, facturas de compra y venta, entre otros.

183. Por tanto, la metodología propuesta por la demandante acredita, a lo sumo,
una expectativa de rentabilidad basada en ingresos históricos, pero no una ganancia
cierta dejada de percibir como consecuencia directa de los actos anulados.

184. En consecuencia, no prospera el cargo de apelación dirigido al reconocimiento
del lucro cesante.

7.6.3. Good will

185. La sociedad demandante también solicitó el reconocimiento de $616.000.000
por concepto de afectación al good will, suma equivalente a 1.000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes para mayo de 2014.

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186. Para sustentar este perjuicio, sostuvo que la aprehensión, el decomiso y las
investigaciones penales por contrabando afectaron su buen nombre comercial y su
credibilidad en el mercado de tubos petroleros. También afirmó que la mercancía
requería documentos de importación válidos para su comercialización y que la
actuación de la DIAN generó desconfianza frente a clientes y potenciales
compradores.

187. Sin embargo, la parte actora no aportó prueba suficiente que permitiera tener
por acreditada una afectación real y cuantificable de su good will. En efecto, no se
acreditó la pérdida de clientes, cancelación de contratos, terminación de relaciones
comerciales, imposibilidad de participar en negocios determinados, disminución
verificable del valor del establecimiento de comercio ni gastos concretos asumidos
para restablecer la reputación empresarial.

188. Sobre el alcance de este concepto, esta Corporación ha indicado:

«53. A su vez, en proveído del 4 de diciembre de 2020, se indicó que el good
will comprende a aquellos activos que de manera general hacen parte de la
noción de establecimiento de comercio; veamos:

«Ahora, esta Corporación se ha referido al “good will” como el “buen nombre
o fama comercial en un conglomerado económico-social determinado” y a
pesar de que no existe una disposición normativa que lo defina, el Decreto
2650 de 1993 o Plan Único de Cuentas para comerciantes se refiere a su
registro contable como crédito comercial, en cuanto a este concepto ha
manifestado lo siguiente:

“[E]l buen nombre o fama comercial en un conglomerado económico -
social determinado, bien intangible que conlleva beneficios tales como
el reconocimiento de los consumidores al producto o servicio y a la
empresa que lo suministra, la confianza y credibilidad de la empresa,
la calificación positiva del consumidor a las características del
producto y el derecho a la clientela, esta última con protección jurídica
positiva en las normas que consagran la prohibición de las conductas
de competencia desleal (ley 256 de 1996). El contenido patrimonial de
este derecho no tiene parámetros precisos y por tanto generalmente
corresponde a un estimado del potencial de mercado y su
rentabilidad”38 (se subraya).

Así mismo, la Corporación en su jurisprudencia ha incluido los daños al
buen nombre o good will en el concepto de perjuicios materiales, en la
medida que dichos derechos aunque pertenezcan a la esfera de lo

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de julio de 1997, rad. 10.229, M.P. Ricardo

Hoyos Duque. En el mismo sentido, véase la sentencia de 27 de enero de 2012, rad. 22.205, M.P.
Carlos Alberto Zambrano Barrera. Estas sentencias son citadas por la sentencia de agosto 29 de
2012, rad. 23683, M.P. Danilo Rojas Betancurt
45

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inmaterial constituyen parte del acervo patrimonial de la persona jurídica;
por tanto, el daño que ocasionó la entidad demandada a aquellos bienes de
origen inmaterial, los cuales constituyen la noción de establecimiento de
comercio, deberán ser resarcidos, tanto el daño emergente, cuya
indemnización está sometida a la acreditación de los gastos en los que
incurrió la persona jurídica para restablecer su buen nombre o good will,
como el lucro cesante, materializado en lo que la ésta tuvo que sufragar por
el desprestigio que padeció por el hecho dañino 39 »(Subrayas del
Despacho).

54. En ese contexto, se advierte que la afectación al good will puede
manifestarse en la pérdida de reconocimiento comercial, de clientela, de
confianza en el mercado y, en general, en el deterioro del posicionamiento
empresarial de la sociedad afectada, aspectos que integran el crédito mercantil
y el valor patrimonial asociado al establecimiento de comercio como bien
mercantil del cual se vale el empresario para lograr los fines de la empresa, por
cuanto sin dicho bien la empresa o actividad puede verse totalmente afectada.
Por ende, para efectos de acreditar y cuantificar ese perjuicio y ya que no existe
un parámetro legal o jurisprudencial que permita determinarlo, resulta admisible
acudir a elementos financieros, comerciales y contables que permitan
establecer el impacto que el hecho dañoso produjo sobre el potencial de
mercado y la rentabilidad de la empresa»40.

189. La Sala comparte la conclusión a la que llegó el Tribunal en este punto,
correspondiente a que el good will puede ser resarcido como daño emergente o
lucro cesante, según lo que logre probar la parte afectada. Sin embargo, en el caso
concreto no se aportaron elementos suficientes para acreditar una afectación real,
cierta y cuantificable del buen nombre comercial de la sociedad. En efecto, no se
probó la pérdida de clientes, la cancelación de contratos, la terminación de
relaciones comerciales, la imposibilidad de participar en negocios determinados, la
disminución verificable del valor del establecimiento de comercio ni la realización de
gastos concretos para restablecer la reputación empresaria.

190. En consecuencia, no prospera el cargo de apelación dirigido al reconocimiento
del good will.

7.7. De la condena en costas

39 Sentencia del 9 de mayo de 2014, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Tercera, Subsección B.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 2 de junio

de 2026, radicado número: 13001 23 31 000 2001 00362 02, actor: Aduanas Beletur LTDA S.I.A.,
demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.
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191. Finalmente, corresponde a la Sala determinar si debe modificarse la decisión
del Tribunal de abstenerse de condenar en costas en primera instancia y si hay lugar
a imponerlas en esta instancia.

192. En observancia de los artículos 188 del CPACA41 y 365 del CGP42, en especial
su numeral 8, sobre condena en costas, y a lo expuesto sobre el punto por esta
Corporación, advierte la Sala que esa clase de condenas atiende a un criterio
objetivo valorativo. Dicho criterio: i) es objetivo porque no resulta de un obrar
temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es
resultado de su derrota en el proceso o recurso que hay interpuesto, y ii) es
valorativo porque se requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se
causaron y en la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad efectivamente realizada dentro del proceso.

193. Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso43 y por las agencias en

41 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”
42 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos

en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio
de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en
costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo
podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.
43 “[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales

como el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias,
registros, pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
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derecho44”. Sin embargo, para su reconocimiento no basta la sola condición de parte
vencida, pues el numeral 8 del artículo 365 ibidem exige que en el expediente
aparezca que se causaron y que se encuentren comprobadas.

194. En cuanto a las agencias en derecho, estas hacen parte de las costas
procesales y su fijación debe atender los criterios y tarifas establecidos por el
Consejo Superior de la Judicatura. En particular, el Acuerdo PSAA16-10554 de
2016 regula las tarifas de agencias en derecho y prevé que, para su fijación, debe
valorarse la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del
proceso y las demás circunstancias especiales relacionadas con la actividad
desplegada por el apoderado. Dicho acuerdo fue adicionado por el Acuerdo
PCSJA25-12355 de 2025, que incorporó reglas específicas para determinados
procesos contencioso-administrativos y previó, para la segunda instancia, tarifas
entre 1 y 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes en los asuntos allí
regulados.

195. Frente a la condena en costas en primera instancia, la Sala no advierte razones
para modificar la decisión del Tribunal pues las pretensiones de la demanda
prosperaron parcialmente y no se acreditó que se hubieran causado en los términos
del numeral 8 del artículo 365 del CGP. En consecuencia, no prospera el reparo
formulado por la parte demandante sobre este aspecto de la sentencia.

196. En el presente asunto, el recurso de apelación de la DIAN prospera
parcialmente, en cuanto se revocará la condena por daño emergente y se modificará
el alcance del restablecimiento del derecho relacionado con la entrega de la
mercancía. A su vez, el recurso de la parte demandante no prospera respecto del
reconocimiento de los perjuicios reclamados por daño emergente, lucro cesante y
good will.

197. En ese contexto, no se advierte una parte vencedora plena en segunda
instancia. Si bien la DIAN obtuvo una decisión favorable frente a algunos de sus

44 “[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro

del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
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reparos, se mantiene la nulidad de los actos administrativos demandados por
configuración del silencio administrativo positivo. De otro lado, aunque la parte
demandante conserva la decisión anulatoria favorable, no prosperan sus reparos
encaminados a obtener un mayor restablecimiento económico.

198. Así las cosas, la Sala confirmará la decisión de no condenar en costas en
primera instancia y se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

199. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el numeral 3 de la sentencia de primera instancia y en su
lugar se dispone NEGAR la pretensión dirigida a que se ordene la entrega definitiva
de la mercancía aprehendida, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral 4 de la sentencia de primera instancia y en su
lugar, NEGAR la pretensión de reparación según lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida.

CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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