Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2005-40044-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2005-40044-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2005-40044-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
20 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 50001233100020054004401 (53.800)
Demandante: Apuestas Occidente Ltda. y Apuestas Chiquinquirá Ltda.
Demandado: Lotería del Meta y otros
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 9 de septiembre de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Meta, en la cual se resolvió los siguiente: (se transcribe conforme
obra, incluyendo eventuales errores)
“PRIMERO: Declarar la falta de legitimación por pasiva del MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO Y EL DEPARTAMENTO DEL META, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
“SEGUNDO: DECLÁRESE inhibida la Sala para decidir sobre la legalidad de
EL Acta de Inspección de las Ruedas Fiché No. 053 que participaron en el
sorteo 2140 de 14 de enero de 2004 y el Acta de Inspección de las ruedas
fiché que participaron en el sorteo 2140 de 15 de enero de 2004.
“TERCERO: DECLARAR la NULIDAD del SORTEO NUMERO No. 2140 del
14 de enero de 2004, realizado por la LOTERÍA DEL META.
“CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
“TERCERO (sic): Sin CONDENA en costas’”1.
El anterior proveído resolvió la demanda cuyas (i) pretensiones, (ii) hechos
principales, y (iii) fundamentos de derecho son los siguientes:
1 Folios 629 y 630 del cuaderno principal.
Radicación: 50001233100020054004401 (53.800)
Demandante: Apuestas de Occidente Ltda. y otro
Demandado: Lotería del Meta y otros
Asunto: Controversias contractuales
Pretensiones
2. El 7 de febrero de 20052, Apuestas de Occidente Ltda. y Apuestas Chiquinquirá
Ltda. formularon demanda, en ejercicio de la acción de controversias contractuales3,
contra la Lotería del Meta4, el departamento del Meta y el municipio de Villavicencio,
con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe
conforme obra):
“Que con fundamento en los hechos que se expondrán y en las disposiciones de
derecho que se invocaran (sic) y previo el trámite que consagra el título XV del
C.C.A., por el procedimiento ordinario y en ejercicio de la ACCIÓN DE
CONTROVERSIA CONTRACTUAL consagrada en el artículo 87 del Código
Contencioso Administrativo con la citación y audiencia del señor Gerente de la
Lotería del Meta … el Gobernador del Departamento del Meta … y el Alcalde del
Municipio de Villavicencio … el H. Tribunal Administrativo del Meta haga las
siguientes declaraciones y condenas:
“1. Que son nulos los siguientes actos administrativos de carácter general
expedidos por varios funcionarios de la Lotería del Meta:
“a. El Acto Administrativo denominado: Acta de Sorteo No. 2140 del 14 de enero
de 2004, publicado el mismo día a las diez de la noche (10pm) en el testo
siguiente:
‘PREMIO MAYOR el número 3102 Serie 35 Distribuido BOGOTA (sic)’.
“b. El Acto Administrativo denominado: Acta de Inspección de las ruedas Fiche
(sic) No. 053, que participaron en el sorteo 2140 efectuado el día 14 de enero de
2004.
“c. El Acto Administrativo denominado: Acta de Inspección de las ruedas Fiche
(sic) que participaron en el sorteo 2140 realizada el día 15 de enero de 2004.
“2. Que se de cumplimiento de la sentencia en los términos y condiciones que
señalan los artículos 173 y s.s. del Código Contencioso Administrativo.
“3. Como consecuencia de la declaratoria de NULIDAD de los actos
administrativos que han causado un daño material que han afectado
PATRIMONIALMENTE a las sociedades APUESTAS DE OCCIDENTE
LIMITIDA (sic) y APUESTAS CHIQUINQUIRA LIMITADA solicito se condene
2 Folio 2 del cuaderno 2.
3 En el escrito de demanda inicial las partes ejercieron la acción de simple nulidad, de que trata el artículo 84 del
CCA. Luego, en proveído del 17 de mayo de 2005, el Tribunal rechazó de plano la misma, al considerar que
carecía de competencia para conocerla –folios 80 a 83 del cuaderno 2-; no obstante, el anterior auto fue apelado
por la parte actora y esta Corporación, mediante providencia del 8 de febrero de 2007, lo revocó, al considerar
que si bien los actos propios de la actividad comercial de la Lotería del Meta, por ser una empresa industrial del
estado, se rigen por las reglas del derecho privado, lo cierto es que el sorteo de lotería es un juego de azar
caracterizado por ser un contrato aleatorio, el cual, afirmó, en los términos del artículo 93 de la Ley 489 de 1998,
“están sometidos a las disposiciones el Estatuto General de Contratación”, de manera que sí le compete a esta
jurisdicción conocer de la controversia planteada. Adicionalmente, ordenó “al Tribunal dar a la presente demanda
el trámite de la acción contractual, pues al tenor del numeral 5 del artículo 132 del CCA los Tribunales
Administrativos conocen en primera instancia de los asuntos referentes a contratos de las entidades estatales en
sus distintos órdenes” (folios 86 a 90 del cuaderno 5). Asimismo, mediante escrito del 1 de abril de 2008, la parte
demandante aportó memorial a través del cual adecúo la demanda a la acción de controversias contractuales, en
virtud de lo ordenado por el Consejo de Estado en el auto antes referido (folios 118 a 125 del cuaderno 2).
4 Por medio de la Ordenanza 44 de 1990, expedida por la Asamblea Departamental del Meta, fue creada la Lotería
del Meta como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden departamental, dotada de personería
jurídica, con autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente.
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Radicación: 50001233100020054004401 (53.800)
Demandante: Apuestas de Occidente Ltda. y otro
Demandado: Lotería del Meta y otros
Asunto: Controversias contractuales
solidariamente a los demandados LOTERIA DEL META, DEPARTAMENTO
DEL META Y MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO al pago de los dineros
correspondientes a los daños y perjuicios ocasionados como resultado de la falta
de control, vigilancia y administración del sorteo 2140 del 14 de enero de 2004,
que permitió el fraude para dar como supuesto número ganador el 3102 serie 35,
en este orden de ideas, manifiesto:
“(…)
“PERJUICIOS DE ORDEN MATERIAL Y MORAL
“(…)
“1. PERJUICIOS MATERIALES:
“Con base en lo establecido en los artículos 1613, 1614, 1615 del Código Civil,
estimamos los perjuicios materiales en los (sic) siguientes sumas de dinero:
“a. DAÑO EMERGENTE CONSOLIDADO:
“A la fecha de presentación de la demanda estimamos el DAÑO EMERGENTE
CONSOLIDADO así:
“-APUESTAS DE OCCIDENTE LIMITADA y APUESTAS CHIQUINQUIRA LTD
(sic) por concepto de pérdidas en las ventas y decrecimiento efectivo de la
empresa en razón al siniestro causado por el sorteo 2140 a la fecha 31 de marzo
de 2008 … $5.400.000.000
“GASTOS OCASIONADOS A CAUSA DEL SORTEO 2140 DEL 14 DE ENERO
DE 2000:
“Personal adicional para atender apostadores
que se presentaron ………………………………………………… $ 15.000.000
“Adecuación de oficinas (arriendo) ………………………………. $ 1.000.000
“Vigilancia por peligro de asonada ………………………………. $ 2.000.000
“Costo de operación identificación apostadores ……………….. $ 3.000.000
“Honorarios abogado ……………………………………………… $10.000.000
“b. DAÑO EMERGENTE FUTURO
“-Estimamos una pérdida de ventas por no poder utilizar la LOTERÍA DEL META
cada miércoles a partir de la fecha 14 de enero de 2004 ……. $ 25.000.000
“-Gastos por concepto de pago de abogados para responder demandas
judiciales … por el no pago de premios correspondientes al sorteo 2140, cuya
reclamación comprobada asciende a la suma de $200.000.000 liquidados a la
tasa fijada por Los Colegios de Abogados (legis) al 20% sobre el valor cobrado
por el demandante ………………………………………………… $ 40.000.000
“APUESTAS DE OCCIDENTE LIMITADA y APUESTAS CHIQUINQUIRA LTD
(sic) tiene su domicilio y base de operaciones en CHIQUINQUIRÁ, la demanda,
(sic) se presenta en la ciudad de Villavicencio, lo Que (sic) genera a presente y a
futuro una inversión en gastos de transporte de el (sic) representante legal,
testigos, abogados, costos telefónicos, víaticos del personal … gastos (sic)
proyectamos en un lapso de tiempo aproximado de 2 años hacia el futuro, lo que
representa un costo ………………………………….. $24.000.000
“c. LUCRO CESANTE CONSOLIDADO
3
Radicación: 50001233100020054004401 (53.800)
Demandante: Apuestas de Occidente Ltda. y otro
Demandado: Lotería del Meta y otros
Asunto: Controversias contractuales
“… lo que se constituye en GANANCIAS CIERTAS DEJADAS DE PERCIBIR al
31 de diciembre de 2008 que en dinero tasamos en la suma de …
$2.800.000.000.
“d. LUCRO CESANTE CONSOLIDADO
“DEPRECIACIÓN DEL VALOR INTRINSECO Y EXTRINSECO DE LA
EMPRESA APUESTAS DE OCCIDENTE LIMITADA y APUESTAS
CHIQUINQUIRA LTD (sic) … los PERJUICIOS por AFECTACIÓN DE LA
IMAGEN de APUESTAS DE OCCIDENTE LIMITADA y APUESTAS
CHIQUINQUIRA LTD (sic) en la suma de ………………………… $ 226.700.000
“e. LUCRO CESANTE FUTURO
“ … como LUCRO CESANTE CONSOLIDADO al 30 de abril que nos muestra un
decrecimiento de la empresa del 35% que proyectado a futuro corresponde a
una pérdida por LUCRO CESANTE FUTURO, teniendo en cuenta las
dificultades para recuperar el mercado, cuyos resultados se han obtenido a
consecuencia de una permanencia de la empresa en el mercado de 20 años,
estimamos el tiempo de recuperación en dos años, en razón mensual de (35%
menos de venta general sin tomar en cuenta la no venta del sorteo del
meta)……………………………………………………………………$2.800.000.000
“f. PERDIDA DEL GOOD WILL
“ … por lo tanto la AFECTACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS DEMANDANTES la
tasamos en el máximo valor autorizado por la Ley establecido en el artículo 97
del Código Penal, en la suma de equivalente a MIL SALARIOS MÍNIMOS
MENSUALES y en consecuencia los demandados deben a la fecha 31 de marzo
de 2008 ……………………………………………………………… $ 461.500.000.oo
“TOTAL PRETENSIONES POR ESTOS CONCEPTOS …… $12.581.500.000.oo
“4. Condénese al reconocimiento de la INDEXACIÓN a los demandados, (sic) de
los dineros que a favor de los demandantes llegare a resultar.
“5. Condénese al pago de costos y costas procesales” 5 (resaltado del texto
original).
Hechos relevantes6
3. Como supuestos fácticos de sus pretensiones, la parte actora indicó que la Lotería
del Meta, en atención al cronograma previamente establecido, realizó el sorteo 2140
del 14 de enero de 2004, el cual arrojó como número ganador el 3102 de la serie 35.
4. Sostuvo que en el curso de dicho sorteo se presentaron gravísimas
irregularidades, toda vez que se desconocieron los requisitos mínimos consagrados
en la Ley 643 de 2001 y en la Circular Externa 8 de 1995, emitida por la
Superintendencia Nacional de Salud; en específico, señaló que ni al presorteo ni al
sorteo fueron citadas las autoridades que debían comparecer al mismo, ni obra
prueba de su transmisión en directo por televisión.
5 Folios 119 a 123 del cuaderno 2.
6 Se plasman los supuestos fácticos incluidos en la demanda inicial y en la adecuación a la acción de
controversias contractuales presentada el 1 de abril de 2008 (folios 118 a 125 del cuaderno 2).
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Radicación: 50001233100020054004401 (53.800)
Demandante: Apuestas de Occidente Ltda. y otro
Demandado: Lotería del Meta y otros
Asunto: Controversias contractuales
5. Afirmó que los anteriores hechos fueron puestos en conocimiento de la justicia
penal, cuyo juzgamiento le correspondió, en segunda instancia, al Tribunal Superior
de Villavicencio, el cual, mediante sentencia del 20 de junio de 2006, condenó a los
imputados a la pena principal de 30 meses de prisión como coautores del delito de
estafa, en grado de tentativa, por cuanto la valoración probatoria arrojó que las
ruedas fiché fueron manipuladas “con un fin nada legal” y que se conformó una
empresa delictiva para defraudar a las empresas de chance, integradas por las
personas encargadas de realizar la apuesta y los apostadores que conocían con
antelación cuál iba a ser el número ganador.
6. Añadió que la Superintencia Nacional de Salud, a través de las Resoluciones 269
y 1180 de 2004, sancionó a título personal al representante legal de la Lotería del
Meta, toda vez que vulneró el artículo 20 de la Ley 643 de 2001.
Fundamentos de derecho
7. Indicó que se desconocieron los artículos 336 de la Constitución Política; 3 y 20 de
la Ley 643 de 2001, así como el Decreto 1350 de 2003 y la Circular Externa 8 de
1995 proferida por la Superintendencia de Salud, dado que no se adoptaron las
medidas mínimas de seguridad para evitar que se presentaran irregularidades que
afectaran la legalidad del sorteo; además, no estuvieron presentes todos los
funcionarios que prescribe la aludida circular externa y tampoco fue transmitido el
sorteo en vivo y en directo por los canales públicos nacionales y/o regionales.
Contestación de la demanda
La demanda fue admitida mediante proveído del 29 de julio de 2008 7, que ordenó la
notificación de dicha decisión a las demandadas, las cuales, durante el término de
fijación en lista, manifestaron:
8. El municipio de Villavicencio8 adujo que el sorteo 2140 de 2004 siguió del
procedimiento establecido para su realización. Al lado de esto, manifestó que no hay
lugar a su vinculación al proceso, puesto que no ostenta ninguna relación contractual
con las sociedades actoras y que, en todo caso, no existe prueba de los perjuicios
solicitados, comoquiera que no se acreditó el costo de la defensa judicial en que
supuestamente incurrieron las casas de apuestas, ni la cancelación de los premios,
ni el monto de las ventas dejadas de percibir con ocasión del referido sorteo.
9. A su vez, la Lotería del Meta9 indicó que la demandante individualizó de forma
errónea los actos demandados y que no formuló una pretensión de naturaleza
contractual, pues no solicitó la declaratoria de existencia de contrato o su
incumplimiento ni la nulidad de actos administrativos derivados de su ejecución.
Asimismo, anotó que el sorteo no es un acto administrativo, en la medida que no
contiene la voluntad de la Administración, sino que proviene del azar y que, en
7 En atención a lo decidido por esta Colegiatura en auto del 8 de febrero de 2007, (folios 140 a 144 del cuaderno
2).
8 Folios 280 a 285 del cuaderno 2.
9 Folios 294 a 315 del cuaderno 2.
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Radicación: 50001233100020054004401 (53.800)
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Asunto: Controversias contractuales
cambio, es un acto jurídico sometido al derecho privado, cuyo conocimiento le
compete a la jurisdicción ordinaria.
10. Sostuvo que en el sorteo 2140 de 2004 se cumplió a cabalidad el procedimiento
establecido por la Lotería del Meta y que, para la época de los hechos, no podía
observarse todo lo consagrado en el artículo 20 de la Ley 643 de 2001, tal como se
acreditó ante la Superintendencia de Salud, razón por la cual se cumplía con el
requisito de publicidad del sorteo mediante su difusión en un periódico de circulación
nacional y local y, al día siguiente, a través de las emisoras radiales, en especial la
“Voz de la Esperanza 106.3 FM”.
11. Precisó que, como el contrato de apuesta es aleatorio, cuyas partes son el
apostador y el concesionario u operador del juego, la acción procedente no es la de
controversias contractuales, en la medida en que no existe una relación jurídico
sustancial entre la Lotería del Meta y las sociedades actoras.
12. Finalmente, propuso las excepciones de: i) improcedencia de la acción de
controversias contractuales, puesto que la intención de la parte actora no tiene origen
en el contrato de apuesta, sino en que se declaren nulos los documentos en los que
constan los resultados de los lanzamientos de las ruedas; ii) ineptitud de la demanda,
en la medida que ésta se edifica sobre el ataque de validez del sorteo, hecho que no
configura la acción contractual; y iii) falta de competencia, comoquiera que al ser el
sorteo la ejecución de la actividad comercial de la Lotería del Meta, su debate judicial
debe realizarse ante la jurisdicción ordinaria.
13. El departamento del Meta10, por su parte, también se opuso a las súplicas de la
demanda, indicando que: i) los actos debatidos no tienen las características de los
actos administrativos; ii) no existe un vínculo contractual entre las partes de este
asunto, por cuanto la Lotería del Meta (operador del juego) tiene un contrato de
concesión con la compañía nacional de Juegos de Suerte y Azar S.A. Consuerte S.A.
y no con las sociedades aquí demandantes; iii) no es cierto que los funcionarios
hubieren desconocido los procedimientos establecidos en la regulación aplicable,
pues la legitimidad del sorteo no está en la transmisión televisiva; y, iv) no hay
prueba del número de apostadores que reclamaron los premios, ni de que quienes
reclamaron judicialmente el pago de éstos, ni de la cancelación de dinero alguno por
parte de las sociedades demandantes.
Asimismo, formuló las excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por activa,
por insuficiencia del poder otorgado por las actoras, por cuanto quien lo confirió no
era el representante legal de la persona jurídica; (ii) ineptitud de la demanda, dado
que la actora pidió la nulidad de unos actos que no son administrativos; y (iii) falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la preparación y ejecución del
sorteo es una competencia exclusiva de la Lotería del Meta y no del departamento.
Alegatos en primera instancia
10 Folios 320 a 371 del cuaderno 2.
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Radicación: 50001233100020054004401 (53.800)
Demandante: Apuestas de Occidente Ltda. y otro
Demandado: Lotería del Meta y otros
Asunto: Controversias contractuales
14. En auto del 19 de mayo de 201111, el a quo corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
En esta oportunidad, el municipio de Villavicencio y el departamento del Meta
reiteraron los argumentos que esgrimieron en sus contestaciones de la demanda; la
parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.
Fundamentos de la providencia recurrida
15. El Tribunal Administrativo del Meta dictó sentencia12 en el sentido de declarar la
falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Villavicencio y del
departamento del Meta, dado que no existe razón jurídica para su vinculación al sub
lite, en la medida que no son parte del contrato aleatorio del juego de lotería.
16. Sostuvo que como el Consejo de Estado entendió, a través de proveído del 8 de
febrero de 200713, que el juego de lotería es un contrato aleatorio por adhesión para
quien participa en éste, por lo que es procedente colegir que el acta del sorteo es un
acto administrativo al contener efectos jurídicos con motivo de la actividad
contractual, porque en virtud del azar se puede generar el resultado de cancelar los
premios que se ofrecieron para la participación en el sorteo de la lotería. Asimismo,
indicó que las actas de inspección de las ruedas fiché no constituyen actos
administrativos, puesto que no crean, modifican o extinguen derechos de los
administrados, en la medida que son actos previos a la realización del sorteo.
17. Por lo anterior, centró el estudio en la legalidad del acta de sorteo 2140 del 14 de
enero 2004, para concluir que la misma está viciada de nulidad, toda vez que el
sorteo se realizó de forma irregular dado que desconoció las previsiones del artículo
20 de la Ley 643 de 2001, por cuanto no fue transmitido en vivo por los canales
públicos nacionales o regionales. Igualmente, resaltó que el Tribunal Superior de
Villavicencio manifestó, en fallo del 20 de junio de 2006, que el sorteo 2140 “fue
objeto de manipulación y por ende de fraude”.
18. Señaló que, pese a que se acreditó la ilegalidad del acta del sorteo, no procede
el reconocimiento de los perjuicios materiales pues no se probó que las sociedades
actoras cancelaran los premios de los números ganadores, ni los costos en que
incurrieron en su defensa judicial a raíz de las reclamaciones instauradas en su
contra, ni la disminución en sus ventas, con ocasión de la pérdida de confianza de su
clientela. Tampoco accedió a los perjuicios morales solicitados, por el daño al buen
nombre o good Will, ya que no se demostró la ocurrencia de dicha afectación.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Síntesis del recurso de apelación:
11 Folio 594 del cuaderno 1.
12 Folios 624 a 630 del cuaderno principal.
13 Mediante el cual esta Colegiatura revocó el auto que rechazó la demanda y, en su lugar, ordenó darle trámite a
la misma bajo la óptica de la acción de controversias contractuales -como se anotó en la nota al pie 3 de esta
providencia-.
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Radicación: 50001233100020054004401 (53.800)
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19. El demandante formuló recurso de alzada con el fin de que sea revocada la
sentencia apelada y, en su lugar, se acceda a todas las pretensiones de la demanda.
Aseveró que es claro que hubo negligencia por parte de la Lotería del Meta, en la
medida que no dispuso de los recursos requeridos (humanos, técnicos y legales)
para evitar el fraude acontecido en el sorteo 2140 del 14 de enero de 2004, e indicó
que, en consecuencia, la Lotería del Meta es solidariamente responsable del fraude
advertido, razón por la cual debe indemnizar a las actoras por el daño emergente,
lucro cesante y perjuicios morales que les fueron irrogados. Añadió que la Ley 643
de 2001 contempla unas sanciones de tipo penal y civil que se deben endilgar a la
lotería accionada, por cuanto su conducta omisiva llevó a la quiebra a las integrantes
del extremo demandante.
Trámite de segunda instancia
20. El 27 de octubre de 2014, el a quo concedió el recurso de apelación14 y esta
Corporación, en proveído del 20 de mayo de 2015, lo admitió15; luego, el 28 de junio
de 2016, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto16, oportunidad en la cual tanto el Departamento
del Meta como el municipio de Villavicencio solicitaron que se confirme la sentencia
impugnada, en lo que se refiere a su declaratoria de falta de legitimación en la causa
por pasiva.
El Ministerio Público sostuvo que el recurso de apelación carece de una verdadera
sustentación y que no es posible analizar de fondo la petición de nulidad elevada,
dado que las actas de sorteo de lotería y de inspección de las ruedas fiché no
constituyen actos administrativos, en la medida que las actuaciones de la Lotería del
Meta se rigen bajo el derecho privado; por ende, pide que se revoque el fallo apelado
y, en su lugar, se nieguen todas las pretensiones de la demanda.
La parte demandante y la Lotería del Meta guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
21. El recurso de apelación está orientado a obtener la revocatoria de la sentencia de
primera instancia, en aras de que se acceda a todas las pretensiones formuladas en
la demanda; sin embargo, de la lectura de su sustentación no es posible determinar
en qué hace consistir la apelante el disenso frente a lo decidido por el Tribunal.
22. Al respecto, precisa la Sala que, el alcance del recurso de apelación, mecanismo
de control de las decisiones judiciales, no se dirige, sin límite alguno, a reprochar
cualquier tipo de actuación e inconformidad generada en curso del proceso, ni puede
estar orientado a repetir, sin razones, el trámite acontecido en la primera instancia
sino, fundamentalmente –léase esta expresión en términos de garantías
constitucionales– busca garantizar el principio de la doble instancia que, como regla
general, está disponible para controvertir las decisiones judiciales que se reputan
14 Folio 638 del cuaderno principal.
15 Folio 652 del cuaderno principal.
16 Folio 692 del cuaderno principal.
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Radicación: 50001233100020054004401 (53.800)
Demandante: Apuestas de Occidente Ltda. y otro
Demandado: Lotería del Meta y otros
Asunto: Controversias contractuales
contrarias al ordenamiento jurídico.
23. Bajo este análisis, bien viene recordar la definición que del recurso de apelación
ha ofrecido la doctrina especializada, al señalar que éste corresponde a la más
importante herramienta de concreción de la regla de doble instancia, que constituye “
… la forma más civilizada de expresar el descontento frente a providencias que nos
son lesivas y evitar sus efectos … en vitud de ella será el juez de otra instancia, ad
quem, directo superior del juez de la primera instancia, a quo, quien habrá de decidir
la manifestación de inconformidad presentada por una de las partes, o terceros
habilitados por intervenir, contra una providencia judicial”17.
24. En efecto, si la aspiración de justicia que subyace al recurso de alzada tiene por
finalidad que el superior jerárquico revise la decisión de primer grado, acusada de ser
errática, o de romper o lesionar el ordenamiento jurídico, resulta imprescindible que
el recurrente determine mediante los cargos planteados, qué asuntos deben ser
resueltos ante el superior jerárquico; razón por la cual no basta con la simple
interposición del recurso, ni resulta suficiente repetir un argumento desprovisto de
motivos de disenso, toda vez que los planteamientos de la apelación son los definen
los temas objeto de control, de cara a la decisión judicial que es rebatida18.
25. Sobre el particular, el artículo 212 del CCA, aplicable al sub júdice, determina que
la parte inconforme con la decisión debe interponer y sustentar el recurso ante al a
quo; a su vez, el parágrafo 1 del artículo 352 del C. de P.C. establece que “… [p]ara
la sustentación del recurso, será suficiente que el recurrente exprese, en forma
concreta, las razones de su inconformidad con la providencia” (se resalta); y en el
artículo 357 de esa misma codificación se prescribe que “[l]a apelación se entiende
interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá
enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso …”.
26. Es así como la carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte
recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso frente a la providencia
recurrida, tampoco con la solicitud de que se revoque para que, en su lugar, se
acceda a los intereses de la parte inconforme, y menos aún con la simple reiteración
de las razones expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea en la
demanda o en la contestación. Lo que la ley impone es que se ataquen los
fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia, en
aquello que se considere desfavorable, no solo porque la decisión sea contraria a los
intereses de quien la impugna, sino porque exista en realidad, a su juicio, una razón
por la que considere que lo fallado en primera instancia no corresponde, en derecho,
a la decisión acertada, lo cual, por tanto, delimita el marco al que debe sujetarse el
juez al revisar la sentencia recurrida.
27. Esta Corporación, de forma reiterada, ha reconocido la relevancia del
cumplimiento de esta exigencia y, en ese sentido, ha señalado que se constituye en
17 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. “Código General del Proceso”, Segunda Edición, Dupré Editores, Bogotá,
2019. Pág. 802.
18 El Consejo de Estado en casos similares se ha pronunciado en igual sentido, ver sentencias: (i) del 17 de
marzo de 2010, radicación 2009-00045 (36838), (ii) del 9 de junio de 2010, radicación 1997-08775-01(19283), y
(iii) del 14 de mayo de 2014, expediente 31469.
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Radicación: 50001233100020054004401 (53.800)
Demandante: Apuestas de Occidente Ltda. y otro
Demandado: Lotería del Meta y otros
Asunto: Controversias contractuales
indispensable la indicación de los aspectos que deben ser analizados por el ad
quem, “pues, de lo contrario, la segunda instancia se queda sin herramientas o
elementos de juicio que le permitan revisar lo acertado o no de la providencia
apelada, así como saber con certeza en qué consiste la inconformidad del apelante
con ella y, por lo mismo, se le deja sin la orientación que requiere para revisar y
decidir si tal providencia merece ser modificada o, incluso, revocada”19, dado que “…
el presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso de apelación es la
referencia clara y concreta que el recurrente haga de los argumentos que el juez de
primera instancia consideró para tomar su decisión, para efectos de solicitarle al
superior jerárquico funcional que decida sobre los puntos o aspectos que se plantean
ante la segunda instancia, tendientes a dejar sin sustento jurídico aquellos, pues
precisamente al juzgador de segundo grado corresponder hacer dichas
confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia merece ser o no confirmada” 20.
28. Pero hay más, la tarea de confrontación entre los argumentos del apelante y los
aspectos de la decisión de primer grado que son atacados por esta vía, es la que
determina la competencia material del juez de segunda instancia21, pues
precisamente el tema de decisión a cargo del ad quem queda delimitado, por regla
general, al examen de dos tesis opuestas cuyo enfrentamiento debe ser desatado.
En este sentido, es ajeno al recurso de apelación la reiteración de las hipótesis que
se plantearon como punto de partida en la construcción del proceso en primera
instancia, en tanto aquellas luego de haber transitado, en términos generales, por las
etapas probatorias, de contradicción y de alegaciones finales, no pueden volver a
presentarse al ad quem en su estado germinal, es decir, como se postularon al
presentar la demanda, pues ya fueron objeto de comprobación y debate; sino que, de
cara a la tesis adoptada por el a quo en las conclusiones del fallo, corresponde al
apelante la formulación de una tesis diversa frente a éste, exigencia que, conforme lo
prevé el legislador, se cumple a través de la carga de sustentación, siendo “suficiente
que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la
providencia”, como dispone el artículo 352 del C. de P.C. De no constatarse una
fundamentación material y suficiente, habrá lugar a confirmar la decisión debatida por
carencia de objeto de la alzada22.
29. Descendiendo al caso concreto, en la sentencia apelada el Tribunal de origen
decidió la controversia en los siguientes términos: (i) declaró la falta de legitimación
en la causa por pasiva del municipio de Villavicencio y del departamento del Meta, (ii)
declaró la nulidad del sorteo 2140 del 14 de enero de 2004 realizado por la Lotería
del Meta, y (iii) negó las súplicas de contenido económico formuladas por la actora.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de
mayo de 2014, radicación 54001233100019980028901 (31469), Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano
Barrera.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 4 de septiembre de
2014, Exp. 25001 2324 000 2007 90029 01.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de
marzo de 2022, radicación 73001-23-33-000-2015-00512-01 (66390), Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez
Rico.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de
marzo de 2022, radicación 770012331000200404217 01 (47098), Consejera Ponente: María Adriana Marín.
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Radicación: 50001233100020054004401 (53.800)
Demandante: Apuestas de Occidente Ltda. y otro
Demandado: Lotería del Meta y otros
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30. Al examinar el recurso de apelación, observa la Sala que éste no cumple con la
carga de fundamentación requerida, puesto que no se presentaron reparos frente a
los argumentos expuestos en la decisión, tal como se consta al detallar cada una de
las razones puestas de presente en la alzada, como se pasa a indicar.
31. En primer lugar, la recurrente afirmó que “el sorteo efectuado por la lotería del
meta (sic) de fecha 14 de enero de 2014 (sic) debe anularse”23, aseveración que de
ningún modo debate la decisión del Tribunal, puesto que éste, como se vio, declaró
la nulidad del sorteo 2140 de 2004, al advertir que se realizó de forma irregular,
comoquiera que no fue transmitido en directo por televisión, como lo prescribe el
artículo 20 de la Ley 643 de 2001, sumado al hecho de que el Tribunal Superior de
Villavicencio, por medio de fallo del 20 de junio de 2006, determinó que dicho juego
fue objeto de fraude, dado que “fue instalado un mecanismo temporal para alterar los
resultados del sorteo y que sacó del azar el número del premio mayor de la Lotería
del Meta”24.
32. A renglón seguido, la parte apelante reconoció que si bien “ocurrió esto [la
declaratoria de nulidad del sorteo], también es cierto que la obligación legal de la
lotería del meta era el de tener todas las previsiones legales, para que este no se
diera … es claro que hubo negligencia por parte de la lotería del meta en cabeza de
sus directivas, fundamentada en no tener todos los recursos humanos, técnicos y
legales para evitar el fraude que se cometió en el sorteo 2140 de fecha 14 de enero
de 2014 (sic)”25, razonamiento que realmente no cuestiona o expresa una
inconformidad clara y puntual con la decisión del a quo de declarar la nulidad del
sorteo, y lo que hace es repetir las consideraciones que esgrimió como sustento de
sus pretensiones en relación con la ausencia de condiciones mínimas de seguridad
que garantizaran los resultados del sorteo, sin especificar qué inconformidad se tiene
frente a los razonamientos que, al respecto, hizo o dejó de hacer el fallo.
Sumado a lo anterior, vale precisar que, como lo prevé el artículo 357 del C. de P.C.,
“la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante …” escenario
que no se configura respecto de las razones acabadas de aludir, comoquiera que no
resulta contrario a los intereses de la recurrente la decisión de declaratoria de nulidad
del sorteo, puesto que ésta fue una de las súplicas que formuló en su demanda.
33. Luego, la parte actora indicó que “es la lotería del Meta solidariamente
responsable de esta (sic) fraude y es su deber legal indemnizar a mi prohijado en los
daños de lucro cesante, daño emergente y daño moral”26, manifestación que alude la
inconformidad del recurrente respecto de la decisión del a quo de negar los perjuicios
económicos solicitados en la demanda, pero que se limita, como se advierte, a esa
sola afirmación, sin elevar las razones que fundamentan tal disenso.
34. Al respecto, se recuerda que -tal como quedó expuesto en el núm. 18 de esta
providencia- el sustento de la negativa de esta pretensión por el Tribunal de origen
23 Folio 634 del cuaderno principal.
24 Folio 629 del cuaderno principal.
25 Folio 634 del cuaderno principal.
26 Ibídem.
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Radicación: 50001233100020054004401 (53.800)
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se asentó en la inexistencia de prueba de tales perjuicios, al indicar que no había
lugar a su reconocimiento dado que las sociedades actoras no acreditaron haber
pagado los premios por los números ganadores, ni los costos de la defensa judicial
que, afirmaron, tuvieron que asumir por las reclamaciones instauradas en su contra,
ni algún soporte contable que demostrara que sus ventas disminuyeron con ocasión
de la pérdida de confianza de su clientela. También concluyó que no se aportaron
pruebas sobre la afectación al buen nombre o good will que pidieron las
demandantes.
35. En esa medida, no basta la simple indicación de la supuesta procedencia de la
indemnización pedida y su reiteración en los términos de la demanda, la recurrente
debía proponer los argumentos tendientes a derribar y confrontar las conclusiones
esgrimidas por el Tribunal como sustento del no reconocimiento de las súplicas
económicas. No alegó, por ejemplo, que la prueba sí obraba en el expediente, o que,
a pesar de no obrar, su contenido se pudiera demostrar a través de otros medios
demostrativos, o que el hecho de que no reposara en el plenario no le era imputable;
de modo que, ante un universo de posibilidades, no puede el ad quem suponer en
qué consiste el alcance y fundamento del ataque planteado.
Así las cosas, es claro que la apelante realmente no refutó los argumentos del a quo,
es decir, no expuso puntualmente alguna razón de inconformidad en relación con el
fallo de primera instancia y, en esa medida, esta Sala no puede efectuar ningún juicio
de valor sobre la decisión objeto de apelación.
36. Por último, en su recurso la parte actora manifestó que la Ley 643 de 2001
contempla sanciones civiles y penales que “se deben endilgar a la lotería del meta
(sic) y sus directivos, por su obrara (sic) omisivo e irresponsable, con el cual
provocaron un daño que llevo (sic) a la quiebra económica a mi poderdante”27,
argumento que no reprocha la sentencia apelada y que se eleva como una petición
nueva –la aplicación de sanciones- no formulada desde que se trabó la litis, de modo
que no procede su examen en esta instancia, por modificar la causa petendi y
vulnerar con ello el derecho de defensa de que asiste a las demandadas.
37. En esas condiciones, más allá del desacuerdo que la parte recurrente muestra
frente a la sentencia de primera instancia por ser contraria a sus intereses, la Sala no
encuentra verdaderos motivos que estén dirigidos a desvirtuar las razones en las que
se fundó el Tribunal para negar los argumentos en los que se soportaron las
pretensiones de la demanda. Se concluye, en cambio, que la apelante no cumplió
adecuadamente la carga de sustentar el recurso, pues los argumentos que planteó
no refutan los fundamentos de la sentencia.
38. Asimismo, es importante advertir que la Sala no puede acometer oficiosamente
un análisis sobre los argumentos del Tribunal, pues desconocería que, por vía del
recurso se abrió una instancia procesal diferente, y que su propósito según la ley, no
es estudiar el asunto en su forma primigenia, como si nunca hubiera sido analizado y
a la manera de una “nueva primera instancia”, sin más; contrario a ello, la
27 Ibídem.
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Radicación: 50001233100020054004401 (53.800)
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Asunto: Controversias contractuales
competencia del ad quem se contrae a revisar la decisión impugnada de cara a los
motivos de censura expuestos por el apelante y, pese a ello, lo que evidencia el sub
examen es una desconexión entre los planteamientos de la alzada y la razón de la
decisión impugnada.
Por consiguiente, como la sentencia atacada quedó incólume, libre de cualquier
censura o confrontación, la Sala deberá confirmar el fallo impugnado, tal como lo
dispondrá el acápite resolutivo de esta providencia.
Costas
39. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.
IV. PARTE RESOLUTIVA
40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2014 por el
Tribunal Administrativo del Meta.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE28
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
V.F
28 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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