Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02622-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02622-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2013-02622-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
14 de abril de 2016
DERECHO COLECTIVO A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA, AL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS, A QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA, Y A LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA PROPIEDAD - Ausencia de vulneración por cuanto la modificación del precio de las acciones de ISAGEN obedeció exclusivamente a la necesidad de ajustarlo a las condiciones reales del mercado / DERECHO A LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA PROPIEDAD - Ausencia de vulneración por cuanto no se encuentra probado que el valor establecido hubiera impedido el acceso de los destinatarios a condiciones especiales / ACCIÓN POPULAR - Se niega por ausencia de carga argumentativa y probatoria que demuestre la vulneración
Los actores populares atribuyen a la Nación - Presidencia de la República, y a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y Minas y Energía, la vulneración de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público, a la moralidad administrativa, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y a la democratización de la propiedad; con ocasión de la enajenación de acciones que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en ISAGEN S.A. E.S.P. (…). [E]n lo que respecta al derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, (…), de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, tiene la finalidad de que el conjunto de bienes, derechos y obligaciones del Estado, estén adecuadamente destinados a la finalidad que se les ha señalado, constitucional y legalmente, con criterios de eficacia y rectitud. Por tanto, la defensa del patrimonio público estudia dos elementos, i) la existencia de un bien o conjunto de bienes de propiedad del Estado, y, ii) el análisis de la gestión de ese patrimonio, de forma tal, que si ésta se hace de forma irresponsable o negligente, pone en peligro el interés colectivo. En el sub examine, la Sala encuentra que éste no presenta afectación alguna, toda vez que, como se puso de presente, la modificación del precio obedeció exclusivamente a la necesidad de ajustarlo a las condiciones reales del mercado, que para el momento en que se expide el segundo decreto, eran considerablemente favorables a las establecidas con el precio del Decreto 1609 de 2013. (…). Cabe recordar que el establecimiento del precio y de las condiciones preferenciales para los destinatarios de condiciones especiales, si bien tiene como propósito privilegiar la democratización de la propiedad; debe guardar armonía con el resto de los principios que rigen la venta de los activos del Estado. Por tanto, no resulta coherente con la defensa de los derechos colectivos invocados, la pretensión de los actores populares en el sentido de establecer, para la primera etapa, el precio contenido en el Decreto 1609 de 2013, puesto que, como quedó demostrado, se encontraba por debajo de las condiciones del mercado; y ello desconocerían las previsiones constitucionales de defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa, al constituir un detrimento patrimonial del Estado. En lo que respecta al derecho a la democratización de la propiedad, no se evidencia vulneración alguna por cuanto no se encuentra probado que el valor establecido hubiera impedido el acceso de los destinatarios de condiciones especiales a participar durante la primera etapa de enajenación; o que la determinación del precio fue la causa primigenia para la baja demanda de las acciones en la primera fase; máxime si se tiene en cuenta que, como lo señalan los testimonios rendidos por [L.M. y J.R.], el estudio técnico previó escenarios en donde el sector solidario podría adquirir la totalidad de las acciones, por lo cual, resultaría posible que los destinatarios de condiciones especiales pudiesen apropiarse del 57.6% de las acciones en venta de ISAGEN con el precio determinado para la primera etapa de enajenación. Por último, de la determinación del precio tampoco encuentra la Sala que se afecten los derechos colectivos de acceso a los servicios públicos y de la continuidad del servicio, toda vez que no se probó que existiera relación alguna con ello. (…). Aunado a ello, la Sala echa de menos el cumplimiento por parte de los actores populares de la carga argumentativa y probatoria que demuestre la vulneración que alegan. (…). [L]a Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 5 de marzo de 2015, [mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda de acción popular].
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 60 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 365 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 2 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 3 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 9 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 11 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 18 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 27 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 34 / LEY 226 DE 1995 - ARTÍCULO 2 / LEY 226 DE 1995 - ARTÍCULO 3 / LEY 226 DE 1995 - ARTÍCULO 4 / LEY 226 DE 1995 - ARTÍCULO 5 / LEY 226 DE 1995 - ARTÍCULO 7 / LEY 226 DE 1995 - ARTÍCULO 8 / LEY 226 DE 1995 - ARTÍCULO 11 / LEY 226 DE 1995 - ARTÍCULO 14 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137
NOTA DE RELATORÍA: Respecto al alcance del concepto de moralidad, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 1 de diciembre de 2015, exp. 2007-00033-01, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. En relación con el patrimonio público como derecho colectivo, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 8 de junio de 2011, exp. 41001-23-31-000-2004-00540-01(AP), C.P. Enrique Gil Botero. En cuanto a los procesos de enajenación de la participación accionaria de la Nación, consultar: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 4 de septiembre de 2008, exp. 157369. C.P. María Inés Ortiz Barbosa. 157369. Sobre la ley no contempla que la acción popular resulte improcedente por la existencia de otros medios judiciales de defensa, consultar: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 31 de mayo de 2002, exp. 25000-23-24-000-1999-9001-01(AP-300), C.P. Ligia López Díaz. Frente a las normas que rigen el proceso de enajenación de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., consultar: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 10 de septiembre de 2015, exp. 11001032600020140005400 (21025) - acumulados 110010324000201300534 00 (20946) y 110010324000201300509 00 (21047). C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Frente a los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2001, exp. AP-166, C.P. Alier Eduardo Hernández. En el mismo sentido, ver: Corte Constitucional, sentencia de fecha 14 de agosto de 2007, C-622, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Sobre las limitaciones razonables y justificadas a la negociación accionaria, ver: Corte Constitucional, sentencia de 3 de febrero de 1994, C-037 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. En cuanto a la democratización de la propiedad, ver: Corte Constitucional, sentencia C-632 de 21 de noviembre de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara. Sobre la democratización de la propiedad, ver: Corte Constitucional, sentencia C-392 de 22 de agosto de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Respecto al derecho de preferencia y democratizar la propiedad accionaria de las empresas y su enajenación, ver: Corte Constitucional, sentencias C-037 de 3 de febrero de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-211 de 28 de abril de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Frente a la determinación de un precio accionario fijo ver: Corte Constitucional, sentencia C-342 de 5 de agosto de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutierrez. El carácter de derecho colectivo no muta a individual porque se afecte a un grupo determinado de personas, ver: Corte Constitucional, sentencias C-215 de 14 de abril de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica (E), y C-569 de 8 de junio de 2004, M.P. Rodrigo Uprimy Yepes. Respecto a los intereses difusos y colectivos, protegidos por las acciones populares, ver: Corte Constitucional, sentencia C-569 de 8 de junio de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. En lo que respecta a la caducidad de la acción popular, ver: Corte Constitucional, sentencias C-215 de 14 de abril de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano. En relación con principio de iura novit curia, ver: Corte Constitucional, sentencia T-851 de 28 de octubre de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-146 de 22 de febrero de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Ver entre otras, Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 27 de enero de 2000, exp. 10867, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 17 de junio de 2001, exp. AP-166, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. En relación con la pertinencia y legalidad de los límites a los destinatarios de condiciones especiales, ver: Corte Constitucional, sentencia C-384 de 22 de agosto de 1996, MP. José Gregorio Hernández Galindo.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., catorce (14) de abril dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 25000-23-41-000-2013-02622-01(AP)
Actor: RODRIGO TORO ESCOBAR Y OTROS
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por el apoderado de la parte demandante, en contra de la sentencia proferida el 5 de marzo de 2015, por la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda de acción popular interpuesta por el señor RODRIGO TORO ESCOBAR Y OTROS, en contra de la Presidencia de la República y los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en procura de que se amparen los derechos colectivos relacionados con la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y a la democratización de la propiedad; con ocasión de la enajenación de acciones que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, posee en ISAGEN S.A. E.S.P.
I – ANTECEDENTES
I.1. El señor ROBERTO TORO ESCOBAR, a nombre propio y en su calidad de mandatario de los trabajadores, extrabajadores y pensionados de ISAGEN S.A. E.S.P., actuando a través de apoderado; y en ejercicio de la acción popular consagrada en el artículo 88 de la Carta Política, desarrollado por la Ley 472 de 1998, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en contra de la Nación - Presidencia de la República, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio de Minas y Energía, con miras a obtener la protección de los derechos colectivos citados, para lo cual formuló las siguientes pretensiones:
“1. Ordenar al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Ministro de Minas y Energía, que el proceso de enajenación de acciones que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en ISAGEN S.A. E.S.P., aprobado mediante el Decreto 1609 de julio 30 de 2013, se lleve a cabo en la primera etapa, prevista en la disposición 3.1 de dicho decreto, sin los límites respecto del número máximo de acciones que pueden adquirir las personas naturales destinatarias de las condiciones especiales que establece el artículo 8° del mismo Decreto, salvo la limitación expresamente prevista en el artículo 14 de la Ley 226 de 1995 para los cargos del nivel directivo, y únicamente en cuanto que sólo podrán adquirir acciones por un valor máximo de 5 veces su remuneración anual.
2. Ordenar al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Ministro de Minas y Energía, que el proceso de enajenación de acciones que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en ISAGEN S.A. E.S.P., aprobado mediante el Decreto 1609 de julio 30 de 2013, se lleve a cabo en la primera etapa, prevista en la disposición 3.1 de dicho decreto, con el valor por acción establecido en el artículo 6.2 del mismo Decreto 1609 de julio 30 de 2013, esto es, a un precio fijo de $2.850 por acción.
3. Ordenar al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Ministro de Minas y Energía, que en el proceso de enajenación de acciones que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en ISAGEN S.A. E.S.P., aprobado mediante el Decreto 1609 de julio 30 de 2013, se abstengan de aplicar el Acuerdo de Accionistas del 29 de diciembre de 2006 (al que se refiere el Decreto 1609 de 2013 en uno de sus considerandos y en su artículo 27, modificado este último por el art. 3° del Decreto 2316 de 2013) en la parte que dice: “en el evento en que la Nación como accionista mayoritario decida vender o enajenar su participación accionaria y ello implique la transferencia del control de la sociedad a un tercero estratégico”.
4. Ordenar al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Ministro de Minas y Energía, que modifiquen el Decreto 1609 de julio 30 de 2013, para eliminar del mismo los apartes subrayados del artículo 8° que a continuación se transcriben:
“Artículo 8. Reglas para presentar aceptaciones de compra en la Primera Etapa por parte de personas naturales Destinatarios de las Condiciones Especiales. Con el fin de promover la efectiva democratización de la propiedad accionaria, procurar que la adquisición de las Acciones corresponda la capacidad adquisitiva de cada uno de los aceptantes e impedir que se presenten conductas que atenten contra la finalidad prevista en los Artículos 2, 4 y 5 de la Ley 226 y el Artículo 60 de la Constitución Política, la aceptación que presente cada una de las personas naturales Destinatarias de las Condiciones Especiales en desarrollo de la Primera Etapa, estará sujeta a las siguientes reglas y límites:
8.1. Para la presentación de la aceptación, deberá acompañar copia de:
La declaración de renta correspondiente al año gravable de dos mil once (2011) o de dos mil doce (2012) (será obligatorio presentar la declaración de renta del año gravable dos mil doce (2012) solamente en el evento en que de acuerdo con la ley ya haya debido presentarse), siempre y cuando esté obligado legalmente a presentarla; o
El certificado de ingresos y retenciones del año dos mil doce (2012) para los no obligados a declarar; y
Para los Destinatarios de las Condiciones Especiales de que tratan los subnumerales (i) y (ii) del numeral 3.1 del Artículo 3 del presente decreto, certificado expedido por ISAGEN mediante el cual se acredite tal calidad.
Las personas que ocupen cargos de nivel directivo en ISAGEN deberán, adicionalmente, acompañar una certificación expedida por la Dirección de Desarrollo del Trabajador de ISAGEN, en la que conste su remuneración anual en ISAGEN, a la fecha de expedición de este decreto.
8.2. Con relación al número máximo de Acciones a adquirir por persona, se tomará en cuenta el menor monto que resulte de aplicar las siguientes reglas:
8.2.1. No podrán adquirir un número de Acciones por un monto superior a una (1) vez su Patrimonio Líquido a diciembre 31 del año correspondiente a la declaración de renta presentada.
8.2.2. No podrán adquirir un número de Acciones por un monto superior a cinco (5) veces sus ingresos anuales que figuren en la declaración de renta o en el certificado de ingresos y retenciones presentado.
8.2.3. Sin perjuicio de los anteriores numerales, ninguna persona natural podrá adquirir más de dos millones setecientas veintiséis mil setenta y dos (2.726.072) Acciones.
8.2.4. Para el caso específico de las personas que ocupen cargos de nivel directivo en ISAGEN, además de las limitaciones indicadas en los numerales 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del presente Artículo, no podrán adquirir Acciones por un monto superior a cinco (5) veces su remuneración anual derivada de ISAGEN.
8.2.5. Las personas que lleguen a ocupar cargos de nivel directivo en ISAGEN con posterioridad a la fecha de expedición del presente decreto, podrán adquirir acciones en la Primera Etapa siempre que estén vinculadas a ISAGEN el día hábil anterior a que venza el plazo de la oferta de la Primera Etapa. Para efectos de controlar que estas personas no adquieran un número de Acciones por un valor que supere cinco (5) veces su remuneración anual, éstas deberán acompañar a su respectiva aceptación, una certificación expedida por la Dirección de Desarrollo del Trabajador de ISAGEN en la que conste su remuneración con el fin de calcular la remuneración anual.
8.3. Para efectos de dar aplicación a las reglas previstas en el presente Artículo y determinar los anteriores límites, se tomará:
El Patrimonio Líquido y los ingresos que figuren en la declaración de renta presentada; o
Los ingresos que figuren en el certificado de ingresos y retenciones presentado para los no obligados a declarar; y
La remuneración anual certificada de cada una de las personas que ocupan cargos de nivel directivo
Para efectos del presente decreto, se entenderá por “Patrimonio Líquido” el indicado en la declaración de renta y se determina restando del patrimonio bruto poseído por el contribuyente en el último día del año o período gravable, el monto de las deudas a cargo del mismo, vigente en esa fecha.
8.4. Cualquier aceptación de compra de Acciones por un monto superior a los límites previstos en el numeral 8.2 del presente Artículo, si cumple con las demás condiciones establecidas en el reglamento de enajenación y adjudicación que se expida para la Primera Etapa, se entenderá presentada, por la cantidad permitida de conformidad con las reglas y limitaciones indicadas en los numerales 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 y 8.2.5 del presente Artículo.”
5. Ordenar al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Ministro de Minas y Energía, que modifiquen el Decreto 2316 de octubre 22 de 2013, para eliminar del mismo el artículo 1°, modificatorio del artículo 6.2 del Decreto 1609 de 2013.
6. Ordenar al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Ministro de Minas y Energía, que se abstengan de hacer una oferta de acuerdo de accionistas al margen del Decreto 1609 de julio 30 de 2013, o de propiciar, de cualquier otra manera, que los destinatarios de condiciones especiales se vean compelidos a aceptar limites, condiciones o restricciones no previstos en la Ley 226 de 1995 para la adquisición de las acciones que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en ISAGEN S.A. E.S.P.. En caso de que se haya realizado una oferta de este tipo o se haya realizado cualquier otra maniobra tendiente a compeler a los destinatarios de condiciones especiales a aceptar limites, condiciones o restricciones no previstos en la Ley 226 de 1995 para la adquisición de las acciones que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en ISAGEN S.A. E.S.P., se solicita al Tribunal que ordene dejarla sin efecto.
7. Ordenar al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Ministro de Minas y Energía, que en la oferta pública de venta (artículo 4°) y en el reglamento de enajenación y adjudicación (artículo 21) que se expidan para la primera etapa de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1609 de julio 30 de 2013, se abstengan de incorporar límites, condiciones o restricciones no previstas en la Ley 226 de 1995 para la adquisición de las acciones que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en ISAGEN S.A. E.S.P. En caso de que se haya realizado la oferta pública y/o expedido el reglamento de enajenación y adjudicación, se solicita al Tribunal que ordene su modificación de conformidad con lo antes expresado, ordene retrotraer el proceso y disponga que el plazo de la primera etapa inicie de nuevo una vez sean expedidos la oferta pública de venta y el reglamento de enajenación y adjudicación de conformidad con lo ordenado por la sentencia.
8. De conformidad con el artículo 34 de la Ley 472 de 1998 “Señalar un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente culminar su ejecución”. En particular, se solicita al Tribunal que señale el término que deberá durar la primera etapa para garantizar que los destinatarios de las condiciones especiales puedan contar con un plazo suficiente que les permita realizar las operaciones de financiación, teniendo en cuenta que la Ley 226 de 1995 establece en su artículo 25 un plazo mínimo de dos (2) meses, tiempo éste que se estima muy exiguo dada la magnitud de la operación a realizarse, máxime que para la segunda etapa no se establecen plazos, vale decir, que en la práctica los terceros tendrían más tiempo para realizar las operaciones que demandaría la compra de tan importante paquete accionario”.
1.2. LOS HECHOS
Los hechos en que se fundamenta la demanda, según los actores, son, en síntesis, los siguientes:
1.2.1. Señalan que mediante el Decreto 1609 de 30 de julio de 2013, se aprobó el Programa de Enajenación de las acciones que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en ISAGEN S.A. E.S.P., equivalentes al cincuenta y siete punto sesenta y seis veinticuatro por ciento (57,6624%) del total del capital suscrito y pagado de esa sociedad.
1.2.2. Aducen que de conformidad con lo señalado en la parte considerativa del referido decreto, mediante Documento CONPES 3281 de fecha 19 de abril de 2004, además de definir la estrategia para la enajenación de las participaciones accionarias del Estado en empresas del sector público o privado, se recomendó al Gobierno Nacional iniciar un proceso de vinculación de inversión privada en la prestación de servicios y en la provisión de infraestructura, con la finalidad de propiciar el programa de democratización de la propiedad accionaria en el marco de la política “de construcción del país de propietarios”.
1.2.3. Resaltan que con anterioridad al proceso de enajenación de acciones a que se refiere esta acción popular, ISAGEN S.A. E.S.P. ya había adelantado otro proceso de enajenación de acciones, con base en lo dispuesto en el Decreto 4482 de 2006, en la cual no estableció un monto máximo de acciones que pudieran ser adquiridas por parte de los destinatarios de las condiciones especiales, salvo las restricciones señaladas para las personas que ocupan cargos de nivel directivo en ISAGEN S.A. E.S.P.
1.2.4. Afirman que, por el contrario, en el presente proceso de enajenación, regulado por el Decreto 1609 de 2013, se incluyeron ingredientes que atentan contra la democratización de la propiedad, tales como la limitación en el monto máximo de acciones que puede adquirir un destinatario de condiciones especiales, y la posibilidad de transferir el control de la sociedad a un tercero estratégico. Alude que ésta última circunstancia se erige como una barrera a los destinatarios de las condiciones especiales, cuyo derecho a acceder a la totalidad o a una parte importante de las acciones de la empresa se vulnera por la decisión del Gobierno Nacional de transferir, a dicho tercero estratégico, el paquete de control que representa algo más del 50% del capital suscrito y pagado de la empresa.
1.2.5. Explican que el establecer límites al número de acciones que podían ser adquiridas por los destinatarios de condiciones especiales; y, además, haberle incrementado el precio de la acción sin que se dieran las hipótesis previstas por el artículo 6.3 del Decreto 1609 de 2013; constituyen barreras para que, en la práctica, los empleados, exempleados y pensionados de ISAGEN, así como el sector solidario, tengan la posibilidad real de adquirir una porción de las acciones que se pondrán en venta; porque lo que se pretende con las limitaciones referidas es que el paquete accionario de control sea objeto de puja en la segunda etapa y sea adquirido por un tercero estratégico.
1.2.6. En relación con el incremento del precio de la acción, aseguran que el Gobierno Nacional ha venido manipulando el alza del precio de la acción de ISAGEN, iniciando en el año 2013 a un precio en bolsa de dos mil quinientos cinco ($2.505) pesos, mientras que a la fecha del anuncio de enajenación realizado el 29 de julio de 2013, la acción había cerrado a dos mil setecientos veinticinco ($2.725) pesos. Para el 30 de septiembre de 2013, se informó en la página electrónica de la Presidencia de la República que el Consejo de Ministros había aprobado el alza en el precio base para la venta de ISAGEN de dos mil ochocientos cincuenta ($2.850) pesos a tres mil ciento setenta y ocho ($3.178) pesos por acción, ante el interés que tienen los inversionistas por títulos de dicha empresa, incremento que se materializó con la expedición del Decreto 2316 de fecha 22 de octubre de 2013, cuyo artículo 1º dispuso modificar el artículo 6.2. del Decreto 1609 de 2013 en este sentido.
1.2.7. Refieren que ante las barreras de acceso identificadas para los destinatarios de condiciones especiales, solicitó al Gobierno Nacional modificar los decretos citados; sin embargo, mediante comunicación No. 2-2013-037201 del 4 de octubre de 2013, suscrita por la Secretaría General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se dio respuesta negativa argumentando, entre otras cosas, que el Gobierno puede limitar la capacidad de acciones por parte de los destinatarios de condiciones especiales en función a su patrimonio u otros indicadores financieros con el fin de asegurar que dichos destinatarios adquieran las acciones en relación con su capacidad adquisitiva real como manifestación del principio de democratización consagrado en el artículo 2º de la Ley 226, así como que la misma favorece el principio del patrimonio público pues busca que la Nación pueda cumplir con el precepto de democratización a través del ofrecimiento de la totalidad de las acciones en la primera etapa a los destinatarios de condiciones especiales pero, al mismo tiempo, maximizando los recursos producto de un proceso de enajenación, favoreciendo así las finanzas del Estado y, con ello, cumplir con las obligaciones económicas y sociales fundamentales.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN POPULAR
Mediante auto de 25 de noviembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, admitió la demanda y ordenó notificar al presidente de la República, al ministro de Hacienda y Crédito Público, al ministro de Minas y Energía y al representante legal de ISAGEN S.A. E.S.P.
Notificadas las entidades demandadas, dieron contestación a la demanda en los siguientes términos:
II.1. CONTESTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
En escrito 4 de marzo de 2014, la doctora Martha Alicia Corssy Martínez, actuando en representación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE y del Presidente de la República, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos:
En primer término cuestionó la procedencia de la acción popular para amparar los intereses de un grupo, cuyos derechos colectivos no se ven amenazados. Resaltó que el actor pretende hacer ver los intereses de un grupo diferenciado, esto es, el de los destinatarios de condiciones especiales, como derechos colectivos; lo cual resulta contradictorio y desconoce la esencia de la acción popular.
Afirmó que la circunstancia de ser destinatarios de condiciones especiales, los margina del colectivo para convertirlos en un grupo, de tal manera que cualquier reivindicación de derechos de ese grupo, no es de naturaleza popular sino grupal y, en ese sentido, debía recurrir a otro tipo de acción.
En segundo término, y siguiendo la misma línea argumentativa, al solicitar la protección de los intereses de un grupo, resulta claro que no se presenta la vulneración de derechos colectivos.
Resaltó que una de las críticas al proceso de enajenación de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., es la variación del precio que se realizó mediante el Decreto 1609 de 2013, por medio del cual se aprobó el Programa de Enajenación de las Acciones, posteriormente modificado por el Decreto 2316 de 2013, a través de los cuales se estableció el precio base fijo para la primera etapa y el valor mínimo para la segunda, con lo que se hace primar, precisamente, el derecho colectivo que pretende que el Estado reciba un mayor valor por la venta de sus activos.
Puso de presente, en cuanto al límite de adquisición individual, que el propósito era universalizar la propiedad e impedir su concentración en una o unas personas naturales o jurídicas, con lo que, se estaba velando por otro de los derechos colectivos presuntamente vulnerados con el proceso de venta.
Aunado a ello, destacó que el propósito de la acción popular había desaparecido, toda vez que el objeto era lograr que los destinatarios de condiciones especiales lograran adquirir la mayor cantidad de acciones, sin límite en el número al que podían acceder y con precio inferior al determinado en los decretos; sin embargo, los destinatarios de condiciones especiales habían adquirido las acciones en las condiciones establecidas en las normas, por lo tanto, había carencia actual de objeto, en tanto que la primera etapa había concluido para el momento de la contestación de la demanda.
En cuanto al derecho colectivo relativo a la defensa del patrimonio público, descartó su vulneración al estar amparado el proceso de enajenación en las normas vigentes que respetan los principios e intereses colectivos; tanto que el incremento en el valor de la acción, que critica el actor, es uno de los factores con el que se cumple el propósito de lograr el mayor rendimiento posible frente a la venta de un activo de la Nación.
II.2. CONTESTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
A través de escrito del 4 de marzo de 2014, el doctor Diego Ignacio Rivera Mantilla, actuando en calidad de apoderado judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se opuso a las pretensiones de la acción popular, luego de considerar que: i) operó la caducidad de la acción puesto que la primera etapa de la enajenación de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., ya culminó; ii) el medio de control escogido por los actores resulta impropio puesto que se busca la protección de derechos de un grupo y no la de derechos colectivos; iii) los límites fijados a los destinatarios de condiciones especiales tienen sustento constitucional en el propósito de democratización de la propiedad, concurrencia universal y masiva en los procesos de enajenación de los activos del Estado; iv) la modificación del precio obedeció a la aplicación de criterios técnicos que demostraban que la acción había aumentado su valor, por lo que era mandatorio, para lograr la defensa del patrimonio público, incrementar su valor; y, v) no se allegaron pruebas respecto de la presunta vulneración de los derechos invocados y, por el contrario, las pretensiones se sustentan en suposiciones y apreciaciones subjetivas de los actores populares.
II.3. CONTESTACIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.
Mediante memorial de 14 de enero de 2014, el doctor Mateo Floriano Carrera, actuando en su condición de apoderado judicial del Ministerio de Minas y Energía, se opuso a las pretensiones de la demanda, arguyendo la inexistencia de vulneración de derechos colectivos.
Adujo que no existe una correlación entre los hechos narrados por el actor y la presunta vulneración de derechos colectivos, porque, a lo sumo, en gracia de discusión, podría alegarse una afectación de intereses patrimoniales de un grupo, más no de la colectividad.
De otro lado, resaltó que no hay forma de derivar una hipotética afectación de derechos colectivos de la venta de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P.
Aseguró que no hay violación al principio de democratización puesto que la primera etapa fue regulada teniendo en consideración que los límites a la adquisición de acciones de los destinatarios de condiciones especiales, buscaban la universalización del proceso, para evitar la concentración de la propiedad.
Resaltó la improcedencia de la acción popular respecto de las pretensiones del actor, toda vez que no se aboga por derechos colectivos sino por los intereses particulares de un grupo.
II.4. CONTESTACIÓN DE ISAGEN S.A. E.S.P.
En escrito de 21 de enero de 2014, la doctora Gloria Cecilia Ortiz de Galvis, obrando como apoderada principal de ISAGEN S.A. E.S.P., solicitó desvincular a la referida entidad de la acción popular, en razón a que no es una autoridad administrativa ni desarrolla funciones administrativas, sino que se trata de una sociedad anónima mixta, que se encuentra sometida a las normas del derecho privado.
Resaltó que ISAGEN S.A. E.S.P., no tiene potestad para expedir los actos administrativos que rigen el proceso de venta de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P.; toda vez que es una decisión autónoma de uno de los socios, la Nación, quien establece el programa de enajenación y lo ejecuta, sin que pueda influir en ella ISAGEN S.A. E.S.P.
Insistió en que ISAGEN S.A. E.S.P. es el sujeto económico sobre el cual recae la venta de parte de sus acciones, que son propiedad de la Nación, por lo que no es un sujeto activo o titular que tome decisiones en materia de la enajenación o que siquiera que ejecute materialmente actividades tendientes a concretar esa transferencia.
Criticó que el auto admisorio se le tuviera como parte demandada cuando el actor popular no lo había incluido como entidad accionada; por lo que pidió se le marginara del trámite de la presente acción.
III.- AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO
El 6 de mayo de 2014 tuvo lugar la audiencia especial de que habla el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, la cual se declaró fallida por cuanto no existió fórmula de arreglo.
IV.- LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 5 de marzo de 2015, la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, denegó las pretensiones de los actores populares, en atención a las consideraciones que a continuación se exponen:
En relación con las excepciones propuestas por el Ministerio de Minas y Energía, explicó que éstas simplemente se limitan a expresar las razones por las que dicha Cartera se opone a las pretensiones, por lo que deben ser tenidas como argumentos de defensa.
En cuanto a la improcedencia de la acción alegada por dicha entidad, dado que la demanda no contiene la indicación de los hechos o circunstancias que determinen la vulneración de los derechos colectivos, y en tanto los derechos sobre los que se pretende protección son de carácter subjetivo y no colectivo, el Tribunal puso de presente que dicha situación había sido rebatida y decidida en auto de fecha 17 de febrero de 2014, mediante el cual se resolvió el recurso de reposición y la nulidad procesal, en donde se determinó que “en el presente caso se cumplen todos los requisitos, por ende, se hace imperioso confirmar el auto recurrido”, además de señalar que “los requisitos de admisión de la acción popular están establecidos en la ley, de manera específica en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998 exige simplemente que el demandante debe indicar el derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado. En cuanto a la prueba y la determinación de la existencia de la amenaza a un derecho o interés colectivo, serán asuntos propios del proceso que se ventilarán y se decidirán en la sentencia”.
En lo relativo a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, alegada por ISAGEN S.A. E.S.P., determinó que, con independencia del carácter particular o público de esa sociedad, y aunque la misma ejerce no autoridad pública, la realidad es que los Decretos 1609 y 2316 de 2013, cuyo contenido, según los actores populares vulneraron los derechos colectivos por ellos invocados, afectan a dicha sociedad como tal; por lo cual, no se puede pretender desligar a ISAGEN S.A. E.S.P. de las decisiones que se emitan respecto de la venta de las acciones de propiedad de la Nación en esa sociedad.
De otro lado, respecto de las excepciones propuestas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, resaltó que, al igual que lo ocurrido con las alegadas por el Ministerio de Minas y Energía, éstas únicamente se refieren a fundamentos de la defensa y no constituyen verdaderas excepciones, por lo que ninguna de ellas prospera.
En lo atinente a la caducidad de la acción alegada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, estableció que el aparte del artículo 11 de la Ley 472 de 1998, que establecía una caducidad de la acción popular de cinco (5) años (contados desde la ocurrencia del hecho vulnerador de los derechos colectivos), fue declarado inexequible toda vez que se condicionó la presentación de la acción popular al hecho de que subsista la amenaza o peligro del derecho e interés colectivo que se busca proteger; asunto que se analiza de fondo en la sentencia.
En el mismo sentido se pronunció respecto de las excepciones propuestas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de idéntico contenido a las manifestadas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE; por lo que tampoco prosperaron.
Respecto del fondo del asunto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, después de citar jurisprudencia del Consejo de Estado en relación el contenido y alcance de cada uno de los derechos colectivos alegados como vulnerados y de las normas aplicables al proceso de enajenación de acciones del Estado, determinó que las pretensiones de la demanda no podían prosperar por no encontrarse demostrado que hubieren existido irregularidades en cuanto a la determinación y modificación del precio, situación que se dio de manera previa al inicio del proceso de enajenación de las acciones de propiedad de la Nación en ISAGEN S.A. ESP; ni se encontró que los criterios que consideró el actor como límites, hubieren impedido de manera alguna, la participación y compra por parte de los destinatarios de condiciones especiales durante la primera etapa de dicho proceso.
En ese mismo sentido, estableció que tampoco se pudo probar que la inclusión de la figura del tercero estratégico dentro del programa de enajenación, hubiere sido con el fin de impedir la libre concurrencia de los ciudadanos en general al proceso de enajenación.
En consecuencia, al no encontrar vulneración alguna de los derechos colectivos invocados por el actor, como infringidos por las entidades demandadas, denegó las pretensiones de la demanda.
V.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora, actuando a través de su apoderado, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia por los siguientes motivos:
Criticó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se hubiere limitado a estudiar el proceso de enajenación de las acciones de propiedad de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., únicamente desde la perspectiva de la primera etapa, toda vez que con ello, en su criterio, se mutiló el alcance de la acción popular.
Explicó que la demanda se presentó el 15 de noviembre de 2013, esto es, antes de que se diera inicio a la primera etapa, por lo que los argumentos que la sustentan se basan en lo que, para ese momento se encontraba regulado respecto del proceso de la enajenación, pero el propósito claro de la acción se refería a la totalidad del proceso de la venta.
Resaltó que, debido a ello, se solicitaron pruebas adicionales el mismo día en que se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, las cuales fueron negadas por el a quo, aduciendo que ello conllevaba una adición a la demanda y que no era el momento procesal para hacerlo.
Puso de presente que resulta inadecuada la posición del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al limitar el análisis de la acción popular a un solo aspecto del proceso de enajenación como si éste fuera divisible, y sin tener presente que el objeto principal es la protección de los derechos colectivos vulnerados con la totalidad del proceso de enajenación.
De otro lado, controvierte la falta del análisis de las pruebas documentales aportadas por el actor, a las que no hace referencia el Tribunal, las cuales están íntimamente ligadas a los hechos que se tratan de probar. De otro lado, respecto de las pruebas negadas por inconducentes, se adujo que éstas pretendían probar los hechos, pues consistían en informes y conceptos relativos a la venta de las acciones, por lo que, al no decretarse se quedó sin soporte fáctico la causa petendi.
En relación con la determinación del precio de la acción para la primera etapa, alega una incongruencia en los argumentos expuesto por el Tribunal, toda vez que cita las normas que prescriben la obligación de establecer el precio de la acción con base en un estudio técnico; sin embargo, a folios 63 y 67 de la providencia, el a quo echa de menos el estudio técnico necesario para determinar el precio fijo de venta de la acción en la primera etapa.
En cuanto al incremento del valor de la acción durante la primera fase del proceso de enajenación, recalca el hecho de que éste solo puede variar con base en un estudio técnico que determine que el precio debe ser alterado; y nuevamente pone de presente que al no reposar en el expediente el estudio técnico que permita establecer que el precio sí se incrementó, el Tribunal falló alejado de la realidad probatoria, e hizo afirmaciones relativas a que el aumento en el valor de la acción se hizo para proteger el patrimonio público, sin tener fundamento para ello.
Aduce que el juez de primera instancia equivocadamente aplica las normas del Código de Comercio relativas a la oferta, a la venta de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., cuando dicho proceso expresamente se encuentra regulado por la Ley 226 de 1995, reglamentada para este proceso de enajenación por los decretos 1609 y 2316 de 2013.
Recordó que el aumento del precio no se ajustó a los requisitos establecidos en las normas referidas sino que se produjo en el seno del Consejo de Ministros que tomó la decisión de subir el valor, con base en “el inmenso apetito, al interés que se ha visto por parte de la empresas colombianas y extranjeras en la compra de Isagen”, asunto que claramente no obedece a un estudio técnico.
De otro lado, anotó que la norma expresamente determina que el precio de la acción para la primera etapa del proceso de enajenación debe ser fijo, y no determinado en un rango de valores, como lo estableció el Gobierno Nacional para el trámite de la aludida fase.
Considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin sustento alguno, se pronunció respecto de las limitaciones establecidas para los destinatarios de las condiciones especiales, puesto que, insistió, no hay estudios técnicos que permitan establecer que las decisiones de la primera etapa del proceso de enajenación cumplieron con lo determinado en las normas que la regulan.
Respecto del tercero estratégico insiste en los argumentos expuestos en la demanda sobre la inconveniencia de esa figura y en torno a que ésta, constituye una barrera de acceso para los destinatarios de condiciones especiales.
Concluyó solicitando revocar la sentencia de primera instancia para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.
VI. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA.
6.1. LA PARTE DEMANDANTE, actuando a través de su apoderado, solicitó revocar la sentencia de primera instancia para acceder a las pretensiones de la demanda.
Insiste en el carácter de derecho e interés colectivo que le asiste a los destinatarios de condiciones especiales en el proceso de venta de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., toda vez que, constituyen un grupo numeroso e indeterminado de colombianos que están velando por el acceso real y efectivo a la propiedad de las acciones puestas en venta por el Estado, para que se dé una verdadera democratización de la propiedad sin que puedan establecerse límites y restricciones que atenten contra ello.
Explicó que los destinatarios de condiciones especiales no se pueden definir como una élite ni como un grupo reducido, sino que tal categoría incluye a trabajadores, extrabajadores y pensionados de la empresa a enajenarse, además del sector solidario constituido por organizaciones sindicales, fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las cooperativas, los fondos de pensiones y cesantías, y las cajas de compensación familiar; los cuales representan diversos intereses y está constituido por un elevado número de ciudadanos, que no están solicitando la protección de intereses económicos sino de los derechos colectivos deprecados.
Citó jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que ese establece que el carácter de derecho colectivo no muta a individual porque se afecte a un grupo determinado de personas. Precisa que el raciocinio efectuado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca llevaría al absurdo de que no se pueden proteger los derechos colectivos de una comunidad afectada, en razón a que no corresponde a una afectación que se pueda predicar de todos los colombianos.
Adujo que el derecho a la democratización económica no puede equipararse al derecho a la propiedad, como erróneamente lo hiciera el a quo. Señaló que la decisión del Tribunal desconoce el alcance de la democratización económica en un Estado Social de Derecho, puesto que la redujo a un carácter meramente patrimonial cuando lo que realmente se trata es de propiciar la redistribución de la riqueza, estimular la economía solidaria y permitir que la clase trabajadora pueda acceder a los medios de producción.
Alegó que lo que se pretende con la presente acción es que se materialice la democratización del patrimonio, lo que se traduce en que la participación que tiene la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., quede distribuida entre la mayor cantidad de colombianos; y no, como lo pretende el Gobierno Nacional, que sea adquirida por un único inversionista; puesto que ello desdibuja los propósitos de redistribución del ingreso y de la propiedad.
Adujo que, no se trata de que se proteja el derecho a la propiedad de los destinatarios de condiciones especiales sino que se levanten las barreras de acceso que se les impusieron, de manera ilegal; toda vez que en esa medida se evita la concentración del capital en los medios de producción; lo que se logra únicamente teniendo la propiedad en cabeza de la mayor cantidad de colombianos que se encuentran dentro del grupo de primeros destinatarios de la oferta.
En lo relativo al derecho a la moralidad administrativa, anotó que éste se ve afectado puesto que, violando el principio de legalidad, se establecieron límites a los destinatarios de condiciones especiales; con el propósito de propiciar la concentración de la propiedad en un inversionista estratégico.
De otro lado, resaltó que lo que se quiere es evitar que se produzca la venta a un único socio estratégico, con lo que el Estado pierde el control natural que tiene en el mercado nacional de la energía eléctrica; poniendo en riesgo la prestación eficiente del servicio. Destacó que la prioridad de un inversionista que adquiera ISAGEN S.A. E.S.P., será la de recuperar la inversión, sin importar las necesidades de los usuarios, del país y de la economía.
En ese sentido, hizo énfasis en que los hechos respaldaban lo pronosticado por los actores en la demanda. Ello es así, puesto que para la época en que se radicó la demanda (noviembre 15 de 2013), antes de que se publicara el aviso de oferta pública para la Primera Etapa del proceso de enajenación, se advirtieron las consecuencias que se derivaban de las limitaciones que se habían puesto a los destinatarios de condiciones especiales, las que iban a repercutir en la imposibilidad de éstos de acceder, de manera efectiva, al paquete accionario puesto a la venta por la Nación.
Durante el trámite de la primera instancia de la presente acción, se culminó la primera fase del proceso de enajenación, del que, tal y como se había alegado, se vendió únicamente el cero coma cero nueve (0,09%) por ciento del total de las acciones ofrecidas (57,66%), con lo que resulta contundente que el proceso de democratización no se materializó.
6.2. EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA solicitó denegar las pretensiones del recurso de apelación, toda vez que el actor no logró probar la vulneración de los derechos colectivos. Insistió en la ocurrencia de la caducidad de la acción, toda vez que las pretensiones se relacionan con la primera fase del proceso de enajenación, el cual ya culminó de manera exitosa.
Puso de presente la impropiedad del medio de control, toda vez que no se está en procura de derechos colectivos sino en la protección de los intereses de un grupo, lo cual hace improcedente la acción popular.
Advierte que los límites fijados en el programa de enajenación atienden los propósitos constitucionales puesto que velan por el respeto al principio de democratización de la propiedad.
Aduce que la modificación del precio de la acción obedeció a la aplicación de criterios técnicos y procuró proteger el patrimonio público; por lo que no puede predicarse de tales decisiones una limitación para el acceso a la propiedad.
Resaltó que el precio de la acción permite obtener mayores recursos al Estado para cumplir con obligaciones de inversión social e infraestructura que repercute en el beneficio de toda la sociedad.
6.3. EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO solicitó la confirmación del fallo de primera instancia, y criticó que el actor popular afirme que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se abstuvo de resolver sobre el fondo de la controversia, puesto que se analizaron y hubo pronunciamiento respecto de las ocho pretensiones de la demanda, las cuales, además fueron estudiadas a profundidad.
Trajo a colación que la decisión tomada por el a quo, se ajustó a derecho y guarda coherencia con la decisión tomada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en la que se declararon ajustadas a la Constitución y a la Ley, las normas que rigen el proceso de enajenación de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., al considerar que los apartes demandados de los decretos no desconocieron los principios de democratización y preferencia, en razón a que las medidas adoptadas para la compra de las acciones, en la primera etapa resultan válidas y razonables para que se garanticen los principios generales contenidos en la Ley 226 de 1995.
Resaltó que las limitaciones a los destinatarios de condiciones especiales tenían como propósito que todos los que integran la categoria accedieran en iguales circunstancias, toda vez que algunos de ellos, como el sector solidario, contaban con la capacidad financiera para adquirir el paquete accionario completo, lo que reñiría con los principios de democratización de la propiedad.
También señaló que los topes al número de acciones de acuerdo con el patrimonio o con los ingresos anuales, equivalían a sumas muy por encima del valor necesario para que cada uno de los destinatarios de condiciones especiales pudiera adquirir un porcentaje representativo de las acciones puestas a la venta; por tanto, aseguró, la baja participación no se debió a las limitaciones sino a la falta de interés por parte de los destinatarios y no por la regulación que, de la primera fase del proceso, se efectuó.
Desmintió las afirmaciones de los actores en el sentido de que no había un estudio técnico que respaldara la determinación del precio de la acción y su posterior modificación, y en torno a que tal documento no reposaba en el expediente; toda vez que puso de presente que con la contestación de la demanda, ese ministerio había adjuntado una copia simple del cuadernillo de valoración de ISAGEN presentado por la Unión Temporal Credit Suisse – Inverlink al Consejo de Ministros para que se tomara la decisión respectiva.
Para concluir, resaltó que en el recurso de apelación, los actores populares presentan nuevos argumentos y escenarios, diferentes a los expuestos en la demanda, que no fueron alegados en primera instancia o que no fueron objeto de controversia o prueba en la misma; por lo que no deberían ser objeto de manifestación por el ad quem, puesto que tales asuntos deberían tramitarse en una acción nueva; y por tanto, el pronunciamiento del Consejo de Estado limitarse a los asuntos de que tratan las pretensiones de la demanda.
6.4. LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA destacó que la demanda estaba dirigida a demostrar la vulneración de los derechos colectivos cuya protección se invoca, como consecuencia de la primera etapa del proceso de enajenación de las acciones que tiene la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., puesto que las pretensiones se referían a los límites establecidos en el artículo 8º del Decreto 1609 de 2013; en tal virtud, no puede pretender ahora que el Tribunal se hubiere pronunciado sobre asuntos distintos a los expresados en el libelo; y, mucho menos que con el recurso de apelación se genere una decisión del Consejo de Estado en relación con temas sobre los que no ha tenido la oportunidad de controvertir.
A juicio de la demandada, el Tribunal se refirió a las pretensiones formuladas por el demandante en cuanto invocaba la vulneración de derechos colectivos a la moralidad pública, a la defensa del patrimonio público y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea oportuna y eficiente, en relación con el contenido del artículo 8º del Decreto 1609 de 2013, que establecía los límites para la adquisición de las acciones en ISAGEN S.A. E.S.P., por parte del grupo de destinatarios de condiciones especiales, que, en el sentir del actor popular, impedían la democratización de la propiedad accionaria.
En ese sentido, insistió en que el Tribunal únicamente, tal y como lo hizo, podía centrar su análisis en los temas específicos, propuestos como causa de la afectación de los intereses colectivos deprecados; esto es, la determinación y modificación del precio de las acciones de ISAGEN S.A. E.S.P., el establecimiento de límites a los destinatarios de condiciones especiales, y, la inclusión de un tercero estratégico en el proceso de enajenación.
Mencionó que debe tenerse presente que los destinatarios de condiciones especiales están compuesto por varios actores, algunos de los cuales contaban con la capacidad financiera para adquirir la totalidad del paquete accionario puesto a la venta, por lo que, resultaba necesario, tal y como lo encontró probado el a quo, que se establecieran límites.
También indicó que, de acuerdo con el censo del sector solidario que conforma el grupo de los destinatarios de condiciones especiales, aportado por el Ministerio del Trabajo, y que de conformidad con los límites determinados en los Decretos 1609 y 2316 de 2013, cada miembro del sector debía invertir aproximadamente doscientos noventa y ocho millones de pesos ($298´000.000) para adquirir la totalidad de la participación accionaria de la Nación en ISAGEN, lo cual corresponde a una cifra absolutamente conservadora en el sentido de que existen miembros del grupo de destinatarios de condiciones especiales que tienen la capacidad de invertir una cifra igual o mayor que esa.
Destacó que, en ese orden de ideas, en el caso de haberse invertido la totalidad del monto máximo permitido de inversión por parte de los destinatarios de condiciones especiales, teniendo como base el censo mencionado, tal grupo contaba con la capacidad para adquirir veintinueve (29) veces, la oferta efectuada por la Nación; con lo que se demuestra que los límites no fueron los causantes de los resultados de la venta en la primera etapa.
Agregó que en ese sentido se pronunció la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la acción de nulidad radicada con el número 110010326000201400054-00 (21025) – acumulados 110010324000201300534-00 (20946) y 110010324000201300509-00 (21047), en la que se determinó la legalidad de los actos demandados, asegurando que éstos respetaban los principios de democratización de la propiedad, preferencia, protección del patrimonio público y continuidad del servicio, de que trata el artículo 60 de la Constitución Política.
En atención a lo expuesto, solicitó la confirmación del fallo de primera instancia y se rechacen los argumentos expuestos por el apoderado de los demandantes en su memorial de apelación.
V.II. EL MINISTERIO PÚBLICO.
El Ministerio Público guardó silencio.
VIII.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. LAS ACCIONES POPULARES Y SU PROCEDENCIA
Las acciones populares, previstas en el artículo 88 de la Carta Política y reguladas por la Ley 472 de 1998, se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio de los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible, y proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que hayan violado o amenacen violar tales derechos e intereses.
Conforme lo ha reiterado la jurisprudencia, los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son los siguientes: i) Una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos e intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana; y, iii) la relación de causalidad entre la acción, la omisión y la señalada afectación de los referidos derechos e intereses. Estos supuestos deben estar demostrados de manera idónea en el proceso.
VI.2. PLANTEAMIENTO DEL CASO
Los actores populares atribuyen a la Nación - Presidencia de la República, y a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y Minas y Energía, la vulneración de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público, a la moralidad administrativa, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y a la democratización de la propiedad; con ocasión de la enajenación de acciones que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en ISAGEN S.A. E.S.P.
En la demanda se exponen cargos de nulidad sobre los Decretos 1609 y 2316 de 2013, por medio de los cuales se aprobó el Programa de Enajenación de acciones que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en ISAGEN S.A. E.S.P., pues consideran los actores populares que éstos establecen limitaciones a los destinatarios de condiciones especiales, que desconocen el contenido del artículo 60 de la Constitución Política y de la Ley 226 de 1995, al restringir el número máximo de acciones que pueden adquirir dichos destinatarios especiales en la primera etapa de la venta; por lo que en las pretensiones solicita inaplicarlos o modificar los apartes que establecen las restricciones que cuestiona.
Los reparos planteados por los actores en la demanda, de los cuales derivan la vulneración de los derechos colectivos cuya protección reclaman, recaen en los siguientes tres aspectos: i) la determinación y modificación del precio de las acciones de ISAGEN S.A. ESP; ii) el establecimiento de límites a los destinatarios de condiciones especiales personas naturales en el proceso de enajenación de acciones; y, iii) la inclusión de un tercero estratégico, dentro del proceso de enajenación.
En primera instancia, la Subsección “A”, de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró que ninguna de los tres apartes referidos vulneraba los derechos colectivos que se pretenden proteger con el ejercicio de la presente acción, al no encontrar demostrado que hubieran existido irregularidades en cuanto a la determinación y modificación del precio; ni probado que los criterios que consideró el actor como límites, hubieran impedido de manera alguna la participación y compra por parte de los destinatarios de condiciones especiales durante la primera etapa de dicho proceso; como tampoco se determinó que la inclusión de la figura del tercero estratégico dentro del programa de enajenación tuviera como fin, impedir la libre concurrencia de los ciudadanos, en general, a tal proceso de enajenación.
En el recurso, se insiste en la afectación que se produce a los derechos colectivos con las actuaciones de la Administración en la primera etapa de la enajenación de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P.; y, además, se refieren presuntas irregularidades presentadas en la segunda etapa del trámite, respecto de las cuales se solicita a la Sala que se pronuncie, a pesar de que el a quo no se refiriera a ellos en el fallo. Para ello, explican los actores, que es el proceso en sí mismo el que ocasiona la lesión de los derechos deprecados, por lo que en atención al carácter indivisible de éste, el juez popular no puede abstenerse de resolver respecto de los asuntos puestos de presente en el recurso.
Los actores también plantean que si bien en la demanda se controvierte la primera etapa del proceso de venta de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., el juez popular no puede desconocer que: i) la presentación de la misma fue en noviembre de 2013, fecha para la cual lo único que amenazaba los derechos colectivos era la fase que, para la época, se venía desarrollando; y, ii) que durante el trámite de la acción popular, se ha ejecutado casi la totalidad del proceso de venta, sin que hubieren tomado las medidas cautelares requeridas para suspender su avance. Por tanto, requiere que esta Sala se pronuncie sobre la enajenación como un todo, y no respecto de cada una de las fases del mismo.
Respecto de tales peticiones, las entidades demandadas aducen que la competencia del juez de la segunda instancia se encuentra limitada por los asuntos discutidos ante el a quo, que a su vez determina los asuntos que se controvierten en el recurso; sin que puedan traerse hechos nuevos que sorprendan a la otra parte, so pena de vulnerar el debido proceso por impedir el derecho a la contradicción.
De otro lado, las entidades demandadas insisten en la improcedencia de la acción popular por la ausencia de vulneración de derechos colectivos, toda vez que, en su criterio, se están reclamando los derechos de carácter patrimonial de un grupo, los destinatarios de condiciones especiales, y no el interés general.
En ese mismo sentido, las entidades demandadas refieren que al haberse culminado la primera fase de la venta de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., y algunos de los destinatarios de condiciones especiales haber ejercido su derecho de adquisición; se encuentra demostrada la ausencia de daño o vulneración de derechos colectivos, lo que trae como consecuencia la ocurrencia del fenómeno de la caducidad de la acción popular de que trata el artículo 11 de la Ley 472 de 1998, toda vez que éste acaece al no presentarse la presunta amenaza o vulneración de los derechos que se pretenden proteger.
Para efectos de resolver la impugnación interpuesta por los actores populares, la Sala considera pertinente, antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto, referirse a los siguientes aspectos: i) la procedibilidad de la acción popular; ii) la competencia del juez de la segunda instancia en una acción popular; iii) el núcleo esencial y alcance de los derechos colectivos alegados como vulnerados; y, iv) el marco regulatorio del proceso de enajenación de la participación accionaria de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P; en aras de dar claridad a lo que se discute.
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN POPULAR. Las entidades demandadas coincidieron en discutir sobre la procedibilidad de la presente acción, aduciendo que resulta improcedente el mecanismo constitucional para procurar la defensa de los intereses patrimoniales de un grupo determinado que goza de condiciones privilegiadas, y en tal virtud debía haberse optado por una acción diferente. También, alegan la caducidad de la acción en virtud de la ausencia actual de vulneración de derechos colectivos, toda vez que los hechos que se alegaban como causantes de la misma, esto es, la primera etapa de la venta de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P, ya había concluido de manera exitosa.
Al respecto cabe resaltar que la acción popular es una acción principal cuya procedencia no depende de la existencia o inexistencia de otros medio de control, como sí ocurre con las acciones de tutela y de cumplimiento, donde el principio de subsidiaridad hace que éstas deban ceder ante la certeza de contar con otro medio de defensa judicial, para la defensa de los derechos que se pretenden a través de esos mecanismos constitucionales.
Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corporación ha determinado:
“La Ley 472 de 1998 no contempla que la acción popular resulte improcedente por la existencia de otros medios judiciales de defensa, a través de los cuales también se puedan hacer efectivos los derechos conculcados, como sí sucede con la acción de tutela y la de cumplimiento. El hecho de que la actividad de la administración también pueda ser objeto de enjuiciamiento a través de otras acciones, no implica que sólo pueda acudirse al ejercicio de las mismas, pues estando de por medio un interés o derecho colectivo, también es viable el ejercicio de la acción popular, con el fin de conjurar en forma oportuna aquellos hechos u omisiones que podrían afectar a la comunidad, antes de que generen un daño, para extinguirlo si éste se está produciendo, o bien para restituir las cosas a su estado anterior si ello todavía es posible. En este sentido se precisa que la acción popular es una acción principal y su procedencia no depende de la existencia o inexistencia de otras acciones”.
En ese orden de ideas, en tanto el actor popular considera que las conductas de la Administración o de los particulares estén afectando o amenacen vulnerar derechos colectivos, así tales acciones puedan ser controvertidas a través de otros medios de control o de mecanismos constitucionales, la acción popular resultará procedente.
En ese sentido, se destaca que como consecuencia de lo manifestado, corresponderá al juez popular analizar las conductas puestas de presente como presuntamente vulneradoras de derechos e intereses colectivos, únicamente desde la perspectiva de tales derechos; sin que pueda arrogarse las competencias funcionales de los jueces naturales de las otras acciones o medios de control que también puedan adelantarse, incluso de manera paralela.
Así las cosas, si bien frente al proceso de enajenación de las acciones de ISAGEN S.A. E.S.P., se han promovido diferentes acciones que pretenden controvertir su legalidad, y las autoridades judiciales ya han proferido decisiones al respecto, sigue resultando pertinente el trámite de la presente acción, en tanto no se ha producido una decisión en relación con la presunta afectación que se pueda producir con la venta de las acciones que la Nación tiene en ISAGEN S.A. E.S.P., desde la perspectiva de los derechos colectivos.
De otra parte y en lo relativo a la presunta improcedencia de la acción en atención a los verdaderos intereses que se buscan proteger, esto es, en criterio de las entidades demandadas, a los derechos patrimoniales de los destinatarios de condiciones especiales, puesto que, éstos no representan a los de la comunidad sino a los de un grupo determinado; se debe tener presente que el propósito de las acciones populares es la protección de derechos e intereses colectivos frente a actuaciones u omisiones de las autoridades públicas y de particulares, cuya titularidad reposa en cualquier persona o grupo de personas, puesto que tiene un fin público y un carácter restitutorio.
En tal virtud, en razón a que el objeto de protección de las acciones populares está constituido por derechos cuya titularidad es difusa; el hecho que la presente hubiera sido promovida por un numero plural de algunos de los destinatarios de condiciones especiales del proceso de venta de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., no implica que los derechos e intereses involucrados afecten solamente a dicho grupo o al grupo de personas que adquieran las acciones de la primera etapa de enajenación.
Lo anterior resulta relevante si se tiene en consideración que la procedibilidad de la acción popular se encuentra ligada al objeto de la misma, y no a la titularidad de derechos que, por su definición, le impactan a la comunidad.
En tal sentido, como quiera que el objeto del proceso cuyo trámite se cuestiona es la enajenación del porcentaje de las acciones de propiedad del Estado, y se alega la presunta vulneración de derechos colectivos, que por definición se encuentra en cabeza de un grupo de individuos; no se puede hacer depender la procedencia del mecanismo porque el actor popular, pertenezca a la comunidad presuntamente afectada por el actuar de la Administración y que, al acudir ante el juez para defender a la colectividad, pueda obtener “de manera simultánea, la protección de su propio interés”, siempre que las motivaciones no sean exclusivamente subjetivas o de carácter indemnizatorio.
En tal virtud, la procedencia de la acción popular se encuentra estrechamente vinculada al propósito que persigue el actor, puesto que si lo pretendido es la protección de un derecho colectivo, deberá el juez darle trámite y pronunciarse de fondo respecto de la presunta conducta vulneradora; contrario sensu, si lo que se busca es la reparación e indemnización por un asunto que hace referencia a intereses comunes o de un grupo, ahí sí se desdibuja el carácter público de la acción, por lo que el medio resultaría ser una acción de clase o grupo y no una popular.
En tal sentido, resulta relevante establecer las características que determinan un derecho o interés colectivo. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha expresado que los “intereses difusos y colectivos, protegidos por las acciones populares, hacen referencia a derechos o bienes indivisibles, o supraindividuales, que se caracterizan por el hecho de que se proyectan de manera unitaria a toda una colectividad, sin que una persona pueda ser excluida de su goce por otras personas”.
Así las cosas, explica la jurisprudencia aludida, “que el hecho de que una persona goce del bien no impide que otros puedan gozar del mismo (ausencia de rivalidad en el consumo), y por ende el goce de ese bien por otras personas no disminuye su disponibilidad. Y de otro lado, esos bienes se caracterizan porque se producen o salvaguardan para todos o no se producen o salvaguardan para nadie, ya que no es posible o no es razonable excluir potenciales usuarios o consumidores (principio de no exclusión). Por consiguiente, si el bien público o el interés colectivo se encuentran en buen estado, todos los miembros de la colectividad pueden gozar de ellos en forma semejante; en cambio, una afectación del bien público o del interés colectivo tiene impacto sobre toda la comunidad, pues todos se ven afectados por ese deterioro, (…) así, el hecho de que en una determinada comunidad, una persona goce del aire puro no rivaliza con el uso de ese bien por otras personas; y si el aire es puro, todas las personas pueden gozar de él ”.
En contraposición a ello, los intereses que se protegen a través de las acciones de grupo, se caracterizan por tener un objeto divisible e individualizable; puesto que el propósito de ese mecanismo es lograr una reparación individual, generada por el daño causado, en circunstancias comunes, a un número plural de personas.
Atendiendo la jurisprudencia citada, resulta válido concluir que, como quiera que lo que se alega por parte de los actores es el impacto que la regulación de las condiciones de adquisición de las acciones en la primera fase del proceso, tiene en los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio y el servicio público prestado; y, ninguna de las pretensiones se encuentra encaminada a buscar una indemnización de carácter pecuniario o la reparación de un daño individualizable, requisito indispensable para poder ejercer la acción de grupo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 472 de 1998; no se puede controvertir la procedencia de la acción popular por quienes componen el grupo que promueve el mecanismo constitucional.
De otra parte, en lo que respecta a la caducidad de la acción popular, alegada por algunas de las entidades demandadas, cabe poner de presente, tal como lo refirió el a quo, que el aparte del artículo 11 de la Ley 472 de 1998, que hacía alusión a que las acciones populares que estuvieran dirigidas a volver las cosas a su estado anterior, contaban con un término de caducidad de cinco (5) años para ser promovidas, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, al entender que este mecanismo constitucional no está sometido a término y que lo único que condiciona su interposición, en cuanto al transcurrir del tiempo se refiere, es que subsista la amenaza o peligro del derecho e interés colectivo que se busca proteger.
En cuanto al hecho superado, en el sub lite, los actores invocan la protección de los derechos e intereses colectivos, que consideran vulnerados con ocasión de la limitación contenida en el Decreto 1609 de 2013, respecto del número máximo de acciones que pueden adquirir las personas naturales destinatarias de las condiciones especiales, así como la determinación del aumento en el valor de la acción contenida en el Decreto 2316 de 2013, a la fecha de la presentación de la demanda, y, la aplicación del acuerdo de accionistas del 29 de diciembre de 2006 al permitir este último que pueda transferirse el control de la sociedad a un tercero estratégico; hechos que ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda, esto es, 15 de noviembre de 2013 y cuya afectación continuaría con el adelantamiento del proceso de enajenación.
En tal sentido, no puede pretenderse que de conformidad con lo señalado por la demandada con la ejecución de la primera etapa de enajenación de acciones se entienda que el hecho que dio base a la acción se encuentre superado, por cuanto, no se ha determinado que con la misma los derechos que se pretenden proteger con la demanda no se encuentren en riesgo ni están sufriendo un daño actual.
COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA EN UNA ACCIÓN POPULAR. En términos generales se ha establecido que las acciones populares deben regirse por el procedimiento establecido en la Ley 472 de 1998, la cual en el artículo 5º determinó:
“Artículo 5º.- Trámite. El trámite de las acciones reguladas en esta ley se desarrollará con fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, economía, celeridad y eficacia. Se aplicarán también los principios generales del Código de Procedimiento Civil, cuando éstos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones.
El Juez velará por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las partes.
Promovida la acción, es obligación del Juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destitución. Para este fin el funcionario de conocimiento deberá adoptar las medidas conducentes para adecuar la petición a la acción que corresponda.”
Por su parte, en el artículo 37 se determina que el recurso de apelación de la sentencia que se dicte en primera instancia, se tramitará en la forma y oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil (ahora Código General del Proceso).
Así las cosas, en el Código General del Proceso se establece en el artículo 328 que el juez de la segunda instancia “deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, y debido a que el apelante en el recurso (artículo 327 del CGP) debe sujetar su alegación, exclusivamente, a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia; no se podrán alegar asuntos nuevos no tratados ante el a quo ni el superior extender su análisis a asuntos distintos a los puestos de presente por el recurrente en su escrito.
No obstante lo anterior, no debe perderse de vista que la misma Ley 472 de 1998 prevé que se dará aplicación al trámite y a los principios del Código de Procedimiento Civil (hoy, General del Proceso), siempre que éstos no riñan con la naturaleza de la acción popular.
En tal virtud, en tanto que lo que se procura con la acción popular, tal y como se desarrolló ampliamente en el numeral precedente, es la protección de derechos e intereses colectivos, y para tal propósito el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, le otorga al juez constitucional popular, en la sentencia, la facultad de “exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible”; no podría entenderse que si el ad quem encuentra que hay asuntos o circunstancias que se han presentado durante el trámite de la acción popular, respecto de las cuales no se pronunció o no pudo haberlo hecho el a quo; y éstas tienen la potencialidad o contribuyen a que la vulneración del derecho o interés colectivo no cese, debe tener la posibilidad de pronunciarse y dictar órdenes en aras de que la afectación termine.
Sin embargo, resulta necesario precisar que la ampliación de la competencia del juez de segunda instancia en las acciones populares, no se puede dar en todos los casos sino que se predica de circunstancias excepcionales y especiales, en las que la presunta vulneración se deriva de un proceso o trámite que, a pesar de tener etapas, constituya un todo inescindible.
Así las cosas, si bien se pueden controvertir las afectaciones que se generen a los derechos colectivos, por el trámite que se dé a las fases de un proceso, si del resultado de todo el procedimiento se colige la posible vulneración del derecho o interés colectivo que se pretende proteger, y por la dinámica del mismo, únicamente se presentó la demanda respecto de la etapa o etapas que hasta la fecha de radicación se venían desarrollando; en aras de dar un verdadero alcance a las facultades del juez constitucional en la acción popular, en estos especialísimos y excepcionales casos, resultará válido que el juez de segunda instancia, pueda pronunciarse por fuera de las competencias determinadas en el artículo 328 del C.G.P.
Lo anterior, encuentra su sustento en el principio de iura novit curia según el cual “corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa, un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen”.
Por tanto, este principio se funda en la premisa según la cual el juez conoce el derecho vigente, y es con base en él que deberá desatar la litis que se le ha puesto en conocimiento; por lo que, teniendo presente los términos y el objeto del proceso constitucional, siempre que las circunstancias se encuentren debidamente probadas en el proceso, tiene la facultad de pronunciarse más allá de lo pedido por las partes.
La aplicación de tal principio cobra mayor relevancia en los procesos ante la jurisdicción constitucional, como lo es la acción popular, en atención al propósito perseguido por ella, que es lograr la plena eficacia de los derechos colectivos.
En ese sentido, la norma contenida en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, encuentra total coherencia al dotar al juez de todos los medios e instrumentos necesarios para garantizar el goce efectivo de los derechos colectivos que se deben proteger, y para evitar que sus pronunciamientos resulten inanes.
En relación con el alcance de los poderes atribuidos al juez en la acción popular por el legislador, la Corporación en providencia del 28 de mayo de 2015, determinó:
“Efectivamente, la acción popular tiene un carácter especial que la diferencia de todas las demás acciones, idea que se ha establecido por el legislador desde el momento de la expedición de la ley de acciones populares. Es por el carácter público de tal acción y por el derecho colectivo que busca su protección que se configura tal singularidad. Se reitera, la acción popular no configura una litis ordinaria sino que, dado su carácter preponderante, comprende derechos e intereses colectivos que implican a toda la comunidad e, incluso, a las autoridades, las cuales deben velar por su protección.
Adicionalmente, vale la pena recordar que nos encontramos ante una acción pública de rango constitucional la cual le otorga al juez amplias facultades para impartir órdenes en aras de amparar los derechos colectivos amenazados. (Subrayado fuera de texto)
De acuerdo con la Ley reguladora de la acción popular, la misma se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior si ello fuere posible- (Artículo 2 Ley 472 De 1998 / Artículo 144 Ley 1437 De 2011)-, cuando quiera que por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, sean violados o amenazados – (Artículo 9 Ley 472 de 1998) -. Casos en los que corresponde al juez popular adoptar las órdenes de hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a seguir, condenar al pago de perjuicios en el evento en cual se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible -(Artículo 34 Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional.
Es claro, en estos términos, que en la sentencia que ampara los derechos colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la protección de dichos derechos”.
NÚCLEO ESENCIAL Y ALCANCE DE LOS DERECHOS COLECTIVOS ALEGADOS COMO VULNERADOS.
Los actores populares consideran vulnerados los derechos colectivos afectados con la venta de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., son la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, el acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna y, a la democratización de la propiedad.
Para establecer si las actuaciones desplegadas por las entidades demandadas en relación con el proceso de enajenación, ha vulnerado alguno de ellos, resulta necesario determinar en qué consiste cada uno.
La moralidad administrativa. En cuanto a este derecho colectivo no existe una definición constitucional o legal que permita su determinación normativa, así que ha sido trabajo de la jurisprudencia del Consejo de Estado construir la forma en la que éste debe entenderse y en cuáles circunstancias resulta vulnerado.
Lo primero que se ha determinado es que éste no busca hacer un juicio volitivo o de conciencia sobre la actuación de un funcionario o del Estado en una determinada situación; porque ello dejaría demasiados elementos subjetivos de quien califica la actuación del funcionario público, toda vez que el concepto de moralidad es muy amplio.
Con el propósito de establecer un alcance del concepto de moralidad, en sentencia de 1º de diciembre de 2015, la Sala Plena de la Corporación, estableció:
“En efecto, sobre el papel del juez al analizar el concepto de moralidad administrativa, es importante que la determinación de su vulneración, o no, no dependa de la concepción subjetiva de quien deba decidir, sino que debe estar relacionada con la intención o propósito que influye el acto frente a la finalidad de la ley.”
En tal virtud, ha de entenderse que la moralidad administrativa, en su dimensión de derecho colectivo, se desarrolla desde una concepción finalista de la conducta del servidor público, en el sentido de evaluar la conducta desde la perspectiva del debido desempeño de la función administrativa, esto es, respetando los fines que persigue la norma, enmarcada por los principios constitucionales y las normas jurídicas.
En ese sentido, se indicaron unos parámetros de las posibles conductas que podrían ser determinantes para considerar que el desconocimiento de las finalidades de la norma transgredida, puede tenerse como vulneración del derecho colectivo; a saber:
“En esa dirección y para la comprensión del motivo del actuar del funcionario, sirven como parámetros: la desviación de poder; el favorecimiento de intereses particulares alejados de los principios que fundamentan la función administrativa; la inobservancia grosera, arbitraria y alejada de todo sustento legal; la conducta antijurídica o dolosa, en el entendido de que el servidor tiene la intención manifiesta y deliberada de vulnerar el mandato legal que rige su función. Se trata entonces de una concepción finalista de la función administrativa, siempre reglada y de la que siempre se espera esté al servicio del interés general y para el cumplimiento de los fines del Estado.”
La defensa del patrimonio público. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, por patrimonio público “debe entenderse la totalidad de bienes, derechos y obligaciones de los que el Estado es propietario, que sirven para el cumplimiento de sus atribuciones conforme a la legislación positiva”.
En tal sentido, el patrimonio público como derecho colectivo, tiene la finalidad de que ese “conjunto de bienes, derechos y obligaciones del Estado”, estén adecuadamente destinados a la finalidad que se les ha señalado, constitucional y legalmente, con criterios de eficacia y rectitud.
Por tanto, la defensa del patrimonio público estudia dos elementos, i) la existencia de un bien o conjunto de bienes de propiedad del Estado, y, ii) el análisis de la gestión de ese patrimonio, de forma tal, que si ésta se hace de forma irresponsable o negligente, pone en peligro el interés colectivo.
Acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna. Este derecho colectivo busca la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos, respecto de la calidad, el precio y la cobertura de éstos; frente a los cuales le compete al Estado su regulación y control con miras a que estos elementos se cumplan en debida forma.
En relación con este derecho colectivo, la jurisprudencia de la Corporación ha establecido que:
“EL DERECHO COLECTIVO AL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A SU PRESTACIÓN EFICIENTE no se está frente al desarrollo de una función administrativa en los términos del artículo 209 Constitucional, sino de una actividad económica intervenida por el Estado, cuya prestación debida se relaciona directamente con la consecución de sus fines (art. 2 C. N.). El modelo constitucional económico de la Carta Política de 1991 está fundado en la superación de la noción “francesa” de servicio público, conforme a la cual éste era asimilable a una función pública, para avanzar hacia una concepción económica según la cual su prestación está sometida a las leyes de un mercado fuertemente intervenido; así se deduce del artículo 365 constitucional cuando dispone que es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos y que estos pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares.
Nótese que la norma es clara en señalar que el Estado debe asegurar la prestación (no prestar forzosamente) al tiempo que permite la concurrencia de Agentes (públicos, privados o mixtos) en su prestación. De acuerdo con tal disposiciones se destaca, jurídicamente, que los servicios públicos “son inherentes a la finalidad social del Estado”, pues contribuyen al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población (arts. 2 y 366 ibídem.) y es por ello que su prestación comporta la concreción material de la cláusula Estado Social de Derecho (art. 1 ibídem); así lo ha indicado la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, como mecanismo auxiliar en la administración de Justicia (art. 230).De manera que los derechos colectivos que se involucran en la prestación de los servicios públicos no aluden a la función pública propia del Estado, sino a una actividad económica que por implicar el tráfico de servicios inherentes a la finalidad social del Estado, que la doctrina colombiana, con base en expresión foránea, llama “bienes meritorios”, exige la intervención del mismo a través de los instrumentos tradicionales de policía administrativa: regulación y control (inc. 2 art. 365 C. N). En otras palabras, el bien jurídico colectivo por proteger no refiere a la función administrativa, sino a los derechos propios de los consumidores y usuarios particularmente en lo relativo a la calidad del servicio y a su precio. (…)(Subrayado fuera de texto)”
Democratización de la propiedad. El artículo 60 de la Constitución Política establece que, cuando el Estado enajene su participación en una empresa, deberá tomar las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en la Sentencia C-632 de 1996, estableció:
“Claramente, como lo ha señalado esta Corporación en otros pronunciamientos, el anterior precepto [democratización de la propiedad] tiene dos contenidos normativos diferenciados: el primero, relacionado con el deber asignado al Estado de promover el acceso generalizado a la propiedad, de acuerdo con la ley, correlativo al derecho de las personas de acceder a la propiedad (inciso 1o.), y el segundo, conformado por el mandato de adopción de medidas conducentes a la democratización de la titularidad de las acciones estatales y el ofrecimiento de condiciones especiales a los trabajadores y a las organizaciones solidarias, de conformidad con la reglamentación que el Legislador señale para este particular, cuando el Estado decida enajenar su participación en una empresa (inciso 2o.).
El derecho de preferencia así reconocido a un grupo social determinado, frente a los demás integrantes de la comunidad, resulta de la voluntad del Constituyente de 1991 de democratizar la propiedad accionaria de las empresas en las cuales el Estado tiene participación y se ha decidido su enajenación, así como de la intención de impedir la concentración del capital, en los medios de producción y del sistema financiero, para desconcentrar dichas acciones hacia ese grupo, con propósitos redistributivos del ingreso y de la propiedad.”
En ese sentido, la democratización de la propiedad busca establecer condiciones especiales para los trabajadores y las organizaciones solidarias, en aras a que puedan adquirir, de manera preferente, las acciones que el Estado tenga una empresa, cuando se decida la enajenación de su participación accionaria en ella.
iv) Proceso de enajenación de la participación accionaria de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P.
El recuento del marco regulatorio y de las circunstancias de la enajenación de la participación accionaria de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., se efectuará con base en las pruebas documentales allegadas al expediente, de las que se tiene lo siguiente:
La enajenación de acciones de ISAGEN S.A. E.S.P., se realizó con base en la recomendación realizada en el documento CONPES 3281 de fecha 19 de abril de 2004. En el numeral V de dicho documento se establece el plan de acción para adelantar los procesos de enajenación de activos públicos, los cuales deben estar supeditados al cumplimiento de ciertas actividades, dentro de las cuales se encarga al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, de la coordinación de la estrategia mediante la conformación de un Comité de Aprovechamiento de Activos Públicos, al igual que encarga al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE para que, entre otras situaciones, sea la entidad ejecutora en los casos en que las entidades públicas no tengan los recursos administrativos, financieros o técnicos necesarios para adelantar los proceso de enajenación, para lo cual debe suscribirse un convenio con FONADE para adelantar los estudios de viabilidad financiera y jurídica que se requieran para iniciar el proceso de enajenación, proponer los paquetes de acciones que serán susceptibles de enajenación y realizar la valoración de las acciones susceptibles de ser enajenadas.
En atención a dicho documento CONPES, se celebró el Convenio Interadministrativo No. 194081 entre la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FONADE, con el fin que este último realizara la gerencia del programa de aprovechamiento de activos y enajenación de participaciones de la Nación.
Mediante Acta No. 029 de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ISAGEN S.A. ESP de fecha 24 de marzo de 2010, fue solicitada por la apoderada de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en calidad de accionista de dicha sociedad, la autorización a la asamblea general de la entrega de toda la información incluida la información confidencial de ISAGEN que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público requiera para la estructuración, desarrollo y ejecución del proceso de venta de las acciones que esta posee en ISAGEN, propuesta que fue aprobada por la mayoría de los accionistas.
Mediante Oficio No. 2-2013-026754 de fecha 29 de julio de 2013, fue remitido ante la Defensoría del Pueblo, tanto el proyecto de decreto por el cual se aprueba el programa de enajenación de acciones como los borradores de los reglamentos de enajenación de la primera y segunda etapa y sus anexos. Del mismo modo, se efectuó el análisis del contenido del Decreto 1609 de 2013, en cumplimiento de lo señalado en el parágrafo del artículo 7º de la Ley 226 de 1995, realizando las observaciones que fueron remitidas el 13 de septiembre de 2013 a los ministerios de hacienda y crédito público y de minas y energía, escrito en el cual se hacen recomendaciones, entre otras, frente al establecimiento de medidas alternas para la selección del operador idóneo que garanticen la continuidad del servicio, sin afectar los derechos de los destinatarios de condiciones especiales; y, con relación al precio fijo establecido, se sugirió que el mismo se ajustara a lo señalado en la Ley 226 de 1995, esto es, que el mismo debía encontrarse sustentado en estudios técnicos.
Mediante Decreto 1609 de fecha 30 de julio de 2013, los Ministros de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía aprobaron el programa de enajenación de las acciones que la Nación – Ministerio de Hacienda poseen en ISAGEN S.A. ESP., de cuyo contenido se resalta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º, el régimen aplicable para la enajenación de acciones es el señalado en la Ley 226 de 1995.
De conformidad con certificación expedida por la Secretaría del Consejo de Ministros, dicho órgano en sesiones adelantas el 29 de julio y 30 de septiembre de 2013 dio concepto favorable frente a las condiciones del programa de enajenación de la participación accionaria de las acciones que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en ISAGEN S.A. ESP y dio vía libre para seguir con los trámites necesarios.
Mediante Decreto 2316 de fecha 22 de octubre de 2013 se modificó parcialmente el Decreto 1609 de 2013, con el propósito de ajustar el precio de las acciones durante la primera etapa, el cual sería de tres mil ciento setenta y ocho pesos ($3.178) por acción, y que en la segunda etapa las acciones tendrían un precio mínimo de $3.178 por acción el cual sería actualizado por el IPC mensual que rija para los meses que transcurran entre la expedición de dicho decreto y la adjudicación de la segunda etapa.
En el mismo Decreto 2316 de 2013, se dispuso que en caso de que las acciones fueran adquiridas por un tercero estratégico que conlleve una transferencia del control de ISAGEN, este deberá aceptar y adherirse al acuerdo de accionistas de fecha 29 de diciembre de 2006; aceptar las obligaciones allí previstas y formular una oferta pública de adquisición voluntaria dirigida por lo menos a los accionistas minoritarios al mismo precio por acción pagado a la Nación.
El 18 de noviembre de 2013 fue publicado el aviso público de oferta, el cual incluye algunos aspectos relevantes del programa de enajenación de acciones de propiedad de la Nación en ISAGEN, dentro de las cuales se resalta dentro de su contenido lo siguiente:
El total de acciones ofrecido por la Nación fue de 1.571.919 acciones ordinarias.
En la primera etapa, el grupo de los destinatarios de condiciones especiales, está conformado por los trabajadores activos y pensionados de ISAGEN, los extrabajadores de ISAGEN, siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa causa; las asociaciones de empleados o ex empleados de ISAGEN; los sindicatos de trabajadores; las federaciones y confederaciones de sindicatos de trabajadores; los fondos de empleados; los fondos mutuos de inversión; los fondos de cesantías y de pensiones; las entidades cooperativas definidas por la legislación cooperativa; y, las cajas de compensación familiar.
El número mínimo de acciones que pueden adquirir los destinatarios de condiciones especiales es de una acción, sin embargo, se sugiere a los aceptantes que se adquieran por no menos el monto mínimo sugerido, esto es, 1.000 acciones.
Se establecen una serie de reglas para la adquisición del número máximo de acciones en cabeza de los destinatarios de condiciones especiales, tanto para personas naturales como para personas jurídicas.
El precio de enajenación por acción es de $3.178, señalando que en caso de presentarse interrupción en el programa durante la primera etapa, el precio anteriormente podrá ser ajustado por la Nación mediante la expedición de un decreto.
El aceptante pagará el ciento por ciento (100%) del valor de las acciones que pretende adquirir en moneda legal colombiana en pago en efectivo, uso de cesantías y/o línea de crédito, conforme a lo establecido en el reglamento para la primera etapa.
El plazo de la oferta tendrá vigencia a partir del día hábil siguiente a la publicación del aviso de oferta y hasta el 20 de enero de 2014.
El 18 de noviembre de 2013 se publica el boletín informativo No. 173, el cual contiene el instructivo operativo No. 153 correspondiente al procedimiento para el desarrollo de la primera etapa de la enajenación y adjudicación de las acciones de propiedad de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público en ISAGEN S.A. E.S.P., dirigida a los destinatarios de condiciones especiales, del cual se resalta que, en el numeral 2.1, se ofrece, de manera exclusiva, a los destinatarios de condiciones especiales, 1.571.919.000 acciones equivalentes al 57,6642% del total del capital suscrito y pagado de ISAGEN, que es la totalidad de la participación accionaria puesta a la venta por el Estado; cuyo precio fijo por acción es de $3.178.
Mediante aviso se invitó a la presentación por parte de la Gerencia de ISAGEN S.A. ESP a los destinatarios de condiciones especiales para explicar sobre el desarrollo de la primera etapa del programa de enajenación de acciones de propiedad de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público en dicha sociedad a realizar el 16 de enero de 2014, exposición que, de acuerdo con la prueba testimonial, si se llevó a cabo.
En boletín informativo No. 052 de fecha 11 de febrero de 2014 de la Bolsa de Valores de Colombia, del total de acciones ofrecidas, esto es, 1.571.919.000, fueron aceptadas y adjudicadas un total de 1.428.233.
En cuanto al procedimiento adelantado, de conformidad con escrito dirigido por el Vicepresidente Jurídico de la Bolsa de Valores de Colombia, el mismo fue realizado dentro del marco de lo señalado en el reglamento de enajenación y adjudicación de la primera etapa, publicado el 19 de noviembre de 2013.
La primera etapa del proceso de enajenación quedó agotada, pues la oferta pública culminó el 20 de enero de 2014.
La subasta para la segunda etapa fue programada para el 19 de mayo de 2015, la cual fue suspendida mediante medida cautelar ordenada por auto del 14 de mayo de 2015, proferido por la Sección Cuarta de la Corporación, en la que se dispuso:
¨1. ORDÉNASE la suspensión temporal del procedimiento o actuación administrativa que actualmente se surte con ocasión del cumplimiento del Decreto 1609 del 30 de julio de 2013 dictado por el Gobierno Nacional, que aprobó el programa de enajenación de las acciones que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en Isagén S.A. E.S.P.
2. En concreto: SUSPÉNDASE la subasta y demás actos programados para el 19 de mayo de 2015 en relación con la enajenación de las acciones que la Nación tiene en Isagén S.A. E.S.P.
3. ORDÉNESE al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público asegurar que se cumpla esta orden judicial mediante las respectivas órdenes administrativas, instrucciones y demás medidas pertinentes para ese cometido.¨
Mediante Decreto 1512 del 12 de agosto de 2014, el Gobierno Nacional prorrogó por un año más, contado a partir del 24 de septiembre de 2014, el término de vigencia del programa de enajenación, que vencería el 24 de septiembre de 2015.
En sentencia de 10 de septiembre de 2015, se profirió sentencia en el medio de control de nulidad arriba referido, en el que se determinó las legalidad de las normas demandadas, que regulaban el desarrollo de la primera etapa del proceso de enajenación de acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P.; y se restableció el plazo de la segunda etapa.
El 23 de diciembre de 2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un “AVISO DE SUBASTA DEL PROGRAMA DE ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN ISAGEN S.A. E.S.P. SEGUNDA ETAPA”, mediante el cual se le informó a “todos los Inversionistas Precalificados que la Fecha de Subasta será el 13 de ENERO de 2016, fecha en la cual deberán presentar el Sobre de la Oferta Económica a través de una SCB contratada para el efecto”.
El 4 de enero de 2016, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público registró un comunicado en la página web de esa entidad, en el que se informaba que en esa fecha se había vencido “el plazo de entrega de las garantías de seriedad de oferta por parte de los inversionistas interesados en la venta de las acciones de la Nación en Isagen. Se confirma que se presentaron garantías por parte de (1) BRE Colombia Investments L.P., del fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management, quien gestiona más de $225 mil millones de dólares en activos; y (2) del Consorcio del Pacífico, de la empresa de energía chilena Colbun, quien cuenta con una capacidad de generación instalada de 3.278 MW. Con esto, ambos consorcios quedan facultados para presentar ofertas en la subasta de las acciones de la Nación en Isagen, que se llevará a cabo el próximo 13 de enero de 2016”.
Según se informó en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 13 de enero de 2016 se llevó a cabo la subasta con un único proponente, puesto que una de las dos firmas que presuntamente debía participar en la puja, el 8 de enero de 2016 había informado su retiro. En tal virtud, se adjudicó en la segunda etapa, el paquete accionario ofrecido, a BRE COLOMBIA INVESTMENTS LP, del fondo de inversión canadiense BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT.
De acuerdo con el Reglamento de la Segunda Etapa, disponible para consulta en la página web de ISAGEN S.A. E.S.P., se prevé que después de la subasta debe perfeccionarse la compraventa, determinarse la fecha de cierre para el pago de las acciones y la celebración de una asamblea extraordinaria de ISAGEN S.A. E.S.P.
La fecha de cierre tendrá lugar dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la realización de la subasta.
Ahora bien, una vez aclarados los conceptos arriba expuestos, la Sala procede a hacer el análisis de las circunstancias puestas de presente por los actores, como factores que vulneran los derechos colectivos, planteados en la demanda, esto es, i) el establecimiento y modificación del precio de las acciones de ISAGEN S.A. E.S.P., en la primera etapa del proceso de enajenación; ii) los límites establecidos a los destinatarios de condiciones especiales; y, iii) la inclusión de un tercero estratégico; para luego, verificar si, en la segunda etapa del proceso de enajenación, con las actuaciones administrativas desarrolladas en ella se afectan los derechos colectivos deprecados.
El establecimiento y modificación del precio de las acciones de ISAGEN S.A. E.S.P., en la primera etapa del proceso de enajenación.
Sea lo primero resaltar, que el artículo 60 de la Constitución Política contiene la obligación para el Estado de promover, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad; el deber de establecer mecanismos de democratización de la propiedad accionaria, ofreciendo, de manera preferencial, esas acciones a los trabajadores y las organizaciones solidarias.
La Ley 226 de 1995, desarrolla el procedimiento a través del cual se pretende materializar la democratización de la propiedad y el mecanismo de ofrecimiento preferencial; para lo cual establece que, en cada caso, deberá adoptarse el respectivo programa de enajenación, el que deberá ser diseñado por el Ministerio titular o al que estén adscritas o vinculadas las entidades titulares de la participación social, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La misma norma dispone que el programa de enajenación debe basarse en estudios técnicos que incluyan la valoración de la entidad cuyas acciones se van a vender (art. 7°), el cual, previo concepto favorable del Consejo de Ministros, será aprobado mediante decreto.
El programa de enajenación deberá contener la valoración de la entidad cuyas acciones se pretenda enajenar; teniendo en consideración para ello, las condiciones y naturaleza del mercado, la rentabilidad de la institución, el valor comercial de los activos y pasivos, y los apoyos de la Nación.
El programa establecerá las etapas en que se realizará el procedimiento de enajenación, teniendo en cuenta que la primera etapa está orientada a los destinatarios de condiciones especiales señalados en la ley, y la segunda, al público en general, para el cual se fijará un precio mínimo no inferior al de aquellos (art. 10).
Respecto de la primera etapa, deberán incluirse las condiciones especiales que ésta se desarrollará, observando lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 226 de 1995; determinando el precio fijo, la forma y condiciones de pago de las acciones por parte de los destinatarios de condiciones especiales.
El programa de enajenación fijará el precio mínimo de las acciones en que se desarrollará la segunda etapa del proceso de enajenación, esto es, el valor de las acciones para el público en general; e indicar las demás disposiciones para el adelantamiento de la enajenación de acciones.
En tal virtud, la regulación contempla el establecimiento de dos precios o valores de acciones diferentes, esto es, el precio fijo establecido para la primera etapa de enajenación y que beneficia a los destinatarios de condiciones especiales señalados en la ley; y, de otra parte, el precio que se oferta en la segunda etapa del proceso de enajenación.
Cabe señalar que, no obstante el precio durante la primera etapa debe ser fijo, esto es, que el valor establecido se mantenga sin modificación durante la oferta pública para los destinatarios de condiciones especiales; eso no constituye un impedimento para que sea ajustado su valor. Tal circunstancia se encuentra contenida en el numeral 2º del artículo 11 que establece tal posibilidad, en tanto se den los presupuestos allí contemplados, esto es: i) que exista una interrupción del trámite o hubiere transcurrido el plazo de la oferta; y, ii) se cumplan los parámetros señalados en el artículo 7º de la Ley 226 de 1995.
En ese sentido, la Corte Constitucional se pronunció en sentencia C-342 de 1996, al decir lo siguiente:
"Esta Corporación entiende que la determinación de un precio accionario fijo equivalente al precio resultante de una valoración técnica no contradice los mandatos constitucionales; en efecto, el precio de la propiedad accionaría que será enajenada por el Estado debe reflejar su valor real, lo cual se establece con estudios de carácter técnico, como lo expresa el numeral en cuestión. (..). Ahora bien, lo anterior no quiere decir que no se presente una condición especial en la situación planteada, pues, ciertamente, el numeral bajo examen dispone una condición fuera de lo general y ordinario, como quiera que la fijación de un precio determinado fijo y mínimo no se limita a las reglas de oferta y demanda que caracterizan una relación de mercado, dado que estas reglas son las que definirían el precio de la propiedad accionaría, en una situación de generalidad. Por otro lado, con el ajuste técnico del precio de las acciones antes citadas, en caso de existir interrupciones o transcurrido el plazo de la oferta, no se modifica la argumentación anteriormente expuesta sino, precisamente, tal posibilidad la confirma, pues la modificación aludida comporta la preservación del patrimonio público, el cual se podría ver afectado con la petrificación de un determinado valor que puede haber variado realmente por el paso del tiempo. Esto, claro está, dentro de los límites que impone el artículo 355 de la Carta."
Se puede concluir entonces que, la determinación de un precio fijo durante la primera etapa de enajenación no significa que el mismo sea inmodificable, por cuanto, cabe recordar que lo que se busca con la variación es, como lo señala la jurisprudencia, la preservación del patrimonio público; lo cual no riñe con las condiciones especiales que deben otorgarse a los destinatarios de condiciones especiales, siempre que el ajuste se realice conforme lo dispone la norma.
En síntesis, para la determinación del precio de la primera etapa en un proceso de enajenación de la participación accionaria del Estado en empresas, resulta necesario cumplir los siguientes requisitos: i) contar con un estudio técnico que respalde la determinación del valor, ii) que el valor sea fijo, y, iii) mantener el valor durante el transcurso de la oferta, a menos que éstas fuera interrumpido o hubiese culminado, momento en el cual, podrá ajustarse el monto.
En el proceso de enajenación de acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P, la determinación del precio de la acción, estuvo regulada por los decretos 1609 y 2316 de 2013.
En el Decreto 1609 de 2013, artículo 6º, se establecieron las condiciones especiales de acceso a la propiedad de las acciones en la Primera Etapa, dentro de las cuales se contempló, entre otras, que las acciones deberían ofrecerse a un precio fijo por acción, en moneda legal colombiana, el que se determinaba en dos mil ochocientos cincuenta pesos ($2.850); y se mantendría vigente durante toda la Primera Etapa, siempre que no se presentaran interrupciones.
Igualmente se contempló, que en caso de presentarse interrupciones o hubiere transcurrido el plazo de la oferta, el Gobierno Nacional podría ajustar el precio, para lo cual debía obedecer los parámetros establecidos en el Artículo 7º de la Ley 226 de 1995; esto es, contar con un estudio técnico que respaldara la determinación del valor.
Por su parte, en el mismo Decreto 1609 de 2013, en el artículo 17º, numeral 17.1., se determinó como el precio mínimo para la segunda fase, el valor de $2.850 por acción, ajustado al IPC mensual que rija para los meses que transcurran la expedición de tal decreto y la adjudicación de la segunda etapa.
Posteriormente, mediante el Decreto 2316 de fecha 22 de octubre de 2013, se modificó parcialmente el Decreto 1609 de 2013, con el propósito de ajustar el precio de las acciones durante la primera etapa, el cual sería de tres mil ciento setenta y ocho pesos ($3.178) por acción, y en la segunda etapa, las acciones tendrían un precio mínimo de $3.178 por acción el cual sería actualizado por el IPC mensual que rija para los meses que transcurran entre la expedición de dicho decreto y la adjudicación de la segunda etapa.
La modificación efectuada mediante Decreto 2316 de 2013, se encuentra sustentada, en su parte motiva, en los siguientes argumentos:
“Que en atención al amplio interés del mercado en participar en el proceso de enajenación de esta participación accionaria, resulta viable incrementar el precio mínimo de la acción en el marco de los estudios elaborados por la banca de inversión contratada por Fonade para la valoración de ISAGEN, que fueron presentados al Consejo de Ministros en su sesión del 29 de julio de 2013. Que en desarrollo de lo anterior, el Consejo de Ministros en su sesión del día 30 de septiembre de 2013, emitió concepto favorable respecto de modificar el precio mínimo de venta de las acciones correspondiente al programa de enajenación de estas que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en ISAGEN S. A E.S.P, tomando como referencia el máximo valor arrojado por la metodología de flujo de caja libre descontado, conforme a los estudios presentados a consideración del Consejo de Ministros del 29 de julio de 2013, elaborados por la banca de inversión contratada por Fonade para tal efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 226 de 1.995”.
De las pruebas allegadas se evidencia la existencia del estudio técnico, pues, en efecto, el Fondo Nacional de Desarrollo - FONADE celebró un contrato con la Unión Temporal Credit Suisse–Inverlink; para la realización de unos estudios técnicos y una valoración de las acciones, con base en los siguientes criterios, de un lado “un análisis financiero, contable, el tema pensional, el tema técnico, el tema ambiental de la compañía”, y, de otro, se tuvieron en cuenta “las proyecciones financieras donde básicamente refleja lo que la administración considera debería ser la compañía a futuro. Con base en esas proyecciones financieras se aplican tres métodos de valoración que son tradicionalmente empleados en este tipo de procesos: primero, el de flujo de caja descontado, de múltiplo de compañías comparables y el tercero el de múltiplo de transacciones comparables”.
Explicaron los testigos que, “cada una de esas metodologías arroja un rango en el cual podría estar el valor de ISAGEN y, con base en el resultado de esas tres metodologías y en el experticio de la Unión Temporal, se le da una recomendación al gobierno respecto del valor de ISAGEN (…)”.
Según la valoración efectuada por la Unión Temporal Credit Suisse – Inverlink, el valor de la acción de ISAGEN S.A. E.S.P, a 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con el sistema de flujo de caja libre operativos descontados, estaba ubicado en un rango entre $2.224 y $3.178.
Así mismo, y según dá cuenta la misma valoración, al 29 de julio de 2013 el precio de mercado de la acción, que se tuvo como referencia, era de $2.850, precio inicialmente establecido en el Decreto 1609 de 2013, teniendo en consideración los siguientes factores:
“- Que los participantes reciban un grado alto de competencia en el proceso.
• Que la compañía cumpla cómodamente con las expectativas del resultado de corto plazo.
• Que el proyecto Sogamoso siga cumpliendo con los hitos principales del cronograma de construcción.
• Un ambiente político que le dé confianza a los inversionistas para alcanzar niveles de rentabilidad consistentes con aquellas alcanzadas por otros en el mercado colombiano.
• Si estas condiciones se cumplen, la Unión Temporal considera que alcanzar una valoración igual o superior a COP $3,178 podría ser posible.”
De igual forma, Valfinanzas Banca de Inversión, contratada para que rindiera un concepto técnico independiente sobre la valoración realizada por la Unión Temporal Credit Suisse – Inverlink, concluyó:
“Conforme con el análisis realizado, la consistencia del modelo de valoración, la razonabilidad de los supuestos, el análisis de múltiplo de mercado y transacciones comparables y la aplicación razonable de la metodología de flujo de caja libre descontado, Valfinazas concluye que el rango de valor por acción de ISAGEN S.A. E.S.P. de $2.400 y $2.800 (valor a 1 de enero de 2014), responde a los criterios metodológicos y de negocios razonables.
Por lo anterior, Valfinanzas emite concepto favorable de la valoración de Isagén a la valoración de ISAGEN S.A. Desarrollad por la unión temporal Credit Suisse – Inverlink.
La Sala advierte, a partir de la valoración del activo, que el artículo 6.2 del Decreto 1609, inicialmente estableció que el precio fijo por acción en la primera etapa era de $2.850. Y que en la segunda etapa esos $2.850 serían el precio mínimo de la acción, que podía ser ajustado con el IPC, según los meses que transcurrieran entre la expedición del decreto y la adjudicación de la segunda etapa.
El precio inicial fue finalmente fijado por el artículo 1º del Decreto 2316 en $3.178, que, en los términos del Decreto 1609, es el precio fijo de la acción de la primera etapa y el precio base para iniciar la subasta en la segunda etapa.
Por todo lo anterior, la Sala entiende cumplido el primero de los requisitos para la fijación del precio.
En relación, con el ajuste del precio, cabe resaltar que éste se presenta antes de la oferta, toda vez que el Decreto 2316, mediante el cual se modificó el precio fijo de la acción, fue expedido el 22 de octubre de 2013; mientras que la publicación del aviso de oferta fue efectuada el 18 de noviembre de 2013.
Aunado a ello, la modificación del monto tiene como sustento una valoración técnica que daba cuenta de la variación del valor de la acción, por lo que el Gobierno Nacional, en aras de proteger el patrimonio público, estableció el precio fijo por acción para la primera etapa, en el tope máximo recomendado por la Unión Temporal Credit Suisse – Inverlink y ratificado por Valfinazas.
En tal virtud, cabe resaltar que el segundo de los requisitos, asociado a que el precio sea fijo, también se cumple, pues se estableció un único precio mediante el Decreto 2316 de 22 de octubre de 2013, con base en estudios técnicos; por lo que para el momento en que se realizó la oferta (18 de noviembre de 2013), existía un precio fijo que mantuvo tal valor, sin modificación alguna, durante el transcurso de la oferta.
En lo que respecta a la legalidad de los actos administrativos que establecieron el precio de la primera fase del proceso de enajenación, la Sección Cuarta de la Corporación en la sentencia de 10 de septiembre de 2015, proferida en el medio de control de nulidad radicado 11001032600020140005400 (21025) – acumulados 110010324000201300534 00 (20946) y 110010324000201300509 00 (21047), determinó que éstos se ajustaban a los preceptos contenidos en el artículo 60 de la Constitución Política y la Ley 226 de 1995, en los siguientes términos:
“En esas condiciones, la Sala encuentra que no existe ninguna irregularidad en la fijación del precio, pues el Decreto 2316 no modificó el precio de la acción, como lo alega Rodrigo Toro, sino que realmente lo estableció antes de que se iniciara la oferta pública de la primera etapa.
En efecto, el aviso de oferta pública de la primera etapa se publicó el 18 de noviembre de 2013, mientras que el precio de $3.178 se fijó mediante el Decreto 2316, el 22 de octubre de 2013, es decir, antes de que iniciara la oferta pública. El precio fijado se mantuvo durante la vigencia de la primera etapa para garantizar la preferencia de los destinatarios de las condiciones especiales, conforme lo ordena el numeral segundo del artículo 11 de la Ley 226.
En consecuencia, no es cierto que el artículo 1º del Decreto 2316 viole el numeral segundo del artículo 11 de la Ley 226, por cuanto el precio fue fijado antes de la iniciación de la primera etapa y no obedeció a una modificación por interrupción o vencimiento del plazo de la oferta.
De todos modos, la decisión de fijar el precio en $3.178 sigue estando ajustada al rango de valoración del activo ($2.224 a $3.178).
De hecho, a juicio de la Sala, son perfectamente válidas las razones invocadas por el Gobierno Nacional para modificar parcialmente el Decreto 1609, en cuanto al precio se refiere, pues obedecen al amplio interés que suscitó la enajenación del activo, tal y como se explicó en las consideraciones del Decreto 2316, así:
“Que en atención al amplio interés del mercado en participar en el proceso de enajenación de esta participación accionaria, resulta viable incrementar el precio mínimo de la acción en el marco de los estudios elaborados por la banca de inversión contratada por Fonade para la valoración de ISAGEN, que fueron presentados al Consejo de Ministros en su sesión del 29 de julio de 2013. Que en desarrollo de lo anterior, el Consejo de Ministros en su sesión del día 30 de septiembre de 2013, emitió concepto favorable respecto de modificar el precio mínimo de venta de las acciones correspondiente al programa de enajenación de estas que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en ISAGEN S. A E.S.P, tomando como referencia el máximo valor arrojado por la metodología de flujo de caja libre descontado, conforme a los estudios presentados a consideración del Consejo de Ministros del 29 de julio de 2013, elaborados por la banca de inversión contratada por Fonade para tal efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 226 de 1.995.”
Por último, la Sala descarta el desconocimiento de los principios de buena fe y de confianza legítima, por cuanto quedó probado que a los destinatarios de condiciones especiales se les garantizó un precio fijo por acción, precio que, se insiste, fue fijado antes de la oferta pública.”
En atención a lo expuesto, la Sala encuentra que la presunta vulneración del derecho a la moralidad administrativa, por el establecimiento y modificación del valor de la acción en la primera fase, no se configura.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, se ha establecido que constituyen elementos esenciales para la configuración de la moralidad administrativa, desde el punto de vista de derecho colectivo amparable a través de la acción popular, i) el elemento objetivo: un quebrantamiento del ordenamiento jurídico, desde sus manifestaciones, de desconocimiento del principio de legalidad y, de violación de los principios generales del derecho; y, ii) el elemento subjetivo: que la actuación del funcionario pueda calificarse como inmoral, esto es, que se evidencie que el propósito particular del servidor se apartó del cumplimiento del interés general, en aras de su propio favorecimiento o del de un tercero.
En síntesis, para que se considere que el derecho colectivo a la moralidad administrativa ha sufrido una afectación debe existir, necesariamente, i) una transgresión al ordenamiento jurídico (elemento objetivo), acompañada, ii) de un actuar del funcionario que pueda calificarse como inmoral, desde la perspectiva de que la motivación para vulnerar la norma se aleja del interés general para favorecer el propio o el de un tercero (elemento subjetivo).
Por consiguiente, para que pueda declararse la vulneración del derecho a la moralidad administrativa, deberán concurrir ambos elementos, tanto el objetivo como el subjetivo; por lo que no podrá predicarse que la sola ilegalidad, atente contra éste.
De otro lado, la jurisprudencia advirtió que, además de tener que configurarse los dos elementos referidos, se requiere “una carga argumentativa por el actor popular en la que se efectúe una imputación directa, seria y real de la violación del ordenamiento jurídico y de la realización de las conductas atentatorias de la moralidad administrativa”.
Así las cosas, en el sub lite, en lo que respecta al elemento objetivo, que se predica cuando se ha presentado un quebrantamiento del ordenamiento jurídico, ya sea, por desconocimiento de la norma o por la violación de los principios generales del derecho; la Sala pone de presente que el juez natural de la causa, esto es, la Sección Cuarta de la Corporación, con la expedición de la sentencia de 10 de septiembre de 2015, proferida en el medio de control de nulidad, ya declaró la legalidad de las normas referidas, al establecer que el establecimiento y ajuste del precio de la acción, en la primera fase del proceso de enajenación de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P.; respetó el procedimiento establecido en la Ley 226 de 1995, al encontrarse respaldado en la existencia y aplicación del estudio técnico, ser fijo y mantener ese valor durante la vigencia de la oferta; y respetar los principios de democratización, eficacia, protección al patrimonio público y continuidad del servicio.
Así las cosas, la Sala prohijando dicho pronunciamiento, y por encontrarse probado en el presente asunto que el trámite de la primera etapa se efectuó conforme a los Decretos 1609 y 2316 de 2013; descarta la ocurrencia del elemento objetivo del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
En cuanto al elemento subjetivo, si bien para que se entienda vulnerado el derecho colectivo a la moralidad administrativa debe presentarse de manera concurrente con el objetivo, de todas maneras, la Sala encuentra pertinente pronunciarse sobre el mismo para resaltar que, del acervo probatorio, no se puede determinar conducta alguna por parte del Gobierno Nacional que pueda calificarse como atentatoria del derecho colectivo.
En efecto, no existe prueba de que hubiere algún acto del que se pueda predicar que la Administración se apartó del cumplimiento del interés general, en aras de favorecer intereses particulares de los servidores públicos que intervinieron en el proceso o de un tercero.
Por el contrario, el proceso se ajustó a las normas vigentes sobre la materia, se sustentaron en debida forma los reglamentos expedidos, y las actuaciones desplegadas por el Gobierno Nacional se efectuaron respetando el artículo 60 de la Constitución Política y la Ley 226 de 1995.
Por su parte, los actores populares no cumplieron con la carga argumentativa en relación con el elemento subjetivo del derecho colectivo, toda vez que se echa de menos la existencia de una imputación directa, seria y real sobre la violación de las normas o la ocurrencia de conductas atentatorias de la moralidad administrativa.
De otro lado, en lo que respecta al derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, como se advirtió en precedente, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, tiene la finalidad de que el “conjunto de bienes, derechos y obligaciones del Estado”, estén adecuadamente destinados a la finalidad que se les ha señalado, constitucional y legalmente, con criterios de eficacia y rectitud.
Por tanto, la defensa del patrimonio público estudia dos elementos, i) la existencia de un bien o conjunto de bienes de propiedad del Estado, y, ii) el análisis de la gestión de ese patrimonio, de forma tal, que si ésta se hace de forma irresponsable o negligente, pone en peligro el interés colectivo.
En el sub examine, la Sala encuentra que éste no presenta afectación alguna, toda vez que, como se puso de presente, la modificación del precio obedeció exclusivamente a la necesidad de ajustarlo a las condiciones reales del mercado, que para el momento en que se expide el segundo decreto, eran considerablemente favorables a las establecidas con el precio del Decreto 1609 de 2013.
Por tanto, de haberse mantenido el precio inicial, sin modificación alguna, a pesar de que los estudios técnicos y la realidad del mercado mostraban una circunstancia distinta, se habría configurado un atentado al derecho colectivo que se protegió con la expedición del Decreto 2316 de 2013.
Cabe recordar que el establecimiento del precio y de las condiciones preferenciales para los destinatarios de condiciones especiales, si bien tiene como propósito privilegiar la democratización de la propiedad; debe guardar armonía con el resto de los principios que rigen la venta de los activos del Estado.
Por tanto, no resulta coherente con la defensa de los derechos colectivos invocados, la pretensión de los actores populares en el sentido de establecer, para la primera etapa, el precio contenido en el Decreto 1609 de 2013, puesto que, como quedó demostrado, se encontraba por debajo de las condiciones del mercado; y ello desconocerían las previsiones constitucionales de defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa, al constituir un detrimento patrimonial del Estado.
En lo que respecta al derecho a la democratización de la propiedad, no se evidencia vulneración alguna por cuanto no se encuentra probado que el valor establecido hubiera impedido el acceso de los destinatarios de condiciones especiales a participar durante la primera etapa de enajenación; o que la determinación del precio fue la causa primigenia para la baja demanda de las acciones en la primera fase; máxime si se tiene en cuenta que, como lo señalan los testimonios rendidos por Lucas Marulanda y Jaime Robledo, el estudio técnico previó escenarios en donde el sector solidario podría adquirir la totalidad de las acciones, por lo cual, resultaría posible que los destinatarios de condiciones especiales pudiesen apropiarse del 57.6% de las acciones en venta de ISAGEN con el precio determinado para la primera etapa de enajenación.
Por último, de la determinación del precio tampoco encuentra la Sala que se afecten los derechos colectivos de acceso a los servicios públicos y de la continuidad del servicio, toda vez que no se probó que existiera relación alguna con ello.
Límites establecidos a los destinatarios de condiciones especiales.
En lo que respecta a las condiciones especiales para garantizar el acceso de los destinatarios de la primera etapa del proceso de venta de las acciones, resulta pertinente poner de presente que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 226 de 1995, el programa de enajenación deberá tener en consideración las que en ese artículo se señalan, las cuales son indicativas, pues en todo caso deberán obedecer, no solo al principio de democratización, sino también garantizar la plena eficacia de los principios de preferencia, protección del patrimonio público y continuidad del servicio.
En tal virtud, las medidas a tomar, pueden inclusive consistir en restricciones, siempre que éstas tengan la finalidad de buscar el respeto de los principios referidos.
Sobre el particular, esta Corporación se ha pronunciado en el siguiente sentido:
“En cuanto a las medidas para garantizar la democratización de la propiedad accionaria el artículo 14 de la Ley señala que el programa de enajenación debe disponer las medidas correspondientes para evitar las conductas que atenten los principios generales de esta ley. “Estas medidas podrán incluir la limitación de la negociabilidad de las acciones, a los destinatarios de condiciones especiales, hasta por 2 años a partir de la fecha de la enajenación: en caso de producirse la enajenación de dichas acciones antes de dicho plazo se impondrán multas graduales de acuerdo con el tiempo transcurrido entre la adquisición de las acciones y el momento de enajenación, dichas sanciones se plasmarán en el programa de enajenación” y sin perjuicio de las limitaciones que se puedan imponer a los destinatarios de condiciones especiales, los cargos del nivel directivo de la entidad en el proceso de privatización, sólo podrán adquirir acciones por un valor máximo de 5 veces su remuneración anual. (…)”
En el sub examine, los actores alegan que los límites para la adquisición del número de acciones por parte de los destinatarios de condiciones especiales, contenidos en el artículo 8 del Decreto 1609, infringen los artículos 2, 3, 11 y 14 de Ley 226, al establecer restricciones, en detrimento de los principios de democratización y preferencia. Además, aducen que el propósito que se perseguía con tales límites era que, en la segunda etapa del proceso de enajenación, se ofreciera el mayor número de acciones a un «tercero estratégico».
El artículo 8 del Decreto 1609 señala que en la primera etapa del proceso de enajenación, y con el propósito de “promover la efectiva democratización de la propiedad accionaria, procurar que la adquisición de las Acciones corresponda la capacidad adquisitiva de cada uno de los aceptantes e impedir que se presenten conductas que atenten contra la finalidad prevista en los Artículos 2, 4 y 5 de la Ley 226 y el Artículo 60 de la Constitución Política”, las personas naturales destinatarias de las condiciones especiales podrán adquirir acciones hasta por el menor monto que resulte de aplicar las siguientes reglas:
La suma equivalente al patrimonio líquido registrado en la declaración de renta.
La suma equivalente a cinco veces los ingresos anuales que figuren en la declaración de renta o en el certificado de ingresos y retenciones.
Sin perjuicio de los anteriores topes, ninguna persona natural podrá adquirir más de 2.726.072 acciones.
Para las personas que ocupan cargos de nivel directivo en Isagén, además de las anteriores limitaciones, no podrán adquirir acciones por un monto superior a cinco veces su remuneración anual.
En relación con la legalidad de las restricciones establecidas en el artículo 8º del Decreto 1609 de 2013, la Sección Cuarta de la Corporación en la pluricitada sentencia del 10 de septiembre de 2015, determinó:
“La Sala considera que tales condiciones fijadas frente a las personas naturales destinarias de condiciones especiales no desconoce el derecho de preferencia. Todo lo contrario, esas condiciones son medidas estrictamente administrativas que adoptó el Gobierno Nacional, en ejercicio de la potestad reglamentaria, para evitar conductas que resulten contrarias a los principios generales de la Ley 266, en especial, los principios de democratización y preferencia.
En efecto, el artículo 11 de la Ley 226, para hacer efectivo el mandato del artículo 3, establece que a los destinatarios de condiciones especiales se les debe garantizar lo siguiente:
1. Se les ofrecerá en primer lugar y de manera exclusiva la totalidad de las acciones que pretenda enajenarse.
2. Se les fijará un precio accionarlo fijo equivalente al precio resultante de la valoración prevista en el artículo 7º, de la presente Ley, el cual tendrá la misma vigencia que el de la oferta pública, siempre y cuando, dentro de la misma, no hubiesen existido interrupciones. En caso de existir interrupción o transcurrido el plazo de la oferta, se podrá ajustar el precio fijo por parte del gobierno siguiendo los parámetros indicados en dicho artículo 7º.
3. La ejecución del programa de enajenación se iniciará cuando el titular, o una o varias instituciones. hayan establecido líneas de crédito o condiciones de pago para financiar la adquisición de las acciones en venta, que impliquen una Financiación disponible de crédito no inferior, en su conjunto, al 10% del total de las acciones objeto del programa de enajenación, las cuales tendrán las siguientes características:
El plazo de amortización no será inferior a 5 años;
b. La tasa de interés aplicable a los adquirentes destinatarios de las condiciones especiales no podrá ser superior a la tasa de interés bancario corriente certificada por la Superintendencia Bancaria, vigente al momento del otorgamiento del crédito,
c. El período de gracia a capital no podrá ser inferior a un año. Los intereses causados durante dicho período de gracia podrán ser capitalizados, para su pago, junto con las cuotas de amortización a capital;
d. Serán admisibles como garantía las acciones que se adquieran con el producto del crédito. El valor de las acciones, para determinar la cobertura de la garantía, será el precio fijo, inicial o ajustado, de venta de aquéllas.
4. Cuando los adquirentes sean personas naturales, podrán utilizar las cesantías que tengan acumuladas, con el objeto de adquirir estas acciones.
De otro lado, el artículo 14 de la Ley 226 estipula que el Gobierno Nacional, en ejercicio de la potestad reglamentaria, está obligado a adoptar medidas para evitar las conductas contrarias a los principios generales de ley. El artículo 14 dice:
Artículo 14º.- El programa de enajenación que para cada caso expida el Gobierno dispondrá las medidas correspondientes para evitar las conductas que atenten los principios generales de esta ley. Estas medidas podrán incluir la limitación de la negociabilidad de las acciones, a los destinatarios de condiciones especiales, hasta por 2 años a partir de la fecha de la enajenación: en caso de producirse la enajenación de dichas acciones antes de dicho plazo se impondrán multas graduales de acuerdo con el tiempo transcurrido entre la adquisición de las acciones y el momento de enajenación, dichas sanciones se plasmarán en el programa de enajenación.
Sin perjuicio de las disposiciones penales que le sean aplicables, si en cualquier momento se determina que la adquisición se realizó en contravención a estas disposiciones o a las que la reglamenten para cada caso en particular sobre el beneficiario o adquirente real, el negocio será ineficaz.
Sin perjuicio de las limitaciones que se puedan imponer a los destinatarios de condiciones especiales, los cargos del nivel directivo de la entidad en el proceso de privatización, sólo podrán adquirir acciones por un valor máximo de 5 veces su remuneración anual.
La Corte Constitucional, al analizar este tipo de restricciones, ha precisado:
No es concebible que un proceso de venta de la propiedad accionaria pueda, a su vez, dar lugar a una peligrosa concentración de dicha propiedad, que justamente combate el proceso de democratización, o propiciar incluso manejos o conductas inadecuadas y abusivas, contrarias al espíritu de la norma, por los empleados de la empresa o de las organizaciones solidarias, como sería el de actuar como testaferros, tras un fin simplemente especulativo o de obtener un enriquecimiento sin causa, a costa del patrimonio estatal, y en favor de personas o grupos con poder económico, interesados en adquirir las acciones.
Consecuente con lo anterior, y para evitar que el proceso de democratización accionaria sufra las desviaciones apuntadas, la administración, con arreglo de la ley, está habilitada de los poderes necesarios, para imponer limitaciones razonables y justificadas a la negociación accionaria, que naturalmente conduzcan a impedir la presencia de dichas desviaciones y a evitar que se desconozca la voluntad del constituyente. Se destaca.
En el mismo sentido, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el precedente que en esta oportunidad se reitera, ha señalado que en los procesos de enajenación de la participación accionaria de la Nación, el Gobierno Nacional puede establecer medidas puramente administrativas, que sean razonables, pertinentes y justificadas, con los siguientes propósitos:
Evitar posibles abusos de los beneficiarios de las condiciones especiales, como la participación de testaferros, la participación con fines especulativos o para enriquecerse sin justa causa a costa del patrimonio estatal.
Evitar la concentración de la propiedad accionaria que vende el Estado.
Procurar que la adquisición de las acciones corresponda a la capacidad adquisitiva de los aceptantes.
Impedir la concentración oligopólica del capital.
Dirigir el proceso de desconcentración hacia destinatarios preferentes con el objeto de redistribuir la propiedad accionaria en venta.
En el sub lite, la Sala considera que los apartes demandados del artículo 8 del Decreto 1609 no desconocen los principios de democratización y preferencia. Las medidas adoptadas en esa norma son condiciones válidas y razonables para garantizar que se materialicen los principios generales de la Ley 226, al punto que en la primera etapa todas las acciones se ofrecieron de manera preferente a los destinatarios de las condiciones especiales.” (Subrayado fuera de texto)
En ese orden de ideas, la Sala acoge los argumentos de legalidad antes referidos, en relación con las medidas adoptadas para garantizar los principios generales de la ley, en virtud de que ya se determinó que éstos no desconocen las finalidades del artículo 60 de la Constitución Política y de la Ley 226 de 1995, en especial, el principio de democratización y el derecho de preferencia; con lo que queda desvirtuado el elemento objetivo de la presunta vulneración del derecho a la moralidad administrativa, con el establecimiento de los limites referidos.
En cuanto al elemento subjetivo del derecho a la moralidad administrativa, éste tampoco se configura, toda vez que, quedó probado en el sub lite, que el actuar del Gobierno Nacional se enmarcó en el respeto a los principios generales de las normas que rigen la venta de la participación accionaria del Estado en empresas.
Sobre el particular, se advierte por la Sala que, además de encontrarse plenamente habilitado el Gobierno Nacional para fijar limitaciones en el proceso de enajenación, éstas se encuentran ajustadas a los derroteros de razonabilidad y pertinencia, que justifican su establecimiento.
Cabe resaltar que, de acuerdo con el informe allegado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en relación con el reporte efectuado por la Superintendencia de Economía Solidaria respecto de las personas del sector solidario que podían participar en la primera etapa de la venta de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P.; se tiene que había algunos de los destinatarios de condiciones especiales que hubieren podido adquirir la totalidad de las acciones dejando a otros de ese grupo sin la oportunidad de acceder a las mismas.
Por tal motivo, se justificaba la inclusión de las limitaciones en cuanto al número de acciones que pueden adquirir los destinatarios de las condiciones especiales, pues así se permite que un mayor número de personas adquirieran la propiedad estatal, y se evita la concentración, en manos de uno o de muy pocos de los beneficiarios de condiciones especiales, al tiempo que es una medida preventiva para que las acciones no se adquieran por interpuesta persona.
La Sala encuentra además que, esas medidas, cumplen con el propósito de evitar, el abuso de las condiciones preferenciales por parte de los destinatarios de las mismas, y, la concentración de la propiedad; y, adicionalmente, se garantiza que esos destinatarios adquieran acciones de acuerdo a su capacidad adquisitiva.
En el HYPERLINK "http://www.apple.es" sub lite, contrario a lo manifestado por los actores populares, en relación con que la totalidad de las acciones no había sido ofertada en la primera etapa, como resultado de las limitaciones al monto de las acciones adquirir por cada destinatario de condiciones especiales; la Sala pudo determinar que, éstas no tuvieron ninguna injerencia respecto del monto ofertado, y mucho menos en el finalmente adquirido.
Ello es así, en razón a que el artículo 6 del Decreto 1609 estableció condiciones especiales para la primera etapa de enajenación, las cuales se aplicarían a la totalidad de las acciones, oferta que debía mantenerse por un período no inferior a dos meses, a precio fijo, habilitando líneas de crédito con destino a la adquisición de las acciones, y permitiendo que las personas naturales pudieran hacer uso de las cesantías para ese propósito.
En el expediente no existe una prueba, siquiera sumaria, que indique que la totalidad del paquete accionario para venta, esto es, el 57.66% del total de las acciones de ISAGEN S.A. E.S.P., que corresponde a la participación accionaria que tenía la Nación, no hubiere sido ofertado; por el contrario se encontró que las pruebas obrantes en el expediente dan cuenta de que en la primera etapa se ofrecieron 1.571’919.000 de acciones, correspondientes al 100 % de la participación accionaria de la Nación.
Aunado a lo anterior, reposan las proyecciones que se hicieron respecto de la posibilidad de adquisición de cada uno de los sectores que conformaban el grupo de destinatarios de condiciones especiales, para poder establecer las restricciones contenidas en el artículo 8º del Decreto 1609 de 2013.
En consecuencia, la Sala encuentra que la falta de participación y concurrencia de los destinatarios de las condiciones especiales, y en particular las personas naturales, no se deriva de las restricciones establecidas el artículo 8º del Decreto 1609; las cuales se ajustan a los preceptos constitucionales y legales, al obedecer los principios de democratización de la propiedad y preferencia.
En tal virtud, queda desvirtuada la vulneración alegada por los actores populares respecto de los derechos a la moralidad administrativa y al principio de democratización en relación con el establecimiento de los límites a los destinatarios de condiciones especiales para la adquisición de acciones.
De otro lado, en lo que se refiere a la contratación del operador idóneo, la Sala encuentra que dicha figura, contrario a lo manifestado por los actores, fue concebida para el escenario en el que la totalidad de las acciones fueran adquiridas por los destinatarios de condiciones especiales; toda vez que dicha medida busca es un equilibrio entre el principio de democratización de la propiedad y el de la continuidad en la prestación del servicio público, lo que no impide, en forma alguna, que los interesados puedan participar en dicho proceso, además de no generar mayores cargas ni ningún costo a cargo de los destinatarios de condiciones especiales.
En tal virtud, tampoco se encuentra probada la vulneración a ninguno de los derechos colectivos deprecados, con el establecimiento de las limitaciones respecto del número de acciones que podían adquirir los destinatarios de condiciones especiales.
Inclusión de un tercero estratégico en el proceso de enajenación.
La inclusión de la figura del tercero estratégico en el artículo 27 del Decreto 1609 de 2013, a su vez modificado por el artículo 3º del Decreto 2316 de 2013, deviene de lo señalado en el escrito de oferta del acuerdo de accionistas del “programa de enajenación de las acciones de propiedad de la Nación en ISAGEN S.A. ESP” emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía de fecha 29 de diciembre de 2006, en donde se define el mismo como: “una persona o grupo de personas que en razón a su experiencia y condición técnica, financiera o tecnológica estén en posición de aportar sus conocimientos, goodwill o capital a ISAGEN”.
En el numeral 5.7. de tal documento prevé que, en el caso en que Nación como accionista mayoritario decida vender o enajenar su participación accionaria, y ello implique la transferencia del control de la sociedad a un tercero estratégico, la enajenación se llevará a cabo bajo los procedimientos señalados en la Ley 226 de 1995; debiendo comprometerse a incluir dentro del programa de enajenación, el texto completo del acuerdo de accionistas vigente en ese momento. Además, el tercero estratégico deberá aceptar y adherirse al mismo; debiendo, igualmente, imponer a este tercero, la obligación de realizar una oferta pública de adquisición voluntaria dirigida a por lo menos los accionistas minoritarios al mismo precio negociado con la Nación.
Refiere, igualmente, que en caso de adjudicación de acciones privilegiadas a cualquier número de aceptantes, se deberán garantizar medidas de buen gobierno corporativo, con el fin que se distribuyan las utilidades entre todos sus accionistas, incluyendo el dividendo que le corresponde a las acciones privilegiadas.
De la regulación se colige que el propósito de ésta es preservar las normas de libre competencia en el mercado, toda vez que se busca garantizar los derechos de aquellos que, una vez enajenada la participación mayoritaria del Estado en una sociedad, continúen como socios minoritarios de la misma; brindándoles la posibilidad de vender su participación, y, en caso de permanecer en condición de accionistas, se les garantice la distribución de utilidades.
A más de lo anterior, la inclusión del tercero estratégico únicamente puede presentarse en la segunda etapa del proceso de venta; esto es, cuando se ha agotado la oferta para los destinatarios de condiciones especiales, por lo que no se puede derivar una vulneración de las circunstancias en las que éstos adquieren las acciones, de una situación que es posterior.
Aunado a ello, la Sala echa de menos el cumplimiento por parte de los actores populares de la carga argumentativa y probatoria que demuestre la vulneración que alegan.
En consecuencia, la Sala no advierte que la inclusión del tercero estratégico en el proceso de enajenación de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., afecte de alguna manera los derechos colectivos deprecados; y, por el contrario se evidencia que la norma busca garantizar los derechos de aquellas personas que sean accionistas minoritarios.
Consideración final
En lo que respecta a las actuaciones desplegadas por el Gobierno Nacional durante la segunda etapa del proceso de enajenación de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., cabe resaltar que los argumentos presentados por los actores populares tienen como base documentos en los que se hace referencia a la inconveniencia de la enajenación de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., y contienen suposiciones sobre las consecuencias negativas que podría tener la venta en el futuro funcionamiento de ISAGEN S.A. E.S.P., en el destino de los recursos recibidos por la venta; sin que se aporten pruebas concretas que permitan establecer una vulneración a los derechos colectivos que buscan ampararse a través de la presente acción.
Es así como, haciendo referencia a las advertencias de los entes de control, pretende probar la presunta grave afectación que la venta, representa para los derechos e intereses colectivos de los colombianos.
Arguyen que la vulneración a los derechos colectivos se puede deducir fácilmente de lo manifestado por el Ministerio Público, en el Boletín 009 del 12 de enero de 2016, en la página web de la Procuraduría General de la Nación, según el cual el Ente de Control advierte al Presidente Santos sobre la “inconveniencia de la venta de ISAGEN y posible violación del ordenamiento jurídico, si esta llega a realizarse en las condiciones actuales”.
En relación con el Boletín puesto de presente por los actores, la Sala encuentra que el mismo es un documento en el que se consigna la respetable opinión del señor Procurador General de la Nación respecto de la conveniencia de la venta de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P.; sin embargo, es de resaltar que la valoración de conveniencia o inconveniencia de un negocio jurídico es un asunto que escapa de la órbita de competencia del juez popular.
En el mismo sentido, la Sala encuentra que en el Boletín Macrofiscal 011, expedido por la Contraloría General de la República, únicamente se expresan razones de conveniencia sin que se logre desvirtuar la legalidad del proceso o que se vislumbre la violación de derechos colectivos.
En ese contexto, sin que exista una argumentación sólida ni pruebas que evidencien alguna irregularidad que ponga en peligro los derechos colectivos deprecados, la Sala no encuentra necesario pronunciarse o entrar a evaluar sobre la regulación o el desarrollo de la segunda etapa del proceso de enajenación de acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P.
VI.4 Resolución del caso.
Teniendo en cuenta que no se probó la vulneración de los derechos colectivos deprecados, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 5 de marzo de 2015.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia impugnada proferida el 5 de marzo de 2015, por la Subvención “A”, de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de la Sección Primera, en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA
Se trata de aquellos trabajadores, extrabajadores y pensionados de ISAGEN S.A. E.S.P., que suscribieron el contrato de mandato denominado “DUEÑOS DE ISAGEN”.
Decreto que obedecía los parámetros señalados por el Documento CONPES 3425 de 12 de junio de 2006, sobre las cuales el Estado tenía en ese momento una participación del 19.22% del total de las acciones suscritas y pagadas, y se privilegiaba, en su criterio, a los destinatarios de las condiciones especiales.
Decreto 1609 de 2013. Artículo 3. Numeral 3.1. “(…) Son Destinatarios de las Condiciones Especiales para los efectos del Programa y en forma exclusiva, las siguientes personas:
Los trabajadores activos y pensionados de ISAGEN;
Los ex trabajadores de ISAGEN, siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa causa por parte del patrón;
(iii) Las asociaciones de empleados o ex empleados de ISAGEN; (iv) Los sindicatos de trabajadores;
(v) Las federaciones de sindicatos de trabajadores y confederaciones de sindicatos de trabajadores;
(vi) Los fondos de empleados;
(vii) Los fondos mutuos de inversión;
(viii) Los fondos de cesantías y de pensiones;
(ix) Las entidades cooperativas definidas por la legislación cooperativa; y
(x) Las cajas de compensación familiar.”
Artículo 8 del Decreto 1609 de 2013. “(…) 8.2.1. No podrán adquirir un número de Acciones por un monto superior a una (1) vez su Patrimonio Líquido a diciembre 31 del año correspondiente a la declaración de renta presentada.
8.2.2. No podrán adquirir un número de Acciones por un monto superior a cinco (5) veces sus ingresos anuales que figuren en la declaración de renta o en el certificado de ingresos y retenciones presentado.
8.2.3. Sin perjuicio de los anteriores numerales, ninguna persona natural podrá adquirir más de dos millones setecientas veintiséis mil setenta y dos (2.726.072) Acciones.
8.2.4. Para el caso específico de las personas que ocupen cargos de nivel directivo en ISAGEN, además de las limitaciones indicadas en los numerales 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del presente Artículo, no podrán adquirir Acciones por un monto superior a cinco (5) veces su remuneración anual derivada de ISAGEN.
En comunicación del 10 de septiembre de 2013, radicada con el No. 1-2013-065295 del 13 de septiembre de 2013. Referencia a la comunicación obra a folio 50.
Folio 461 del expediente.
Folio 1084 del Cuaderno 7 del Expediente
Folios 444 y 445 del cuaderno principal No. 1
Folio 452 del cuaderno principal No. 1
Corte Constitucional. Sentencias C-215 de 1999. M.P.: Martha Victoria Sáchica (E), y C-569 de 2004. M.P.: Rodrigo Uprimy Yepes.
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 10 de septiembre de 2015. Radicado No: 11001032600020140005400 (21025) – acumulados 110010324000201300534 00 (20946) y 110010324000201300509 00 (21047). C.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
De que trata el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
Medio de control promovido por los señores Helber Adolfo Castaño, Enrique Alfredo Daza Gamba y Rodrigo Toro Escobar, en contra de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Exp. AP-166. Sent. Del 17 de junio de 2001. C.P. Dr. Alier Eduardo Hernandez.
En el mismo sentido, Corte Constitucional. Sentencia C-622 de fecha 14 de agosto de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (folio 524 del expediente), ISAGEN (folio 248 del expediente), Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (folio 469 del expediente)
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Radicación número: 25000-23-24-000-1999-9001-01(AP-300). Sentencia del 31 de mayo de 2002. C.P.: Ligia López Díaz.
Entre las acciones que se han promovido en contra del proceso de enajenación de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P., se destaca el medio de control radicado 11001032600020140005400 (21025) – acumulados 110010324000201300534 00 (20946) y 110010324000201300509 00 (21047), promovido por los señores Helber Adolfo Castaño, Enrique Alfredo Daza Gamba y Rodrigo Toro Escobar, en contra de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía; en el que se dictó sentencia de segunda instancia el 10 de septiembre de 2015, mediante la cual se declaró la legalidad de los actos administrativos demandados que regulan el proceso de venta de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. E.S.P.
Corte Constitucional. Sentencia C-622 de fecha 14 de agosto de 2007. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional. Sentencia C-215 de 1999. M.P.: María Victoria Sáchica de Moncaleano. “Ese carácter público, implica que el ejercicio de las acciones populares supone la protección de un derecho colectivo, es decir, de un interés que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye motivaciones meramente subjetivas o particulares. No obstante, suponen la posibilidad de que cualquier persona perteneciente a esa comunidad, pueda acudir ante el juez para defender a la colectividad afectada, con lo cual se obtiene de manera simultánea, la protección de su propio interés”. (Subrayado fuera de texto)
Corte Constitucional. Sentencia C-569 de 2004. M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes.
Ibídem.
Ley 472 de 1998. Artículo 3. “Acción de Grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas.
La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios.” (negrilla fuera de texto)
En sentencia C-215 de 1999.
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta. Consejero Ponente: Darío Quiñones Pinilla Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil dos (2002). Radicación número: 73001-23-31-000-2002-1351- 01(AP-641)
Derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, el acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna, y, a la democratización de la propiedad.
Ley 472 de 1998. Artículo 34: “(…) La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante. Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular.”
Corte Constitucional. Sentencia T-851 de 2010. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
Sobre el principio de iura novit curia ver, Corte Constitucional. Sentencia T-146 de 2000
“El principio iura novit curia evita que el juez quede atrapado en los errores propuestos por las partes fundados en las normas desajustadas con la causa, pues al fallador le corresponde aplicar las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos que las partes enuncien, sin que pueda modificar el encuadre fáctico proveniente de la litis”
Consejo de Estado. Sección tercera. Sentencia de 27 de enero de 2000. Exp. 10867. C.P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez;
Consejo de Estado. Sección tercera. Sentencia de 17 de junio de 2001. Exp. AP-166. C.P: Alier Eduardo Hernández Enríquez.
“De acuerdo con el artículo 18 de la ley 472 de 1998, para promover una acción popular se debe presentar una demanda que cumpla, entre otros, con el requisito de indicar el derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado. Ello no significa que el juez deba negar la protección de un derecho colectivo, sin más, por el sólo hecho de que no fue señalado expresamente en la demanda. El juez no puede modificar el petitum de la demanda y los hechos que le sirvan de fundamento. Pero, si de tales hechos se deriva que hay un derecho colectivo comprometido, diferente del que se señaló expresamente, el juez, en cumplimiento de su deber de administrar justicia y procurar la vigencia de los derechos consagrados en la Constitución, deberá aplicar la ley a como corresponda a lo alegado en la demanda y probado en el proceso, protegiendo el derecho colectivo que encuentre amenazado o vulnerado.
Se trata solamente de la aplicación del antiguo principio da mihi factum dabo tibi jus, además de que, dado que la aplicación de la ley se debe hacer conforme a los hechos expuestos, conocidos por el demandado, no se vulnera su derecho de defensa.
En otros términos, a juicio de la Sala, resulta imperioso la aplicación del principio iura novit curia a los procesos de la acción popular.”(Negrilla fuera de texto)
Consejo de Estado. Sección Primera. Auto del 28 de mayo de 2015. Expediente No. 25000-23-27-000-2001-0479-01 Acumulados Nos. 2000–0428, 2001-0122, 2001-0343. Actor: GUSTAVO MOYA ÁNGEL Y OTROS. M.P.: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia 1º de diciembre de 2015. Expediente: 2007-00033-01. Actor: Fernando Torres y otro. C.P.: Luis Rafael Vergara Quintero.
Ibídem
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 31 de mayo de 2002. Exp. número: 25000-23-24-000-1999-9001-01(AP-300). Consejera ponente: Ligia López Díaz.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Radicación 41001-23-31-000-2004-00540-01(AP) de fecha 8 de junio de 2011. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.
Ídem.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación 25000-23-25-000-2003-00254-01(AP) de fecha 10 de febrero de 2005. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez.
M.P.: Hernando Herrera Vergara.
Sentencia C-392 de 1996. M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero.
Sentencias C-037/94 M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell y C-211/94 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.
Al respecto ver folio 1, parte considerativa del Decreto 1609 de 2013. Cuaderno de Anexos
Folios 251 a 253 del cuaderno principal No. 1
Folio 846 del cuaderno principal No. 1
Folio 152 a 155 del cuaderno de medidas cautelares No. 1
Folios 309 a 318 del cuaderno principal No. 1
Folios 855 a 881 del cuaderno principal No. 1
Audiencia testimonial realizada el 24 de agosto de 2014. Hora 1:01:52
Folio 790 del cuaderno principal No. 1
Folios 851 a 854 cuaderno principal No. 1.
En el medio de control de nulidad radicado con el número 110010326000201400054 00 (21025) Acumulados con los expedientes 110010324000201300534 00 (20946) y 110010324000201300509 00 (21047), promovida por los señores Helber Adolfo Castaño Pérez, Enrique Alfredo Daza Gamba y Rodrigo Toro Escobar.
Consejero Ponente: dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Aviso publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la página web HYPERLINK "http://www.isagen.saladeinformacion.net/" http://www.isagen.saladeinformacion.net/, en el aparte relativo al “Instructivo Operativo BVC – Aviso de Subasta: Publicado el 23 de diciembre de 2015”. (Folio 1437).
La fecha de cierre debería ocurrir entre el 14 y el 27 de enero de 2016.
La Ley 226 de 1995, en el numeral 2º del artículo 11, que el precio de la primera etapa, esto es para los destinatarios de las condiciones especiales, será fijo y el valor deberá corresponder al precio resultante de la valoración prevista en los estudios técnicos realizados.
Otorgamiento de líneas de crédito para la compra de las acciones por parte de tales destinatarios, determinando las facilidades que deben brindárseles, esto es, el plazo de amortización no inferior a cinco años, el período de gracia a capital no inferior a un año, y una tasa de interés no superior a la del interés bancario corriente (art. 11).
Si el precio a establecerse es un mínimo, cuyo valor no puede ser menor que el precio fijo establecido para la primera etapa del proceso de enajenación; necesariamente debe interpretarse que tiene la vocación de variar para incrementarse.
Ley 226 de 1995. “Artículo 7º.- Corresponderá al Ministerio titular o a aquel al cual estén adscritos o vinculados los titulares de la participación social, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, diseñar el programa de enajenación respectivo, directamente o a través de instituciones idóneas, públicas o privadas, contratadas para el efecto según las normas de derecho privado.
El programa de enajenación accionaria se realizará con base en estudios técnicos correspondientes, que incluirán la valoración de la entidad cuyas acciones se pretenda enajenar. Esta valoración, además de las condiciones y naturaleza del mercado, deberá considerar las variables técnicas tales como la rentabilidad de la institución, el valor comercial de los activos y pasivos, los apoyos de la Nación, que conduzcan a la determinación del valor para cada caso de enajenación.”
Ídem.
De acuerdo con testimonio rendido por el Ingeniero Lucas Marulanda, en Audiencia de testimonios realizada el 25 de agosto de 2014. Minuto 17:36. Ratificado por el testimonio rendido el abogado Jaime Elías Robledo Vázquez, en Audiencia de recepción de testimonios realizada el 29 de agosto de 2014. Minuto 7.
Audiencia de recepción de testimonios realizada el 25 de agosto de 2014. Minuto 26:35.
Folios 266 del cuaderno de trámite de la medida cautelar del expediente 21025.
Ibidem.
Folios 284 del cuaderno de trámite de la medida cautelar del expediente 21025.
De que trata el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
Medio de control promovido por los señores Helber Adolfo Castaño, Enrique Alfredo Daza Gamba y Rodrigo Toro Escobar, en contra de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía.
Folios 285-291 del cuaderno de la medida cautelar.
Explica la jurisprudencia referida que desconocimiento del principio de legalidad se entiende cuando ocurre “la vulneración del contenido de una norma jurídica por la acción (acto o contrato) u omisión de una entidad estatal o de un particular en ejercicio de una función pública. El acatamiento del servidor público o del particular que ejerce una función pública a la ley caracteriza el recto ejercicio de la función pública.”
En la sentencia del 1º de diciembre de 2015, de la Sala Plena de la Corporación, se explica que “no se puede considerar vulnerado el derecho colectivo a la moralidad pública sin hacer el juicio de moralidad de la actuación del funcionario para establecer si incurrió en conductas amañadas, corruptas o arbitrarias y alejadas de los fines de la correcta función pública.” (negrilla fuera de texto)
Radicado con el número 110010326000201400054 00 (21025) Acumulados con los expedientes 110010324000201300534 00 (20946) y 110010324000201300509 00 (21047), promovida por los señores Helber Adolfo Castaño Pérez, Enrique Alfredo Daza Gamba y Rodrigo Toro Escobar.
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 31 de mayo de 2002. Exp. número: 25000-23-24-000-1999-9001-01(AP-300). Consejera ponente: Ligia López Díaz.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Radicación 41001-23-31-000-2004-00540-01(AP) de fecha 8 de junio de 2011. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.
Ídem.
En la práctica solo se adjudicó un total de 1.428.233 acciones de un total de 1.571.919.000 acciones ofrecidas.
Audiencia de recepción de testimonios realizada el 24 de agosto de 2014. Minuto 54:09
Continuación audiencia de testimonios realizada el 29 de agosto de 2014. Minuto 13
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 1827 de fecha 7 de junio de 2007. Consejero Ponente Luís Fernando Álvarez Jaramillo.
Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1994. En esa sentencia se estudiaron algunos apartes del Decreto 663 de 1993, «Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración».
CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA. Sentencia del 4 de septiembre de 2008. M.P. María Inés Ortiz Barbosa. Radicado: 157369.
En relación con la pertinencia y legalidad de los límites a los destinatarios de condiciones especiales, la Corte Constitucional al estudiar la legalidad del artículo 14 de la Ley 226 de 1995, en la que se establece la restricción para los destinatarios de condiciones especiales, de vender las acciones que adquieran en tales circunstancias, dentro de los dos años siguientes a la adquisición; se pronunció en la sentencia C-384 de 1996. MP.: José Gregorio Hernández Galindo.
Folios 39 a 56 del cuaderno de anexos
Procuraduría General de la Nación. Boletín 009 de 12 de enero de 2016.
“El Procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, advirtió al presidente de la República que la venta de ISAGEN podría implicar un detrimento patrimonial sin antecedente en la historia del país.
La venta de ISAGEN no “es un buen negocio” expresó el procurador en la misiva enviada al jefe de Estado, en la además señaló que si bien el precio fijo por acción de $3.178 (definido por Decreto en el año 2013) se ajustó basado en el índice de precios al consumidor (IPC), el mismo no equipara la variación en términos de pagos en divisas que se estimó en la estrategia de venta, con lo cual se podría llegar a producir un grave detrimento para el tesoro nacional.
En consecuencia, a juicio del Ministerio Público, si el Gobierno Nacional insiste en vender ISAGEN en las actuales condiciones “(…) se perderían dos billones trescientos setenta y seis mil doscientos treinta y ocho millones quinientos trece mil novecientos veinte pesos ($2.376.238.513.920), que representan el 0,46 dólar menos que se pagaría por la acción, en comparación con el valor inicial estimado por el Gobierno Nacional en el año 2013” (sobre la base de 1.571.919.000 de acciones).
En su misiva el procurador se refirió además a los impactos de este proceso planteados por la Contraloría General de la República y específicamente a la presión que este proceso generará para las finanzas públicas, teniendo en cuenta el monto de los dividendos que dejará de percibir anualmente para la financiación del gasto público. En ese sentido, agregó que la pérdida de dichos ingresos, y su falta de sustitución por activos productivos que permitan el retorno inmediato de inversión, podrían generar el cobro de más impuestos a los ciudadanos.
Esta situación, sumado al aumento de la inflación y al impacto que pueda tener la venta en las tarifas del servicio de energía, podría hacer más gravosa la situación económica de los colombianos y “el Gobierno Nacional no debería pasar esto por alto”, agregó el procurador.
Finalmente el jefe del Ministerio Público sugirió varias opciones para cubrir los recursos que se pretenden obtener con dicha venta:
La primera de estas está asociada a un trabajo por parte del Gobierno Nacional mucho más eficaz en la lucha contra la corrupción y un compromiso con la defensa del patrimonio público para evitar que se sigan robando los recursos públicos.
Así mismo, planteó al Gobierno austeridad en el gasto y no promover más burocracia costosa e ineficiente que afectan el presupuesto público.
Por último, agregó el procurador “el Gobierno debe acabar con la llamada “mermelada”, vena rota del presupuesto público atada a apetitos clientelares”.
En el referido documento, el señor Contralor General de la República expresó que “ISAGEN es una empresa estratégica para el mercado nacional que ayuda al Estado en la provisión de este servicio público, garantizando la cobertura nacional, el control de mercado e incluso incidir en la oferta nacional”, y que, por tanto, siendo el mercado energético de características oligopólicas, la venta de ISAGEN a una empresa extranjera, limita al Estado para ejercer “el control natural que tiene hoy en el mercado nacional de energía eléctrica”.
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