Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2023-00074-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2023-00074-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 73001-23-33-000-2023-00074-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
25 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 730012333000-2023-00074-01 (72175)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros
Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: ACCIÓN POPULAR – Su estándar de análisis difiere del aplicable a la acción de
tutela / OBITER DICTUM – La mención incidental a la acción de tutela no constituye un
error metodológico que vicie la sentencia, por cuanto la ratio decidendi se fundamentó en
la falta de prueba de la vulneración de los derechos colectivos bajo el estándar de la acción
popular / CARGA DE LA PRUEBA EN LA ACCIÓN POPULAR – Recae en el actor popular
la obligación de acreditar, al menos sumariamente, los hechos que configuran la
vulneración del derecho colectivo, sin que sea admisible una inversión de dicha carga para
exigir a la administración la prueba exhaustiva de un cumplimiento que inclusive no fue
reprochado en la demanda inicial / EXHORTO JUDICIAL EN ACCIÓN POPULAR – No
constituye una orden coercitiva, sino una herramienta persuasiva y prospectiva que el juez
puede emplear para impulsar el cumplimiento de mandatos constitucionales, como el
principio de progresividad, sin que su emisión sea incongruente con la negativa de las
pretensiones de la demanda / PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) – Su
arquitectura legal obedece al principio de descentralización administrativa, distinguiendo las
funciones de política general (MEN), de reglamentación y cofinanciación (UApA), y las de
ejecución y focalización operativa, como la revisión del SIMAT, que son competencia
exclusiva de la Entidad Territorial Certificada (ETC) / EXHORTO JUDICIAL Y PRINCIPIO
DE LEGALIDAD DE LAS COMPETENCIAS – El juez, incluso a título de exhorto, no puede
asignar funciones o sugerir el cumplimiento de obligaciones a una entidad que legalmente
no las posee; aunque el exhorto no impone deberes jurídicos, sí requiere que sus
destinatarios sean las autoridades que tienen la atribución legal y la capacidad técnica para
convertir esa orientación en acciones eficaces.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por el
actor popular y el Ministerio de Educación Nacional, contra la sentencia que negó
las pretensiones y exhortó a las entidades demandadas a implementar acciones de
mejora continua que aseguren eficiencia, oportunidad y calidad en la gestión a su
cargo.
El actor popular aduce la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, la defensa del patrimonio público y la prestación eficiente de los
Expediente: 730012333000-2023-00074-01 (72175)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal
Demandado Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros
Acción: Protección derechos e intereses colectivos
servicios públicos, con ocasión de presuntas deficiencias en la ejecución del
Programa de Alimentación Escolar en la Institución Educativa Santiago Vila Escobar
del municipio de Ibagué.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión adoptada el 3 de octubre de 20241, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo del Tolima resolvió la demanda2 presentada el 6
de marzo de 20233 por el ciudadano Nicolás Álvarez Bernal (el actor popular o el
demandante), en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos4, en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional
(MEN), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el municipio de
Ibagué, Tolima (el Municipio).
Hechos
2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones, el actor popular señaló lo
siguiente:
3. (i) Bajo el Programa de Alimentación Escolar (PAE), no se está garantizando
la entrega de la ración alimentaria a la totalidad de los 1.036 menores matriculados
en la Institución Educativa Santiago Vila Escobar del Municipio de Ibagué, situación
que fue informada por padres de familia y alumnos de la institución.
4. (ii) El PAE se interrumpe durante las épocas de receso escolar y vacaciones,
por lo que los estudiantes no reciben el complemento alimentario en dichos
periodos.
5. (iii)
Como consecuencia de la falta de cobertura universal y continua del
programa, los menores estudiantes están sufriendo graves desórdenes alimenticios,
manifestados en una talla y peso por debajo de lo adecuado para su edad.
6. (iv) La situación descrita evidencia deficiencias en la ejecución del servicio de
alimentación escolar en la institución demandada, frente a lo cual, deben adoptarse
medidas presupuestales, administrativas y técnicas inmediatas y verificables.
Fundamentos de derecho
7. El actor popular afirmó que las entidades demandadas vulneran los derechos
e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio
público y la prestación eficiente de los servicios públicos, por cuanto la omisión en
garantizar la cobertura universal y continua del PAE configura una amenaza para la
comunidad estudiantil. Indicó que la inacción de las autoridades competentes —
pese a su deber de asegurar las condiciones para el acceso y permanencia en el
1
Expediente digital, archivo “126SentenciaPrime_RAD20230007400SENTEN”.
2
Expediente digital, archivo “4_ALDESPACHO_004_DEMANDA”.
3
Expediente digital, archivo “2_ALDESPACHO_002_ACTAREPARTO”.
4
Este mecanismo judicial en la Constitución Política de 1991 y en la Ley 472 de 1998 se denomina acción popular. Aunque
en el CPACA se aluda al medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, la Sala utilizará ambas
terminologías, comoquiera que la distinción es semántica, no sustancial.
2
Expediente: 730012333000-2023-00074-01 (72175)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal
Demandado Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros
Acción: Protección derechos e intereses colectivos
sistema educativo— conlleva una deficiencia en la prestación del servicio que afecta
de manera directa el desarrollo integral, la nutrición y el rendimiento académico de
los niños, niñas y adolescentes de la institución educativa.
8. Señaló que la omisión es imputable a las entidades demandadas, quienes,
dentro del marco de sus competencias concurrentes y coordinadas, son las
llamadas a planear, financiar, ejecutar y vigilar el PAE para asegurar su prestación
de manera eficiente y oportuna. En esa medida, son responsables de garantizar que
los recursos públicos destinados al programa se administren con transparencia y
cumplan su finalidad social, así como de adoptar las medidas técnicas y
administrativas necesarias para proteger los derechos colectivos comprometidos.
9. Por último, resaltó la procedencia de la acción popular en los términos del
artículo 88 de la Constitución Política y de la Ley 472 de 1998, en cuanto esta
habilita la intervención judicial para evitar el daño contingente, hacer cesar la
amenaza sobre los derechos colectivos y asegurar que la prestación de un servicio
público, como la educación y sus componentes asociados, sea eficiente y se ajuste
a los principios de la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.
Pretensiones
10. El actor popular solicitó5: (i) amparar los derechos e intereses colectivos de
los niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa Santiago Vila Escobar; y,
(ii) que se ordene a las demandadas adoptar las medidas administrativas,
presupuestales y técnicas necesarias para garantizar la entrega inmediata y
continua del componente alimenticio a la totalidad de los estudiantes matriculados,
incluyendo los periodos de receso escolar y vacaciones.
Vinculaciones
11. La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para
Aprender (UApA) fue vinculada desde el auto admisorio de la demanda6. El Tribunal
consideró que, aunque la acción no se dirigió inicialmente en contra de esa entidad,
resultaba justificado su llamado al proceso dado que el objeto del litigio —la correcta
prestación del PAE— involucra directamente sus competencias como ente rector de
la política de alimentación escolar y cofinanciador del sistema.
5
El demandante solicitó textualmente: “1- Que se declare que existe violación a la moralidad administrativa, protección al
patrimonio público y a la prestación eficiente de los servicios públicos (…). 2- Que se ordene al alcalde de Ibagué Andrés
Fabián hurtado Cifuentes, al secretario de educación Juan Manuel Acevedo, al ministerio de educación representado por
Aurora Vergara, al instituto colombiano de bienestar familiar representado por Astrid Eliana Cáceres Cárdenas y al rector de
la institución educativa accionada para que sin dilación alguna se proceda a la entrega inmediata del componente alimenticio
a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran matriculados en dicha institución. 3- Que con motivo de esta orden
constitucional de manera inmediata se hagan todos los traslados presupuestales, administrativos y técnicos para que se
cumpla con lo aquí ordenado. 4- Que se VERIFIQUE que el cumplimiento de la orden anterior se entregue a todos los menores
matriculados en la institución educativa, para ello se vincula a los padres de familia, profesores y personeros elegidos
popularmente en la institución, dándose amplia difusión para que todos tengan conocimiento de esta decisión. 5- Que se
envié a esta magistratura la explicación justificada de los niños a los que por alguna razón no se les entrega el componente
alimentario en la institución educativa Santiago Vila Escobar. 6- Que se ordene que se remitan las memorias individualizadas
del componente alimentario. 7- Que se ordene la entrega de raciones alimentarias en época de vacaciones”.
6
Expediente digital, archivo “21_ADMITEDEMANDA_ADMITEACC”.
3
Expediente: 730012333000-2023-00074-01 (72175)
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Las contestaciones de la demanda
12. El MEN7 adujo no estar legitimado en la causa por pasiva por cuanto sus
funciones son de rectoría, política, planeación, inspección y vigilancia del sector
educativo, no de ejecución ni de entrega del componente alimentario. Invocó
además el artículo 5 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 715 de 2001 sobre distribución
de competencias, destacando que dentro de las responsabilidades de la Nación no
figura la entrega de alimentos a estudiantes, labor que corresponde a las
autoridades territoriales responsables de la prestación del servicio educativo. En
ese marco, solicitó negar las súplicas de la demanda respecto de la cartera
ministerial, disponiendo su exclusión del proceso y exoneración de responsabilidad,
por tratarse de actuaciones ajenas a su órbita funcional y competencial.
13. El ICBF8 se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, con base en que la competencia sobre el PAE
ya no recae en ese instituto. Explicó que, si bien históricamente tuvo a su cargo el
programa, la Ley 1450 de 2011 ordenó el traslado total de esta competencia al MEN,
detallando que ese traslado se completó en un proceso por fases que finalizó en el
año 2015, momento desde el cual el ICBF se desvinculó por completo de la
orientación, ejecución y articulación del PAE. En consecuencia, sostuvo que, al no
ser un actor dentro de la estructura del programa, no se le puede endilgar
responsabilidad por la presunta vulneración de los derechos colectivos invocados.
14. El Municipio9 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que
ha cumplido con sus obligaciones legales y reglamentarias dentro de los límites de
su competencia y capacidad presupuestal. Sostuvo que el PAE no es un programa
nutricional de carácter universal, sino un complemento alimentario cuyo objetivo es
fomentar el acceso y la permanencia en el sistema educativo exclusivamente
durante el calendario escolar. Por tanto, afirmó que no existe una obligación legal
de suministrar raciones durante los periodos de receso o vacaciones, y que hacerlo
desbordaría la naturaleza del programa, que está inescindiblemente ligado a la
actividad académica.
15. Explicó que la ejecución del PAE se financia mediante un esquema de
cofinanciación o “bolsa común”, a la cual concurren los recursos asignados por la
UApA y los recursos propios del ente territorial. Para la vigencia 2023, detalló que
la primera destinó $7.118’028.798 y el Municipio aportó $25.113’050.305, con lo
cual se atiende a una población de aproximadamente 37 mil estudiantes. En este
sentido, argumentó que la pretensión de una cobertura universal inmediata es
inviable, ya que la ampliación del programa está sujeta a los principios de
progresividad y sostenibilidad fiscal.
16. Finalmente, defendió que su actuación se ajusta a los lineamientos técnicos
nacionales, aplicando los criterios de focalización y priorización definidos en la
Resolución 335 de 2021 para determinar los beneficiarios. Concluyó que, al no
7
Expediente digital, archivo “32_AGREGARMEMORIAL_MINEDUCAC_CONTESTACIONDEDEM”.
8
Expediente digital, archivo “49_AGREGARMEMORIAL_ICBF_CONTESTACION074202”.
9
Expediente digital, archivo “58_AGREGARMEMORIAL_RAD202300074CONTE”.
4
Expediente: 730012333000-2023-00074-01 (72175)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal
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haberse demostrado una actuación por fuera del marco normativo, no se configura
una vulneración a los derechos colectivos, y que la carga de la prueba para
demostrar lo contrario es del actor popular. Subsidiariamente, solicitó que cualquier
eventual orden judicial se circunscriba a sus competencias, observe el calendario
escolar y las disponibilidades de apropiación, y se oriente a medidas razonables y
verificables que no desconozcan los límites legales y fiscales del ente territorial.
17. La UApA10 adujo no estar legitimada en la causa por pasiva, por cuanto sus
competencias no incluyen la entrega inmediata del componente alimentario ni la
operación directa del servicio, en tanto su función legal es asignar los recursos de
la cofinanciación a las entidades territoriales y efectuar su seguimiento, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 218 de 2020. Añadió que la Ley 2167 de 2021
garantiza la prestación del servicio alimentario durante el calendario académico
mediante la concurrencia de recursos de la Nación y las entidades territoriales, pero
no es fundamento para vincularla como ejecutora. Además, las otras entidades
demandadas son descentralizadas y autónomas en sus decisiones, respecto de las
cuales la UApA no tiene injerencia. En ese marco, solicitó su exclusión por carecer
de nexo jurídico con las pretensiones de entregar a todos los estudiantes los
alimentos (incluso en receso escolar), por ser un asunto ajeno a su órbita funcional.
18. En apoyo de su postura, destacó que la implementación, contratación y
operación del servicio corresponde a las entidades territoriales, incluidas la
programación, supervisión/interventoría y ejecución oportuna conforme a los
lineamientos del sector, por lo que cualquier orden de entrega directa o de operación
debe dirigirse a la autoridad territorial competente. Sin perjuicio de ello, informó que
en ejercicio de su función de seguimiento y asistencia técnica realizó
acompañamientos al municipio de Ibagué en 2023 y reseñó datos operativos
reportados por este sobre el inicio del calendario académico y el esquema
contractual utilizado para la entrega de los alimentos (subasta por Bolsa Mercantil
con el operador UT Compartir Ibagué 2022) en el marco de los lineamientos de la
Resolución 335 de 2021.
Alegatos de conclusión
19. El actor popular11 reiteró lo expuesto en su demanda, allegando referentes
jurisprudenciales sobre continuidad en los programas de alimentación escolar12
para sostener que la interrupción en periodos de receso desconoce los estándares
de protección reforzada para los niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente,
aportó referencias normativas13 para robustecer el carácter prestacional y oportuno
del servicio, trayendo un precedente del Consejo de Estado14 donde, en un caso
similar, se ordenaron medidas coordinadas para asegurar la efectividad del servicio.
Además, resaltó datos estadísticos sobre inseguridad alimentaria en el municipio de
Ibagué para dimensionar el impacto y la urgencia de las correcciones, indicando
10
Expediente digital, archivo “076_MEMORIALALDESPACHO_5CONTESTACIONUAPA”.
11
Expediente digital, archivo “116_MemorialWeb_Alegatos-santiagoviladocx”.
12
Invocó la sentencia T-115 de 2017, citada en la sentencia T-457 de 2018.
13
Leyes 7 de 1979 y 1098 de 2006.
14
Exp. 730012333000-2023-00159.
5
Expediente: 730012333000-2023-00074-01 (72175)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal
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que el 33% de las familias comen menos de tres veces al día y afirmando una baja
cobertura del PAE (52%) en comparación con la media nacional (76%).
20. La UApA15 reiteró su argumento central de falta de legitimación en la causa
por pasiva, afirmando que su rol se limita a cofinanciar y proveer estándares
técnicos, mientras que la entidad territorial es la única responsable de la ejecución,
contratación, priorización y financiación de la "bolsa común". Así mismo, relacionó
mesas de trabajo y acompañamientos al municipio de Ibagué para acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones de seguimiento y puntualizó que la entidad
territorial no priorizó a la Institución Educativa Santiago Vila Escobar para la entrega
de alimentos durante el receso vacacional.
21. El ICBF16 insistió en los argumentos allegados con la contestación de la
demanda, y para clarificar su rol, detalló sus propios programas nutricionales
advirtiendo que son distintos del PAE, entre ellos, “Primera Infancia”, que provee el
70% de las necesidades calóricas y atiende a 41.647 usuarios en el Tolima, y la
estrategia “1.000 Días”, enfocada en prevenir la desnutrición aguda en niños de alto
riesgo y mujeres gestantes.
22. El MEN17 reiteró no estar legitimada en la causa por pasiva, aduciendo que
sus competencias se limitan a la política y planificación, mientras que la
administración del servicio educativo está descentralizada en las entidades
territoriales, sin perjuicio de las responsabilidades específicas del PAE que fueron
transferidas a la UApA mediante la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 218 de 2020.
23. El Municipio guardó silencio.
Fundamentos de la sentencia impugnada
24. El Tribunal: (i) declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el ICBF; (ii) negó las pretensiones de la acción
popular; y (iii) exhortó al MEN, a la UApA y al Municipio para que, con base en el
SIMAT18 y los criterios de priorización y focalización de la Resolución 335 de 2021,
adopten los mecanismos presupuestales, administrativos y financieros necesarios
para incluir a los estudiantes priorizados de la Institución Educativa Santiago Vila
Escobar en el PAE y aumentar progresivamente su cobertura19.
15
Expediente digital, archivo “113_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSUAPA”.
16
Expediente digital, archivo “118_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSDECONCLUSI”.
17
Expediente digital, archivo “121_MemorialWeb_DESCORREALEGATOS1INSTANCIA-RAD.-NICOLASALVAREZBERNAL”
18
El Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) es una plataforma del Ministerio de Educación donde los colegios registran y
actualizan los datos de matrícula de sus estudiantes (ingresos, retiros, traslados, etc.). Con esa información el Estado puede
hacer seguimiento a la cobertura escolar, asignar recursos y tomar decisiones de política educativa.
19
Textualmente resolvió: “Primero. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, conforme lo indicado en parte considerativa. Segundo.
NEGAR las pretensiones de la demanda iniciada por NICOLÁS ÁLVAREZ BERNAL, conforme lo indicado en parte
considerativa de esta providencia. Tercero. EXHORTAR al Ministerio de Educación Nacional, a la Unidad Administrativa
Especial de Alimentación Escolar-Alimentos para Aprender – y al Municipio de Ibagué, para que tanto en la vigencia actual
(2024), como en las vigencias futuras, revisen la información reportada en el SIMAT, que permita clasificar a la población de
niños, niñas y adolescentes que deben ser beneficiarios, de acuerdo con los criterios de priorización y focalización previstos
en el artículo 4.º de la Resolución 335 de 2021 y procedan a determinar los mecanismos presupuestales, administrativos y
financieros necesarios para que los estudiantes priorizados de la Institución Educativa Santiago Vila Escobar de Ibagué sean
incluidos en el Programa de Alimentación Escolar -PAE, garantizando que cada año se presente un mayor porcentaje y/o
6
Expediente: 730012333000-2023-00074-01 (72175)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal
Demandado Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros
Acción: Protección derechos e intereses colectivos
25. Con base en el acervo probatorio, el a quo concluyó que la ejecución del
programa de alimentación se ajustó a la normativa vigente, que establece una
cobertura progresiva y criterios de priorización, sin que en el proceso se
demostraran conductas que afectaran algún derecho colectivo. Explicó que el PAE
es una estrategia estatal para promover el acceso y permanencia escolar mediante
un complemento alimentario durante la jornada académica, financiado
conjuntamente por la Nación (a través de la UApA) y las entidades territoriales, y
cuya ejecución directa, incluyendo la contratación y la aplicación de criterios de
priorización, corresponde a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), como el
municipio de Ibagué, siguiendo los lineamientos de la UApA.
26. Definió que el ICBF carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto
su competencia sobre el PAE fue trasladada al MEN y luego a la UApA. En
consecuencia, los llamados a responder por los presuntos derechos colectivos
vulnerados son, el municipio de Ibagué, como ejecutor directo y responsable de la
planeación y contratación del PAE en su jurisdicción, así como el MEN y la UApA,
entidades que, si bien no ejecutan el programa, detentan funciones de política,
financiación y asistencia técnica del mismo.
27. En la valoración probatoria, destacó: (i) las respuestas de las entidades
demandadas a los derechos de petición del actor, confirmando los estudiantes
matriculados (1.036 en enero 2023) y la aplicación de criterios de priorización; (ii) las
Resoluciones de la UApA asignando recursos al Municipio para el PAE en el 2023
($7.118’028.798); (iii) la información municipal sobre su aporte presupuestal al
programa ($25.113’050.305) y la cobertura alcanzada (cerca de 37.000 estudiantes
en total, con un aumento de beneficiarios en la Institución Educativa Santiago Vila
Escobar; (iv) los certificados de entrega de raciones emitidos por el rector de la
institución educativa durante el calendario escolar 2023; (v) la Resolución 430 de
2023 de la UApA, que asignó recursos para PAE en receso escolar a municipios
específicos, sin incluir a Ibagué; y (vi) la certificación de la Secretaría de Educación
de Ibagué detallando que los 196 beneficiarios iniciales en la Institución Educativa
Santiago Vila Escobar (19.31%) correspondían al 100% del preescolar y a población
vulnerable priorizada según la Resolución 335 de 2021.
28. Concluyó que la cobertura del PAE no es universal sino progresiva y sujeta
a disponibilidad presupuestal y a los criterios de priorización definidos por la UApA,
los cuales fueron aplicados por el municipio de Ibagué en la Institución Educativa
Santiago Vila Escobar, priorizando preescolar y población vulnerable. Determinó
que la no entrega de alimentos en vacaciones obedeció a la falta de asignación de
recursos específicos para ello por parte de la UApA para Ibagué en 2023, y
consideró que no se probó afectación a la moralidad administrativa (falta de prueba
de conductas deshonestas o arbitrarias) ni al patrimonio público (pues los recursos
se ejecutaron según su destinación). Tampoco encontró vulneración al acceso
eficiente a servicios públicos, ya que el PAE se prestó conforme a la normativa y a
ampliación de la cobertura del programa. Cuarto. Sin condena en costas en la instancia. Quinto. Una vez en firme esta
providencia, archívese el expediente”.
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Expediente: 730012333000-2023-00074-01 (72175)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal
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la disponibilidad de recursos. Advirtió que los reclamos sobre derechos
fundamentales individuales (alimentación, educación) deben tramitarse vía tutela.
29. Sin perjuicio de lo anterior, reconoció que el objetivo último del programa es
alcanzar la cobertura universal, fin que debe cumplirse de manera progresiva,
garantizando los principios de planeación presupuestal, sostenibilidad fiscal y los
criterios de priorización establecidos en la norma. En consecuencia, entendiendo la
educación como un servicio público, el Tribunal consideró procedente exhortar al
MEN, a la UApA y al Municipio para que revisen la información de los alumnos
(SIMAT) y determinen los mecanismos presupuestales y financieros necesarios
para incluir a los estudiantes que deben ser priorizados en esa institución,
asegurando que cada año se presente un mayor porcentaje o ampliación de la
cobertura del programa.
II. LOS RECURSOS DE APELACIÓN
Impugnación de la parte actora
30. El demandante20 solicitó revocar el fallo de primera instancia y acceder a las
pretensiones de la demanda, con fundamento en que el Tribunal erró al no encontrar
probada la vulneración de los derechos colectivos. Sostuvo que el fallo interpretó
incorrectamente la naturaleza del derecho debatido (tratándolo como fundamental
individual en lugar de colectivo) desconociendo la idoneidad de la acción popular
como mecanismo principal, que no se ponderó adecuadamente la responsabilidad
de las entidades involucradas en la prestación del PAE, y que se omitió valorar el
cumplimiento de los criterios de priorización. Lo anterior se fundamentó en las
siguientes consideraciones:
31. (i) La alimentación escolar —en el marco del PAE— es un derecho e interés
colectivo vinculado a la prestación eficiente del servicio público de educación, por
ende, el Tribunal incurrió en un error metodológico al examinar el caso con el prisma
de la tutela (propia de la protección inmediata de derechos fundamentales),
exigiendo afectaciones individuales, inmediatez o “perjuicio irremediable”, cuando
lo correcto, tratándose de una acción popular (artículo 88 de la Constitución Política
y Ley 472 de 1998) era aplicar un estándar preventivo y correctivo donde basta la
amenaza o vulneración del derecho colectivo.
32. (ii) Las entidades demandadas no pueden deslindarse de su responsabilidad
en la ejecución del PAE argumentando limitaciones presupuestales o
administrativas. Si bien el principio de sostenibilidad fiscal debe respetarse, este no
puede servir de excusa para vulnerar derechos colectivos, como determinó el a quo,
por lo que las entidades demandadas deben coordinarse para asegurar la
universalidad del servicio.
33. (iii)
El Tribunal omitió verificar el cumplimiento estricto del proceso de
priorización establecido en la Resolución 335 de 2021 (que establece criterios por
vulnerabilidad –Sisbén, seguridad social– y grados inferiores). Alegó que no se
20
Expediente digital, archivo “130_MemorialWeb_Otro-FALLOPAEdocx”.
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Expediente: 730012333000-2023-00074-01 (72175)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal
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aportó prueba de dicho cumplimiento por parte de las entidades demandadas,
especialmente en cuanto a la verificación del SIMAT y la afiliación a seguridad
social, lo cual es esencial para una focalización justa del PAE.
Impugnación del Ministerio de Educación Nacional
34. El MEN21 solicitó la revocatoria del numeral tercero que lo exhortó, junto a la
UApA y al Municipio, a revisar la información del SIMAT y determinar mecanismos
para ampliar la cobertura del PAE en la Institución Educativa Santiago Vila Escobar.
Adujo no ser competente para cumplir la instrucción impartida, además de la
improcedencia de esta última al haberse negado las pretensiones de la demanda.
Los argumentos de la apelación fueron en esencia los siguientes:
35. (i) Las competencias legales del MEN (Decreto 5012 de 2009, Ley 115 de
1994, Ley 715 de 2001) se centran en la política, planeación, inspección y vigilancia,
pero no incluyen la revisión de datos del SIMAT para clasificar beneficiarios del PAE
ni la determinación de mecanismos financieros específicos para una institución
educativa particular, tareas que corresponden a la ejecución descentralizada del
programa.
36. (ii) Las funciones específicas de reglamentación, cofinanciación y asistencia
técnica del PAE fueron trasladadas a la UApA, por lo que esta última la entidad
competente para definir criterios de focalización y distribuir recursos nacionales. Por
su parte, la implementación, contratación, operación, y la gestión de la información
del SIMAT para el PAE, así como la aplicación de los criterios de priorización, son
responsabilidad exclusiva de la Entidades Territoriales Certificadas (ETC), en este
caso, del municipio de Ibagué, en virtud de su autonomía administrativa y
presupuestal.
37. (iii) Dado que la sentencia negó las pretensiones principales al no encontrar
probada la vulneración de los derechos colectivos aducidos por el actor popular,
carece de fundamento jurídico imponer una orden mediante un exhorto, por cuanto
ello equivale a la imposición de una condena sin sustento fáctico o legal.
III. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
38. Atendiendo a los cargos vertidos en los recursos de apelación, corresponde
a la Sala establecer si la sentencia impugnada: (i) incurrió en un error al analizar la
controversia bajo el estándar de un derecho fundamental individual (propio de la
tutela), en lugar de aplicar el estándar preventivo y correctivo que rige la acción
popular; (ii) desconoció el carácter progresivo hacia la universalidad del PAE y el
deber de coordinación entre las entidades demandadas, al aceptar limitaciones
presupuestales o administrativas como justificación para no avanzar en la cobertura;
y (iii) omitió valorar la falta de prueba sobre el cumplimiento estricto de los criterios
de priorización dispuestos en la norma y si dicha omisión impidió declarar la
21
Expediente digital, archivo “128_MemorialWeb_RECURSODEAPELACION-RAD. -NICOLASALVAREZBERNAL”.
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Expediente: 730012333000-2023-00074-01 (72175)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal
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vulneración de los derechos colectivos invocados por el actor popular.
Adicionalmente, deberá definirse si (iv) el exhorto impartido en el numeral tercero de
la sentencia impugnada debe ser revocado, por cuanto carece de fundamento al
haberse negado las pretensiones de la demanda, y dado que el MEN carece de
competencia para atenderlo.
Sobre el supuesto error metodológico en el fallo impugnado
39. El apelante sostiene que el fallador de primera instancia examinó la
controversia con el prisma de la acción de tutela, es decir, bajo un estándar propio
de la protección de derechos fundamentales individuales que exige la demostración
de afectaciones subjetivas, inmediatez o un perjuicio irremediable. A juicio del
recurrente, este enfoque desnaturalizó la esencia de la acción popular, cuyo
estándar es de naturaleza preventiva y correctiva, y para cuya procedencia basta la
simple amenaza o vulneración del derecho colectivo. Resaltó que la alimentación
escolar es un derecho e interés colectivo intrínsecamente ligado a la prestación
eficiente del servicio público de educación, y que el análisis del a quo desconoció
esta naturaleza, conduciéndolo a una decisión errada.
40. La acción popular, consagrada en el artículo 88 de la Constitución y
desarrollada por la Ley 472 de 1998, es un mecanismo judicial de carácter principal,
público y eminentemente preventivo y/o restitutorio, cuyo objeto exclusivo es la
protección de los derechos e intereses colectivos. Su naturaleza es supraindividual
y su procedencia se activa ante la mera amenaza o vulneración de un interés que
radica en cabeza de la comunidad en general, sin que para su prosperidad se
requiera la demostración de un perjuicio individualizado y consumado22. Por su
parte, la acción de tutela, prevista en el artículo 86 superior, es un mecanismo de
naturaleza subsidiaria, preferente y sumaria, diseñado para la protección inmediata
de derechos constitucionales fundamentales de carácter individual, cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o de particulares en los casos que establece la ley, y siempre que
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable23.
41. El apelante erige su argumentación sobre una dicotomía entre estas acciones
que, si bien es jurídicamente cierta, es utilizada en este caso para desviar la
atención del núcleo de la controversia en tanto se pretende transformar un debate
sobre la insuficiencia probatoria de fondo, en una discusión sobre un supuesto vicio
de procedimiento. Al no haber logrado acreditar en primera instancia los supuestos
fácticos de la vulneración de los derechos colectivos que invocó, el actor popular
opta en la alzada por cuestionar la metodología del juzgador, magnificando una
reflexión incidental de la sentencia para presentarla como la causa determinante de
la decisión.
22
Al respecto puede verse: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de febrero de
2018, Exp. 25000-23-15-000-2002-02704-01 (SU), C.P. William Hernández Gómez.
23
Sobre el particular pueden consultarse: Corte Constitucional, sentencias C-543 de 1992, C-590 de 2005 y SU-387 de 2022.
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42. Un examen integral de la providencia impugnada permite concluir que en esta
sí se aplicó el estándar de análisis correcto para cada uno de los derechos colectivos
invocados, en el marco de la acción popular. El Tribunal no trasladó el debate a las
reglas de la tutela ni edificó su análisis sobre exigencias de subsidiariedad o de
inmediatez, por el contrario, dedicó un acápite expreso a reconstruir el marco
constitucional y legal de las acciones populares, identificando su finalidad
preventiva, suspensiva y, de ser el caso, restitutiva, su carácter principal y su
vinculación a la defensa de bienes jurídicos de naturaleza colectiva. De manera
literal, el a quo recogió que la acción popular protege derechos colectivos frente a
un daño contingente, peligro, amenaza o vulneración atribuibles a conductas activas
u omisivas de autoridades o particulares, y en esa misma línea, enfatizó el rasgo
preventivo de la acción popular, explicando que no se requiere un daño consumado
para su procedencia, pues basta la existencia de riesgo o amenaza sobre el interés
colectivo, precisando que tales derechos se proyectan unitariamente sobre la
colectividad.
43. Adicionalmente, con ese estándar, el fallador de primera instancia
individualizó los derechos colectivos invocados y los sometió a escrutinio.
44. En lo que concierne a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio
público, la decisión de negar el amparo no se fundamentó en la ausencia de
afectaciones individuales o en la falta de un perjuicio irremediable, categorías
propias del juicio de tutela. La desestimación de las pretensiones obedeció a la
ausencia de prueba de los elementos constitutivos de la vulneración de esos
derechos colectivos específicos. La jurisprudencia ha sido clara y reiterada al exigir,
para que se configure la vulneración de la moralidad administrativa, la prueba
concurrente de un elemento objetivo —el quebrantamiento del ordenamiento
jurídico— y un elemento subjetivo —la comprobación de conductas amañadas,
corruptas, arbitrarias o deshonestas, alejadas de los fines de la correcta función
pública—24. De igual forma, la afectación al patrimonio público requiere la
demostración de un manejo indebido, negligente, ineficiente o con una destinación
diferente de los recursos públicos, que se traduzca en un detrimento del erario25. El
Tribunal, al constatar que el actor no aportó prueba alguna en tal sentido y que sus
alegatos se limitaron a cuestionar la cobertura del PAE, aplicó rigurosamente el
estándar probatorio de la acción popular para estos derechos26, no otro.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de septiembre de 2004, Exp.
25000-23-25-000-2001-90550-01(AP), C.P. María Elena Giraldo Gómez; Sección Tercera, Subsección B. sentencia del 27 de
marzo de 2014, Exp. 25000-23-15-000-2010-02404-01, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo; Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2018. Exp. 15001-33-31-001-2004-01647-01. C.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 14 de abril de 2016, Exp. 25000-
23-41-000-2013-02622-01 (AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 15 de
marzo de 2017, Rad. 68001-23-31-000-2011-00148-01, C.P. Hernán Andrade Rincón; Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 5 de marzo de 2021, Exp. 73001-23-31-000-2010-00441-01 (AP), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
26
Respecto de la moralidad administrativa, la providencia reafirmó la carga de la parte actora en la acreditación de los
elementos objetivo y subjetivo. A partir de ese parámetro, concluyó que no se allegaron argumentos ni evidencias de
comportamientos corruptos, arbitrarios o desviados que permitieran predicar lesión a ese principio en la gestión del PAE en
la institución educativa referida. En lo que atañe a la defensa del patrimonio público, tras revisar el acervo probatorio, el a quo
no encontró rastro de desviación, malversación o gestión irregular de recursos del PAE que comprometiera el patrimonio
público; por el contrario, advirtió la sujeción de la ejecución a las reglas aplicables.
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45. Respecto al derecho a la prestación eficiente del servicio público, el análisis
del a quo también se ajustó a la naturaleza de la acción popular. El Tribunal ponderó
la aspiración legítima de universalidad del servicio con otros principios
constitucionales que deben orientar la gestión de las políticas públicas, como la
sostenibilidad fiscal y el principio de progresividad en la garantía de los derechos
sociales, concluyendo que la eficiencia de un servicio público social, como la
educación y sus componentes estratégicos como el PAE, no puede medirse
exclusivamente a través del lente de una cobertura universal e inmediata, sino que
debe evaluarse en el contexto de una gestión racional, planificada y progresiva.
46. Al verificar que la actuación del Municipio se ajustó a los criterios técnicos de
focalización y priorización definidos en la Resolución 335 de 2021 27, el Tribunal
descartó la existencia de una actuación arbitraria o caprichosa28, y constató una
gestión planificada que se enmarca en el margen de configuración que tiene la
administración para implementar políticas públicas complejas. En este sentido, la
decisión del a quo refleja una adecuada deferencia judicial hacia las decisiones
técnicas de la administración, pues el juez popular no es un coadministrador ni le
corresponde rediseñar las políticas públicas, sino verificar que su ejecución no
vulnere o amenace de forma manifiesta los derechos colectivos, lo cual no se
demostró en este caso para el juzgador de primera instancia29.
47. Se destaca que, si bien en la parte final de la providencia el Tribunal indicó
que la pretensión de incluir a la totalidad del alumnado podría aparecer ligada al
amparo inmediato de derechos fundamentales, esa disertación no transformó el
juicio popular en un trámite de tutela ni condicionó sus conclusiones a reglas de
subsidiariedad o de inmediatez.
48. La estructura de las sentencias judiciales distingue entre la ratio decidendi y
los obiter dicta30. La primera corresponde a la razón de la decisión, es decir, al
fundamento jurídico directo, necesario e inescindible que sustenta la parte resolutiva
del fallo; es la regla jurisprudencial que resuelve el problema jurídico planteado. Los
obiter dicta, en cambio, son consideraciones incidentales, reflexiones o argumentos
que, si bien pueden tener valor doctrinal o persuasivo, no constituyen el fundamento
esencial de la decisión y, por tanto, no poseen fuerza vinculante. En el presente
caso, es evidente para la Sala que el análisis sustantivo sobre la falta de
acreditación de la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, la defensa del patrimonio público y la prestación eficiente del servicio
27
“Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa
de Alimentación Escolar (PAE)”.
28
Para ello, ponderó hechos y comunicaciones oficiales que daban cuenta de la ejecución del PAE en la Institución Educativa
Santiago Vila Escobar, los ejercicios de focalización adelantados con base en SIMAT y Sisbén, la actualización de coberturas
y, además, la situación particular del receso escolar para 2023 asociada a decisiones de la UApA que no incluyeron al
Municipio de Ibagué en la asignación de recursos para esa modalidad, lo cual evidenció la inexistencia de un incumplimiento
atribuible al Municipio por capricho u omisión en ese punto específico
29
El Tribunal dejó sentado el dato objetivo de cobertura en la institución educativa —1.015 estudiantes matriculados frente a
196 beneficiarios priorizados, con enfoque en preescolar y población vulnerable—, señalando que, lejos de demostrar una
parálisis del programa, acredita su funcionamiento bajo los criterios de priorización vigentes y dentro de los márgenes
presupuestales disponibles. Con fundamento en esa constatación, concluyó que no se probó la vulneración del derecho
colectivo a la prestación eficiente y oportuna del servicio público educativo en su componente alimentario, en cuanto la
atención se ajustó a los parámetros de focalización y a la planeación fiscal de la entidad territorial.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de febrero de
2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-03003-01, C.P. María Adriana Marín, Bogotá, D.C.
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público, detallado en el acápite anterior, constituye la verdadera y única ratio
decidendi de la sentencia impugnada, pues fue con base en esa conclusión,
derivada de la valoración probatoria bajo el estándar de la acción popular, que el
Tribunal negó las pretensiones de la demanda.
49. Por consiguiente, el párrafo final de la sentencia del a quo, donde se
menciona la idoneidad de la acción de tutela para la protección de derechos
fundamentales31, debe ser calificado como un claro obiter dictum, pues esta
reflexión no fue la causa ni el fundamento de la decisión de negar las pretensiones,
sino que se trató de una acotación ilustrativa que no alteró ni condicionó el
razonamiento central del fallo. De hecho, esta reflexión judicial fue provocada por la
propia ambigüedad de la demanda inicial, que, si bien invocaba derechos colectivos,
fundamentaba gran parte de su argumentación en el impacto individual que la falta
de cobertura del PAE generaba, dualidad en el planteamiento del actor que invitó al
juez de instancia a realizar una clarificación pedagógica sobre las fronteras entre
las acciones constitucionales, sin que ello represente un error en la aplicación de la
ley. El apelante aísla este comentario de su contexto y lo presenta de manera
descontextualizada como si fuera la ratio decidendi.
50. Tampoco es de recibo sostener que el a quo desatendió la naturaleza del
PAE como una acción estatal de soporte a la permanencia educativa o como un
interés colectivo intrínsecamente ligado a la prestación eficiente del servicio público
de educación. La sentencia de primera instancia reconoció explícitamente que el
PAE es un componente esencial del servicio público educativo y destacó que el
programa guarda una conexión íntima con la garantía del derecho a la educación,
en tanto coadyuva a la permanencia y al uso efectivo del servicio, y fue
precisamente partiendo de esta premisa que analizó las pretensiones. Con todo,
precisó —sin desconocer esa naturaleza— que su satisfacción no se traduce en
cobertura universal inmediata, sino en una expansión gradual, técnicamente
soportada y compatible con el esquema de cofinanciación y las reglas de
focalización y priorización32.
51. Conforme a lo expuesto, el cargo formulado por el apelante resulta infundado,
pues la sentencia impugnada no incurrió en el error metodológico que se le endilga,
toda vez que se fundamentó en un examen de cada uno de los derechos colectivos
invocados, aplicando para ello los estándares probatorios y de análisis que rigen la
acción popular, mientras que la referencia a la acción de tutela constituye un obiter
31
El Tribunal indicó expresamente lo siguiente: “Finalmente, se debe precisar que la demanda plantea la vulneración del
derecho o interés colectivo a la moralidad y defensa del patrimonio público en un contexto más bien dirigido a la protección
del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes que aparentemente está siendo vulnerado en la
Institución Educativa Santiago Vila Escobar del Municipio de Ibagué, por la no inclusión de toda la comunidad estudiantil en
el Programa de Alimentación Escolar – – Alimentos para Aprender –. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
considerado que la tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para el amparo de este tipo de derechos fundamentales y no la
acción popular en la que, como se ha hecho a lo largo de esta providencia, sólo se analizan derechos colectivos”.
32
Sobre el particular señaló que: “el derecho a la educación ha sido entendido también como un servicio público con función
social, vigilado e inspeccionado por el Estado con el propósito de asegurar el cumplimiento de sus fines, su calidad,
permanencia y las condiciones necesarias para garantizar su acceso, pues por medio de ella, se pretende que todas las
personas accedan al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, ello con sustento en
el artículo 67 superior, y como quiera que es patente que no todos los estudiantes de la institución educativa involucrada en
esta contienda son beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar -PAE y el programa busca alcanzar una cobertura
universal, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 4.º del artículo 136 de la Ley 1450, tal fin debe cumplirse de manera
progresiva garantizando, entre otros, los principios de planeación presupuestal y sostenibilidad fiscal, así como los criterios
de priorización y focalización”.
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dictum que no formó parte de las razones que llevaron a negar las pretensiones de
la demanda.
El carácter progresivo hacia la universalidad del PAE y el deber de
coordinación entre las entidades demandadas
52. El apelante sostiene que la sentencia de primera instancia aceptó las
limitaciones presupuestales y administrativas como una justificación válida para no
avanzar en la cobertura del programa, contraviniendo con ello la jurisprudencia
constitucional. Para el recurrente, el fallo impugnado permite que las entidades se
deslinden de su responsabilidad de coordinar esfuerzos y adoptar todas las medidas
necesarias para progresar hacia la cobertura total, bajo el pretexto de la escasez de
recursos, lo cual, vacía de contenido el mandato de progresividad y perpetúa la
exclusión de estudiantes que requieren el complemento alimentario.
53. El examen de la providencia recurrida muestra que el reproche del apelante
carece de asidero, puesto que el Tribunal partió de reconocer que la política pública
nacional de alimentación escolar tiene como fin la universalidad y que dicho objetivo
debe perseguirse mediante una expansión progresiva acompañada de planeación
presupuestal y sostenibilidad fiscal, de suerte que la cobertura total no se impone
como obligación inmediata sino como meta que se alcanza respetando los criterios
de priorización fijados por la regulación aplicable, sin que ello equivalga a admitir la
parálisis o la excusa por insuficiencia de recursos. Esta lectura consta en la
motivación del fallo cuando se afirma expresamente que la finalidad última es la
cobertura universal, cuyo cumplimiento es gradual y que, por mandato normativo,
no todos los estudiantes reciben PAE de manera simultánea porque deben
priorizarse determinadas poblaciones conforme a los lineamientos vigentes33.
54. Lejos de aceptar una defensa meramente presupuestal, el a quo verificó con
soporte probatorio que las autoridades responsables venían desplegando acciones
coordinadas y crecientes en cobertura, tanto en el nivel nacional como en el
territorial, lo que reafirma que la progresividad se estaba materializando. En
particular, constató la concurrencia de recursos de la UApA y del Municipio para la
vigencia 2023 y precisó que dicha concurrencia permitió la contratación, por Bolsa
Mercantil, de más de 35.000 complementos alimentarios dirigidos a estudiantes
priorizados durante el calendario académico, dato que por sí mismo revela una
dinámica de ejecución compatible con el avance progresivo hacia la universalidad y
no una justificación de inacción por razones presupuestales.
55. Además, el Tribunal no se limitó a postulados generales sino que verificó
cifras, población atendida y criterios de focalización, dejando establecido que para
el 14 de diciembre de 2023 existían 196 beneficiarios en modalidad de ración
industrializada, con priorización completa del grado de transición y de grupos en
situación de vulnerabilidad, y dio cuenta del aumento de cupos a partir del 2 de
mayo de 2023 y que tal incremento obedeció a un nuevo ejercicio de focalización
33
El Tribunal concluyó frente al acceso al servicio público educativo y a que su prestación sea eficiente y oportuno, que “el
mismo se ha garantizado a la población estudiantil de la Institución Santiago Vila Escobar en la vigencia 2022 y 2023, en la
medida de las posibilidades presupuestales que ha tenido la entidad territorial, como garantía del principio de planeación”.
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soportado en el SISBÉN con caracterización en el SIMAT, lo que confirma que la
cobertura se expandía de manera paulatina y conforme a los instrumentos técnicos
diseñados para orientar la progresividad.
56. También se advirtió en la sentencia recurrida que la ausencia de entrega en
periodos de receso escolar durante 2023 no obedeció a descoordinación ni a una
decisión caprichosa de la entidad territorial, sino a la circunstancia objetiva de que
el Municipio no fue incluido entre los beneficiarios de la asignación de recursos que
habilitaba ese servicio durante vacaciones, elemento que desvirtúa la tesis de una
supuesta convalidación judicial de desatención a la progresividad.
57. La sentencia reconoció de manera explícita la conexión funcional entre
alimentación escolar y educación, precisando que el PAE integra la garantía del
acceso y permanencia y que esa relación de causalidad estudio–alimentación revela
la finalidad de efectividad de derechos que inspira la política, de modo que el avance
hacia la universalidad debe armonizarse con el diseño institucional y financiero del
servicio, sin perder de vista su orientación expansiva ni el deber de coordinación
intergubernamental. Estas consideraciones son consistentes con el entendimiento
de que la cobertura universal depende de decisiones públicas escalonadas,
técnicamente justificadas y articuladas entre niveles de gobierno, más no con la
admisión de un eximente por meras limitaciones administrativas.
58. En apoyo de esa lectura, el Tribunal incorporó hechos verificados por
órganos de control y por la propia Secretaría de Educación municipal, entre ellos, la
ejecución normal del PAE por los operadores contratados y la actualización de
coberturas para la institución educativa en estudio, constataciones que, sumadas a
las cifras de financiación concurrente, evidencian una trayectoria de implementación
que avanza por etapas y que cumple con los parámetros de focalización, lo cual es
incompatible con la idea de que se hubieran aceptado excusas presupuestales para
no progresar34.
59. Además, la interpretación que el apelante hace de la sentencia se desvanece
al analizar el numeral tercero de su parte resolutiva, pues si la intención del Tribunal
hubiese sido la de condonar la inacción o aceptar las limitaciones presupuestales
como una barrera definitiva, se habría limitado a negar las pretensiones. Sin
embargo, el a quo profirió un exhorto instando a las entidades demandadas a
continuar con los esfuerzos para ampliar la cobertura, a revisar permanentemente
la información de los potenciales beneficiarios y a determinar los mecanismos
presupuestales y administrativos necesarios para garantizar un avance anual en el
porcentaje de atención, manifestación inequívoca de que el Tribunal reconoció la
meta de la universalidad y, entendiendo que es un proceso en curso, utilizó sus
34
Entre otros, el Tribunal explicó que para la vigencia 2023, el PAE en el municipio de Ibagué operó con una financiación
concurrente, sumando $7.118’028.798 asignados por la UApA y $25.113’050.305 aportados por el propio Municipio, lo que
permitió la contratación de más de 35.000 complementos alimentarios para los estudiantes priorizados durante el calendario
académico. Específicamente en la Institución Educativa Santiago Vila Escobar, el programa se ejecutó con normalidad a
través de sus operadores, según el seguimiento de la Procuraduría y certificaciones del rector y la Secretaría de Educación,
evidenciando además un incremento en el presupuesto y la cobertura entre 2022 y 2023. Aclaró que la falta de atención
durante el receso escolar de 2023 no fue por omisión de la entidad territorial, sino porque la UApA, aunque adoptó la modalidad
de atención en receso mediante la Resolución 421, no incluyó al municipio de Ibagué en la posterior Resolución 430 del 30
de noviembre de 2023, la cual asignó los recursos para dicho fin únicamente a otras cuatro Entidades Territoriales Certificadas
(ETC).
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facultades para impulsar a la administración a no decaer en ese propósito. Dicha
instrucción despoja de asidero al cargo de la apelación, pues demuestra que la
providencia impugnada no solo reconoció el carácter progresivo del PAE, sino que
adoptó una medida concreta en búsqueda de asegurar su continuidad35.
60. De esta forma, el Tribunal no afirmó que la escasez de fondos eximiera a las
entidades de su deber de ampliar la cobertura, sino que su análisis se centró en
verificar si, dentro de ese contexto de recursos limitados, las demandadas estaban
ejecutando acciones concretas y coordinadas para cumplir con dicho deber. La
sentencia no utiliza las limitaciones presupuestales como una justificación para la
inmovilidad, sino cómo el contexto explica y valida la necesidad de una perspectiva
gradual y focalizada, como la previsto en la Resolución 335 de 2021 proferida por
la UApA. Por tanto, el apelante edifica su impugnación sobre una premisa
inexistente, atribuyéndole al fallo un sentido y un alcance que no posee.
61. De otro lado, el recurso de apelación invoca la jurisprudencia que subraya la
progresividad y la coordinación en la implementación del PAE, pero no desvirtúa los
hallazgos fácticos de la primera instancia sobre la concurrencia de recursos,
contrataciones, cobertura alcanzada y aumento de cupos con base en focalización,
ni pone de presente prueba que muestre que el juez haya tomado las limitaciones
presupuestales o administrativas como una coartada para la inacción; de hecho, los
propios argumentos del apelante reconocen la meta de universalidad y la necesidad
de coordinación, premisas que ya habían sido acogidas por el Tribunal y que se
plasmaron en el exhorto dirigido a las autoridades competentes para perseverar en
esa dirección.
62. En suma, el fallo impugnado no desconoció el carácter progresivo hacia la
universalidad del PAE ni el deber de coordinación entre las entidades demandadas,
dado que reconoció la finalidad universal del programa, verificó actuaciones
coordinadas y consistentes con la priorización normativa, valoró la financiación
concurrente y la ejecución contractual que permitió ampliar la cobertura, y
finalmente reforzó, mediante exhorto, la obligación de seguir adoptando medidas
concretas para incluir a la población priorizada y aumentar el porcentaje de atención
año a año. Por estas razones, la Sala descartará el cargo formulado.
Respecto del cumplimiento de los criterios de priorización del PAE
63. El cargo de la alzada se concreta en sostener que el Tribunal de primera
instancia omitió valorar el cumplimiento estricto y riguroso del proceso de
priorización reglado en el artículo 4 de la Resolución 335 de 2021 expedida por la
UApA, lo que impidió declarar la vulneración de los derechos colectivos invocados
en la demanda.
35
El a quo consideró procedente “realizar un exhorto a las entidades involucradas en la financiación, implementación y
desarrollo del Programa de Alimentación Escolar PAE (…) para que tanto en la vigencia actual, como en las vigencias futuras,
revisen la información reportada en el SIMAT, que permita clasificar a la población de niños, niñas y adolescentes que deben
ser beneficiarios, de acuerdo con los criterios de priorización y focalización (…) y procedan a determinar los mecanismos
presupuestales, administrativos y financieros necesarios para que los estudiantes priorizados de la Institución Educativa
Santiago Vila Escobar de Ibagué sean incluidos (…) garantizando que cada año se presente un mayor porcentaje y/o
ampliación de la cobertura del programa”.
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64. Dada la limitación de los recursos públicos, el PAE opera bajo un esquema
de focalización, lo que exige la aplicación de criterios técnicos para determinar la
población beneficiaria. Dichos criterios se encuentran taxativamente definidos en el
artículo 4 de la Resolución 335 de 2021 expedida por la UApA, el cual establece un
orden jerárquico y progresivo de priorización que las ETC deben observar de
manera obligatoria. En primer lugar, se debe cubrir al 100% de los estudiantes en
sedes educativas con jornada única; en segundo lugar, se debe garantizar la
cobertura del 100% del nivel preescolar en las demás jornadas; posteriormente, se
deben priorizar las sedes educativas rurales y aquellas urbanas con una matrícula
mayoritariamente compuesta por población étnica, víctima del conflicto armado o en
condición de discapacidad, atendiendo progresivamente desde los grados
inferiores; y, finalmente, se priorizan las sedes con alta participación de población
con menores capacidades de generar ingresos según su clasificación en el Sisbén.
65. Un análisis detenido de la providencia recurrida y del expediente permite a la
Sala concluir que la afirmación del apelante es infundada. El a quo fundamentó su
decisión denegatoria en el material probatorio obrante en el plenario, del cual infirió
que el PAE se estaba ejecutando en la institución educativa objeto de la acción
atendiendo a los requisitos de priorización antes expuestos. Obran en el expediente
múltiples documentos, como los certificados de entrega de raciones a instituciones
educativas y los registros y control diario de asistencia para los meses de enero a
julio de 202336, los cuales fueron aportados por las entidades demandadas y
detallan el número de raciones entregadas por tipo, el número de días atendidos y
la caracterización de la población beneficiaria, incluyendo estudiantes en condición
de discapacidad, víctimas del conflicto armado y de comunidades étnicas.
66. Al valorar en conjunto esos medios —en especial la certificación expedida
por la Secretaría de Educación Municipal37, documento público no desvirtuado—, el
Tribunal constató que la administración venía prestando el servicio y que la
focalización inicial de 196 cupos cubría el 100% del grado de preescolar y a la
población vulnerable identificada (discapacidad, víctimas y comunidades étnicas),
lo cual desvirtúa la alegada omisión que sustenta el cargo de apelación, pues es
fácticamente incorrecto afirmar que el Tribunal “omitió” la valoración de la
priorización, cuando es claro que lo hizo y encontró acreditado su cumplimiento.
Dicha conclusión del a quo se ve reforzada por la trazabilidad de los soportes
obrantes, como certificados de entrega por sede y modalidad, planillas de asistencia
y control diario, listados nominales y contratos y reportes de los operadores e
interventoría, todos consistentes entre sí en número de raciones, días atendidos y
caracterización de beneficiarios38.
67. En contraste, el apelante no aportó pruebas ni argumentos que hayan
evidenciado la desatención de los criterios de priorización. El recurso de apelación
36
Expediente digital, archivos “101_MemorialWeb_ANEXOS1CUMPLIMIENTODECRETODEPRUEBAS-
MUNICIPIODEIBAGUE(.pdf)”, “101_MemorialWeb_ANEXOS2CUMPLIMIENTODECRETODEPRUEBAS-
MUNICIPIODEIBAGUE(.pdf)” y “107_MemorialWeb_Otro(.pdf)”.
37
Expediente digital, archivo “101_MemorialWeb_PODER
ANEXOSDEPODERYCUMPLIMIENTODECRETODEPRUEBAS(.pdf)”, págs. 19 a 22.
38
Expediente digital, archivos “101_MemorialWeb_ANEXOS1CUMPLIMIENTODECRETODEPRUEBAS-
MUNICIPIODEIBAGUE(.pdf)”, “101_MemorialWeb_ANEXOS2CUMPLIMIENTODECRETODEPRUEBAS-
MUNICIPIODEIBAGUE(.pdf)” y “107_MemorialWeb_Otro(.pdf)”.
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se limita a una afirmación genérica y abstracta consistente en que el juez “omitió
verificar” el cumplimiento de la norma, pero no despliega un esfuerzo argumentativo
para atacar de manera concreta y razonada la valoración que el juzgador en efecto
realizó sobre el particular. El apelante no explica por qué los certificados de entrega
son insuficientes o impertinentes, ni cómo de su contenido se podría inferir una
violación flagrante a los criterios de priorización, desconociendo que la carga de
sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la
sola indicación de disenso frente a la providencia recurrida, toda vez que la ley
impone al interesado atacar los fundamentos de hecho o de derecho que le sirvieron
de sustento, no solo porque la decisión sea contraria a sus intereses, sino mediante
la exposición de razones que permitan considerar, analizar y determinar que debía
arribarse a un resultado distinto39.
68. Lo expuesto resulta además coherente con los argumentos de la demanda
original, la cual no se dirigió a cuestionar la correcta aplicación de los criterios de
focalización, sino que abogaba por una cobertura universal del programa (la entrega
a la totalidad de los estudiantes y en receso escolar), por ende, el actor popular no
desplegó ninguna actividad probatoria tendiente a demostrar que la asignación de
cupos en la Institución Educativa Santiago Vila Escobar se estuviera realizando de
forma contraria a lo dispuesto en la Resolución 335 de 2021, y en consecuencia, en
el expediente no obran pruebas sobre dicho tópico, como un análisis que cruzara
las bases de datos del SIMAT con las del Sisbén y del sistema de seguridad social,
para identificar inconsistencias, o la individualización de al menos un caso de un
estudiante que, cumpliendo con los criterios de priorización, hubiese sido excluido
indebidamente en favor de otro que no lo hiciera.
69. Debe indicarse también que, aunque obran en el expediente dos actas de
reuniones de seguimiento en las que una funcionaria de la UApA manifestó que la
entidad territorial no estaba efectuando la priorización “de forma literal a como lo
señala el artículo 4 de la Resolución 335 de 2021”, la Sala, al valorar esa afirmación
en su debido contexto probatorio, concluye que no tiene el peso para acreditar, por
sí sola, la vulneración de los derechos colectivos invocados.
70. Un análisis integral de las actas revela que dicha manifestación se produjo
en el marco de un diálogo técnico de seguimiento, propio de la coordinación
interadministrativa, y no como la conclusión de una auditoría formal o de un acto
administrativo que definiera tal circunstancia. De hecho, en las mismas reuniones,
los representantes del Municipio respondieron a la observación, aclarando la
metodología empleada y reafirmando el cumplimiento de los criterios principales,
como la cobertura del 100% en el grado preescolar, explicando que las
adaptaciones respondían a las particularidades de la matrícula en sedes educativas
que no contaban con dicho grado. Por tanto, de estos documentos no se extrae
necesariamente una actuación arbitraria y caprichosa respecto de los criterios de
priorización, sino más bien, una discrepancia interpretativa de carácter
39
Al respecto, pueden verse, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 4 de marzo de 2022, Exp. 73001-23-33-000-2015-00512-01 (66390), C.P.: Marta Nubia
Velásquez Rico; y sentencias del 20 de mayo de 2022 y del 22 de agosto de 2023, Exp. 50001233100020054004401 (53800)
y 250002336000-2016-00108-01 (60976). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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metodológico entre la entidad rectora de la política y la ejecutora territorial, la cual
fue debatida y justificada en las instancias de seguimiento diseñadas para tal fin.
71. La sola referencia consignada en las actas, aun tenida por cierta en su tenor,
no desvirtúa por sí sola el estándar probatorio exigible en la acción popular ni
acredita una vulneración actual o inminente de derechos colectivos, pues se trata,
en rigor, de un elemento indiciario que enmarca una divergencia sobre el modo de
aplicar escalonadamente los criterios de priorización, pero que no se acompaña de
demostraciones concretas de exclusión arbitraria, ni de listados nominales de
estudiantes indebidamente omitidos, ni de un contraste empírico entre el universo
reportado en SIMAT y la cobertura efectivamente asignada en sede y grado. Para
acreditar la vulneración o amenaza de los intereses colectivos, la afirmación aislada
vertida en un escenario de coordinación interinstitucional exige ser corroborada con
elementos de convicción objetivos, específicos y verificables que permitan inferir la
afectación o amenaza, sin que en el caso concreto se hubiesen aportado
argumentos ni pruebas sobre el particular.
72. Además, debe ponderarse la naturaleza y el contexto de las manifestaciones
de la funcionaria de la UApA, pues las actas recogen espacios de seguimiento y
mejora continua del PAE en los que confluyen autoridades con competencias
diferenciadas y niveles de responsabilidad distintos, siendo por tanto esperable que
surjan ajustes de procedimiento, recomendaciones técnicas y llamados a depurar la
información censal y de matrícula. Ese tipo de observaciones no equivale a
constatar un incumplimiento típico ni a un juicio sancionatorio, pues el propio diseño
normativo del programa impone a la ETC la realización de un “ejercicio técnico” de
priorización validado por el respectivo comité territorial, bajo parámetros de
progresividad y sujeción a disponibilidad presupuestal, y prevé escenarios de
verificación y afinamiento precisamente para corregir desalineaciones operativas sin
que ello se traduzca, por sí mismo, en un menoscabo de derechos o en un
apartamiento caprichoso de los criterios definidos en la regulación.
73. Se resalta que no obstante su naturaleza pública y la flexibilidad probatoria
que caracteriza a la acción popular, este medio de control no releva a quien la ejerce
de cumplir la carga procesal fundamental de acreditar los hechos en los que funda
sus pretensiones. El artículo 30 de la Ley 472 de 1998 es diáfano al establecer que
la carga de la prueba corresponderá al demandante (actori incumbit probatio), por
lo que el actor popular tiene el deber de acreditar, siquiera sumariamente, los
supuestos fácticos en que fundamenta su demanda, lo que implica demostrar la
existencia de una amenaza o vulneración que sea real, directa, inminente y concreta
sobre el derecho colectivo invocado, sin que para ello basten meras conjeturas,
afirmaciones genéricas o suposiciones hipotéticas. Si bien el juez de la causa
popular está investido de amplias facultades oficiosas en materia probatoria para
esclarecer los hechos, dicha potestad no tiene por finalidad suplir la total inactividad
o negligencia probatoria del demandante, sino complementar el debate cuando, a
partir de los elementos aportados, surjan dudas razonables o se requiera un mayor
grado de certeza sobre la situación fáctica que se debate.
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74. En este marco, los poderes oficiosos del juez popular, aunque permiten
ordenar o recabar prueba útil, no suplen la omisión del actor en acreditar al menos
un principio de prueba sobre una afectación concreta. La iniciativa judicial para
esclarecer puntos controvertidos no habilita a transformar un indicio débil en certeza
de vulneración, ni a invertir la carga procesal hacia las entidades demandadas
exigiéndoles probar exhaustivamente un cumplimiento que, en ausencia de
cuestionamientos específicos, se presume ajustado al ordenamiento jurídico.
75. En esa medida, resulta improcedente el argumento del demandante según el
cual las entidades demandadas no probaron haber cumplido con los criterios de
priorización. Fue el actor popular quien incumplió su deber procesal de acreditar los
hechos en que sustentaba sus pretensiones, de modo que no hay defecto de
valoración probatoria atribuible al Tribunal que impida concluir, como lo hizo, que no
se probó la vulneración de los derechos colectivos.
76. Pretender ahora, en la alzada, que se revoque el fallo porque las entidades
demandadas no probaron de forma exhaustiva el cumplimiento de los requisitos de
priorización, cuando fue el propio actor quien no lo alegó de manera específica en
la demanda ni lo probó sumariamente en primera instancia, carece de todo sustento
jurídico. Dicho planteamiento constituye una clara e improcedente inversión de la
carga de la prueba, pues el deber primario de acreditar los hechos (una supuesta
focalización arbitraria) recaía en el demandante, y el actor popular no puede
subsanar en la segunda instancia su total inactividad argumentativa y probatoria en
la primera, pretendiendo trasladar a las demandadas una carga que él nunca
satisfizo.
77. La acusación formulada tardíamente en la apelación, consistente en el
incumplimiento de los criterios de priorización, está desprovista de soporte fáctico
en el expediente, y en consecuencia, el tercer y último cargo alegado por el actor
popular no está llamado a prosperar.
El exhorto como medida persuasiva y su consistencia con la negativa de las
pretensiones
78. El primer agravio formulado por el MEN se dirige a cuestionar la coherencia
de una sentencia que, por un lado, niega la existencia de una vulneración a los
derechos colectivos y, por otro, imparte un exhorto a las entidades demandadas,
argumentando que ello implicaría una condena implícita sin que se hubiese probado
el supuesto de hecho que la habilita. Esta postura desconoce no solo los poderes
conferidos al juez de la acción popular, sino también la naturaleza jurídica
intrínsecamente no coercitiva del exhorto40, aspecto que desvirtúa la equiparación
que se pretende hacer entre esta medida y una verdadera condena.
40
La figura del exhorto no constituye una orden judicial y, por lo tanto, no resulta fáctica y jurídicamente posible efectuar
procesos de seguimiento frente a su incumplimiento. Consiste en un llamamiento o solicitud del juez -mas no una orden- para
que las autoridades ejecuten un mandato derivado directamente de la Constitución y la ley, sin que exista un instrumento que
lo haga exigible coercitivamente. Al respecto pueden verse: Corte Suprema de Justicia, sentencias STP15601-2021,
STP15518-2022 y STP715-2024. También pueden consultarse: Corte Constitucional, sentencia T-021 de 2017 y auto 560 de
2016.
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79. El planteamiento del recurrente parte de una comprensión restringida de las
facultades del juez popular y del carácter dual de su intervención, orientado tanto a
verificar la inexistencia de amenazas o lesiones a derechos e intereses colectivos,
como a encauzar a la administración hacia la realización efectiva de los valores y
principios constitucionales que los sustentan y garantizan; en esa medida, el rol del
juez popular no se limita a un control retrospectivo de las actuaciones y omisiones
de la administración, sino que también se proyecta hacia un rol prospectivo y
preventivo, constituyendo el exhorto una herramienta legítima para tal fin, al operar
como guía y estímulo para el perfeccionamiento de políticas públicas sin invadir
esferas de decisión propias de la administración. En consecuencia, la decisión de
negar las pretensiones y, simultáneamente, emitir un exhorto a las entidades
demandadas, no representa por per se una incongruencia jurídica, sino que puede,
como el caso concreto, corresponder a una aplicación coherente, estratégica y
matizada de las herramientas otorgadas al juez popular41.
80. La negativa de las pretensiones se fundó en la ausencia de prueba de un
hecho u omisión atribuible a las entidades demandadas que configurara una
amenaza o lesión de los derechos colectivos invocados, al haberse determinado
que la operación del PAE se ajustó al marco normativo vigente, con aplicación de
criterios de focalización y asignación de recursos en los términos de la
reglamentación aplicable. En ese escenario, la decisión del a quo de desestimar las
pretensiones no solo es consecuente con el estándar probatorio del medio de
control, sino que se alinea con la deferencia que corresponde frente a actuaciones
administrativas ejecutadas conforme a derecho, descartando alguna sanción o
correctivo judicial de naturaleza coercitiva.
81. Por su parte, el exhorto se erigió como una medida de orientación dirigida a
fortalecer la progresividad de los derechos sociales, económicos y culturales, en
particular, del derecho a la educación en sus dimensiones de acceso y
permanencia, bajo la comprensión jurisprudencial de la progresividad como
mandato de optimización que impone avanzar de manera gradual con el máximo de
los recursos disponibles y abstenerse de regresiones injustificadas. Nada en esa
directriz implica una orden imperativa ni un reproche sancionatorio, pues no crea
obligaciones exigibles ni altera situaciones jurídicas definidas, de modo que su
expedición confirma que no hubo condena y que el juez acudió a un instrumento
“blando” de coordinación interinstitucional para promover mejores resultados.
82. Del razonamiento contenido en el fallo impugnado, se desprende que aun
cuando no se acreditó una vulneración actual de derechos colectivos, el Tribunal
estimó que resultaba pertinente, en atención a la naturaleza preventiva y correctiva
de la acción popular, impulsar a las autoridades competentes a perfeccionar la
planeación del PAE, depurar la focalización y asegurar una senda de expansión
ordenada de la cobertura, y por ello, invitó a las entidades involucradas a revisar los
registros del SIMAT, a identificar mecanismos administrativos y presupuestales que
permitan incluir a las poblaciones priorizadas, y a propiciar incrementos anuales
41
Sobre la flexibilización del principio de congruencia en la acción popular, puede verse: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de julio de 2018, Exp. 20001-23-31-000-2010-
00478-01 (AP), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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sostenidos de cobertura. Esa orientación no desplaza la discrecionalidad técnica de
la administración, no impone cargas inmediatas, ni genera obligaciones adicionales
a las entidades destinatarias, denotando una utilización legítima, proporcionada y
matizada del exhorto, claramente separada del juicio sobre la existencia de una
vulneración que, por falta de prueba, condujo a negar las pretensiones.
83. Para la Sala, la estrategia judicial adoptada por el Tribunal distingue, con
claridad conceptual, entre la protección de los derechos e intereses colectivos, que
exige acreditar una amenaza o lesión para activar remedios imperativos y
coercitivos, y la promoción de la realización progresiva de las metas
constitucionales, que habilita medidas no vinculantes de coordinación y mejora
continua, respetando el principio de separación de poderes, pues en el caso
concreto, no se sustituyó a las autoridades en la formulación y ejecución de la
política pública, sin perjuicio de orientarlas hacia sus fines sin exceder el radio de
intervención judicial42. La tesis del demandante, que confunde exhorto con condena,
descuida precisamente esa distinción, desconociendo que la orden judicial
coercitiva se reserva para los casos en que se acredita la lesión o amenaza al
derecho colectivo, mientras que el exhorto opera como una herramienta de diálogo
y coordinación.
84. El exhorto es un pronunciamiento de orientación y coordinación
interinstitucional que carece de fuerza imperativa y de efectos coercitivos, por lo que
no crea obligaciones exigibles ni habilita mecanismos de cumplimiento ni sanciones
por desacato. Su finalidad en la acción popular es promover mejores prácticas,
depurar información y encauzar la gestión hacia la realización progresiva de los
derechos e intereses colectivos dentro de los márgenes de la planeación y la
disponibilidad de recursos, constituyendo un instrumento legitimo cuando no se
acredita una vulneración, pero resulta conveniente impulsar correctivos y
coordinación a partir de los hallazgos del expediente, de modo que el exhorto no es
naturalmente incompatible con la negativa de las pretensiones, que es lo aducido
por el MEN como sustento del cargo analizado.
85. Conforme a lo expuesto, la coexistencia entre la negativa de las pretensiones
por falta de prueba y la emisión de un exhorto no entraña en el caso concreto una
contradicción lógica ni jurídica, sino que refleja una respuesta proporcionada al
material probatorio y a los cometidos constitucionales del juez popular; el exhorto,
por ser no coercitivo, no puede reputarse condena, y su expedición no altera la
conclusión central del fallo, que es la inexistencia de una vulneración demostrada.
En consecuencia, el reproche de la cartera ministerial carece de asidero y no está
llamado a prosperar.
42
En sentencia T-443 de 2013, la Corte Constitucional resaltó la especialidad de las acciones populares, fundada en el
carácter protector de los derechos e intereses colectivos y que, por esta razón, su regulación consagra amplias facultades
para que el juez los pueda garantizar y hacer efectivos. En la aludida providencia, explicó que “[s]e debe tener en cuenta que
las acciones populares poseen una estructura especial que las diferencias de los demás procesos litigiosos, en cuanto son
un mecanismo de protección de los derechos colectivos, radicados para efectos del reclamo judicial en cabeza de quien actúa
a nombre de la sociedad, pero de los que al mismo tiempo son titulares cada uno de los miembros que forman la parte
demandante de la acción judicial. En consecuencia, como director del proceso, el juez puede conminar, exhortar, recomendar
o prevenir, a fin de evitar una eventual vulneración o poner fin a una afectación actual de los derechos colectivos que se
pretenden proteger, sin que tal decisión constituya un capricho del juez constitucional. Es así como, un elemento esencial de
las acciones populares es el carácter oficioso con que debe actuar el juez, sus amplios poderes y con miras a la defensa de
los derechos colectivos”.
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La estructura legal del PAE y la incompetencia del Ministerio de Educación
Nacional para la focalización de sus beneficiarios
86. Superado el examen sobre la coherencia del exhorto, se aborda el segundo
cargo de apelación del MEN centrado en la alegada falta de competencia para
cumplir lo indicado por el a quo en el exhorto contenido en el numeral tercero de la
parte resolutiva de la sentencia impugnada. Como se ha indicado, el exhorto no es
una orden judicial, por lo que, bajo ese entendimiento, el debate no versa sobre la
obligatoriedad de un mandato inexistente sino sobre la correcta identificación de los
sujetos institucionales llamados a recibir la recomendación para que, en el ámbito
de sus funciones, adelanten las mejoras sugeridas en materia de focalización y
expansión gradual de la cobertura del PAE.
87. La sentencia apelada formuló al MEN, junto con la UApA y el Municipio, dos
invitaciones concretas que el Tribunal consideró útiles para robustecer la política
pública: (i) revisar la información reportada en el SIMAT con miras a clasificar a la
población de niños, niñas y adolescentes que deben ser beneficiarios en la
institución educativa, y (ii) determinar los mecanismos presupuestales,
administrativos y financieros necesarios para ampliar la cobertura. El recurso del
Ministerio se detiene en la primera de tales actuaciones, por cuanto describe
materialmente la función de focalización respecto de la cual no tiene competencia e
injerencia; la Sala comparte que el MEN no ostenta competencia operativa para
ejecutarla, y aunque el exhorto no impone deberes jurídicos ni puede asimilarse a
una orden, sí requiere que sus destinatarios sean, precisamente, las autoridades
que tienen la atribución legal y la capacidad técnica para convertir esa orientación
en acciones eficaces.
88. Un análisis sistemático del ordenamiento jurídico que regula el PAE revela
una arquitectura institucional deliberadamente descentralizada, diseñada para
asignar funciones específicas a cada nivel de la administración con base en criterios
de eficiencia, cercanía y especialización. La actividad de revisar los datos del SIMAT
y clasificar a los beneficiarios del PAE se inscribe en el ejercicio técnico de la
focalización que el legislador y el Ejecutivo han radicado de manera inequívoca en
las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), siendo en este caso el municipio de
Ibagué la autoridad llamada a realizarlo en su jurisdicción, atendiendo a su
conocimiento directo de los estudiante matriculados y de las condiciones locales
que inciden en la priorización, bajo la supervisión y seguimiento de la UApA.
89. La Ley 715 de 200143 sentó las bases de la descentralización del servicio
educativo, atribuyendo a los municipios certificados la responsabilidad de dirigir,
planificar y prestar dicho servicio en su jurisdicción44. Posteriormente, el Decreto
1852 de 2015, que adicionó el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación
(1075 de 2015), consolidó este modelo para el PAE, estableciendo que son las ETC
43
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación
de los servicios de educación y salud, entre otros”.
44
Artículo 7 de la Ley 715 de 2001: “Competencias de los distritos y los municipios certificados. 7.1. Dirigir, planificar y prestar
el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los
términos definidos en la presente ley”.
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las encargadas de la implementación y operación del programa45. De manera aún
más específica, la Resolución 335 de 2021, expedida por la UApA, en su artículo 4,
es diáfana al señalar que la priorización de sedes y grados es un ejercicio técnico
que debe adelantarse por el área de cobertura y el equipo PAE de las ETC 46,
utilizando para ello, entre otras fuentes, la información del SIMAT. Es la ETC, por
tanto, la encargada de identificar y priorizar a la población beneficiaria conforme a
los lineamientos técnicos, metas de cobertura y disponibilidad de recursos, sin que
el MEN asuma tareas de microgestión propias de la operación territorial.
90. Por otro lado, las competencias del MEN se sitúan en un plano estratégico y
de gobernanza, encaminadas a la formulación de la política educativa nacional, la
planeación sectorial, y la inspección y vigilancia general del sistema, sin que le
corresponda la ejecución directa de programas descentralizados. Con la creación
de la UApA47 mediante la Ley 1955 de 201948, como entidad encargada de fijar y
desarrollar la política en materia de alimentación escolar49, con autonomía
administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, y su estructuración
por el Decreto 218 de 202050, se reforzó la especialización funcional, trasladando a
dicho ente la definición de los lineamientos específicos del PAE, la distribución de
recursos de cofinanciación de la Nación y la asistencia técnica a las ETC. Esta
distribución competencial confirma que el MEN no es el sujeto llamado a realizar la
focalización ni a administrar bases de datos locales para ese fin, mientras que la
UApA acompaña, orienta y verifica el apego de las ETC a los criterios técnicos que
ella misma expide.
91. Dirigir la recomendación de focalización al MEN constituye, por tanto, un
desconocimiento de la estructura legal del PAE y del principio de descentralización
administrativa que lo rige. Ello contraviene el principio de legalidad de las
competencias administrativas, según el cual, las autoridades solo pueden ejercer
las atribuciones que la Constitución y la ley les confieren expresamente. El juez, en
su función de garante del ordenamiento jurídico, no puede, aun a título de exhorto,
asignar competencias o sugerir el cumplimiento de obligaciones a una entidad que
45
“ARTÍCULO 2.3.10.4.3. Funciones de las entidades territoriales (…) 9. Aplicar y cumplir los criterios de priorización y
focalización establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 10. Ejecutar directa o indirectamente el PAE con sujeción
a los lineamientos, estándares y condiciones mínimas señaladas por el Ministerio de Educación Nacional. Para el efecto debe:
a) Administrar y coordinar la ejecución de los recursos de las diferentes fuentes de financiación para el PAE, cuando haya
cofinanciación, bajo el esquema de bolsa común; b) Adelantar los procesos de contratación a que haya lugar para ejecutar
en forma oportuna el PAE, ordenar el gasto y el pago de los mismos; c) Garantizar la prestación del servicio de alimentación
desde el primer día del calendario escolar y durante la respectiva vigencia; d) Designar la supervisión, y en caso necesario la
interventoría técnica, en los contratos que suscriba, para el adecuado seguimiento y verificación de su ejecución, así como
adoptar las acciones y medidas que le otorga la ley como contratante y ordenador del gasto para garantizar el adecuado y
oportuno cumplimiento de los mismos, del programa y de los lineamientos, condiciones y estándares del Ministerio de
Educación Nacional para el PAE, en su jurisdicción”.
46
“Criterios de priorización de sedes y grados. Estos definen el procedimiento para atender progresivamente la población
beneficiaria; ejercicio técnico que debe adelantarse por el área de cobertura y el equipo PAE de las Entidades Territoriales
Certificadas, y validado por el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento del PAE, determinando las sedes y grados
donde se implementará el Programa de Alimentación Escolar y el número de raciones asignado a cada establecimiento y
sede”.
47
Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender.
48
“Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, pacto por Colombia, pacto por la equidad”.
49
Artículo 189 de la Ley 1955 de 2019. “Créase la unidad administrativa especial de alimentación escolar, como una entidad
adscrita al Ministerio de Educación Nacional, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente,
su domicilio será la ciudad de Bogotá y contará con la estructura interna y la planta de personal que el Gobierno nacional
establezca en desarrollo de sus facultades; tendrá como objeto fijar y desarrollar la política en materia de alimentación escolar;
sus objetivos específicos serán: 1) Fortalecer los esquemas de financiación del Programa de Alimentación Escolar 2) Definir
esquemas para promover la transparencia en la contratación del Programa de Alimentación Escolar 3) Ampliar su cobertura
y garantizar la continuidad con criterios técnicos de focalización 4) Garantizar la calidad e inocuidad de la alimentación escolar
5) Proponer modelos de operación para fortalecer la territorialidad en esta materia”.
50
“Por el cual se establece la estructura interna de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos
para Aprender”.
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legalmente no las posee. Adicionalmente, una indicación de esta naturaleza dirigida
a la cartera ministerial resulta inocua y carente de eficacia material, pues esa
entidad no cuenta con las herramientas operativas, el acceso a la gestión local del
SIMAT, ni el personal en territorio para atender una tarea de detalle como la
propuesta. La efectividad de las instrucciones contenidas en un exhorto depende de
que se dirijan a quien tiene la capacidad real y legal, dentro de su órbita funcional,
de atenderlas y convertirlas en acciones concretas.
92. Reconocida la naturaleza no imperativa del exhorto y aclarado el reparto
competencial, la Sala considera que el a quo, aunque animado por la finalidad
constitucional y legitima de impulsar la progresividad de la cobertura, individualizó
de manera imprecisa a uno de sus destinatarios, atribuyendo al MEN una función
(la focalización) que le es manifiestamente ajena.
93. Debe indicarse que aunque el MEN no centró su reproche en la segunda
actuación sugerida —consistente en determinar los mecanismos presupuestales,
administrativos y financieros para ampliar la cobertura—, la Sala advierte que esa
actividad, en el contexto del exhorto, es claramente accesoria y dependiente de la
primera, pues la definición de rutas de financiación concreta solo adquiere sentido
una vez se ha realizado el ejercicio técnico de focalización que permite identificar
con precisión a la población priorizada y el alcance real de la cobertura a expandir;
al ser el MEN incompetente para la tarea principal de focalizar, su participación en
la tarea consecuencial de financiar esa focalización específica deviene inoperante
y debe seguir la misma suerte.
94. En consecuencia, aunque el recurso de apelación se dirigió principalmente
contra las actividades de revisión del SIMAT y la clasificación de beneficiarios, la
Sala, atendiendo el marco normativo que gobierna el PAE y la estructura
descentralizada de sus funciones, considera necesario sustraer al MEN de ambas
actuaciones sugeridas, por identidad de razón y para preservar la coherencia
práctica del exhorto. De este modo se evita crear un itinerario financiero hipotético
alrededor de una decisión técnica que el propio MEN no está habilitado para
adoptar, se respeta el principio de legalidad en el ejercicio de las competencias y se
mantiene la eficacia persuasiva del exhorto al reconducirlo hacia quienes sí cuentan
con atribuciones y capacidad operativa.
95. Por lo tanto, se modificará el numeral tercero de la sentencia de primera
instancia para excluir al MEN de las actividades allí sugeridas. La solución que mejor
armoniza con la eficacia de la decisión judicial y la protección de los valores
constitucionales es la de modular la recomendación, redirigiéndola exclusivamente
a las entidades que sí ostentan la competencia para tramitarla: (i) el municipio de
Ibagué, como responsable directo de la operación y focalización del PAE en su
territorio, quien debe aplicar rigurosamente los criterios técnicos para identificar a la
población priorizada y gestionar los recursos para su atención; y (ii) la UApA, en su
rol de asistencia y supervisión técnica sobre el cumplimiento de los lineamientos
que ella expide, y como entidad encargada de la política nacional del programa y la
distribución de los recursos de cofinanciación. Esta decisión no desconoce el valor
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Expediente: 730012333000-2023-00074-01 (72175)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal
Demandado Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros
Acción: Protección derechos e intereses colectivos
del exhorto como instrumento persuasivo, sino que corrige su direccionamiento para
hacerlo compatible con el marco legal vigente.
Costas
43. La Sala se abstendrá de condenar en costas conforme a lo prescrito en el
artículo 38 de la Ley 472 de 199851 y acorde con las reglas fijadas en la sentencia
de unificación jurisprudencial del 6 de agosto de 201952.
IV. PARTE RESOLUTIVA
96. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el 3 de octubre
de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima, en lo que respecta a la orden
impartida al Ministerio de Educación Nacional, el cual quedará de la siguiente
manera:
“Tercero. EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación
Escolar-Alimentos para Aprender y al Municipio de Ibagué, para que, en el
marco de sus competencias legales y constitucionales, de manera coordinada
y tanto en la vigencia actual como en las futuras, adelanten las acciones
necesarias para optimizar el proceso de focalización de beneficiarios del
Programa de Alimentación Escolar -PAE- en la Institución Educativa Santiago
Vila Escobar. Para tal fin, el Municipio de Ibagué, como Entidad Territorial
Certificada, deberá realizar una rigurosa aplicación de los criterios de
priorización definidos en la normatividad vigente, y la Unidad Administrativa
Especial de Alimentación Escolar-Alimentos para Aprender deberá prestar la
asistencia técnica requerida. Así mismo, deberán determinar y gestionar los
mecanismos presupuestales, administrativos y financieros necesarios para
avanzar en la ampliación progresiva de la cobertura del programa en dicha
institución, garantizando un incremento anual en el porcentaje de estudiantes
atendidos, en cumplimiento del mandato de progresividad”.
SEGUNDO: En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
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“El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar
los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso
de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los
cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones
a que haya lugar”.
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“[...] Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del actor popular, cuando este último actuó
temerariamente o de mala fe, caso en el cual también habrá lugar a imponer la multa prevista en el artículo 38 de la Ley 472
de 1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra” (Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia de unificación jurisprudencial del 6 de agosto de
2019, expediente No. 15001-33-33-007-2017-00036-01 [AP] REV-SU, C.P. Rocío Araújo Oñate).
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Expediente: 730012333000-2023-00074-01 (72175)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal
Demandado Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros
Acción: Protección derechos e intereses colectivos
CUARTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema SAMAI.
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