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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2022-00025-01

Fecha
13 de agosto de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2022-00025-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 06 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en el presente proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO: En firme esta providencia, por Secretaría REMÍTASE el expediente al Tribunal Administrativo de origen, para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 85001-23-33-000-2022-00025-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

13 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., trece (13) de agosto dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
Demandante: MAQUINARIA INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS MIKO
S.A.S.
Demandada: MUNICIPIO DE TAURAMENA
Referencia: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: BUENA FE CONTRACTUAL – El contrato es ley para las partes, teoría de los
actos propios – El contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdos /
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO – Temporal / CADUCIDAD DEL CONTRATO -
Procedencia de la declaratoria de caducidad del contrato únicamente durante el término
de ejecución / FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE – Prueba idónea del pago de
honorarios de quienes ejercen profesiones liberales.

La Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte
demandante y demandada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare el 06 de diciembre de 2023, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1. El Municipio de Tauramena suscribió contrato de obra con MIKO S.A.S. el
07 de julio de 2016.

2. El 24 de agosto de 2018, esto es, faltando 3 días para la finalización del
término de ejecución del contrato, las partes suscribieron una suspensión de
mutuo acuerdo por el término de un (1) mes a causa de una falla geológica, con el
fin de poder determinar las posibles alternativas de solución.

3. El 07 de julio de 2021, el Municipio de Tauramena declaró la caducidad del
contrato. Entre otros aspectos consideró que tenía la competencia temporal para
hacerlo, en tanto, al no haberse suscrito el acta de reinicio, el término de ejecución
del contrato estaba suspendido.

4. El Tribunal de Casanare, declaró la nulidad de dicho acto administrativo,
como del que lo confirmó, aseverando que el contrato ya había finalizado y la

1

Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
Demandante: Miko S.A.S
Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

Administración no tenía competencia temporal para declararla, decisión que es
apelada por el Municipio de Tauramena.

5. Por su parte, MIKO S.A.S. recurre la decisión con el fin de que se
reconozca el pago de los honorarios de su apoderado, respecto del cual presentó
como prueba el contrato de prestación de servicios y unos comprobantes de
egreso.

II. ANTECEDENTES

La demanda y las razones en las que se fundamenta

6. El 10 de marzo de 2022 1 , a través de apoderado, MAQUINARIA
INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS MIKO S.A.S. (en adelante MIKO
S.A.S.) presentó ante el Tribunal Administrativo de Casanare demanda de
controversias contractuales2, solicitando las siguientes declaraciones y condenas
(transcritas en su tenor literal):

PRIMERA: Se declare la nulidad de la Resolución número 0558 de
fecha 7 de julio de 2021 mediante la cual se declara la caducidad del
contrato de obra No. 145 de julio 7 de 2016 suscrito entre la sociedad que
represento y el municipio de Tauramena cuyo objeto es la
“CONSTRUCCIÓN ETAPA 3 DE LA DOBLE CALZADA TAURAMENA
PASO CUSIANA TRAMO K2+460 AL K3+450, DEPARTAMENTO DE
CASANARE.”, por un valor estimado de ($13.265.980.322,82) y se
ordena su liquidación.

SEGUNDA: Se declare la nulidad la Resolución número 0755 de fecha
15 de septiembre de 2021, mediante la cual se CONFIRMA la
declaratoria de caducidad del contrato de obra No. 145 de julio 7 de 2016
suscrito entre la sociedad que represento y el municipio de Tauramena
cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN ETAPA 3 DE LA DOBLE
CALZADA TAURAMENA-PASO CUSIANA TRAMO K2+460 AL
K3+450, DEPARTAMENTO DE CASANARE.”, por un valor estimado de
($13.265.980.322,82) y se ordena su liquidación

TERCERO: Como quiera que hasta la fecha de presentación de esta
demanda el Municipio de Tauramena no ha notificado a mi representada
el acta o acto mediante el cual se liquida el contrato, se realice la
liquidación correspondiente.

1 Demanda de Nulidad y restablecimiento del derecho del 10 de marzo de 2022. Ver SAMAI. Índice

003. Documento 1.
2 Demanda corregida al medio de control de controversias contractuales el día 25 de marzo de
2024. Ver SAMAI. Índice 005. Documento No. 7. Auto admisorio del 10 de junio de 2022. Ver
SAMAI. Índice 006. Documento No. 8.

2

Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
Demandante: Miko S.A.S
Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

CUARTO: Se condene al Municipio de Tauramena como consecuencia
de la expedición de los actos administrativos anulados a restituir las
sumas debidamente actualizadas que sean efectivamente pagadas por la
Aseguradora Allianz Seguros S.A.

QUINTO: Se condene al Municipio de Tauramena como consecuencia de
la expedición de los actos administrativos anulados, al pago en favor de
mi representada, a título de indemnización de perjuicios, de la suma
debidamente indexada de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS
($180.000.000) por concepto de honorarios causados y efectivamente
pagados en que incurrió la sociedad demandante por la representación
judicial en la actuación administrativa iniciada en su contra y que derivo
en declaratoria de caducidad del contrato No. 145 de julio 7 de 2016.

7. En síntesis, el escrito de demanda mencionó los siguientes fundamentos
fácticos:

8. El 07 de julio de 2016, el MUNICIPIO DE TAURAMENA suscribió con MIKO
S.A.S. el contrato de obra No. 145, cuyo objeto fue la “CONSTRUCCIÓN ETAPA 3
DE LA DOBLE CALZADA TAURAMENA-PASO CUSIANA TRAMO K2+460 AL
K3+450, DEPARTAMENTO DE CASANARE”, por un valor de trece mil doscientos
sesenta y cinco millones novecientos ochenta mil trescientos veintidós pesos con
ochenta y dos centavos ($13'265.980.322,82) M/Cte.

9. El día 24 de agosto de 2018, las partes suscribieron el acta No. 4, a través
de la cual suspendieron la ejecución del contrato por el término de un (1) mes por
una falla geológica no imputable al contratista. Al momento de suscribirse el acta
el contrato tenía un 98.92% de avance.

10. El día 27 de enero de 2021, el MUNICIPIO DE TAURAMENA citó a
audiencia de declaratoria de caducidad del contrato de obra a MIKO S.A.S.,
indicando como fecha de terminación del contrato el 27 de septiembre de 2018,
imputando: (i) incumplimiento al contratista por falta de ejecución de obras, (ii) no
suscripción del acta de reinicio de obra, (iii) no haber actualizado la vigencia de las
pólizas, como también "otras situaciones presentadas", mencionando la
desestabilización progresiva continua, por la no terminación de las obras
contractuales.

3

Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
Demandante: Miko S.A.S
Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

11. En julio de 2021, después de casi tres (3) años de la suspensión del
contrato, el MUNICIPIO DE TAURAMENA dio apertura a un proceso licitatorio
para corregir la falla estructural origen de la suspensión del contrato de obra.

12. Agotada la actuación administrativa, el MUNICIPIO DE TAURAMENA
expidió la Resolución No. 0558 del 7 de julio de 2021, declarando la caducidad del
contrato, y la Resolución No. 0755 del 15 de septiembre de 2021, resolviendo el
recurso de reposición confirmando la decisión adoptada.

13. El recurrente cuestiona los actos administrativos en cita, por considerar que
infringieron los artículos 29 y 31 de la Constitución Política, así como el artículo 18
de la Ley 80 de 1993, por falta de competencia temporal del MUNICIPIO DE
TAURAMENA para expedirlos.

14. En específico, argumentó la nulidad del acto que declaró la caducidad por
ausencia de competencia temporal de quien lo expide, ya sea porque (i) se
encuentre que el plazo de ejecución del contrato ya había finalizado y al no
pactarse una prórroga automática, el contrato se entendió como terminado; o,
porque (ii) si se encuentra que el contrato estaba suspendido, “no es posible
imputarle al contratista incumplimiento alguno de estas obligaciones pues las
mismas igualmente se encuentran suspendidas”.

15. Seguidamente, el actor sostuvo la “nulidad derivada de la desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió los actos demandados” y resaltó que el
contrato tenía un porcentaje de ejecución del 98.92%, por lo que no existió una
afectación grave y directa que condujera a la paralización del contrato.

16. Finalmente, la actora alegó la nulidad de las resoluciones por falsa
motivación, al discrepar que se le reproche una violación al principio de
planeación. En particular, manifestó que la discusión se centró en la construcción
de una capa de asfalto de 8 cm, en contravía a un espesor de 14 cm aprobado en
los diseños. Aseguró que el espesor de la capa asfáltica correspondió al pactado
con el presupuesto de obra, el cual no permitía aplicar una capa de mayor
espesor.

4

Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
Demandante: Miko S.A.S
Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

La contestación de la demanda

17. El municipio de Tauramena no contestó la demanda3.

Alegatos en primera instancia

18. Agotado el período probatorio4, la parte demandante reiteró los argumentos
expuestos en la demanda y planteó la falta de competencia temporal de quien
declaró la caducidad del contrato5, ya fuera porque el plazo de ejecución había
vencido, o en caso contrario, si estaba suspendido, el cumplimiento de las
obligaciones no era exigible.

19. El Municipio de Tauramena6 manifestó que se probó que las resoluciones
objeto de demanda estaban ajustadas a la ley y a la jurisprudencia. Como
fundamento, indicó que se encontró probado que las tres suspensiones previas
contaron con su respectiva acta de reinicio 7 , situación que no sucedió con la
cuarta suspensión, de modo que el plazo de ejecución quedó suspendido en el
tiempo, hecho que agravó la situación, pues el contrato quedó sin garantía al no
haberse prorrogado las pólizas.

20. Añadió que el estudio técnico que antecedió a la declaratoria de caducidad,
concluyó que el espesor de la capa de rodadura construido de 8 cm incumplió el
aprobado de 14 cm, lo que disminuyó el período de vida útil de la estructura de
pavimento, aunado a que se demostró que había estructuras fracturadas que
generaban afectaciones severas a la obra.

21. El Ministerio Público guardó silencio.

3 Auto que fija fecha para audiencia inicial del 07 de octubre de 2022. Ver SAMAI. Índice 00026.

Documento No. 21.
4 El demandante solicitó la exhibición de todos los documentos del expediente precontractual y
contractual. El Tribunal requirió a la entidad a través del Auto admisorio del 10 de junio de 2022.
Ver SAMAI. Índice 006. Documento No. 8. El Municipio de Tauramena allegó la documental
requerida. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25.
5 Alegato de primera instancia de MIKO S.A.S. Ver SAMAI. Índice 00047. Documento No. 43.
6 Alegato de primera instancia del Municipio de Tauramena. Ver SAMAI. Índice 00046. Documento
No. 42.
7 Ídem. Página 17. Se detalla cómo cada acta de suspensión contó con la respectiva acta de

reinicio suscrita, de la siguiente manera: Acta de suspensión No. 01 del 12 de enero de 2018 con
acta de reinicio el 05 de febrero de 2018. Acta de suspensión No. 02 del 6 de febrero de 2018 con
acta de reinicio el 15 de mayo de 2018. Acta de suspensión No. 03 del 3 de agosto de 2018 con
acta de reinicio el 13 de agosto de 2018. Acta de suspensión No.04 del 24 de agosto de 2018, sin
la solemnidad del acta de reinicio.

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Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
Demandante: Miko S.A.S
Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

La sentencia de primera instancia

22. El Tribunal a quo, a través de la sentencia del 06 de diciembre de 20238,
declaró la nulidad de los actos administrativos expedidos por el MUNICIPIO DE
TAURAMENA, a saber, la Resolución No. 0558 del 07 de julio de 2021, a través
de la cual se decretó la caducidad del contrato de obra, y la Resolución No. 0755
del 15 de septiembre de 2021 que la confirmó, y negó las demás pretensiones de
la demanda.

23. El Tribunal concluyó que, de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario,
se había logrado establecer que el contrato de obra No. 145 de 2016 ya había
finalizado cuando se declaró la caducidad del mismo, en efecto señaló9:

“(…) con las pruebas que reposan en el expediente se establece que, el referido contrato
de obra pública tenía un término inicial de seis (6) meses al que le fueron adicionados
catorce (14) meses más por lo que, atendiendo que el acta de inicio fue suscrita por las
partes el 17 de agosto de 2016 (fl. 152 ítem 03 c. principal), en principio la obra contratada
debió finalizarse el 17 de abril de 2018. Empero, dicho término se suspendió tal como se
relaciona a continuación:

De esta forma sumado (sic) los 132 días iniciales en los que el contrato estuvo
suspendido se establece que, el mismo debía finalizar el 27 de agosto de 2018. Empero
como éste nuevamente se suspendió del 24 de agosto al 24 de septiembre de la
mencionada anualidad, faltando solo tres (3) días para que feneciera, el plazo para la
ejecución de las obras contratadas finalizó el 27 de septiembre de 2018 y como la
Resolución No. 0558 a través de la que se declaró la caducidad del contrato de obra No.
145 del 7 de julio de 2016 se profirió el 7 de julio de 2021 se concluye que, para ese
momento el término de ejecución del mismo se encontraba ampliamente vencido, razón
suficiente para declarar la nulidad de los actos administrativos contractuales acusados,
por lo que la Sala no efectuará el análisis de los demás argumentos propuestos por la
sociedad demandante en dicho sentido”.

8 Sentencia del Tribunal de Casanare. Ver SAMAI. Índice 00050. Documento No. 47.
9 Ídem, p. 17.

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Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
Demandante: Miko S.A.S
Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

24. Seguidamente, el fallador de primera instancia, negó la pretensión de
liquidación del contrato manifestando que las Resoluciones No. 485 de 11 de
mayo de 2022 y No. 788 del 6 de junio de 2022, a través de las cuales se realizó
la liquidación y se confirmó la misma, no fueron objeto de demanda y, en
consecuencia, no resultaba procedente efectuar una nueva liquidación.

25. Respecto a la pretensión de restituir las sumas de dinero que le hayan sido
canceladas al MUNICIPIO DE TAURAMENA por la empresa Aseguradora Allianz
Seguros S.A., esta fue rechazada, en tanto el actor no allegó prueba que
acreditara pago alguno. Adicionalmente, se le indicó que desconoció que la
titularidad de dicho interés jurídico recaía exclusivamente en el sujeto que hubiere
efectuado el pago.

26. En lo referente al pago a título de indemnización de perjuicios de la suma
de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000) MTCE., por
concepto de honorarios causados y pagados por el demandante por la
representación judicial en la actuación administrativa, el Tribunal manifestó que, si
bien se aportó el contrato de prestación de servicios profesionales y unos
comprobantes de egreso, sin firma, no se aportaron las facturas correspondientes,
siendo la prueba idónea de acuerdo con la jurisprudencia, motivo por el que no se
efectuó reconocimiento alguno frente a los honorarios profesionales pretendidos.

27. Por último, el Tribunal A quo no condenó en costas en virtud del numeral 8
del artículo 365 del Código General del Proceso.

Recurso de apelación del municipio de Tauramena

28. El 18 de diciembre de 202310, el MUNICIPIO DE TAURAMENA interpuso
recurso de apelación en contra del numeral primero de la providencia impugnada,
que declaró la nulidad de los actos administrativos que decretaron la caducidad
del contrato de obra. Sostuvo que el contrato se encontraba suspendido en el
momento de la declaratoria, ya que nunca se suscribió la correspondiente acta de
reinicio.

10 Recurso de apelación del Municipio de Tauramena. Ver SAMAI. Índice 00055. Documento No.
50.

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Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
Demandante: Miko S.A.S
Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

29. Señaló que el Tribunal desatendió las pruebas que soportaron que las tres
suspensiones previas contaron con la respectiva suscripción de las actas de
reinicio, y la renovación de la póliza; situación que no ocurrió en la cuarta
suspensión, donde no se suscribió acta de reinicio ni se prorrogó la póliza, hecho
reconocido por el contratista y por la interventoría.

30. Por lo anterior, manifestó que el Tribunal “se limitó a efectuar unos cálculos
sencillos, casi que considerando que la contratación estatal es informal”, en tanto,
afirmó que el plazo de ejecución del contrato había finalizado, desconociendo el
principio ad substantiam actus y dando paso a la regla “libertad de formas”, al
considerar que hubo un reinicio tácito, por lo que, en su concepto, la decisión no
se sustentó en un análisis probatorio acorde con el orden legal, dado que obvió las
solemnidades de la contratación estatal que exige que el acuerdo de voluntades
debe ser por escrito y suscrito por las partes.

31. Finalmente, el apelante solicitó valorar los testimonios de los ingenieros
Marisol Sánchez y Uriel Abril quienes, a pesar de haber sido convocados por la
parte demandante, afirmaron que, en efecto, no había existido acta de reinicio, ni
renovación de pólizas de la suspensión No. 4.

Recurso de apelación de MIKO S.A.S

32. El 15 de enero de 2024 MIKO S.A.S., presentó recurso de apelación11 en
contra del numeral segundo de la sentencia que negó el pago de los honorarios
del abogado. Afirmó que acreditó el daño económico sufrido con el contrato de
prestación de servicios profesionales y los correspondientes soportes de pago
realizados, los cuales se efectuaron a título de anticipo conforme a lo convenido
en el contrato. En consecuencia, indicó que no presentó la factura porque el pago
total no se ha realizado, lo que significa que es una cuenta por cobrar que se
contabiliza en el momento que se cumple con la totalidad de la obligación, por lo
que solicita se revoque y se condene el pago de los honorarios del abogado.

11 Recurso de apelación de Miko S.A.S. Ver SAMAI. Índice 00056. Documento No. 51.

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Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
Demandante: Miko S.A.S
Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

Trámite en segunda instancia

33. Los recursos fueron admitidos mediante auto del 15 de marzo de 202412. El
Ministerio Público no emitió concepto en sede de segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES

34. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que
invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales:
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa
por activa y por pasiva, el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial y
verificados los requisitos de la demanda en forma, procede la Sala a decidir la
segunda instancia de la presente litis.

35. Teniendo en cuenta que el recurso de apelación del Municipio de
Tauramena se centró en cuestionar la nulidad declarada de los actos
administrativos que decretaron la caducidad del contrato de obra y el recurso de
MIKO S.A.S. el no reconocimiento del pago de los honorarios del abogado a título
de indemnización de perjuicios, se abordarán los siguientes asuntos: (i) los
problemas jurídicos para resolver la controversia; (ii) la buena fe contractual; (iii) la
suspensión temporal del cumplimiento de las obligaciones en la ejecución del
contrato estatal; (iv) la procedencia de la declaratoria de caducidad del contrato
estatal; (v) el pago de honorarios profesionales del apoderado; (vi) los hechos
probados; (vii) el caso concreto; y, la condena en costas.

Problema jurídico

36. Con base en las impugnaciones del fallo de primera instancia, los
problemas jurídicos concretos a resolver son los siguientes:

37. Por un lado, en cuanto a la apelación presentada por el Municipio de
Tauramena, la Sala determinará: (i) si el contrato No. 145 de 2016, se encontraba
suspendido o si su plazo de ejecución ya estaba vencido; en caso de determinarse
que el contrato estaba suspendido se procederá a (ii) establecer si el mismo era
objeto de declaratoria de caducidad; y, en caso afirmativo, (iii) si la declaratoria de

12 Auto que admite. Ver SAMAI. Índice 004. Documento No. 3.

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Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
Demandante: Miko S.A.S
Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

caducidad decretada por el Municipio de Tauramena cumplía los requisitos de
validez estipulados en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

38. De otra parte, en caso de determinar que la declaratoria de nulidad, de los
actos administrativos objeto de controversia, estuvo ajustada a derecho, se
analizará si (iv) las pruebas documentales allegadas para probar el cobro de los
honorarios del abogado de la parte demandante, son idóneas para acreditar la
pretensión de pago a título de indemnización de perjuicios.

La buena fe contractual

39. Uno de los principios que rige la contratación estatal es la buena fe que de
acuerdo con el artículo 28 de la Ley 80 de 1993 13, es uno de los criterios de
interpretación de las reglas contractuales y bajo el cual deberá celebrarse y
ejecutarse, no solamente lo pactado expresamente en el contrato, sino “todo lo
que corresponda a la naturaleza de los mismos”, de conformidad con los artículos
87114 del Código de Comercio y 160315 del Código Civil.

40. De lo anterior se desprende que, durante todo el iter contractual las partes
tienen el deber de actuar bajo los postulados de la buena fe, deber que no solo
está a cargo del contratista, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley
80 de 199316, sino también de la Administración Pública a quien se le ha otorgado
una posición de potentior personae bajo el artículo 14 de la Ley 80 de 199317, que

13 Ley 80 de 1993. “ARTÍCULO 28. DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS
CONTRACTUALES. En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a
procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones
de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los
mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a
los contratos conmutativos”.
14 Código de Comercio. “ARTÍCULO 871. PRINCIPIO DE BUENA FE. Los contratos deberán

celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado
expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley,
la costumbre o la equidad natural”.
15 Código Civil. “ARTÍCULO 1603. EJECUCION DE BUENA FE. Los contratos deben ejecutarse de

buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas
que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”.
16 Ley 80 de 1993. “ARTÍCULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS.
Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas: (…) 2.
Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado
se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del
contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.
17 Ley 80 de 1993. “ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES
ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de

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Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
Demandante: Miko S.A.S
Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

se manifiesta en la facultad de modificar, interpretar y terminar el contrato de
forma unilateral, así como de imponer las sanciones de control y dirección
previstas en dicha norma, cuyo objeto es el cumplimiento de los fines de la
contratación estatal.

41. Así, en el ámbito de la contratación estatal, y según la Sala Plena de esta
Corporación18, la buena fe se ha entendido como objetiva, es decir que, más allá
de la “creencia” del actuar ajustado a la ley, las partes deben respetar lo pactado,
cumplir con las obligaciones y perseverar por la ejecución del contrato.

42. Aunado a ello, la jurisprudencia de esta Sección 19 , ha dicho que en los
contratos estatales la buena fe se traduce en la obligación de actuar con rectitud,
honradez, lealtad y corrección recíproca en todos los actos, tratos o
conversaciones del vínculo jurídico contractual ya establecido, de modo que sirve
de cauce para la labor interpretativa del contrato. En concreto, en materia de
contratación pública, la buena fe es considerada como un deber de conducta, que
antecede al contrato y permanece durante la ejecución y después de su
cumplimiento. Por ende, impone en las partes contractuales un comportamiento de
mutua confianza, diligencia y colaboración para la satisfacción del interés público
que se persigue con la contratación estatal.

43. Frente a esto, resulta importante mencionar la expresión “venire contra
factum proprium non valet”, a la que se ha referido la jurisprudencia de esta
Corporación20, como expresión del principio general de la buena fe, que obliga a
los sujetos jurídicos a mantener un comportamiento coherente con los propios
actos y reprocha la conducta de una persona que se contrapone con su
comportamiento anterior.

los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección
general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En
consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios
públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos
previstos en el numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las
estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las
condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato
celebrado. (…)”.
18 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia del 27 de julio de 2023. Expediente 39.121. C. P.
Guillermo Sánchez Luque.
19 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de 2007, Expediente. 31447,
C. P. Ruth Stella Correa Palacio y Sentencia del 10 de marzo de 2011. Expediente 15.935. C. P.
Danilo Rojas Betancourth.
20 Ídem.

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Demandante: Miko S.A.S
Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

44. En consecuencia, siendo la buena fe uno de los principios que rige el
comportamiento de las partes durante todo el trámite contractual, así como su
interpretación, se impone al juez el deber de valorar lo pactado por estas e indagar
el alcance de las modificaciones acordadas, para determinar las responsabilidades
que recaen sobre cada parte, de acuerdo con la ejecución de las obligaciones.

La suspensión temporal del cumplimiento de las obligaciones en la
ejecución del contrato estatal.

45. La jurisprudencia de esta Corporación21, ha manifestado que la suspensión
es una medida excepcional que pueden adoptar de forma bilateral las partes
contractuales ante situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o, en general, ante
circunstancias imprevistas que impidan la ejecución de las obligaciones de dicho
contrato de forma temporal, razón por la cual se ha exigido que estas queden
sujetas a un plazo o condición, permitiendo determinar cuándo se reiniciaría, ya
que de lo contrario, sin la concreción de las situaciones jurídicas, la ejecución del
contrato quedaría en un limbo contrariando el interés público perseguido con la
contratación estatal.

46. Cabe señalar que, si bien la suspensión es una parálisis transitoria del
plazo de ejecución del contrato que, como es natural, afecta el plazo convenido
por las partes “sin perjuicio de destacar que, pese a la suspensión, en todo
caso la relación jurídico - negocial subsiste; en esa medida resulta
perfectamente viable por el acuerdo de las partes y en algunos casos
indispensable por la naturaleza misma del contrato, que el contratista lleve a cabo
labores y actividades tendientes a superar los hechos que hubieren dado lugar a la
suspensión de contrato, o bien a posibilitar la pronta reanudación del mismo” 22
(negrilla fuera del texto original). Así que, en estricto sentido, como lo ha precisado
esta Corporación: “El contrato no cesa con la suspensión, sino que sigue vigente,
en estado potencial o de latencia, pues mientras la terminación de un contrato
afecta, como es obvio, su subsistencia misma, la suspensión afecta las

21 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo del 2022, Exp. 55.864 C.P.

José Roberto Sáchica Méndez.
22 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 12 de mayo de 2011. Exp. 18.446. C.P.
Mauricio Fajardo Gómez.

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Referencia: Controversias contractuales

obligaciones que a las partes les resulta temporalmente imposible de cumplir”23, es
decir, que la suspensión no altera el vínculo contractual, sino solamente las
obligaciones pactadas.

47. En este sentido, se reitera que la suspensión “no puede ser indefinida,
sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de
una condición. Por lo tanto, la suspensión no adiciona el contrato en su vigencia
o plazo, sino que se delimita como una medida de tipo provisional y excepcional
que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad, sujeta a un
término o condición, período este durante el que las obligaciones contenidas en el
contrato no se ejecutan, pero sin que se impute ese tiempo al plazo pactado
inicialmente por las partes”24 (énfasis agregado), por lo que el contrato se reinicia
una vez se ha cumplido el término o la condición dispuesta en el acuerdo de
suspensión.

48. Ahora bien, teniendo en cuenta que la suspensión del contrato estatal no
está expresamente regulada, esta figura se rige bajo el principio de la autonomía
de la voluntad, en virtud del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 25, que reconoce la
libertad negocial de las partes para regular la forma de convenir sus contratos y
adoptar las estipulaciones que consideren, siempre bajo el marco y finalidades de
la contratación estatal.

49. Por ello, al igual que el contrato, la suspensión es regida por el principio “lex
contractus, pacta sunt servanda”, que refiere que los contratos válidamente
celebrados son ley para las partes y solo pueden ser invalidados por el

23 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Sentencia del 5 de Julio de 2016. Exp.

2278.C.P. Germán Bula Escobar.
24 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de 2010, Exp. 16.431.C. P.

Enrique Gil Botero.
25 Ley 80 de 1993. “ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las
estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las
previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los
fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden
público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. (…)”.

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consentimiento mutuo o por causas legales, de conformidad con el artículo 1602 26
del Código Civil.

Marco temporal de la declaratoria de caducidad del contrato

50. De conformidad con el artículo 1827 de la Ley 80 de 1993, en caso de que
se presente algún hecho constitutivo de incumplimiento por parte del contratista
que afecte de forma grave y directa la ejecución del contrato, de forma tal, que
evidencie que puede conducir a su paralización, las entidades estatales tienen la
facultad de declarar la caducidad del contrato.

51. Si bien la precitada norma no estipula de forma expresa cuál es la
oportunidad dentro de la cual se puede declarar, por su naturaleza y fines la
jurisprudencia de la Sala ha explicado de forma pacífica y reiterativa que “la
caducidad del contrato sólo puede declararse durante el plazo de ejecución y
mientras se encuentre éste vigente, y no durante la etapa de la liquidación”28. En
otras palabras, durante el término que el contratista se encuentra contractual y
legalmente habilitado para cumplir con las obligaciones contraídas, que incluye
tanto el plazo original como los adicionales, so pena que el acto quede afectado
con un vicio de nulidad, por falta de competencia ratione temporis, en caso de
declararse fuera de este término.

52. En adición, la Sala ha considerado que la declaratoria de caducidad
procede cuando el contrato se encuentra suspendido por acuerdo de las partes,
en tanto, no se desdibuja la existencia de los supuestos normativos establecidos
por el Legislador para la procedencia de la aplicación de esa cláusula
excepcional29.

26 Código Civil. “ARTÍCULO 1602. LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES. Todo
contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por
su consentimiento mutuo o por causas legales”.
27 Ley 80 de 1993. “ARTÍCULO 18. DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. La caducidad es la

estipulación en virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la
ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de
acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el
estado en que se encuentre. (…)”.
28 Consejo de Estado. Sala Plena. Sección Tercera. Sentencia del 12 de julio de 2012, exp.

15.024. C. P. Danilo Rojas Betancourth.
29 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 10 de octubre de 2022, Exp. 45969 y 32907.

C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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53. Lo anterior, atendiendo que el fin perseguido con la institución de la
caducidad es evitar que se paralice la prestación de los servicios y funciones a
cargo de las entidades contratantes, y asegurar su continuidad, por lo que la
oportunidad para declararla impone que éste no haya culminado, ni procede en la
etapa de liquidación del contrato, dado que, en caso de declarar la caducidad del
contrato con posterioridad al fenecimiento del plazo de ejecución o en el plazo de
liquidación, ello sería desconocer el fin perseguido por la norma y otorgarle un
carácter meramente sancionatorio e indemnizatorio a la estipulación de la
caducidad30..

54. Cabe precisar que la perspectiva de la jurisprudencia de esta Sección al
respecto ha sido:
“(…) que el ejercicio del poder exorbitante de declarar la caducidad de un
contrato se traduzca en una sanción para el infractor del mismo, es un
efecto que se desprende de él, pero que no muta la finalidad perseguida a
través de la misma; vale decir, la caducidad como terminación unilateral de
un contrato ante la infracción de las prestaciones a las que está obligado el
contratista, si bien conlleva una sanción para él, la más drástica en sede
administrativa, no es el fin mismo de la institución, sino el medio y el efecto
propio que se deriva de su imposición para garantizar el interés
público de que se ejecuten debidamente sus prestaciones, objetivo
para el cual está consagrada” 31.(Resaltado y subraya fuera del texto
original).

55. Bajo la misma línea hermenéutica, la Corporación 32 ha manifestado la
importancia de que las entidades públicas pacten plazos razonables y reales para
la ejecución del contrato de forma que se permita el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista, así como su supervisión y la adopción de
medidas legales dentro de los límites temporales dispuestos por la ley, como la
ampliación o la prórroga del plazo, o, si en caso contrario, se requieren tomar
medidas extremas, como la declaratoria de caducidad del contrato, para efectos
de terminar la obra requerida.

30 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 20 de noviembre de 2008, exp. 17.031, C.P.

Ruth Stella Correa Palacio.
31 Sentencia 17.031 ya citada; reiterada en sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp. 45068.

C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
32 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 20 de noviembre de 2008, exp. 17.031, C.P.

Ruth Stella Correa Palacio.

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56. Así las cosas, la Administración no puede disponer de la facultad
excepcional de la declaratoria de caducidad por fuera de los límites materiales y
temporales establecidos por el Legislador, pues esto contraría el propósito de
garantizar la satisfacción de los fines estatales y el interés general, permitiendo
continuar con el objeto del contrato ante un incumplimiento grave de las
obligaciones del contratista.

57. En este orden de ideas, la jurisprudencia ha sido clara al manifestar de
forma irrefutable que, una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato,
desaparece la facultad de la Administración para declarar su caducidad.

58. Por otro lado, en caso que la entidad contratante cuente efectivamente con
la competencia temporal para declarar la caducidad, esta Subsección 33 ha
establecido los presupuestos de validez, así:
“La legalidad de la declaratoria de caducidad, está supeditada a la
concurrencia de los siguientes presupuestos, todos ellos necesarios y de
obligatoria motivación en el acto administrativo correspondiente: (i)
incumplimiento del contratista: comprobación acerca de la inejecución de una
obligación que surge del contrato para el contratista; (ii) inexistencia de un
incumplimiento determinante por parte de la entidad: la entidad estatal no
puede ser responsable en alguna manera del incumplimiento del contratista;
(iii) afectación grave del contrato: el incumplimiento del contratista no puede
ser de cualquier obligación sino de una que afecte de manera directa y grave
la ejecución del contrato; (iv) amenaza de parálisis: el incumplimiento grave
de una obligación debe amenazar con paralizar definitivamente el contrato, a
tal punto de convertirse tal incumplimiento del contratista en un verdadero
obstáculo que impide la realización del objeto contractual y (iv) no puede
aparecer de súbito: la declaratoria de caducidad no puede ser repentina, por
lo que, frente al incumplimiento advertido, la entidad debe efectuar
requerimientos y agotar un procedimiento que garantice el debido proceso y el
derecho de defensa del contratista. La ausencia de alguno de estos
presupuestos afecta la validez de la determinación y origina un derecho
resarcitorio para el contratista injustamente privado del contrato y afectado por
la inhabilidad.”

59. Finalmente, cabe señalar que, frente a un incumplimiento del contratista
respecto a alguna obligación, la entidad pública puede, con posterioridad a la
etapa de ejecución, realizar la declaratoria unilateral de incumplimiento, contenida
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para hacer efectiva la cláusula penal y a

33 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 3 de marzo de 2023. Exp.

55.305. C.P. María Adriana Marín.

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Referencia: Controversias contractuales

la vez las garantías que amparan el contrato, además, por supuesto, podrá ejercer
la acción contractual en procura de reprochar los incumplimientos a que haya
lugar.

Prueba idónea para el reconocimiento de honorarios profesionales

60. Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera, mediante sentencia de 18
de julio de 201934, señaló que, tratándose de honorarios profesionales prestados
por abogados, la factura o su documento equivalente es la prueba idónea para
demostrar el pago, en la cual precisó que:

“(…) debe recordarse que el artículo 615 del Estatuto Tributario dispone que las
personas que ejercen profesionales liberales, es decir, profesiones en las
cuales “… predomina el ejercicio del intelecto, que han sido reconocidas por
el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título
académico”, están obligadas a “… expedir factura o documento equivalente,
y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen,
independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los
impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”.

En virtud de lo anterior, debe entenderse que, como el derecho es una
profesión liberal, quienes lo ejercen están obligadas a expedir la respectiva
factura o su documento equivalente (el cual debe satisfacer los requisitos
previstos en el artículo 617 del mismo estatuto); por tanto, si los abogados están
obligados a expedir una factura por el valor de sus honorarios profesionales, es
dable concluir que ésta es la prueba idónea del pago.

Así, en armonía con las referidas normas tributarias, en los eventos de privación
injusta de la libertad, cuando el demandante pretenda obtener la
indemnización del daño emergente derivado del pago de honorarios
profesionales cancelados al abogado que asumió la defensa del afectado
directo con la medida dentro del proceso penal, quien haya realizado el pago
deberá aportar: i) la prueba de la real prestación de los servicios del
abogado y ii) la respectiva factura o documento equivalente expedido por éste,
en la cual se registre el valor de los honorarios correspondientes a su gestión y
la prueba de su pago, de suerte que, si solo se aporta la factura o solo se
allega la prueba del pago de la misma y no ambas cosas, no habrá lugar a
reconocer la suma pretendida por concepto de este perjuicio” (Resaltado
original).

61. Conforme al anterior marco normativo y jurisprudencial expuesto se
resolverá los problemas jurídicos planteados en la alzada.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,
sentencia del 18 de julio de 2019, exp. 44.572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

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Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

Hechos probados

62. De conformidad con el plexo probatorio obrante en el expediente, se
exponen los siguientes hechos relevantes en orden cronológico:

63. El Municipio de Tauramena y Maquinaria Ingeniería Construcción y Obras
S.A.S. - MIKO S.A.S. suscribieron contrato de obra pública No. 145 del 07 de julio
de 2016 35 , por el valor de TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS
CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($13.265.980.322.82) cuya cláusula
quinta referente al plazo estipuló:

“El contrato tendrá un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES, contados a partir
de la suscripción del acta de iniciación de ejecución de obra, previo cumplimiento
de los requisitos de ejecución exigidos en la cláusula vigésima tercera del
contrato y tendrá una vigencia por cuatro (4) meses más contados a partir del
vencimiento del plazo contractual.”36

64. De acuerdo con el acta de inicio de ejecución contractual37, este comenzó
el 17 de agosto de 2016. Sin embargo, fue suspendido en varias ocasiones, a
saber: (i) el 12 de enero de 2018 se suscribió el acta de suspensión No. 1 38, con
acta de reinicio del 05 de febrero de 2018; (ii) el 06 de febrero de 2018 se
suscribió el acta de suspensión No. 239, con acta de reinicio del 15 de mayo de
2018; y (iii) el 03 de agosto de 2018 se suscribió el acta de suspensión No. 3 40,
con acta de reinicio del 13 de agosto de 201841.

65. En comunicación del 24 de agosto de 2018 42 , MIKO S.A.S. solicitó al
interventor de la obra la suspensión No. 4 con fundamento en una falla geológica
“por un término de un (01) mes, teniendo en cuenta que se está en la fase final
del proyecto es conveniente suspender el contrato, hasta tanto se tenga certeza
del análisis técnico que se está haciendo por parte de los especialistas”.

35 Contrato de obra No. 145 de 2016. Ver SAMAI. Índice 003. Documento No. 3. pp.129 – 139.
36 Acta de inicio de ejecución contractual. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta 5, p. 161.
37 Acta de suspensión No. 2. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta 10, pp. 109-110.
38 Acta de suspensión No. 1. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta 9, pp.177-178.
39 Acta de suspensión No. 2. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta 10, pp. 109-110.
40 Acta de suspensión No. 3. Ver SAMAI. Índice 003. Documento No. 3, pp. 150-151.
41 Acta de reinicio No. 3. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta 17, p. 167
42 Comunicación de MIKO S.A.S. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta 17, p. 177.

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Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

66. Igualmente, mediante comunicación del 24 de agosto de 2018 43 , el
interventor de la obra informó al Secretario de Infraestructura de la Alcaldía de
Tauramena, siendo éste el supervisor del contrato, que daba su aprobación y
viabilidad a la solicitud de suspensión temporal por el término de un (1) mes en
virtud de la falla geológica presentada.

67. En consecuencia, el día 24 de agosto de 2018, las partes suscribieron de
común acuerdo el acta de suspensión No. 444, en la cual, estipularon que:

“2. Que una vez corroborada la justificación expuesta por el constructor y la
interventoría y aceptada se anexa oficio de solicitud del constructor y
concepto de viabilidad de la interventoría se considera VIABLE la presente
suspensión del presente contrato, en un término de Un (01) Mes contados
a partir de la presente acta.

De conformidad con las consideraciones expuestas, las partes.

ACUERDAN

suspender la ejecución del contrato mientras se adelante el análisis técnico
de la nueva falla geológica presentada en el sitio KM 3+240 al KM3+280
del contrato de la referencia, de acuerdo a la visita técnica realizada en
campo el día 30 de julio de 2018 conjuntamente con los especialistas de
obra e interventoría, para poder determinar las posibles alternativas de
solución para la nueva falla”.

68. Así mismo, obra en el plenario correo electrónico del 28 de noviembre de
201845, que el apoyo técnico a la supervisión solicitó a la interventoría con carácter
urgente el informe final “para el respectivo proceso de recibo final de obra y
liquidación bilateral” indicando “que los plazos contractuales están totalmente
vencidos” (Subraya fuera de texto original).

69. Dicha solicitud, fue reiterada por el apoyo técnico a la supervisión por
correo electrónico el 07 de diciembre de 2018 46 insistiendo que “los plazos de

43 Comunicación del interventor. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta 17, pp. 175-

176.
44 Acta de suspensión No. 4 del 24 de agosto de 2018. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25.
Carpeta 17, pp. 171-172.
45 Correo electrónico del apoyo a la supervisión. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25.
Carpeta 17, pp. 156 – 157.
46 Correo electrónico del apoyo a la supervisión que reitera solicitud. Ver SAMAI. Índice 31.
Documento No. 25. Carpeta 17, pp. 158-159.

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Referencia: Controversias contractuales

ejecución se encuentran vencidos”. A continuación, detalló las suspensiones del
contrato, en la cual menciona la suspensión No. 04 del periodo del 24 de agosto al
24 de septiembre de 2018, con fecha de vencimiento del contrato el 27 de
septiembre de 2018 (subraya fuera del texto original). En el mismo informó lo
siguiente:

“Teniendo en cuenta: 1. Que los plazos de ejecución se encuentran
vencidos para el contrato de obra (...). 2. Que las pólizas que cubren la
GARANTÍA ÚNICA contractual están vencidas o por vencer próximamente.
(...) Que en procura del 'interés público' el Municipio debe terminar la obra lo
antes posible para mitigar el 'daño social y patrimonial' causado por el No
cumplimiento a cabalidad del objeto contractual a la fecha. (...) 7. Que los
plazos contractuales están totalmente vencidos. El supervisor (Secretario
de Infraestructura) indicó que se requiere con carácter URGENTE el
informe final que debe presentar la Interventoría para el respectivo
proceso de recibo final de obra y Liquidación bilateral, donde se resuma
la obra realmente ejecutada (...). Debe hacerse una revisión general de la
obra que se puede recibir a satisfacción finalmente. (...). En caso de no
atenderse, se procederá a realizar el respectivo proceso de liquidación
unilateral, acorde con el mandato legal. (...). Se espera poder recibir y
liquidar bilateralmente estos contratos para no hacer más gravosa la
situación para las partes. Por lo tanto, se establece un nuevo plazo de
cinco (5) días hábiles para la entrega del respectivo informe final que
soportará la liquidación final”. (Negrilla en documento original).

70. En atención a la solicitud realizada, el 20 de marzo de 2019 MIKO S.A.S.
remitió el informe final de ejecución de la obra 47, del periodo comprendido entre el
26 de agosto de 2016 y el 20 de marzo de 2019, en el cual indicó la suspensión
No. 4 por el término de un mes y con fecha de terminación contractual, el 27 de
septiembre de 2018 (subraya fuera de texto original). En efecto, señaló:

“En conjunto las actividades que se dejaron de ejecutar, equivalen al 1.8%
del contrato, que equivalen a $142.673.831.82 millones de pesos. Estos
recursos de acuerdo con lo tratado en reunión conjunta con el Alcalde
Municipal, la Supervisión, Contratista e Interventoría, quedarán disponibles
para invertirlo en la construcción de la estructura de contención requerida en
el K3+240 al K3+280”.

71. De otra parte, el informe final de la interventoría48, data del 22 de marzo de
2019, en este, también se menciona la suspensión No. 4 del contrato por el plazo

47 Informe final de ejecución de MIKO S.A.S. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta
16, pp. 86-199 y carpeta 17, pp. 1-130.
48 Informe final de interventoría y sus anexos. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta
11, pp. 79-208; carpeta 12, 13, 14, 15 y carpeta 16, pp. 1 – 85.

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de un (1) mes y se indica como fecha de terminación del plazo de ejecución del
contrato el 27 de septiembre de 2018.

72. Adicionalmente, en el informe final de interventoría se generaron las
siguientes recomendaciones49:

“1. Se recomienda a la administración municipal ejecutar la construcción de
una cimentación con pilotes amarrados mediante una viga cabezal, pantalla
en concreto, con unos anclajes activos para garantizar la penetración a la
zona, después de la línea de falla, de acuerdo al informe técnico de los
estudios y diseños realizados por el contratista MIKO S.A.S, radicados desde
el día 18 de noviembre de 2018. (Subraya fuera del texto original).

2. Teniendo en cuenta que el conjunto de las actividades que se dejaron de
ejecutar, equivalen al 1.8% del contrato, que equivalen a $ 142.673.831.82
millones de pesos. Estos recursos de acuerdo con lo tratado en reunión
conjunta con el Alcalde Municipal, la Supervisión, Contratista e Interventoría,
quedaran disponibles para invertirlo en la construcción de la estructura de
contención requerida en el K3+240 al K3+280”. (Subraya fuera del texto
original).

73. El día 23 de julio de 201950, mediante correo electrónico el apoyo técnico a
la supervisión solicitó al interventor lo siguiente: “Se hace necesario que se
entregue de manera urgente por parte de la interventoría el INFORME FINAL
con las Observaciones subsanadas” (negrilla en documento original).

74. Se anexó el informe final del apoyo técnico a la supervisión el 29 de julio de
201951, en el cual se concluyó que se debía evaluar la posible declaración del
incumplimiento contractual al contratista constructor, teniendo en cuenta que no
terminó la ejecución de la totalidad de la obra contratada, pese a tener aún
recursos disponibles dentro del balance financiero, además que se debía llamar en
garantía a la aseguradora y requerir a la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía
(OAJ) para que evaluara tal situación.

49 Informe final de interventoría. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta 16, pp. 84.
50 Correo electrónico del apoyo técnico de la supervisión. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No.
25. Carpeta 17, p. 162.
51 Informe final de apoyo a la supervisión. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta 17,
pp. 133-155.

21

Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
Demandante: Miko S.A.S
Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

75. El 02 de agosto de 201952, el Secretario de Infraestructura solicitó a la OAJ
apoyo para realizar el respectivo proceso declarativo de incumplimiento
contractual, acorde con el último informe presentado por la interventoría y el apoyo
técnico a la supervisión.

76. Como respuesta a esta solicitud, en comunicación del 05 de agosto de
2019 53 , la OAJ y un asesor jurídico externo le recomendó al Secretario de
Infraestructura que acudiera por vía judicial a la jurisdicción contenciosa para
declarar el incumplimiento y liquidación del contrato con llamamiento en garantía a
la aseguradora “pues aún está viva la acción contractual”. Lo anterior, luego de
manifestar que: “para la fecha de hoy [5 de agosto de 2019] los dos (2) contratos
[el contrato de obra y de interventoría] tienen ocho (8) meses y ocho (8) días de
vencidos en sus plazos de ejecución contractual y cuatro (4) meses y ocho (8)
días sin vigencia, tomando como fecha de terminación el 27 de noviembre de
201854 de acuerdo con las últimas actuaciones administrativas”. Adicional a ello,
se indicó que se le trasladó la comunicación al apoderado judicial del municipio
para instaurar la demanda y a los ingenieros para la formulación de las
pretensiones.

77. El día 22 de abril de 2020, la Secretaria de Infraestructura realizó una visita
técnica55 que tuvo como finalidad “verificar la situación de urgencia que informó la
comunidad sobre el riesgo de quedar sin acceso al casco urbano del municipio
ante el inminente colapso de la estructura de la vía doble calzada en el sector
donde fue el último tramo pavimentado”.

78. En comunicación del 11 de junio de 2020, la OAJ de la Alcaldía de
Tauramena citó a una reunión a la Aseguradora Allianz56 y a MIKO S.A.S.57 con el
fin de encontrar posibles soluciones a la situación presentada “como quiera que la

52 Comunicación del Secretario de Infraestructura. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25.

Carpeta 17, pp. 131.
53 Comunicación OAJ-02-201.010. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta 17, pp. 164-
166.
54 Cabe señalar que si bien en la comunicación de la OAJ se da como fecha de finalización el 27

de noviembre de 2018, no obra en el expediente actuaciones contractuales suscritas por las partes,
luego del acta de suspensión No. 4.
55 Acta de visita técnica del 21 de abril de 2020. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta
17, pp. 196-200 y Informe técnico del 22 de abril de 2020 de la Secretaría de Infraestructura. Ver
SAMAI. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta 17, pp. 182-193.
56 Comunicación de la OAJ. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta 17, p. 201.
57 Comunicación de la OAJ. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta 18, p. 1.

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Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
Demandante: Miko S.A.S
Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

obra no fue ejecutada en su totalidad y a la fecha el plazo de ejecución finalizó sin
haberse adoptado aún medidas legales por el municipio”. (Subraya fuera del texto
original).

79. La Alcaldía Municipal, en comunicación del 03 de septiembre de 2020 58,
solicitó a la Contraloría Provincial la Participación Ciudadana para asistir a una
reunión con el propósito de “establecer la pertinencia de declarar o no el
incumplimiento del contrato del interventor” (…) “como quiera que la obra no sólo
se encuentra inconclusa, sino que a pesar de que el plazo de ejecución se cumplió
el 27 de septiembre de 2018, no hay pronunciamiento alguno de los contratistas”.
(Subraya fuera del texto original).

80. El 09 de septiembre de 202059, el Secretario de Infraestructura, la OAJ del
Municipio de Tauramena y el interventor suscribieron una acta de reunión en el
que se indicó que “el contrato no sólo tiene inconformidades por las fallas
presentadas en la vía, sino que la garantía en el amparo de calidad y estabilidad
de la obra no se ha activado” (subraya fuera del texto original), añade que en
marzo de 2019 se presentó un informe (haciendo referencia al informe final de la
obra) al cual se le han hecho observaciones sin que se allegue la versión
corregida.

81. Frente a lo documentado, MIKO S.A.S. indicó que es importante diferenciar
dos situaciones: (i) la falla geológica que se presentó, causante de la suspensión
No. 4, y (ii) la construcción de los descoles sugerida por el apoyo técnico a la
supervisión ante la situación actual de la obra. También manifestó que respecto a
la falla geológica se remitió una propuesta de construcción de un muro y su
presupuesto, aclara que “respecto a la garantía del amparo de calidad y
estabilidad de la obra no se ha activado porque la obra no se ha recibido”60.

82. La interventoría indicó que las observaciones realizadas al informe fueron
enviadas indicando que “la garantía en el amparo de estabilidad y calidad de la
obra no se ha activado porque las actas de recibo final de obra e interventoría no

58 Comunicación de la Alcaldía Municipal. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta 18,
pp. 19-21.
59 Acta de reunión. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25. Carpeta 18, pp. 39-42.
60 Ídem.

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Referencia: Controversias contractuales

se han firmado por parte de la Alcaldía, se radicaron a la Administración para la
firma, pero no han sido devueltas a la fecha”. Finalmente afirmó que, en cuanto a
la propuesta de noviembre de 2018, presentada por el contratista y el interventor a
la administración, tiene como fin hacer una estructura de contención definitiva que
evite que se siga dañando la vía, pero se necesita la aprobación de la Alcaldía y
se reitera que para activar la póliza se requiere la firma del acta de recibo,
situación que depende del supervisor del contrato.

83. En comunicación del 26 de enero de 202161, la Secretaria de Infraestructura
remitió a la OAJ el informe del contrato de obra No. 145 de 2016 solicitando "se
realice la respectiva audiencia de presunto incumplimiento y declaratoria de
caducidad, que afectó de manera directa la ejecución y paralizó la ejecución de la
obra”. En la descripción del contrato estatal se incluyó el Acta de suspensión No. 4
del 24 de agosto de 2018 y se afirmó que "teniendo en cuenta que el contrato fue
suspendido mediante Acta No. 4 de fecha 24 de noviembre de 2018, que nunca se
realizó la respectiva acta de reinicio No. 4, el contrato aún no ha vencido su plazo
contractual”.

84. En atención a dicha solicitud, en oficio del 27 de enero de 2021 62 el
Municipio de Tauramena citó a audiencia de declaratoria de caducidad al
contratista MIKO S.A.S., señalando como fecha de terminación del contrato el 27
de septiembre de 2018. No obstante, más adelante en el documento indicó las
cláusulas contractuales presuntamente violadas entre las cuales señaló: “(…)
teniendo en cuenta que la última actuación contractual de las partes, el Acta de
Suspensión No. 4, firmada de fecha 24 de Agosto de 2018, y la Comunicación
emitida por Interventoría de fecha 26 de septiembre de 2018, el contrato se
encuentra suspendido, pues no reposa en el expediente contractual de la oficina
asesora jurídica ni acta de reinicio No. 4 suscrita por las partes, ni actualizaciones
a las garantías, quedando pendiente obra por ejecutar conforme lo reconoce el
informe final de interventoría”.

61 Comunicación de la Secretaría de Infraestructura. Ver SAMAI. Índice 31. Documento No. 25.
Carpeta 18, pp. 51-59.
62 Citación a audiencia de declaratoria de caducidad. Ver SAMAI. Índice 003. Documento No. 3,
pp. 140-149.

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Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
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Referencia: Controversias contractuales

85. A través de la Resolución No. 0558 del 07 de julio del 2021 63, el Municipio
de Tauramena declaró la caducidad del contrato. Al respecto, en el punto “2.
DECLARATORIA DE CADUCIDAD, CONTRATO SUSPENDIDO, CONTRATO
FINALIZADO, EXCEPCIÓN CONTRATO NO CUMPLIDO” la Administración se
remitió al principio de “en derecho las cosas se deshacen como se hacen” y al
modo de perfeccionamiento del contrato estatal, frente a lo cual concluyó que no
es posible que encontrándose suscrita un acta de suspensión, se reinicie la
ejecución del contrato, sin la respectiva acta donde así se determine. Sostuvo que
eso sería desconocer el principio de legalidad, que requiere de las solemnidades
para su perfeccionamiento, pues no basta el solo acuerdo de las voluntades, sino
que se requiere que este sea elevado a escrito y se suscriba por ambas partes. En
este sentido, el Municipio de Tauramena reiteró que tenía la facultad temporal
para declarar la caducidad del contrato, ya que, ante la ausencia del acta de
reinicio, el contrato se encontraba suspendido.

86. Posteriormente, mediante Resolución del 15 de septiembre de 2021 64, el
Municipio de Tauramena resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra
del precitado acto. En el ítem “C. RESPECTO A LA IMPOSIBILIDAD DE
DECLARAR LA CADUCIDAD PORQUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA
SUSPENDIDO O EN SU DEFECTO SI SE ENCUENTRA CUMPLIDO EL PLAZO
TAMPOCO PODÍA DECLARARSE LA CADUCIDAD; PROPORCIONALIDAD Y
RAZONABILIDAD DE LA SANCIÓN”, expresó que se deben atender las causas
que motivaron la decisión de declaratoria de caducidad, entre las que se
encuentran “la construcción de todo el tramo con un espesor de carpeta asfáltica
diferente al diseño inicial, así como la suspensión indefinida del contrato, sumado
al abandono de la obra que era responsabilidad del contratista porque como él
mismo lo reconoce la obra aún no ha sido recibida por el Municipio, y el descuido
en la actualización de las vigencias de las garantías otorgadas, conlleva
necesariamente a que el Municipio no solo declare la caducidad, sino que exija el
pago de los daños y perjuicios ocasionados por la no protección de los recursos
públicos invertidos”.

63 Resolución de declaratoria de caducidad del contrato. Ver SAMAI. Índice 003. Documento No. 3,
pp. 1-73.
64 Resolución que resuelve el recurso de reposición. Ver SAMAI. Índice 003. Documento No. 3, pp.
74-124.

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Referencia: Controversias contractuales

87. De otra parte, en cuanto al reconocimiento de pago de honorarios, en el
expediente se encuentra el contrato de prestación de servicios profesionales
suscrito entre MIKO S.A.S. y el abogado Julio Pamplona Avella, así como
comprobantes de egresos por concepto de anticipos sin firma65..

El caso concreto

88. El Municipio de Tauramena sostiene que ostentaba la competencia
temporal para declarar la caducidad del contrato, en tanto al no haberse suscrito el
acta de reinicio No. 4, el contrato estaba suspendido, considerando inadmisible
que la suspensión hubiese finalizado sin la solemnidad. De otra parte, MIKO
S.A.S. alega que la entidad contratante carecía de competencia temporal para
declarar la caducidad del contrato, ya fuera porque este se encontraba
suspendido, no siendo exigibles las obligaciones también suspendidas, o, por
encontrarse que ya había finalizado el plazo de ejecución, siendo incuestionable la
pérdida de la potestad exorbitante del municipio.

89. De acuerdo con los hechos probados, se corrobora que las partes
celebraron un contrato de obra, frente al cual se realizaron cuatro suspensiones,
de las cuales las tres primeras contaron con su respectiva acta de reinicio suscrita
por las partes, situación que no se presentó en la suspensión No. 4 del contrato, la
cual fue suscrita el 24 de agosto de 2018, sin que para el 07 de julio de 2021,
fecha en la cual se declaró la caducidad del contrato se hubiera suscrito acta de
reinicio.

90. Ahora bien, en este punto resulta importante entender qué fue lo pactado
en el acta No. 4, pues de acuerdo con la solicitud del contratista, el concepto de
viabilidad del interventor y la aceptación del supervisor, esta suspensión fue
solicitada y finalmente acordada por el término de un (1) mes, razón por la cual,
una vez cumplido el plazo, el término de ejecución del contrato se reanudaba
conforme fue estipulado por las partes en el acuerdo suscrito.

91. Respecto a lo anterior, las partes actuaron en consecuencia, lo cual queda
probado en: (i) las comunicaciones remitidas por el apoyo técnico en las que

65 Contratode prestación de servicios y comprobantes de egreso. Ver SAMAI. Índice 003.
Documento No. 3, pp. 360 -370.

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Referencia: Controversias contractuales

indicó que el plazo contractual se encontraba vencido y que por ende requería los
informes finales con el fin de proceder con el recibo final de la obra, (ii) las
respuestas del contratista y (iii) de la interventoría, quienes, sin contrariar dichas
afirmaciones, remitieron los informes solicitados; a esto se suma, (iv) las
comunicaciones de la oficina asesora jurídica del municipio en las que recomendó
al supervisor del contrato acudir a la jurisdicción contenciosa para declarar el
incumplimiento, ante el vencimiento del plazo de ejecución del contrato.

92. Aunado a ello, reposa en el expediente la comunicación remitida por la
Alcaldía de Tauramena a la Contraloría General solicitando acompañamiento para
establecer la pertinencia de declarar el incumplimiento del contrato, indicando que
la obra estaba inconclusa y que el plazo de ejecución había finalizado, para así
poder evaluar la necesidad de activar las garantías de amparo de calidad y
estabilidad de la obra.

93. Por lo anterior, de acuerdo con la documental expuesta, es indiscutible que,
tanto para el supervisor del contrato, la interventoría y el contratista, como para el
apoyo técnico a la supervisión y la oficina jurídica del Municipio, el tiempo de
ejecución del contrato había finalizado el 27 de septiembre de 2018, esto de
conformidad con lo dispuesto en la suspensión No. 4 del 24 de agosto de la misma
anualidad.

94. De forma que, si bien con el expediente contractual y los testimonios de los
ingenieros Marisol Sánchez y Uriel Abril queda comprobado que las partes nunca
suscribieron el acta de reinicio correspondiente a la suspensión No. 4, tal como lo
aseguró en el recurso de apelación el Municipio de Tauramena, también queda
probado que la misma acta definió el término de la suspensión en un (1) mes y
que no hubo ningún acuerdo posterior que modificara sus condiciones, esto es,
que se haya ampliado el plazo de suspensión, o realizado alguna otra
modificación en el término del contrato. Por el contrario, se prueba que todas las
partes estaban de acuerdo con el plazo acordado en la suspensión No. 4 y que,
una vez finalizado, el contrato reinició y concluyó una vez cumplido el término
restante.

95. Razón por la cual, la conducta posterior del Municipio de Tauramena no
resulta coherente, puesto que luego de considerar por dos (2) años

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Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
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Referencia: Controversias contractuales

aproximadamente que el contrato de obra ya había finalizado y realizar
actuaciones frente a esto, como la solicitud de acompañamiento a la Contraloría y
el llamamiento a la aseguradora, entre otras, decidió realizar el procedimiento de
caducidad del contrato, declarándola el 7 de julio de 2021, esto es, casi tres (3)
años después de la fecha de finalización del contrato.

96. Por lo anterior, que la entidad municipal sostenga que, en tanto no se había
suscrito la correspondiente acta de reinicio, el contrato se encontraba suspendido
y era procedente iniciar el procedimiento de caducidad del contrato, no solo
contraría lo acordado en el acta de suspensión No. 4, que como se probó no fue
objeto de modificación, sino también su actuación de los dos años anteriores, lo
cual desdice de la disciplina de los actos propios (“venire contra factum proprium
non valet”). En suma, no es de recibo que, con posterioridad a la suscripción del
acta suspensión No. 4, el municipio lo desconozca y actúe en contra de lo
acordado, dejando a un lado el principio de buena fe que impera en todas las
negociaciones y actuaciones del contrato estatal.

97. Cabe señalar que, antes de la solemnidad del acta de reinicio exigida por el
Municipio de Tauramena, está el cumplimiento de lo acordado en el acta de
suspensión, que como se reitera no fue objeto de modificación alguna, por lo que
las partes debían cumplirlo sin objeción alguna, de acuerdo con lo dispuesto en el
principio “lex contractus, pacta sunt servanda”, que refiere que los contratos
válidamente celebrados son ley para las partes y solo pueden ser invalidados por
el consentimiento mutuo o por causas legales.

98. En este punto, se anota que la solemnidad alegada por el Municipio de
Tauramena (acta de reinicio) no es de recibo, ya que esta es exigida para la
celebración del contrato estatal, así como para sus modificaciones, las cuales
deben surtir el mismo proceso que se dio para su constitución, (como es el caso
de las adiciones y prórrogas), que modifican el vínculo jurídico inicial, y en
consecuencia mutan el acuerdo originario66.

99. En el caso del reinicio frente a una suspensión del contrato, considera la
Sala que, cuando de lo acordado en el pacto de suspensión se pueda colegir de

66 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010. Expediente 15.596.
C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
Demandante: Miko S.A.S
Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

forma inequívoca que la misma estaba atada al cumplimiento de una condición o
plazo y que en efecto este se haya dado, no se requiere de un documento
posterior que ratifique lo que ya se pactó, tal como ocurre en el caso sub examine,
pues como fue dicho ut supra, la suspensión No. 4 estaba directamente ligada, y
desde su origen, a un plazo (1 mes); esa fue la intención explícita de los
contratantes, tan es así, que una vez transcurrido el referido plazo (24 de
septiembre de 2018), todas sus actuaciones posteriores evidenciaron, sin lugar a
dudas, que el contrato se había reanudado.

100. Al respecto, también vale destacar que, de conformidad con el artículo 1618
del Código Civil “[c]onocida claramente la intención de los contratantes, debe
estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. En este caso la real intención
de las partes (se reitera) no solo se evidencia en el propio texto del acta de
suspensión No. 4, sino que se corroboró con sus actuaciones, verbi gracia, el
apoyo técnico a la supervisión requiriendo el informe final de interventoría para la
liquidación bilateral del contrato, las comunicaciones de la oficina jurídica de la
alcaldía, así como la solicitud de acompañamiento a la Contraloría y la
aseguradora, que hacen referencia expresamente a que el plazo del contrato
estaba vencido, y que era necesario evaluar la posibilidad de hacer exigibles las
garantías de cumplimiento y de estabilidad de la obra.

101. En síntesis, no puede considerar el Municipio de Tauramena una
suspensión indefinida (más de dos años), desatendiendo no solo lo pactado en el
acta de suspensión, si no sus propios actos, y aún más desnaturalizando la figura
de la suspensión del contrato que es temporal. Así, dado que el plazo del que
dependía la reanudación del contrato se cumplió el 24 de septiembre de 2018, se
concluye que la estipulación de dicho plazo goza de suficiencia, sin que resulte
indispensable, como lo adujo el municipio, la existencia de un acta de reinicio.

102. Con soporte en la documental que yace en el plenario, se constata que el
contrato No. 145 del 07 de julio de 2016, fue prorrogado en cinco ocasiones y
suspendido en cuatro oportunidades, por lo que el plazo se adicionó en catorce
(14) meses, de forma que, si bien inicialmente el contrato finalizaba el 17 de abril
de 2018, sumados los 163 días de suspensión, el contrato venció efectivamente el
27 de septiembre de 2018, como a continuación se expone:

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Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
Demandante: Miko S.A.S
Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

Modificación Fecha Tiempo
Acta de inicio 17 de agosto de 2016 6 meses
Prórroga No. 1 20 de diciembre de 2016 5 meses
Prórroga No. 2 14 de julio de 2017 3 meses
Prórroga No. 3 11 octubre de 2017 2 meses
Prórroga No. 4 14 de diciembre de 2017 1 mes
Prórroga No. 5 16 de mayo de 2018 3 meses
TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO 20 MESES

FECHA DE DÍAS DE
ACTA FECHA DE REINICIO
SUSPENSIÓN SUSPENSIÓN
Suspensión No. 1 12 de enero de 2018 5 de febrero de 2018 24 días
Suspensión No. 2 6 de febrero de 2018 15 de mayo de 2018 99 días
Suspensión No. 3 3 de agosto de 2018 13 de agosto de 2018 10 días
Suspensión No. 4 24 de agosto de 2018 24 de septiembre de 2018 30 días
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN 163 días

103. En este orden de ideas, no cabe duda que a partir del 28 de septiembre de
2018, el Municipio de Tauramena perdió la facultad para declarar la caducidad del
contrato, y esta se produjo, mediante la Resolución No. 0558 del 7 de julio de
2021, en consecuencia, se advierte que los actos administrativos enjuiciados se
encuentran incursos en la causal de nulidad aducida, razón suficiente para
confirmar la sentencia de primera instancia en este punto.

104. Dado que se observa que el estudio sobre la falta de competencia temporal
resulta suficiente para confirmar la sentencia apelada, la Sala se abstendrá de
adelantar el análisis de los demás problemas jurídicos referentes a la declaratoria
de caducidad durante la suspensión del contrato, y si esta cumplía los requisitos
de validez estipulados en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

105. Ahora bien, de otra parte, en cuanto al reconocimiento del pago de
honorarios profesionales, a título de indemnización de perjuicios (solicitada por la
apelante MIKOS S.A.S.), la Sala encuentra que el demandante suscribió un
contrato de prestación de servicios profesionales con el abogado Julio Pamplona
Avella, para que defendiera sus intereses al interior de la causa sub examine.

106. No obstante, de igual forma advierte la Sala que, al margen de la forma en
que se pactó la remuneración de los servicios profesionales, no se aportó la
factura o el documento equivalente expedido por el profesional del derecho que

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Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
Demandante: Miko S.A.S
Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

afirmó haber recibido el pago, circunstancia que, en los términos de la citada
sentencia de unificación67, impide tener por acreditado dicho pago y, de manera
consecuente, el daño alegado por el recurrente.

107. Así las cosas, se insiste que de acuerdo con el artículo 167 del CGP
“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen”, de manera que era una carga procesal de la
parte solicitante demostrar el daño causado con la prueba idónea y al no cumplir
con dicha carga, la consecuencia es la negación de la pretensión indemnizatoria.

La condena en costas

108. De conformidad con el artículo 188 del CPACA la condena en costas se
rige por las normas del procedimiento civil.

109. Así, el numeral 1° del artículo 365 del CGP señala que hay lugar a
condenar en costas a la parte vencida en un proceso o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación68.

110. En el presente asunto las partes interpusieron recursos de apelación y
ninguno prosperó, dado que la sentencia en primera instancia fue confirmada. Así
las cosas, se debe concluir que no hay lugar a condenar en costas en esta
instancia, ya que ambas partes fueron vencidas en sus pretensiones de alzada.

111. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,

sentencia del 18 de julio de 2019, exp. 44.572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
68 El magistrado ponente estima que la no condena en costas al demandante (no así a la parte

demandada), se fundamenta en un criterio subjetivo, y no en el criterio objetivo, en aplicación del
mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme el cual
corresponde en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos
humanos, donde no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en
recursos extraordinarios) comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.

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Radicación: 85001-23-33-000-2022-00025-01 (70.896)
Demandante: Miko S.A.S
Demandada: Municipio de Tauramena
Referencia: Controversias contractuales

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 06 de diciembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en el presente
proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO: En firme esta providencia, por Secretaría REMÍTASE el expediente al
Tribunal Administrativo de origen, para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

VF

32

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