Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2012-00206-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2012-00206-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 76001-23-33-000-2012-00206-02
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-2333-000-2012-00206-02
Demandante: Petroleum Exploration International S.A. Sucursal Colombia en
proceso de Reorganización
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Tesis: Son nulos los actos administrativos por medio de los cuales se
negó la ocurrencia del silencio administrativo positivo, por
cuanto la dependencia competente de la DIAN dictó la
resolución que resolvió de fondo la situación jurídica de la
mercancía aprehendida por fuera de los 45 días siguientes a la
fecha en que recibió el escrito de objeción a la aprehensión
presentado por la actora.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 en
contra de la sentencia de 3 de septiembre de 20132 mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho formulada por la sociedad PETROLEUM
EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO
DE REORGANIZACION.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La sociedad PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL
COLOMBIA EN PROCESO DE REORGANIZACION, actuando por conducto de
apoderado judicial, presentó demanda3 en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto por el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
en contra de la DIAN, en la cual formuló las siguientes:
1.1.1. Pretensiones
PRINCIPALES:
PRIMERA: Que por tratarse de un acto administrativo complejo, se declare la
nulidad de la Resolución No. 0013 del 10 de Enero de 2012, proferida por la División
1
Páginas 875 a 885 del archivo denominado ED_C01_10OCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 88 – ubicado en el índice 88
del Sistema de Gestión Documental SAMAI
Enlace del proceso
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000201200206021100103
2
Páginas 794 a 821 del archivo denominado ED_C01_10OCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 88 – ubicado en el índice 88
del Sistema de Gestión Documental SAMAI
3
Páginas 1210 a 1313 del archivo denominado ED_C01_10OCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 88 – ubicado en el índice
88 del Sistema de Gestión Documental SAMAI
1
Radicación: 76001-2333-000-2012-00206-02
Demandante: Petroleum Exploration International S.A. Sucursal Colombia
en proceso de Reorganización
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali - U.A.E
DIAN, notificada por correo el día 12 de Enero de 2012, por medio de la cual se
decomisó a favor de la NACIÓN - UAE DIAN, la mercancía aprehendida a la
sociedad PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL
COLOMBIA, NIT. 900.038.568-0, mediante Acta de Aprehensión No. 349 FISCA de
septiembre 23 de 2011, la cual se encuentra descrita en el DIIAMA No.
15461100635 de septiembre 29 de 2011, consistente en: EQUIPO DE
PERFORACION SKYTOP 1500 HP SCR ELECTRONIC DENOMINADO
INTERNAMENTE PEXIN 09 CON TODOS SUS ACCESORIOS E IMPLEMENTOS
PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, por encontrarse inmersa en la causal 1.14
del artículo 502 del Estatuto Aduanero, avaluada de acuerdo a lo establecido en la
base de precios DIAN RESOLUCION No. 2201 de 2005, en cuantía de VEINTIUN
MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SESENTA Y
TRES PESOS M/CTE ($21.806.505.063).
SEGUNDA: Que por tratarse de un acto administrativo complejo, se declare la
nulidad de la Resolución No. 01 88 236 408 601- 037 del 18 de Abril de 2012,
proferida por la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas
de Cali - U.A.E DIAN, notificada por correo el día 23 de Abril de 2012, por medio de
la cual se resolvió recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No.
0013 del 10 de Enero de 2012, confirmándola en todas sus partes.
TERCERA: Que por tratarse de un acto complejo se declare la nulidad de la
Resolución No. 01 88 236 408 6177- 002 del 8 de Junio de 2012, proferida por la
División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali - U.A.E
DIAN, notificada personalmente el día 21 de Junio de 2012, por medio de la cual se
resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto contra la negativa de
solicitud de silencio administrativo positivo interpuesto contra la Resolución No. 01
88 236 408 601- 037 del 18 de Abril de 2012.
CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, se realicen los siguientes pronunciamientos:
1. Que se declare que operó silencio administrativo positivo en relación con la
actuación administrativa identificada con el expediente No. DM 2011 2011 1290.
2. Que como consecuencia de la configuración del silencio administrativo positivo
generada en el expediente DM 2011 2011 1290, se autorice a la sociedad
PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA,
NIT. 900.038.568-0, tramitar la respectiva declaración de legalización sin pago de
rescate y sin oposición alguna respecto a restricción legal o administrativa por
cuanto la mencionada Sociedad obtuvo la expedición de Licencia Previa de parte
del Ministerio de Comercio y no fue factible hacer uso de la misma por la negativa
de la DIAN a declarar el silencio administrativo positivo dentro del proceso aduanero
así como desde antes del inicio de éste como en su desarrollo, la U.A.E DIAN negó
la oportunidad de la presentación de la declaración de legalización voluntaria sin
pago de rescate.
3. Que se declare a la demandada administrativa y económicamente responsable
de los daños y perjuicios ocasionados con la expedición de los actos acusados y
sea condenada a pagar a la demandante las siguientes sumas de dinero:
3.1 Por Concepto de Daño Emergente:
3.1.1 Al ser el equipo decomisado denominado como PEXIN 09 el único activo
productivo con que cuenta la sociedad PETROLEUM EXPLORATION
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 76001-2333-000-2012-00206-02
Demandante: Petroleum Exploration International S.A. Sucursal Colombia
en proceso de Reorganización
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO DE
REORGANIZACION a efectos de cumplir con el proyecto de viabilidad dentro del
proceso de reorganización empresarial, y conllevar el decomiso ordenado por la
DIAN el incumplimiento del proceso de reorganización empresarial, se tasan
perjuicios por daño emergente en SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO DOSCIENTOS NOVENTA Y
TRES ($73.325.305.093) (sic) PESOS M/CTE, que corresponde a las acreencias
graduadas y calificadas por la Superintendencia de Sociedades, suma de dinero que
deberá ser indexada y actualizada.
3.1.2 Que en caso de no ser posible la entrega de la mercancía, se ordene a la DIAN
pagar como daño emergente, el valor de la mercancía determinado por la DIAN en
el proceso aduanero y correspondiente a VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SEIS
MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE
($21.806.505.063), suma que para su cancelación deberá ser indexada y
actualizada.
3.1.3 El valor de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($542.354.000) M/CTE por concepto de las
liquidaciones laborales (salarios, primas, vacaciones, despido sin justa causa, etc.)
que conllevará el despido sin justa causa del personal que opera el equipo
decomisado PEXIN 09, toda vez que al no poder hacer uso de la mercancía por el
decomiso decretado conlleva a quedar sin actividad productiva de ingresos la
sociedad PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL
COLOMBIA EN PROCESO DE REORGANIZACION, además de que el decomiso
impide que cualquier aseguradora procede (sic) a emitir póliza a efectos de participar
en licitaciones y otorgamiento de contratos relacionados con el objeto social de la
PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN
PROCESO DE REORGANIZACION. La suma aquí indicada deberá condenarse a
la DIAN a su pago debidamente actualizado e indexado.
3.1.4 El valor de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO
UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($2.592.101.582) por la multa por
incumplimiento de contrato No. C-38-2012 suscrito entre la sociedad PETROLEUM
EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO
DE REORGANIZACION y el CONSORCIO COLOMBIA ENERGY, producto del
decomiso de la mercancía ordenada por la DIAN. La suma aquí indicada deberá
condenarse a la DIAN a su pago debidamente actualizado e indexado.
3.1.5 El valor de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO
NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($679.195.152)
(sic) M/CTE por concepto de honorarios de abogados y gastos legales generados
por el proceso de decomiso y la respectiva demanda judicial. La suma aquí indicada
deberá condenarse a la DIAN a su pago debidamente actualizado e indexado.
3.2 Por concepto de Lucro Cesante:
3.2.1 El valor de ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ($11.629.338.300)
M/CTE por los ingresos dejados de percibir de parte de la sociedad PETROLEUM
EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO
DE REORGANIZACION, al no adelantar la explotación económica del equipo
decomisado denominado PEXIN09, valor que comprende desde el ingreso
económico dejado de percibir por PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL
S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO DE REORGANIZACION así como
tarifa de desmovilización del equipo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 76001-2333-000-2012-00206-02
Demandante: Petroleum Exploration International S.A. Sucursal Colombia
en proceso de Reorganización
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
3.2.2 El valor de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
($25.920.358.950) M/CTE, suma determinada ante la imposibilidad de ofertar de
parte de la sociedad PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A.
SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO DE REORGANIZACION.
3.2.3 Que la demandada U.A.E DIAN pague la actualización de las sumas indicadas
por concepto de daño emergente y lucro cesante según el índice de precios al
consumidor más el seis por ciento (6%) de interés anual admitido legalmente, hasta
el día en que se realice el pago.
QUINTA: Que se condene a la Entidad demandada a pagar las costas y agencias
en derecho que se generen en este proceso.
SUBSIDIARIAS:
PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 0013 del 10 de Enero de
2012, proferida por la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional
de Aduanas de Cali - U.A.E DIAN, notificada por correo el día 12 de Enero de 2012,
por medio de la cual se decomisó a favor de la NACIÓN - UAE DIAN, la mercancía
aprehendida a la sociedad PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A.
SUCURSAL COLOMBIA, NIT. 900.038.568-0, mediante Acta de Aprehensión No.
349 FISCA de septiembre 23 de 2011, la cual se encuentra descrita en el DIIAMA
No. 15461100635 de septiembre 29 de 2011, consistente en: EQUIPO DE
PERFORACION SKYTOP 1500 HP SCR ELECTRONIC DENOMINADO
INTERNAMENTE PEXIN 09 CON TODOS SUS ACCESORIOS E IMPLEMENTOS
PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, por encontrarse inmersa en la causal 1.14
del artículo 502 del Estatuto Aduanero, avaluada de acuerdo a lo establecido en la
base de precios DIAN RESOLUCION No. 2201 de 2005, en cuantía de VEINTIUN
MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SESENTA Y
TRES PESOS M/CTE ($21.806.505.063).
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 01 88 236 408 601-037
del 18 de Abril de 2012 proferida por la División de Gestión Jurídica de la Dirección
Seccional de Aduanas de Cali - U.A.E DIAN, notificada por correo el día 23 de Abril
de 2012, por medio de la cual se resolvió recurso de reconsideración interpuesto
contra la Resolución No. 0013 del 10 de Enero de 2012, confirmándola en todas sus
partes.
TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, se realicen los siguientes pronunciamientos:
1. Que se autorice a la sociedad PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL
S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO DE REORGANIZACION, NIT.
900.038.568-0, tramitar la respectiva declaración de legalización sin pago de rescate
y sin oposición alguna respecto a restricción legal o administrativa por cuanto la
mencionada Sociedad obtuvo la expedición de Licencia Previa de parte del
Ministerio de Comercio y no fue factible hacer uso de la misma por cuanto desde
antes del inicio como en desarrollo del proceso aduanero, la U.A.E DIAN negó la
oportunidad de la presentación de la declaración de legalización voluntaria sin pago
de rescate.
2. Que se declare a la demandada administrativa y económicamente responsable
de los daños y perjuicios ocasionados con la expedición de los actos acusados y
sea condenada a pagar a la demandante las siguientes sumas de dinero:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 76001-2333-000-2012-00206-02
Demandante: Petroleum Exploration International S.A. Sucursal Colombia
en proceso de Reorganización
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
2.1 Por Concepto de Daño Emergente:
2.1.1 Al ser el equipo decomisado denominado como PEXIN 09 el único activo
productivo con que cuenta la sociedad PETROLEUM EXPLORATION
INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO DE
REORGANIZACION a efectos de cumplir con el proyecto de viabilidad dentro del
proceso de reorganización empresarial, y conllevar el decomiso ordenado por la
DIAN el incumplimiento del proceso de reorganización empresarial, se tasan
perjuicios por daño emergente en SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO DOSCIENTOS NOVENTA Y
TRES ($73.325.305.093) (sic) PESOS M/CTE, que corresponde a las acreencias
graduadas y calificadas por la Superintendencia de Sociedades, suma de dinero que
deberá ser indexada y actualizada.
2.1.2 Que en caso de no ser posible la entrega de la mercancía, se ordene a la DIAN
pagar como daño emergente, el valor de la mercancía determinado por la DIAN en
el proceso aduanero y correspondiente a VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SEIS
MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE
($21.806.505.063), suma que para su cancelación deberá ser indexada y
actualizada.
2.1.3 El valor de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($542.354.000) M/CTE por concepto de las
liquidaciones laborales (salarios, primas, vacaciones, despido sin justa causa, etc.)
que conllevará el despido sin justa causa del personal que opera el equipo
decomisado PEXIN 09, toda vez que al no poder hacer uso de la mercancía por el
decomiso decretado conlleva a quedar sin actividad productiva de ingresos la
sociedad PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL
COLOMBIA EN PROCESO DE REORGANIZACION, además de que el decomiso
impide que cualquier aseguradora procede a emitir póliza a efectos de participar en
licitaciones y otorgamiento de contratos relacionados con el objeto social de la
PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN
PROCESO DE REORGANIZACION. La suma aquí indicada deberá condenarse a
la DIAN a su pago debidamente actualizado e indexado.
2.1.4 El valor de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO
UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($2.592.101.582) por la multa por
incumplimiento de contrato No. C-38-2012 suscrito entre la sociedad PETROLEUM
EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO
DE REORGANIZACION y el CONSORCIO COLOMBIA ENERGY, producto del
decomiso de la mercancía ordenada por la DIAN. La suma aquí indicada deberá
condenarse a la DIAN a su pago debidamente actualizado e indexado.
2.1.5 El valor de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO
NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($679.195.152)
(sic) M/CTE por concepto de honorarios de abogados y gastos legales generados
por el proceso de decomiso y la respectiva demanda judicial. La suma aquí indicada
deberá condenarse a la DIAN a su pago debidamente actualizado e indexado.
2.2 Por concepto de Lucro Cesante:
2.2.1 El valor de ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ($11.629.338.300)
M/CTE por los ingresos dejados de percibir de parte de la sociedad PETROLEUM
EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 76001-2333-000-2012-00206-02
Demandante: Petroleum Exploration International S.A. Sucursal Colombia
en proceso de Reorganización
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
DE REORGANIZACION, al no adelantar la explotación económica del equipo
decomisado denominado PEXIN09, valor que comprende desde el ingreso
económico dejado de percibir por PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL
S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO DE REORGANIZACION así como
tarifa de desmovilización del equipo.
2.2.2 El valor de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
($25.920.358.950) M/CTE, suma determinada ante la imposibilidad de ofertar de
parte de la sociedad PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A.
SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO DE REORGANIZACION.
2.2.3 Que la demandada U.A.E DIAN pague la actualización de las sumas indicadas
por concepto de daño emergente y lucro cesante según el índice de precios al
consumidor más el seis por ciento (6%) de interés anual admitido legalmente, hasta
el día en que se realice el pago.
CUARTA: Que se condene a la Entidad demandada a pagar las costas y agencias
en derecho que se generen en este proceso.
De manera general se solicita al Honorable Despacho que en la Sentencia que se
profiera en el proceso judicial se prevenga a la demandada para que dé estricto
cumplimiento a la Sentencia conforme lo dispone el Art. 189 y S.S. de la Ley 1437
de 2011
1.1.2 Hechos
1.1.2.1. La sociedad PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A.
SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO DE REORGANIZACION indicó que desde
2007 realizó 11 importaciones temporales a corto plazo para ingresar partes que
conformarían el taladro de perforación PEXIN09 SKYTOP 1500 y que estas
importaciones contaban con soportes de facturas, documentos de transporte y
aprobaciones de la DIAN, detallados en el expediente probatorio.
1.1.2.2. Indicó que, en el año 2009, se presentó la Declaración Inicial núm.
13726010851892 del 31 de agosto de 2009, modificada por la Declaración núm.
13726010887340 del 1 de marzo de 2010, amparando la unidad funcional completa
y afirmó que la operación comercial se soportó con la factura núm. 0045 del 10 de
agosto de 2009.
1.1.2.3. Mediante Auto núm. 146201-003 del 26 de febrero de 2010 la DIAN de
Puerto Asís otorgó seis meses adicionales de importación temporal para el equipo
PEXIN09 y sus accesorios. Posteriormente, mediante la Resolución núm. 1 88 241
06 70 0005 del 8 de julio de 2011 se declaró el incumplimiento de la obligación
aduanera y la efectividad de la póliza, por no haberse presentado pruebas de
finalización de la importación temporal en el plazo de la importación amparada con
la Declaración Inicial con Sticker núm. 13726010851892 del 31 de agosto de 2009,
modificada con la Declaración núm. 13726010887340 del 01 de marzo de 2010.
1.1.2.4. La anterior resolución quedó ejecutoriada el 28 de diciembre de 2011,
cuando se surtieron todas las notificaciones; no obstante, antes de que estuviera
ejecutoriada el día 23 de septiembre de 2011, se presentó en término la solicitud de
legalización voluntaria ante la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y
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Radicación: 76001-2333-000-2012-00206-02
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Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Aduanas de Puerto Asís para el equipo de perforación PEXIN09. Sin embargo, ese
mismo día, funcionarios de la DIAN Puerto Asís realizaron la aprehensión del taladro
PEXIN09 mediante el Acta de Hechos núm. 427, bajo el numeral 1.14 del artículo
502 del Decreto 2685 de 1999, y dejándola a cargo de la actora, debido a su
desplazamiento y logística, al amparo del artículo 523 Ibidem.
1.1.2.5. Explicó que el auto comisorio que autorizaba la diligencia de aprehensión
no estaba vigente para el día 23 de septiembre de 2011, por cuanto el auto
precisaba que la diligencia a realizar se surtiría el día 22 de septiembre de 2011 y
únicamente dentro de la vigencia del mismo, es decir, que actuaron sin competencia
al momento de la aprehensión; y, de otra parte, manifestó que el citado auto hablaba
de aprehender la mercancía identificada con Declaración de Importación núm.
13726010854892 del 31 de agosto de 2011, y la mercancía de la actora que fueron
investigadas por la DIAN de Cali en el proceso PT 2011 2011 0016 correspondían
una al año 2009 y otra al año 2010.
1.1.2.6. Mediante Estado núm. 100, fijado el 26 de septiembre de 2011 y desfijado
el 28 del mismo mes y año, la DIAN Puerto Asís notifica el Acta de Aprehensión
núm. 834-349 del 23 de septiembre de 2011 a la actora.
1.1.2.7. El 12 de octubre de 2011 se radicó ante la DIAN Bogotá el Documento de
Objeción a la Aprehensión, el cual fue recibido en la DIAN Cali el día 13 de octubre
de 2011 con radicado 11915 y del 20 de octubre de 2011 con No. 0012222 y
0012564. La actora, en el documento de objeción a la aprehensión, argumentó que
la legalización voluntaria era procedente y que la resolución de incumplimiento no
estaba en firme.
1.1.2.8. Con Auto núm. 060 del 26 de octubre de 2011, fijado por estado del 27 al
31 de octubre de 2011, la DIAN negó las pruebas solicitadas dentro del
procedimiento administrativo. Posteriormente, el 10 de enero de 2012, se profirió la
Resolución de Decomiso núm. 01 88 238 421 636 -0013, contra la cual se interpuso
recurso de reconsideración, reiterando la solicitud de legalización y solicitando la
configuración del silencio administrativo positivo por extemporaneidad en la
decisión.
1.1.2.9. Con Resolución núm. 01 88 236 408 601 - 037 del 18 de abril de 2012 la
División de Gestión Jurídica de Aduana de Cali resuelve el recurso de
reconsideración confirmando la decisión de decomiso y negando la solicitud de
silencio administrativo positivo. Posteriormente, con Radicación núm. 453 del 30 de
abril de 2012, se presentó por parte de la actora recurso de reposición contra la
negativa de solicitud de silencio administrativo positivo.
1.1.2.10. La DIAN, mediante Resolución núm. 01 88 236 408 6177 - 002 del 8 de
junio de 2012, confirmó la negativa de declarar la configuración del silencio
administrativo positivo. Posteriormente, el 28 de junio de 2012, la actora protocolizó
el silencio administrativo positivo mediante escritura pública núm. 1.004 ante la
Notaría Séptima del Círculo de Cali.
1.1.2.11 Por último la actora indicó que interpuso una acción de tutela por
vulneración al debido proceso y al derecho al trabajo, decidida mediante sentencia
núm. 151 del 11 de julio de 2012 proferida por el Juzgado 18 Penal del Circuito de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 76001-2333-000-2012-00206-02
Demandante: Petroleum Exploration International S.A. Sucursal Colombia
en proceso de Reorganización
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Cali, que tuteló los derechos fundamentales invocados, suspendió la aplicación del
acto de decomiso hasta decisión judicial definitiva y otorgó un plazo de cuatro meses
para iniciar la acción judicial correspondiente.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte demandante indicó como vulneradas las siguientes normas: (i) artículos 2,
4, 6, 29, 83, 90, 209 y 228 de la Constitución Política de Colombia; (ii) artículos 2,
3, inciso 2° del artículo 50, 228, 229, 512, 512-2, 519 del Decreto 2685 de 1999; (iii)
artículo 434-1 de la Resolución 4240 de 2000, artículo adicionado por el artículo 6
de la Resolución 1249 de 2005.
Fundamentó el concepto de la violación a partir de los siguientes argumentos:
1.1.3.1. “NULIDAD POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 512 Y 519 DEL ESTATUTO
ADUANERO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 29 Y 228
CONSTITUCIONAL / CONFIGURACION DE SILENCIO ADMINISTRATIVO
POSITIVO A FAVOR DE LA SOCIEDAD PETROLEUM EXPLORATION
INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO DE
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL.”4
Explicó que, el 23 de septiembre de 2011, la autoridad aduanera de Puerto Asís
adelantó la Aprehensión núm. 349 FISCA sobre la máquina PEXIN09 perteneciente
a PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA,
en su calidad de importador, conforme a la Declaración Inicial núm.
13726010851892 del 31 de agosto de 2009, modificada por la Declaración núm.
13726010887340 del 1 de marzo de 2010. Indicó que la DIAN argumentó que la
empresa incumplió el término para finalizar la importación temporal a corto plazo,
aplicando la causal del numeral 1.14 del Artículo 502 del Estatuto Aduanero.
En ese orden, señaló que la notificación del acta de aprehensión se realizó por
estado núm. 100, fijado del 26 al 28 de septiembre de 2011. Ante este hecho, la
sociedad, en ejercicio de su derecho de defensa, radicó en término legal el
Documento de Objeción a la Aprehensión ante la DIAN Bogotá el 12 de octubre de
2011, recibido por la Aduana de Cali el 13 de octubre de ese año. Posteriormente,
la DIAN Cali, a través de la División de Gestión de Fiscalización, negó las pruebas
solicitadas en el documento de objeción mediante el Auto núm. 060 del 26 de
octubre de 2011, notificado por estado entre el 27 y el 31 del mismo mes.
Con base en lo anterior, la DIAN Cali tenía la obligación de emitir una decisión de
fondo sobre la situación jurídica de la mercancía, conforme al artículo 512 del
Estatuto Aduanero, es decir, cuando se presenta objeción y sin solicitud de pruebas
(o si son negadas). Así contaba con el término de 45 días hábiles desde el día
siguiente a la radicación de la objeción, y en esa medida, en el caso bajo estudio, al
haber presentado la actora objeción y negarse las pruebas, el plazo de 45 días
hábiles para la decisión de fondo comenzó el 14 de octubre de 2011.
Ahora bien, la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de Cali no profirió la
Resolución de Decomiso dentro del anterior plazo legal, que vencía el 21 de
diciembre de 2011, puesto que la misma fue dictada el 10 de enero de 2012, es
4
Página 1236 Ibidem
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decir, 13 días después del término legalmente establecido. Por lo tanto, de acuerdo
con el artículo 519 del Estatuto Aduanero, el incumplimiento de este plazo perentorio
genera el silencio administrativo positivo a favor del administrado.
De igual manera indicó que, ante la notificación de la Resolución de Decomiso núm.
01 88 238 421 636-0013 del 10 de enero de 2012, la sociedad actora interpuso
recurso de reconsideración el 27 de enero de 2012, insistiendo en la vulneración de
su derecho a la legalización voluntaria y solicitando expresamente la declaratoria
del silencio administrativo positivo.
Señaló que la DIAN, por intermedio de la aduana de Cali, al resolver el recurso de
reconsideración con Resolución núm. 037 del 18 de abril de 2012, alegó, a efectos
de no declarar el silencio administrativo, que la Resolución de Decomiso fue
notificada por correo certificado tanto a la actora como a la Agencia de Aduanas
Granandina el 12 de enero de 2012, según consta en las guías de Servientrega. La
DIAN agregó que la notificación del acta de aprehensión siguió los procedimientos
legales: al importador se le notificó por estado núm. 100 en la Dirección Seccional
Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís entre el 26 y el 28 de septiembre
de 2011, y al declarante por estado núm. 501 en el GIT de Documentación de la
Dirección Seccional de Aduanas de Cali, fijado el 30 de noviembre y desfijado el 2
de diciembre de 2011 y concluyó indicando que solo una vez surtidas todas las
notificaciones, se inicia el conteo de los términos legales para que la administración
aduanera expida la decisión de fondo.
La actora manifestó estar en desacuerdo con lo argumentado por la DIAN al
considerar que, en el contexto del proceso aduanero seguido por la DIAN respecto
a la importación temporal a corto plazo del equipo PEXIN09, aunque la Agencia de
Aduanas Granandina pudo haber tenido documentación relativa a la posible
finalización de la importación temporal, conforme al artículo 121 del Estatuto
Aduanero, esto no la convierte en titular del proceso de definición de situación
jurídica de la mercancía, puesto que, legalmente, dicha titularidad recae únicamente
en el importador, propietario o poseedor. Además, indicó que la responsabilidad por
la finalización de la modalidad y las eventuales sanciones derivadas (como lo
estipula el numeral 1.3 del artículo 482-1 del Estatuto Aduanero) corresponde
exclusivamente al importador, que debe responder ante la DIAN por el pago de
eventuales sanciones y ejercer su defensa en el proceso de decomiso.
En esa medida, la supuesta necesidad de notificar a la Agencia de Aduanas como
"responsable" o "titular" carece de fundamento legal en este escenario, siendo
PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA el
único sujeto llamado a responder y ejercer derechos en el proceso.
Insistió en señalar que la DIAN, en sus resoluciones, argumentó que era
indispensable notificar a la Agencia de Aduanas para salvaguardar su derecho al
debido proceso y a la contradicción. Sin embargo, esta postura resulta
contradictoria, ya que en las resoluciones que resolvieron los recursos de
reconsideración y reposición la DIAN omitió notificar a la Agencia de Aduanas, a
pesar de haber sostenido previamente la necesidad de su vinculación. Esto
evidencia una falta de coherencia en la actuación administrativa y debilita el
argumento de que la notificación a la Agencia era imprescindible para la validez del
proceso.
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Explicó que la legislación aduanera (artículo 512 del Estatuto Aduanero) establece
plazos perentorios para la expedición de la decisión de fondo, los cuales solo
pueden suspenderse si se decreta un período probatorio. Por lo tanto, no era
jurídicamente válido que la DIAN pretendiera aplicar normas procesales civiles para
justificar una extensión del plazo, pues la normativa aduanera es especial y de
aplicación preferente, y, en suma, adujo que, en el presente caso, la única objeción
presentada fue la de PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A., y no se
decretó período probatorio, por lo que no existía razón legal para prorrogar el plazo
de decisión.
Manifestó que, incluso si se consideraba que la Agencia de Aduanas debía ser
investigada, esto solo procedería una vez ejecutoriada la resolución de decomiso,
conforme al artículo 512-2 del Estatuto Aduanero. Por tanto, la notificación a la
Agencia de Aduanas Granandina durante el proceso de definición de situación
jurídica no era procedente, ya que la responsabilidad y la investigación recaen sobre
el importador.
En ese orden, explicó que la actuación de la DIAN, al realizar una nueva notificación
por estado a la Agencia de Aduanas entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre
de 2011, generó un defecto procedimental, vulnerando los artículos 512 y 519 del
Estatuto Aduanero y los artículos 209 y 228 de la Constitución, lo cual originó la
configuración del silencio administrativo positivo a favor de PETROLEUM
EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA, en proceso de
reorganización.
1.1.3.2. “NULIDAD POR VULNERACIÓN AL INCISO 2° DEL ARTÍCULO 150 EN
CONCORDANCIA CON EL ART. 29 Y 229 DEL ESTATUTO ADUANERO AL
NEGAR EL TRÁMITE DE DECLARACIÓN DE LEGALIZACIÓN VOLUNTARIA
SIN PAGO DE RESCATE / VULNERACIÓN AL ARTÍCULO 62 Y 64 DEL
DECRETO 01 DE 1984 TODA VEZ QUE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
PROFERIDOS EN EL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN
ADUANERA Y EFECTIVIDAD DE PÓLIZA (PT 2011 2011 0016) NO ESTABAN
DEBIDAMENTE EJECUTORIADOS CUANDO LA DIAN APREHENDIÓ LA
MERCANCÍA PEXIN09 / INEXISTENCIA DE RESTRICCIÓN LEGAL
ADMINISTRATIVA / VULNERACIÓN AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE
BUENA FE Y CONFIANZA LEGITIMA”5
Explicó que el proceso aduanero que involucra a PETROLEUM EXPLORATION
INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA se remontaba al expediente PT
2011 2011 0016, en el cual la DIAN Cali declaró el incumplimiento de la obligación
aduanera por no finalizar a tiempo la importación temporal a corto plazo y activó la
efectividad de la póliza para el cobro de tributos y sanciones, y señaló que ese acto
administrativo, formalizado en la Resolución núm. 1 88 241 06 70 0005 del 8 de julio
de 2011, estableció que solo una vez ejecutoriada la decisión se enviaría copia a la
Aduana de Puerto Asís para iniciar el proceso de aprehensión de la mercancía.
Frente a la anterior resolución, tanto la actora como su aseguradora interpusieron
recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos y confirmados a
través de varias resoluciones, pero la decisión solo quedó ejecutoriada el 28 de
5
Página 1265 Ibidem
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diciembre de 2011, cuando se notificó personalmente a la aseguradora. Hasta ese
momento, la DIAN Puerto Asís no podía legalmente iniciar la aprehensión de la
mercancía, pues la propia resolución así lo disponía.
No obstante, el 23 de septiembre de 2011, antes de que la resolución citada en
precedencia quedara en firme, la actora radicó en tiempo solicitud de legalización
voluntaria, buscando regularizar la situación del equipo PEXIN09 y así evitar el pago
de rescate, conforme al beneficio previsto en el inciso 2° del artículo 150 del Estatuto
Aduanero. Sin embargo, ese mismo día, la DIAN de Puerto Asís adelantó el acta de
aprehensión, a pesar de que la resolución que habilitaba tal medida aún no estaba
ejecutoriada.
Con base en lo anterior, la actora consideró que la actuación de la DIAN vulneró
directamente su derecho a la legalización voluntaria sin pago de rescate, pues la
aprehensión se realizó antes de la firmeza de dicho acto administrativo, y pese a la
existencia de una solicitud de legalización presentada en término y de buena fe.
Por lo anterior, la DIAN Puerto Asís, en respuesta a la solicitud de legalización
voluntaria, se limitó a relatar los hechos y a invitar a la empresa a presentar objeción
a la aprehensión, sin pronunciarse sobre el fondo de la petición ni reconocer el
derecho a la legalización voluntaria, ignorando a lo largo del proceso DM 2011 2011
1290, tanto en la objeción a la aprehensión como en el recurso de reconsideración,
los argumentos frente a la procedencia del pago de rescate, desconociendo la
solicitud original de legalización voluntaria.
En esa medida, la conducta de la DIAN quebrantó los principios de buena fe y
confianza legítima, reconocidos en el artículo 83 de la Constitución Política y
desarrollados por la Corte Constitucional, frente al respeto al acto propio y la
coherencia en la actuación administrativa, que son esenciales para garantizar la
seguridad jurídica y el debido proceso, lo cual se evidenció en el presente caso
cuando la administración adoptó una postura contradictoria, primero permitiendo la
legalización voluntaria y luego adelantando la aprehensión y exigiendo el pago de
rescate.
En ese orden, solicitó que, en caso de no acceder a la declaratoria de silencio
administrativo positivo por la extemporaneidad en la emisión de la resolución de
decomiso, se permitiera a la actora presentar la declaración de legalización
voluntaria conforme al inciso 2° del artículo 150 del Estatuto Aduanero, sin pago de
rescate alguno. Además, considerando el tipo de mercancía (taladro para
perforación petrolera), la empresa no estaría obligada al pago de tributos aduaneros
ni a sanción alguna, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 255 de 1992 y el literal
e) del artículo 428 del Estatuto Tributario.
Concluyó señalando que la DIAN vulneró el derecho de PETROLEUM
EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA a la legalización
voluntaria sin pago de rescate, al adelantar la aprehensión de la mercancía antes
de la ejecutoria del acto administrativo y omitir responder de fondo a la solicitud
presentada en tiempo, actuando en contravía de los principios de buena fe,
confianza legítima y respeto al acto propio que deben guiar la función pública.
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1.1.3.3. “AL MOMENTO DE SURTIRSE LA APREHENSIÓN DE LA MERCANCÍA
PEXIN09 POR LOS FUNCIONARIOS DE LA DIAN PUERTO ASÍS, EL AUTO
COMISORIO NO ESTABA VIGENTE, Y POR ENDE NO SE ENCONTRABAN
AUTORIZADOS PARA ADELANTAR TAL ACTUACIÓN, LO QUE CONLLEVA
VULNERACIÓN A LAS REGLAS DE COMPETENCIA”6
Señaló que el 22 de septiembre de 2011, la directora seccional delegada de
Impuestos y Aduanas de Puerto Asís expidió el Auto Comisorio Aduanero núm.
146201-0109, mediante el cual comisionó formalmente a los funcionarios Tania
Andrea Martínez López, Adrián Hernando Rojas Gómez y Guido Admeth Rosero
Quintero. El objetivo era realizar acciones de fiscalización orientadas a la
aprehensión de la mercancía consignada en la Declaración de Importación núm.
13726010854892, correspondiente a PETROLEUM EXPLORATION
INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA; el auto estableció de manera
precisa: (i) Lugar de la diligencia: Puerto Asís, Putumayo, (ii) Fecha de ejecución:
22 de septiembre de 2011, (iii) Vigencia de la comisión: Exclusivamente el día
señalado, debiendo realizarse la diligencia dentro de ese plazo.
No obstante, la realidad de los hechos fue distinta, puesto que el auto comisorio fue
notificado hasta el 23 de septiembre de 2011, y fue en esa misma fecha cuando los
funcionarios de la DIAN Puerto Asís llevaron a cabo la aprehensión de la mercancía.
Esto implicó que la actuación se realizó de manera extemporánea, es decir, fuera
del plazo de competencia temporal conferido por la directora delegada, que solo
había autorizado la actuación para el día 22 de septiembre.
Frente a lo anterior, explicó que, en materia aduanera, aunque los funcionarios de
la DIAN cuentan con amplias facultades de fiscalización y control (artículo 470 del
Estatuto Aduanero), la ley exige que, para diligencias especiales como
aprehensiones, inspecciones y registros, no basta con estar nombrado y en ejercicio
del cargo. Es indispensable que el superior jerárquico expida una comisión
específica, detallando el objeto, lugar, destinatario y vigencia temporal. Si el término
de la comisión vence, debe solicitarse y documentarse formalmente una ampliación.
Por lo anterior, manifestó que en este caso no existió ampliación de la fecha en que
se debía realizar la diligencia; por lo tanto, el acto de aprehensión realizado el 23 de
septiembre carecía de competencia legal, pues la autorización había expirado el día
anterior, lo cual configuraba de manera evidente una irregularidad que afectaba de
raíz la validez del procedimiento, ya que la competencia de los funcionarios estaba
limitada temporalmente y no podía ser prorrogada por ellos mismos ni suplida de
hecho.
Como consecuencia de todo lo anterior, se tiene que la aprehensión efectuada y el
Acta de Aprehensión 349 FISCA del 23 de septiembre de 2011 resultan ilegales por
falta de competencia, afectando del vicio de nulidad todo el proceso DM 2011 2011
1290, pues la actuación inicial carecía de sustento legal, vulnerando los principios
constitucionales fundamentales como el debido proceso, la legalidad y la seguridad
jurídica, protegidos en los artículos 29, 209 y 228 de la Constitución Política de
Colombia.
6
Página 1279 Ibidem
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1.1.3.4. “DETERIORO AL FISCO ESTATAL AL INSISTIR EN UN DECOMISO
ADUANERO DE PARTE DE LA DIAN CALI, OBVIANDO LA EXISTENCIA DE
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, ADEMÁS DE LA SOLICITUD DE
LEGALIZACIÓN VOLUNTARIA QUE EL ADMINISTRADO RADICÓ EL 23-09-
2011, HABIDA CUENTA QUE LA DIAN EN LA LEGALIZACIÓN DE LA
MERCANCÍA NO PERCIBIRÁ TRIBUTOS ADUANEROS”7
Explicó que en el proceso seguido por PETROLEUM EXPLORATION
INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA, a pesar de configurarse el silencio
administrativo positivo a su favor por la extemporaneidad de la decisión de fondo
por parte de la DIAN Cali, la entidad aduanera negó abruptamente dicho
reconocimiento. Además, la DIAN se rehusó a revisar de manera adecuada la
solicitud de legalización voluntaria presentada el 23 de septiembre de 2011,
ignorando los argumentos y pruebas aportados por la actora.
Explicó que la actuación de la DIAN no solo se apartó de los principios legales que
rigen el procedimiento aduanero, sino que también generó daños y perjuicios tanto
para el Estado como para el administrado. En el caso de la actora, estos perjuicios
fueron detalladamente expuestos en las pretensiones y en el capítulo de cuantía de
la demanda, sustentados en la afectación patrimonial derivada de la imposibilidad
de legalizar la maquinaria sin pago de rescate y de la paralización de actividades
productivas.
De igual manera, adujo que la negativa de la DIAN a permitir la legalización
voluntaria no solo contravino la legislación aduanera, sino que resultó infructuosa
para el propio Estado colombiano. Tanto en la Declaración de Importación núm.
13726010887340 del 1 de marzo de 2010, como en la núm. 13726010851892 del
31 de agosto de 2009, consta que la maquinaria PEXIN09 estaba destinada a la
exploración petrolera y, por su naturaleza y uso, no generaba obligación de pago de
tributos aduaneros. La anterior consideración se respaldaba en el contrato C-38-
2012 presentado como prueba de la destinación industrial de la máquina y como
fundamento del daño emergente y lucro cesante sufrido por la empresa.
Concluyó señalando que la DIAN, al negar la legalización voluntaria y desconocer
el silencio administrativo positivo, no solo vulneró la legislación aduanera y los
principios de buena fe y confianza legítima, sino que además generó un daño
económico injustificado, sin beneficio alguno para el Estado, pues la maquinaria no
causaba tributos ni impuestos por su naturaleza y destino industrial. La actuación
de la autoridad aduanera, por tanto, resulta contraria a derecho y debe ser reparada
mediante la nulidad de los actos acusados y el restablecimiento pleno de los
derechos de la empresa.
II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
2.1. La demanda fue admitida a través de auto de 19 de septiembre de 20128,
ordenando su notificación a la DIAN, al agente del Ministerio Público y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
7
Página 1282 Ibidem
8
Páginas 1316 a 1317 Ibidem
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2.2. La DIAN9 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones con fundamento
en los siguientes argumentos:
2.2.1. Frente al primer cargo, referente a la ocurrencia del silencio administrativo
positivo dentro del proceso administrativo objeto de estudio, procedió a transcribir
lo argumentado en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali, dentro de la acción de tutela presentada por la actora, de lo cual se extrae
lo siguiente:
Señaló en primer lugar que en la acción de tutela dictada frente al proceso aduanero
seguido contra PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL
COLOMBIA, surgió una controversia fundamental respecto al cómputo de los
términos legales para la expedición de la resolución de decomiso y la posible
configuración del silencio administrativo positivo.
Indicó que el accionante sostuvo que la DIAN había emitido la resolución de
decomiso fuera del plazo legal de 45 días, pues, en su entender, dicho término debía
contarse a partir de la notificación a la empresa (28 de septiembre) y no desde la
notificación al agente aduanero (2 de diciembre). Bajo esta interpretación, la DIAN
habría incurrido en mora, lo que habilitaría la configuración del silencio
administrativo positivo a favor de la empresa.
La DIAN, por su parte, defendió que en el proceso no solo estaba involucrada la
empresa importadora, sino también el agente aduanero que intervino en la
importación y tenía un interés legítimo en las decisiones sobre la mercancía. Por
ello, era necesario notificar a ambas partes. La notificación al agente aduanero se
realizó por estado entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, y solo a partir de
esta última fecha debía comenzar el conteo del plazo de 45 días, conforme a lo
dispuesto en el artículo 120 del Código de Procedimiento Civil, que establece que
los términos procesales se cuentan desde la notificación a todas las partes
interesadas. La DIAN enfatizó que esta práctica no era una estrategia dilatoria, sino
una directriz institucional consolidada desde el Concepto Aduanero núm. 0124 de
2002, que busca garantizar el debido proceso y la oportunidad de defensa a todos
los sujetos con interés en el trámite.
La autoridad judicial constitucional revisó la normativa aduanera y concluyó que,
aunque el demandante alegaba que la notificación al agente aduanero no era
necesaria, la práctica jurídica de la DIAN exige agotar este requerimiento para que
el agente pueda ejercer sus derechos. Por tanto, el plazo de 45 días para decidir
sobre el decomiso comenzó a correr desde el 2 de diciembre de 2011, fecha en que
se notificó al agente aduanero y hasta el 10 de enero de 2012 no se había superado
dicho término. En consecuencia, no era procedente declarar la configuración del
silencio administrativo positivo. De igual manera indicó que la jurisprudencia ha
establecido que la mora judicial o administrativa no implica automáticamente una
vulneración al debido proceso; puesto que, es necesario analizar el contexto y los
motivos de la demora. En materia de silencio administrativo positivo, el Consejo de
Estado ha sido claro en que este no se configura de manera automática por el simple
vencimiento del término legal, ni genera necesariamente la nulidad del
procedimiento.
9
Páginas 1326 a 1359 Ibidem
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Por lo tanto, en esa sentencia de tutela se concluyó que la DIAN actuó de manera
garantista, asegurando que tanto la empresa como el agente aduanero tuvieran
oportunidad de ejercer su defensa y contradicción, y en esa medida, en el proceso
administrativo se habían respetado los derechos de las partes y no hubo una
dilación injustificada. Por el contrario, se trató de cumplir con la obligación legal de
notificar a todos los interesados antes de tomar una decisión de fondo. Finalmente,
se consideró que la acción constitucional pretendía prolongar indefinidamente la
situación de ilegalidad de la maquinaria importada, que permaneció en tal condición
durante casi dos años, sin que la empresa haya regularizado su situación a pesar
de las oportunidades ofrecidas por la administración.
2.2.2. Frente al segundo cargo, consistente en que, si no era procedente la
legalización voluntaria, la DIAN debió haberlo manifestado para no vulnerar de esta
manera los principios de buena fe y confianza legítima.
La DIAN manifestó que la parte actora sostiene que la entidad vulneró los principios
de buena fe, confianza legítima, eficiencia y justicia al negar la oportunidad de
legalización voluntaria de la mercancía; no obstante, indicó que dicha manifestación
carece de fundamento, y procedió a explicar, punto por punto, por qué considera
que su actuación fue ajustada a derecho y respetuosa de las garantías legales.
En primer lugar, frente al derecho a la Legalización Voluntaria, la DIAN aclaró que
en ningún momento ha negado a la empresa la posibilidad de realizar la legalización
voluntaria de la mercancía. Este es un derecho reconocido de manera directa por la
normativa aduanera, específicamente en los artículos 228 y siguientes del Decreto
2685 de 1999, y para importaciones temporales a corto plazo, en el artículo 150
Ibidem, y del cual no se advierte que la actora lo hubiera realizado.
En segundo lugar, frente al incumplimiento de la finalización de la modalidad, explicó
que la posición de la DIAN consistía en que la actora no finalizó la modalidad de
importación temporal a corto plazo en los términos legales, a pesar de haber
contado con las respectivas autorizaciones y prórrogas. Insistió en señalar que las
declaraciones de importación otorgaban plazos específicos que no fueron
cumplidos, y la actora no acreditó la finalización de la modalidad bajo ninguna de
las formas previstas en la ley: reexportación, importación ordinaria, modificación de
la declaración, destrucción por fuerza mayor o legalización.
En tercer lugar, frente a los requerimientos y supuesta falta de respuesta, resaltó
que tanto el importador como el declarante fueron requeridos formalmente para
informar sobre el destino de la mercancía, una vez vencido el plazo máximo del
régimen de importación temporal. Sin embargo, ambos guardaron silencio y no
acreditaron la finalización de la modalidad, lo que dejó a la mercancía en situación
de ilegalidad dentro del territorio aduanero.
En cuarto lugar, frente a la justificación de la medida de aprehensión, la entidad
aduanera argumentó que la medida de aprehensión y posterior decomiso no fue
una reacción arbitraria ni una represalia frente a la manifestación de voluntad de
legalizar, sino la consecuencia directa del incumplimiento de los términos legales.
La causal de aprehensión estaba clara y era conocida por las partes desde el
momento en que se consolidó la irregularidad, es decir, desde el vencimiento del
plazo de la importación temporal.
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En quinto lugar, frente al alcance de los principios invocados, la demandada sostuvo
que los principios de buena fe y confianza legítima obligan tanto a la administración
como a los particulares. En este caso, la administración actuó conforme a la ley y
no desconoció ningún acto administrativo legítimo, ni alteró las reglas previamente
establecidas. Por lo tanto, no podía ampliar los términos ni autorizar la legalización
de una mercancía que ya estaba en situación de ilegalidad, pues ello habría
significado desconocer la causal de aprehensión prevista en la normativa aduanera.
Concluyó señalando que no existió vulneración de los principios alegados por el
demandante y que la administración actuó en cumplimiento estricto de la ley,
ordenando el decomiso de una mercancía que, objetivamente, se encontraba de
manera ilegal en el territorio aduanero nacional. No hubo alteración de reglas, ni
desconocimiento de derechos adquiridos, ni afectación de la confianza legítima,
pues no se expidió acto administrativo alguno que modificara la situación jurídica de
la mercancía.
2.2.3. Frente al tercer cargo, consistente en que los funcionarios que adelantaron la
aprehensión no estaban facultados, explicó que:
En el marco del proceso contencioso administrativo, uno de los requisitos
fundamentales para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción mediante la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos
definitivos de carácter particular y concreto es el agotamiento previo de la vía
gubernativa. Esto significa que, antes de acudir a los jueces, deben haberse
agotado todos los recursos administrativos disponibles: bien porque no proceden
más recursos, porque los interpuestos ya han sido resueltos, o porque el acto quedó
en firme por no haberse presentado los recursos pertinentes.
En el caso analizado, resaltó la DIAN que la jurisdicción contenciosa no puede
conocer ni decidir sobre hechos nuevos que no hayan sido discutidos en la vía
gubernativa. Es decir, si en el recurso presentado ante la División de Gestión
Jurídica de la Entidad no se alegó, por ejemplo, la falta de competencia de los
funcionarios que realizaron el decomiso, este argumento no puede ser introducido
por primera vez ante el juez contencioso.
En todo caso, señaló la DIAN que, si se dejara de lado este argumento procesal,
era necesario aclarar la naturaleza jurídica del acta de aprehensión cuestionada, en
el sentido de indicar que es un acto de trámite o preparatorio y no un acto
administrativo definitivo y, por tanto, no son susceptibles de recursos ni de control
judicial directo.
Explicó que el acta de aprehensión marca el inicio del procedimiento administrativo
para definir la situación jurídica de la mercancía, pero no constituye una decisión
final sobre el fondo del asunto. Adujo que su función es identificar la mercancía, a
los titulares y a los posibles infractores, y evitar que las mercancías ingresen al
comercio interno en condiciones irregulares. Por esta razón, la jurisdicción
contenciosa no puede enjuiciar directamente el acta de aprehensión, ya que no
cumple con el requisito de ser un acto administrativo definitivo, condición
indispensable para que proceda la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
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2.2.4. Frente al cuarto cargo, consistente detrimento del administrado y de Estado,
explicó que:
La actuación administrativa objeto de estudio se ha ceñido estrictamente a los
preceptos constitucionales y legales, y que esto ha sido respaldado por decisiones
judiciales previas, en las que se concluyó que no se violó el debido proceso, no se
configuró el silencio administrativo positivo y, por el contrario, la entidad fue
garantista al ofrecer múltiples oportunidades para que PETROLEUM
EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA regularizara su
situación aduanera.
En suma, la DIAN sostuvo que su proceder fue legal y garantista, que no se
desconoció ningún derecho fundamental del administrado y que el silencio
administrativo positivo no se configuró en este caso, pues se cumplieron los
términos y procedimientos legales para resolver los recursos y solicitudes
presentados por la empresa.
2.3. La audiencia inicial y de alegaciones y juzgamiento
2.3.1. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el
despacho sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca celebró
audiencia inicial el 22 de mayo de 201410, a la cual asistieron las partes demandante
y demandada. Agotadas las etapas de saneamiento y decisión de excepciones
previas, el despacho fijó el litigio en el siguiente sentido:
(…) Así las cosas, los puntos de divergencia del presente litigio y que serán objeto
del estudio probatorio, serán los siguientes:
• Ocurrencia del silencio administrativo positivo como consecuencia de la expedición
y notificación extemporánea de la Resolución No. 0013 del 10 de enero de 2012,
proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, por medio de
la cual se decomisó la mercancía aprehendida con Acta No. 349 FISCA de
septiembre 23 de 2011 a nombre de PETROLEUM EXPLORATIÓN
INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA.
• Configuración de la falta de competencia de los funcionarios que llevaron a cabo
la diligencia de aprehensión.
• Vulneración de los derechos de la demandante en el trámite y decisión tomada
respecto de la propuesta de presentar declaración de legalización voluntaria sin
pago de rescate.
Seguidamente se surtieron las etapas de intento de conciliación, se decidió sobre
las solicitudes probatorias de las partes y se dio por finalizada la Audiencia Inicial.
Posteriormente, mediante auto del 18 de julio de 201311, se corrió el traslado para
que las partes presentaran los alegatos de conclusión, del cual se obtuvo lo
siguiente:
10
Páginas 261 a 821 del archivo denominado ED_C02_21CuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 88 – ubicado en el índice 88
del Sistema de Gestión Documental SAMAI
11
Páginas 722 a 726 Ibidem
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2.3.2. La actora presentó alegatos de conclusión12, por medio del cual reiteró lo
manifestado en la demanda.
2.3.3. La DIAN presentó alegatos de conclusión13, por medio del cual reiteró lo
manifestado en la contestación de la demanda.
2.3.4. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia de 3 de septiembre de 201314 el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
actora, así:
PRIMERO.- Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
anteriormente.
SEGUNDO.- Condenar en costas a la sociedad Petroleum Exploratiom International
S.A., las cuales deben ser las cuales serán (sic) liquidadas por la Secretaría de esta
Corporación de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, en el evento de
haberse causado.
TERCERO.- Autorizar desde este momento la expedición de copias de esta
sentencia con destino y a costa de las partes, las que podrán ser entregadas a los
apoderados judiciales que han venido actuando.
Esta decisión fue discutida y aprobada en Sala, tal como consta en Acta de la fecha.
Para fundamentar la decisión adoptada, el a quo procedió a pronunciarse de la
siguiente manera:
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca procedió a realizar un recuento de los
Antecedentes de la Importación Temporal y Prórrogas, señalando que la actora
gestionó la importación temporal a corto plazo de un equipo de perforación Skytop
1500 HP SCR Electronic (PEXIN09) y todos sus accesorios, esenciales para la
actividad petrolera en Colombia. Inicialmente, la importación fue autorizada por seis
meses mediante varios autos expedidos entre agosto y septiembre de 2007.
Posteriormente, la empresa solicitó y obtuvo una ampliación del plazo por otros seis
meses, mediante el Auto núm. 146201-0003 del 26 de febrero de 2010, extendiendo
la autorización hasta el 31 de agosto de 2010.
En ese orden explicó que, al vencer el plazo de ampliación sin que la actora hubiera
regularizado la situación del equipo, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) envió requerimientos formales en abril de 2011, solicitando
información sobre el destino y el procedimiento adelantado con la maquinaria; la
empresa no respondió a estos requerimientos, lo que llevó a la Directora Seccional
Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís a solicitar a la Jefe de la División
de Gestión y Fiscalización Aduanera de Bogotá la adopción de una medida cautelar
de aprehensión del equipo.
12
Páginas 729 a 744 ibidem
13
Páginas 750 a 789 ibidem
14
Páginas 794 a 821 ibidem
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Con base en lo anterior, adujo que, frente a la delegación de facultades y ejecución
de la aprehensión, la DIAN, mediante la Resolución núm. 00003 de 23 de febrero
de 2009, delegó en la Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís la facultad
de practicar medidas cautelares, incluyendo la aprehensión. A través de autos
comisorios, se facultó a funcionarios específicos para adelantar las diligencias de
aprehensión y sustanciación de expedientes durante septiembre de 2011.
El 23 de septiembre de 2011, se materializó la aprehensión del equipo de
perforación, un día después del periodo señalado en uno de los autos comisorios,
situación que, según la actora, demostraba la incompetencia temporal (ratione
temporis) de los funcionarios por esta diferencia de fechas, alegando que la
comisión solo era válida para el 22 de septiembre.
En relación con lo anterior, el Tribunal manifestó que la aprehensión es una medida
cautelar dentro del proceso administrativo aduanero, compuesta por dos momentos:
la expedición del acto administrativo que la ordena y la operación administrativa que
la ejecuta. El acto administrativo es la manifestación de voluntad de la
administración, mientras que la operación administrativa es el conjunto de acciones
materiales para ejecutar esa decisión. Por lo tanto, en el caso bajo examen,
resultaba evidente que la demanda pretendía la nulidad de varios actos
administrativos por supuesta incompetencia en la operación administrativa de
aprehensión. Sin embargo, el Tribunal determinó que este tipo de control de
legalidad no corresponde al medio de nulidad y restablecimiento del derecho, ya
que la aprehensión es un acto de trámite y no un acto administrativo definitivo.
Tras un análisis cronológico, la corporación concluyó que la aprehensión fue
realizada por funcionarios competentes, pues existía una delegación válida de
funciones desde Cali hacia Puerto Asís, conforme las facultades de fiscalización y
control determinadas en el artículo 470 del Estatuto Aduanero, y dentro de las
cuales se encuentra la de “tomar las medidas cautelares necesarias para la debida
conservación de la prueba, incluyendo la aprehensión de la mercancía”.
De otra parte, frente al cargo de la Legalización Voluntaria y Pago de Rescate, el
Tribunal explicó que, en relación con la legalización voluntaria, el Estatuto Aduanero
permite al importador, antes del vencimiento del plazo de la importación temporal,
modificar la declaración o reexportar la mercancía. Si esto no ocurre, la mercancía
es aprehendida y solo puede ser legalizada pagando tributos y el correspondiente
rescate, salvo que la legalización sea voluntaria y previa a la intervención de la
autoridad.
En ese orden, la aprehensión se materializó el 23 de septiembre de 2011 y la
solicitud de legalización voluntaria se presentó al día siguiente, por lo que no se
configuró la legalización voluntaria en los términos que eximirían del pago de
rescate. Por tanto, la actora debía cumplir con todos los requisitos, incluido el pago
de rescate, para legalizar la mercancía, previsto en los incisos 4 y 5 del artículo 231
del Estatuto Aduanero, aspecto que no sucedió en el presente caso, por lo que
consideró que dicho cargo no tiene vocación de prosperidad.
El Tribunal, en relación con la ocurrencia del silencio administrativo positivo,
examinó si se configuró en el sub-lite; en primer término, explicó que dicha figura
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permite al administrado obtener una decisión favorable si la administración no
resuelve en los plazos legales, previo cumplimiento requisitos, entre los cuales se
encuentra la presentación oportuna de la objeción a la aprehensión y la ausencia
de restricciones legales para la importación.
Aunque en el presente caso la objeción a la aprehensión fue presentada en tiempo,
el Tribunal consideró que el acto definitivo (resolución de decomiso) fue expedido
dentro del plazo de 45 días contados a partir de la notificación a todas las partes
interesadas, incluyendo al declarante y al importador, por asistirles también
obligación de carácter personal con relación a las obligaciones aduaneras, y, por
tanto, se entienden como parte al interior del proceso aduanero, de conformidad con
el artículo 3° del Estatuto Aduanero y a la interpretación del artículo 512 Ibidem y el
artículo 120 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, el Tribunal concluyó
señalando que no se configuró el silencio administrativo positivo.
En ese orden, el Tribunal determinó que no existieron vicios de nulidad en los actos
administrativos expedidos durante la investigación aduanera, puesto que la
legalización de la mercancía debía realizarse conforme a los requisitos legales,
incluyendo el pago de rescate, y no procedía la aplicación del silencio administrativo
positivo. Por estos motivos, se negaron las pretensiones de la demanda y se impuso
el pago de costas a la parte vencida, conforme a la ley procesal aplicable.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
4.1. El apoderado de la parte actora interpuso oportunamente recurso de
apelación15 contra la sentencia de 3 de septiembre de 2013 en el que solicitó que
se revoque la decisión adoptada.
Para fundamentar su petición, en primer lugar, insistió en señalar que la importación
temporal a corto plazo en Colombia permite el ingreso de mercancías al país por un
término inicial de seis (6) meses, prorrogables. Antes de que finalice este plazo, el
importador tiene varias alternativas para regularizar la situación de la mercancía: (i)
Reexportar la mercancía fuera del territorio nacional, (ii) Modificar la modalidad a
importación ordinaria o con franquicia, (iii) Legalizar voluntariamente la mercancía,
sin pago de rescate, siempre que se realice antes de la ejecutoria de una resolución
de incumplimiento aduanero.
En ese orden, explicó que, si el importador no ejecuta ninguna de estas opciones
dentro del término legal, la DIAN puede iniciar un proceso por incumplimiento de la
obligación aduanera y hacer efectiva la póliza de garantía. Sin embargo, la
aprehensión de la mercancía por parte de la DIAN solo es procedente cuando existe
una resolución debidamente ejecutoriada que declare el incumplimiento y la
efectividad de la póliza; es decir, la DIAN no puede aprehender la mercancía antes
de que dicha resolución quede en firme.
Bajo el anterior contexto, indicó que la solicitud de nulidad de la resolución que
decretó el decomiso de su mercancía, así como de las decisiones administrativas
que resolvieron los recursos de reconsideración y reposición sobre la negativa a
declarar el silencio administrativo positivo, se fundamentó en que, antes de dichas
decisiones, la DIAN había emitido actos administrativos en el expediente PT 2011
15
Páginas 875 a 885 Ibidem
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2011 0016, declarando el incumplimiento de la obligación aduanera y la efectividad
de la póliza, frente a los cuales la actora interpuso demanda.
Señaló que, contrario a lo afirmado en la sentencia, la actora no solicitó la
legalización voluntaria después de la aprehensión del 23 de septiembre de 2011.
Por el contrario, el 21 de septiembre de 2011 se informó a la DIAN Cali su intención
de legalizar voluntariamente la mercancía y el 22 de septiembre se radicó
formalmente la solicitud ante la DIAN Puerto Asís; y, a pesar de los anteriores
hechos, la DIAN procedió a aprehender la mercancía el día siguiente, cuando aún
estaba en discusión la ejecutoria del acto administrativo que declaraba el
incumplimiento.
Insistió en señalar que la resolución que declaraba el incumplimiento solo quedó
ejecutoriada el 28 de diciembre de 2011, por lo que, antes de esa fecha, la DIAN no
tenía facultad legal para ordenar o materializar la aprehensión. Si la legalización
voluntaria se solicitó el 22 de septiembre, no correspondía exigir pago de rescate,
excluyéndose la aplicación del artículo 231 del Estatuto Aduanero.
De igual manera, señaló que el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del
Cauca confundió los términos legales aplicables. El plazo de un mes prorrogable
por otro mes, citado en la sentencia, solo aplica para mercancía recién ingresada al
territorio nacional (artículo 115). En el caso de importación temporal a corto plazo,
el término relevante para la legalización voluntaria está condicionado únicamente a
la firmeza de la resolución de incumplimiento, y, en suma, explicó que la legalización
voluntaria sin pago de rescate no se materializa solo con la presentación de la
declaración, sino que requiere una solicitud escrita, especialmente cuando se busca
corregir la subpartida arancelaria y obtener beneficios legales, como la exención de
tributos aduaneros. Para esto, era necesario contar con Licencia Previa del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la cual fue obtenida por la actora.
En esos términos, adujo que la conducta de la DIAN, al generar la expectativa de
esperar la ejecutoria de la resolución antes de aprehender y luego actuar en sentido
contrario, vulneró el principio de confianza legítima y la buena fe del administrado.
De otra parte, frente al cómputo de plazos y la ocurrencia del silencio administrativo
positivo, indicó que la actora presentó la objeción el 13 de octubre de 2011 y la DIAN
negó el período probatorio, por lo que el plazo perentorio de 45 días corrió del 14
de octubre al 21 de diciembre de 2011. La resolución de decomiso fue expedida el
10 de enero de 2012, fuera del plazo legal, configurándose así el silencio
administrativo positivo, que obligaba a la entrega de la mercancía sin pago de
rescate, previa declaración de legalización.
Mencionó jurisprudencia del Consejo de Estado que respalda que el plazo debe
contarse desde la objeción del interesado o responsable de la mercancía, no del
declarante, y que la decisión debía haberse proferido en tiempo, lo cual contrariaba
la argumentación expuesta por el Tribunal en la sentencia apelada.
Por otro lado, frente a la delegación de los funcionarios, señaló que no era factible
pretender dar por existente la Resolución núm. 003 del 23 de febrero de 2009
cuando la propia DIAN, en el Oficio núm. 100208221-330 de 11-06-2013, manifestó
“que las Resoluciones 002 de febrero 20 de 2009, 003 de febrero 23 de 2009 y la
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004 de marzo de 2009 no corresponden a lo numeración expedida para tales
fechas”; de tal situación indicó el apelante que la Resolución. 003 citada en el Auto
Comisorio núm. 146201-0109 no se probó su existencia, situación que daba como
resultado que no existía facultad para que la Aduana Cali pudiese delegar funciones
de verificación de formalidades aduaneras y de aprehender mercancías a la DIAN
Puerto Asís; por ende, no contaba con competencia delegada alguna para fungir en
la verificación de formalidades aduaneras del PEXIN09.
Señaló que, aun si se aceptara la delegación, la aprehensión se realizó un día
después del plazo autorizado en el Auto Comisorio núm. 146201-0109, lo que
implica falta de competencia temporal, lo cual es causal de nulidad de los actos
administrativos y, por ende, el decomiso no puede existir sin aprehensión previa, y
si el acta de aprehensión es ilegal, todo el proceso de definición de situación jurídica
queda viciado, afectando la validez del decomiso.
Concluyó señalando que: (i) El proceso de incumplimiento y efectividad de póliza
solo habilita a la DIAN para aprehender la mercancía una vez ejecutoriada la
resolución respectiva y si no se ha solicitado la legalización voluntaria sin pago de
rescate. (ii) El declarante no es responsable ni tiene interés en la mercancía para
efectos de objeción o cómputo de plazos, que solo corresponden al importador. (iii)
No se probó la existencia de la resolución que delegaba funciones a la DIAN Puerto
Asís, por lo que la aprehensión y el decomiso fueron ilegales. (iv) La resolución de
decomiso fue extemporánea, configurando el silencio administrativo positivo a favor
de la actora, que habilitaba la entrega de la mercancía sin pago de rescate.
Por todo lo anterior, solicitó la revocatoria de la sentencia del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, y que en su lugar se decretara la nulidad de los
actos demandados y el restablecimiento del derecho a favor de PETROLEUM
EXPLORATION INTERNATIONAL S.A., permitiendo la legalización sin pago de
rescate.
4.2. Mediante auto de 8 de octubre de 201316 el Tribunal concedió el recurso de
apelación.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
5.1. Mediante auto de 4 de agosto de 201417, el despacho sustanciador de la
Sección Primera admitió el recurso presentado, y por auto18 se corrió traslado a las
partes por el término de diez días para que presentaran alegatos de conclusión, y
al Ministerio Público para que rindiera concepto.
En dicha etapa se obtuvo lo siguiente:
5.2.1. La parte demandante19 reiteró la tesis que expuso en la demanda y en el
recurso de apelación.
16
Página 890 ibidem
17
Página 12 del archivo denominado ED_C07_36CuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 88 – ubicado en el índice 88 del Sistema
de Gestión Documental SAMAI
18
Páginas 450 a 451 ibidem
19
Páginas 456 a 465 Ibidem
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5.2.2. La DIAN20 presentó escrito de alegatos en el que reiteró los planteamientos
de la contestación de la demanda en los siguientes términos:
Frente a la ocurrencia del silencio administrativo, señaló que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca precisó que el término de los 45 días, conforme
a lo dispuesto en el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, debía contarse a partir
del día siguiente a la radicación del documento de objeción a la aprehensión por
parte del interesado o responsable de la mercancía. En este caso, Petroleum
Exploration International S.A. Sucursal Colombia, como importador, presentó su
objeción en el término legal, mientras que la Agencia de Aduanas Granandina, en
calidad de declarante, no lo hizo.
En ese orden, el proceso administrativo aduanero exige que todas las partes
vinculadas —no solo el importador, sino también el declarante— sean notificadas
del acta de aprehensión, pues ambas pueden verse afectadas por las decisiones
que se tomen sobre la mercancía. Por lo tanto, en este caso, el acta de aprehensión
fue notificada al importador el 26 de septiembre de 2011 y al declarante el 2 de
diciembre de 2011 y, de acuerdo con el artículo 120 del Código de Procedimiento
Civil, cuando hay varias partes, los términos procesales empiezan a correr desde la
última notificación. Por tanto, el plazo de 45 días para que la DIAN decidiera de
fondo sobre la situación jurídica de la mercancía inició el 2 de diciembre de 2011.
Ahora bien, adujo que la resolución de decomiso fue expedida el 10 de enero de
2012, es decir, dentro del término legal; por ende, no se configuró el silencio
administrativo positivo, ya que el plazo no se había vencido. Además, la normativa
aplicable exige que todas las objeciones a la aprehensión se resuelvan en un solo
acto administrativo, indivisible, que vincule a todas las partes interesadas, de
conformidad con el artículo 434-1 de la Resolución 4240 de 2000.
En segundo lugar, se pronunció sobre la improcedencia de un eventual
restablecimiento del derecho, argumentando que, aunque el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 3 de septiembre de 2013,
negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho solicitadas por la
actora contra los actos administrativos de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali
que ordenaron el decomiso de una maquinaria, la DIAN, en cumplimiento del
principio de lealtad procesal, consideró necesario informar sobre la verdadera
situación del equipo decomisado, aclarando que la DIAN nunca tuvo bajo su
custodia la mercancía en cuestión.
Para sustentar lo anterior procedió a realizar un resumen detallado de la cronología
de los hechos, el cual demostraba que la DIAN ordenó el decomiso de la mercancía
mediante resolución del 10 de enero de 2012. Que la actora interpuso un recurso
de reconsideración, el cual fue resuelto negativamente el 18 de abril de 2012,
confirmando el decomiso y ordenando a la empresa que pusiera el equipo a
disposición de la DIAN.
Sin embargo, la actora solicitó que la máquina permaneciera bajo su custodia, lo
cual fue rechazado por la DIAN, argumentando que el bien, ya decomisado a favor
de la Nación, debía ser entregado a la entidad.
20
Páginas 466 a 486 Ibidem
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De otra parte, informó que la actora se encontraba en proceso de reorganización
empresarial ante la Superintendencia de Sociedades desde 2009. En julio de 2013,
esa Superintendencia decretó el embargo y secuestro del equipo, pero esta decisión
fue revocada en octubre del mismo año, quedando el equipo nuevamente a
disposición de la DIAN. En septiembre de 2014 se confirmó que el equipo quedaba
libre de cualquier medida cautelar.
Explicó que, a pesar de las anteriores decisiones, la DIAN nunca logró tomar
posesión efectiva del equipo. En mayo de 2013, funcionarios de la entidad aduanera
constataron que la maquinaria seguía en funcionamiento en el pozo Cohemby 09,
en Puerto Asís, Putumayo. Al respecto la actora informó que, si la DIAN reclamaba
la propiedad, debía asumir los costos de desmonte y traslado, pero no facilitó la
ubicación exacta ni detuvo el uso del equipo, que continuó siendo explotado
irregularmente.
Indicó que estos hechos fueron informados al Tribunal, señalando que, pese al
decomiso, la maquinaria no estaba bajo custodia de la DIAN y que la actora seguía
operándola y obteniendo beneficios económicos de manera ilegal. Posteriormente,
en mayo de 2015, una inspección realizada por la DIAN, la Policía y Ecopetrol,
evidenció que el equipo se encontraba desmantelado, sin funcionamiento y con la
mayoría de sus componentes principales retirados, situación que fue confirmada por
un informe técnico de Ecopetrol.
En vista de esta situación, la DIAN podía exigir la entrega de la mercancía o el pago
de su valor actualizado, ejerciendo todas las acciones necesarias para disponer del
equipo decomisado. Con base en lo anterior la DIAN presentó una demanda de
reparación directa contra la actora ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
con el fin de obtener la reparación de los perjuicios causados por la no entrega del
equipo decomisado.
Señaló que, a la fecha de presentación de los alegatos de conclusión en segunda
instancia, la actora no ha entregado a la DIAN el equipo PEXIN 09, ni ha pagado su
valor comercial ni indemnizado el lucro cesante derivado del uso y arrendamiento
irregular del equipo durante más de tres años, hechos que están debidamente
documentados en el proceso judicial de reparación directa.
En conclusión, aunque legalmente se decretó el decomiso y se agotaron los
recursos administrativos y judiciales, la DIAN nunca pudo tomar posesión efectiva
del equipo, el cual fue explotado por la empresa demandante durante años,
generando perjuicios económicos al Estado.
5.2.3. El Ministerio Público no emitió pronunciamiento.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 1321 del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la
21
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
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Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto en segunda instancia.
6.2. Los actos administrativos acusados
6.2.1. Resolución 0013 del 10 de enero de 201222. Por medio de la cual el jefe
G.I.T. de Definición de Situación Jurídica de la División de Gestión de Fiscalización
de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali resolvió:
DECOMISAR a favor de la NACION - U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES, la mercancía aprehendida con Acta No. 349 FISCA de
Septiembre 23 de 2.011, a nombre de PETROLEUM EXPLORATIÓN
INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA con N.I.T. 900.038.568-0 en
calidad IMPORTADOR y de AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA con N.I.T.
860.078.039-2 en calidad de DECLARANTE, al encontrarse inmersa en la causal
establecida en el numeral 1.14 DIIAMA 398815461100635 de Septiembre 29 de
2.011.
6.2.2. Resolución 01 88 236 408 601- 037 del 18 de abril de 201223. Mediante la
cual la jefe de la División Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de
Cali resolvió lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución de
Decomiso No. 013 de enero 10 de 2012, proferida por la División de Gestión
de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, por medio de
la cual se Decomisó a favor de la NACIÓN - UAE DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, la mercancía aprehendida a la
sociedad PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL
COLOMBIA, NIT. 900.038.568-0, mediante Acta de Aprehensión No. 349
FISCA de septiembre 23 de 2011, la cual se encuentra descrita en el DIIAMA
No. 15461100635 de septiembre 29 de 2011, consistente en: EQUIPO DE
PERFORACIÓN SKYTOP 1500 H P SCR ELECTRONIC DENOMINADO
INTERNAMENTE PEXIN 09 CON TODOS SUS ACCESORIOS
IMPLEMENTOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, por encontrarse
inmersa en la causal 1.14) del artículo 502 del Estatuto Aduanero, avaluada
de acuerdo a lo establecido en la base de precios DIAN RESOLUCIÓN No.
2201 de 2005, en cuantía de: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SEIS
MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($
21.806.505.063). Contra la decisión de Decomiso y su confirmación, no
procede recurso alguno y agota vía gubernativa.
ARTÍCULO SEGUNDO: DENEGAR, la Solicitud de Silencio Administrativo
Positivo impetrada por la Representante Legal de la sociedad PETROLEUM
EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA, NIT.
900.038.568-0, contra la Resolución de Decomiso No. 0013 de enero 10 de
2012, proferida por la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Cali. (…)
22
Páginas 17 a 30 del archivo denominado ED_C01_10OCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 88 – ubicado en el índice 88 del
Sistema de Gestión Documental SAMAI
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Páginas 44 a 87 ibidem
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6.2.3. Resolución 01 88 236 408 6177- 002 del 8 de junio de 201224. Mediante la
cual la jefe de la División Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de
Cali resuelve recurso de reposición contra la negativa de silencio administrativo
positivo, en el sentido de confirmar la negativa de acceder a la solicitud presentada.
6.3. Planteamiento del asunto y problema jurídico a resolver
De conformidad con los fundamentos del fallo de primera instancia y en atención a
lo alegado en el recurso de apelación, la Sala advierte que existe discrepancia en
torno a la legalidad de la actuación administrativa que culminó con la decisión de
declarar el decomiso de una mercancía y no acceder a la solicitud de ocurrencia del
silencio administrativo positivo. En efecto, la sentencia de primera instancia
concluyó que la demandada no había violado el debido proceso por cuanto, del
material probatorio, se podía advertir que la DIAN: (i) había realizado la diligencia
de aprehensión de la mercancía con funcionarios debidamente comisionados y que,
además, el auto comisorio no era sujeto de control ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, (ii) que la aprehensión se materializó el 23 de
septiembre de 2011 y la solicitud de legalización voluntaria que presentó la actora
se radicó hasta el día siguiente, por lo que no se configuró la legalización voluntaria
en los términos que eximirían del pago de rescate, y (iii) que no se había configurado
el silencio administrativo positivo, por cuanto el término de 45 días para proferir
decisión de fondo se debía contar a partir de la notificación de todos los
intervinientes y con base en la fecha de notificación del último la decisión de
decomiso si había sido proferida en tiempo.
Por su parte, la recurrente afirma: (i) que los funcionarios que fueron comisionados
para realizar la aprehensión lo hicieron por fuera de la fecha que establecía el auto
comisorio y que, además, los fundamentos jurídicos del comisorio no se habían
probado como existentes; (ii) que la aprehensión se materializó el 23 de septiembre
de 2011 y la solicitud de legalización voluntaria que presentó la actora fue un día
antes, lo cual la hacía viable; (iii) que no se podía realizar la aprehensión por cuanto
el acto administrativo que declaraba incumplida una garantía no estaba en firme, y
(iv) que se había configurado el silencio administrativo positivo por cuanto la
normatividad aduanera señala que la DIAN cuenta con 45 días para decidir de fondo
el decomiso en los casos que se presentara objeción y que dicho término empezaba
desde el día siguiente a su presentación y no desde que se notificara a todos los
intervinientes.
A la luz de lo expuesto, la Sala determinará, en primer lugar, si en el asunto bajo
examen se desconoció el debido proceso de la demandante, en tanto que, según
afirma el a quo, la decisión de negar la ocurrencia del silencio administrativo positivo
se realizó con base en una interpretación acertada de la normatividad aduanera.
6.4. Análisis del asunto
6.4.1. En orden a absolver los problemas jurídicos formulados, la Sala procederá en
primer lugar a referirse a las actuaciones surtidas en el trámite administrativo
producto del cual se negó la ocurrencia del silencio administrativo positivo. En el
expediente administrativo consta lo siguiente:
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1. Trámite administrativo
• Acta de hechos 427 del 23 de septiembre de 201125, mediante la cual "Los
funcionarios de la Dirección Seccional Delegada De Impuestos Y Aduanas
De Puerto Asís, debidamente comisionados mediante Auto Comisorio No.
146201-0102 de fecha 01 de -Septiembre de 2011, siendo las 11:30 A. M,
horas, en las instalaciones de la DIAN PUERTO ASIS ubicadas en la
dirección Carrera 21 No. 16 A • 150 Barrio 20 de Julio de la ciudad de
PUERTO ASIS, procedimos a verificar la documentación requerida,
fundamentada en el Decreto 2685 de 1999 y demás normas concordantes
y/o complementarias o modificatorias frente a la mercancía objeto de
estudio.”
• Acta de aprensión 347FISCA del 23 de septiembre de 201126, la cual fue
notificada de la siguiente manera:
o A la actora27 por estado núm. 100 entre el 26 de septiembre y el 28 de
septiembre de 2011
o A la Agencia de Aduanas Granandina28 por estado núm. 501 entre el
30 de noviembre y el 02 de diciembre de 2011
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Páginas 143 a 144 ibidem
27
Página 142 ibidem
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• La parte actora, mediante escrito del 12 de octubre de 201129, presentó
escrito de objeción frente al acta de aprehensión, recibido por el área
competente el 13 de octubre de 2011.
• La Agencia de Aduanas Granandina no presentó escrito de objeción en
contra del acta de aprehensión.
• La jefe (A) G.I.T. de Definición de Situación Jurídica de la División de Gestión
De Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, mediante
auto núm. 060 del 26 de octubre de 201130, resolvió negar las solicitudes
probatorias presentadas por la actora.
2. Resolución de decomiso.
La jefe (A) G.I.T. de Definición de Situación Jurídica de la División de Gestión
De Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, mediante
Resolución núm. 0013 del 10 de enero de 201231, resolvió:
DECOMISAR a favor de la NACION - U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES, la mercancía aprehendida con Acta No. 349
FISCA de Septiembre 23 de 2.011, a nombre de PETROLEUM
EXPLORATIÓN (sic) INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA con
N.I.T. 900.038.568-0 en calidad IMPORTADOR y de AGENCIA DE
29
Páginas 147 a 157 del archivo denominado ED_C01_10OCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 88 – ubicado en el índice 88
del Sistema de Gestión Documental SAMAI
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Páginas 212 a 217del archivo denominado ED_C05_01CuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 88 – ubicado en el índice 88 del
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ADUANAS GRANANDINA con N.I.T. 860.078.039-2 en calidad de
DECLARANTE, al encontrarse inmersa en la causal establecida en el
numeral 1.14 DIIAMA 398815461100635 de Septiembre 29 de 2.011.
• La parte actora, el día 26 de enero de 201232, presentó recurso de
reconsideración al decomiso y en el mismo escrito realizó una solicitud con
el fin de que se declarara la existencia del silencio administrativo positivo,
con base en los siguientes argumentos:
Frente al caso que nos ocupa, es claro, y así lo señala la resolución de
decomiso, entre otros, que el documento de objeción se radico en la
Dirección Seccional de aduanas de Cali el 13 de octubre de 2011, que las
pruebas solicitadas se denegaron. En consecuencia, el acto administrativo
que decidió de fondo se expidió mucho después de los 45 días establecidos
para el efecto, pues el término venció el 21 de diciembre de 2012 y la
resolución de decomiso fue expedida el 10 de enero de 2012
3. Resolución 037 de 18 de abril de 201233.
3.1 Mediante la cual La jefe de le División Gestión Jurídica de la Dirección Seccional
de Aduanas de Cali resolvió confirmar la decisión de decomiso y negar la ocurrencia
del silencio administrativo positivo, argumentando lo siguiente:
Adicional a los Motivos de Inconformidad planteados el recurrente solicita se decrete
la ocurrencia del SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, argumentando que la
DIAN a través de la División de Gestión de Fiscalización de esta Seccional, tenía
hasta el 21 de diciembre de 2012, para proferir la Resolución de Decomiso, por
cuanto el documento de objeción a la aprehensión se radicó el 13 de octubre de
2011, en la ciudad de Cali y como quiera que las pruebas se denegaron, el término
de los 45 días de que trata el artículo 512 del EA, estaría más que vencido, por
cuanto el acto recurrido se profirió el 10 de enero de 2012 respecto, se hace
imperativo precisar cuáles son los actos administrativos susceptibles.
Al respecto, se hace imperativo precisar cuáles son los actos administrativos
susceptibles de dar lugar al Silencio Administrativo Positivo y las consideraciones
para su ocurrencia, de conformidad con los preceptos legales vigentes. El artículo
519 del Decreto 2685 de conformidad con los preceptos legales vigentes. El artículo
519 del Decreto 2685 de 1999, norma especial que contempla la figura jurídica
alegada, es taxativo al señalar que dará lugar al Silencio Administrativo Positivo, el
incumplimiento de los términos para decidir de fondo, que para el caso en estudio
se traduce en la expedición de la Resolución de Decomiso No. 0013 de enero 10 de
2012, recurrida. (…)
(…)
Las normas procesales deben analizarse dentro de ese contexto para señalar que
el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, establece la forma como debe surtirse la
actuación o proceder del funcionario aduanero para expedir el acto administrativo
de fondo, indicando específicamente que la suspensión del término para decidir de
fondo, opera exclusivamente cuando se decrete la práctica de pruebas, caso en el
cual los términos para decidir de fondo corren una vez se vence el período probatorio
32
Páginas 31 a 43 Ibidem
33
Páginas 44 a 88 ibidem
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previsto la legislación, esto es los 2 o 3 meses de que trata el artículo 511 del
Decreto 2685 de 1999. (…)
(…)
En este orden de ideas y como quiera que la Resolución de Decomiso es un acto
administrativo indivisible desde el punto de vista de su notificación y para los demás
efectos, luego se hace imprescindible notificar a todos y cada uno de los interesados
de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Aduanero, a fin de entrabar
adecuadamente la litis y establecer el día que comienzan a correr los términos para
que la administración expida la decisión de fondo de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999.
Pues como ha señalado el ARTÍCULO 120 del Código de Procedimiento Civil:
"COMPUTO DE TERMINOS. Todo término comenzará a correr desde el día
siguiente al de la notificación de la providencia que lo conceda; si fuere común a
varias partes, será menester la notificación a todos. En caso de que haya de retirarse
el expediente, el término correrá desde la ejecutoria del auto respectivo.
(…)
Interpretar de otra manera el tema equivale a desconocer los procedimientos
dispuestos en la Normatividad Sustantiva y Procedimental vigente y, romper la
Unidad procesal que preserva los derechos de los notificados.
Si como lo interpreta el recurrente, para el primer notificado comenzaran a correr los
términos del procedimiento sancionatorio y de tal forma la autoridad aduanera
profiriera el acto de fondo para dicho interesado, dentro de dichos términos, se
vulnerarían flagrantemente los derechos de Impugnación a los demás interesados
que en su momento no se habían notificado. De otra parte, y eso no lo contempla la
norma, correspondería expedir tantos actos de fondo como interesados hubiera en
cada caso, rompiendo entonces la Unidad Procesal que prevé la ley para esta clase
de procesos.
Al respecto cabe resaltar que el Debido Proceso es un principio legal por el cual el
gobierno debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la
ley, es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a
ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo
dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus
pretensiones legítimas frente al juez.
El artículo 29 de la CN, estableció las garantías que aseguran la observancia del
Debido Proceso, las cuales tienen vigencia no sólo en el Derecho Penal, sino
también en el administrativo. Los derechos de Defensa y de Contradicción
consignados en el artículo constitucional mencionado, consagran concretamente la
garantía de las personas de presentar y solicitar la práctica de pruebas y controvertir
aquellas en su contra.
(…)
ARTICULO 519 INCUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS.
Los términos para decidir de fondo previstos en el presente Capítulo son perentorios
y su incumplimiento dará lugar al silencio administrativo positivo. Cuando el
procedimiento se haya adelantado para imponer una sanción, se entenderá fallado
a favor del administrado. Cuando el procedimiento se haya adelantado para formular
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una liquidación oficial, dará lugar a la firmeza de la declaración. En los casos de
mercancía aprehendida para definición de situación jurídica, dará lugar a la entrega
de la misma al interesado previa presentación y aceptación de la declaración de
legalización, cancelando los tributos aduaneros a que hubiere lugar y sin el pago de
rescate.
No habrá lugar al silencio administrativo positivo cuando no se hubiere presentado
el documento de objeción a la aprehensión y cuando se trate de mercancía respecto
de la cual no sea procedente la legalización de que tratan los artículos 228 y 502-1
del presente Decreto, ni de aquellas mercancías sobre las cuales existan
restricciones legales o administrativas para su importación, a menos que en este
último evento se acrediten los documentos que prueban el cumplimiento de la
obligación que constituye restricción legal administrativa, y en todo caso, sin
perjuicio de los términos previstos para decidir de fondo, so pena de las sanciones
disciplinarias a que haya lugar por decidir de forma extemporánea.(...),
De la norma anteriormente transcrita, podemos observar que el inciso 2° dispone
que NO hay lugar al SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO:
• Cuando no se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión. Para
el caso en análisis, si hubo presentación de Objeciones,
• Cuando se trate de mercancía respecto de la cual no sea procedente la legalización
de que tratan los artículos 228 y 502-2 del E.A.
• Cuando se trate de mercancías sobre las cuales existan restricciones legales o
administrativas para su importación, a menos que en este último evento se acrediten
los documentos que prueban el cumplimiento de la obligación que constituye
restricción legal administrativa.
En el caso que nos ocupa la mercancía decomisada se encuentra clasificada en la
Declaración de Importación, bajo la subpartida 21.806.505.063 y está descrito como
mercancía usada.
(…)
Como se observa la mercancía objeto de aprehensión y posterior decomiso
corresponde a aquellas que están sometidas a restricción por ser mercancía usada,
lo que hace que sea improcedente la declaratoria del Silencio Administrativo
Positivo, así que si eventualmente se hubiera presentado vencimiento de términos,
situación que se analizó a lo largo de este proveído y no se presentó.
Así las cosas y como quiera que la parte interesada no aporta pruebas diferentes a
las aportadas en el momento en que presentó las Objeciones al Acta de
Aprehensión, las cuales no permiten desvirtuar la causal de aprehensión, este
Despacho, no puede desconocer que la mercancía de autos se encuentra en
situación de ilegalidad en el territorio aduanero nacional.
3.2. Frente a la anterior decisión de negar el silencio administrativo positivo la parte
actora presentó el recurso de reposición34.
34
Páginas 89 a 95 Ibidem
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4. Recurso de Reposición: Resolución 002 de 8 de junio de 201235.
Mediante la cual la jefe de la División Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de
Aduanas de Cali resolvió el recurso de reposición formulado por la demandante en
contra del anterior acto, en el sentido de confirmarlo en todas sus partes, con base
en los siguientes argumentos:
(…) Así las cosas, al esperar los términos de notificación del Acta de Aprehensión a
todas y cada una de las partes vinculadas al proceso, para proceder a la notificación
de una sola decisión de fondo, cual es la Resolución de Decomiso, que es un acto
administrativo indivisible desde el punto de vista de su notificación y a efectos de no
romper la Unidad Procesal que preserva los derechos de los notificados, nos
encontramos frente al cumplimiento del Principio Legal del Debido Proceso, el
Principio de Legalidad, de Defensa y de Contradicción; esto en amparo a la
Supremacía Constitucional, la cual es un principio teórico del Derecho constitucional
que postula, originalmente, ubicar a la Constitución de un país jerárquicamente por
encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, considerándola como Ley
Suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. Según cada país los tratados
internacionales ratificados por el país gozan de igual rango (rango constitucional) o
superior a las leyes e inferior a la constitución.
De manera tal, que es un yerro del recurrente, al expresar que el procedimiento
aduanero es especial y que sus formas y ritualidades están consagradas única y
exclusivamente en el Decreto 2685 de 1999, pues es claro que existe una jerarquía
normativa destinada a afianzar la estabilidad del sistema, la seguridad de los
individuos y el desarrollo de las relaciones sociales.
Pues, todas las normas que se sancionen en virtud de la constitución están
subordinadas a ella y ninguna de tales normas puede estar por encima de la
constitución.
El Principio de la Supremacía de la Constitución, impone a gobernantes y
gobernados, la obligación de adecuar sus comportamientos a las reglas contenidas
en la ley fundamental, cuya jerarquía jurídica está por encima de las normas que
puedan emanar de aquellos.
El Principio de la Supremacía de la Constitución, le atribuye a la ley fundamental el
carácter de primer fundamento positivo del orden jurídico, del cual depende la
validez de las restantes normas jurídicas.
Su objeto es brindar seguridad jurídica, garantizando la libertad y dignidad del
hombre, mediante la sumisión de los gobernantes al imperio de la constitución.
El Principio de la Supremacía de la Constitución, es un principio propio de las
constituciones rígidas y consecuencia de la división entre poder constituyente y
poderes derivados.
Ha manifestado, el recurrente en su escrito, que "... no hay razón para vincular al
Proceso de Definición de Situación Jurídica, al Declarante y que la legislación
aduanera no consagra la responsabilidad solidaria”.
(…)
35
Páginas 96 a 112 Ibidem
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Finalmente señala el actor como motivo de inconformidad, el hecho que se cita en
el acto que resuelve el recurso de Reconsideración, el artículo 228 del EA, para
establecer que no es procedente la legalización de las mercancías cuando sobre
ellas existen restricciones legales o administrativas para su importación y que la
DIAN olvida agregar que la misma norma establece que “SALVO QUE SE
ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL RESPECTIVO REQUISITO" y que están
anexando el documento al presente escrito.
Frente a este argumento, el Despacho aclara que lo manifestado con fundamento
en el artículo 228 del EA, en el cuerpo de la Resolución No. 037 de abril 18 de 2012,
por medio de la cual resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la
Resolución de Decomiso y Denegó la Solicitud de Silencio Administrativo Positivo,
es que la mercancía de autos corresponde a aquellas que están sometidas a
restricción por ser mercancía usada, “lo que hace que sea improcedente la
declaratoria del silencio Administrativo Positivo." de conformidad con lo señalado
por el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999; ello significa, entonces, que la sola
presentación del documento que prueba el cumplimiento de la obligación que
constituye restricción legal administrativa, no da lugar per se a la ocurrencia de
silencio administrativo positivo, pues como bien lo dispone el inciso segundo de la
disposición mencionada, el cumplimiento de dicha obligación se da "sin perjuicio de
los términos para decidir de fondo, los cuales, y tal como se ha sostenido a lo largo
de éste trámite procedimental, fueron respetados con la oportuna expedición de la
Resolución de Decomiso. [El subrayado es nuestro). Ahora bien, frente al tema de
la legalización voluntaria de la mercancía , es preciso señalar, contrario a lo
erróneamente afirmado por el recurrente, la DIAN, en ningún momento ha negado a
lo largo del proceso, la oportunidad de realizar la Legalización Voluntaria de la
mercancía encartada en el presente asunto, toda vez que para su trámite no se
exige autorización previa por parte de la DIAN, por cuanto, como ya se ha dicho, la
Legalización como actuación libre y espontanea del declarante, es un derecho y una
forma que señala la ley, para declarar las mercancías que habiendo sido
presentadas a la aduana al momento de su introducción al territorio nacional, no han
acreditado el cumplimiento de los requisitos para su legal importación, permanencia
o libre disposición. En el caso de marras, la mercancía se encontraba ilegal desde
el día 31 de agosto de 2010 y el 23 de septiembre de 2011 se formalizó su
aprehensión, sin que durante dicho largo lapso de tiempo, [un año y 23 días) hubiera
el declarante acreditado ante la autoridad aduanera la presentación de la respectiva
declaración de legalización para efectos de la inspección respectiva que permitiera
su libre disposición. Llama la atención que durante el aludido lapso la autoridad
aduanera de Puerto Asís, remitió al declarante Granandina de Aduanas los oficios
números 146201-01365 del 16 de septiembre de 2010 y 146201-0346 del 13 de abril
de 2011, solicitándole la remisión de los documentos que acreditaran el
cumplimiento de la obligación aduanera inherente a la importación temporal, sin que
los mismos hubieran sido respondidos; igual sucedió con el oficio No. 146201-347
dirigido a la señora Claudia Janeth Zamora representante legal del importador
PETROLIUM EXPLORATION INTERNATIONAL, quien tampoco respondió la
solicitud que hiciera la Aduana, lo que evidencia a todas luces, la desidia de los
interesados en acreditar la debida terminación de la modalidad de importación
temporal, siendo la legalización una de ellas.
De lo expuesto y en consideración a la no ocurrencia de silencio administrativo
positivo, este Despacho procede a confirmar la Negativa del Reconocimiento del
Silencio Administrativo Positivo, respecto de la decisión de fondo sobre la situación
jurídica de la mercancía de marras, expedida en la Resolución de Decomiso No. 13
de enero 10 de 2012.
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• Posteriormente mediante Escritura Pública núm. 1004 del 28 de junio de
2012 suscrita por PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A.
SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO DE REORGANIZACION ante la
Notaría Séptima del Círculo de Cali, se protocolizó silencio administrativo
positivo.
6.4.2. Teniendo presente todas las actuaciones realizadas dentro del procedimiento
administrativo, la Sala procederá a analizar el cargo correspondiente a determinar
si, como lo manifestó la actora, existió una vulneración de normas superiores, por
cuanto, en su consideración, la DIAN interpretó de manera errada la normativa
aduanera en el sentido de entender que el término para resolver el recurso de
reconsideración empezaba a correr únicamente cuando se le notificara el acta de
aprehensión a todos los interesados.
6.4.2.1. Ahora bien, en primer lugar, se analizará las actuaciones realizadas por la
DIAN que fundamentaron la expedición que resolvió negar la ocurrencia del silencio
administrativo positivo.
6.4.2.1.1. Para resolver el problema jurídico planteado es preciso traer las
disposiciones aduaneras que serán aplicables al presente caso, así:
▪ Acta de Aprehensión:
ARTICULO 504. ACTA DE APREHENSIÓN. <Artículo modificado por el artículo 12
del Decreto 4431 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> El proceso para definir la
situación jurídica de mercancías se inicia con el acta de aprehensión. Establecida la
configuración de alguna de las causales de aprehensión y decomiso de mercancías
de que trata el artículo 502 del presente Decreto, la autoridad aduanera expedirá un
acta con la que se inicia el proceso para definir la situación jurídica de mercancías
y que contenga: lugar y fecha de la aprehensión; causal de aprehensión;
identificación del medio de transporte en que se moviliza la mercancía, cuando a
ello hubiere lugar; identificación y dirección de las personas que intervienen en la
diligencia y de las que aparezcan como titulares de derechos o responsables de las
mercancías involucradas; descripción de las mercancías en forma tal que se
identifiquen plenamente; cantidad, peso cuando se requiera, precio unitario y precio
total de la mercancía, las objeciones del interesado durante la diligencia, la relación
de las pruebas practicadas por la Administración o aportadas por el interesado
durante la diligencia de aprehensión.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el acta de aprehensión es un acto
administrativo de trámite y contra él no procede recurso alguno en la vía gubernativa.
Surtida la notificación del Acta de Aprehensión por cualquiera de los medios
enunciados en el inciso tercero del artículo 563 del presente Decreto, empezarán a
correr los términos para adelantar el proceso de definición de situación jurídica de
las mercancías aprehendidas.
▪ Objeción a la aprehensión
ARTÍCULO 505-1. DOCUMENTO DE OBJECIÓN A LA APREHENSIÓN. <Artículo
adicionado el artículo 14 del Decreto 4431 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:>
Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del Acta de Aprehensión, el
interesado o responsable de la mercancía aprehendida deberá acreditar la legal
introducción o permanencia de la misma en el territorio aduanero nacional o
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desvirtuar la causal que generó la aprehensión. Para tal efecto deberá presentar el
Documento de Objeción a la Aprehensión.
En el Documento de Objeción a la Aprehensión el titular de derechos o responsable
de la mercancía expondrá ante la autoridad aduanera sus objeciones respecto de la
aprehensión, anexando las pruebas que acrediten la legal introducción o
permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional. Este documento
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado
o su representante o apoderado debidamente constituido; y sustentarse con
expresión concreta de los motivos de inconformidad con el acta de aprehensión;
b) Relacionar y solicitar las pruebas que se pretende hacer valer;
c) Indicar el nombre y la dirección de la persona que objeta el acta de aprehensión
y su apoderado para efecto de las notificaciones;
d) Que se firme por el titular de derechos o responsable de las mercancías
aprehendidas, o por su apoderado o representante legal, según el caso;
El Documento de Objeción a la Aprehensión podrá ser presentado por el titular de
derechos o responsable de la mercancía, sin necesidad de abogado;
PARÁGRAFO. Al Documento de Objeción a la Aprehensión se deberán anexar los
documentos que acrediten la legal introducción o permanencia de la mercancía en
el territorio aduanero nacional o que desvirtúen el hecho que generó la aprehensión,
los cuales se consideran parte integrante del mismo.
▪ Acto administrativo que decide de fondo
ARTICULO 512. ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECIDE DE FONDO. <Artículo
modificado por el artículo 20 del Decreto 4431 de 2004. El nuevo texto es el
siguiente:> Vencido el término previsto en el inciso primero del artículo 505-1 del
presente Decreto o el término previsto en el inciso segundo del artículo 510 sin que
se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la respuesta al
requerimiento especial aduanero, la autoridad aduanera dispondrá de quince (15)
días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida,
mediante resolución motivada y de treinta (30) días para expedir el acto
administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación
de la Liquidación Oficial o el archivo del expediente, si a ello hubiere lugar.
<Inciso modificado por el artículo 30 del Decreto 2557 de 2007. El nuevo texto es el
siguiente:> Cuando se hubiere presentado el documento de objeción a la
aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero y no se hubieren
decretado pruebas o se hubieren denegado las solicitadas, la autoridad
aduanera dispondrá de cuarenta y cinco (45) días para decidir de fondo sobre
la situación jurídica de la mercancía aprehendida y para expedir el acto
administrativo que decide de fondo sobre la imposición de la sanción, la
formulación de la liquidación oficial o el archivo del expediente, contados a partir
del día siguiente al cual se radicó la objeción a la aprehensión o la respuesta al
requerimiento especial aduanero.
En el evento que se decrete la práctica de pruebas, los términos para decidir de
fondo de que trata el inciso anterior se contarán a partir del día siguiente al
vencimiento de los plazos establecidos para su práctica en el artículo anterior.
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PARÁGRAFO. Dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los
requeridos para efectuar la notificación, la cual se surtirá de conformidad con los
artículos 564 y 567 de este decreto.
▪ Incumplimiento de términos:
ARTICULO 519. INCUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS. <Artículo modificado por el
artículo 22 del Decreto 4431 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:>
Los términos para decidir de fondo previstos en el presente Capítulo son
perentorios y su incumplimiento dará lugar al silencio administrativo positivo.
Cuando el procedimiento se haya adelantado para imponer una sanción, se
entenderá fallado a favor del administrado. Cuando el procedimiento se haya
adelantado para formular una liquidación oficial, dará lugar a la firmeza de la
declaración. En los casos de mercancía aprehendida para definición de situación
jurídica, dará lugar a la entrega de la misma al interesado previa presentación y
aceptación de la declaración de legalización, cancelando los tributos aduaneros a
que hubiere lugar y sin el pago de rescate.
No habrá lugar al silencio administrativo positivo cuando no se hubiere presentado
el documento de objeción a la aprehensión y cuando se trate de mercancía respecto
de la cual no sea procedente la legalización de que tratan los artículos 228 y 502-1
del presente Decreto, ni de aquellas mercancías sobre las cuales existan
restricciones legales o administrativas para su importación, a menos que en este
último evento se acrediten los documentos que prueban el cumplimiento de la
obligación que constituye restricción legal administrativa, y en todo caso, sin
perjuicio de los términos previstos para decidir de fondo, so pena de las sanciones
disciplinarias a que haya lugar por decidir de forma extemporánea.
Contra la negativa al silencio administrativo positivo procede el recurso de reposición
en los términos del Código Contencioso Administrativo.
Igualmente, transcurrido el plazo para resolver el recurso de reconsideración sin que
se haya notificado decisión expresa, se entenderá fallado a favor del recurrente en
los términos previstos en los incisos anteriores, en cuyo caso la autoridad
competente de oficio o a petición de parte así lo declarará.
Siempre que se declare el silencio administrativo positivo en el proceso
administrativo para definir la situación jurídica de mercancías aprehendidas, dentro
del mismo acto que decida de fondo se otorgará el término de un mes para presentar
la declaración de legalización. Vencido este término sin que la declaración de
legalización haya obtenido levante, quedará en firme el acto administrativo que
ordenó el decomiso.
6.4.2.1.2. De acuerdo con la normativa citada, cuando no sea necesaria la práctica
de pruebas, la DIAN dispone de un plazo de 45 días, excluyendo el término de
notificación36, para adoptar la decisión de fondo sobre la definición jurídica de la
mercancía. Este término se cuenta a partir del día siguiente a la radicación de la
objeción, conforme a lo previsto en el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999. En
consecuencia, para que la resolución que decide de fondo la situación jurídica de la
mercancía se entienda expedida oportunamente es necesario que, dentro del
36
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera veintidós (22) de febrero de dos mil veinticinco
(2020) Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00766-02- Consejero Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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término legal (que en los eventos que se presenta objeción a la aprehensión es de
45 días), se dicte el acto que lo decide. Además, el anterior término para
pronunciarse de fondo es perentorio, porque el artículo 519 del mismo ordenamiento
establece que, ante su incumplimiento, se configura el silencio administrativo
positivo.
Ahora bien, los presupuestos que se han indicado no son objeto de
cuestionamiento, pues el término para decidir no se debate, como quiera que la
controversia gira en torno al momento en que debe comenzar a contar.
Desde esta perspectiva, observa la Sala que el artículo 505-1 del Estatuto Aduanero
prevé que la objeción a la aprehensión de la mercancía debe realizarse dentro de
los diez (10) días siguientes a la notificación del Acta de Aprehensión, ante la
autoridad aduanera a quien se dirige.
Ahora, para determinar el inicio del conteo, el inciso 2 del artículo 512 establece
expresamente que, cuando se hubiere presentado el documento de objeción a
la aprehensión y no se hubieren decretado pruebas o se hubieren denegado
las solicitadas, la autoridad aduanera dispondrá de cuarenta y cinco (45) días
para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida
y para expedir el acto administrativo que decide de fondo contados a partir
del día siguiente al cual se radicó la objeción a la aprehensión.
En ese orden, la DIAN, en los eventos que en los que se presente objeción a la
aprehensión de la mercancía y no se decreten pruebas o se nieguen las solicitadas,
cuenta con 45 días para resolver de fondo la situación jurídica, el cual se deberá
contabilizar desde el día siguiente a la recepción del escrito de objeción.
En este punto, resulta igualmente relevante lo previsto en el inciso 3 del mismo
artículo 512 de acuerdo con el cual, “en el evento que se decrete la práctica de
pruebas, los términos para decidir de fondo […] se contarán a partir del día siguiente
al vencimiento de los plazos establecidos para su práctica […]”. Así, la misma norma
establece que el supuesto en el que se decretan y practican pruebas en la actuación
administrativa es el único evento que da lugar a que se inicie la contabilización del
término para decidir de fondo desde una etapa de la actuación distinta al día
siguiente al de radicación de la objeción.
En efecto, la interpretación gramatical y lógica de los incisos 2 y 3 del artículo 512
del Estatuto Aduanero pone de presente que la norma fijó la regla según la cual el
cómputo del término para decidir de fondo inicia el día siguiente al de radicación del
escrito de objeción, y que dicha regla únicamente se exceptúa en el caso en el que
se decrete la práctica de pruebas, pues en dicha circunstancia el plazo se contará
a partir del vencimiento del término señalado para la práctica probatoria.
En este punto, es importante señalar que, en sentencia del 25 de julio de 201337,
esta Sección se pronunció sobre las consecuencias del incumplimiento por parte de
la administración de los términos para resolver de fondo la situación jurídica de una
mercancía aprehendida, así:
37
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013)
Radicación: 25000 2324 000 2009 00079 01- Consejero Ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA
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Radicación: 76001-2333-000-2012-00206-02
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(…) Pues bien, la legislación aduanera establece unos términos perentorios
para la adopción de decisiones de fondo, entre éstas, la correspondiente a la
definición de la situación de las mercancías aprehendidas por la autoridad aduanera
en ejercicio de sus competencias legales de fiscalización y control. Además,
establece la figura del silencio administrativo positivo, como efecto jurídico por
el incumplimiento por parte de la Administración de los citados términos
perentorios, por virtud de la cual, si trascurre el término legal establecido para la
definición de la situación jurídica de una mercancía sin que la autoridad aduanera
haya adoptado la respectiva decisión, se dispondrá en favor del administrado la
entrega de la mercancía, previa presentación y aceptación de la declaración de
legalización, cancelando los tributos aduaneros a que hubiere lugar y sin el pago de
rescate. (negrillas de la Sala)
Teniendo presente lo anterior, la Sala procederá a verificar el trámite realizado por
la autoridad aduanera frente al escrito de objeción presentado por la actora, en los
siguientes términos:
Luego de la revisión del expediente, se puede evidenciar que el escrito de objeción
a la aprehensión de la mercancía fue interpuesto dentro del término establecido en
la normatividad aduanera, el día 13 octubre de 2011, día en que lo recibió la
administración aduanera de la ciudad de Cali – Valle del Cauca.
En ese orden, dicha administración procedió, mediante auto número 060 de 26 de
octubre de 2011, a negar la práctica de pruebas solicitada por la parte actora en el
escrito de objeción.
Posteriormente, el día 10 de enero de 2012, La Jefe (A) G.I.T. de Definición de
Situación Jurídica de la División de Gestión De Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Cali, mediante Resolución núm. 0013, resolvió:
DECOMISAR a favor de la NACION - U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES, la mercancía aprehendida con Acta No. 349 FISCA de
Septiembre 23 de 2.011, a nombre de PETROLEUM EXPLORATIÓN
INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA con N.I.T. 900.038.568-0 en
calidad IMPORTADOR y de AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA con N.I.T.
860.078.039-2 en calidad de DECLARANTE, al encontrarse inmersa en la causal
establecida en el numeral 1.14 DIIAMA 398815461100635 de Septiembre 29 de
2.011.
La anterior decisión fue notificada el día 12 de enero de 2012.
Teniendo presente lo anterior y lo explicado supra, el término para resolver de fondo
la situación jurídica de la mercancía aprehendida en el caso bajo estudio empezó a
correr desde el día siguiente al recibo del escrito de objeción, es decir, el 14 de
octubre de 2011, y en esa medida, los 45 días vencían el día 21 de diciembre de
2011.
Ahora bien, la DIAN, mediante la resolución núm. 0013 del 10 de enero de 2012,
resolvió de fondo la actuación administrativa objeto de estudio, la cual fue notificada
el día 12 de enero de 2012, fechas que no fueron controvertidas en sede
administrativa ni judicial; por lo tanto, en el presente caso operó el silencio
administrativo positivo, por cuanto la entidad aduanera expidió la decisión de fondo
por fuera del término establecido para tal fin.
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Bajo el anterior contexto, y contrario a lo expuesto por el Tribunal en la sentencia
apelada, la Sala considera que la DIAN en los actos administrativos acusados
interpretó de manera inadecuada la normativa aduanera, llegando erradamente a
concluir que no había operado el silencio administrativo positivo señalado por la
actora.
Ahora bien, es necesario señalar que la DIAN manifestó que el término para expedir
el acto administrativo de fondo debía contarse desde la notificación de todos los
intervinientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Código de
Procedimiento Civil, que establecía que:
Artículo 120. Computo de términos: <Artículo modificado por el artículo 15 de la
Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Todo término comenzará a correr
desde el día siguiente al de la notificación de la providencia que lo conceda; si fuere
común a varias partes, será menester la notificación a todas. En caso de que haya
de retirarse el expediente, el término correrá desde la ejecutoria del auto respectivo.
Cuando se pida reposición del auto que concede un término, o del auto a partir de
cuya notificación debe correr un término por ministerio de la ley, este comenzará a
correr desde el día siguiente a la notificación del auto que resuelva el recurso.
Los términos judiciales correrán ininterrumpidamente, sin que entre tanto pueda
pasarse el expediente al despacho, salvo que se trate de peticiones relacionadas
con el mismo término o que requieran un trámite urgente; en el último caso el
secretario deberá obrar previa consulta verbal con el juez, de lo cual dejará
constancia en el expediente.
Mientras el expediente esté al despacho no correrán los términos, sin perjuicio de
que se practiquen pruebas y diligencias decretadas por autos que no estén
pendientes de reposición. Los términos se reanudarán el día siguiente al de la
notificación de la providencia que se profiera, o a partir del tercer día siguiente al
de su fecha, si fuere de cúmplase.
Al respecto, es importante resaltar que la configuración del silencio administrativo
positivo en materia aduanera está establecida y regulada por leyes especiales.
Sobre dicha materia existe normatividad especial y aplicable al caso en concreto,
como lo son los artículos 512 y 519 del Decreto 2685 de 1999, de los cuales se
puede establecer claramente que la única circunstancia que incide en el término
para proferir el acto que decide de fondo la situación jurídica de una mercancía
aprehendida, se produce cuando dentro del trámite administrativo se decrete la
práctica de pruebas; en ese caso, los términos para decidir de fondo se contarán a
partir del día siguiente al vencimiento de los plazos establecidos para la práctica de
las pruebas decretadas.
Adicionalmente a lo anterior, se debe tener en cuenta que el artículo 519 ibidem
señala de manera expresa que “Los términos para decidir de fondo previstos en
el presente Capítulo son perentorios y su incumplimiento dará lugar al silencio
administrativo positivo”. Es decir, que a la DIAN le asiste la obligación de realizar
las actuaciones necesarias para proferir los actos definitivos dentro de los términos
establecidos para tal fin.
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Al respecto esta Sección, en sentencia de 5 de agosto de 201038 y sentencia de 8
de noviembre de 200739, se pronunció sobre el alcance de los artículos 512 y 519
del Decreto 2685 de 1999, a partir del contenido normativo vigente para el momento
de los hechos analizados en dichas providencias40. En esa oportunidad se sostuvo
lo siguiente:
Sea lo primero y a manera de preámbulo poner de presente que los artículos 512
y 519 dan lugar a inferir que el silencio administrativo positivo respecto de la
decisión de fondo puede darse en virtud de dos términos o, lo que es igual, en dos
eventos, esto es, por el vencimiento de los 30 días señalado en el artículo 512, y por el
de 12 meses contados desde la iniciación de la actuación administrativa, del inciso
quinto del artículo 519. Esa situación, en principio, puede ser compleja y merece ser
analizada detenidamente, toda vez que si el acto que decide el fondo fuere proferido
después de los 30 días que establece el artículo 512, pero dentro de los 12 meses
contados a partir de la iniciación del procedimiento administrativo respectivo, de todas
formas se daría el silencio administrativo positivo. De otra parte, si se asumiera que el
silencio sólo tiene ocurrencia bajo el término del artículo 519, inciso 5º, el término
señalado en el 512 resultaría inefectivo. La forma de superar esa complejidad entre
ambas disposiciones es la de entender que el previsto en el inciso quinto del artículo
519 es un término máximo que cobija todos los previstos en el Capítulo XIV del Decreto
en comento, de los cuales el otro clausurativo es el de 30 días para la decisión de fondo
consignado en el artículo 512; mientras que los previstos para las demás diligencias y
trámites atrás reseñados tienen, sin perjuicio de su perentoriedad, un carácter
meramente procedimental de modo que su incumplimiento sólo repercute en la esfera
de la responsabilidad disciplinaria del funcionario respectivo, sin que ello de ninguna
manera implique la configuración de alguna de las situaciones administrativas
referenciadas. De modo que en realidad la regulación bajo estudio ha establecido
un término específico para proferir la decisión del fondo y un término global para
el mismo efecto, pero contados a partir de puntos de referencia distintos. En ese
orden, se hace posible que la decisión de fondo se profiera dentro de los
comentados 30 días del artículo 512 pero después de los 12 meses contemplados
en el artículo 519, y por ello tenga ocurrencia el silencio administrativo positivo,
como igual puede ocurrir en la situación contraria, atrás planteada. De todas
formas, esa regulación puede resultar problemática en su aplicación, y ello pudo haber
incidido en la nueva modificación que se le introdujo al artículo 519 mediante el artículo
22 del Decreto 4431 de 2004, en la cual desaparece el término de 12 meses que se
preveía en el inciso 5º de aquél, habiendo quedado solamente el término del artículo
512, que también fue modificado por el precitado decreto. […]
Se han de precisar, entonces, las condiciones necesarias para que se dé el
silencio administrativo positivo por efecto de ese artículo 512, para lo cual se ha
retomar la parte pertinente de la norma, pudiéndose observar que el término de
30 días allí señalado es el de que dispone la autoridad aduanera “para expedir el
acto administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, el
decomiso de la mercancía, la formulación de la Liquidación Oficial o, el archivo del
expediente y la devolución de la mercancía aprehendida”, contados a partir de
38
Expediente: 2003-01163-01. Actora: GESTION TRANS S.A. SIA. M.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso.
39
Expediente: 2003-1855. Actora: GESTION TRANS S.A. SIA. M.P. Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Planeta.
40
En la citada sentencia de 5 de agosto de 2010 se advirtió que, para el momento de los hechos allí analizados
el tenor del artículo 512 del Estatuto Aduanero era el siguiente: ARTICULO 512. [texto original] Acto
administrativo que decide de fondo. Recibida la respuesta al Requerimiento Especial Aduanero y practicadas
las pruebas, o vencido el término de traslado, sin que se hubiere recibido respuesta al Requerimiento, o sin
que se hubiere solicitado pruebas, o se hubieren denegado las solicitadas; la autoridad aduanera dispondrá de
treinta (30) días para expedir el acto administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, el
decomiso de la mercancía, la formulación de la Liquidación Oficial o, el archivo del expediente y la devolución
de la mercancía aprehendida, si a ello hubiere lugar. La notificación del acto que decide de fondo se deberá
practicar de conformidad con los artículos 564º y 567º del presente Decreto.
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cualquiera de los siguientes momentos: i) una vez practicadas las pruebas,
cuando se recibió respuesta al Requerimiento Especial Aduanero; ii) vencimiento
del término de traslado, sin que se hubiere recibido respuesta al Requerimiento; iii) o
recibido éste no se hubieren solicitado pruebas, y iv), se hubieren denegado las
pruebas solicitadas. El problema que se trae a esta instancia es el de si para evitar la
configuración del silencio administrativo positivo debe darse o no dentro de ese término
la notificación de la decisión. (…), de modo que según los comentados artículos 512 y
519, los supuestos del silencio administrativo positivo que puede darse por
incumplimiento del término señalado en aquél son i), vencimiento de ese término
de 30 días, contados a partir de cualquiera de los eventos antes indicados, y ii)
falta de expedición de la decisión de fondo sobre la imposición de la sanción, el
decomiso de la mercancía, la formulación de la Liquidación Oficial o, el archivo del
expediente y la devolución de la mercancía aprehendida. […]» (negrilla y subrayado
fuera de texto)
Posteriormente, en sentencia del 28 de abril de 201141, se abordó el tema relativo
al momento a partir del cual debe iniciarse el conteo del término para que la Entidad
Aduanera profiera la decisión de fondo en consideración a lo dispuesto por el
artículo 512 del Estatuto Aduanero, conforme la modificación introducida por el
artículo 20 del Decreto 4431 de 2004:
Entonces, de conformidad con los artículos 512 y 519 comentados anteriormente, el
término de treinta (30) días de que disponía la DIAN para expedir el acto que decide
de fondo (Resolución 1493 de 16 de mayo de 2001), se debe contar a partir del día
siguiente de cualquiera de los siguientes eventos:
i) Una vez practicadas las pruebas, cuando se recibió respuesta al Requerimiento
Especial Aduanero;
ii) Vencido el término de traslado, sin que se hubiere recibido respuesta al
Requerimiento; o
iii) Recibida la respuesta al Requerimiento y no se hubiesen decretado pruebas,
o se hubieren denegado las pruebas solicitadas
Ahora bien, habida cuenta del contenido normativo del inciso 2 del artículo 512 del
Estatuto Aduanero vigente para la fecha de los hechos objeto del presente análisis,
la Sala concluye que en el asunto bajo examen el término de 45 días con el que
contaba la DIAN para dictar la decisión de fondo sobre la situación jurídica de la
mercancía aprehendida se debe contar a partir del día siguiente a la fecha en la que
la entidad recibió el escrito de objeción a la aprehensión. Ello, por cuanto los hechos
se enmarcan en el supuesto fáctico de la norma que se enuncia a continuación:
“Cuando se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión […] y
[…] se hubieren denegado las [pruebas] solicitadas, la autoridad aduanera
dispondrá de cuarenta y cinco (45) días para decidir de fondo sobre la situación
jurídica de la mercancía aprehendida […] contados a partir del día siguiente al cual
se radicó la objeción a la aprehensión”.
41
Consejo De Estado - Sala De Lo Contencioso Administrativo - Sección Primera - Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de
dos mil once (2011) - Radicación número: 66001-23-31-000-2003-00310-01 - Consejera ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS
LASSO
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Dicha conclusión se refuerza si se tiene en cuenta que en el asunto no se decretó
la práctica de pruebas. Por esta razón, en la actuación no era aplicable el inciso 3
del artículo 512 que permite contabilizar el término para decidir de fondo a partir del
día siguiente al vencimiento de los plazos establecidos para la práctica de pruebas,
únicamente en el evento en el que se acceda al decreto de estas.
Teniendo presente lo anterior, en el expediente se advierte que la DIAN notificó el
acta de aprehensión al importador el 28 de septiembre de 2011; posteriormente,
mediante escrito del 12 de octubre de 2011 la demandante presentó escrito de
objeción, el cual fue recibido por el área competente el 13 de octubre de 2011,
frente al cual la entidad aduanera le dio el trámite correspondiente. Del mismo modo
se advierte que se pronunció sobre las solicitudes probatorias, en el sentido de
negarlas, mediante Auto núm. 060 del 26 de octubre de 2011.
En este punto es indispensable señalar que las anteriores actuaciones fueron
realizadas por la DIAN antes de que se notificara a la Agencia de Aduanas
Granandina del acta de aprehensión, puesto que esta se realizó hasta el día 2 de
diciembre de 2011, es decir, con más de dos (2) meses de diferencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, y estando probado que el importador de la
mercancía ya estaba vinculado formalmente a la actuación administrativa, la Sala
procederá a examinar, si de conformidad con la normatividad aduanera y las
particularidades del caso bajo estudio, resultaba necesario la vinculación de la
AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA, al proceso de definición jurídica de la
mercancía adelantado por la DIAN.
Para poder resolver lo anterior, se debe determinar a quien le asistía interés legítimo
frente a la mercancía aprehendida, identificando para tal fin, quienes fueron los
intervinientes en el trámite de importación objeto de estudio, así:
• Importador: PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A.
SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO DE REORGANIZACION, por
cuanto, se advierte que la mercancía aprehendida y decomisada fue
importada a su nombre.
• Agente de Aduanas: AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA.
Ahora bien, la Sala considera que, en el contexto de los procesos aduaneros
relacionados con la aprehensión y el decomiso de mercancía, la agencia de
aduanas cumple un papel instrumental y secundario, puesto que esta actúa como
mandatario o auxiliar del importador, quien es el verdadero titular y beneficiario de
la mercancía. En ese sentido, la intervención de la agencia—sea como declarante,
tramitadora o simple gestora de trámites—no la convierte en sujeto directamente
afectado por las decisiones de aprehensión y decomiso adoptadas por la
administración aduanera, puesto que, jurídicamente, los actos administrativos que
se dicten en el procedimiento de definición jurídica de la mercancía impactan de
manera directa solo a quienes ostentan la titularidad jurídica, como lo es el
importador, tenedor o propietario y, en gracia a discusión, la agencia de aduanas
solo llegaría a adquirir un interés propio y por tanto legitimación en el procedimiento
si ostenta alguna de las calidades citadas.
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De igual manera es preciso señalar que la agencia de aduanas tiene
responsabilidades limitadas a su función como ser responsable de la veracidad y
exactitud de los datos consignados en la declaración y de las demás obligaciones
legales derivadas de su gestión como declarante, pero carece de un interés jurídico
propio respecto del fondo de la aprehensión y posterior decomiso de la mercancía,
salvo prueba de participación directa más allá de la simple intermediación. De
hecho, la relación de mandato que la une al importador no le transfiere la calidad de
dueño ni la expone a las consecuencias directas del proceso de definición jurídica
de la mercancía.
Al respecto esta Sección42 ha señalado que:
(…) estima la Sala que conforme se ha precisado en diversas providencias, el
decomiso de la mercancía afecta directamente al propietario de la misma el
cual, además, puede ser sancionado con multa; y por la misma conducta también
se puede sancionar al transportador, si con su intervención quebrantó las normas
aduaneras. (…)
No hay duda entonces en cuanto a que el decomiso es una medida que afecta
directamente al propietario de la mercancía, pues esta le pertenece, al punto
de que es el único interesado en legalizarla mediante rescate;(…).
En esa medida, en el presente caso se deberá analizar la actuación de la entidad
aduanera en relación con la notificación y vinculación de la agencia de aduanas
desde la perspectiva del interés jurídico realmente protegido en los procedimientos
de aprehensión y decomiso de mercancías.
En primer lugar, del expediente se observa que la DIAN notificó en debida forma el
acta de aprehensión directamente al importador y que fue este quien, dentro del
término legal, presentó objeción y ejerció a plenitud su derecho de defensa,
generando las actuaciones propias para la definición jurídica de la mercancía.
Ahora bien, es fundamental reiterar que, la agencia de aduanas, salvo que ostente
la calidad de propietaria, tenedora o importadora de la mercancía, no tiene un
interés jurídico propio en el fondo del procedimiento de definición jurídica de la
mercancía, ni en el resultado de la aprehensión o decomiso, puesto que, su función
es meramente instrumental, actuando como mandataria o gestora de los intereses
del importador, sin que las medidas administrativas recaigan directa o
patrimonialmente sobre ella.
En consecuencia, frente a los supuestos fácticos del sub-lite, la Sala concluye que
le asistía razón al apelante al señalar que la notificación y vinculación del importador
era suficiente para garantizar la observancia del debido proceso, puesto que, solo
a este le asistía un interés sustancial en el procedimiento y en esa medida la
notificación del acta de aprensión 347FISCA del 23 de septiembre de 2011 43 a la
Agencia de Aduanas Granandina —en la medida en que no ostentaba la calidad de
propietaria, tenedora ni importadora— no afectó en modo alguno los derechos de
defensa de los verdaderos titulares, ni era necesaria su notificación así como
42
CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION PRIMERA - Consejero ponente:
MARCO ANTONIO VELILLA MORENO - Bogotá D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil siete (2007) - Radicación
número: 25000-23-24-000-2001-01076-01
43
Páginas 143 a 144 ibidem
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tampoco resultaba exigible su vinculación salvo que existiera prueba de su interés
jurídico directo, que en este caso no se acreditó por parte de la autoridad aduanera.
Por todo lo anterior, la DIAN no podía ampararse en la notificación del acta de
aprehensión a la AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA, para empezar a
contabilizar el término para decidir de fondo, pues del material probatorio se pudo
advertir que la vinculación formal al proceso administrativo de la agencia de aduana
no resultaba necesaria.
Valga mencionar que acoger la interpretación que realizó la entidad aduanera y en
Tribunal en la sentencia de primera instancia, consistente en señalar que los
términos establecidos en el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999 empezarían a
correr únicamente luego de realizar la notificación a todos los intervinientes en la
actuación administrativa, sin analizar el verdadero interés jurídico de los
mismos frente a la mercancía aprehendida y posteriormente decomisada,
implicaría crear una suspensión de términos que no fue establecida por el legislador
al momento de creación de la normatividad objeto de estudio y por ende ampliaría
el término para resolver de fondo las actuaciones administrativas aduaneras sin un
fundamento legal.
En ese orden, al evidenciar que la DIAN expidió por fuera del término establecido la
decisión de fondo de la definición jurídica de la mercancía objeto de estudio, debe
determinarse si la mercancía se encontraba o no inmersa en los supuestos según
los cuales, a pesar de que la decisión sobre la actuación administrativa haya sido
emitida por fuera de los términos señalados, no hay lugar a declarar la ocurrencia
del silencio administrativo. Según la norma, esto ocurre cuando “no se hubiere
presentado el documento de objeción a la aprehensión y cuando se trate de
mercancía respecto de la cual no sea procedente la legalización de que tratan los
artículos 228 y 502-1 del presente Decreto, ni de aquellas mercancías sobre las
cuales existan restricciones legales o administrativas para su importación, a menos
que en este último evento se acrediten los documentos que prueban el cumplimiento
de la obligación que constituye restricción legal administrativa”
Ahora bien, de la revisión del material probatorio se advierte que la parte actora
importó la mercancía objeto de estudio bajo la modalidad de importación temporal
a corto plazo para reexportación en el mismo estado, de una máquina amparada
con la declaración de importación inicial núm. 13726010851892 del 31 de agosto
2009, con levante núm. 462009M020000035 del 31 de agosto de 2009, a la cual le
fue otorgada un autorización de ampliación de plazo, mediante Auto número 146201
• 0003 del 26 de febrero de 2010, por un plazo de 6 meses adicionales, extendiendo
el plazo máximo del vencimiento de la obligación aduanera a agosto 31 de 2010.
De otra parte, el artículo 150 del estatuto aduanero indica que, ante el
incumplimiento de la modificación de la modalidad de importación, tratándose de
importaciones temporales a corto plazo se aprehenderá la mercancía a menos que
legalice voluntariamente la mercancía con el pago de los tributos aduaneros
y la sanción, sin que haya lugar al pago de rescate por legalización voluntaria.
De igual manera, es necesario señalar que el artículo 228 ibidem señala la
“PROCEDENCIA DE LA LEGALIZACIÓN. Las mercancías de procedencia
extranjera, presentadas a la Aduana en el momento de su importación,
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respecto de las cuales se hubiere incumplido alguna obligación aduanera que
dé lugar a su aprehensión, podrán ser declaradas en la modalidad de
importación que corresponda a la naturaleza y condiciones de la operación,
en forma voluntaria o provocada por la autoridad aduanera, según se
establezca en el presente Decreto.”
Con base en lo anterior, es preciso señalar que frente a la mercancía objeto de
estudio no existían restricciones legales o administrativas para su importación, por
cuanto el estatuto aduanero facultaba a la actora para realizar actuaciones para
obtener la legalización y levante de la mercancía.
Del mismo modo, se encuentra probado que la accionante presentó el documento
de objeción a la aprehensión y que en él argumentó que solicitó la legalización
voluntaria de conformidad con lo establecido en el estatuto aduanero, con el fin de
desvirtuar el hecho que generó la aprehensión de acuerdo con el artículo 505-1 del
Estatuto Aduanero.
En efecto, aunque la parte actora no adjuntó a su escrito de objeción documentación
que acreditara la legal introducción o permanencia de la mercancía en el territorio
aduanero nacional, sí expuso argumentos destinados a desvirtuar el hecho que,
según la DIAN, generó la causal de aprehensión de conformidad con lo previsto en
el artículo 505-1. En todo caso, valga señalar que la ausencia de presentación de
documentos anexos al escrito de objeción no fue prevista en la norma como un
supuesto que invalide la oposición a la aprehensión. Por lo tanto, resultaba
indispensable que la entidad aduanera se pronunciara frente a los argumentos
presentados por la demandante dentro del término de 45 días contados desde el
día siguiente a la fecha en que fue recibida la objeción.
De acuerdo con lo expuesto, en el presente caso se advierte que efectivamente se
ha configurado el fenómeno del silencio administrativo positivo a favor del
demandante. Esto implica que la objeción presentada contra el acta de aprehensión
debe entenderse como resuelta favorablemente para este último, debido a que la
autoridad competente no emitió pronunciamiento dentro del término legal, como se
explicó supra.
Visto así el asunto, ante la prosperidad de los cargos planteados por la actora en el
escrito de apelación y, por ende, al desvirtuarse la presunción de legalidad que
cobija los actos administrativos demandados, habrá que revocarse la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, acceder a la pretensión de nulidad de los actos
presentada en la demanda.
En consecuencia, la Sala concluye que (i) la Resolución 0013 del 10 de enero de
201244, mediante la cual se ordenó el decomiso de la mercancía objeto de estudio;
(ii) la Resolución 01 88 236 408 601- 037 del 18 de abril de 201245, mediante la
cual se resolvió confirmar el decomiso y negar la solicitud de silencio administrativo
positivo; y (iii) la Resolución 01 88 236 408 6177- 002 del 8 de junio de 201246,
mediante la cual se resolvió el recurso de reposición presentado contra la negativa
de ocurrencia del silencio administrativo positivo, en el sentido de confirmar la
44
Páginas 17 a 30 del archivo denominado ED_C01_10OCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 88 – ubicado en el índice 88 del
Sistema de Gestión Documental SAMAI
45
Páginas 44 a 87 ibidem
46
Páginas 27 a 35 ibidem
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negación, son nulas, en tanto que, como se explicó supra operó el silencio
administrativo positivo a favor del demandante.
6.4.2.1.3. De otra parte, ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado
anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en el escrito
de apelación, criterio consolidado por esta Sección y adoptado en otras ocasiones,
entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201647.
6.4.3. Restablecimiento del derecho
En primer lugar, la actora solicitó como restablecimiento del derecho que:
[…] se autorice a la sociedad PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A.
SUCURSAL COLOMBIA, NIT. 900.038.508-0, tramitar la respectiva declaración de
legalización sin pago de rescate y sin oposición alguna respecto a restricción legal
o administrativa por cuanto la mencionada Sociedad obtuvo la expedición de
Licencia Previa de parte del Ministerio de Comercio y no fue factible hacer uso de la
misma por la negativa de la DIAN a declarar el silencio administrativo positivo dentro
del proceso aduanero así como desde antes del inicio de éste como en su desarrollo,
la U.A.E DIAN negó la oportunidad de la presentación de la declaración de
legalización voluntaria sin pago de rescate.
No obstante, de conformidad con lo establecido en los incisos 2 y 4 del artículo 519
del estatuto aduanero, cuando se declare el silencio administrativo positivo “En los
casos de mercancía aprehendida para definición de situación jurídica, dará lugar a
la entrega de la misma al interesado previa presentación y aceptación de la
declaración de legalización, cancelando los tributos aduaneros a que hubiere
lugar y sin el pago de rescate. (…) Siempre que se declare el silencio
administrativo positivo en el proceso administrativo para definir la situación jurídica
de mercancías aprehendidas, dentro del mismo acto que decida de fondo se
otorgará el término de un mes para presentar la declaración de legalización.
Vencido este término sin que la declaración de legalización haya obtenido
levante, quedará en firme el acto administrativo que ordenó el decomiso.”48
(negrillas y subraya de la Sala)
Ahora bien, luego de revisado el expediente y el material probatorio aportado, se
puede advertir que a pesar de que la DIAN decretó el decomiso de la mercancía
objeto de estudio, aquella siempre estuvo en poder de la actora, de acuerdo con el
hecho número 9 de la demanda, en el cual se manifestó que:
9. El mismo día 23 de Septiembre de 2011 a las 11:30 A.M., casi a la par de la
radicación del documento citado en el punto anterior, y pese a no estar ejecutoriada
la Resolución No. 1 88 241 06 70 0005 del 8 de Julio de 2011, se procedió a
adelantar de parte de funcionarios de DIAN Puerto Asís el documento denominado
‘‘Acta de Hechos No. 427", que culminó el mismo día a las 11:55 A.M., con la
aprehensión de la máquina PEXIN09 bajo el numeral 1,14 del artículo 502 del
Decreto 2685 de 1999 y dejándola a cargo de mi Poderdante en razón de su
desplazamiento y logística al amparo del art. 523 Ibidem.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. En dicha providencia se dijo: “[…] Al haber
prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala
se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos
de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos […]”.
48
Artículo 519 del decreto 2685 de 1999
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La anterior afirmación, que carece de elemento de prueba que la desvirtúe y que,
se reitera, proviene del propio demandante, es concordante con lo manifestado por
la DIAN en el escrito de alegatos de conclusión de segunda instancia, en el cual
señaló que la DIAN nunca tuvo en su poder la mercancía decomisada. Por lo tanto,
en el presente caso el decomiso ordenado en los actos acusados nunca se
materializó y, en esa medida, no puede darse a cabalidad la consecuencia
establecida en el artículo 519 del estatuto aduanero en los eventos que se encuentre
acreditado la ocurrencia del silencio administrativo positivo.
Bajo el anterior contexto, y como dentro del expediente no se advierte prueba que
demuestre que la mercancía aprehendida y posteriormente decomisada estuviera
en poder de la DIAN, la SALA no accederá al restablecimiento como fue solicitado
por la parte actora.
6.4.3.1. Por concepto de perjuicios materiales:
6.4.3.1.1 Por daño emergente:
La demandante solicitó lo siguiente por daño emergente:
3.1.1. Al ser el equipo decomisado denominado como PEXIN 09 el único activo
productivo con que cuenta la sociedad PETROLEUM EXPLORATION
INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO DE
REORGANIZACION a efectos de cumplir con el proyecto de viabilidad dentro del
proceso de reorganización empresarial, y conllevar el decomiso ordenado por la
DIAN el incumplimiento del proceso de reorganización empresarial, se tasan
perjuicios por daño emergente en SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO DOSCIENTOS NOVENTA Y
TRES ($73.325.305.093) PESOS M/CTE, que corresponde a las acreencias
graduadas y calificadas por la Superintendencia de Sociedades, suma de dinero que
deberá ser indexada y actualizada.
3.1.2 Que en caso de no ser posible la entrega de la mercancía, se ordene a la DIAN
pagar como daño emergente, el valor de la mercancía determinado por la DIAN en
el proceso aduanero y correspondiente a VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SEIS
MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE
($21.806.505.063), suma que para su cancelación deberá ser indexada y
actualizada.
3.1.3 El valor de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($542.354.000) M/CTE por concepto de las
liquidaciones laborales (salarios, primas, vacaciones, despido sin justa causa, etc.)
que conllevará el despido sin justa causa del personal que opera el equipo
decomisado PEXIN 09, toda vez que al no poder hacer uso de la mercancía por el
decomiso decretado conlleva a quedar sin actividad productiva de ingresos la
sociedad PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL
COLOMBIA EN PROCESO DE REORGANIZACION, además de que el decomiso
impide que cualquier aseguradora proceda a emitir póliza a efectos de participar en
licitaciones y otorgamiento de contratos relacionados con el objeto social de la
PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN
PROCESO DE REORGANIZACION. La suma aquí indicada deberá condenarse a
la DIAN a su pago debidamente actualizado e indexado.
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3.1.4 El valor de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO
UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($2.592.101.582) por la multa por
incumplimiento de contrato No. C-38-2012 suscrito entre la sociedad PETROLEUM
EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO
DE REORGANIZACION y el CONSORCIO COLOMBIA ENERGY, producto del
decomiso de la mercancía ordenada por la DIAN. La suma aquí indicada deberá
condenarse a la DIAN a su pago debidamente actualizado e indexado.
3.1.5 El valor de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO
NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($679.195.152)
(sic) M/CTE por concepto de honorarios de abogados y gastos legales generados
por el proceso de decomiso y la respectiva demanda judicial. La suma aquí indicada
deberá condenarse a la DIAN a su pago debidamente actualizado e indexado.
Una vez revisado el material probatorio obrante en el expediente la Sala procederá
a negar los perjuicios por daño emergente solicitados por la actora con base en los
siguientes argumentos:
Para sustentar las pretensiones de daño emergente la actora aportó el siguiente
documento firmado por la representante legal y el revisor fiscal49:
Ahora bien, no es posible concluir que los conceptos por los cuales la demandante
pretende el pago de las sumas de dinero relacionadas en el anterior cuadro
correspondan a costos que ésta se haya visto obligada a incurrir como
consecuencia de la aprehensión y el decomiso ilegal de la mercancía, el cual, se
reitera, de acuerdo con el material probatorio y las afirmaciones de las partes, nunca
se hizo efectivo. En efecto, frente a los ítems 1, 3, 4, y 6 únicamente allegó al
49
Página 1035 del archivo denominado ED_C01_10OCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 88 – ubicado en el índice 88 del
Sistema de Gestión Documental SAMAI
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plenario documentos en los cuales se fijan esos valores, más no existe evidencia
de que efectivamente se hayan pagado o estén en proceso de cobro y, en suma, de
dichos documentos no se advierte de manera fehaciente que dichos valores
corresponderían a erogaciones que asumió como consecuencia de la actuación de
la DIAN.
Ahora bien, frente al ítem 2, es preciso reiterar, como se señaló supra, que la
mercancía nunca estuvo en poder de la DIAN y en ese sentido resulta improcedente
reconocer su valor a favor del demandante.
Ahora bien, frente al ítem 5, es preciso señalar que, en relación con la indemnización
que se solicita por el pago realizado con ocasión de los honorarios en sede judicial,
la Sala no accederá a dicho reconocimiento, en tanto esta Corporación50 ha
considerado que los honorarios del abogado en el proceso contencioso
administrativo constituyen una carga que debe asumir la parte afectada y solo se
puede imputar a la parte demandada siempre que esta sea condenada en costas.
En este orden de ideas, la Sala abordará el estudio de la procedencia o no de las
costas en el acápite correspondiente.
En consecuencia, la Sala denegará las solicitudes de daño emergente, así como
fueron solicitadas.
6.4.3.1.2 Por lucro cesante:
La demandante solicitó lo siguiente por lucro cesante:
3.2.1 El valor de ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ($11.629.338.300)
M/CTE por los ingresos dejados de percibir de parte de la sociedad PETROLEUM
EXPLORATION INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO
DE REORGANIZACION, al no adelantar la explotación económica del equipo
decomisado denominado PEXIN09, valor que comprende desde el ingreso
económico dejado de percibir por PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL
S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO DE REORGANIZACION así como
tarifa de desmovilización del equipo.
3.2.2 El valor de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
($25.920.358.950) M/CTE, suma determinada ante la imposibilidad de ofertar de
parte de la sociedad PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S.A.
SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO DE REORGANIZACION.
3.2.3 Que la demandada U.A.E DIAN pague la actualización de las sumas indicadas
por concepto de daño emergente y lucro cesante según el índice de precios al
consumidor más el seis por ciento (6%) de interés anual admitido legalmente, hasta
el día en que se realice el pago.
Del examen de las pruebas que obran en el plenario no se advierte la existencia de
evidencia alguna que demuestre que la decisión de decomiso de la mercancía antes
especificada le haya ocasionado un perjuicio en el patrimonio de la actora, en los
términos de la pretensión antes señalada, pues no está acreditado que la sociedad
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de junio de
2016, exp. 40147, C.P. Hernán Andrade Rincón.
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Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
hubiere dejado de percibir suma alguna derivada de la actividad petrolera y, de otra
parte, frente a la suma determinada en razón a la imposibilidad de ofertar, esta no
se puede tener como un lucro cesante, puesto que el hecho de ofertar no conlleva
per se a la obtención de un contrato, puesto que es una mera expectativa.
En consecuencia, la Sala denegará el reconocimiento de la pretensión de lucro
cesante, así como fue formulada por la actora.
6.5 Condena en costas
La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas
ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley
1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por
la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
6.6. Otros pronunciamientos
6.6.1. En consideración al memorial que obra en la anotación núm. 70 del historial
de actuaciones del proceso disponible en SAMAI, se admite la revocatoria
presentada por la liquidadora designada por la Superintendencia de Sociedades de
la actora, a la abogada Paola Andrea Medina Montes frente al poder que le fue
conferido para representarla en el presente trámite, teniendo en cuenta que cumple
con el requisito del inciso 1º del artículo 76 del CGP.
6.6.1.1. De igual manera, se tiene en cuenta que en el mismo memorial obra en la
anotación núm. 70 Ibidem, se le otorgó poder al abogado Fredy Ricardo Iregui
Aguirre, para representar los intereses de la actora, por lo tanto, se le reconocerá
como apoderado en los términos y para los fines del poder a él conferido.
6.6.2. La Sala reconocerá como apoderada judicial de la parte actora a la abogada
Karen Dayana Angulo Burbano, en los términos y para los efectos del poder a ella
conferido obrante en el índice número 80 del expediente de la referencia en SAMAI,
de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso. En
consecuencia, se tendrá por terminado el poder conferido al abogado Fredy Ricardo
Iregui Aguirre.
6.6.3. En consideración al memorial que obra en la anotación núm. 81 del historial
de actuaciones del proceso disponible en SAMAI, se tendrá por debidamente
presentada la renuncia presentada por el abogado Augusto Fernando Rodríguez
Rincón al poder que le fue conferido para representar a la DIAN en el presente
trámite, teniendo en cuenta que cumple con el requisito del inciso 4º del artículo 76
del CGP.
6.6.4. De otra parte, se reconocerá a la abogada María Consuelo De Arcos León
como apoderada de la DIAN, en los términos y para los fines del poder a ella
conferido, visible la anotación núm. 82 del historial de actuaciones del proceso
disponible en SAMAI.
Ahora bien, en consideración al memorial que obra en la anotación núm. 85 del
historial de actuaciones del proceso disponible en SAMAI, se tendrá por
debidamente presentada la renuncia presentada por la abogada María Consuelo De
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Arcos León al poder que le fue conferido para representar a la DIAN en el presente
trámite, teniendo en cuenta que cumple con el requisito del inciso 4º del artículo 76
del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2013 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la actora,
según las razones analizadas en la parte considerativa.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:
(i) Resolución 0013 del 10 de enero de 2012, por medio de la cual la
División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de
Aduanas de Cali resolvió “DECOMISAR a favor de la NACION - U.A.E.
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, la
mercancía aprehendida con Acta No. 349 FISCA de Septiembre 23 de
2.011, a nombre de PETROLEUM EXPLORATIÓN INTERNATIONAL
S.A. SUCURSAL COLOMBIA con N.I.T. 900.038.568-0 en calidad
IMPORTADOR y de AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA con
N.I.T. 860.078.039-2 en calidad de DECLARANTE, al encontrarse
inmersa en la causal establecida en el numeral 1.14 DIIAMA
398815461100635 de Septiembre 29 de 2.011.”;
(ii) Resolución 01 88 236 408 601- 037 del 18 de abril de 2012,
mediante la cual la División Gestión Jurídica de la Dirección Seccional
de Aduanas de Cali resolvió confirmar el decomiso y negar la solicitud
de silencio administrativo positivo; y
(iii) Resolución 01 88 236 408 6177- 002 del 8 de junio de 2012, a través
de la cual la División Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de
Aduanas de Cali resolvió el recurso de reposición, en el sentido de
confirmar la negativa de acceder a la solicitud presentada.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: NO CONDENAR en costas.
QUINTO: ADMITIR la revocatoria de poder presentada por la liquidadora designada
por la Superintendencia de Sociedades de la actora, a la abogada Paola Andrea
Medina Montes, teniendo en cuenta que cumple con el requisito del inciso 4º del
artículo 76 del CGP.
SEXTO: RECONOCER personería al abogado Fredy Ricardo Iregui Aguirre como
apoderado de la actora, en los términos y para los fines establecidos en el poder
judicial a él conferido.
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SÉPTIMO: RECONOCER personería a la abogada Karen Dayana Angulo Burbano,
para actuar como apoderada de la actora, en los términos y para los efectos del
poder a ella conferido. En consecuencia, TENER por terminado el poder conferido
al doctor Fredy Ricardo Iregui Aguirre.
OCTAVO: ACEPTAR la renuncia presentada por el abogado Augusto Fernando
Rodríguez Rincón al poder que le fue conferido para representar a la DIAN en el
presente trámite, teniendo en cuenta que cumple con el requisito del inciso 4º del
artículo 76 del CGP.
NOVENO: RECONOCER personería a la abogada María Consuelo De Arcos León
como apoderada de la DIAN, en los términos y para los fines establecidos en el
poder judicial a ella conferido.
DÉCIMO: ACEPTAR la renuncia presentada por la abogada María Consuelo De
Arcos al poder que le fue conferido para representar a la DIAN en el presente
trámite, teniendo en cuenta que cumple con el requisito del inciso 4º del artículo 76
del CGP.
UNDÉCIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada
la presente providencia.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
Salvamento de voto
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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