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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2017-00626-01

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2017-00626-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA DE LÁMPARAS, BUFFER DE FALLAS, PLACA PARA OPERACIÓN CON DETECTORES VIRTUALES O BUCLE PARA DEMANDAS VIRTUALES O BUCLE PARA DEMANDAS VEHICULARES O PEATONALES, PROGRAMAS POR DEMANDA CONTEO VEHICULAR, ÓPTICA, MODO DE CONEXIÓN CON CENTRAL POR GPRS, WIFI O FIBRA ÓPTICA. 31 AMOBLAMIENTO AUDITORIO: GL 1 30,685,659 30,685,659.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ATRILEN MADERA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELÓN ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEO BEAM DE TIRO CORTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR DE SONIDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTES DE TECHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPETE, TRÁFICO PESADO, SUMINISTRO E 26 Radicación: 41001-23-33-000-2017-00626-01 (71.583) Demandante: Smart Mobility & Security S.A.S. Demandado: Municipio de Neiva Referencia: Controversias contractuales INSTALACIÓN DE RACK EQUIPOS, SUMINISTRO KIT MICRÓFONOS SUBTOTAL 25% $ 650,920,569 A.I.U. $ 162,730,142 VALOR TOTAL $ 813,650,711 85. Lo primero que debe advertirse es que el bien denominado como ítem adicional núm. 2 presentado en este cuadro es distinto al del ítem núm. 3, en cuanto a que aquel contemplaba la capacidad en “4 GRUPOS VEHICULARES”, mientras el elemento desarrollado en el previsto desde los estudios previos corresponde a la capacidad de “8 GRUPOS VEHICULARES”. 86. De otra parte, en relación con el ítem 31 del cuadro citado, la apelante aseguró que: “En las solicitudes realizadas por parte de la aquí demandante, se solicitó el pago de treinta millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta y nueve pesos ($30.685.659) por concepto de amoblamiento de auditorio que se construyó en virtud del Contrato de Obra No. 833 de 2014; pero a pesar de haberlas recibido a satisfacción no le fueron pagadas al contratista con el argumento de que se trataba de un ítem nuevo no contemplado en el contrato…”. 87. Visto lo anterior, cabe puntualizar que, en virtud de la fuerza obligatoria de los contratos88, consagrada en el artículo 1602 del Código Civil89, el reconocimiento económico de estos trabajos no sólo dependía de satisfacer los requisitos por la cláusula sexta para acceder al pago de la obligación, a saber, el acta de recibo […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 41001-23-33-000-2017-00626-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

21 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 41001-23-33-000-2017-00626-01 (71.583)
Demandante: Smart Mobility & Security S.A.S.
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales
Temas: MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS ADICIONALES – No pueden ser
reconocidas si no fueron aprobadas, convenidas u ordenadas por la entidad contratante //
DEBER DE PLANEACIÓN DEL CONTRATISTA – Hace improcedentes las reclamaciones
soportadas en situaciones que debió advertir en la etapa previa a la celebración de los
contratos // FUERZA OBLIGATORIA DE LOS CONTRATOS – Para acceder al derecho
debatido en juicio, el interesado debe demostrar el cumplimiento de los requisitos
estipulados en el negocio para su reconocimiento. // PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – El
juzgador de segunda instancia está facultado para pronunciarse sobre aquellos puntos
sobre los que el inferior debiese haberse referido, y que no hubiesen sido objeto de análisis
en la sentencia de primer grado, siempre que la parte perjudicada hubiese apelado. //
CARGA DE LA PRUEBA – Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, al igual que la existencia de las
obligaciones o de su extinción cuando se alegan.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra
de la sentencia del 14 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
del Huila – Sala de Decisión número 5, que negó las pretensiones de la
demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Las partes celebraron el contrato de obra núm. 833 de 2014, con el objeto de
suministrar, montar y poner en funcionamiento el sistema de semaforización del
Municipio de Neiva. El contratista aseguró que debió instalar una cantidad de
controladores de tráfico mayor a la contemplada inicialmente para cumplir con el
referido negocio jurídico. Además, adujo que no le fueron reconocidos ítems
adicionales, ni le fueron pagadas todas las obras ejecutadas. El municipio negó
los reconocimientos solicitados, y liquidó unilateralmente el contrato.

ANTECEDENTES

La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó

3. El 1° de diciembre de 2017, la sociedad Smart Mobility & Security S.A.S. (en
adelante, Smart, la contratista, la actora o la demandante) formuló demanda1 de
controversias contractuales, posteriormente reformada2, en contra del municipio
de Neiva (en lo sucedáneo, la entidad, la Administración, el Municipio, la
contratante o la demandada) con el fin de obtener pronunciamiento favorable

1 F. 3-31, c. 1.
2 F. 667-696, c. 4.

1

Radicación: 41001-23-33-000-2017-00626-01 (71.583)
Demandante: Smart Mobility & Security S.A.S.
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales

respecto de las siguientes pretensiones (se transcribe textualmente con posibles
errores, imprecisiones y negrillas originales del escrito):
“2.1. DECLARAR la nulidad total del acto administrativo vertido en la Resolución
No. 02 de treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual se
liquidó unilateralmente el contrato de obra No. 833 de doce (12) de marzo de dos
mil catorce (2014), suscrito por el Secretario de Movilidad de Neiva [Huila].
2.2. DECLARAR la nulidad total del acto administrativo vertido en la Resolución No.
010 de doce (12) de mayo de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual se confirmó
en todas sus partes la Resolución No. 02 de treinta (30) de enero de la misma
anualidad.
2.3. DECLARAR que la entidad demandada incumplió en forma parcial el contrato
de obra No. 833 de doce (12) de marzo de dos mil catorce (2014), suscrito entre el
Secretario de Movilidad de Neiva [Huila] y la firma Smart Mobility & Security S.A.S.
2.4. ORDENAR que se liquide judicialmente el contrato de obra No. 833 de doce
(12) de marzo de dos mil catorce (2014), suscrito entre el Secretario de Movilidad
de Neiva [Huila] y la firma Smart Mobility & Security S.A.S.
2.5. ORDENAR que se incluyan dentro de la referida liquidación judicial los
siguientes reconocimientos:
2.5.1. La suma de trescientos ochenta millones cuatrocientos setenta y seis mil
trescientos noventa y seis pesos ($380.476.396,00) moneda legal colombiana
correspondientes a las mayores cantidades de obra descritas en el anexo primero
que hace parte de la presente demanda.
2.5.2. La suma de ochocientos trece millones cientos [sic] cincuenta mil setecientos
once pesos ($813.650.711,00) moneda legal colombiana por concepto de ítems
adicionales, conforme al anexo segundo que hace parte de la presente demanda.
2.5.3. La suma de doscientos veintisiete millones setecientos veinticinco mil y un
pesos ($227.725.041,00) moneda legal colombiana por concepto de pagos
pendientes del contrato, conforme al anexo tercero que hace parte del presente
contrato [sic].
2.6. CONDENAR al municipio de Neiva [Huila] a pagar la liquidación moratoria por
el no pago en el tiempo de la liquidación contractual, a la tasa doble del interés legal
civil sobre el valor histórico actualizado, conforme lo ordena el numeral 8° del artículo
4 de la ley 80 de 1993, desde el ocho (8) de marzo de dos mil dieciséis (2016), fecha
en la que se debió liquidar bilateralmente el contrato hasta que el pago se produzca
efectivamente.
2.7. CONDENAR al municipio de Neiva [Huila] a cancelar las sumas de dinero
descritas en precedencia, debidamente actualizadas.
2.8. CONDENAR al municipio de Neiva [Huila] a cancelar la indemnización
correspondiente a los perjuicios causados a la parte accionada.
2.9. CONDENAR al municipio de Neiva [Huila] a cancelar los gastos que ocasione
este proceso y las agencias en derecho”.

4. La demandante relata que el 14 de marzo de 2014 celebró con el Municipio el
contrato de obra pública núm. 833, cuyo objeto consistió en el “suministro,
montaje, instalación y puesta en funcionamiento de la central de tráfico con
conexión de 75 intersecciones semaforizadas existentes e implementación de
(5) cinco nuevas intersecciones para operar en la red de semáforos del
municipio”3. El 14 de julio de ese año, se suscribió el acta de inicio del período
de ejecución.

3 Subrayas originales del texto de la demanda.

2

Radicación: 41001-23-33-000-2017-00626-01 (71.583)
Demandante: Smart Mobility & Security S.A.S.
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales

5. Los contratantes estipularon cuatro adiciones al contrato, en los días 11 de
diciembre de 2014, 8 de enero y 10 de abril de 2015, y el 15 de febrero de 2016.
Además, por “razones ajenas a la voluntad del aquí demandante”, las partes
suscribieron acta de suspensión de obra el 11 de mayo de 2015. El 15 de febrero
de 2016, fue firmada el acta de reinicio.

6. Durante el periodo de ejecución, el representante legal de la firma contratista
manifestó que debieron adelantarse mayores cantidades de obra y se incluyeron
ítems adicionales para cumplir lo pactado, por una suma equivalente a mil
seiscientos veintiún millones quinientos ochenta y ocho mil novecientos noventa
y nueve pesos ($1.621.588.999).

7. A su juicio, estos trabajos formaban parte necesaria de los objetivos trazados
por la Administración desde los estudios previos, en tanto “se requería
reemplazar mínimo los 23 equipos de control obsoletos y que no eran de
tecnología reciente, por equipos de control de tecnología reciente y equipos de
control de tráfico nuevos, los cuales se pudieran centralizar bajo estándares de
seguridad, última tecnología y las múltiples funcionalidades del protocolo de
comunicación NTC IP”. Así, la demandante aseguró que debió implementar “37
nuevos equipos adicionales, que fueron reemplazados por 20 equipos obsoletos
y otros 17 de tecnología no compatible con el protocolo NTC IP exigido,
quedando al final 63 equipos de última tecnología instalados” y en
funcionamiento, beneficiando así a la entidad.

8. Agregó que los documentos precontractuales (estudios previos y pliego de
condiciones) no fueron adecuadamente planeados porque en ellos no constó
“ningún estudio especializado de parte de la administración o profesional idóneo
contratado, en el cual se muestre la viabilidad de conectar los equipos obsoletos
o equipos de tecnología no compatible y que estaban operando en el municipio,
bajo estándares de seguridad, sus funcionalidades y protocolo de comunicación
NTC IP requerido por la administración. Por el contrario, se aseguró que más de
23 equipos eran obsoletos y no centralizables [sic]”.

9. La actora afirmó que el 18 de junio de 2016 presentó “petición ante el alcalde del
municipio” para que en la “liquidación final definitiva” fueran incluidos los “valores
correspondientes a las mayores cantidades de obra y los ítems adicionales”, por
una suma total de “mil seiscientos veintiún millones quinientos ochenta y ocho
mil noventa y nueve pesos”, correspondientes a (1) “trescientos ochenta millones
cuatrocientos setenta y seis mil trescientos noventa y seis pesos
($380.476.396,00)” por mayores cantidades de obra; (2) “ochocientos trece
millones seis cientos [sic] cincuenta mil setecientos once pesos
($813.620.711,00) por “concepto de ítems adicionales”; y (3) “cuatrocientos
veintisiete millones cuatrocientos sesenta mil novecientos noventa y un pesos
($427.460.991,00) por “concepto de pagos pendientes del contrato”. Indicó que
dicha solicitud se fundamentó:
“… en los sobrecostos por las mayores cantidades de obra, suministros e ítems
adicionales originados en causas ajenas a su voluntad, pero que se debían realizar
con fundamento en el objeto contractual y en los estudios previos de la referida

3

Radicación: 41001-23-33-000-2017-00626-01 (71.583)
Demandante: Smart Mobility & Security S.A.S.
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales

licitación, por un lado, y de otro, en la palabra dada por la administración al momento
de recibir la administración el noventa (90%) de la ejecución del contrato”.

10. No obstante, el Municipio liquidó unilateralmente el contrato a través de la
Resolución núm. 02 de 2017, acto en el que no se accedió a las reclamaciones
de la contratista, aunque “reconoció y ordenó pagar” un saldo a su favor por la
suma de “ciento noventa y nueve millones setecientos treinta y cinco mil
novecientos cincuenta pesos con cero centavos por los conceptos que
corresponden parcialmente a la reclamación”, correspondiente a los que la
demandante denominó “pagos pendientes del contrato”. Esa decisión fue
ratificada mediante la Resolución 010 del mismo año, que resolvió el recurso de
reposición formulado por Smart.

11. Para la demandante, los actos de liquidación unilateral incurrieron en (i) falsa
motivación, porque la Administración dejó de reconocer mayores cantidades de
obra e ítems adicionales “arguyendo que no fueron autorizadas por ella, ni
resultaban necesarias e indispensables para el cumplimiento del objeto
contractual” cuando, de conformidad con los estudios previos que sirvieron como
parámetro de interpretación contractual, la “alternativa para disminuir los riesgos
e índices de accidentalidad” era implementar “la central de tráfico, cambiando
los equipos de control obsoletos y centralizando los nuevos y actuales equipos”.

12. De otra parte, acusó las decisiones de (ii) haber violado las normas
constitucionales4 y legales, porque las obras adicionales eran necesarias e
indispensables para el objeto contractual, y se ejecutaron conforme a lo normado
en los artículos “5.1. Inciso 2, 16, 25.12 y 27 de la ley 80 de 1993”, y los artículos
1494, 1613 y 1615 del Código Civil. Asimismo, cuestionó que el Municipio no
aplicó el artículo 26-3 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 1624 del Código Civil,
que imponen la interpretación de cláusulas ambiguas en contra de la
Administración que las dictó; y que la liquidación unilateral desconoció los
principios de buena fe, confianza legítima y respeto de los actos propios.

Trámite relevante en primera instancia

13. Mediante decisión del 25 de enero de 2018, el Tribunal Administrativo del Huila
admitió la demanda5, y posteriormente, el 28 de febrero de 2019, dispuso igual
medida respecto de la versión reformada6.

14. El Municipio, en su contestación a la demanda reformada7, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de su contraparte aduciendo que las súplicas
económicas de la parte actora provienen de modificaciones no consensuadas ni
aprobadas por la Administración, que tampoco fueron formalizadas por escrito
como lo exige la legislación vigente. Por lo tanto, entiende que los pedimentos
del demandante, analizados bajo los parámetros jurisprudencialmente
unificados del enriquecimiento sin causa, no están llamados a prosperar porque
no se configuró ninguna situación excepcional que justifique reconocer las

4 Invocó los artículos 58, 83, 209, 365 y 366 de la Constitución Política. Además, mencionó el artículo

21 de la Convención Americana de Derechos Humanos como parte del bloque de constitucionalidad.
5 F.505, c. 3.
6 F.699, c. 4.
7 F.704-773, c. 4.

4

Radicación: 41001-23-33-000-2017-00626-01 (71.583)
Demandante: Smart Mobility & Security S.A.S.
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales

sumas reclamadas. En ese sentido, propuso las siguientes excepciones de
mérito: improcedencia de la actio in rem verso, cumplimiento de la normatividad
contractual, presupuestal8, y desconocimiento del principio de buena fe9.

15. El 16 de octubre de 2019, el Tribunal adelantó la audiencia inicial10 en la que,
además de depurar los supuestos fácticos discutidos por las partes11 se
formularon, como problemas jurídicos, la demostración de los cargos de nulidad
que, para el efecto, implicaba determinar si existió incumplimiento del Municipio
por trabajos pendientes de pago, y si era procedente liquidar judicialmente el
contrato reconociendo las sumas por mayores cantidades de obra e ítems
adicionales12.

16. En desarrollo de la audiencia de pruebas, durante la práctica del testimonio del
coordinador técnico del contrato adscrito a la empresa demandante 13, la
apoderada de la parte demandada formuló la tacha del testigo por los vínculos
familiares del deponente con el representante legal de la firma contratista.

8 Al exponer los motivos de esta oposición a las pretensiones, la demandada explicó: “La contratación

estatal exige la demostración y planificación, sobre el valor reclamado por el demandante no existen
los soportes, en consecuencia a la Entidad Territorial le es imposible entrar a reconocer, de manera
autónoma, valores o suma alguna a favor de un particular, pues de hacerlo así estaría vulnerando
las normas inmersas en la Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
el Decreto No. 111 de 1996 […]”.
9 Para desarrollar la excepción, el Municipio citó apartes de la “sentencia de septiembre 1 de 2014

M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren 2011-00609” acerca de los alcances del mencionado
postulado.
10 F. 848-858, c.5
11 Respecto del contenido de los informes de los avances de obra, el adelantamiento de una reunión

entre las partes y el interventor, el valor de las mayores cantidades e ítems adicionales de obra, la
solicitud al Municipio de llevar a cabo la liquidación unilateral del contrato, y un informe de la
Contraloría General de la República, que fueron referidos por la demandante, pero desconocidos por
la demandada.
12 En el numeral 7.2. del acta de la audiencia inicial consta lo siguiente: “7.2. Problema Jurídico //

Dilucidar si por los cargos enunciados en la demanda, se encuentra afectada de nulidad de la [sic]
Resolución No. 02 de 30 de enero de 2017 […] y la resolución No. 010 de 12 de mayo de 2017 que
la confirmó en todas sus partes […] y en razón a los cargos que se señalan en la demanda y su
reforma, así: // - Falsa motivación: Sustentado en que los estudios previos son los que sirven de
fundamento de interpretación del contrato, siendo esta la autorización previa y escrita por parte de
la administración para realizar el cambio de los equipos obsoletos o equipos de tecnología no
compatible con los que estaban operando en el municipio para centralizarlos a los nuevos y actuales
equipos. // - Violación de normas constitucionales y legales: Sustentado en que las obras adicionales
no solamente eran necesarias e indispensables para el cumplimiento del objeto contractual, sino
adicionalmente se realizaron en armonía con lo normado en los mandatos que fueron objeto de
violación por parte de la entidad demandada. // - Por contradicción entre disposiciones de los
documentos precontractuales, estudios previos, cantidad y costeo de equipos y el contrato, debiendo
aplicarse la regla del artículo 1624 del Código Civil // - Desconocimiento del principio de buena fe,
confianza legítima y respeto por los propios actos que derivan en el incumplimiento del contrato y la
liquidación unilateral del contrato. // En consecuencia, deberá determinarse: // - Si existió
incumplimiento por parte del Municipio de Neiva del contrato 833 de 2014; por concepto de pagos
pendientes del contrato en la suma de doscientos veintisiete millones setecientos veinticinco mil
cuarenta y dos pesos ($227.725.041,00). // - Si en el presente caso es viable la liquidación judicial
del contrato en comento por mayores cantidades de obra en cuantía de trescientos ochenta millones
cuatrocientos setenta y seis mil trescientos noventa y seis pesos ($380.476.396,00) // - Si es
procedente la liquidación judicial del contrato por concepto de ítems adicionales por valor de
ochocientos trece millones seis cientos cincuenta mil setecientos once pesos ($813.650.711,00). // -
Si procede el reconocimiento de los perjuicios como lo solicita la parte demandante”.
13 Expediente Onedrive, archivo: “045GrabacionAudiencia20220309”. Min: 1:31:20 – 2:52:44.

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Radicación: 41001-23-33-000-2017-00626-01 (71.583)
Demandante: Smart Mobility & Security S.A.S.
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales

17. En la oportunidad correspondiente, las partes alegaron de conclusión en primera
instancia. La demandante14 expresó que las pretensiones estaban llamadas a
prosperar, en tanto demostró que la entidad dejó de pagar actividades que
fueron desarrolladas, y que las mayores cantidades e ítems adicionales fueron
ejecutados para garantizar técnicamente el cumplimiento del objeto negocial. De
otra parte, el Municipio15 afirmó que debían negarse las súplicas de Smart por
cuanto, a pesar de su experiencia y del contenido del contrato, decidió “por su
cuenta y riesgo modificar las especificaciones de los elementos contratados con
el argumento de que era la forma para que funcionara la semaforización”, e
instaló equipos que no correspondían a lo estipulado. El agente del Ministerio
Público no presentó concepto.

Sentencia de primera instancia

18. Mediante fallo del 14 de mayo de 2024, el Tribunal declaró probada la excepción
de mérito de buena fe y negó las pretensiones de la demanda.

19. De entrada, en la sentencia se indicó que, contrario a lo sugerido por la entidad
demandada en su escrito de contestación, la actio in rem verso era improcedente
en este asunto, toda vez que el “enriquecimiento sin causa y los sobrecostos
alegados en sede judicial” tuvieron como origen el contrato estatal núm. 833 de
2014. Por esta razón, el litigio debía ser decidido mediante la “vía procesal” de
controversias contractuales y, bajo ese entendido, analizó el conflicto partiendo
de las premisas que configuran la responsabilidad por incumplimiento de lo
pactado.

20. En relación con el caso concreto, el Tribunal aseveró que los estudios previos
no contenían “expresa ni implícitamente una autorización para reemplazar la
totalidad de los equipos obsoletos; pues, pese al diagnóstico del estado de los
equipos, en los mismos estudios previos se identificó la necesidad concreta de
adquirir únicamente diez (10) controladores de tráfico nuevos, sin disponer o
prever la posibilidad de aumentar dichas cantidades en la ejecución del
contrato”. Adicionalmente, como el pliego definitivo de condiciones contempló
que los precios no estarían sujetos a reajuste, el contratista debió precaver
desde la etapa precontractual los posibles incrementos que experimentaría el
valor del contrato.

21. A juicio del a quo, el cargo por falsa motivación no podía abrirse paso ya que (i)
los informes de ejecución expedidos por la propia contratista denotaron que la
instalación de equipos adicionales a los 10 controladores de tráfico “marca ITC-
2” no fue efectuado progresivamente, pues “el reemplazo de los equipos
obsoletos tuvo que darse entre el 18 de diciembre de 2014 y el 6 de abril de
2015; es decir, en un lapso de tres (3) meses y diecinueve (19) días. Sin que se
aprecie que la entidad demandada hubiese podido tener conocimiento del hecho
gradualmente; sino que, de un informe a otro, se reportó la novedad del
reemplazo de los equipos objeto de la presente controversia”. Además, (ii) pese
a que en el informe de Smart sobre el avance de obra del 90%, dejó constancia

14 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2, archivo “56ED_050AlegatosDemandant(.pdf)”.
15 Ibid. Archivo “57ED_052AlegatosMunicipio(.pdf)”.

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Radicación: 41001-23-33-000-2017-00626-01 (71.583)
Demandante: Smart Mobility & Security S.A.S.
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales

de la instalación de “los 44 equipos SWARCO Mini ITC-2 y 27 SWARCO ITC-2”,
en acta de entrega del 6 de abril de 2015 (misma fecha del anotado informe),
suscrita por la misma demandante, sólo fue reflejada la entrega de 10
controladores de tráfico nuevos, de acuerdo con las condiciones pactadas. En
ninguna de las pruebas aportadas, el Municipio reconoció ni se comprometió a
pagar dichos artículos adicionales.

22. El cargo por infracción de normas superiores tampoco prosperó, porque en el
pliego de condiciones no se indicó que las cantidades fueran meramente
estimativas. Además, allí se advirtió que no habría lugar a reajuste, y en el anexo
técnico se precisaron claramente las cantidades a suministrar por cada ítem.
Ahora, en el fallo se expresó que era razonable acceder a la tacha del testimonio
del coordinador técnico de la empresa, formulada por la demandada, porque su
versión carecía de imparcialidad en tanto “tuvo relación directa con la ejecución
del contrato” y ostentaba “lazos de familiaridad […] con el representante legal de
la parte actora”. Asimismo, el dictamen pericial técnico aportado por la
demandante, contradictorio e impreciso para el Tribunal16, y los testimonios con
mérito probatorio, no dieron cuenta de un “criterio unánime” que permitiese
probar la necesidad de reemplazar los equipos obsoletos17.

23. Aunado a esto, si las afirmaciones de la demanda y las conclusiones del experto
hubiesen sido plausibles, implicarían que Smart conoció de antemano la
“presunta inviabilidad de interconexión” desde la elaboración de los estudios
previos y la publicación del pliego definitivo de condiciones, siendo improcedente
el reconocimiento de perjuicios por no observar el principio de planeación,
exigible al contratista.

24. Asimismo, el Tribunal descartó que los actos desconocieran la buena fe. Por el
contrario, indicó que “la sociedad Smart […] ha debido, antes de ejecutar las
cantidades de obra adicional que ahora reclama, plantear la controversia ante la
entidad contratante, señalando de manera precisa la cláusula o disposición
contractual que, en su sentir resultaba ambigua”. Adicionalmente, la regla de
interpretación del artículo 1624 del Código Civil solo tiene lugar cuando no haya

16 “En ese sentido, en principio, cobra especial relevancia el concepto emitido por el ingeniero de

tráfico Mario Wind, respecto del cual, analizada su sustentación, llama la atención de la Sala que, en
un primer momento, [el] perito aseguró que, para la época de la licitación, no existía la posibilidad de
intercomunicación de los equipos ACTROS con protocolo OCIT; pero, en un segundo momento,
mencionó que al comunicarse con la casa matriz SWARCO MIZAR de Italia, esta empresa afirmó
que sí era posible la comunicación de los equipos ACTROS con el sistema OMNIA, mediante un el
[sic] software LISA+ que no fue adquirido por el Municipio. // Tales afirmaciones resultan
abiertamente contrarias, y ponen en entredicho la precisión de las conclusiones a las que arribó el
perito; máxime si se tiene en cuenta que, conforme manifestó el señor Mario Wind, para la experticia
no le resultó necesario visitar ni revisar las intersecciones semafóricas, pues con la revisión
documental pudo darse cuenta de la incompatibilidad entre los equipos y el sistema” (Subraya
original del fallo).
17 “… se tiene que para el perito y el testigo Luis Eduardo Gómez –excluyendo al señor William

Carvajal, respecto de quien se considera procedente la tacha de falsedad del testimonio–, era
inviable la interconexión de la totalidad de intersecciones sin reemplazar los equipos de tecnología
antigua; opinión que no comparten el interventor, el supervisor y el señor Josué Andrés Rodríguez.
// Así, las pruebas reseñadas no dan cuenta de un criterio unánime que permita definir si era o no
necesario el reemplazo de todos los equipos […]”

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Radicación: 41001-23-33-000-2017-00626-01 (71.583)
Demandante: Smart Mobility & Security S.A.S.
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales

sido posible aplicar ninguna otra pauta hermenéutica18, lo que no ocurrió en este
caso. Por estas razones, sumadas a las mencionadas en su análisis de los otros
cargos, la primera instancia declaró probada la excepción de buena fe que
propuso el Municipio “en la medida que no se desvirtuó la aplicación de este
principio [sic] en las actuaciones administrativas adelantadas” por esta entidad.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante, al
apreciar que la demanda no careció de fundamento legal.

Recurso de apelación

25. La actora impugnó en alzada19 la sentencia de primera instancia. La recurrente
planteó que el Tribunal dejó de pronunciarse acerca de la totalidad de las
solicitudes planteadas en la demanda, y no resolvió completamente los
problemas jurídicos formulados en la audiencia inicial. Más exactamente, adujo
que el proveído “realizó un análisis de lo probado en el proceso única y
exclusivamente en relación al [sic] ítem No. 3 del Contrato relacionado con
el suministro e instalación de controlador de tráfico […]”20. Por ende, la
apelación planteó que los derechos “del debido proceso y defensa” fueron
vulnerados, y que el ad quem debía tener en consideración los siguientes
análisis respecto de las pretensiones relativas a los pagos pendientes del
contrato, y a los ítems adicionales.

26. En relación con obras ejecutadas por el contratista y pendientes de ser
reconocidas por el Municipio, por una suma de “doscientos veintisiete millones
setecientos veinticinco mil cuarenta y un pesos ($227.725.041.00)” estimó que
el fallo apelado no resolvió esta pretensión y no efectuó “un análisis de los demás
ítems ejecutados por el contratista que no fueron incluidos al momento de
liquidar el contrato de manera unilateral”, los cuales fueron consignados en el
recurso de reposición presentado contra la Resolución 02 de 2017, y en la
solicitud de conciliación extrajudicial. A su juicio, la confección de estos trabajos
fue comprobada en el acta de reunión del 9 de junio de 2016, en tanto el
interventor indicó que había revisado las obras del contrato completadas al
100%. Igualmente, consideró probado este nivel de ejecución en el “informe de
avance de obra del 99%” de mayo de 2015, sin que la interventoría del contrato
o la entidad contratante elevaran protesta alguna al respecto. En la misma
dirección, invoca el “informe elaborado por el secretario de Movilidad […] de
fecha 13 de marzo de 2019 dirigido al Secretario Jurídico de la Alcaldía de
Neiva”.

27. De esta manera, la apelante expuso que la decisión de primera instancia guardó
silencio acerca del incumplimiento de las obligaciones de la entidad respecto de:
(i) los ítems 4,0 y 5,021 que, a diferencia de lo sostenido por los actos

18 Al respecto, el Tribunal invocó el siguiente fallo: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 18 de noviembre de 2021. Consejero
Ponente: Alberto Montaña Plata. Radicación: 19001-23-33-000-2016-00146-01 (63045)”.
19 Índice SAMAI primera instancia núm. 118.
20 Negrillas originales del texto del recurso.
21 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S2, POLICARBONATO, 3

COLORES, DIAMETRO 200 MM CON SOPORTES DE FIJACION MENSULA, TIPO DE
ILUMINACION A LED DE ALTA POTENCIA” (ítem 4.0); y “SEMAFORO PEATONAL TIPO S3,

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Radicación: 41001-23-33-000-2017-00626-01 (71.583)
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Referencia: Controversias contractuales

administrativos de liquidación unilateral, debieron ser reconocidos mediante la
comprobación de lo afirmado por el interventor en el marco de sus obligaciones
contractuales en el acta del 9 de junio de 2016; (ii) el ítem 18,0 22 que pactó “el
suministro de 3 unidades, de las cuales solo pagó 2 y no realizó el pago de una
tercera unidad”, y que debió ser pagado por la entidad porque esta unidad sí
había sido ejecutada para la fecha en que se terminó el contrato; (iii) el ítem
21,023, contratado por la entidad como “una unidad y lo pagó fraccionado como
ocurrió en la liquidación”, y que, de acuerdo con el informe de la Secretaría de
Movilidad del Municipio del 13 de marzo de 2019, fue pagado en parte, quedando
pendiente la suma equivalente a 0,364 unidades; (iv) el ítem 23,024 que, según
el documento mencionado anteriormente, se aceptó que tenía 1,9 de cantidades
por pagar; (v) los ítems 27,025, 28,026 y 29,027, en cuanto el informe del Secretario
indicó que “las cantidades [de cada uno de ellos] coinciden con las de la
interventoría”; (vi) los ítems 58,228 y 58.429 porque, aunque el informe ya
mencionado indicó que la Administración no manifestó conformidad al respecto,
tampoco “entrega direcciones de instalación”, lo que a su juicio revela que estos
sí fueron ejecutados por el contratista.

28. En torno al reconocimiento y pago de mayores cantidades de obra por un valor
equivalente a “trescientos ochenta millones cuatrocientos setenta y seis mil
trescientos noventa y seis pesos ($380.476.396.00) por concepto de mayores
cantidades de obra siete (7) equipos controladores contemplados en el ítem 3 y
cuyo monto asciende a la suma de doscientos cuarenta y un millones
ochocientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta pesos ($241.841.250) y las
mayores cantidades de obra ejecutadas respecto del ítem 21,0 y que no le fueron
reconocidas al momento de liquidar el contrato de manera unilateral”, en la
apelación se sostiene que, contrario a lo considerado por el Tribunal, en el pliego
y en el contrato se “indicó […] que no se modificarían los valores que tenían los
ítems más no las cantidades”.

29. Expuso que, de los “siete” controladores de tráfico correspondientes al ítem 3
según el pliego, el contratista instaló “seis (6) de ellos [...] en reemplazo de los
controladores ACTROS fabricados bajo el protocolo OCIT que tenía instalados
el municipio con capacidad para 6, 8 y 12 grupos y uno (1) en reemplazo de un
equipo catalogado como obsoleto”, y que los equipos “reemplazados no se
podían conectar al software Omnia operado bajo el protocolo NTC/IP”, situación
que era conocida por el Municipio. Al respecto, el Tribunal debía considerar

POLICARBONATO, 2 COLORES, DIAMETRO 200 MM CON SOPORTES DE FIJACION MASTL,
TIPO DE ILUMINACION A LED DE ALTA POTENCIA” (ítem 5,0).
22 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SE [sic] SEÑALIZACION VARIABLE CON LED´S DE

ALTA POTENCIA…”.
23 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEO GRABADORA EN EL CENTRO DE CONTROL CON

JUSTICK [sic], TECLADO Y MONITOR PARA CONTROL…”.
24 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE

SEMAFORIZACION, MANTENIMIENTO ELECTRICO, REPARACION DE TARJETAS DE
EQUIPOS, MANTENIMIENTO AL PLANEAMIENTO DE TRAFICO”.
25 “CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO POSTE TIPO T1 O T2”.
26 “CONSTRUCCION CAJAS DE PASO 60 X 60…”.
27 “CONSTRUCCIÓN PEDESTAL EN CONCRETO”.
28 “Módulo de LED de Alta Potencia 200 mm Color Verde”.
29 “Módulo de LED de Alta Potencia 200 mm Color Rojo”.

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Demandante: Smart Mobility & Security S.A.S.
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales

acreditado este hecho pero, por el contrario, (i) erró en la apreciación de las
afirmaciones del perito, toda vez que tomó un fragmento en el que manifestó que
a la fecha de la audiencia (2022) ya existía solución a la dificultad técnica, pero
este fue enfático en expresar que para las fechas de ejecución del contrato (2014
y 2015) no era posible superarla; y (ii) omitió valorar la “la respuesta dada por la
empresa Swarco en comunicación de 2 de marzo de 2017” en la que se indicó
que al momento de realizar las obras “no era posible la interconexión con un
software entre los equipos que tenían protocolo de comunicación OCITP y los
NTCIP”. Además, en los testimonios de los funcionarios del Municipio y de la
interventoría30, quedó evidenciado que ellos no tenían claros los conceptos
técnicos31 por lo que estos obviaron la situación, no la previeron en los pliegos
ni se percataron de ella durante el plazo del contrato. Así las cosas, concluyó
que:
“Del material probatorio recaudado en el proceso y el cual no fue valorado por el
juez de primera instancia quedó probado que los equipos ACTROS que se
encontraban funcionando antes de la ejecución del Contrato No. 833 de 2014 no
eran compatibles y, por lo tanto, no podían operar conjuntamente en el Software
OMNIA bajo el protocolo NTC/IP y el reemplazo de los equipos obsoletos y los no
compatibles era indispensable y necesario para el cumplimiento del objeto
contractual”.
30. De otra parte, el recurrente adujo que con la decisión se incurrió en defecto
fáctico porque se omitió tener en cuenta el testimonio del coordinador técnico
del contrato, y en su lugar, se desestimó su versión pese a que “era importante
para aclarar muchos puntos del proceso” en temas técnicos.

31. Agregó que el fallo apelado desconoció el precedente del Consejo de Estado
conforme al cual “en un contrato de obra con precios unitarios si [sic] es posible
reconocer el pago de mayores o descontar menores cantidades de obra
ejecutadas por el contratista sin necesidad de la suscripción de una adición al
contrato”32. Tomando estos pronunciamientos, el apelante consideró que, al

30 Por el Municipio, la apelación refirió apartes del testimonio del funcionario que suscribió los
estudios previos; sin embargo, no hace mención al medio de convicción que desarrolle la posición
de la interventoría.
31 En el escrito, argumentó: “La no compatibilidad de dos protocolos de comunicación operados

conjuntamente en el software Omnia quedó probada después de escuchar al perito y a todos los
testigos que comparecieron al proceso, se puede concluir que los funcionarios del municipio y de la
interventoría no tenían claro las diferencias que hay entre medio de comunicación y protocolo de
comunicación y su compatibilidad cuando se utiliza un mismo software para centralizar dos
protocolos de comunicación diferentes; tampoco determinaron en los estudios previos ni en los
pliegos de condiciones el mecanismo o equipo que se debía adquirir para que funcionaran
conjuntamente y de manera coordinada dos tipos de equipos con diferente protocolo y ante las dudas
que generaba la compatibilidad de los protocolos de comunicación al momento de realizar los
estudios previos y elaborar los pliegos de condiciones no planearon ni se percataron de esta
situación o simplemente la ignoraron y durante el desarrollo del contrato se conformaron con solicitar
información verbal y revisar la página web de la empresa que fabricó los equipos semafóricos que
estaban operando de manera individual en el municipio y que pretendía que funcionarán de manera
sincronizada”.
32 La apelación cita los siguientes pronunciamientos: “Consejo de Estado. Sección Tercera.

Sentencia del 22 de abril de 2004. Expediente No. 22.178 y en la sentencia de la misma sección del
15 de julio de 20024 (sic). Expediente: ap-1164-02. Esta posición fue reiterada por la Sala de
Consulta y Servicio Civil en concepto de 6 de julio de 2018. Radicado No. 239”. Así mismo, refiere
la siguiente sentencia: “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera
Subsección A. Consejera Ponente: María Adriana Marín. Sentencia de veintidós (22) de agosto de
dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 85001-23-33-000-2015-00211-01 (58.634)”.

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Radicación: 41001-23-33-000-2017-00626-01 (71.583)
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Referencia: Controversias contractuales

haberse acreditado el cumplimiento contractual de Smart, y ante el silencio de la
interventoría y de la supervisión del contrato sobre las mayores cantidades
ejecutadas y los ítems no previstos33, las pretensiones deben ser concedidas.

Trámite relevante en segunda instancia

32. En auto del 17 de septiembre de 2024, el Despacho admitió el recurso de
apelación34.

33. El 24 de septiembre de 2024, la demandante presentó memorial35 reiterando los
argumentos formulados en la apelación. De otra parte, el Municipio expresó36
que debía mantenerse lo decidido en primera instancia porque no se
configuraron los cargos elevados contra los actos administrativos de liquidación
unilateral. El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

34. Al no advertir causal de nulidad que invalide lo actuado, y una vez evidenciado
el cumplimiento de la totalidad de los presupuestos procesales, a saber,
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa
por activa y por pasiva, el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial
y verificados los requisitos de la demanda en forma, procede la Sala a decidir la
segunda instancia de la presente litis.

Problemas jurídicos a resolver

35. Antes de enunciar los interrogantes cuya solución acometerá esta Subsección,
es necesario explicar que los reproches de la apelante en contra del fallo de
primera instancia, encargados de fijar el marco del presente pronunciamiento37,
apuntan en dos direcciones. La primera, consiste en señalar que determinados
medios de prueba (v. gr. informes de obra, actas de reunión y dictamen pericial),
supuestamente dejados de apreciar o mal valorados por el Tribunal, conducen
a la prosperidad de las súplicas de la demanda. La segunda, cuestiona que el
Tribunal dejó de pronunciarse sobre la totalidad de las pretensiones de la
demanda, soslayando lo concerniente a lo que la actora denominó “ítems
adicionales” y “pagos pendientes del contrato”. En caso de verificar que la
providencia apelada guardó silencio acerca de estas problemáticas, la segunda
instancia deberá resolverlas. Lo anterior debe escudriñarse a la luz del

33 Específicamente el “AMOBLAMIENTO AUDITORIO” que “contemplaba el suministro e instalación

de atril en madera, suministro e instalación de telón eléctrico, suministro e instalación de video beam
de tiro corto, suministro e instalación de amplificador de sonido, suministro e instalación de parlantes
de techo, suministro e instalación de tapete tráfico pesado, suministro e instalación de rack equipos,
suministro kit micrófonos”, por un valor de “treinta millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos
cincuenta y nueve pesos ($30.685.659)”.
34 Índice SAMAI segunda instancia núm. 4.
35 Índice SAMAI segunda instancia núm. 12
36 Índice SAMAI segunda instancia núm. 11.
37 Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012 – CGP) – Artículo 328, inciso primero:

“COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley”. En cuanto al desarrollo jurisprudencial de este precepto, ver,
entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera –
Subsección A. Sentencia del 12 de julio de 2024. Rad. 13001-23-33-000-2015-00015-01 (70692).
C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.

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Referencia: Controversias contractuales

precedente del Consejo de Estado que la apelante estima desconocido, al alegar
que, según éste, es viable el reconocimiento de mayores cantidades en un
contrato de obra pactado con precios unitarios, sin que medie la necesidad de
adicionar el contrato cuando dichas obras corresponden a ítems estipulados.

36. Dicho lo anterior, la Sala zanjará los siguientes problemas jurídicos:

37. ¿Los actos impugnados vulneraron la normativa superior invocada por la actora,
por no reconocer mayores cantidades de obra e ítems no previstos que eran
necesarios para cumplir con el objeto contractual?

38. ¿El Tribunal omitió pronunciarse acerca de las pretensiones relacionadas con
los pagos pendientes del contrato y los ítems adicionales reclamados por la
demandante, y desconoció que, según el precedente de la corporación, su
reconocimiento no requiere de una adición contractual?

39. De ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante, ¿el Municipio incurrió en
falsa motivación al liquidar unilateralmente el contrato núm. 833 de 2014 sin
reconocerle a Smart las obras ejecutadas e ítems no previstos que reclama ante
la Jurisdicción?

Examen de la reclamación sobre mayores cantidades de obra

40. Para solventar el primer problema jurídico planteado, vale aclarar que el
segmento de la reclamación, sostenida en la apelación, en el que Smart suplica
el reconocimiento y pago de las mayores cantidades de obra corresponde a los
ítems 3 y 21. Según la actora, éstos fueron ejecutados excediendo las unidades
previstas por una suma equivalente a trescientos ochenta millones cuatrocientos
setenta y seis mil trescientos noventa y seis pesos ($380.476.396,00). Sin
embargo, los soportes de esta pretensión son diferentes por cada ítem y sobre
ellos deberán tomarse determinaciones igualmente distintas, como pasa a verse.

41. Respecto al ítem 3, cabe recapitular que el demandante centró las razones de
su súplica en expresar que instaló siete (7) controladores de tráfico adicionales
aduciendo que no era técnicamente posible completar la interconexión
centralizada con los elementos obsoletos disponibles antes de la ejecución del
contrato, y que la instalación de estos dispositivos era indispensable para el
cumplimiento del objeto contractual. Por su parte, el Municipio negó
tajantemente su reconocimiento, bajo el argumento de que nunca solicitó o
acordó la ejecución de esa cantidad adicional38.

42. Como se mencionó anteriormente, el Tribunal negó la pretensión relativa a
mayores cantidades de obra porque los documentos precontractuales no
autorizaban al contratista a cambiar los equipos que se consideraban obsoletos,
limitaron la adquisición a 10 controladores de tráfico nuevos, y contemplaron que
no habría lugar a reajustes; e igualmente no encontró demostrado que esa
sustitución fuera progresiva, ni que el Municipio haya reconocido su pago. De

38 Oficio del 26 de enero de 2016 (f. 36-39, anexos contestación de la demanda).

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otra parte, desestimó el valor probatorio del testimonio del coordinador técnico
de la contratista y accedió a la tacha de imparcialidad formulada en su contra
por sus vínculos laborales con la contratista y familiares con el representante
legal de Smart. Acto seguido, descartó la solidez del dictamen pericial, y
consideró que los demás medios de prueba no demostraban suficientemente
que el reemplazo de los dispositivos era necesario.

43. En la apelación, se cuestionó que el fallo apreció incorrectamente el pliego de
condiciones y el contrato mismo porque, al indicar que no habría lugar a reajuste,
esto refería a los valores unitarios y no a las cantidades de obra. El recurrente
remarcó que los equipos adicionales instalados eran indispensables para
cumplir con los propósitos del contrato de suministrar una red semafórica
interconectada y centralizada, por lo que la Administración erró en la
estructuración del negocio y le era imputable la insuficiencia de dispositivos que
debió suplir el contratista. En ese sentido, reprochó que la sentencia de primer
grado haya valorado inadecuadamente el dictamen pericial, que hubiera
soslayado la versión del coordinador técnico de la empresa y omitido un
documento del fabricante aportado durante la práctica probatoria que daría
cuenta de esta circunstancia. Además, adujo que la decisión se apartó del
precedente judicial que, entiende la apelante, permite el reconocimiento de
mayores cantidades de obra sin suscribir adiciones contractuales.

44. Ante el escenario descrito, la Sala considera que, si bien las resoluciones que
liquidaron unilateralmente el contrato advierten la instalación de estos elementos
por parte de la contratista: (i) a la Administración le asiste razón en expresar que
la cantidad del ítem contemplada a lo largo de la fase precontractual -estudios
previos y pliego de condiciones- e incluida dentro del acuerdo de voluntades,
correspondiente a 10 unidades, nunca fue modificada por las partes durante la
ejecución del negocio. Adicionalmente, esta Subsección (ii) coincide con los
razonamientos del Tribunal que no encontraron probada la necesidad técnica de
instalar dispositivos adicionales a los pactados, ni que la entidad -a través del
pliego de condiciones- desacertara en ese aspecto, incluso si se tuvieran en
cuenta los medios probatorios que la apelante suplica estimar, y (iii) encuentra
que la providencia apelada no se apartó de los precedentes de esta Corporación,
pues, por el contrario, desarrolla la línea jurisprudencial consolidada que
proscribe la iniciativa del contratista sin autorización, pacto u orden propia de la
entidad contratante.

45. El desarrollo de estos razonamientos supone identificar el alcance de lo pactado,
y si ello fue objeto de reformas, ejercicio que exige tomar en cuenta lo siguiente:

46. En los “ESTUDIOS PREVIOS DE INVERSIÓN”39 de junio de 2013, el Municipio
planteó la necesidad de construir y/o adecuar la infraestructura para la
“IMPLEMENTACIÓN DEL SETPC[40] EN EL MUNICIPIO DE NEIVA”. Allí, se
expuso que existían, por entonces, 1564 “SISTEMAS PERIFÉRICOS” y 79

39 F. 38-69, c. 1.
40 Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo.

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Referencia: Controversias contractuales

“CONTROLADORES DE TRÁFICO”. Así mismo, este documento precisó que,
de las intersecciones semaforizadas, había “más de 23 que están operando con
equipos de tecnología obsoleta que se encuentran en mal estado, para los
cuales no existen repuestos y que por su tecnología antigua no permiten un
manejo centralizado, las protecciones a tierra no son confiables o se encuentran
desconectadas; además se han realizado procedimientos que no son
recomendables electrónicamente, ya que desprotegen el equipo de cortos-
circuitos y contra posibles fallas”. En esa oportunidad, la Administración expresó
que esta situación generaba problemas de movilidad por la falta de
comunicación entre las intersecciones manejadas por cada equipo de control, y
estableció que múltiples de los controladores existentes dejaron de fabricarse,
de manera que para ellos no se situaban repuestos. Detalló lo anterior a partir
de un inventario de controladores de tráfico, discriminados por su ubicación y
marca correspondiente41.

47. Ante el escenario descrito, el documento previo esbozó una serie de objetivos
principales por cumplir con la contratación, entre los que propuso la disminución
de riesgos e índices de accidentalidad y congestión vehicular, la supervisión del
funcionamiento de los equipos de control local, el mejoramiento de la
señalización semafórica para vehículos y peatones y la disminución de costos
de mantenimiento de los dispositivos de control y regulación de tráfico.
Asimismo, se plantearon las respectivas alternativas para cumplirlos, a partir de
la implementación de la central de tráfico, el cambio de los equipos de control
obsoletos y la centralización de los nuevos y actuales equipos, junto con un
sistema de iluminación de última tecnología para las nuevas intersecciones.

48. Como “SOPORTE ECONÓMICO” del estudio, la entidad expuso el “presupuesto
oficial obtenido del estudio de mercado realizado por la […] Secretaría de
movilidad”. Allí detalló los ítems del contrato a celebrar, entre los cuales se
destacan los siguientes:
“ÍTEM ACTIVIDAD UNID CANT VALOR VALOR TOTAL
AD IDAD UNITARIO
[…] II UNIDADES SEMAFÓRICAS
[…] 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONTROLADOR DE TRÁFICO
CAPACIDAD PARA 8 GRUPOS
VEHICULARES, CICLORUTA O
PEATONALES, RELOJ EN TIEMPO
REAL, 24 PLANTES DE SEÑALES
EN LA CPU, PROGRAMACIÓN DE
EVENTOS ESPECIALES; MODOS
UND 10,00 27.639.184 276.391.840,00
DE OPERACIÓN LOCAL,
COORDINADO MAESTRO
ESCLAVO, POR GPRS, WIFI Y
OPERACIÓN CON CENTRAL DE
TRÁFICO. SUPERVISIÓN DE
VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA
DE SEGURIDAD POR FALLA DE
LÁMPARAS, BUFFER DE FALLAS,

41 En este documento se precisó que: “Existen 75 intersecciones semaforizadas que operan de forma

aislada, que están controladas por 59 equipos de control de los cuales 36 son modernos de última
tecnología marca Swarco y el resto está distribuido de la siguiente forma; 6 marca CLS Siemens, 1
de marca Imatic, 7 de marca Júpiter SL-30, 3 de marca Semex, 6 de marca Tecsem, estos últimos
equipos de tecnología que entró en etapa de “phase out” es decir equipos que no se fabrican
actualmente y de los cuales no se ubican repuestos en la actualidad”.

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Referencia: Controversias contractuales

PLACA PARA OPERACIÓN CON
DETECTORES VIRTUALES O
BUCLE PARA DEMANDAS
VEHICULARES O PEATONALES.
PROGRAMAS POR DEMANDA
CONTEO VEHICULAR, INCLUYE
GABINETE METÁLICO O EN
POLIESTER Y FIBRA ÓPTICA.
MODO DE CONEXIÓN CON
CENTRAL POR GPRS, WIFI O FIBRA
ÓPTICA.
[…] IV ELEMENTOS DE CONTROL E
INFORMACIÓN
[…] 21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
VIDEO GRABADORA EN EL
CENTRO CON JUSTICK, TECLADO
Y MONITOR PARA CONTROL, CON
(5) CÁMARAS TIPO DOMO
COMUNICACIÓN CON FIBRA
ÓPTICA A CADA UNA. INCLUYE: UND 1 152.817.874 152.817.874
OBRAS CIVILES Y POSTES PARA
IMPLEMENTACIÓN: Accesorios para
conexión Fibra Óptica; ODF, PITAIL,
Cajas Terminales, Empalmes con
sistema Fusión. Terminales físicas de
comunicación.

49. Desde los estudios previos, se contempló que los proponentes, “por su propia
cuenta”, debían:
“… visitar e inspeccionar las zonas de las obras, para reconocer el sitio donde se
realizarán y sus alrededores e informarse completamente de todas las condiciones
topográficas, climatológicas, de acceso, de suministro y de transporte de los
materiales, herramientas, equipos, disponibilidad de mano de obra y sobre todas las
demás circunstancias que puedan influir o afectar de alguna manera el trabajo, su
costo y duración.
[…] El hecho de que los Proponentes no inspeccionen y se familiaricen con los
detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los trabajos, no se
considerará como causa justa de excusa válida para posteriores reclamaciones,
derivadas de los materiales para la obra, los cuales serán suministrados por el
Contratista y deberán estar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas
y exigidas por el MUNICIPIO. De otra parte, la totalidad de sus costos deberán estar
incluidos en los ítems de pago de las obras objeto de la [sic] presente proceso”.

50. En noviembre de 2013, el Municipio expidió el “PLIEGO DEFINITIVO DE
CONDICIONES”42 de la licitación pública núm. 011 de 2013, con el objeto de
contratar el “SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE TRÁFICO CON CONEXIÓN DE 75
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EXISTENTES E IMPLEMENTACIÓN
DE (5) NUEVAS INTERSECCIONES PARA OPERAR EN LA RED DE
SEMÁFOROS DEL MUNICIPIO”. En este documento, se reiteraron las
especificaciones mínimas de los equipos a contratar que fueron consignadas en
los estudios previos, entre ellos, los controladores de tráfico43.

42 F. 71-111, c. 1.
43 En ese sentido, en el pliego se agregó que: “El centro de control CC, se implementará con un

software de última generación, en el cual se interconectarán todos los controladores de tráfico de la
red Semaforizada del Municipio, con esto podremos realizar la supervisión, procesamiento de todos
los datos de volumen de los sensores puestos en las intersecciones, ver en operación y en vivo a
cada controlador de tráfico, integrando el tráfico adaptativo y todo los sub sistemas que el municipio
requiera para operar la Movilidad Urbana”.

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Referencia: Controversias contractuales

51. De otra parte, en el anexo técnico del pliego, se expresó que “el 90% del valor
del contrato” sería pagado por la entidad al contratista “mediante presentación
de actas mensuales de recibo parciales, suscrita por el contratista y el interventor
asignado para tal fin y corresponderá al valor que resulte de multiplicar las
cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios relacionados en el
cuadro que hace parte integral del contrato”. Allí mismo, fueron enlistadas las
obligaciones del contratista.

52. En el acápite “CUADRO DE ACTIVIDADES, CANTIDADES DE OBRA Y
PROPUESTA ECONÓMICA”, el documento indicó que la oferta debía ser
presentada con el formato correspondiente a la “descripción del ítem, unidad de
medida, cantidad, valor unitario y costos parciales y totales”, que coincide con el
cuadro expuesto en el estudio previo para detallar el presupuesto general de la
obra. Además, el anexo 9 del pliego, denominado “OFERTA ECONÓMICA”
concuerda en los ítems, su descripción y la cantidad requerida por la entidad.

53. El 12 de marzo de 2014, el Municipio y Smart celebraron el contrato44 núm. 833
cuyo objeto fue plasmado en la cláusula primera, en estos términos:
“CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: “SUMINISTRO, MONTAJE,
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE
TRÁFICO CON CONEXIÓN DE 75 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS
EXISTENTES E IMPLEMENTACIÓN DE (5) NUEVAS INTERSECCIONES PARA
OPERAR EN LA RED DE SEMÁFOROS DEL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA”
PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista declara que tiene pleno conocimiento de
la forma de ejecutarse el Contrato, que se ha enterado de los requisitos, de la
garantía exigida y que está plenamente familiarizado con el trabajo que realizará,
además que cumplirá con sus obligaciones de acuerdo a los Pliegos de condiciones,
estudios previos realizados por el Municipio y a la propuesta presentada, la cual
forma parte integral del presente Contrato” (Subrayas y negrillas originales del texto)

54. En la cláusula segunda, el contratista se comprometió “a velar por el
cumplimiento del Contrato en los términos pactados”, y a responder por la
“oportuna ejecución […] dentro del plazo previsto y […] por los hechos y
omisiones que le fueran imputados”. Allí mismo, se repiten las especificaciones
técnicas mínimas plasmadas en los estudios previos y en el pliego de
condiciones.

55. El valor del contrato, según su cláusula cuarta, fue fijado para “efectos Fiscales
[…] en la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
($3.448.612.250,oo)”. Añadió que “los precios pactados en el contrato que se
derivan del proceso de licitación, no serán objeto de ajustes, y responderán” a
los mismos ítems previstos en los estudios previos y en el anexo 9 del pliego de
condiciones.

56. El 14 de julio de 2014, las partes firmaron el acta de inicio del contrato 45.

44 F. 116-130, c.1
45 F. 132, c. 1.

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Demandante: Smart Mobility & Security S.A.S.
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales

57. En desarrollo del negocio, fueron celebrados cuatro acuerdos adicionales o
modificatorios del contrato. El primero de ellos (“ADICIONAL No. 01”) giró en
torno a la adición del valor del negocio, justificada en la reubicación del sitio de
operación del tráfico y la consecuente creación de nuevos conceptos y la adición
de unidades a varios artículos previamente pactados, entre los que no se
incluyeron los ítems 3 y 2146; mientras que los otros tres se circunscribieron a
ampliar el plazo de ejecución inicialmente fijado.

58. Mediante “ACTA DE SUSPENSIÓN”47 firmada por las partes el 11 de mayo de
2015, se decidió “suspender la ejecución del contrato de obra 833 […] hasta el
día 30 de septiembre de 2015”, en razón a una solicitud del contratista que
programó una “visita de expertos internacionales para la puesta en marcha final”
de los trabajos que, luego de las prórrogas del plazo, únicamente podían
realizarse los días 20 y 30 de septiembre de 2015. Sin embargo, la situación que
motivó esta medida fue superada mucho después de lo previsto, en tanto el
término reinició el 15 de febrero de 2016, conforme consta en el acta de
reinicio48.

59. Visto lo anterior, las motivaciones de la Resolución núm. 02 del 30 de enero de
2017 (por la que el Municipio liquidó unilateralmente el contrato 49), reiteradas
posteriormente por la Resolución núm. 010 del 12 de mayo de 201750,
encuentran pleno asidero en que la cantidad de los ítems reclamados en la
apelación no varió en ningún momento de la ejecución del contrato.
Particularmente, ello no fue alterado en el denominado “ADICIONAL No. 01”,
único pacto comprobadamente encaminado a la variación de las cantidades de
obra.

60. Además, en el proceso no se demostró que la entidad haya planteado, durante
la vigencia del contrato y de manera inequívoca, la necesidad de incrementar el
número de controladores de tráfico, para satisfacer las finalidades del negocio
proyectadas desde antes de su celebración, a saber, la implementación de un
sistema de semaforización funcional y acorde con las necesidades de movilidad

46 Entre las cantidades adicionadas, fueron agregadas dos unidades al ítem 18, doce unidades al

ítem 27, trece al ítem 28 y treinta unidades al ítem 29. De otra parte, fueron creados los ítems 58,2
(“Módulo de LED de Alta Potencia 200 mm Color Verde) por diez unidades, y 58,4 (“Módulo de LED
de Alta Potencia 200 mm Color Rojo”) por veinte unidades.
47 F. 141-142, c. 1.
48 F. 144, c. 1.
49 F. 580-595, c. 3. Frente a las solicitudes del contratista, el Municipio y la interventoría desestimaron

su procedencia porque “adecuaciones e implementos adicionales en ninguna circunstancia fueron
solicitados por la administración, ni mucho menos acordados formalmente en actas de justificación,
ni en adicionales, por lo que hace que la solicitud esté desprovista de justificación alguna para su
reconocimiento”. Allí mismo, se cita el concepto del jefe de la oficina asesora jurídica del Municipio
del 12 de octubre de 2016, conforme al cual la súplica por la instalación de 30 “controladores de
tráfico referencia MINI ITC-2 marca SWARCO en diferentes intersecciones” no podía ser aceptada
porque careció de “autorización previa y […] recibo de manera satisfactoria” del interventor, y de la
“suscripción de un contrato adicional por las partes contratantes”.
50 F. 600-635, c. 4. Allí indicó que el contratista “no cumplió con los procedimientos legales y

contractuales” en tanto al adicionar el contrato en 2014 guardó silencio sobre la necesidad ni
justificación técnica de “incluir mayores y adicionales cantidades de obra”, por lo que no obró bajo
los parámetros de buena fe, y “ejecutó cantidades de obras sin previa autorización de la
administración y de la interventoría”.

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Referencia: Controversias contractuales

vehicular y peatonal del Municipio. Tampoco hay prueba de que la demandada
haya consentido o recibido a satisfacción estas obras, más allá de lo consignado
en el acta de recibo parcial del 90% de avance, en la que consta la entrega y
recepción a satisfacción de 10 controladores de tráfico51. Asimismo, y a
diferencia de lo que sostuvo el testimonio del coordinador técnico de la empresa
contratista, no se demostró que la contratista hubiese advertido a la entidad que
era imperativo efectuar dicha adición.

61. Por ello, la demandante no satisfizo la carga probatoria52 que debía ser
observada para obtener judicialmente el reconocimiento económico de las
cantidades adicionales supuestamente ejecutadas, en tanto era necesario
demostrar que, en el marco del contrato núm. 833 de 2014 suscrito a precios
unitarios, aquellas fueron autorizadas, convenidas, aprobadas u ordenadas por
la entidad contratante, aunque no requieran un contrato adicional en razón a la
mencionada modalidad negocial53. Esa exigencia ha sido destacada por la
Sección en múltiples pronunciamientos, uno de los cuales resume el criterio
mencionado en estos términos:
“Para que sea procedente la condena de la entidad al pago de las obras ejecutadas
por fuera de lo expresamente pactado en el contrato, tal y como sucede con las
mayores cantidades de obra –entendidas éstas como la ejecución de mayores
cantidades de unos ítems que sí han sido contemplados en el contrato- o con las
obras adicionales –es decir aquellas carentes de consagración en el contrato y para
las cuales resulta necesario establecer los nuevos precios unitarios- se requiere que
su construcción no haya obedecido a la simple iniciativa autónoma del contratista,
pues él está obligado por los términos del negocio jurídico celebrado con la
administración y sólo debe realizar las obras en la cantidad y clase allí estipulados,
salvo que de común acuerdo y en forma expresa, las partes hayan dispuesto la
realización de mayores cantidades de obra u obras adicionales o que la entidad, en
ejercicio de su facultad de modificación unilateral, así lo hubiere decidido a través
del respectivo acto administrativo. De lo contrario, la clase y cantidad de obras,
serán las contempladas en el contrato y a ellas se debe atener el contratista”54.

62. Ahora bien, la apelante concentró su impugnación en argumentar que, contrario
a lo considerado por el fallo de instancia, la entidad sí incurrió en falencias
técnicas al confeccionar los documentos previos a la celebración y que, para
lograr los propósitos trazados por el contrato, era necesario instalar una mayor

51 F. 295-315, c. 2.
52 Dictada por el artículo 1757 del Código Civil, en estos términos: “Incumbe probar las obligaciones

o su extinción al que alega aquéllas o ésta”. Además, según el inciso primero del artículo 167 del
CGP: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen”.
53 Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido que “no es necesaria la celebración de modificaciones

contractuales en materia de mayores cantidades de obra en contratos a precios unitarios. Lo anterior,
pues este tipo de contratos es a precio determinable y la cláusula de valor es meramente indicativa.
Sin embargo, esto no se opone a lo señalado anteriormente, pues una cosa es la necesidad de una
modificación y otra que se requiera una autorización. Exigencia esta ultima [sic] que, además, se
puede evidenciar en los conceptos referidos por el apelante y que no resulta contradictoria con el
precio determinable que caracteriza a estos contratos”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera – Subsección B. Sentencia del 9 de julio de 2021. Rad. 88001-23-
33-000-2013-00801-01 (52045). C.P. Alberto Montaña Plata; reiterada por la Subsección A en
sentencia del 22 de agosto de 2023. Rad. 85001-23-33-000-2015-00211-01 (58634). C.P. María
Adriana Marín.
54 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección B.

Sentencia del 29 de febrero de 2012 (Rad. 66001-23-31-000-1993-03387-01(16371). C.P. Danilo
Rojas Betancourth.

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cantidad de equipos nuevos de reemplazo. A juicio de la actora, ese hecho fue
demostrado con el dictamen pericial que aportó al proceso55, cuyo autor, al ser
cuestionado acerca de algunos fragmentos de los estudios previos relacionados
con los controladores de tráfico, adujo que “el inventario mencionado en los
estudios previos no corresponde a la realidad encontrada en las vías del
municipio”, y afirmó la imposibilidad técnica de cumplir lo pactado en los términos
diseñados por la Administración sin reemplazar un número superior de
elementos obsoletos.

63. Al comparecer a la audiencia de pruebas56, el experto57 enfatizó en que los
“pliegos de la licitación” solicitaron la interconexión de todos los controladores
mediante el protocolo de comunicación “NTCP/IP” pese a que los equipos
obsoletos no podían conectarse por esa vía, y los de tecnología moderna
operaban mediante otro lenguaje (OCIT)58. Adujo que sus conclusiones se
fundamentaron en la comunicación del 2 de marzo de 2017, remitida al
representante legal de la demandante, y del propio perito con el personal de la
matriz de la compañía “Swarco”, exhibidas en la diligencia59, las cuales
expresaron que, si bien en el 2019 se efectuaron ensayos con resultados
exitosos, para el 2015 en que se adelantó el procedimiento de contratación no
“existía ninguna posibilidad de conectar los equipos ACTROS con la central […]
OMNIA”, y que la única forma de cumplir con lo pactado era “reemplazar los
equipos existentes”. Así mismo, manifestó que conoció el estado de la
semaforización en el Municipio, así como las cantidades y especificaciones
reales de los bienes, toda vez que participó de la instalación y programación de
los diecisiete “equipos ACTROS” existentes antes de la licitación, con la empresa
“Traffic and Security”.

64. De cara al contenido de la citada sustentación, se recuerda que, como lo ha
indicado esta Subsección60, con fundamento en los artículos 22661 y 23262 del

55 F. 827-831, c. 5. Aunque la hoja de vida del perito es anunciada en el cuerpo del dictamen como

un anexo, no consta ningún soporte de la profesión de su autor.
56 Expediente digital en Onedrive, archivo de video “026AudienciaPruebasP1”, min. 28:00 – 1:13:44.
57 En la audiencia de pruebas afirmó ser “Ingeniero de Tráfico, con maestría”, y para el momento en

que rindió la diligencia expresó trabajar para “SWARCO” como “director técnico”, y en otra firma
llamada "Tráfico Inteligente”.
58 En ese sentido, el texto del dictamen aseguró que los equipos obsoletos no poseían “moden’s (sic)

o interfases de comunicación para conectarse con la central de tráfico requerida por el municipio de
Neiva bajo leguaje (sic) o protocolo de comunicación NTCIP Americano, de igual forma los 17
equipos de marca SBH, no pueden operar bajo el lenguaje o protocolo de comunicación OCIT de
origen Alemán. […] De igual forma los equipos existentes de las marcas como Semex, Tecsem,
Jupiter y Jampig entre otros no poseen la tecnología para conectar los dispositivos virtuales
comprados por el municipio de Neiva en la misma licitación”.
59 Sin embargo, dichas comunicaciones estaban en idioma alemán, y su traducción no fue allegada

al expediente.
60 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.

Sentencia del 13 de septiembre de 2024. Rad. 25000-23-36-000-2017-00825-01 (71205). C.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez.
61 En particular, en el inciso quinto de este precepto: “Todo dictamen debe ser claro, preciso,

exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones
efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones”.
62 “Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana

crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus
fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que
obren en el proceso”.

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CGP, la eficacia probatoria de los dictámenes periciales depende de que
satisfagan determinadas condiciones de contenido, en particular, la nitidez,
firmeza y justificación de sus conclusiones. Estas deben apoyarse
indefectiblemente en el “estudio técnico o científico basado en el análisis objetivo
de fuentes mediante un método o secuencia lógica que le otorgan la connotación
de una verdadera declaración de ciencia. Como prueba técnica debe partir por
la definición clara y precisa de su objeto, transitar por la demostración rigurosa
de que sus cálculos se fundan en información cierta y corroborable, y acreditar
el rigor de un método científicamente válido que lleve a los mismos resultados si
el ejercicio se repitiera”63.

65. Tomando en cuenta lo anterior, es de advertir que el dictamen no cumplió con la
información mínima que determine, entre otras64, la profesión del perito, con los
documentos que respalden su idoneidad, títulos académicos y experiencia.
Asimismo, se advierte que sus conclusiones no surgieron de la aplicación de un
procedimiento científico, y sus aseveraciones acerca de la inexactitud del
inventario de controladores de tráfico son subjetivas, toda vez que se
fundamentaron en apreciaciones y experiencias personales no sustentadas en
información objetiva y verificable. Es por ello que este dictamen no guarda el
valor probatorio suficiente para soportar las alegaciones de la apelante.

66. Ligado a lo expuesto, como se dijo anteriormente, las afirmaciones del experto
acerca de la imposibilidad de conectar los equipos se basaron en el documento
del 2 de marzo de 2017 que, si bien fue aportado inicialmente por el experto en
idioma inglés65, su traducción oficial66 fue introducida dentro de los documentos
allegados por el coordinador técnico del contrato67. Según este elemento de
convicción, cuya valoración fue echada de menos por la recurrente, el director
de ventas internacionales de la compañía “Swarco” respondió una serie de
interrogantes al representante legal de Smart, para concluir, conforme a lo
expuesto por la apelante en su recurso, que “para la fecha en la que se ejecutó
el contrato 833 no era posible la interconexión con un software entre los equipos
que tenían protocolo de comunicación OCITP y los NTCIP”, debido a “la no
compatibilidad de dos protocolos de comunicación operados conjuntamente en
el software Omnia”.

67. Ahora, la versión del coordinador técnico68, desestimada por el Tribunal al
considerar que su testimonio fue sospechoso, y cuya valoración es insistida por

63 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 31 de julio de 2024. Rad. 25000233600020170146201 (65210). C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
64 Según el artículo 226 del CGP, el “dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo,

las siguientes declaraciones e informaciones: […] 3. La profesión, oficio, arte o actividad especial
ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los
documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que
certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística”.
65 Expediente digital en Onedrive: “028MemorialSoportePeritaje”, p. 8-13.
66 Hecha por el traductor José F. Jaramillo Sanint, quien al pie de su firma indicó estar habilitado por

la “Resolución Nro. 0499 [del] Ministerio de Justicia”.
67 Expediente digital en Onedrive: “048TestigoAllegaDocumentos”, p. 8-14.
68 Expediente Onedrive, archivo: “045GrabacionAudiencia20220309”. Min: 1:31:20 – 2:52:44.

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Referencia: Controversias contractuales

la apelante, sostuvo que la contratista notificó a la entidad sobre la necesidad de
cambiar todos los equipos obsoletos en “los avances de obra”, pero no refirió
ningún documento que soportara su dicho. Además, estimó que no era posible
controlar correctamente las intersecciones viales, y cumplir con el objeto
contractual, sin el reemplazo total de los elementos obsoletos que se
comunicaban por el protocolo “OCIT”. A su juicio, los estudios previos sí
dispusieron que el contratista efectuara la variación de los controladores.

68. Por otra parte, el ingeniero de la Unidad de Seguridad Vial de la Secretaría de
Movilidad del Municipio69 sostuvo que, a través de los estudios previos y el pliego
de condiciones, la entidad solicitó el suministro de equipos con “protocolo
abierto”, de cualquier marca, y con capacidad de interconexión y centralización.
Aseguró que requerir la operación de la central de control de tráfico con el
protocolo “NTC/IP” no era incompatible con exigir que los mecanismos
instalados funcionasen con cualquier tipo de lenguaje informático. Mencionó que
existían diferentes tipos de software capaces de interconectar los equipos
semafóricos ya existentes. Por último, expresó que el contratista nunca
comunicó a la Administración o a la interventoría sobre la necesidad de adicionar
la cantidad de unidades a instalar.

69. En línea con los razonamientos de esta Subsección70, el testimonio del
coordinador técnico de Smart, aunque fuese considerado sospechoso por los
vínculos laborales -con la demandante- y familiares -con el representante legal
de la contratista- advertidos por el testigo en la diligencia no invalida su versión
ni impide su apreciación, sino que ésta debe ser más rigurosa con los demás
elementos de convicción, de acuerdo con los postulados de la sana crítica.

70. Del mencionado medio de prueba, y del documento del fabricante “Swarco”,
cabría deducir que los controladores de tráfico nuevos, implementados por la
contratista, no funcionarían de manera conjunta e interconectada con los
artefactos existentes anteriormente en el Municipio, en particular, con los que
estaban identificados como obsoletos, bien fuera por las cualidades de estos
últimos, por la incompatibilidad del programa informático, o porque no coincidían
con el protocolo de comunicación implementado en las intersecciones
semafóricas descritas por la entidad.

71. Sin embargo, la Sala encuentra que las especificaciones técnicas mínimas que
la entidad planteó desde los estudios previos no indicaron que la instalación de
máquinas o programas debían indefectiblemente corresponder a los
mecanismos y el software instalado por Smart. Según el documento
precontractual, los equipos controladores de tráfico debían contar con las
siguientes especificaciones técnicas mínimas71.

69 Expediente Onedrive. Archivo “027AudienciaPruebasP2”. Min. 21:47 – 1:38:39.
70 Ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera –

Subsección A. Sentencias del 14 de julio de 2016. Rad. 41001-23-31-000-1999-00987-01 (36932).
C.P Hernán Andrade Rincón; y del 24 de abril de 2023. Rad. 85001-23-33-000-2015-00330-01
(60187). C.P. María Adriana Marín.
71 Según el pliego, estos equipos debían contar con: “[…] Capacidad de operar 2, 4, 6, 8…… hasta

32 grupos de señales de forma expandible por medio de tarjetas de máximo 2 grupos de señales

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72. En las especificaciones “DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN
PARA EL CONTROL CENTRALIZADO DE SEMÁFOROS”, el estudio previo
señaló que el sistema del centro de control de tráfico debía “ser totalmente
abierto a la integración con otros sistemas de monitoreo, gerenciamiento e
informaciones de movilidad urbana. El sistema de control centralizado de
semáforos deberá ser un sub sistema dentro de una arquitectura global de
aplicaciones ITS (NTC/IP) – Sistema de Transportes Inteligentes para el
gerenciamiento de toda la ciudad”.

73. De allí que el testigo solicitado por el municipio tuvo razón en indicar que la
Administración pidió controladores y software que pudieran operar sin importar
la marca, y bajo cualquier vía de comunicación.

74. Asimismo, la situación de los componentes anteriores a la ejecución del contrato,
su cantidad, ubicación, y características, fueron aspectos divulgados por la
entidad desde la etapa precontractual y debieron ser conocidas a partir de ese
momento por la actora. En efecto, con la presentación de la oferta, le era exigible
el deber de informarse sobre la totalidad de las condiciones relevantes para la
ejecución satisfactoria del contrato lo que, desde luego, incluía conocer las
especificidades técnicas y el protocolo de comunicación de los controladores de
tráfico ya existentes, para plantear desde la propia confección de la oferta cuáles
eran los mecanismos tecnológicos apropiados de cara a la satisfacción de las
necesidades expuestas por el Municipio.

75. Ahora, al responder una de las observaciones al pliego de condiciones 72, la
entidad demandada expresó que la “comunicación entre la central de tráfico y
cada uno de los paneles de mensaje [debía] poderse hacer a través de RS 485,
Ethernet o a futuro fibra Óptica”, y sería “responsabilidad del contratista prever
estas forma [sic] de comunicación y dejarlas habilitadas”. Dicha circunstancia fue
rememorada por la Administración y por la interventoría, según los

cada una. // Capacidad de interconectar 1 hasta 32 detectores de volumen de tráfico por controlador,
por medio de tarjetas de 8 detectores por cada una. // […] Deberá poder controlar hasta cuatro (4)
intersecciones de forma independiente. // Deberá monitorear todos los colores, secuencias de
señales, tiempos mínimos y máximos, periodos de intermitencia, duración de espera, cargas
mínimas y máximas, tensión de alimentación mínima y máxima, y frecuencia de alimentación. //
Deberá incluir el hardware para la conexión y comunicación con el sistema central. // Los
controladores de tráfico deberán estar en condiciones de conectarse vía Ethernet, LAN o vía TCP/IP
y el controlador deberá tener la capacidad para que varios usuarios o sistemas puedan conectarse
y acceder al controlador simultáneamente. // Los controladores de tráfico deberán estar en
condiciones de conectarse mediante un módem RTPC (red telefónica pública conmutada, “PSTN”
por Red Telefónica pública suicheada) o por medio de fibra óptica y si ocurre una alarma o una falla
y enviar el mensaje respectivo. // Los controladores de tráfico deberán tener integrada una interfaz
Web en la cual se pueda monitorear y operar el modo de control de tráfico, planos, restablecer el
sistema en caso de fallas, contador de tráfico, carga/descarga de parámetros y cambio de
situaciones de tráfico. // El controlador deberá tener la capacidad de conectarse al sistema central
por medio de TCP IP. // […] Deberá tener la posibilidad de estar ligado a un sistema de coordinación
propio, o auto sincronizado y si se requiere pueden intercambiar información con una señal de mando
general a través de un PC o Central de Tráfico a partir de programas previamente almacenados o
enviados desde la central. // El equipo controlador de tráfico deberá operar hasta cuatro (4)
intersecciones de forma independiente, y deberá tener capacidad total de expansión hasta treinta y
dos (32) grupos en total. Igualmente a lo anterior diferentes estructuras en cada intersección. // El
Equipo de control debe tener un display donde se pueda verificar el estado del equipo, en el cual se
pueda ver el plan de señales en el que está trabajando la intersección. […]”.
72 Archivo digital en formato pdf “833 CARPETA 1”, p. 93-108. En: CD, f. 573, c. 4.

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Referencia: Controversias contractuales

considerandos73 de la Resolución núm. 02 de 2017, al enfatizar que “la cantidad
de equipos de control semafórico que se encontraban en etapa “phaseout” son
23 […] por ser obsoletos, de éstos 23 equipos el estudio previo, los pliegos de
condiciones y el contrato son claros en manifestar que se reconocerá el cambio
de cinco (05) equipos, por lo cual el contratista debía hacerse cargo de la
instalación de los equipos necesarios para la realización del objeto contractual”,
y que “la instalación de elementos adicionales no estaba contemplados en el
contrato, pero su instalación se encuentra subsumida en la obligación
contractual”. De esta manera, Smart, como partícipe de la licitación realizada
antes de la celebración del contrato, y más aún como contratista, tuvo que
conocer que parte del alcance de la prestación que se obligó a cumplir consistía
en escoger los elementos adecuados a la red semafórica que ya operaba en el
Municipio.

76. Aunado a ello, si hubiera sido cierto que la cantidad de controladores de tráfico
indicada en los estudios previos y el pliego de condiciones era insuficiente para
cumplir con la exigencia de interconectividad y manejo centralizado de todos los
equipos, la participante debió pronunciarse al respecto en la etapa de
observaciones al pliego y así advertir la instalación de adminículos
probablemente inservibles. Al formular su propuesta sin hacer ninguna
manifestación sobre este particular, la demandante dio a entender que, con la
información disponible a la fecha de la oferta, podía consumar los propósitos de
la contratación, y comprendería a cabalidad el contexto de los insumos ya
existentes.

77. De esta manera, la actora no podía atribuirle responsabilidad patrimonial a la
Administración por una supuesta estructuración técnica deficiente del negocio
jurídico cuando con ello desatiende sus propias cargas de advertencia,
sagacidad y previsión derivadas de la autonomía privada74, eludiendo así su
propio deber de planeación, en aplicación del principio según el cual nadie puede
alegar en su favor su propia culpa. Sobre este último, la Subsección 75 ha
enfatizado en que, en razón del carácter bifronte76 de dicha exigencia, se impone
que todas aquellas anomalías previsibles desde la etapa de formación del
contrato, dejadas de advertir oportunamente por el contratista -entonces
oferente-, impiden el reconocimiento de sus pretensiones indemnizatorias,
entendiendo que tales cargas exteriorizan un comportamiento acorde a los
parámetros de conducta ordenados por la buena fe objetiva77, y como tal, su

73 Vid. pág. 6 del acto administrativo.
74 Vid. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección B.

Sentencia del 10 de octubre de 2024. Rad. 63001-23-33-000-2021-00138-01 (70036). C.P. Alberto
Montaña Plata.
75 Vid. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera – Subsección A.

Sentencia del 4 de junio de 2024. Rad. 25000-23-36-000-2018-00308-02 (69775). C.P. Fernando
Alexei Pardo Flórez.
76 Se ha explicado que: “Se puede afirmar que el principio de planeación en la contratación pública

es bifronte, es decir, se traduce en una carga tanto para la entidad estatal como para el contratista,
respecto de aquellos aspectos que compete definir a cada parte”. Sentencia del 8 de mayo de 2019,
Rad. 25000-23-36-000-2013-02029-01(59309), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
77 Vid. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.

Sentencia del 13 de agosto de 2024. Rad. 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70896). C.P. Fernando
Alexei Pardo Flórez.

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Radicación: 41001-23-33-000-2017-00626-01 (71.583)
Demandante: Smart Mobility & Security S.A.S.
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales

adecuado cumplimiento no se presume y debe ser probado por quien busca la
declaración de un derecho crediticio en su favor dentro del proceso judicial78. E
incluso, de haber sido probadas las irregularidades técnicas en los estudios
previos y el pliego de condiciones, y que el contratista dio aviso sobre éstas, ello
no habilitaba al contratista a desconocer unilateralmente la voluntad de su
contraparte ni el contenido de las cantidades y alcances expresamente
pactados, en contravía del mencionado mandato comportamental y de los
deberes que de éste derivan, incluyendo la prohibición de contravenir lo pactado
(venire contra factum propium non valet)79.

78. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en relación
con la reclamación del ítem 3. Si bien el fallo apelado fue impreciso en varios
aspectos, tales como sugerir que la cláusula cuarta del contrato núm. 833 de
2014, al estipular que “los precios pactados en el contrato […] no serán objeto
de ajuste”, hacía inmutables las cantidades de obra en contradicción de la
modalidad de precios pactada80; o de estimar que, como el testimonio era
sospechoso, no podía ser valorado, sí acertó en denegar las pretensiones,
porque el demandante no satisfizo su carga probatoria, al no demostrar que se
hubieran autorizado, pactado u ordenado las mayores cantidades reclamadas, o
que el Municipio hubiese errado en la confección de los pliegos de condiciones
que antecedieron al contrato.

79. Ahora bien, la alzada consignó81 que, aun cuando fue reclamada la mayor
cantidad de obra por el ítem 21,0, equivalente a 0,726 de dicho segmento de los
trabajos82, el fallo apelado no se pronunció específicamente acerca de esta
pretensión. La Subsección encuentra que la sentencia incurrió en la omisión

78 Vid. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera – Subsección A.

Sentencia del 19 de febrero de 2024. Rad. 68-001-23-33-000-2015-00288-01 (62023). C.P. José
Roberto Sáchica Méndez.
79 Vid. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.

Sentencia del 4 de junio de 2024. Rad. 50001-23-31-000-2002-40227-01 (63581). C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
80 Según la línea conceptual de esta Corporación, en “los contratos de obra pública con pago pactado

a precios unitarios, el valor del contrato es el que resulta de multiplicar las cantidades de obra
efectivamente ejecutadas por sus precios unitarios; pero, para su celebración, el precio se expresa
en un valor estimado, que corresponde a un valor inicial, y que está dado por las cantidades de obra
y los precios unitarios por los cuales se hizo la respectiva adjudicación.”: Consejo de Estado. Sala
de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 9 de septiembre de 2008. Rad. 11001-03-06-000-2008-
00060-00(1920). C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
81 En relación con este preciso aspecto, la apelación únicamente consignó lo siguiente: “(ii) En lo

que hace relación al segundo problema jurídico planteado, [el Tribunal] tampoco realizó un
análisis de éste punto en específico, este problema se centraba básicamente en determinar
reconocimiento y pago de las mayores cantidades de obra ejecutadas por el demandante en
cuantía de trescientos ochenta millones cuatrocientos setenta y seis mil trescientos noventa
y seis pesos ($380.476.396.00) por concepto de mayores cantidades de obra siete (7) equipos
controladores contemplados en el ítem 3 y cuyo monto asciende a la suma de doscientos
cuarenta y un millones ochocientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta pesos
($241.841.250) y las mayores cantidades de obra ejecutadas respecto del ítem 21,0 y que no
le fueron reconocidas al momento de liquidar el contrato de manera unilateral” (Negrilla
original, subraya añadida)
82 Ver: página 32 y 33 del recurso de apelación.

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Radicación: 41001-23-33-000-2017-00626-01 (71.583)
Demandante: Smart Mobility & Security S.A.S.
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales

señalada por la recurrente, en contravía de lo que dicta el mandato legal de
congruencia83; razón por la cual deberá complementar el fallo84.

80. Al respecto, es necesario precisar que, mediante la Resolución 02 de 2017,
citando el informe final de la interventoría, el Municipio estableció que las
“cantidades a ejecutar y elementos a suministrar” no fueron respetados por
Smart, “modificando una vez más el contrato e ignorando que para la respectiva
modificación debía contar con la autorización de la administración y del
interventor”, y que “implementó elementos que no estaban contemplados
inicialmente”, no “fueron autorizados por el interventor ni por la administración”,
tampoco fueron “adicionados”, la “administración y la interventoría nunca vieron
la necesidad de adicionar o modificar el mencionado ítem”, ni el “contratista [...]
justificó la necesidad de modificarlo”85.

81. Bajo el supuesto planteado por la actora, en el que este segmento de la
reclamación sigue el derrotero conceptual de las mayores cantidades de obra86,
la Sala encuentra que esta súplica tampoco está llamada a prosperar, toda vez
que, como se ha desarrollado en esta providencia, la demandante debía
acreditar que esa mayor cantidad fue consentida, autorizada u ordenada por la
entidad demandada. Por lo tanto, tampoco es procedente el reconocimiento
judicial de un incremento sobre el mencionado ítem 21,0.

La súplica por ítems adicionales

82. El recurso de apelación acertó en indicar que el fallo de primera instancia dejó
de resolver el problema jurídico surgido de la pretensión anulatoria de los actos
de liquidación unilateral por no reconocer la suma de “ochocientos trece millones
seis cientos cincuenta mil setecientos once pesos ($813.650.711,00) […]
moneda legal colombiana por concepto de ítems adicionales”87, e incluirla en la
liquidación judicial pedida. Por ende, para enmendar esta incongruencia infra
petita, esta Subsección debe decidir sobre esta súplica, a la luz de los
argumentos vertidos en la demanda.

83. En el texto reformado de ese libelo introductorio se argumentó, en general, que
los ítems adicionales debían reconocerse porque eran necesarios para cumplir

83 CGP – Artículo 281, incisos primero y segundo: “CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en

consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley. // No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o
por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
84 En concordancia con el mandato establecido en el artículo 287 del CGP, inciso segundo, según el

cual: “El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la
parte perjudicada con la omisión haya apelado”.
85 Vid. Páginas 8 y 9 del acto administrativo.
86 Según lo ha sostenido esta Subsección: “Las mayores cantidades de obra […] se presentan

cuando las partes deben aumentar las cantidades de algunos ítems que sí estaban contemplados
en el contrato, pero su cálculo preliminar resultó insuficiente. Así, por ejemplo, si en un contrato de
obra se había previsto y contratado 10 metros cúbicos de excavación, pero, en la etapa de ejecución,
se determinó que este número no era suficiente, las partes pueden incrementar los metros que
deberán excavarse, en atención a que dicho aumento resulta esencial para cumplir la finalidad
pública que se perseguía con la contratación”, Sent. 22-ago-2023, antes citada.
87 Pretensión 2.5.2. de la demanda.

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Referencia: Controversias contractuales

con el objeto contractual, así como lo dispuesto en los estudios previos, y se
fundamentó la súplica en la recepción del 90% de las obras por parte del
Municipio. En consecuencia, será sobre estos argumentos que verse la
complementación del fallo ante el silencio del juzgador de primer grado.

84. Siguiendo el contenido del escrito inicial, éste remitió a un “anexo segundo” que
hacía parte del libelo. Sin embargo, dentro de la documentación que conformó
el texto inicial, el actor no identificó ni distinguió el contenido preciso del
mencionado anexo, deficiencia que debió ser objeto de control por el a quo en
la etapa de admisión de la demanda. No obstante, en aras de facilitar el
entendimiento congruente de esta pretensión, la Sala observa que, en la
constancia de no acuerdo conciliatorio extrajudicial, se refleja que la reclamación
de Smart correspondería a los siguientes rubros:
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDA VALOR VALOR TOTAL
D UNITARIO
2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND 30.00 20,674,497 620,234,910.00
DE CONTROLADOR DE
TRÁFICO CAPACIDAD PARA 4
GRUPOS VEHICULARES,
CICLORUTA O PEATONALES,
RELOJ EN TIEMPO REAL, 24
PLANES DE SEÑALES EN LA
CPU, PROGRAMACIÓN DE
FESTIVOS ANUALES CON
SEMANA AUTOMÁTICA PARA
CADA UNO, ESTRUCTURAS
INDEPENDIENTES PARA
PROGRAMAS DIARIOS,
PROGRAMACIÓN DE
EVENTOS ESPECIALES;
MODOS DE OPERACIÓN
LOCAL, COORDINADO
MAESTRO ESCLAVO, POR
GPRS, WIFI Y OPERACIÓN
CON CENTRAL DE TRÁFICO,
SUPERVISIÓN DE VERDES
CONFLICTIVOS, RUTINA DE
SEGURIDAD POR FALLA DE
LÁMPARAS, BUFFER DE
FALLAS, PLACA PARA
OPERACIÓN CON
DETECTORES VIRTUALES O
BUCLE PARA DEMANDAS
VIRTUALES O BUCLE PARA
DEMANDAS VEHICULARES O
PEATONALES, PROGRAMAS
POR DEMANDA CONTEO
VEHICULAR, ÓPTICA, MODO
DE CONEXIÓN CON CENTRAL
POR GPRS, WIFI O FIBRA
ÓPTICA.
31 AMOBLAMIENTO AUDITORIO: GL 1 30,685,659 30,685,659.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE ATRILEN MADERA,
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE TELÓN ELÉCTRICO,
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE VIDEO BEAM DE TIRO
CORTO, SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
AMPLIFICADOR DE SONIDO,
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE PARLANTES DE TECHO,
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE TAPETE, TRÁFICO
PESADO, SUMINISTRO E

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Referencia: Controversias contractuales

INSTALACIÓN DE RACK
EQUIPOS, SUMINISTRO KIT
MICRÓFONOS

SUBTOTAL 25% $ 650,920,569
A.I.U. $ 162,730,142
VALOR TOTAL $ 813,650,711

85. Lo primero que debe advertirse es que el bien denominado como ítem adicional
núm. 2 presentado en este cuadro es distinto al del ítem núm. 3, en cuanto a que
aquel contemplaba la capacidad en “4 GRUPOS VEHICULARES”, mientras el
elemento desarrollado en el previsto desde los estudios previos corresponde a
la capacidad de “8 GRUPOS VEHICULARES”.

86. De otra parte, en relación con el ítem 31 del cuadro citado, la apelante aseguró
que: “En las solicitudes realizadas por parte de la aquí demandante, se solicitó
el pago de treinta millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta
y nueve pesos ($30.685.659) por concepto de amoblamiento de auditorio que se
construyó en virtud del Contrato de Obra No. 833 de 2014; pero a pesar de
haberlas recibido a satisfacción no le fueron pagadas al contratista con el
argumento de que se trataba de un ítem nuevo no contemplado en el contrato…”.

87. Visto lo anterior, cabe puntualizar que, en virtud de la fuerza obligatoria de los
contratos88, consagrada en el artículo 1602 del Código Civil89, el reconocimiento
económico de estos trabajos no sólo dependía de satisfacer los requisitos por la
cláusula sexta para acceder al pago de la obligación, a saber, el acta de recibo
de obra recibida y certificada por el interventor y/o supervisor, sino de que éstas
hubieran sido convenidas, autorizadas o impuestas por la Administración.

88. Al observar que los denominados ítems adicionales núm. 2 y núm. 31 no
estuvieron incluidos en el “ADICIONAL No 01 AL CONTRATO DE OBRA No.
833 DE 2014”, única modificación contractual que, de acuerdo con lo probado,
dispuso la creación de nuevos aditamentos al negocio jurídico, esta Sala
considera que, pese al silencio de la sentencia de primera instancia al respecto,
las peticiones en comento deberán denegarse.

88 “El artículo 1602 del Código Civil consagra el principio lex contractus, pacta sunt servanda, por

cuya virtud se impone el cumplimiento obligatorio de los pactos que dimanan de toda relación jurídica
negocial (rectius: contrato), bien de manera espontánea o forzadamente. La mencionada disposición
advierte sobre la fuerza normativa característica de todo contrato como efecto inicial del vínculo, en
tanto “ata” a sus intervinientes al cumplimiento de un propósito común, lo cual supone una
consecuencia práctico-jurídica de gran utilidad dentro del tráfico de bienes y servicios, en tanto ofrece
estabilidad, previsibilidad y certidumbre en las relaciones contractuales y, en principio, genera la
imposibilidad de aniquilar el vínculo por un acto unilateral.// El artículo 1602 del Código Civil refleja
la fuerza vinculante del contrato y, por lo tanto, repudia toda actuación unilateral y caprichosa de
alguna de las partes que tenga por finalidad afectar el interés común de los sujetos negociales y, en
general, el desapegarse arbitrariamente del acuerdo de voluntades válidamente celebrado”: Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del
28 de enero de 2015. Rad. 08001-23-31-000-2000-01942-01(31162). C.P. Hernán Andrade Rincón.
89 “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado

sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

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La pretensión de incumplimiento por el no pago de obras ejecutadas

89. Por último, la actora alega que la demandada no efectuó pagos pendientes
respecto de varios ítems del contrato que, se afirma, fueron ejecutados, por un
valor de doscientos veintisiete millones setecientos veinticinco mil cuarenta y un
pesos ($227.725.041,00). En la impugnación del fallo de instancia, Smart
sostuvo que el Tribunal omitió pronunciarse sobre esta solicitud, debiendo
hacerlo en virtud del principio de congruencia.

90. Sobre el particular, se observa que la sentencia del Tribunal dejó de
pronunciarse al respecto, por lo que la segunda instancia deberá remediar la
omisión. Igualmente, se insiste en que el deber de esta Sala, como juez ad quem
del contrato, es observar lo estipulado por las partes, particularmente, en la
cláusula sexta, que dispuso las reglas para que el contratista accediera al pago
de lo ejecutado, dependiendo de si se trataba de actas parciales de obra o del
10% restante antes de proceder a la liquidación del contrato.

91. Ahora, no hay cláusula contractual que detalle el contenido mínimo de las actas
de recibo parcial; empero, las partes suscribieron documentos que permiten
inferir los datos que debían comprender las mencionadas actas. Por ejemplo, en
la de recibo de obra núm. 2 del 18 de diciembre de 2014 se precisó90: (i) el plazo
de ejecución; (ii) la fecha estimada de terminación y la fecha del acta; (iii) los
valores del contrato, del anticipo, de las modificaciones, el precio vigente y el
monto del acta; (iv) la descripción de cada ítem; (v) las cantidades contratadas,
sus modificaciones, y condiciones actualizadas; (vi) lo ejecutado en cada acta
parcial; y (vii) las cantidades de obra acumuladas y las que quedaban por
ejecutar. Todo ello debía ser suscrito por el contratista, el interventor, y el
secretario de movilidad del Municipio.

92. Esto, para determinar que la ausencia de estas actas impide, en principio,
habilitar el derecho al pago de las obras que el contratista estima que se
encuentran pendientes de ser solventadas, por la sencilla razón de ser uno de
los tantos parámetros que regularon la relación entre los contratantes, que se
mantuvo en vigor al no ser reformado, y que debe ser objeto de estricta
observancia por esta Sala. Con todo, si estos instrumentos no fueron suscritos
por motivos atribuibles a la entidad contratante o al interventor, sería necesario
constatar el incumplimiento de los deberes que le correspondían a éstos, y
demostrar, a partir de otros medios de prueba, que sí se ejecutaron los ítems
indicados, en la cantidad y precio alegados por el demandante.

93. En el recurso de apelación, Smart afirmó que los siguientes elementos de
convicción eran pruebas de la ejecución de los ítems que fueron dejados de
pagar por la Administración: (i) el informe parcial de avance de ejecución del
contrato de obra del 99%, suscrito por el representante legal de Smart91; (ii) el
acta de reunión del 9 de junio de 201692; y (iii) un informe del secretario de

90 F. 1-5, anexo contestación demanda.
91 F. 317-352, c. 2.
92 F. 935-945, c. 5.

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Referencia: Controversias contractuales

movilidad remitido al secretario jurídico del Municipio con fecha del 13 de marzo
de 201993. Con todo, la Sala tiene el deber de analizarlos de manera conjunta y
conforme a las reglas de la sana crítica94.

94. A juicio de la Subsección, el argumento general que empleó el recurrente para
considerar que tiene derecho al pago de estas obras, con sustento en los medios
probatorios antes reseñados, no es de recibo. En efecto, el fragmento destacado
por el apelante del acta de reunión del 9 de junio de 2016 expresa que “en el
proyecto del Acta de Liquidación se reconocerán las cantidades de obra que se
encuentran ejecutadas al 100%”, aserto que no denota la ejecución de los ítems,
ni comporta aceptación alguna sobre lo que consignado por el propio contratista
en su informe de avance de obra correspondiente al 99%. Sobre este último
documento, se advierte que su contenido no está avalado expresa o
implícitamente por el interventor ni por el Municipio95, por lo que no es prueba de
los trabajos ni consagra el derecho de crédito que persigue la actora. A su vez,
el informe del secretario de movilidad describe la posición que, a su juicio, debía
asumir la demandada en el sentido de la “denegación de todas las pretensiones
planteadas por el contratista demandante” por lo que, dada su orientación
general, este oficio no es pertinente para demostrar el hecho de la confección
de las obras, y no está llamado a favorecer la posición de la actora.

95. Ahora bien, frente al examen individualizado por ítems que propone la
impugnación, ante el silencio del Tribunal de instancia, cabe considerar lo
siguiente:

96. En relación con los ítems 4,0 y 5,0, la pretensión no tiene vocación de
prosperidad, y el actor no desvirtuó las razones vertidas en las resoluciones que
liquidaron unilateralmente el contrato96. De un lado, el acta del 9 de junio de 2016
no refleja consigna alguna, afirmativa o negativa, acerca de esta reclamación.
Por su parte, en el informe del contratista, únicamente se afirma el suministro e
instalación de elementos en el Municipio97 sin que obren otros medios de
convicción en el plenario que confirmen esos datos.

93 F. 777-799, c. 4; y 800-819, c. 5.
94 CGP – Artículo 176: “APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en

conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas
en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. // El juez expondrá siempre
razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.
95 En ese sentido, cabe destacar que, mediante oficio del 6 de noviembre de 2019, dirigido al Tribunal,

el entonces alcalde encargado del Municipio se pronunció sobre los hechos contenidos en la
demanda, en el orden en que fueron enunciados. Respecto a los hechos 3.22. a 3.22.3., en los
cuales se afirmó la causación de las cifras disgregadas en las pretensiones de la demanda (mayores
cantidades de obra, ítems adicionales, y “pagos pendientes del contrato”) el funcionario indicó: “ME
ATENGO A LO PROBADO EN EL PROCESO. Son manifestaciones del demandante, sin embargo,
es preciso que se tenga en cuenta que el interventor de obra, respecto de las reclamaciones
realizadas por el contratista, en comunicación del 23/11/2016 dirigida a la Secretaría de Movilidad”,
y cita el contenido del documento del interventor.
96 En particular, respecto del ítem 5,0, la Administración aseveró que las pruebas aportadas durante

el trámite de liquidación del contrato no “son coherentes y carecen de veracidad” porque, en el
registro fotográfico allegado por el contratista, se reflejó una campaña de seguridad vial realizada
durante los meses en que permaneció suspendido el plazo del contrato.
97 Textualmente, este documento adjunta fotografías que no reflejan la ubicación exacta de las

imágenes, e indica lo siguiente: “ITEMS 4,5 Y 6 // El suministro e instalación de 100 Semáforos tipo

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Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales

97. Entre tanto, el informe del secretario de movilidad expresa, en relación con estas
peticiones, que: (i) en el ítem 4,0 “EL CONTRATISTA COBRA TRES (3)
SEMÁFOROS ADICIONALES, SEGÚN INTERVENTORÍA SE DEBEN
DEVOLVER SEIS (6)”: (ii) en el ítem 5,0 “EL CONTRATISTA COBRA DOCE
(12) SEMÁFOROS S3, SEGÚN INTERVENTORÍA FALTAN POR PAGAR 8”. Sin
embargo, estas aserciones no tienen respaldo en documentos suscritos por la
interventoría que, por el contrario, manifestó que todas las reclamaciones del
contratista carecían de asidero, y que el balance final de las obras no debía
incluir los reconocimientos económicos pedidos por Smart98.

98. Sobre el ítem 18,0, tampoco le asiste razón a la demandante, porque no hay
prueba de la ejecución de la unidad que alega haber instalado, y que haya sido
avalada por la entidad y por la interventoría99.

99. En torno al ítem 21,0, cabe precisar que en este fragmento de la pretensión se
persigue el pago de 0,364 del ítem, que en criterio del demandante fue ejecutado
pero no pagado. Al respecto, es necesario precisar que, en la parte motiva de la
Resolución núm. 02 de 2017100, la entidad -con fundamento en lo expresado por
la interventoría- indicó que aquél “no fue ejecutado al 100% por el contratista,
toda vez que éste no instaló la totalidad de elementos exigidos en el contrato”,
pero que ello no afectaba “la funcionalidad y el objeto principal del ítem”, razón
por la cual fueron reconocidas “las cantidades realmente instaladas en virtud de
los precios unitarios pactados”. Así, la Administración estableció que no había
sido ejecutada una cantidad equivalente a 0,53, por un valor de 80.299.126,oo.
En ese contexto, se tiene que ninguno de los informes mencionados por el
apelante desvirtuó lo sostenido en el acto administrativo de liquidación unilateral

S1, S2 y S3, fue realizado al 100% y hoy por hoy toda la ciudad de Neiva tiene señalización de Led
a alta potencia y de bajo consumo, funcionando correctamente”.
98 En oficio del 23 de noviembre de 2016 (f. 946, c. 5), la interventoría del contrato indicó que ésta:

“ha efectuado cinco (5) reuniones a fin de poder consolidar el balance final de cantidades de obra y
la consolidación de la liquidación bilateral del contrato 833 de 2014, con el señor […], representante
Legal de SMART […], durante los días 15, 21 y 28 de abril de 2016, el 09 junio y 7 de julio del 2016.
// En los mencionados encuentros, no se logró llegar acuerdos respecto a los puntos reclamados
como mayores y adicionales cantidades de obras por parte del contratista, por cuanto las mismas no
fueron autorizadas en ningún momento por la interventoría ni la administración municipal. // Por tal
motivo, el pasado 08 de septiembre, mediante comunicación se le dio traslado al contratista del
informe final y el acta de liquidación bilateral del contrato 833 de 2014, documentos que incluían a
detalle el balance final de la cantidades [sic] de obra conforme a lo ejecutado y pactado
contractualmente. // No obstante lo anterior, una vez revisado por parte del contratista el informe final
y el balance financiero presentado en el proyecto de acta de liquidación, mediante oficio No. 000065
del 26 de septiembre de 2016, manifestó su desacuerdo en cuanto a los ítems y montos a cancelar
razón por la cual nuevamente se le respondió al contratista mediante escrito del 21 de noviembre de
2016, emanado de la Interventoría en la que se le reiteró los fundamentos técnicos de manera
detallada de porque no son reconocidas las mayores y adicionales cantidades de obra dentro
balance financiero final de la acta de liquidación. // Así las cosas, y ante el desacuerdo del contratista
frente a la posición técnica, el balance final de cantidades de obras ejecutadas y la liquidación
financiera de los saldos insolutos, la Interventoría y la Supervisión pone a consideración de la
administración municipal y de la Secretaría de movilidad, para que inicien los trámites
correspondientes para llevar a cabo la liquidación del contrato 833 de 2014 de manera unilateral”
(subrayado añadido).
99 Sobre este elemento, el informe de la Secretaría de Movilidad anotó: “ITEM EN NO

CONFORMIDAD”.
100 Vid. págs. 9 y 13 del acto administrativo.

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Referencia: Controversias contractuales

y, por ende, el contratista no demostró tener derecho al reconocimiento de la
suma supuestamente adeudada.

100. En cuanto al ítem 23,0, el informe del secretario indicó que no estaba en
conformidad101, careciendo de asidero el criterio del apelante que entendió una
aceptación en la cantidad reclamada.

101. Sobre los ítems 27,0, 28,0 y 29,0, el recurrente acude a lo sostenido por el
informe del secretario para dar a entender que tiene derecho al pago de las
sumas que suplica por su ejecución. El funcionario consignó, respectivamente,
las anotaciones según las cuales “LAS CANTIDADES COINCIDEN CON LAS
DE LA INTERVENTORÍA” (ítems 27,0 y 29,0); y “EL CONTRATISTA COBRA
CUATRO (4) CAJAS DE PASO, SEGÚN INTERVENTORÍA FALTA POR
PAGAR CUATRO (3). EL CONTRATISTA NO ENTREGA DIRECCIONES” (ítem
28,0). Sin embargo, tales expresiones no tienen respaldo en documentación de
la interventoría que obre en el expediente, y que permita darles el alcance
planteado por la apelación. Por el contrario, como ya se indicó, en las pruebas
recaudadas consta que las pretensiones de Smart fueron negadas por el
interventor, y la Administración no aceptó las prestaciones de manera expresa.

102. En cuanto a los ítems 58,2 y 58,4, ninguno de los informes da cuenta de que
estos segmentos de la obra hayan sido ejecutados y reconocidos por la entidad
o por el interventor102.

103. En suma, al no haberse probado la ejecución de las prestaciones cuyo
reconocimiento se reclamó, y aunque la sentencia apelada guardó silencio sobre
la materia, las pretensiones por este segmento de pagos no efectuados se
mantendrán denegadas.

104. En este sentido, como se anunció, el cargo de la impugnación relacionado
con el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado (sobre la
ausencia de necesidad de suscribir un contrato adicional bajo el sistema de
precios unitarios) tampoco está llamado a prosperar, dado que la aplicación de
éste dependía de que se demostraran los tópicos a los que ya se ha referido la
Sala. Dicho de otro modo, aun cuando esta corporación ha señalado que no es
imperativo celebrar una adición al negocio en materia de mayores cantidades de
obra en contratos a precios unitarios, también se ha establecido la exigencia de
su autorización previa, supuesto que -según lo desarrollado- no se demostró en
el proceso.

101 En relación con el ítem, el informe de la Secretaría de Movilidad advirtió la no conformidad, en los

mismos términos del pie de página anterior.
102 Acerca de estos módulos, el informe de la Secretaría de Movilidad anotó: “ITEM EN NO

CONFORMIDAD. NO ENTREGA DIRECCIONES DE INSTALACIÓN”.

31

Radicación: 41001-23-33-000-2017-00626-01 (71.583)
Demandante: Smart Mobility & Security S.A.S.
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales

Conclusiones

105. La Subsección, al constatar que los cargos en contra de la providencia
impugnada no pueden prosperar y el sentido denegatorio de las pretensiones
debe mantenerse, confirmará el fallo de primer grado, recapitulando que:

106. No es procedente el reconocimiento de las obras adicionales o mayores
cantidades de obra que no hubiesen sido convenidas, autorizadas, aprobadas u
ordenadas por la entidad pública contratante, reclamadas por la parte
demandante. En tal sentido, la ejecución de tales actividades no genera
derechos en favor de la contratista Smart Mobility & Security S.A.S. y, por el
contrario, desconoce el carácter vinculante del contrato núm. 833 de 2014 y el
comportamiento acorde a la buena fe objetiva de cara al municipio de Neiva.

107. El deber de planeación, y las cargas de advertencia y previsión, propias de
la autonomía privada de la voluntad, impiden que la contratista obtenga
reconocimientos económicos derivados de fallas en la estructuración del negocio
que debieron ser advertidas desde la fase de formación del acuerdo de
voluntades. Así las cosas, el desconocimiento de este parámetro de conducta
tampoco habilitaba a la empresa demandante a que, bajo el pretexto de
preservar las finalidades del acuerdo de voluntades, ejecutase trabajos sin la
aprobación o consentimiento del municipio de Neiva.

108. Por medio del recurso de apelación, el superior está habilitado para examinar
la providencia de primer grado únicamente en los reparos formulados por el
impugnante. Cuando el reproche consista en que la decisión dejó de
pronunciarse sobre todas las pretensiones de la demanda (fallo infra petita), será
deber del ad quem enmendar la omisión, siempre y cuando el perjudicado haya
apelado, de conformidad con el inciso segundo del artículo 287 del CGP. En el
presente proceso, pese a haberse encontrado que el Tribunal, con su sentencia,
guardó silencio en relación con las reclamaciones por ítems adicionales y el no
pago de obras supuestamente ejecutadas, el demandante no satisfizo su carga
probatoria en torno a la ejecución de dichas actividades, motivo por el cual sus
súplicas no están llamadas a prosperar.

109. En virtud de la fuerza obligatoria de los contratos conlleva a que los
contratantes, en desarrollo de su autonomía, erijan las reglas que fijen el
contenido, condiciones y alcance de sus derechos y deberes negociales. Así, las
partes se obligan a observar los términos de lo pactado, y al juez del negocio le
corresponde analizar las pretensiones a la luz de los requisitos y formalidades
planteados en el clausulado. En el caso examinado por la Subsección, se
concertó que el derecho al pago de las obras se encontraba sometido al
escrutinio y ratificación de la entidad y del contratista, por lo que el demandante
tenía la carga de probar el cumplimiento de tales exigencias, o que su
contraparte no actuó de conformidad cuando debía ajustar su comportamiento a
lo convenido. Al no satisfacer dicho deber, el sentido denegatorio del fallo
apelado se debe mantener.

32

Radicación: 41001-23-33-000-2017-00626-01 (71.583)
Demandante: Smart Mobility & Security S.A.S.
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales

Condena en costas

110. En observancia del artículo 188 del CPACA (modificado por la Ley 2080 de
2021), así como de los artículos 365 y 366 del CGP aplicables a este proceso
contencioso103, se condenará en costas de segunda instancia a Smart,
comoquiera que el recurso de apelación que propuso será resuelto
desfavorablemente104. Tales consideraciones operan independientemente de la
conducta desplegada en el proceso por el extremo actor105. Su liquidación será
adelantada por el Tribunal de primera instancia.

111. En cuanto a las agencias en derecho pertenecientes a esta instancia, según
las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el
Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016106, vigente para la fecha de
presentación de la demanda, la Sala fijará por este concepto la suma de un (1)
salario mínimo legal mensual vigente al momento de esta providencia, en favor
de la entidad territorial accionada, como consecuencia de la vigilancia que ésta,
a través de apoderada judicial, debió realizar al trámite de la segunda instancia.

112. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila –Sala de Decisión número 5, por las razones
expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS de segunda instancia a Smart Mobility &
Security S.A.S., las cuales serán liquidadas por el Tribunal de primera instancia.
Como agencias en derecho se fija la suma de un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, en favor del municipio de Neiva.

103 CPACA, artículo 306.
104 Según el artículo 365, numeral 1, del CGP, deberá condenarse en costas “a la parte vencida en

el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto” (Se destaca).
105 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la

demandante (no así a la demandada vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos
extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
106 Conforme al artículo 1 del Acuerdo, este “regula las tarifas para efectos de la fijación de agencias

en derecho y se aplica a los procesos […] de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Según
el artículo 3 de dicha normativa, cuando “se trate de la segunda instancia […] las tarifas se establecen
en salarios mínimos legales mensuales vigentes”; y conforme al artículo 5, numeral 1, las tarifas de
agencias en derecho en segunda instancia corresponden al margen comprendido entre 1 y 6
S.M.L.M.V.

33

Radicación: 41001-23-33-000-2017-00626-01 (71.583)
Demandante: Smart Mobility & Security S.A.S.
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales

TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
VF

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