Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2002-40227-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2002-40227-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2002-40227-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
4 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 50001-23-31-000-2002-40227-01 (63581)
Demandante: Antonio María Puentes Sánchez y Ricardo Alberto Hernández
Suárez
Demandada: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas
– IPSE
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES –Contrato de
construcción de Pequeña Central Hidroeléctrica y obras complementarias / ACTAS
DE ACUERDO / Negocios jurídicos que tienen fuerza vinculante al margen de la forma
nominativa que se les otorgue / NORMATIVIDAD E INTANGIBILIDAD DE LOS
CONTRATOS – Los contratos son ley para las partes quienes deben respetar y hacer
valer sus alcances / BUENA FE CONTRACTUAL – Teoría de los actos propios – El
contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdos / CARGA
ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN- No bastan simples
afirmaciones que contravengan la decisión cuestionada, se requiere la indicación con
suficiencia de motivos de fondo.
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia que negó las pretensiones.
La controversia versa en torno al reclamo de perjuicios de un contratista como
consecuencia del incumplimiento y el rompimiento del equilibrio económico del
contrato 7146 de 1997 que tuvo por objeto la construcción de una pequeña central
hidroeléctrica y sus vías de acceso, así como la nulidad de los actos administrativos
que lo liquidaron.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión adoptada el 16 de octubre de 2018 por la Sala
Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la
1
Radicación: 50001-23-31-000-2002-40227-01 (63581)
Demandante: Antonio María Puentes Sánchez y otro
Demandado: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas
Referencia: Controversia contractual
demanda presentada1 por Ricardo Alberto Hernández y Antonio María Puentes como
integrantes de la Unión Temporal Aguas de Mitú (en adelante la demandante o la
contratista), en contra del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas – IPSE (en adelante la entidad contratante), cuyas pretensiones, hechos
principales y fundamentos se enuncian a continuación.
Hechos
2. El 19 de diciembre de 1997, la Unión Temporal Aguas de Mitú y el Instituto de
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas – IPSE celebraron el contrato
7146, por el cual aquella se comprometió a construir todas las obras civiles,
incluyendo vías de acceso, de una pequeña central hidroeléctrica (PCH) a orillas del
río Vaupés, con base en unos diseños y en información técnica de caudales
entregados por la entidad contratante, a cambio de un pago a precios por unidad
ejecutada y recibida a satisfacción, cuyo valor fiscal total se estimó en
$12.437’979.398, ($8.540’021.754 COP y $3’524.374 USD, liquidados a la TRM de
julio de 1997). El plazo pactado fue de 24 meses, contados desde la suscripción del
acta de inicio de obra por el contratista y la interventoría, previa orden de la entidad
pública. El pago del precio convenido se pactó mediante entrega y amortización del
29% del valor total estimado del contrato a título de anticipo, y el restante conforme
las unidades de obra entregadas, recibidas a satisfacción y reconocidas mediante
actas bimensuales de obra.
3. La ejecución del contrato presentó retrasos. Aun cuando la contratista recibió el
anticipo pactado en diciembre de 1997, la suscripción del acta y el consecuente inicio
de obras se retrasó hasta el 23 de abril de 1998, comoquiera que el licenciamiento
ambiental del segmento vial del proyecto otorgado por el Ministerio de Ambiente fue
revocado mediante Resolución 1083 de 1997; contra esta resolución la entidad
contratante interpuso los recursos de ley.
4. El segmento vial de acceso a la PCH también se vio afectado y no se construyó. El
12 de marzo de 1998, mediante Resolución 245 que resolvió el recurso de la entidad
contratante, el Ministerio de Ambiente desautorizó el segmento vial que había
condicionado a nuevos diseños y lo sustituyó por un sendero ambiental cuyo trazado
mantenía el definido por la contratante, pero con otras condiciones técnicas. El
contratista sugirió uno a partir del uso de piedras y relleno de algunos pantanos y
empalizadas que le permitiera conducir materiales, equipos y personal hasta la zona
de obras de la PCH. “El uso de piedras para los pantanos se hizo un mes después,
el 5 junio de 1.998 y el de la banca se obtuvo 5 meses después, el 23 de septiembre
de 1.999 mediante la aprobación de las actas de acuerdo 3, 4 y 5, como consta en el
1 El 22 de abril de 2000, folio 5 C1.
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Radicación: 50001-23-31-000-2002-40227-01 (63581)
Demandante: Antonio María Puentes Sánchez y otro
Demandado: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas
Referencia: Controversia contractual
oficio UTICE 051/99”2.
5. La construcción del muro de cierre como primera obra de la PCH enfrentó demoras,
toda vez que los diseños que entregó la entidad contratante eran impertinentes e
insuficientes lo que llevó a que la contratista hiciera los propios y luego insistiera en
su aprobación. Solo se aprobó el diseño presentado por el contratista mediante acta
de acuerdo número 1 del 17 de noviembre de 1998, la cual fue firmada por el director
de la entidad el 4 de diciembre de ese mismo año, según oficio AGMI-138-98, de la
misma fecha3.
6. A la hora de iniciar la construcción del muro de cierre se requirió mayor cantidad de
bolsaconcreto subacuática, comoquiera que para diciembre de 1998 ya había
cambiado la profundidad del río en relación con los datos recogidos por la contratista
en enero de 1998 cuando levantó los nuevos diseños, cuya aprobación demoró seis
meses. El 23 de diciembre de 1999, se impartió aprobación mediante acta de acuerdo
3, 4 y 5 según consta en el oficio UTICE-051-994.
7. La construcción de los canales, turbinas, rejillas y compuertas de casa de máquinas
también se retrasó, toda vez que los diseños que entregó la entidad contratante
estaban errados, lo que llevó a que la contratista hiciera los propios y luego insistiera
en su aprobación, pese a que la responsabilidad de los diseños siempre fue de la
entidad pública. La entidad guardó silencio respecto de los nuevos diseños y luego
se abstuvo de pagarlos.
8. La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, incluido en el plan
de manejo ambiental de construcción de obras también se retardó, comoquiera que
los diseños entregados preveían el traslado de equipos y materiales por medios
aéreos, pese a que tal situación no era posible, lo cual llevó a la contratista a plantear
una opción que solo después de 15 meses de haberse presentado la solicitud para la
aprobación de la alternativa propuesta, el IPSE aprobó mediante actas de acuerdo 3,
4 y 5 relacionadas en el oficio UTICE -051 de septiembre 23 de 19995.
9. Durante el segundo año de ejecución del contrato, el seguimiento del plan de
manejo ambiental requerido para conservar la licencia ambiental, se suspendió como
consecuencia de la falta de disposición de personal por parte de la entidad
contratante, por lo que el contratista por su cuenta y riesgo debió asumir estos gastos
y el IPSE hasta 5 meses después contrató este ítem, mediante las actas 3, 4 y 5
relacionadas en el oficio UTICE-051 de septiembre de 19996.
2 Párrafo 27 de la demanda.
3 Párrafo 18 de la demanda.
4 Párrafo 22 de la demanda.
5 Párrafo 32 de la demanda.
6 Párrafo 33 de la demanda.
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Radicación: 50001-23-31-000-2002-40227-01 (63581)
Demandante: Antonio María Puentes Sánchez y otro
Demandado: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas
Referencia: Controversia contractual
10. Además, la entidad contratante retardó los pagos por unidades de obra ejecutadas
y recibidas a satisfacción7.
11. Estas condiciones de incumplimiento causaron que el contratista sufriera los
siguientes perjuicios: (i) sobrecostos por actividades de ingeniería y consultoría en el
levantamiento de información y en la elaboración de diseños para el muro de cierre,
instalaciones de casa de máquinas y planta de tratamiento de aguas residuales; (ii)
sobrecostos por obras ejecutadas no previstas, rellenos y empalizadas, entre otros,
para la adecuación de un paso de tránsito hacia la PCH y el dragado de bancos de
arena para la construcción de esta última; (iii) sobrecostos por mayores cantidades
de obra, en tanto tuvo que ejecutar el resecado de algunas áreas por la demora en la
aprobación de diseños y retraso en la construcción; (iv) sobrecostos por materiales
no usados y transporte y alquiler de equipos, ya que debido a los retrasos y la
contemplación de una prórroga contractual que nunca se firmó, la contratista adquirió
distintos insumos y alquiló maquinaria creyendo de buena fe que continuaría con sus
labores; (v) intereses moratorios por el pago tardío de varias actas de obra; y (vi)
sobrecostos de personal, dado que la entidad no dispuso los trabajadores a los que
se obligó para el acompañamiento del Plan de Manejo Ambiental.
12. La errada información técnica entregada por la entidad tuvo que ser reemplazada
por el contratista, lo que causó la demora en el diseño, construcción y entrega de
equipos (turbina, generador) lo que propició que fueran entregados vencido el plazo
de ejecución contractual.
13. Mediante Resolución 536 del 30 de junio de 2000, la entidad contratante liquidó el
contrato compensando valores del anticipo entregado con obras ejecutadas no
pagadas; esta liquidación fue confirmada mediante Resolución 723 del 10 de octubre
de 2000.
14. El 11 de octubre de 2000, la entidad contratante declaró el incumplimiento del
contrato -Resolución 725- alegando la falta de entrega de equipos mecánicos y
electromecánicos; sancionó al contratista y corrigió los valores que había dispuesto
en la liquidación, teniendo en cuenta que parte del anticipo se entregó en pesos
liquidados a la TRM vigente para ese momento y, por ende, debía ser reembolsado
por la contratista en lo no ejecutado con la correspondiente variación de la divisa.
Contra esta decisión la contratista agotó los recursos de ley.
15. Mediante Resolución 181 del 8 de junio de 2001, la entidad contratante repuso
parcialmente la decisión adoptada en el sentido de eliminar la declaratoria de
7 La demandante no precisó cuáles actas sostenías las obras cuyo pago dice no se efectuó oportunamente, como
tampoco indica el tiempo que duró el retraso.
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Radicación: 50001-23-31-000-2002-40227-01 (63581)
Demandante: Antonio María Puentes Sánchez y otro
Demandado: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas
Referencia: Controversia contractual
incumplimiento y las sanciones impuestas, teniendo en cuenta la entrega parcial de
los equipos mecánicos y electromecánicos y haciendo las correspondientes
deducciones; negó los reajustes solicitados y ratificó el valor del anticipo a devolver,
teniendo en cuenta la variación de la TRM de la divisa.
Pretensiones
16. La demandante solicitó que se declare que la entidad contratante incumplió el
contrato 7146 de 1997, y la nulidad de la Resolución 725 de 1997 y parcialmente de
la Resolución 181 de 2000. Se pidió que se liquide judicialmente el contrato
reconociendo los perjuicios en cuantía mínima de $10.000’000.000, o la que se
pruebe8.
Contestación de la demanda
17. El IPSE se opuso a las pretensiones. Argumentó que la contratista no estaba
legitimada para reclamar perjuicios, comoquiera que incumplió el contrato motivo de
la controversia, al punto que la obra civil y el Plan de Manejo Ambiental sólo
alcanzaron un avance del 65.5% y el suministro de equipos un 49.2%, pese a que la
entidad cumplió con sus obligaciones de entrega del anticipo y la entrega de diseños,
los cuales no fueron objetados en la etapa precontractual y respecto de los cuales
alcanzó con la contratista múltiples acuerdos tendientes a garantizar la ejecución del
contrato9.
Alegatos en primera instancia
18. Agotado el período probatorio10, la parte demandante insistió en el incumplimiento
de la entidad contratante11. La entidad demandada reiteró en la imposibilidad de
reclamo de perjuicios dado el incumplimiento de la contratista y puso de presente que
varias de las novedades que se presentaron como los problemas de licenciamiento
ambiental no le eran imputables12. El Ministerio Público guardó silencio.
8 Cfr. Folios 2 a 4, C1.
9 Folios 97 a 108 C1.
10 El Tribunal tuvo como pruebas toda la documental remitida por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara
de Comercio de Bogotá, la cual comprende el pliego de condiciones, licencias ambientales expedidas por el
Ministerio de Ambiente, el acta de inicio de obra, la bitácora de obra, las actas parciales de recibo de obra, los
memorandos de entendimiento entre las partes y la interventoría, las actas de acuerdo interpartes, los actos
administrativos de liquidación administrativa del contrato 7146 de 1997 y sus recursos; asimismo, tuvo en cuenta
los actos administrativos que ordenaron la compensación de deudas interpartes y el respectivo recurso de la
contratista. También tuvo como prueba, los testimonios de diferentes ingenieros que intervinieron en la ejecución
de las obras y en un dictamen de determinación de perjuicios, solicitados por la parte demandante.
11 Folios 653 a 664 C4.
12 Folios 665 a 695 C4.
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Radicación: 50001-23-31-000-2002-40227-01 (63581)
Demandante: Antonio María Puentes Sánchez y otro
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Referencia: Controversia contractual
Los fundamentos de la sentencia impugnada
19. El Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda; encontró
acreditado, lo siguiente:
(i) La contratista mediante negocios jurídicos (Actas de acuerdo 1 y 2 de 1998, 3 y 4
de 1999, 5 de 2000, actas parciales de obra 35 y 36 de 2000 y acta de recibo de
equipo de 2001), convino con la contratante las modificaciones y acuerdos necesarios
para dar continuidad al proyecto y superar los inconvenientes que venían afectando
la ejecución del contrato (falta de entrega de diseños correctos y suficientes del
segmento vial, luego reemplazado por sendero ambiental, del muro de cierre, de la
casa de máquinas, de la planta de tratamiento de aguas residuales);
(ii) En tales acuerdos se pactó continuar la ejecución del proyecto aceptando que no
se requerían mayores valores o reconocimiento de costos adicionales, aun con la
presencia de los supuestos incumplimientos de la entidad y los consecuentes efectos
patrimoniales que ahora reclama como perjuicios -sobrecostos de ingeniería y diseño,
transporte y de entrega de equipos, costos por actividades no previstas, materiales,
elementos no utilizados, disposición de personal, mayores obras e intereses
moratorios-;
(iii) Al suscribir tales actas, el contratista no condicionó lo convenido, conforme con la
interpretación del principio de buena fe expuesto en copiosas sentencias del Consejo
de Estado proferidas de 2010 en adelante;
(iv) El actor no probó las circunstancias de incumplimiento y, en cambio, las pruebas
evidenciaron que fue la contratista la que incumplió injustificadamente lo pactado,
ante la falta de entrega oportuna de algunos equipos (turbina y regulador), por lo que
perjuicios como los intereses moratorios por el retardo en el pago de actas de obra
no eran procedentes, como tampoco los perjuicios reclamados por materiales no
usados y transporte y alquiler de equipos o personal para el seguimiento del Plan de
Manejo Ambiental, pues hacían parte de las obligaciones a ejecutar por el contratista
a cambio del precio global estimado. Además, fueron perjuicios respecto de los cuales
la contratista guardó silencio, pues nunca expresó su reclamo, ni siquiera en el
recurso de reposición que la contratista interpuso contra la Resolución demandada
725 del 11 de octubre de 2000 que liquidó el contrato, ni en el recurso elevado contra
la Resolución 536 del 30 de junio de 2000 -no demandada- que decretó una
compensación de sumas debidas entre las partes.
(v) Más allá de los perjuicios alegados y hallados improcedentes, la demandante no
adujo motivos adicionales de nulidad de las Resoluciones 725 del 11 de octubre de
2000 y 181 del 8 de junio de 2001, que liquidaron de forma unilateral el contrato 7146
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Radicación: 50001-23-31-000-2002-40227-01 (63581)
Demandante: Antonio María Puentes Sánchez y otro
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Referencia: Controversia contractual
de 1997. Si bien expresó que en esos actos administrativos la contratante no hizo el
reajuste de precios de obras recibidas mediante actas de obra 29 a 35 y de las sumas
determinadas en dólares pendientes de pago, el contenido de las resoluciones
evidenciaba que sí lo efectuó, tanto así que allí se reconocieron $386.936.52 USD a
favor de la contratista, sin que ésta hubiera indicado o demostrado errores en la
determinación de esa suma. Además, la entidad mediante Resoluciones 536 del 30
de junio de 2000 y 723 del 10 de octubre de 2000, compensó los valores de las
órdenes de pago 533 a 536 de 2000, pero como éstas no fueron objeto de demanda,
los ajustes que en ellas se efectuaron se entienden válidos y debidamente
ejecutoriados sin que quepan reparos por reajuste de sumas.
El recurso de apelación
20. La parte demandante expuso su disenso, así:
(i) Indebida aplicación retroactiva de la jurisprudencia del Consejo de Estado del 2014
sobre el deber del contratista de expresar sus reclamos mediante salvedades so pena
de perder la posibilidad de reclamar perjuicios fundado en el principio de buena fe,
comoquiera que para la época del contrato 7146 de 1997 dicho criterio ni siquiera
existía.
(ii)
Frente a la Existencia de sobrecostos no compensados con los acuerdos
celebrados, manifestó que “Consideró la sala equivocadamente que, con la sola
autorización impartida por el IPSE en las actas relacionadas en la demanda, los
sobrecostos del contratista con ocasión de la ejecución de obras del contrato
quedaban ya compensadas y pagadas”.
(iii)
En relación con el incumplimiento probado de la contratante, indicó que era
obligación de la contratante definir los alcances del contrato a través de la descripción
clara de los diseños y de la entrega de información técnica fidedigna. Además, los
testimonios y el dictamen pericial, daban cuenta de la falta de satisfacción de las
obligaciones – no precisó cuáles – de la entidad pública13.
Alegatos de segunda instancia
21. La parte demandante solicitó la revocatoria de la sentencia con base en los mismos
argumentos expuestos en la apelación14. La entidad demandada15 y el Ministerio
Público16 hicieron propios los razonamientos del a quo y solicitaron la confirmación
del fallo.
13 Folios 821 a 834 C. Principal.
14 Folios 843 a 849 Idem.
15 Folios 850 a 853 Idem.
16 Folios 857 a 882 Idem.
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Radicación: 50001-23-31-000-2002-40227-01 (63581)
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Referencia: Controversia contractual
II. CONSIDERACIONES
Objeto de apelación
17. Le corresponde a la Sala determinar si la decisión de primera instancia incurrió en
error por: (i) la aplicación incorrecta de una interpretación jurisprudencial sobre buena
fe al contrato y su vigencia, (ii) el entendimiento errado del contenido de los acuerdos
pactados y (iii) la inadvertencia del comprobado incumplimiento esencial en que
incurrió la entidad demandada.
El principio de buena fe y las reglas instrumentales de conducta contractual
18. El argumento fundamental del censo se basa en la supuesta inaplicabilidad del
criterio jurisprudencial sobre buena fe objetiva, y el derivado deber de lealtad y rectitud
del contratista de expresar oportunamente sus reclamos, mediante salvedades, ante
la suscripción de negocios jurídicos adicionales al contrato principal, so pena de
frustrar su futuro reconocimiento en sede judicial, teniendo en cuenta que la
jurisprudencia que soporta esa tesis y que aplicó el Tribunal (201417) es posterior a la
época de ejecución del contrato motivo de controversia (1998 a 2000).
17. Tal disertación, aunque representa un cuestionamiento a la sentencia de instancia
en tanto controvierte una de sus líneas argumentativas, esto es, “el deber conductual
de obrar con lealtad y buena fe frente a la contraparte dando a conocer en forma
oportuna las vicisitudes que sobrevengan en la ejecución de un contrato”, en el que
se soporta la ausencia de salvedades en los negocios adicionales, olvida y deja de
lado que se trata de un argumento satelital al esencial y medular sobre el cual el
Tribunal soportó la decisión, esto es, el referente a “la fuerza relativa de ley de las
convenciones y el deber conductual de respetar su contenido y no contravenir sus
actos y declaraciones”, en el cual se inserta la conclusión de que la demandante
mediante acuerdos adicionales negoció los efectos de los mismos eventos que ahora
se exponen en sede judicial, y aceptó, sin alegar vicios, continuar la ejecución
contractual sin el reconocimiento de las sumas que ahora solicita a su favor, sin
expresar verdaderos reparos que ataquen tal conclusión.
19. Sobre
este particular debe recordarse que todo negocio jurídico impone el
compromiso básico, esencial e irrenunciable para las partes de cumplir lo que en ellos
17 Consultado el texto transcrito por el apelante, se advierte que no corresponde a una sentencia de 2014, sino de
2017, proferida el 23 de octubre por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el expediente 55855. MP. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.
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se han prometido realizar; es ello y nada más lo que justifica la causa y le da forma a
la finalidad misma de un contrato, pues nadie busca convenir con otras personas
obligaciones que no se cumplan o por lo menos, que no busquen cumplirse. Desde
1873, con la promulgación de la Ley 84 que dio lugar al actual Código Civil 18, todo
contrato legalmente celebrado tiene la fuerza de la ley frente a los contratantes y no
puede ser invalidado sino por mutuo consentimiento o por causas legales (vicios), al
tiempo que debe ser cumplido de buena fe (artículo 1603 Idem), de ahí que obliga no
solo a lo que en él se expresa sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de
sus obligaciones, de la ley, la costumbre o la equidad.
20. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional 19
desde antaño, han explicado que al tratarse de un mandato conductual verificable, la
buena fe en materia contractual adquiere una connotación objetiva que se bifurca en
distintos sentidos y que abre paso a diversas reglas de conducta cuya finalidad
esencial es la ejecución por las partes de todo lo necesario y legalmente autorizado
para la satisfacción del interés que entre ellas subsiste; con fundamento en tal
premisa y por razón de la naturaleza integradora del principio, a los contratos se
entienden agregadas obligaciones de lealtad, diligencia, cooperación, transparencia,
y solidaridad, que se traducen en distintos deberes como el de informar las novedades
que se presenten durante la ejecución del contrato con el fin de adoptar medidas que
garanticen su cumplimiento y de condicionar a título de salvedad los acuerdos que
con esa finalidad alcancen las partes, pero que no llenan suficientemente su
intereses, tal como el Consejo de Estado concluyó en materia de contratos estatales
en sentencia de 200320, reiterada entre otras, en la sentencia transcrita del 23 de
octubre de 201721, cuestionada por el apelante.
21. El deber de reconocer y respetar la obligatoriedad de los acuerdos y de no
contravenir su contenido, es una regla de conducta prístina que adquiere especial
rigor frente a las demás, en la medida en que representa el medio instrumental básico
y mínimo de protección de la causa y la finalidad justificativas de todo negocio jurídico,
de ahí que la prohibición de contravenir lo pactado – venire contra factum propium
non valet, sea una premisa que proviene desde el sustento histórico del mismo
18 Artículo 1602.
19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de febrero de 1936, MP Eduardo Zuleta
Ángel; a la vez que la Corte Constitucional. Sentencia T-487 del 11 de agosto de 1992, Exp. T-2047, MP Alejandro
Martínez Caballero. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 1992, rad. 6032.
20 Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 30 de octubre de 2003. Exp. 17213: “la aceptación manifiesta
y sin salvedades de la situación, por parte del contratista, sin haber desplegado ni previa ni concomitantemente
actividad que permitiera a la Sala entender que en efecto la Sociedad demandante no aceptaba los términos del
contrato adicional; su conducta evidencia todo lo contrario”.
21 Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 20 de octubre de 2014, “si las solicitudes, reclamaciones o
salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las
suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo
se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera
por vulnerar el principio de la buena fe contractual”.
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Demandante: Antonio María Puentes Sánchez y otro
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Referencia: Controversia contractual
principio de buena fe sobre el cual se edificó el artículo 1603 del Código Civil 22, cuya
falta de vigencia es prácticamente inoponible frente a los contratos.
22. Si bien el censor reclama que los pactos celebrados fueron “actas de acuerdo” y no
otrosíes, contratos adicionales, adiciones, etc., debe tenerse en cuenta que son los
elementos esenciales pactados y no sus designaciones nominativas las que esculpen
la naturaleza de un contrato (artículo 1501 Cód. Civil) y aun con esta salvedad, la
normatividad e intangibilidad derivada de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil,
se predica de todos los negocios jurídicos -como los acuerdos celebrados en este
caso entre las partes- con independencia de la tipología de contrato, convención o
declaración de voluntad que los categorice, incluyendo aquellos acuerdos sometidos
a las exigencias del Estatuto General de la Contratación Pública, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 199323.
23. En este caso, el contrato 7146 de 1997 objeto de controversia es un negocio jurídico
regido por las disposiciones de Ley 80 de 1993, comoquiera que fue celebrado por el
Instituto Colombiano de Energía Eléctrica – ICEL, ahora Instituto de Planificación y
Promoción de Soluciones Energéticas – IPSE, como establecimiento público del
orden nacional, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio, en los términos que exige aquella
norma (artículo 2 Idem24), por manera que el contrato, así como los acuerdos
adicionales a él, contenidos en actas 1, 2 y 3 de 1998, 4 de 1999 y 5 de 2000, que
las partes pactaron en el marco de su ejecución, les resultan también aplicables
las previsiones citadas del Código Civil.
24. Como la entidad y el contratista demandante no desconocieron estos acuerdos, no
acusaron su invalidez y tampoco adujeron vicios en el consentimiento prestado al
suscribirlos, el contrato y cada una de las actas de acuerdo celebradas son
obligatorias, ostentan para las partes la fuerza de una ley y, por tanto, su contenido
resulta imperativo e inexcusable en función de la normatividad e intangibilidad que los
ampara, prevista en los artículos 1602 y 1603 del Código Civil.
22 Neme Villarreal, M.L. 2006. El principio de buena fe en materia contractual en el sistema jurídico
colombiano. Revista de Derecho Privado. 11 (dic. 2006), 79–126.
23 “ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad”.
24 “ARTÍCULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS PÚBLICOS. Para los solos
efectos de esta ley:
1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas
metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el
Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas
indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea
la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles”.
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Radicación: 50001-23-31-000-2002-40227-01 (63581)
Demandante: Antonio María Puentes Sánchez y otro
Demandado: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas
Referencia: Controversia contractual
25. Así las cosas, el argumento basilar que sustenta la decisión negatoria de primera
instancia y que se sirve iterar la Sala, no es el deber de información y lealtad que
sustentan la obligación del contratista en expresar condicionamientos a título de
salvedades a los acuerdos que celebró con la entidad contratante a que se refirió la
jurisprudencia de esta Corporación desde 2003, como tampoco es la interpretación
del silencio o ausencia de salvedad frente a la renuncia o no de determinados
derechos patrimoniales por parte del contratista, en los términos de la reciente
sentencia de unificación del 27 de junio de 2023 de esta Corporación 25; en este caso,
se trata de la existencia de verdaderos negocios jurídicos adicionales al contrato 7146
de 1997 en los que el contratista libremente negoció y transó con la entidad
contratante las diferencias patrimoniales que ahora reclama bajo una supuesta
distorsión del equilibrio de ese contrato, lo que le resta vocación a la pretensión y al
mismo cargo de apelación, comoquiera que “el juez no solo debe tener en cuenta lo
dispuesto en el contrato, sino en sus modificaciones, adiciones u otrosíes posteriores
y no puede limitarse a constatar su ejecución, sin antes desentrañar lo acordado en
las distintas manifestaciones de la voluntad de las partes26”.
26. En este sentido, si el contratista sabía que las negociaciones que dieron lugar a las
actas de acuerdo 1, 2 y 3 de 1998, 4 de 1999 y 5 de 2000 superaban las dificultades
del proyecto pero implicaban un desmedro para sus intereses, bien podía haber
prestado su consentimiento para esos pactos y haber expresado, si así consideraba,
que no colmaban sus expectativas o que mantenían condiciones contra su patrimonio,
pero el no haberlo hecho da a entender que dichas actas de acuerdo no solo zanjaron
los inconvenientes que presentaba la ejecución del contrato, sino también
enmendaron todas y cada una de las afectaciones que el contratista pudo presentar,
asociadas a los aspectos objeto de esos acuerdos como se explicará en el siguiente
acápite. Dichos acuerdos, al ser negocios jurídicos tienen la fuerza de ley para sus
partes y no pueden ser desconocidos ni contradichos por éstas; así, el cargo (i) del
censor no prospera.
Existencia de sobrecostos no compensados con los acuerdos celebrados –
Insuficiencia argumentativa del cargo
27. Visto el contenido de los acuerdos celebrados entre las partes del negocio jurídico,
se observa que por su conducto la demandante y la entidad pública negociaron y
alcanzaron acuerdos de la siguiente manera y con los siguientes efectos:
28. Acta 01 del 17 de noviembre de 1998. Las partes pusieron de presente “que según
acta de reunión técnica de marzo 30 de 1998, respecto al muro de cierre, se determinó
25 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación del 27 de julio de 2023. Exp.
39121.
26 Idem.
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Radicación: 50001-23-31-000-2002-40227-01 (63581)
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Demandado: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas
Referencia: Controversia contractual
que el muro previsto en la licitación no corresponde a la realidad del sitio según
topografía … no es posible construirlo como fue diseñado … que el consorcio
Estudios Técnicos COIMCIEL LTDA, como interventor del contrato 7146 presentó …
la aprobación del muro con los nuevos costos y respectivos análisis” remitidos por la
contratista27, y con base en ello, acordaron la aprobación de los nuevos diseños y de
los costos que demandaban en cantidades de obra, con la aclaración de que “la
modificación aprobada no genera mayor valor al contrato”, aun cuando en oficio previo
AGIM – 129 del 9 de noviembre de ese año, la demandante indicó que el cambio se
producía “por motivos no imputables al contratista”28.
29. Acta 02 del 15 de diciembre de 1998. Las partes expusieron que con ocasión de
las ordenes administrativas (Resoluciones 245 y 1083 de 1998) adoptadas por el
Ministerio de Ambiente, se sustituyó el segmento vial de acceso a la PCH por un
sendero ambiental, “que la nueva ruta del sendero ambiental, producto de la citada
Resolución 1083 tiene un costo directo de … que comparando los costos del sendero
ambiental de la propuesta original con los costos del nuevo sendero se encuentra que
este último tiene menor valor … que para poder construir el sendero ambiental … se
impone protocolizar la presente acta de compensación a fin de ajustarse a las
restricciones de la Resolución citada y construir las obras en la secuencia acorde con
la nueva realidad … que el contrato 7146 en su cláusula novena parágrafo primero
establece que los mecanismos, los costos a reconocer, las responsabilidades y los
alcances que involucran las modificaciones … que mediante la presente acta de
acuerdo No 2 sobre compensación de obra se aprueban las modificaciones
relacionadas y planteadas en el cuadro de mayores y menores cantidades, que se
relacionan más adelante” y que, como consecuencia, acordaban “aceptar como
satisfactoriamente resueltos en la presente acta todos los planteamientos tratados
sobre el tema del sendero ambiental”.
30. Acta de acuerdo 3 de 18 de agosto de 1999. Las partes pusieron de presente las
dificultades de transporte e instalación de las plantas biológicas compactadas del Plan
de Manejo Ambiental, que era viable solucionarlo con la adopción del tratamiento
alternativo para el manejo de aguas residuales con rellenos manuales propuesto por
la contratista; así, convinieron aprobar tal alternativa con la expresa aclaración de que
no se generaban mayores cantidades de obra y de surgir eran de responsabilidad del
contratista.
31. Acta de acuerdo 4 del 10 de mayo de 1999. Las partes consideraron que la
alternativa que presentó la contratista “para la continuación de la construcción de las
obras del sendero ambiental considerando los problemas existentes en la zona con
base en la solución de estabilizar la banca del sendero … que dichas modificaciones
27 Dossier 2 de actas de acuerdo, tribunal de arbitramento.
28 Idem.
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Demandante: Antonio María Puentes Sánchez y otro
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deben corresponder a las condiciones económicas vigentes a la fecha de cierre de la
licitación” y que, con base en ellas, acordaban las cantidades, precios unitarios y
totales por mayor y menor cantidad de obra resultantes del cambio aprobado con la
presente acta se consignan en el siguiente cuadro, quedando claramente establecido
que la modificación aprobada no genera mayor valor al contrato”.
32. Acta de acuerdo 5 del 18 de abril de 2000. Las partes expusieron que, pese a los
acuerdos sobre el muro de cierre “el río comenzó a descender en su nivel a partir de
noviembre de 1999 …. Por lo anterior la interventoría y el contratista acordaron
colocar bolsaconcretos … dando lugar a construir menos bolsaconcretos y en su lugar
incrementar los gaviones, el concreto de la placa de cara mojada y el acero de
refuerzo. Este cambio … da como resultado un menor costo del muro de cierre … que
por necesidad de dejar el sendero ambiental a cota de subrasante … fue necesario
ejecutar en mayor cantidad el ítem 12.2.3 excavaciones en material común en la
cantidad de 302.82 m3” entre otros aspectos técnicos de materiales. Con base en esto
convinieron que modificar las cantidades de obra para el muro de cierre y el sendero
ambiental, con la expresa claridad de “aceptar mediante la presente acta, como
satisfactoriamente resueltos entre las partes los planteamientos a la fecha, en la
correspondencia sobre los temas del muro de cierre y sendero ambiental en la parte
pertinente”.
33. Valorando estos acuerdos, el a quo concluyó que la contratista negoció con la
entidad pública los inconvenientes e incumplimientos que presentaron durante la
ejecución del contrato, al paso que definió los alcances patrimoniales que estimó
pertinentes, ya que incursionó en tratativas sobre el uso de sus diseños para el muro
de cierre, el sendero ambiental y las instalaciones de casa de máquinas, los costos
por mayores cantidades de obra y por obras no previstas, luego no le resultaba viable
adoptar esas determinaciones y comprometer su voluntad para contradecirla
posteriormente bajo el argumento de que requiere su reconocimiento a título de
indemnización.
34. Frente a la interpretación de los acuerdos efectuada por el Tribunal, el censor sólo
expresó que era equivocada, pues en su sentir, los citados acuerdos no compensaron
todos los sobrecostos generados. Sin embargo, el apelante no explicó cuáles
sobrecostos no se podían entender negociados en las actas de acuerdo, o cuáles,
aun siéndolo, no fueron cobijados por la aceptación de que no se causaban mayores
costos para el contrato; tampoco cuestionó el motivo por el cual el Tribunal tuvo como
convenidos en esos acuerdos aspectos que no fueron discutidos expresamente en su
contenido, como los gastos por disposición de personal de seguimiento del Plan de
Manejo Ambiental y los intereses moratorios derivados del retardo de la entidad en el
pago de actas de obra, pero frente a los cuales, en todo caso, el a quo definió que no
estaban probados y no podían reclamarse ante el comprobado incumplimiento del
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Referencia: Controversia contractual
actor y dado que aspectos como la disposición de personal, transporte y equipos
hacía parte de sus obligaciones, sin que el apelante hubiese allegado motivos de
inconformidad sobre el particular. Además, las pretensiones de la demanda
comprendían también la nulidad de la liquidación unilateral, pero aun siendo esta
negada por el a quo, la apelación tampoco se preocupó por expresar razones que
cuestionaran esa determinación.
35. La ligera expresión del censor de no estar de acuerdo con la interpretación de los
acuerdos es insuficiente para dar apertura a la revisión de las conclusiones judiciales
del Tribunal de instancia y cercena cualquier posibilidad de que la Sala pueda efectuar
un análisis de fondo frente a la interpretación razonada por el a quo, tal como se ha
puesto de presente en diferentes pronunciamientos relacionados la suficiencia en la
carga argumentativa del recurso de apelación de la parte inconforme 29; por lo tanto,
el cargo (ii) debe ser desestimado.
El presunto incumplimiento probado de la entidad contratante – Insuficiencia
de argumentación en segunda instancia y falta de prosperidad del cargo ante la
fuerza normativa de los acuerdos y el incumplimiento probado del contratista
36. La Sala no desconoce que, según el censor, existió un incumplimiento esencial de
la entidad pública por la falta de diseños, pero resalta que en su disertación no explicó
cuáles fueron las condiciones modales del supuesto incumplimiento, no señaló cuál
fue su incidencia frente a los valores liquidados –si es que la tuvo- y tampoco expuso
algún argumento tendiente a identificar eventuales errores del Tribunal al determinar
la inexistencia de incumplimiento de la demandada, por lo que se llega a la misma
conclusión de insuficiencia argumentativa en el recurso de alzada para justificar un
análisis distinto al realizado en primera instancia.
37. En todo caso, aun cuando se intentara abrir paso a la revisión de la sentencia de
primera instancia con base en la supuesta presencia de un incumplimiento esencial,
lo cierto es que los perjuicios que de allí pretenden derivarse pierden total justificación,
comoquiera que en la interpretación de los acuerdos que el censor no cuestionó, el
Tribunal concluyó que dicho incumplimiento no se probó y además, fue objeto de
negociación, convención y acuerdo en los negocios jurídicos adicionales que la
contratista celebró y cuya invalidez por vicios en ningún momento alegó. Ello sin
desconocer que la contratista finalmente incumplió el contrato, a tal punto que las
obras no se culminaron y los equipos mecánicos y electromecánicos fueron
entregados vencido el plazo de ejecución contractual, tal como concluyó el Tribunal
29 “el marco de la competencia del juez en segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la
decisión recurrida, razón por la cual, no basta con la simple interposición del recurso o con la manifestación general
de no estar conforme con la decisión apelada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de
fondo debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al
resolver la litis presentada”, Cfr. Consejo de Estado. Sentencia del 24 de septiembre de 2021. Exp. 52155,
reiterado en sentencias del 14 de mayo del 2014. Exp. 31.469 y del 31 de enero de 2019 Exp. 52663.
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Radicación: 50001-23-31-000-2002-40227-01 (63581)
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fundado en la Resolución 536 del 30 de junio de 2000, que no fue demandada.
38. Así,
sin que se hubiesen alegado motivos adicionales para escrutar la
determinación del Tribunal, la Sala itera que los perjuicios reclamados en la demanda
por supuesto incumplimiento de la entidad contratante no prosperaron porque:
(i) Los sobrecostos por actividades de ingeniería y consultoría en el levantamiento de
información y en la elaboración de diseños para el muro de cierre, instalaciones de
casa de máquinas y planta de tratamiento de aguas residuales fueron objeto de
discusión, negociación y acuerdo sin pacto de mayores valores a favor del contratista,
en los convenios alcanzados por las partes en las actas 1, 2 y 3 de 1998, 4 de 1999
y 5 de 2000, cuya validez no fue cuestionada por ninguna de ellas; además, la premisa
del tribunal que consideró no probadas las supuestas causas de incumplimiento que
el actor indicó como presupuesto de su origen, no fue cuestionada en el recurso de
apelación.
(ii) Los sobrecostos por obras de construcción ejecutadas no previstas, rellenos y
empalizadas, entre otros, para la adecuación de un paso de tránsito hacia la PCH y
el dragado de bancos de arena para la construcción de esta última, también fueron
conceptos negociados y agotados en las actas 1, 2 y 3 de 1998, 4 de 1999 y 5 de
2000, y en los ítems allí aprobados, además que el incumplimiento que los hizo surgir
se estimó no probado en primera instancia, sin que el censor hubiera aducido
verdaderas razones de inconformidad en su recurso de apelación.
(iii) Los sobrecostos por mayores cantidades de obra para la construcción, en tanto
tuvo que ejecutar el resecado de algunas áreas para la construcción del muro de
cierre, fueron objeto de negociación entre las partes a través de las actas de acuerdo
citadas y en los ítems y cantidades de obra allí aprobados, además que el
incumplimiento que los hizo surgir se estimó no probado en primera instancia, sin que
el censor hubiera aducido verdaderas razones de inconformidad en su recurso de
apelación.
(iv) Los sobrecostos por materiales no usados y transporte y alquiler de equipos, ya
que debido a los retrasos y la contemplación de una prórroga contractual que nunca
se firmó, la contratista adquirió distintos insumos y alquiló maquinaria creyendo de
buena fe que continuaría con sus labores, así como (v) los sobrecostos por disposición
de personal para el seguimiento del Plan de Manejo Ambiental eran conceptos
comprendidos dentro de las obligaciones de suministro de personal, equipos,
transporte, maquinaria, entre otros, a cargo de la contratista, sin que hubiera sido una
premisa cuestionada en sede de apelación.
(vi) Los intereses moratorios por el pago tardío de las varias actas de obra no pueden
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Radicación: 50001-23-31-000-2002-40227-01 (63581)
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Demandado: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas
Referencia: Controversia contractual
reclamarse, en tanto la contratista incumplió el contrato, dada la ejecución parcial de
sus obligaciones, al punto que las obras nunca culminaron y los equipos mecánicos
y electromecánicos fueron entregados fuera del plazo, lo cual causó que la entidad
contratante sancionara al contratista e hiciera efectivas las garantías de cumplimiento
(Resolución 536 del 30 de junio de 2000), aun cuando posteriormente revocara la
decisión por entrega tardía de los equipos (Resolución 723 del 10 de octubre de
2000), conclusiones probatorias frente a las cuales el apelante no esgrimió razones
para desvirtuarlas.
39. En consecuencia, se impone también negar el cargo (iii) del censor.
Conclusiones
40. La fuerza obligatoria de los acuerdos celebrados por el actor y el deber de no
contravenir sus alcances, mas no el deber de condicionar su consentimiento mediante
salvedades, es el motivo esencial por el cual en este caso el demandante no puede
exigir el pago de los perjuicios reclamados, en tanto acordó libremente la incidencia y
los efectos de los hechos que los sustentan, en las actas 1, 2 y 3 de 1998, 4 de 1999
y 5 de 2000, sin que hubiese afirmado la existencia de vicio alguno en su
aquiescencia; además, aun cuando adujo la existencia de un incumplimiento esencial
de la demandante como justificante de la procedencia de su reclamo, la censura
expuesta en el recurso de alzada fue insuficiente a la hora de explicar y precisar sus
alcances y, aun obviando tal carencia, el incumplimiento probado del actor y no
controvertido en la apelación, dan lugar a que los cargos (i) (ii) y (iii) del censor resulten
imprósperos y conduzcan a la Sala a confirmar la decisión de primera instancia.
Costas
41. Enconsideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley
446 de 1998.
PARTE RESOLUTIVA
42. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia el 16 de octubre de 2018, por medio de la cual
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Radicación: 50001-23-31-000-2002-40227-01 (63581)
Demandante: Antonio María Puentes Sánchez y otro
Demandado: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas
Referencia: Controversia contractual
la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se
recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema SAMAI.
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