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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00825-01

Fecha
13 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00825-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de enero de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la apelante, las cuales serán liquidadas por el Tribunal a quo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho se fija la suma de 1 salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia, en favor del Distrito de Bogotá –Secretaría Distrital de Planeación y a cargo de Adsumus S.A.S., sucesor procesal de Abits Colombia S.A.S. TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2017-00825-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

13 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00825-01 (71.205)
Demandante: ADSUMUS S.A.S., en calidad de cesionaria de
ABITS Colombia S.A.S.
Demandado: Distrito Capital de Bogotá –Secretaría Distrital de
Planeación
Referencia: Controversias contractuales
Temas: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO – Se debe efectuar en conjunto y del modo
que mejor convenga a la ejecución de la totalidad de las prestaciones / BUENA FE
CONTRACTUAL - Implica para las partes la observancia de una conducta enmarcada
dentro del contexto de los deberes de corrección, claridad y recíproca lealtad que se deben,
para permitir la realización de los efectos finales buscados con el contrato /
INTERVENTORÍA – Consiste en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato
que realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal,
cuando medie mandato legal, cuando supone conocimiento especializado en la materia o
cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen / INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL – El nombramiento del interventor no era una obligación legal ni
contractual / VALIDEZ DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES – No se
configuraron los cargos de nulidad alegados / se valoraron las pruebas conducentes para
declarar el incumplimiento / DICTAMEN PERICIAL – El estudio fue realizado en
servidores ajenos a los de la entidad contratante y no se garantizó la integralidad del
software - no ofreció precisión ni certeza de su contenido / CARGA DE SUSTENTACIÓN
DE LA APELACIÓN – El recurso debe contradecir los argumentos de la sentencia de
primera instancia

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 26 de enero de 2024, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La controversia gira en torno al supuesto incumplimiento de la Secretaría Distrital
de Planeación, de lo pactado en el contrato 299 de 2012, que suscribió con Abits
Colombia S.A.S.1. Además, el demandante cuestionó la legalidad de los siguientes
actos administrativos expedidos por la entidad demandada: (i) Resolución 678 del
19 de junio de 2015, confirmada mediante Resolución 740 del 1 de julio de 2015,
que impuso una multa al contratista; (ii) Resolución 1467 del 9 de diciembre de 2015,
confirmada a través Resolución 1619 del 28 de diciembre de 2015, que declaró el
incumplimiento e hizo efectiva la cláusula penal; y (iii) Resolución 1699 de 22 de

1 Se advierte, desde este momento, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del 18 de abril de

2018, reconoció a Adsumus S.A.S. como sucesor procesal de Abits Colombia S.A.S., debido al contrato de
cesión de derechos suscrito entre ellas (folios 224 a 230 del cuaderno principal).

1

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00825-01 (71.205)
Demandante: ADSUMUS S.A.S.
Demandado: Distrito Capital de Bogotá –Secretaría Distrital de
Planeación
Referencia: Controversias contractuales

noviembre de 2016, por la que la entidad contratante liquidó unilateralmente el
negocio jurídico.
ANTECEDENTES

La demanda

3. El 9 de mayo de 20172, la sociedad Abits Colombia S.A.S. (en adelante, Abits
S.A.S., contratista o demandante primigenia), a través de apoderado judicial,
presentó demanda de controversias contractuales contra el Distrito Capital de
Bogotá –Secretaría Distrital de Planeación (en lo sucesivo, SDP, entidad contratante
o demandada), con el fin de que se declare el incumplimiento del contrato No. 299
del 7 de diciembre de 2012, así como la nulidad de múltiples decisiones adoptadas
durante la ejecución contractual.

4. Sobre el particular, elevó las siguientes pretensiones (se transcribe de forma literal,
incluso con los posibles errores):
“2. Pretensiones.
2.1. Que se declare que la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá incumplió
el contrato No. 299 de diciembre 7 de 2012, el cual suscribió la firma Abits
Colombia S.A.S. para hacer el diseño y seguimiento de la Fase I de la nueva
herramienta de seguimiento al Plan de Desarrollo.
2.2. Que se declare que, como consecuencia de lo anterior, la Secretaría Distrital
de Planeación de Bogotá no podía declarar el incumplimiento del contrato No. 299
de diciembre 7 de 2012 en contra de Abits Colombia S.A.S., y por ende no podía
imponer multas, declarar incumplimientos, imponer cláusulas penales o proceder
a la liquidación unilateral del mencionado contrato.
2.3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 678 de junio 19 de 2015 e
virtud de la cual la SDP impuso una multa al contratista Abits Colombia S.A.S.
2.4. Que se declare la nulidad de la Resolución 740 de julio 1 de 2015, en virtud
de la cual la SDP resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
678 de 2015.
2.5. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1467 de diciembre 9 de 2015,
en virtud de la cual la SDP declaró el incumplimiento e impuso la cláusula penal
al contratista Abits Colombia S.A.S.

2.6. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1619 de 2015, en virtud de la
cual la SDP confirmó en todas sus partes la Resolución 1467 de 2015, luego del
recurso de reposición interpuesto por Abits en contra de la misma.
2.7. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1699 de 22 de noviembre de
2016 por la cual se liquidó unilateralmente el contrato No. 299 de 2012.
2.8. Que se ordene a la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá D.C., que se
avenga a cumplir los términos del contrato No. 299 de diciembre 7 de 2012, el cual
suscribió con la firma Abits Colombia S.A.: para hacer el diseño y desarrollo de la
Fase I de la nueva herramienta del seguimiento del Plan de Desarrollo.
2.9 Que la Secretaría Distrital de Planeación indemnice los perjuicios materiales y
morales causados como consecuencia de la conducta antijurídica desplegada a
lo largo y con posterioridad a la ejecución del contrato No. 2999 de diciembre 7 de
2012.
2.9.1. Por daño emergente.

2 Folios 3 a 24 del cuaderno principal.

2

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00825-01 (71.205)
Demandante: ADSUMUS S.A.S.
Demandado: Distrito Capital de Bogotá –Secretaría Distrital de
Planeación
Referencia: Controversias contractuales

2.9.1.1. La suma de mil novecientos veinticuatro millones de pesos
($1.294’000.000) que corresponden al valor de las actividades y tiempos
adicionales que tuvo que asumir Abits durante el año y medio adicional de plazo
de ejecución del contrato.
(…).
2.9.1.2. La suma de setenta millones novecientos cuarenta y cinco mil seiscientos
pesos ($70’945.600) por concepto del cobro no debido de la multa de apremio
impuesta a través de la Resolución No. 678 de junio 19 de 2015.
2.9.1.3. La suma de ochenta millones seiscientos veinte mil pesos ($80’620.000)
por concepto del cobro no debido de la multa de apremio impuesta a través de la
Resolución No. 1437 de 9 de diciembre de 2015-
2.9.1.4. La suma de cien millones de pesos ($100’000.000) por concepto de los
honorarios de abogados y gastos de defensa jurídica en que ha incurrido e
incurrirá la firma Abits Colombia S.A.S. y su representante legal como persona
natural, como consecuencia de la actuación antijurídica de la SDP.
2.9.1.5. La suma de doscientos millones de pesos ($200’000.000) por concepto
de demandas de carácter laboral que enfrenta y enfrentará Abits Colombia S.A.S.
y su representante legal como persona natural, por reclamaciones presentadas y
que presenten sus ex empleados como consecuencia de la conducta antijurídica
desplegada por la SDP (…)
2.9.2. Por lucro cesante,

2.9.2.1. La suma de cuatrocientos ochenta y tres millones setecientos veinte mil
pesos ($483’720.0000) por concepto de saldo pendiente de pago a favor de Abits
por la ejecución del contrato No. 299 de 2012.
2.9.2.2. La suma de mil setecientos veintinueve millones de pesos (1.729’000.000)
que corresponden al lucro cesante por utilidades y que debería percibir Abits en
los próximos diez (10) años y que no recibirá a causa de la conducta antijurídica
de la SDP (…)
2.9.3. Por perjuicios inmateriales.
2.9.3.1. Por perjuicios morales. La suma de $295’086.8000, equivalentes a 400
SMMLV (…)
2.9.3.2. Por daño a la salud. La suma de $295’086.8000, equivalentes a 400
SMMLV (…)
2.9.4. Por otros perjuicios. Como quiera que los daños y perjuicios, tanto de
carácter material como inmaterial, se siguen causando (demandas en curso,
acreencias laborales, cobros de aseguradoras, bancos, etc.), solicito que se
ordene a la SDP pagar los que se causen y se demuestren debidamente a lo largo
de la actuación procesal.
2.10. Que se conmine a la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá D.C. a
observar estrictamente la normativa, principios rectores, jurisprudencia y principios
éticos de contratación administrativa que deben atender las entidades públicas al
momento de planear y ejecutar cualquier actividad contractual.
2.11. Que se disponga que la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá D.C.
de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.
2.12. Que se condene en costas a la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá.
D.C., de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del CPACA”3.

5. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se mencionaron los siguientes.

3 Según el escrito de demanda, específicamente, los folios 5 a 8 del cuaderno principal.

3

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00825-01 (71.205)
Demandante: ADSUMUS S.A.S.
Demandado: Distrito Capital de Bogotá –Secretaría Distrital de
Planeación
Referencia: Controversias contractuales

6. La Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá D.C., a través de licitación pública
No. SDP-LP-008-2012, seleccionó a la empresa Abits Colombia S.A.S., con el fin
de realizar el “diseño y desarrollo de la fase I de la nueva herramienta de
seguimiento al Plan de Desarrollo”4.

7. El 7 de diciembre de 2012 se suscribió el contrato No. 299 con el objeto descrito
desde el procedimiento de selección. Las partes pactaron el valor en ochocientos
seis millones doscientos mil pesos ($806’200.000) y el plazo de ejecución inicial fue
de 12 meses a partir de la firma del acta de inicio5, la cual se suscribió el 5 de febrero
de 2013. Sin embargo, se firmaron tres prórrogas que extendieron el negocio hasta
el 31 de agosto de 2015.

8. La Secretaría Distrital de Planeación adoptó las siguientes resoluciones
(demandadas en el sub lite): (i) 678 del 19 de junio de 2015, que impuso una multa
al contratista por los retrasos en la presentación de los módulos de avance; (ii)
Resolución 1467 del 9 de diciembre de 2015, que declaró el incumplimiento de Abits
S.A.S. e hizo efectiva la cláusula penal6; y (iv) la Resolución 1699 del 22 de
noviembre de 2016, mediante la que liquidó unilateralmente el negocio jurídico.

9. La parte demandante afirmó que, durante la ejecución del negocio, la SDP incurrió
en diversos tipos de incumplimientos, que clasificó como: (i) administrativos, porque
no designó un gerente de proyecto, lo que generó dificultades en la interlocución
con la entidad, reprocesos y falta de dirección; además, aseveró que la sustitución
de supervisores a lo largo del contrato contribuyó a la ejecución desconectada y
desordenada de las obligaciones contractuales por parte de la SDP; (ii) técnicos,
por la falta de entrega de información oportuna, la ausencia de disponibilidad de
recurso humano capacitado y la generación de requerimientos injustificados; (iii)
jurídicos, pues con las resoluciones demandadas se vulneró el debido proceso y el
derecho de defensa del sancionado7; y (iv) financieros, debido a que únicamente
recibió el pago correspondiente al 40% del valor del contrato8, a pesar de haber
ejecutado el 92.5% del objeto contractual9.

10. Bajo el panorama descrito, Abits S.A.S. estimó en su escrito de demanda que, como
la SDP incumplió sus obligaciones contractuales, no tenía la facultad para multar,
declarar el incumplimiento, ni liquidar unilateralmente el negocio jurídico.

4 Pliego de condiciones definitivo que obra en los folios 332 a 366 del cuaderno de pruebas número 3.
5 Cláusula novena del contrato No. 299 de 2012.
6 Las decisiones 678 de 2015 y 1619 de 2015 fueron confirmadas a través de la Resoluciones 740 del 1 de julio

de 2015 y 1619 del 28 de diciembre de 2015, respectivamente.
7 Sobre la imposición de la multa, manifestó que se incluyeron hechos posteriores a los mencionados en la

citación a la audiencia de descargos y que no se tuvo en cuenta la prueba de funcionalidad realizada por el
contratista. De la declaratoria de incumplimiento, reprochó que no se decretaron las pruebas solicitadas por
Abits y que la entidad llegó a la diligencia con la decisión tomada y la Resolución 1467 de 2015 proyectada. Por
último, cuestionó que, para proferir el acto que liquidó unilateralmente el contrato, no participaron los
supervisores, ni se tuvo en cuenta las pruebas aportadas por Abits con las que demostró el cumplimiento del
objeto contratado.
8 Suma que identificó en tres pagos, discriminados así: (i) 5% al momento de entregar a satisfacción el plan de

trabajo; (ii) 15% por el levantamiento de la información y (iii) 20% de la entrega del diseño detallado de la
solución.
9 Según el contratista, el porcentaje de ejecución del contrato que faltó por cumplir no dependía de su conducta

contractual, porque estaba relacionado con la etapa de pruebas que debía desarrollar la entidad contratante, en
ese sentido, recordó que 11 días antes de finalizar el plazo contractual, solo quedaban pendientes de resolver
48 incidencias reportadas por la SDP, de un total de 1.176 iniciales.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00825-01 (71.205)
Demandante: ADSUMUS S.A.S.
Demandado: Distrito Capital de Bogotá –Secretaría Distrital de
Planeación
Referencia: Controversias contractuales

11. Por último, el contratista expresó que, debido a la conducta antijurídica de la entidad
demandada durante la ejecución del contrato, su situación financiera se vio
perjudicada irremediablemente, por lo que tuvo que afrontar demandas laborales de
sus empleados, y su representante legal padeció afectaciones personales y
familiares de índole moral.

Fundamentos de derecho

12. En el escrito de demanda se adujo que el contrato No. 299 de 2012 se encuentra
sometido a las disposiciones consagradas en la Ley 80 de 1993; en ese contexto,
como el artículo 13 de la referida norma contempla que los contratos estatales se
someterán a lo dispuesto en las leyes civiles y comerciales, invocó los artículos 1546
y 1609 del Código Civil, para argumentar que en los negocios bilaterales debe
aplicarse la condición resolutoria en caso de que las partes no cumplan con lo
pactado y que ninguno de los contratantes estará en mora de cumplir si su
contraparte no ha cumplido su obligación.

Trámite de primera instancia

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 14 de junio
de 201710, admitió la demanda en contra del Distrito Capital de Bogotá –Secretaría
Distrital de Planeación y ordenó la vinculación al proceso, en calidad de tercero
interesado, de Seguros Generales Suramericana S.A., como garante del contrato
No. 299 de 2012.

14. La parte actora, mediante memorial del 18 de septiembre de 201711, puso en
conocimiento del Tribunal el contrato de cesión de derechos litigiosos suscrito entre
Abits Colombia S.A.S., cedente, y Adsumus S.A.S., cesionario. El a quo, a través
de auto del 18 de abril de 201812, admitió la sucesión procesal y reconoció al último
mencionado como demandante en el sub lite.

Contestaciones de la demanda

15. La Secretaría Distrital de Planeación se opuso a las pretensiones de la demanda 13
y manifestó que fue Abits S.A.S. quien incumplió el contrato No 299 de 2012, por no
entregar a la entidad una herramienta integrada de software para la programación,
seguimiento y evaluación del Plan Distrital de Desarrollo, según lo pactado en la
cláusula segunda del negocio en la que se definió el alcance del objeto contractual.

16. La SDP sostuvo que, por solicitud expresa del contratista, existieron 3 prórrogas del
contrato No. 299 de 2012 para finalizar las actividades pendientes en la elaboración
del software; pero que, a pesar del tiempo adicional, Abits S.A.S. no cumplió con las

10 Folios 29 a 31 del cuaderno principal.
11 Folio 59 del cuaderno principal.
12 Folios 224 a 230 del cuaderno principal.
13 Como excepciones planteó las siguientes (i) legalidad de los actos administrativos demandados, sin que

existe irregularidad e ilegalidad en su conformación; (ii) cumplimiento de los fines contractuales del Estado al
proferir las resoluciones acusadas; (iii) inexistencia de perjuicio indemnizable, porque la entidad no provocó
ningún daño antijurídico al contratista y (iv) culpa exclusiva de la víctima en la producción del daño y perjuicio.

5

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00825-01 (71.205)
Demandante: ADSUMUS S.A.S.
Demandado: Distrito Capital de Bogotá –Secretaría Distrital de
Planeación
Referencia: Controversias contractuales

obligaciones contractuales. Añadió que, en estos acuerdos, se indicó que no había
lugar a ejecutar actividades adicionales, ni reconocimiento de mayores costos.

17. Sobre la pretensión relacionada con las demandas de naturaleza laboral14, la SDP
expresó que las eventuales responsabilidades que deba afrontar Abits S.A.S. se
derivaban de la vinculación entre la empresa y sus empleados. Asimismo, en cuanto
a los perjuicios inmateriales y de daño a la salud solicitados en beneficio del
representante legal de la sociedad, la entidad, en su escrito de defensa, adujo que
no tenía ninguna relación con esta persona que no es parte del contrato, ni
demandante en el sub lite, por lo que no es lógico ni legal que reclame perjuicios a
nombre propio o de su familia.

18. En su escrito de contestación, Seguros Generales Suramericana S.A. manifestó:
“[N]o me opongo a las pretensiones de la demanda porque las mismas no se dirigen
contra mi representada”, por ende, propuso la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva, porque el objeto del contrato de seguro era proteger a la SDP
ante un eventual incumplimiento de Abits S.A. y no a la inversa. En ese sentido,
agregó que la compañía cumplió con su obligación de pagar solo las sumas de
dinero ordenadas en las resoluciones 678 y 1467 de 2015 que declararon el
incumplimiento parcial y definitivo del negocio jurídico.

Sentencia de primera instancia15

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
mediante providencia del 26 de enero de 2024, negó las pretensiones de la
demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones.

20. En cuanto a la pretensión de declaratoria de incumplimiento de las obligaciones a
cargo de la SDP, resolvió desfavorablemente cada uno de los cargos planteados en
la demanda, así: (i) la entidad estuvo representada por dos coordinadores de
proyecto, uno funcional y uno técnico que ejercieron las funciones de gerencia del
proyecto; (ii) la SDP no estaba obligada a contratar una interventoría y podía
designar esa labor en los funcionarios de la entidad especialistas en el área
requerida, como en efecto lo hizo; (iii) no había lugar a reconocer actividades
adicionales porque en las prórrogas que se suscribieron se indicó que los
requerimientos pendientes de solucionar eran originados por factores técnicos del
proyecto no imputables a las partes y que no implicaban acciones diferentes a las
del objeto contractual, anotación que no fue objetada por el contratista.

21. Por otra parte, desestimó las pretensiones de nulidad de los actos administrativos
demandados, porque no vulneraron el debido proceso, ni el derecho de defensa de
Abits S.A.S., bajo los siguientes argumentos: (i) en la decisión por medio de la cual
se le impuso una multa al contratista fueron determinantes los atrasos en el
cumplimiento del objeto del negocio, sin que el sancionado haya probado que se
incluyeron imputaciones que hubieran diferido de las señaladas en la citación a

14 Al respecto, en la pretensión 2.9.1.5., la parte demandante indicó las siguientes demandas que ha afrontado

en calidad de demandado: (i) “Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogotá, demandante: Davide Esteban Barrios
Rodríguez” y (ii) “Juzgado 22 Laboral del Circuito de Bogotá, demandante: José Roberto Freile Baldovino”. En
ninguno de los procesos referenció el número de radicado.
15 Actuación digital, consultada en el índice 93 aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

6

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00825-01 (71.205)
Demandante: ADSUMUS S.A.S.
Demandado: Distrito Capital de Bogotá –Secretaría Distrital de
Planeación
Referencia: Controversias contractuales

audiencia o sobre las que no pudo defenderse; (ii) el Tribunal razonó que la entidad
podía preparar la audiencia sancionatoria y que dicha circunstancia no implicó la
nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento definitivo del negocio.
Agregó que la demandada analizó las pruebas para resolver sobre la ejecución de
las obligaciones y explicó con suficiencia las razones para no acceder a la solicitud
de aplazamiento de la diligencia; (iii) señaló que en los fundamentos del acto
administrativo que liquidó unilateralmente el contrato No. 299 de 2012 se tuvo en
cuenta el informe final de la supervisión, y explicó que no era obligatorio que los
supervisores suscribieran la decisión.

22. Respecto del dictamen pericial con el que la demandante primigenia pretendió
demostrar la realización del objeto, el Tribunal desestimó dicho medio probatorio,
dado que el perito manifestó que no tuvo trazabilidad de la versión del software que
probó y que no podía garantizar que no tuviera modificaciones o mejoras desde que
finalizó el plazo contractual hasta la fecha del estudio y porque el ensayo no se hizo
en los servidores de la SDP, sino en un ambiente proporcionado por Abits S.A. De
otra parte, consideró que el incumplimiento del contratista fue evidente si se tiene
en cuenta que él mismo solicitó y cuestionó en el sub lite que no se hubiera otorgado
una cuarta prórroga para concluir con la entrega de la solución contratada.

23. Por último, con fundamento en el artículo 188 del CPACA y 365 del CGP, condenó
en costas a la parte demandante y fijó las agencias en derecho por un valor
equivalente al 1% de las pretensiones de la demanda.

El recurso de apelación16

24. Adsumus S.A.S. presentó recurso de apelación, en el que manifestó su
inconformidad con la sentencia de primera instancia, por considerar que el a quo
incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, dado que -en su
criterio- desconoció los hechos expuestos en la demanda, los cuales fueron
demostrados mediante las pruebas practicadas en el proceso y que sustentan las
pretensiones de la demanda:

25. En relación con el incumplimiento del contrato No. 299 de 2012 por parte de la SDP
señaló, en síntesis, lo siguiente: (i) se demostró que la entidad faltó a la obligación
de designar un gerente del proyecto que era necesario para la planificación y
comunicación entre las partes para resolver problemas complejos durante la
ejecución contractual. Sobre este punto, precisó que los supervisores del contrato
no podían tener dicha calidad, porque se convertirían en juez y parte del negocio
jurídico; (ii) la valoración inadecuada de los testimonios condujo al Tribunal a
concluir que no era necesario designar un interventor, lo cual conllevó a desconocer
el texto literal del contrato y la legislación sobre la interventoría en los contratos
públicos; (iii) reprochó la ausencia de evaluación de la prueba pericial con la que se
demostró, a su juicio, que el sistema era funcional, y cuestionó que no se hubiera
dado credibilidad al perito en el desarrollo de su ciencia; (iv) las actividades
adicionales de aspectos técnicos no previstos en el anexo 1 fueron descartadas con

16 Actuación digital, consultada en el índice 98 aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

7

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00825-01 (71.205)
Demandante: ADSUMUS S.A.S.
Demandado: Distrito Capital de Bogotá –Secretaría Distrital de
Planeación
Referencia: Controversias contractuales

fundamento en el contenido de las prórrogas, sin analizar las mayores cantidades
de horas requeridas para cumplir los nuevos requerimientos.

26. Por otra parte, en relación con la legalidad de las decisiones demandadas, el
apelante fundó el que llamó defecto fáctico de la providencia apelada en lo siguiente:
(i) solamente se examinó lo planteado en los informes de los supervisores de la SDP
y no las demás pruebas del expediente; (ii) no se refirió a los testimonios para
despachar estas pretensiones; (iii) tampoco se analizó el ensayo del software que
realizaron los delegados del contratista durante la presentación de los descargos;
(iv) la entidad contratante tenía la obligación de hacer los ensayos integrales de las
funcionalidades del sistema en el ambiente de la entidad; y (v) la SDP, con la
liquidación unilateral del contrato, de manera arbitraria e injusta, acabó con el
trabajo y esfuerzos de una empresa que jamás había sido señalada por
incumplimientos o situaciones de esta naturaleza.

27. Por último, agregó que el dictamen pericial fue valorado de manera incorrecta y que
se desconoció que el perito es experto en su asunto, por lo que sus afirmaciones
gozan de plena validez probatoria para demostrar la funcionalidad del sistema
desarrollado por Abits S.A.

Trámite en segunda instancia

28. El recurso fue admitido mediante auto del 20 de junio de 202417 y, posteriormente,
la parte demandada allegó memorial de oposición18. Seguros Generales
Suramericana S.A también se pronunció sobre la impugnación y solicitó acceder a
las pretensiones de nulidad planteadas en la demanda porque “las resoluciones
demandadas vulneran y desconocen lo pactado en el contrato”19. El Ministerio
Público guardó silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

29. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales: jurisdicción,
competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por activa y por
pasiva, el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial y verificados los
requisitos de la demanda en forma, procede la Sala a decidir la segunda instancia
de la presente litis20.

30. En ese sentido, al haberse verificado el cumplimiento de los presupuestos
procesales previamente mencionados, le corresponde a la Sala estudiar de fondo
la controversia en esta instancia. Con ese propósito, se abordarán los siguientes
asuntos: 1. El objeto del recurso de apelación y los problemas jurídicos para resolver
la controversia; 2. El caso concreto; 2.1. Régimen jurídico del contrato 299 de 2012

17 Índice 5 de Samai.
18 Remitido el 28 de junio de 2024. Índice 12 de Samai.
19 Índice 11 de Samai.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, expediente 46.005,

C.P. Danilo Rojas Betancourth, a cuyo tenor: “si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere
competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general (…) desde luego, sin
perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones
que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la
causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como
fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-00825-01 (71.205)
Demandante: ADSUMUS S.A.S.
Demandado: Distrito Capital de Bogotá –Secretaría Distrital de
Planeación
Referencia: Controversias contractuales

y la naturaleza de las decisiones demandadas; 2.2. Análisis del incumplimiento del
negocio jurídico que se endilga a la SDP; 2.3. La validez de los actos administrativos
demandados; 2.3.1. Imposición de multa; 2.3.2. Declaratoria de incumplimiento y
efectividad de la cláusula penal pecuniaria; 2.3.3. Liquidación unilateral del negocio
jurídico; 2.4. Conclusiones; y 3. Condena en costas.

El objeto del recurso de apelación interpuesto y los problemas jurídicos para
resolver la controversia

31. En el contexto identificado, con el objetivo de resolver el recurso de apelación, en
esta instancia, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos específicos
presentados en contra de la sentencia de primer grado, que guarden relación con la
causa petendi planteada en la demanda21, los cuales, por regla general, establecen
la competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se
deban auscultar y definir de manera oficiosa22, en virtud de lo establecido en el
artículo 328 del CGP23.

32. Así, con base en la impugnación del fallo de primera instancia, los problemas
jurídicos concretos a resolver son los siguientes: (i) determinar si la SDP incumplió
el contrato No. 299 de 2012, debido a la falta de designación de un gerente de
proyecto y de un interventor del proyecto y si esas omisiones conllevaron a que
Abits S.A.S. realizara actividades adicionales; (ii) establecer si en la Resolución 678
del 19 de junio de 2015, y en el acto que la que la confirmó, se vulneró el debido
proceso del sancionado, Abits S.A.S.; (iii) definir si en la Resolución 1467 de 2015,
y la decisión confirmatoria, por medio de las que se declaró el incumplimiento del
contratista, la entidad contratante vulneró el derecho de defensa y, además, si el
demandante demostró el cumplimiento del objeto contractual; y (iv) comprobar si la
manifestación de la apelación en relación con el acto administrativo que liquidó
unilateralmente el contrato fue debidamente sustentada, de forma que pueda -o no-
ser tomada como un verdadero cargo en contra de la sentencia, y, únicamente en
caso de que el recurso cumpla con esa carga, se analizará si dicho corte de cuentas
fue expedido de manera arbitraria e injusta, como lo manifestó el recurrente.

21 Se advierte que los problemas jurídicos a resolver, en función de la sentencia impugnada y el respectivo

recurso, también deben ser congruentes y coherentes con la fijación del litigio del proceso, realizada durante la
audiencia inicial: ¿Debe declararse la nulidad de las resoluciones 678 de 19 de junio de 2015, 740 de 1 de julio
de 2015, 1467 de 9 de diciembre de 2015, 1619 de 28 de diciembre de 2015 y 1699 de 22 de noviembre de
2016, por las cuales la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá impuso una multa al contratista Abits
Colombia S.A.S., declaró el incumplimiento del Contrato No. 299 de 7 de diciembre de 2012, hizo efectiva la
cláusula penal y liquidó unilateralmente el contrato?, de igual forma deberá determinarse si ¿hay lugar a declarar
que la Secretaría Distrital de Planeación incumplió el contrato No. 299 de 7 de diciembre de 2012 que tuvo por
objeto el “diseño y desarrollo de la fase I de la nueva herramienta de seguimiento al Plan de Desarrollo”, y en
caso afirmativo si ¿debe reconocerse el pago de los perjuicios solicitados en la demanda? El despacho
considera que no debe hacerse ningún pronunciamiento frente a las pretensiones alusivas a los perjuicios
morales y a la salud padecidos por el representante legal de la sociedad Abits Colombia S.A.S. y su núcleo
familiar, en razón a que Gustavo Adolfo Villa no dio poder en nombre propio, así como tampoco confirieron
poder su esposa e hijos, aunado que se trata de una controversia de naturaleza contractual” (expediente digital,
índice 2 de Samai).
22 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, expediente 46.005,

C.P. Danilo Rojas Betancourth.
23 Artículo 328: “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos

por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

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El régimen jurídico del contrato y la naturaleza de las decisiones impugnadas

33. Con el fin de resolver los cargos de la apelación, la Sala considera pertinente traer
a colación, de manera previa, las características y especificaciones del negocio
jurídico objeto de estudio, con el fin de precisar el régimen jurídico que debe tenerse
en cuenta en el sub lite y la naturaleza de las resoluciones demandadas.

34. En ese sentido, se destaca que el contrato 299 de 2012 fue suscrito por la Secretaría
Distrital de Planeación de Bogotá, organismo del sector central del Distrito Capital,
que -a su vez- cuenta con la condición de entidad territorial, según lo dispuesto en
el artículo 286 de la Constitución Política24. Así, se advierte que, en su calidad de
contratante, se encuentra entre las entidades estatales relacionadas en el artículo
2 de la Ley 80 de 199325.

35. Sobre el particular, con los documentos aportados al expediente26, se corrobora
que la Secretaría Distrital de Planeación adelantó un procedimiento de selección
mediante la licitación pública SDP-LP-008 de 2012, regulado por el numeral primero
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

36. Posteriormente, se suscribió el contrato 299 de 201227, cuyo objeto consistió en
elaborar el “diseño y desarrollo de la fase I de la nueva herramienta de seguimiento
al Plan de Desarrollo”, en el que Abits S.A.S. se obligó, entre otros asuntos, a
elaborar un sistema que funcionara adecuadamente sobre la plataforma tecnológica
de la SDP y la entidad se comprometió a entregar como contraprestación el valor
de $806’200.00028.

37. Sobre el particular, la Sala observa, de acuerdo con la naturaleza de la entidad
contratante, las normas que regularon el procedimiento de selección y las
obligaciones principales, que se trató de un contrato estatal con el que se pretendió
superar la necesidad de contar con una herramienta tecnológica para hacer el
seguimiento y la administración del banco de programas y proyectos del plan distrital
de desarrollo29, encaminado a lograr la satisfacción del interés general perseguido30
y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados31.

24 Artículo 286: “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios
indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan
en los términos de la Constitución y de la ley”.
25 Artículo 2: “Para los solos efectos de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales:

a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las
áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía
mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades
descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública
mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles” (se destaca).
26 A saber: (i) estudios previos; (ii) estudio de mercado; (iii) pliego de condiciones, y (iv) anexo técnico, que se

encuentran sucesivamente en folios 313 a 392 del cuaderno de pruebas número 3.
27 Cuaderno número 3 de pruebas.
28 Ídem.
29 Descripción de la necesidad descrita en los estudios previos, cuaderno de pruebas número 3.
30 Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 2009, C.P. María Victoria Calle Correa, a cuyo tenor: “El fin de la

contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés
general (…). En este orden de ideas, la defensa del principio del interés general no sólo constituye la finalidad
primordial sino el cimiento y la estructura de la contratación administrativa, y en esa medida todas las actividades
que se desarrollan en torno a la contratación pública son preponderantemente regladas, quedando muy poco
espacio para la discrecionalidad”.
31 Ley 80 de 1993. Artículo 3: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con

la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente

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38. Con ocasión de ello, se suscribió un acuerdo conmutativo y bilateral, cuyo régimen
jurídico aplicable correspondió, principalmente, a las normas que conforman el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), que, para
la fecha de suscripción del negocio jurídico -7 de diciembre de 2012-, correspondían
a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las modificaciones introducidas por el
Decreto Ley 19 de 2012 y la Ley 1474 de 2011. No se debe dejar de lado que, a la
luz del artículo 13 de la primera norma referenciada, este tipo de negocios se rigen
por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, en aquellas materias que no
se hallen particularmente reguladas en este estatuto32.

39. Bajo esos preceptos, la Sala, con el fin de resolver sobre los cargos de nulidad
planteados en el sub lite en contra de las Resoluciones 678 y 740 de 2015 (por
medio de las cuales se impuso una multa al contratista) y de las Resoluciones 1467
y 1619 de 2015 (que declararon el incumplimiento), aclara que estas decisiones
constituyeron una manifestación unilateral de la voluntad de la SDP en el marco de
un contrato estatal y bajo el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474
de 2011, cuyo régimen jurídico, se reitera, se enmarcó en las normas que conforman
el EGCAP y, por ende, constituyen actos administrativos33.

Análisis del incumplimiento del negocio jurídico que se endilga a la SDP

40. Para resolver este cargo, la Sala parte por precisar que el recurrente cuestionó, a
través de la apelación, que no se valoraron adecuadamente las pruebas aportadas
al proceso, y en concreto hizo referencia a: (i) la apreciación inadecuada de los
testimonios; (ii) la falta de análisis de los documentos contractuales y (iii) la indebida
valoración del dictamen pericial. Según el apelante, estos medios probatorios
demostraron el incumplimiento del contrato por parte de la SDP, en relación con el
desconocimiento del contrato y la legislación sobre la designación de un interventor
del negocio jurídico y la ausencia de un gerente de proyectos que era necesario
para resolver problemas complejos durante la ejecución contractual y, además, que
los supervisores del contrato no podían tener dicha calidad, porque se convertirían
en juez y parte del negocio jurídico.

41. Así las cosas, la Subsección inicia el análisis del recurso por recalcar, en relación
con la supuesta obligación legal de designar un interventor del negocio jurídico, que
en el artículo 32 de la Ley 80 de 199334, el legislador únicamente previó la

prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”.
32 Ley 80 de 1993. Artículo 13: “Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del

presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias
particularmente reguladas en esta ley”.
33 Sobre la naturaleza de este tipo de decisiones, esta Subsección ha adoptado el mismo criterio; al respecto,

se pueden consultar: sentencia del 10 de octubre de 2022, expediente 45.969, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico. Reiterado en providencia del doce (12) de julio de dos mil veinticuatro (2024), expediente 69.817, C.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez.
34 Artículo 32. “De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de

obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o
en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
1o. Contrato de Obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción,
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.

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obligatoriedad de interventoría para hacer seguimiento a los contratos de obra
derivados de un procedimiento de selección de licitación pública, lo cual no ocurrió
en el presente caso, en tanto el negocio jurídico difiere de la tipología contractual
descrita.

42. De ese modo, corresponde revisar lo pactado entre las partes en el texto del contrato
No. 299 de 2012, así como en los demás documentos que lo conforman35, con el fin
de determinar si existió o no la obligación contractual de designar un interventor.

43. Previo a ello, precisa la Sala que, según lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1474
de 2011, el objeto de la interventoría, como una de las modalidades de vigilancia de
la correcta ejecución de lo contratado, tiene como fin proteger la moralidad
administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la
transparencia de la actividad contractual36. A renglón seguido, la citada norma
detalla que “[l]a interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal
fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo
justifiquen”. Bajo tal entendido, la interventoría es contemplada desde dos puntos
de vista, a saber: uno orgánico, esto es, que corresponde a un sujeto experto y
exógeno a la entidad pública que lo contrata (a diferencia de la supervisión, que es
ejercida por el mismo ente estatal, cuando no se requieren conocimientos
especializados); y material o sustantivo, que atañe a la actividad de vigilancia (en lo
que no se separa de la supervisión)

44. Sobre el rol del interventor, esta Subsección ha considerado lo siguiente:
“Precisamente, para efectuar ese seguimiento técnico especializado, es decir, para
controlar, verificar y exigir que el objeto final se cumpla con las especificaciones
técnicas y en la forma y tiempo debidos la entidad pública debe designar o contratar
a un interventor, según corresponda. En otras palabras, la interventoría es un
medio de control administrativo que ejercen las entidades públicas en relación
con el contratista que funge como colaborador de la administración, para
garantizar los fines perseguidos con la contratación estatal”37 (se destaca).

45. Al examinar en conjunto todos los instrumentos del negocio jurídico, la Sala advierte
que, en su contenido, no se acordó que la SDP debía designar un interventor en el

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación
o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en
los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto…” (se destaca).
35 Contrato 299 de 2012. “Cláusula vigésima novena. Documentos del contrato. Se incorporan al presente

contrato y por lo tanto hacen parte integral del mismo los documentos que se relacionan a continuación: 1)
Estudios, documentos y pliego de condiciones que dieron origen al presente contrato. 2) Todos los documentos
que se alleguen o expidan con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato. 3)
propuesta presentada por el contratista. 4) Los enunciados en el presente contrato”.
36 “ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad

administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”.
37 Sentencia del 14 de julio de 2016, exp. 35.763, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, criterio reiterado en

providencia del 17 de octubre de 2023, exp. 69.492. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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sentido orgánico38, es decir, un tercero especializado que vigilara la correcta
ejecución del contrato. Por el contrario, se constata que entre las obligaciones
asumidas por la SDP se consignó, entre otras, la de “aprobar a través del interventor
las directrices y orientaciones generales para el desarrollo del contrato”39 y también
se hizo mención a esta función en la cláusula novena40, que estableció el plazo de
ejecución del contrato y en cuyo parágrafo se indicó que, previo a la suscripción del
acta de inicio, el contratista debía acreditar ante el interventor la afiliación al sistema
de seguridad social de sus empleados.

46. Para la Sala, la referencia a la figura del interventor que se hizo en el texto
contractual no constituyó una obligación de la entidad para suscribir un contrato de
interventoría para que un externo hiciera una vigilancia técnica al cumplimiento de
las obligaciones con las implicaciones que ello conlleva41. En su lugar, lo que se
referenció fueron una serie de actuaciones precisas (entregar las orientaciones
generales para el desarrollo del negocio y verificar la afiliación al sistema de
seguridad social de los empleados del contratista), lo cual podía -como, en efecto,
lo hizo- realizar directamente la entidad, a través de sus funcionarios, sin que
hubiese constituido el incumplimiento alegado por el aquí demandante, según lo
evidenciado con la suscripción del acta de inicio del 5 de febrero de 201342 y la
aceptación de la fase de diseño en la que se consignaron las indicaciones para el
desarrollo del software43.

47. Precisamente, el ya citado artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 señala que, para
aquellos contratos en cuyo seguimiento no se requieren conocimientos
especializados, esa labor puede ser desempeñada por la misma entidad estatal,
caso en el cual basta realizar la vigilancia por medio de un supervisor. Aun cuando
en este caso las partes hayan otorgado la denominación de interventor al
funcionario encargado de dichas labores, ello no desplaza el alcance material de
esas actividades que, por implicar el otorgamiento de directrices apenas generales
(cláusula sexta) y verificación de la afiliación al sistema de seguridad social de los
empleados de la contratista (cláusula novena), podían ser efectuadas por la misma

38 Contrato 299 de 2012. “Cláusula sexta. Obligaciones del Distrito Capital – SDP. 1) suministrar la información

necesaria y oportuna para el desarrollo del objeto del contrato. 2) Servir como enlace entre el contratista y las
distintas entidades con las cuales se va a interactuar para el desarrollo de las actividades propias del contrato,
3) Aprobar la garantía única constituida por el contratista; 4) Dar respuesta oportuna a las solicitudes del
contratista con ocasión a la ejecución del contrato; 5) Garantizar el acceso y la movilidad dentro de sus
dependencias a los empleados del contratista para prestar los servicios; 6) Impartir al contratista a través del
interventor las directrices y ordenes generales para el desarrollo del contrato; 7) Aprobar dentro de los siete días
hábiles siguientes al inicio de la ejecución del contrato las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el
contratista”.
39 Ídem. Se destaca.
40 Contrato 299 de 2012. “Cláusula novena. El plazo de ejecución del contrato será de doce meses contados a

partir del acta de inicio, la cual deberá suscribirse por el contratista y los supervisores. Parágrafo Previa
suscripción del acta de inicio del contrato el contratista deberá acreditar ante el interventor del mismo, la
afiliación al sistema de seguridad social (…).
41 Al respecto, recientemente esta Corporación se pronunció sobre la finalidad del contrato de interventoría, así:

“El contrato estatal de interventoría es una especie del contrato de consultoría, en virtud del cual se supervisa
la debida ejecución de otro negocio u otra actividad que se espera concluya debidamente, lo que representa un
servicio prestado por una persona de calidades especiales, para que, entre otros, un proyecto se lleve a cabo
de conformidad con lo estipulado en el contrato. Como se observa, es un elemento de la esencia del contrato
de interventoría que se vigile un objeto negocial o una actividad específica para que llegue a buen término”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2024, expediente 67.095, C.P.
Nicolas Yepes Corrales.
42 Visible en el cuaderno de pruebas número 5 (páginas 527 a 529).
43 Folios 1300 a 1308 del cuaderno de pruebas número 6.

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SDP. Frente a lo anterior, la SDP refutó que, “si eventualmente la sociedad
accionante consideró que la ejecución del contrato era compleja funcional y
técnicamente hablando (…), debió en la etapa de precisión del alcance y contenido
del pliego de condiciones, realizar las observaciones pertinentes y poner de
presente las supuestas “complejidades” (…)”44, consideración que la Sala comparte
de cara a la protección de la buena fe que se debe respetar en las diferentes etapas
del contrato, como lo ha rescatado la jurisprudencia de esta Sección:
“Las partes, con fundamento en el postulado de la buena fe, deben comportarse
de forma coherente y no pueden contradecir injustificadamente sus conductas
anteriores «venire contra factum proprium non valet» —teoría o doctrina de los
actos propios—. La inobservancia de este deber puede dar origen a diversas
consecuencias, tales como desestimar las pretensiones o excepciones
fundadas en un comportamiento contradictorio o, incluso, la responsabilidad
por la infracción al deber de ejecutar los contratos de buena fe45”46.

48. Aunado a lo anterior, se destaca que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1622 del Código Civil47, lo pactado en el negocio jurídico debe interpretarse en su
conjunto y del modo que mejor convenga a la ejecución de la totalidad de las
prestaciones. En ese sentido, se advierte que las funciones que se previeron
desarrollar en las ya citadas cláusulas sexta (emitir directrices generales) y novena
(verificar la afiliación a la seguridad social) del contrato no implicaron materialmente
la necesidad de un acompañamiento de un tercero con conocimiento especializado
en el desarrollo de software, con mayor razón si los usuarios finales de la
herramienta serían los funcionarios de la propia SDP y la ciudadanía que accedería
al instrumento, por lo que es coherente que ese rol de vigilancia haya sido asumido
directamente por la entidad y no a través de un contratista consultor, sin que ello
redundara en un incumplimiento de lo acordado, precisamente, a falta de una
obligación en tal sentido, contrario a lo alegado por la accionante.

49. Una vez descartado el motivo de incumplimiento desarrollado, corresponde analizar
la supuesta falta de comunicación entre los funcionarios de la entidad contratante y
Abits S.A.S., que se reprochó debido a la ausencia de un gerente del proyecto.
Frente a ello, se encuentra que en el ítem 13 del anexo técnico del pliego de
condiciones48, se contempló dicho rol con el fin de asegurar el éxito, la calidad y la
implementación del sistema en cada una de las etapas y durante el plazo y costos
pactados, el cual sería designado por la SDP sin que se establecieran condiciones

44 Vid. escrito de pronunciamiento frente al recurso de apelación.
45 Cfr. Corte Suprema de Justicia. sentencia de 5 de agosto de 2014 [fundamento jurídico 5.2] y Consejo de

Estado, Sección Tercera. Subsección A, sentencia del 13 de noviembre de 2013, Rad: 21.865 [fundamento
jurídico 4], en Antología Jurisprudencias y Conceptos. Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A,
Bogotá. Imprenta Nacional, 2018. p. 467, disponible en https://cutt.ly/OQ9KFJH.” (citación en el original).
46 Sentencia del 16 de diciembre de 2022, exp. 41653, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
47 Artículo 1622. “Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido

que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las
mismas partes y sobre la misma materia. O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes,
o una de las partes con aprobación de la otra parte”.
48 Anexo técnico. “13. Organización del proyecto a utilizar en el desarrollo del proyecto. El comité directivo estará

integrado por personal de alto nivel de la SDP, recibirá los informes mensuales que entregue el gerente del
proyecto y será la instancia que tomará las decisiones relacionadas con las modificaciones al proyecto. (Folios
367 a 392 del cuaderno de pruebas número 3)
Gerente del proyecto: persona designada por la SDP que tendrá la responsabilidad de asegurar el éxito del
proyecto, garantizando la calidad en la implementación de la solución en cada una de las etapas y actividades
definidas, para la ejecución del proyecto dentro del tiempo y costos pactados.

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o requisitos adicionales en relación con la procedencia (interna o externa a la
entidad) de la persona que ejerciera tal función.

50. Sobre este asunto, el recurrente manifestó que, en el fallo dictado por el a quo, la
valoración de los testimonios y del dictamen pericial no fue efectuada de manera
objetiva, lo que le llevó a concluir que no era necesario designar un interventor del
contrato, ni un gerente del proyecto. Adicionalmente, el quejoso adujo que con
dichos medios probatorios se demostró la funcionalidad del sistema desarrollado
por Abits S.A.S., motivo por el cual la Sala pasará a analizar este motivo de
inconformidad.

51. De acuerdo con lo acontecido en la ejecución del contrato y que fue relatado por los
testigos49, se encuentra lo siguiente:

52. En primer lugar, intervino la persona que actuó como líder del proyecto de parte de
la empresa Abits Colombia S.A.S., quien manifestó que los supervisores no tenían
la visión global de lo que se pretendía lograr, ni el nivel de empoderamiento
necesario para el desarrollo de las pruebas del software, debido a que los
empleados de la entidad formulaban nuevas incidencias que implicaban un
reproceso y más tiempo de desarrollo para las entregas. Indicó que, a pesar de ello,
de acuerdo con el ensayo realizado por el contratista en el trámite del procedimiento
administrativo sancionatorio, se demostró que el sistema era funcional y que si bien
había aspectos que debían mejorarse, no desvirtuaban la idoneidad de la
herramienta. La Sala recalca que, de los testimonios solicitados por la parte
demandante, este fue el único que se decretó y practicó.

53. Posteriormente, se tomó declaración a los testigos solicitados por la parte
demandada, comenzando por la persona que fungió como profesional especializado
de la SDP y supervisor funcional del contrato. El declarante exteriorizó que, en
ejercicio de su función, el tiempo apremiaba, por lo que hubo necesidad de realizar
varias prórrogas del plazo con el fin de que Abits S.A.S. cumpliera con el objeto
contractual, sin que esos acuerdos implicaran mayor costo para las partes. Sostuvo
que la comunicación entre las partes era fluida y con reuniones de trabajo
semanales o quincenales y advirtió que nunca transcurrió más de un mes sin que
se analizara el avance de las actividades.

54. La supervisora técnica del contrato también rindió testimonio, en el que expresó que
las prórrogas al negocio se realizaron porque el contratista requería más tiempo
para el desarrollo del proyecto, sin que ello implicara costos adicionales para las
partes. Además, precisó que el sistema no se podía recibir incompleto debido a que
se requería el producto final para que los usuarios lo pudieran operar.

55. Seguidamente, intervino otro empleado de la SDP, que fungió como técnico
operativo durante la ejecución del negocio jurídico, y manifestó que los diferentes
módulos del software tenían que funcionar de manera individual y en conjunto; sin
embargo, destacó que los empleados de la entidad no pudieron realizar ninguna

49 Dichas pruebas testimoniales fueron practicadas en diligencias del 22 y 23 de noviembre de 2022 (acta

obrante en el índice 86 de Samai de primera instancia). Las grabaciones de la audiencia de pruebas se
encuentran en el índice 3 del historial de actuaciones de Samai del Consejo de Estado.

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prueba integral de la herramienta, dado que no se logró finalizar la fase singular.
Además, manifestó que hubo incidentes que, a pesar de tener solución técnica,
nunca se lograron superar, lo que generó situaciones bloqueantes que impedían
continuar la actividad.

56. A su vez, el técnico administrativo de la SDP que hizo parte del equipo de
generación de los ensayos funcionales del sistema relató que se efectuaron pruebas
de algunos módulos individuales que tardaban máximo dos semanas, pero que no
funcionaban como un sistema porque no se comunicaban entre sí. Sobre el mismo
aspecto, agregó que las actividades no se suspendían deliberadamente, sino que,
ante la inoperatividad de alguna de las herramientas, el examen no podía continuar,
puesto que era una secuencia de pasos que debían cumplirse.

57. Por último, también se recibió el testimonio de quien se vinculó al proyecto, en la
fase final, como asistente de apoyo de la Dirección de Programación y Seguimiento
a la Inversión de la SDP y, en relación con el aspecto objeto de estudio, únicamente
manifestó: “No se llegó al cumplimiento porque el objeto del contrato era una
herramienta con funcionalidades en el ambiente de la SDP que implicaba unos
módulos pero no se logró una integralidad del sistema ni una prueba integral”50.

58. En ese contexto, la Sala pasa a explicar los motivos por los cuales las declaraciones
no tienen la suficiencia para demostrar lo alegado por el recurrente en el recurso de
apelación. Como se observa de manera preliminar, las posiciones de los
declarantes solicitados por las partes demandante y demanda difieren entre sí,
comoquiera que el testigo de Abits S.A.S. aseveró que, pese a algunas falencias
del software, éste era funcional, mientras que los deponentes de la SDP se
apartaron de esta conclusión.

59. Aunado a ello, de los testimonios referenciados, se evidencia que el líder del
proyecto de parte de Abits S.A.S. imputó que la difícil comunicación con la entidad
-debido a la falta de idoneidad de los supervisores del contrato- conllevó a los
atrasos en el cumplimiento de lo pactado. No obstante, esas declaraciones se
contradicen con lo afirmado por los testigos aportados por la SDP, quienes adujeron
que, durante la ejecución del contrato, se atendieron de manera diligente las
comunicaciones del contratista, que las reuniones de avance se realizaban semanal
o quincenalmente y, además, que los ensayos de funcionamiento de los avances
no tardaban más de una semana en resolverse.

60. Si bien los testigos coincidieron en que el cronograma de actividades podía verse
afectado porque la SDP no continuaba con las pruebas cuando generaba
incidencias bloqueantes que imposibilitaban pasar a las siguientes fases, la causa
de dicho atraso se justificó de manera diferente: por un lado, el representante de
Abits S.A.S. indicó que esas situaciones no eran motivos suficientes para suspender
el ensayo de la herramienta y no recibir los módulos; pero, por otro, los funcionarios
de la SDP adujeron que dichas circunstancias impedían analizar en conjunto el

50 Ídem.

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sistema como una solución definitiva para hacer seguimiento al cumplimiento del
Plan Distrital de Desarrollo.

61. Adicionalmente, la Subsección destaca que las partes suscribieron tres prórrogas
que extendieron el plazo contractual hasta el 31 de agosto de 2015 51, por solicitud
expresa de Abits S.A.S.52 y cada una de ellas se justificó en exigencias técnicas del
proyecto y las incidencias encontradas al realizar las pruebas. Además, el
contratista señaló, en todas las ocasiones, que el mayor tiempo para desarrollar el
objeto del negocio no generaba costos superiores a los previstos, porque no
implicaba la elaboración de aspectos adicionales.

62. En ese orden, se destaca que la ampliación del plazo contractual se fundó, con
anuencia del contratista, en las dificultades técnicas del proyecto y no en la conducta
contractual de ninguna de las partes, de hecho, se constata que, expresamente, se
acordó que las circunstancias complejas acaecidas durante la ejecución del negocio
no eran imputables a los cocontratantes.

63. Así, la Sala considera que, para resolver este asunto concreto, se debe tener en
cuenta que lo esgrimido en la demanda y en la apelación respecto de que las
supuestas falencias en la coordinación de la SDP por falta de interventor (externo)
o gerente de proyectos, que habrían conllevado a demoras en la ejecución del
proyecto que implicaron una ampliación del plazo, resulta alejado de la realidad
contractual y -por ello- del principio de buena fe, debido a que es contrario a la
rectitud y probidad que la parte actora alegue un supuesto incumplimiento al deber
coordinación, como causa de los atrasos en las actividades que conllevaron a
suscribir nuevas prórrogas, cuando lo que muestra el expediente es que el
contratista las suscribió fundado en motivos diferentes a los que ahora expresa.
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Subsección ha acentuado:
“Frente a esto, resulta importante mencionar la expresión “venire contra factum
proprium non valet”, a la que se ha referido la jurisprudencia de esta
Corporación, como expresión del principio general de la buena fe, que obliga a
los sujetos jurídicos a mantener un comportamiento coherente con los propios
actos y reprocha la conducta de una persona que se contrapone con su
comportamiento anterior.

En consecuencia, siendo la buena fe uno de los principios que rige el
comportamiento de las partes durante todo el trámite contractual, así como su
interpretación, se impone al juez el deber de valorar lo pactado por estas e
indagar el alcance de las modificaciones acordadas, para determinar las
responsabilidades que recaen sobre cada parte, de acuerdo con la ejecución
de las obligaciones” 53.

64. De lo anterior se resalta, especialmente, que en el sub lite se evidenció que el
contratista durante el iter contractual, en reiteradas ocasiones, suscribió prórrogas

51 Los documentos contractuales de ampliación del plazo fueron los siguientes: (i) una primera prórroga por un

plazo de cuatro meses, firmada el 4 de febrero de 2014; (ii) la segunda, por cinco meses, del 3 de junio de 2014;
y (iii) finalmente, la tercera adición en el tiempo de nueve meses y doce días, suscrita el 19 de noviembre de
2014. Se encuentran en los folios 1323 a 1324, 1453 a 1451 del cuaderno de pruebas número 6 y 1602 a 1604
del cuaderno de pruebas número 7.
52 Las solicitudes de prórroga elevadas por el contratista a la entidad contratante se encuentran en los folios

1314 a 1315, 1450 y 1559 del cuaderno de pruebas número 6, respectivamente.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A, 13 de agosto de

2024, exp. 70.896, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.

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con la entidad contratante en las que indicó que la causa del plazo adicional se
debió a factores ajenos a la conducta de las partes, con el fin de lograr el correcto
desarrollo del objeto negocial. En ese sentido, para resolver el cargo relacionado
con la causa que conllevó a la ampliación del plazo contractual, es necesario -en
efecto- acudir al principio de la buena fe contractual y dar aplicación a la teoría de
que no es factible desconocer los actos propios exteriorizados durante la ejecución
del negocio, máxime cuando se tiene el fin de imputar un supuesto incumplimiento
a la entidad por falta al deber de coordinación54.

65. Así las cosas, a modo de recapitulación, la Sala evidencia que la valoración
conjunta55 de los testimonios practicados en el proceso no permite demostrar con
claridad, ni idoneidad, las supuestas consecuencias negativas durante la ejecución
del contrato No. 299 de 2012 imputables a la entidad contratante y que justificaran
el incumplimiento de parte del contratista en la entrega de la herramienta contratada
en las condiciones y términos pactados. Bajo tal entendido, la Sala también
considera infundado el reproche a la valoración probatoria efectuada por el Tribunal
a quo, en cuyo fallo se tuvieron en cuenta los contenidos de las declaraciones
practicadas56 y se apreciaron a la luz del material probatorio obrante en el plenario.

66. En ese orden de ideas, la Sala estima que la parte demandante no demostró que
las obligaciones establecidas en el contrato a cargo de la SDP incluyesen la
vigilancia del cumplimiento del negocio por medio de una interventoría (en cuanto a
la referencia al término interventor en sentido orgánico), ni que la gerencia del
proyecto tuviera que estar a cargo de un tercero externo a las partes. Además,
tampoco se acreditó la supuesta falta de idoneidad de los funcionarios de la SDP ni
que, por su causa, el contratista estuviera obligado a la ejecución de actividades
adicionales y, por ende, no se hubiera podido cumplir con el objeto contractual.

67. En tal sentido, el primer problema jurídico concreto debe ser resuelto de manera
negativa, en el sentido de declarar que no se demostró el incumplimiento del
contrato No. 299 de 2012 por parte de la Secretaría Distrital de Planeación.

La validez de los actos administrativos demandados

68. Según el apelante, los actos administrativos, mediante los cuales se le impuso una
multa, vulneraron su debido proceso porque la entidad contratante no tuvo en
cuenta las pruebas presentadas por el contratista en el trámite sancionatorio, entre
las que destacó el ensayo del software. De igual forma, sostuvo que no se
atendieron los argumentos de los descargos en los que se refirió a la complejidad
técnica del proyecto, la ausencia de comunicación fluida con la entidad y la
incoherencia de las especificaciones ordenadas por los funcionarios de la SDP que
conllevaron a un retrabajo en la solución de las incidencias, e indicó que, para

54 Se aclara que lo expresado no supone una exigencia a la parte demandante de haber reclamado primero

ante la entidad, como presupuesto para discutir sobre el incumplimiento en sede en judicial, sino que se
cuestiona su incongruencia en relación con lo que fue la causa de la ampliación del plazo y lo alegado,
posteriormente, ante este contencioso-administrativo.
55 Artículo 167 del CGP: “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la

sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de
ciertos actos”.
56 Al respecto, vid. párrafo 109 y -entre otros- 114 y ss. del fallo de primera instancia.

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cumplir con el objeto contractual, se requería un interventor o gerente de proyecto
con dedicación de tiempo completo. Además, señaló que era obligación contractual
de la SDP planear y hacer los ensayos integrales de las funcionalidades del Sistema
en el ambiente de la entidad durante la ejecución del negocio jurídico.

69. A partir del cuestionamiento realizado, la Sala pone de presente que, en la
Resolución 678 del 19 de junio de 2015, que declaró el incumplimiento parcial e
impuso una multa al contratista57, la SDP referenció los cargos según el informe de
supervisión, los argumentos de defensa y los medios probatorios practicados. Tras
ello, la entidad concluyó que el negocio se encontraba en un punto de ejecución en
el que los retrasos incidían gravemente en su culminación, especialmente, porque
impedían la verificación de la idoneidad de la herramienta. Al respecto, relacionó los
siguientes aspectos que no cumplieron con la programación prevista en la prórroga
no. 3:
Nombre Inicio Fin Retraso con corte al
20 de abril de 2015
Módulo de 19/11/2014 3/04/2015 17 días
revelación de
información
Pruebas 10/12/2014 3/04/2015 17 días
unitarias
Reportes plan 3/02/2015 10/02/2015 70 días
de desarrollo
Reportes banco 3/02/2015 10/02/2015 70 días
de proyectos
Reportes plan 10/02/2015 17/02/2015 62 días
de acción
Reportes 12/05/2015 24/02/2015 56 días
Reportes 10/12/2014 17/12/2014 Entregados en
históricos marzo generando
un retraso de 90
días.
Preguntas de 15/01/2015 22/01/2015 88 días
negocio
Visor a la 12/02/2015 18/02/2015 62 días
ciudadanía
Registro de 30/01/2015 27/02/2015 Se ha realizado el
hallazgos registro de nueve
incidencias de
reportes históricos.
50 días
Corrección de 6/02/2015 6/03/2015 No se cuenta con la
los hallazgos totalidad de los
reportes.
Aprobación de 3/04/2015 3/04/2015 17 días, no se tiene
resultados de la totalidad de
los casos de información
prueba requerida (…)58.

70. Con fundamento en ese informe de supervisión, el Director de Gestión Contractual
realizó la citación al contratista y al garante del contrato Suramericana S.A., con el
fin de llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

57 Folios 489 a 518 del cuaderno de pruebas número 3.
58 Ídem.

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71. En ejercicio de su derecho de defensa, Abits S.A.S. presentó descargos, en los que
indicó, en síntesis, que: (i) el sistema involucró una complejidad tecnológica alta; (ii)
los casos de uso tenían muy poco nivel de detalle, lo que generó múltiples ciclos de
corrección y (iii) la ejecución de las obligaciones contractuales fue descoordinada y
hubo falta de comunicación e incoherencia de las especificaciones que hacían los
funcionarios de la SDP. Como pruebas, solicitó realizar la presentación del software
con el fin de evidenciar los avances obtenidos en cada uno de los módulos y aportó
en medio digital múltiples documentos contractuales59.

72. El Director de Gestión Contractual decretó todas las pruebas solicitadas por los
vinculados en el procedimiento sancionatorio; en cuanto a la presentación del
software por parte del contratista, indicó que debía realizarse en el ambiente de la
SDP con el fin de acreditar su funcionalidad en los servidores de uso.

73. En cuanto a la valoración probatoria, la entidad contratante, en la Resolución
cuestionada descartó cada uno de los argumentos del escrito de descargos 60 y
posteriormente consideró:
“En relación con la prueba desarrollada por la firma, es importante resaltar que
mediante oficio 2-2015-27491 se reiteró que la prueba debía realizarse en el
ambiente de pruebas de la SDP con las condiciones técnicas establecidas (…).
No obstante, la firma realizó dichas pruebas en un ambiente propio, en
servidores externos a la SDP, por lo que la firma no cumplió con el principal
requisito acordado para la prueba.
(…). Tal como se mencionó anteriormente, las evidencias mostradas por la firma
en el desarrollo de la prueba se orientaron a resolver temas puntuales pero en
ningún momento se mostró que se diera solución a todos los inconvenientes que
no han permitido finalizar las pruebas unitarias y la operación entre los diferentes
módulos al interactuar entre ellos.
Lo anterior permite concluir que al no contar con los desarrollos desplegados en
el ambiente de pruebas de la entidad, la fecha de finalización de pruebas
unitarias es aún incierta, considerando que aún hay aproximadamente 100
incidencias pendientes de resolver generadas por las pruebas unitarias, lo que
conlleva a que se siga impactando el cronograma del proyecto generando
mayores retrasos a los ya existentes (…).
(…) Es de recordar que el objetivo del contrato era contar con una herramienta
actualizada, tecnológica y conceptualmente a las necesidades de información de
la ciudad y si bien es cierto que el sistema actual se encuentra en
funcionamiento, se concluye que existen perjuicios al no contar con una
herramienta actualizada con nuevas utilidades tanto para las entidades como
para la generación de información para la ciudadanía”61.

74. Con fundamento en el análisis citado, la entidad, en la Resolución 678 de 2015,
concluyó que, de las pruebas aportadas y practicadas, se ratificaban las falencias

59 Documentos que enunció así: (i) casos de uso; (ii) actas de reuniones y comunicados; (iii) casos de uso

adicionales; (iv) documentos de contradicción a Edward Daza; (v) reglas banco de proyectos; (vi) email entrega
de información; (vii) email comunicación falta de información; (viii) solicitud certificado digital; (ix) solicitud
definición interfases; (x) incidencias; (xi) casos de uso aprobados; (xii) informe sobre 180 incidencias; (xiii) email
que solicitó no detener las pruebas funcionales y (xiv) email en que se pidió no reabrir incidencias.
60 Que se habían subtitulado: (i) casos de uso incompleto con demasiado retrabajo; (ii) incidencias a las que se

ha invertido gran cantidad de trabajo adicional; (iii) funcionalidades adicionales; (iv) módulos con gran cantidad
de retrabajo por incidencias; (v) falta de colaboración; (vi) entrega tardía de documentos; (vii) tareas a cargo de
la SDP y de terceros que no se llevan a cabo a tiempo; (viii) reportes de incidencias que adicionan el alcance
de lo pactado; (ix) falta de claridad de los usuarios y suspensión de pruebas bajo argumentos no válidos y (x)
incidencias que no se deberían reabrir.
61 Ídem.

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de Abits S.A.S. en la ejecución de actividades puestas en evidencia en los informes
de la supervisión. Por lo anterior, declaró el incumplimiento parcial del contratista y
le impuso una multa por valor de setenta millones novecientos cuarenta y cinco mil
seiscientos pesos ($70.945.600). Contra esta decisión el sancionado interpuso
recurso de reposición.

75. Mediante la Resolución 740 de 2015 se resolvieron desfavorablemente los
reproches presentados por el contratista62, en la que se reiteró el análisis y
argumentos que se tuvieron en cuenta en la decisión inicial63. Además, en relación
con la aplicación del principio de proporcionalidad, la entidad explicó que en la
imposición de multas el carácter es conminatorio y se debe acudir al valor acordado
por las partes; a su vez, en la tasación de perjuicios de la cláusula penal se debe
razonar el porcentaje de incumplimiento. Por último, negó la petición subsidiaria de
suscribir una nueva prórroga del negocio, porque el contrato ya se había prorrogado
en tres ocasiones y Abits S.A.S. no había cumplido el cronograma establecido, ni el
ciclo de pruebas del sistema.

76. De lo anterior se destaca que, en la Resolución que declaró el incumplimiento
parcial, la entidad contratante tuvo en cuenta los argumentos planteados por Abits
S.A.S. en su defensa, se pronunció sobre cada uno de ellos y explicó por qué razón
no eran procedentes. Además, se refirió a la prueba del software solicitada por el
contratista, pese a lo cual, como en su práctica él no cumplió con el requisito de
realizar el ensayo en los servidores de la SDP (carga asignada desde el decreto de
las pruebas), la entidad consideró que no tuvo la idoneidad para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales64. Al respecto, el mismo testigo de
la contratista admitió que: “La demostración fue desde la plataforma de nuestra base
de datos de pruebas y ellos pueden argumentar que no se hizo en la plataforma de
pruebas de la SDP pero no lo hicimos porque teníamos que superar una serie de
inconvenientes y nos interesaba demostrar era la funcionalidad”65.

77. Si bien el recurrente adujo que la SDP, durante la ejecución del contrato, no
programó los ensayos integrales de las funcionalidades del sistema, lo que
imposibilitó llegar al escenario de las pruebas integrales fueron las múltiples
incidencias bloqueantes que se generaban al probar los avances de los módulos
singulares y que no fueron resueltas en su totalidad por el contratista, circunstancia
que fue ratificada por todos los testigos que declararon en la etapa probatoria del
proceso.

78. Por lo expuesto, contrario a lo estimado en el recurso de apelación, la Sala no
encuentra que en las decisiones a través de las cuales se impuso multa al
contratista, se hubiera vulnerado su debido proceso por falta de valoración de las

62 Al respecto en el recurso de reposición se planteó: (i) la mora ocurrió por motivos ajenos a Abits S.A.S.; (ii) el

uso de las facultades excepcionales debe atender criterios de proporcionalidad; (iii) ante la falta de personal
capacitado los argumentos deben estar avalados por un profesional técnico; (iv) las sanciones por atrasos del
cronograma no se pactaron en el contrato. De manera subsidiaria solicitó una nueva prórroga del negocio.
63 Folios 519 a 525 del cuaderno de pruebas número 3.
64 Sobre el particular, en la Resolución 678 de 2015, la entidad contratante consideró “no tener el software en

el ambiente de pruebas de la SDP genera un riesgo en el cumplimiento de los requisitos técnicos”. Folio 514,
reverso del cuaderno de pruebas número 3.
65 Índice 3 del historial de actuaciones de Samai del Consejo de Estado. Este testimonio fue practicado en

diligencia del 22 de noviembre de 2022.

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pruebas solicitadas, debido a que, para proferir el acto administrativo demandado,
la entidad contratante sí analizó los argumentos de defensa presentados por Abits
S.A.S. en sus descargos, y apreció el ensayo del software realizado. Sin embargo,
explicó que no era un ejercicio idóneo para demostrar la funcionalidad de la
herramienta por no haberse ejecutado en el ambiente de la SDP contratista, y
porque tampoco se acreditó que la entidad hubiera incumplido las obligaciones
asumidas en el contrato. Puntualmente, no se probó que la entidad se hubiese
alejado de sus compromisos negociales por no haber designado un vigilante
(interventor o externo a la entidad) ni un gerente del proyecto distinto a la dirección
que ejerció la supervisión designada. Comoquiera que lo anterior fue debidamente
razonado por el Tribunal a quo, la Sala desestima el argumento de la recurrente.

79. A partir de ello, se concluye que la Secretaría Distrital de Planeación no incurrió en
la causal de nulidad invocada al proferir la Resolución 678 de 2015, confirmada
mediante la Resolución 740 de 2015. De ese modo, se da respuesta negativa al
segundo problema jurídico formulado.

80. Sobre el cargo de nulidad formulado en contra de la Resolución 1467 del 9 de
diciembre de 2015, mediante la cual se declaró el incumplimiento y se hizo efectiva
la cláusula penal, se evidencia que, una vez vencido el plazo contractual, los
supervisores técnico y funcional realizaron un informe final66 sobre lo acontecido en
el contrato No. 299 de 2012, en el que se indicó lo siguiente:
“El estado general de la ejecución del desarrollo y funcionalidad del objeto del
contrato se describe a continuación por módulo (…).
El módulo de administración no se encuentra desarrollado en su totalidad y en
pleno funcionamiento. La planificación del sistema no contempló en su diseño
aspectos requeridos por la SDP, específicamente en las alertas tempranas,
medias y altas.
El módulo de plan de desarrollo presenta incidencias; no cuenta con reportes
trasnacionales se evidenció que el modelo impreso no corresponde
integralmente al modelo de datos implementado.
El módulo de banco de proyectos se puede concluir que la funcionalidad no está
al 100% puesto que no se ha probado la integralidad del sistema de información
que constituye el producto del contrato.
El módulo del plan de acción que maneja las etapas de programación, la
actualización, reprogramación y seguimiento, recoge diferentes reglas y
controles del negocio y es donde se evidencia que la integralidad del sistema
con los demás módulos no cumplió con el 100% de la funcionalidad y los cierres
de versiones en el plan de acción no están implementados de manera correcta.
(…). Finalmente frente al cumplimiento de las actividades descritas en los
diferentes cronogramas la SDP considera que:
a) El contratista a lo largo de la ejecución del contrato no cumplió con las
actividades en los tiempos establecidos, prueba de ello es el hecho de que
se aprobaron tres prórrogas, cuyos cronogramas presentaron constante
retraso y se generó multa por su incumplimiento.
b) No se culminó las pruebas unitarias, debido a que la firma no dispuso del
desarrollo total de las funcionalidades, al igual que se presentaron
incidencias que impactaron la continuidad de las mismas (…).

66 Folios 2420 a 2467 del cuaderno de pruebas número 8.

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c) Quedaron 77 incidencias por resolver por parte de la firma, de las cuales es
importante resaltar que 5 son bloqueantes y 53 de severidad mayor.
d) No se pudo dar inicio a las pruebas de integración de los módulos, por tanto,
no se pudo verificar el producto esperado del contrato”67.
81. Con fundamento en el informe de la supervisión citado en el párrafo anterior, la SDP
inició el trámite previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

82. En la Resolución 1467 del 9 de diciembre de 201568, la entidad contratante declaró
el incumplimiento definitivo del contratista y se hizo efectiva la cláusula penal, con
fundamento en que Abits S.A.S. no finalizó la etapa de entrega y aprobación de los
módulos individuales durante la vigencia del negocio jurídico, por lo que,
consecuencialmente, tampoco se realizaron pruebas integradas69 de la
herramienta. Además, añadió que durante la ejecución del contrato realizó
observaciones al avance del software y evidenció el atraso en el cronograma;
inclusive, en su informe final mostró el estado al 31 de agosto de 2015 para cada
uno de los módulos y evidenció los elementos faltantes.

83. Sobre los argumentos esbozados en el acto administrativo acusado, el demandante
primigenio, en el escrito introductorio, reprochó que se vulneró su derecho de
defensa y, posteriormente, Adsumus S.A.S. en el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia indicó que el Tribunal a quo desconoció que el perito
es un experto en el asunto que acreditó el cumplimiento de las especificaciones
técnicas del software y la funcionalidad del sistema desarrollado por Abits S.A.S.

84. Sobre el particular, la Sala recuerda que en la sentencia de primera instancia se
estimó que el estudio aportado por el perito no fue idóneo para demostrar el
cumplimiento del objeto contractual, porque el experto manifestó que no tuvo
trazabilidad de la versión del software que probó y que no podía garantizar que no
tuviera modificaciones o mejoras desde que finalizó el plazo contractual hasta la
fecha del ensayo. Asimismo, manifestó que no se realizó en los servidores de la
SDP, sino en un ambiente proporcionado por Abits S.A.

85. En ese contexto, la Sala debe precisar que el dictamen pericial, de conformidad con
el artículo 22670 del Código General del Proceso71, para su eficacia probatoria, debe

67 Ídem.
68 Folios 531 a 544 del cuaderno de pruebas número 4.
69 Sobre el particular, en el ítem 4 del anexo técnico, se estableció que el proyecto se ejecutaría por etapas,

entre las que estaban el diseño, la construcción y la implementación de la solución. En esta última fase se
encontraban previstas las pruebas finales para analizar el funcionamiento del software en su conjunto (Folios
367 a 392 del cuaderno de pruebas número 3).
70 Artículo 226. “Procedencia. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso

y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Sobre un mismo hecho o materia cada
sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito. No serán
admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre extranjera. Sin embargo, las partes podrán
asesorarse de abogados, cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas.
El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen que su opinión
es independiente y corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los
documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito.
Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos,
experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de
sus conclusiones (…)”.
71 Aplicable en el asunto por la remisión consagrada en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, a cuyo tenor:

“Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de

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reunir ciertas condiciones de contenido, como son la conducencia en relación con
el hecho a probar; que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto
para el desempeño del cargo; que no exista un motivo serio para dudar de su
imparcialidad y que sus conclusiones sean claras, firmes y justificadas.
Adicionalmente, la prueba debe surtir la contradicción y no existir motivo retracto del
perito o que sus afirmaciones sean desvirtuadas por la parte contraria 72.

86. Sobre dicho tópico, esta Subsección73 ha indicado que el dictamen pericial que debe
ser claro, preciso, exhaustivo, sólido y de calidad74. Asimismo, debe analizarse en
conjunto con lo acontecido durante el interrogatorio del perito75 y la explicación de los
exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones, so pena de carecer
de eficacia probatoria.

87. Bajo esos presupuestos, la Sala constata que, en el informe presentado por el perito,
se tuvieron en cuenta los requerimientos funcionales de la herramienta y los casos
de usos, y que con estos criterios valoró que a la fecha en que se rindió el dictamen
(8 de noviembre de 2015) “el sistema es funcional y corresponde con el objeto para
el cual fue contratado”. En ese mismo sentido expresó que “hay vacíos conceptuales
desde los términos de referencia que fueron llenándose a medida que avanzaba el
proyecto”, por lo que, en este momento, “supera en mucho lo mencionado en los
términos de referencia”. No obstante, durante el interrogatorio, el experto reconoció
que las pruebas las realizó en un ambiente, un equipo y la plataforma de Abits S.A.S.,
sin que en ningún momento se hubiera realizado ese examen en las instalaciones y
servidores de la SDP. Adicionalmente, agregó que no podía saber si el sistema
probado tuvo alguna diferencia o mejora con lo realizado hasta el 31 de agosto de
ese mismo año (fecha de finalización del contrato).

88. De lo anterior, la Sala considera que los planteamientos expuestos en el dictamen
practicado en el proceso no reúnen las condiciones de precisión, ni certeza de su
contenido, por las razones que se exponen a continuación.

Procedimiento Civil [En la actualidad Código General del Proceso] en lo que sea compatible con la naturaleza
de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18

de febrero de 2015, expediente. 29794, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
73 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, expediente 64.137,

C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, a cuyo tenor: “Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Debe
contener la llamada ‘razón de la ciencia del dicho’, en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus
conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas
conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria y lo mismo será si sus explicaciones no son claras o
aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y puede negarse
a adoptarlo como prueba si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable. Que las
conclusiones del dictamen sean claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos (...) puede ocurrir
también que el juez no se encuentre en condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que
aceptarla; pero si considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia
o hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de la lógica, o que
son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o que no encuentran respaldo suficiente en
los fundamentos del dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, puede
rechazarlo (…)”.
74 Artículo 232 del CGP. “Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de

la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos,
la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.
75 Índice 3 del historial de actuaciones de Samai del Consejo de Estado.

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89. En relación con la precisión del dictamen, el experto reconoció que no ensayó la
funcionalidad del software en los servidores de la SDP sino en un ambiente
proporcionado por Abits S.A.S. Esto contradice lo indicado en el anexo técnico en el
que se precisó que la implementación de la solución y la garantía de funcionamiento
debía hacerse “sobre la plataforma tecnológica de la SDP tanto en el ambiente de
desarrollo como de producción”76; además, se describió el estándar técnico de los
servidores de la SDP, aspectos que el perito no acreditó haber tenido en cuenta al
desarrollar su estudio.

90. En ese mismo sentido, el técnico operativo de parte de la SDP manifestó, en su
testimonio, que los empleados de la entidad no pudieron realizar ninguna prueba
integral de la herramienta y explicó la diferencia entre cada uno de los escenarios de
evolución de la herramienta, así: “el primer ambiente es en el desarrollo bajo el
dominio de la firma contratista; luego entregan la información para que el
contratante lo pasa al ambiente funcional de pruebas para que los usuarios
funcionales podamos hacer las pruebas en los servidores de la entidad con las
características técnicas de la entidad [sic]. Luego al final cuando se entrega una
herramienta se hace en el ambiente de producción que ya ven los usuarios
finales”77 (se destaca).

91. Adicionalmente, se advierte que no existe certeza de las afirmaciones efectuadas por
el perito, porque no se garantizó la integralidad del software ensayado, debido a que
reconoció que no sabía, ni tenía manera de conocer, si fue el mismo que se desarrolló
hasta el 31 de agosto de 2015 (fecha en que finalizó el plazo del contrato No. 299 de
2012), o si había tenido mejoras para el momento en que se practicó el dictamen
pericial (noviembre de 2015).

92. Así las cosas, la Sala considera que el Tribunal a quo acertó al decidir sobre la falta
de idoneidad del dictamen pericial para demostrar la funcionalidad del software,
debido a que no cumplió con la precisión ni certeza de su contenido, no se garantizó
la integralidad el software ni se probó en los servidores de la SDP por las falencias
evidenciadas en el desarrollo de la prueba realizada por el perito y reconocida durante
su interrogatorio.

93. En ese sentido, el perito en su declaración corroboró que las conclusiones de su
dictamen estaban dadas en función de lo que encontró a la fecha de practicar la
pericia (posterior al vencimiento del contrato) y en servidores que no eran los de la
demandada (donde debía funcionar la herramienta), lo que evidencia falencias en el
informe que afectaron su precisión y certeza del contenido, de ese modo, a propósito
de los argumentos de la apelación, que el dictamen pericial no demostró el
cumplimiento de las especificaciones técnicas del software y la funcionalidad del
sistema para que los funcionarios de la SDP pudieran hacer seguimiento al Plan de
Desarrollo Distrital.

94. En consecuencia, se resuelve el tercer problema jurídico planteado en el sub lite y se
concluye que la SDP, mediante la Resolución 1467 del 9 de diciembre de 2015 y la

76 Folios 367 a 392 del cuaderno de pruebas número 3.
77 Ídem.

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Resolución 1619 del 28 de diciembre de 2015, por las que se declaró el
incumplimiento definitivo e hizo efectivo el cobro de la cláusula penal, no vulneró el
derecho de defensa de Abits S.A.S.

95. Acto seguido, corresponde estudiar el último cargo de la apelación relacionado con
la supuesta invalidez de la Resolución 1699 del 22 de noviembre de 2016 que liquidó
unilateralmente el contrato No. 299 de 2012. Frente a ello, la Sala recuerda que, con
la demanda, se cuestionó la legalidad de esta decisión porque se habría expedido de
manera arbitraria e injusta y desconociendo el derecho de defensa de Abits S.A.S.,
debido a que los supervisores del contrato no participaron, ni suscribieron dicho acto
administrativo, por lo que el acta de liquidación se profirió sin apegarse a la realidad
de lo acontecido en la ejecución del negocio. Aunado a lo anterior, planteó el mismo
argumento aducido en contra de la decisión que declaró el incumplimiento definitivo
del contratista, relacionado con el análisis de las pruebas aportadas en el trámite del
procedimiento sancionatorio (aspecto que ya fue resuelto en el acápite anterior).

96. Sobre este aspecto, el Tribunal a quo consideró que en la liquidación del negocio se
tuvo en cuenta el informe final presentado por los supervisores y que no era
obligatorio que ellos suscribieran el acto administrativo que liquidó unilateralmente el
contrato No. 299 de 2012.

97. En contra de ese razonamiento, la parte actora, en su recurso de apelación, se limitó
a alegar, en relación con la liquidación del negocio que: “La SDP de manera arbitraria
e injusta se llevó por delante el trabajo y esfuerzos para sacar adelante el contrato
(…) de una empresa que jamás había sido señalada por incumplimientos o
situaciones de esta naturaleza”78.

98. Al respecto, la Sala evidencia que lo alegado por el recurrente adolece de carencia
argumentos concretos de disenso frente a la decisión apelada, y que lo manifestado
se trató de una valoración subjetiva sobre la afectación que, a su juicio, le causó la
liquidación unilateral del contrato y, por ende, no cumplió con el deber de sustentación
del recurso79.

99. Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental
para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos
planteados en contra de la decisión recurrida. Asimismo, se ha estimado que la carga
de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con
la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con
la petición de que se revoque, pues lo que la ley exige es que se ataquen los
fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en
el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la decisión
sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad existen

78 Documento que se encuentra entre las actuaciones digitales de la primera instancia, en el índice 98 del

aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
79 La Sala aclara que el recurrente no modificó la causa petendi respecto de la Resolución 1699 del 22 de

noviembre de 2016 que liquidó unilateralmente el contrato (nulidad del acto administrativo por expedición
arbitraria e injusta); por el contrario, en este punto lo que se constata es la ausencia sustentación del recurso
de apelación por falta de carga argumentativa, aspecto sobre el cual se debe pronunciar la Subsección en esta
providencia.

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razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que conduzcan a
considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado80.

100. Bajo la óptica descrita en precedencia, resulta claro que en el recurso de apelación
deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se
comparten las consideraciones de la sentencia recurrida, en orden a que el superior
funcional confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de
inconformidad planteados por la parte recurrente, máxime porque, se insiste, los
reproches frente a la providencia impugnada son los que fijan la competencia del juez
de segunda instancia, “cuya función no puede ir al extremo de suponer las razones
de inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía, de suplir
las cargas que legalmente le han sido impuestas a ella”81.

101. Tampoco basta para el efecto hacer una reiteración automática de los fundamentos
expuestos en oportunidades procesales precedentes, como en la demanda, en la
contestación o en los escritos de alegatos, ejercicio a través del cual se busca
simplemente sacar avante su aspiración sin entrar a cuestionar de manera directa y
concreta las razones en que se fundó la providencia recurrida que le resulta adversa
al apelante.

102. Al analizar los fundamentos fácticos y jurídicos en que se basó la sentencia para
resolver ese cargo, se advierte que el Tribunal de primera instancia fundó su decisión
sobre este aspecto del debate en que: (i) el informe de la supervisión fue tenido en
cuenta para proferir el acto administrativo demandado y (ii) no era una obligatorio que
los supervisores suscribieran dicha decisión.

103. A su vez, en el recurso de apelación el recurrente únicamente se manifestó que,
con la liquidación unilateral del contrato, de manera arbitraria e injusta, acabó con el
trabajo y esfuerzos de una empresa que jamás había sido señalada por
incumplimientos o situaciones de esta naturaleza.

104. De lo anterior se advierte que el reparo expresado en contra de la decisión del a
quo no atacó directamente la fundamentación de sus conclusiones, pues el
argumento expuesto por el recurrente se basó en reiterar lo planteado en el escrito
de demanda, en cuanto a la supuesta arbitrariedad e injusticia del acto demandado,
bajo una valoración subjetiva de las afectaciones causadas a Abits S.A.S.

105. Como se aprecia, en la alzada no se ofrecieron motivos de su desacuerdo ni se
indicaron hechos o circunstancias que contradigan o rebatan las razones advertidas
en la sentencia de primera instancia para no acceder a la pretensión de nulidad de la
Resolución 1699 del 22 de noviembre de 2016 y que, en síntesis, se basaron en que
en el acta de liquidación unilateral del contrato se tuvo en cuenta el informe de los
supervisores del negocio y que no era necesario que estos suscribieran el acto
administrativo final. Sin embargo, el recurrente omitió elevar un reproche a lo
considerado en la providencia impugnada y se limitó a reiterar sus apreciaciones

80 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2022, C.P. Marta Nubia

Velásquez Rico, expediente 54.120.
81 Ídem y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de 2020,

expediente 44.707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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sobre la Resolución 1699 de 2015, que, como ya manifestó el Tribunal a quo, no
tuvieron la idoneidad para demostrar el cargo de violación al derecho de defensa.

106. Así las cosas, es claro que el recurrente simplemente se limitó a reiterar los
reproches esbozados en el escrito inicial, lo que devela la inexistencia de cargos
concretos de inconformidad frente a los argumentos expuestos por el a quo en el fallo
apelado en ese preciso aspecto. Por lo tanto, con relación al último problema jurídico
planteado en el sub lite, la Sala no puede concluir nada diferente a que esa
manifestación no puede ser tomada como un verdadero cargo en contra de la
sentencia, lo que impide verificar si el corte de cuentas unilateral fue expedido de
manera arbitraria e injusta. Así, tampoco es dable revocar la sentencia de primera
instancia por este motivo.

Conclusiones

107. En las condiciones previamente analizadas, la Subsección confirmará la sentencia
de primera instancia, recapitulando que:

108. El análisis en conjunto de lo acordado en el negocio jurídico permitió concluir que la
mención aislada, en sentido formal, del término “interventoría” hizo referencia a la
atribución de funciones específicas que adelantó directamente la entidad, para las
que no requería la designación de un interventor, en el sentido orgánico, para realizar
una vigilancia técnica especializada, pues le correspondía emitir directrices generales
sobre el contrato y revisar la afiliación a la seguridad social de los empleados del
contratista. De igual forma, por el contexto y la naturaleza del objeto negocial, no
medió obligación para legal la contratación de un interventor, como tercero experto
en la vigilancia del cumplimiento de las labores pactadas. En ese sentido la SDP
cumplió con las obligaciones asumidas en el contrato No. 299 de 2012.

109. El contenido de las solicitudes de prórroga presentadas por Abits S.A.S. y aceptadas
por la SDP en los acuerdos que ampliaron el plazo de ejecución contractual debieron
ser respetados por las partes. Dichos ajustes se sustentaron en causas no imputables
a las partes y respondieron a la exigencia técnica del proyecto y a las incidencias
encontradas al realizar pruebas, y allí no se mencionó ningún aspecto sobre la
supuesta la falta de coordinación de actividades. Por lo tanto, resultó contrario a la
buena fe que el contratista imputara a la demandada motivos diferentes a lo
manifestado en dichos acuerdos como justificación para para no haber cumplido con
el objeto contractual.

110. En cuanto a la imposición de multa a Abits S.A.S., la SDP tuvo en cuenta los
argumentos planteados por el contratista en su defensa, se pronunció sobre cada
uno de ellos y explicó por qué razón no eran procedentes para demostrar la correcta
ejecución de las actividades contractuales, por lo que no se vulneró el debido proceso
del contratista sancionado.

111. Sobre el incumplimiento definitivo y el cobro de la cláusula penal, la prueba
presentada en sede judicial para acreditar el cumplimiento del objeto contractual no
fue idónea para tal fin, porque el experto no garantizó la integralidad del software, ni

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lo ensayó en las condiciones requeridas por la entidad, por lo que no se demostró la
funcionalidad de la herramienta objeto del contrato.

112. El recurso de apelación debe fundarse en argumentos concretos de disenso frente
a la decisión apelada, de manera que las valoraciones subjetivas que no exponen los
motivos de su desacuerdo, ni indican hechos o circunstancias que contradigan o
rebatan las razones advertidas por el Tribunal a quo, no constituyen verdaderos
motivos de reproche jurídico contra la sentencia de primera instancia. Por este
motivo, no fue dable acceder al motivo de reproche vertido en relación con el acto
administrativo que liquidó unilateralmente el contrato examinado.

La condena en costas

113. De conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA 82, y
según lo establecido en el artículo 365-1 del CGP83, en aplicación de un criterio
objetivo, se condenará en costas a la demandante84. Esas serán liquidadas de forma
concentrada por la Secretaría del Tribunal de origen, según lo previsto en los artículos
365 y 366 del CGP85.

114. A su vez, en la medida en que la SDP se defendió diligentemente durante esta
instancia, se pronunció sobre el recurso de apelación y opuso a la prosperidad de las
pretensiones dicha gestión, acredita la vigilancia constante del proceso, a través de
su apoderado judicial -en segunda instancia-, ello es suficiente para fijar agencias en
derecho a su favor.

115. Por el contrario, en relación con la aseguradora vinculada Seguros Generales
Suramericana S.A. se recuerda que, en el trámite de la segunda instancia, solicitó
dar la razón al apelante y acceder a las pretensiones de nulidad planteadas en la
demanda, por lo que no puede ser tenido en cuenta como vencedora en el sub lite.

82 Artículo 188. “Condena en costas: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
83 Artículo 365. “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. (…)” (se destaca).
84 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la demandante

(no así a la demandada vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación del mandato incorporado
-con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual en todos los casos (salvo en litigios
relacionados con grave violación de derechos humanos, donde no procede, o en las actuaciones gobernadas
con reglas especiales, como en recursos extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció
manifiestamente de fundamento legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica,
por lo que -hasta tanto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual
posición mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
85 Artículo 366 “Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada

en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por
el superior, con sujeción a las siguientes reglas (...) 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente
un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas (…)” (se destaca).

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Referencia: Controversias contractuales

116. El Acuerdo PSAA16-10554 expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior
de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda86, establece
las tarifas de agencias en derecho. En cuanto a los asuntos de lo contencioso-
administrativo, el artículo 2 dispone que se debe tenerse en cuenta la naturaleza, la
calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la
cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes.

117. Asimismo, en materia de tarifas de agencias en derecho, se señaló que, en los
“procesos declarativos en general”, las agencias en derecho en segunda instancia
deben establecerse entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

118. En ese sentido, se fijan las agencias en derecho en 1 salario mínimo legal mensual
vigente a la fecha de esta providencia, en favor del Distrito de Bogotá –Secretaría
Distrital de Planeación.

119. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de enero de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la apelante, las
cuales serán liquidadas por el Tribunal a quo, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho se fija la
suma de 1 salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia, en
favor del Distrito de Bogotá –Secretaría Distrital de Planeación y a cargo de
Adsumus S.A.S., sucesor procesal de Abits Colombia S.A.S.

TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
VF

86 Acuerdo PSAA16-10554. Artículo 7. “Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y se aplicará

respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los comenzados antes se siguen regulando por los
reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003,
2222 de 2003 y 9943 de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.

30

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