Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 81001-23-31-000-2013-00001-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción popular: improcedencia para discutir la nulidad de contratos estatales/
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 81001-23-31-000-2013-00001-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 81001-23-31-000-2013-00001-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
11 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera Ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 81001-23-31-000-2013-00001-01 (AP1)
Demandante: LUIS ENRIQUE OLIVERA PETRO
Demandado: ECOPETROL Y OTROS
Referencia: SENTENCIA ACCIÓN POPULAR SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN POPULAR – Improcedencia para discutir la nulidad de contratos estatales/
ALCANCES Y FINALIDAD – Este mecanismo judicial está previsto para la protección y
defensa de derechos colectivos efectiva y potencialmente amenazados o vulnerados,
circunstancia que no se acredita en el presente caso.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 12 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de
Arauca, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 11 de junio de 1980, Ecopetrol suscribió un contrato de asociación para la
exploración de hidrocarburos en el departamento de Arauca. El contrato vencía el
31 de diciembre de 2008; no obstante, el 23 de abril de 2004, los contratantes
extendieron su vigencia hasta «su límite económico». A juicio del demandante, la
extensión del contrato vulnera los derechos colectivos a la moralidad administrativa,
al patrimonio público y a la libre competencia, toda vez que Ecopetrol había perdido
competencia para celebrarlo, amén de que requería una ley que desarrollara el
artículo 360 Superior.
1 El expediente se tramitó, inicialmente, en el Juzgado Primero Administrativo de Arauca con el
radicado 81001-33-31-001-2009-00071-00.
Radicación: 81001-23-31-000-2013-00001-01
Demandante: Luis Enrique Olivera Petro
Demandado: Ecopetrol y otros
Clase de proceso: acción popular
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 16 de julio de 2009 (Fl. 95 cuad. 5), el señor Luis Enrique Olivera Petro presentó
acción popular contra el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Consejo de Ministros2, el Departamento Nacional de Planeación,
la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Empresa Occidental de Colombia Inc3,
para que se protegieran los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la
defensa del patrimonio público y a la libre competencia económica. Formuló las
siguientes pretensiones:
III. 1. Que se protejan los derechos e intereses colectivos: A LA MORALIDAD
ADMINISTRATIVA; A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO; A LA
LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA, consagrados en el artículo 4 de la ley
472/98, los cuales han sido violados por el Estado Colombiano y por la empresa
Occidental de Colombia.
III.2. Que se declare que el contrato de extensión al contrato de asociación
Cravo Norte HASTA SU LÍMITE ECONÓMICO, firmado por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos y por la Occidental de Colombia desconoció los
derechos constitucionales consagrados en los artículos: 1,2,3,4,6,8,13,
(principios y derecho fundamentales, 101, 332, 333, 334 y 360 de la
Constitución de 1991.
III.3. Que se restituyan las cosas al estado anterior a la firma del contrato de
extensión del contrato de asociación Cravo Norte hasta su límite económico.
Pague todos los perjuicios económicos ocasionados al Estado Colombiano.
III.4. Que se ordene al Estado Colombiano, aplicar la REVERSIÓN al contrato
de asociación Cravo Norte, la cual ha debido regir del 1 de enero de 2009, y
por ende QUE SE DECLARE QUE ECOPETROL ES EL AUTÉNTICO
OPERADOR Y QUE EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y SUS CUATRO
MUNICIPIOS PRODUCTORES RECIBAN EL 12% DE REGALÍA ADICIONAL
DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 756/2002.
III. 5. Que se ordene, a partir de la admisión de esta demanda en acción
popular, el pago al departamento de Arauca y a sus municipios productores del
12% de las regalías directas consagradas en el artículo 39 de la ley 756/2002.
En subsidio que se ordene a los operadores jurídicos de regalías la creación
de un fondo con el 12% de las regalías de dicho artículo.
III.6. Que se ordene al Estado Colombiano y a la empresa Occidental de
Colombia, con base en el artículo 40 de la ley 472/98, pagar el incentivo del
15% del valor recuperado por el Estado colombiano, a favor del demandante-
actor popular.
2 En auto del 14 de febrero de 2013, se rechazó la demanda respecto del Consejo de Ministros.
3 En autos del 20 de octubre de 2009 y del 2 de julio de 2013, fueron vinculadas las sociedades
Ecopetrol S.A. y Occidental Andina LLC (OXYANDINA).
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Demandante: Luis Enrique Olivera Petro
Demandado: Ecopetrol y otros
Clase de proceso: acción popular
En escrito del 20 de febrero de 2013 (Fl. 939), la parte actora adicionó la siguiente
pretensión (se transcribe de manera literal):
III.8. que se declare la NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DE
EXTENSIÓN “HASTA SU LÍMITE ECONÓMICO” DEL CONTRATO DE
ASOCIACIÓN CRAVO NORTE, POR CUANTO EL 23 DE ABRIL DE 2004, DÍA
DE SU FIRMA, ECOPETROL NO EXISTE EN EL MUNDO JURÍDICO
COLOMBIANO POR EFECTOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1760 DE 29
DE JUNIO DE 2003, FECHA MUY ANTERIOR, AL 23 DE ABRIL DE 2004.
1.2. Hechos
Del escrito de demanda y reforma se extrae los siguientes fundamentos fácticos:
El 11 de junio de 1980, Ecopetrol suscribió el contrato de asociación Cravo Norte
con la sociedad Occidental de Colombia, sobre un área inicial de 1.003.744
hectáreas, el cual vencía el 31 de diciembre de 2008.
El 18 de junio de 1983 se produjo el descubrimiento de petróleo, y el 15 de
noviembre siguiente se le otorgó «comercialidad».
En desarrollo del contrato, se han descubierto los campos Caño Limón, La Yuca,
Yarumal, Mata Negar, Redondo, Caño Verde, Redondo Este, La Yuca Este, Tonina,
Remana y Jiba.
A juicio de la parte actora, la producción del petróleo es muy estable y cercana a los
100.000 barriles/día, y Caño Limón es uno de los mayores campos en la historia de
Colombia, con reservas superiores a los 1.500 millones de barriles de petróleo y un
costo de producción de barril de los más bajo del mundo (3 dólares), al punto que
con su descubrimiento se recuperó la «autosuficiencia petrolera».
El departamento de Arauca y sus cuatro municipios han recibido aproximadamente
tres billones de pesos por concepto de regalías.
La rentabilidad y reservas de ese descubrimiento, «pueden estar por encima de los
500.000» barriles, por ende, se trata de una «joya preciosa» que «debemos cuidarla
[y] protegerla».
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Demandado: Ecopetrol y otros
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El 1 de enero de 2009, debió darse la reversión del contrato original en favor de
Colombia-Ecopetrol; sin embargo, el 23 de abril de 2004, Ecopetrol suscribió la
extensión del contrato «hasta su límite económico-hasta el infinito», a pesar de que
no tenía competencia para ello, como consecuencia de la expedición del Decreto-
Ley 1760 de 2003, que la limitó para celebrar negocios de exploración de
hidrocarburos hasta el 31 de diciembre de 2003, pues a partir del 1 de enero de
2004, la facultad quedó radicada en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
1.3. Argumentos de la demanda.
El actor popular alegó que se han vulnerado los siguientes derechos colectivos:
1.3.1. Moralidad administrativa, toda vez que el artículo 360 de la Constitución
señala que la ley debe determinar las condiciones para la firma de los contratos de
explotación de los recursos naturales no renovables y, en el caso particular, el
contrato de extensión del contrato de asociación Cravo Norte se firmó sin que se
hubiese expedido la ley correspondiente.
1.3.2. Defensa del patrimonio público, dado que la firma del contrato de extensión
del contrato de asociación Cravo Norte conlleva a que el Estado, Ecopetrol, el
departamento de Arauca y sus municipios productores sufran un detrimento
económico de $8.050.549.500.000.
1.3.3. Libre competencia económica, por cuanto la extensión hasta el infinito y
«hasta fecha indeterminada en la cual Caño Limón produzca petróleo- del contrato
Cravo Norte, cuando lo que se debe es dar es la REVERSIÓN A FAVOR DE
COLOMBIA-ECOPETROL a partir del 01 de enero de 2009, y ante el reinado del
artículo 39 de la ley 756/2002 que consagra que en casos de REVERSIÓN, las
regalías directas del departamento y los municipios productores se multiplican por
dos (2) reciben el 24% en vez del 12%, sobre salta LA GRAVE LESIÓN
ECONÓMICA – DETRIMENTO ECONÓMICO que se hace ECOPETROL del
departamento de Arauca y sus municipios».
2. Trámite en primera instancia
2.1. El 23 de julio de 2009, el Juzgado Primero Administrativo de Arauca admitió la
demanda, ordenó las notificaciones de rigor y negó la medida cautelar solicitada.
(fl. 97).
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2.2. En auto del 20 de octubre de 2009, el Juzgado vinculó a la Agencia Nacional
de Hidrocarburos, a Ecopetrol S.A. y a la sociedad Occidental Andina LLC.
2.3. Posteriormente, mediante providencia del 23 de junio de 2010, el Juzgado
resolvió un recurso de reposición interpuesto contra el auto admisorio de la
demanda. Como consecuencia, dejó sin efectos la admisión de la demanda, declaró
la falta de competencia y ordenó remitir el expediente a los Juzgados
Administrativos de Bogotá.
2.4. Mediante auto del 15 de julio de 2010, el Juzgado 42 Administrativo de Bogotá
declaró su falta de competencia y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado
para que resolviera el conflicto negativo de competencias.
2.5. En providencia del 27 de junio de 2012, la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró que el Juzgado Primero Administrativo de Arauca era el competente
para conocer de la acción popular, y señaló que como la demanda «está dirigida
contra entidades del orden nacional, es necesario que el juzgado considere la
remisión del proceso al Tribunal Administrativo de Arauca para su conocimiento».
2.6. Así, una vez regresó el expediente al Juzgado Primero Administrativo de
Arauca, mediante auto del 19 de noviembre de 2012, ordenó remitir el proceso al
Tribunal Administrativo de Arauca, para que asumiera el conocimiento del asunto
(Fl. 916).
2.7. El 14 de enero de 2013, se repartió el expediente al interior del Tribunal
Administrativo de Arauca (Fl. 924), y se le asignó el radicado 2013-00001-00.
2.8. Mediante auto del 21 de enero de 2013 (Fl. 926), el Tribunal inadmitió la
demanda. Frente a esa decisión, el actor popular solicitó que se considerara el
trámite que hasta ese momento se había adelantado en los juzgados
administrativos.
En razón de ello, en providencia del 14 de febrero de 2013 (Fl. 931 a 935), la
magistrada ponente del Tribunal admitió la demanda contra el Ministerio de Minas
y Energías, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional
de Planeación y la Compañía Petrolera Occidental de Colombia; la rechazó
respecto del Consejo de Ministros, y negó la medida cautelar solicitada.
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2.9. El 20 de febrero de 2013 (Fls. 937 a 939), la parte actora presentó escrito de
«corrección» de la demanda en el sentido de incluir a otras demandadas4, y de
adicionar la pretensión de nulidad absoluta del contrato de extensión, suscrito el 23
de abril de 2004.
2.10. En auto del 2 de julio de 2013 (Fl. 1062), el Tribunal admitió «la corrección y
la adición de la demanda», y ordenó vincular como demandadas a la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH), a Ecopetrol y a Occidental Andina Inc.
2.11. Las entidades accionadas y vinculadas se pronunciaron frente a las
pretensiones de la demanda, como se detallará en acápite posterior–numeral 3–.
2.12. El 17 de enero de 2014, tuvo lugar la audiencia de que trata el artículo 27 de
la Ley 472 de 1998, y en ella se declaró «fallida la posibilidad de lograr un Pacto de
Cumplimiento».
2.13. En auto del 30 de enero de 2014, se decretaron las pruebas. Una vez agotado
el debate probatorio, mediante auto del 16 de octubre siguiente (Fl. 1926) el
Tribunal corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto.
2.14. La parte actora alegó que como la prórroga del contrato se firmó en «junio
2004», el contrato estaba viciado de nulidad absoluta, como se estableció en un
caso similar que se identificó con el radicado 85001-23-31-000-2010-00094-00.
Por lo demás, insistió en que se debía declarar la nulidad absoluta de la prórroga
del contrato de asociación Cravo Norte de «junio» de 2004.
2.15. La Agencia Nacional de Hidrocarburos pidió que se negaran las pretensiones,
dado que lo que persigue el actor popular es «contrariar las bondades de la actividad
hidrocarburífera, en nuestro país, el cual persigue el desarrollo económico, social y
ambiental; la concurrencia de estos tres elementos en forma sincrónica, atiende los
postulados de un Estado Social de Derecho, garantista de todos los derechos
colectivos».
4 La Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH–, Ecopetrol y la sociedad Occidental Andina Inc.
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2.16. Occidental Andina, además de reiterar los argumentos de la contestación,
sostuvo que la parte actora no probó los supuestos en que se fundó la demanda, y
que, en consecuencia, debían desestimarse las pretensiones.
De otra parte, señaló que Ecopetrol estaba facultado para celebrar contratos
relacionados con «RNRR», incluido el otrosí de extensión al contrato de asociación
Cravo Norte, como se probó con las diferentes normas aplicables al asunto que, en
todo caso, no fueron derogadas con la entrada en vigencia de la nueva Constitución.
Agregó que la Ley 80 de 1993 ordenó que los contratos de explotación y exploración
de recursos naturales renovables y no renovables siguieran rigiéndose por la
legislación especial que les fuera aplicable.
Señaló que el otrosí cumplió con los requisitos legales y contractuales para su
celebración, y fue aprobado por la ANH porque el Estado tendría un mayor beneficio
económico. Por ende, no se generó ninguna amenaza ni violación de los derechos
colectivos invocados en la demanda.
Por último, consideró que se acreditaron las excepciones propuestas en la
contestación de la demanda.
2.17. Ecopetrol S.A. alegó que sí podía convenir la extensión del contrato que se
reprocha en la demanda; que no es cierto que se violó el artículo 360 Superior,
porque la competencia de la entidad en la materia estaba regulada en disposiciones
anteriores a la Carta Política de 1991, las cuales no perdieron vigencia con su
promulgación.
Señaló que la extensión del contrato no constituye una amenaza al patrimonio
público debido a que las partes cuentan con el mejor conocimiento en los campos y
tienen la capacitación para adelantar la explotación hasta el cierre del mismo.
Indicó que no se vulneraron los derechos colectivos alegados en la demanda y que
la acción popular no es un medio para declarar la nulidad de un contrato.
2.18. Occidental de Colombia señaló que debían negarse las pretensiones de la
demanda porque la parte actora no cumplió con la carga de la prueba, porque se
acreditan las excepciones alegadas y porque no existe amenaza ni vulneración de
los derechos colectivos invocados.
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2.19. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reiteró los argumentos expuestos
en la contestación de la demanda, en el sentido de que no se vulneraron los
derechos colectivos invocados y que la extensión del contrato se hizo dentro del
marco legal, previo análisis del CONPES.
2.20. El Ministerio de Minas y Energías reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda.
3. Contestaciones de la demanda5
Las autoridades y sociedades demandadas contestaron y ratificaron las
contestaciones de la demanda, en los siguientes términos:
3.1. El Departamento Nacional de Planeación (fl. 127 y ss, 262-275,1629-1630)
señaló que (i) existe falta de legitimación en la causa por pasiva debido a que la
competencia de dicha autoridad se relaciona con el ejercicio del control y vigilancia
del correcto uso de los recursos de regalías; (ii) que no tiene incidencia en la firma
de la extensión del contrato de asociación, (iii) ni ha vulnerado ni amenazado los
derechos colectivos alegados por la parte actora.
3.2. Occidental de Colombia INC (Fl. 410-444, 1402-1444) propuso las excepciones
de (i) falta de competencia del Juzgado Administrativo de Arauca, (ii) inepta
demanda por falta de identificación de los hechos que sustentan las pretensiones,
(iii) improcedencia de la acción popular por falta de amenaza y de vulneración de
los derechos fundamentales, (iv) ausencia de afectación a la competencia, al
patrimonio público y a la moralidad administrativa como derechos colectivos, (v)
buena fe, y (vi) validez del otrosí al contrato de asociación.
3.3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Fls. 166 y ss, 240- 257, 291-313,
982 a 999) formuló las excepciones de (i) improcedencia de la acción popular dado
que no existe violación o amenaza de ningún derecho colectivo, (ii) ausencia de
violación de los derechos colectivos invocados en la demanda, (iii) que el contrato
de extensión del contrato de asociación está de acuerdo con las normas y
jurisprudencia aplicable, (iv) que a través de la acción popular no es posible
cuestionar sobre la conveniencia o no del tipo de contrato que celebre la
5 Para mayor claridad se sintetizan en este acápite independiente.
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administración ni las políticas públicas, y (v) no imputación del acto, hecho u omisión
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3.4. El Ministerio de Minas y Energías (Fl. 213 a 235 1031-1053, 1084 y ss) se opuso
a las pretensiones con fundamento en que (i) existe falta de legitimación en la causa
en favor de dicha entidad, (ii) que no se acredita la vulneración de los derechos
colectivos ni de las disposiciones normativas, (iii) que no existen elementos que
prueben la ilegalidad del acto contractual de extensión del contrato de asociación y
(iv) por la improcedencia de la acción popular para reclamar indemnización de
perjuicios.
3.5. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (Fl. 1155-1170) solicitó desestimar las
pretensiones por falta de respaldo jurídico y pruebas que sustenten su procedencia.
Adujo que no se podría revertir el contrato de asociación Cravo Norte dado que su
extensión fue producto de la autonomía de la voluntad de las partes, basada en
intereses superiores como el de aprovechar oportunamente los recursos naturales
no renovables para impulsar la economía del país.
Propuso las excepciones de (i) improcedencia de la acción popular para declarar la
nulidad de contratos estatales o actos administrativos, (ii) inexistencia de afectación
a los derechos colectivos de la moralidad administrativa, el patrimonio público y la
libre competencia, y (iii) competencia de Ecopetrol para suscribir las extensiones a
los contratos de asociación.
3.6. Occidental Andina LLC (Oxyandina) propuso las excepciones y argumentos de
(i) debida aplicación de la ley porque el otrosí se celebró con estricto cumplimiento
a la misma, (ii) imposibilidad de causar daños porque el otrosí obedeció a una
política nacional general, (iii) la suscripción del otrosí cumplió con los requisitos
señalados por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, (iii) con la
celebración del otrosí la nación recibió un mayor beneficio que de no haber
extendido el contrato, y (v) inexistencia de amenaza y vulneración de los derechos
colectivos.
3.7. Ecopetrol S.A. (Fl. 1631-1655, 1658-1682) sostuvo que el contrato de
exploración y explotación fue celebrado de conformidad con el artículo 12 de la Ley
20 de 1969 y los artículos 1, 3 y 4 del Decreto 743 de 1975, normas que no perdieron
vigencia con la expedición de la Constitución de 1991, tanto que el artículo 76 de la
Ley 80 de 1993 dispuso que los contratos de exploración y explotación de recursos
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naturales renovables y no renovables continuarían rigiéndose por la legislación
especial que les fuera aplicable.
Expuso que el artículo 8 del Decreto 1760 de 2003 asignó como función del Consejo
Directivo de la ANH aprobar las modificaciones a los contratos de exploración y
explotación vigentes y los que celebrara Ecopetrol hasta el 31 de diciembre de 2003,
circunstancia que fue acreditada en este caso con la expedición de los Acuerdos
004 y 005 del 6 y del 14 de abril de 2004 en los que se aprobó la modificación del
contrato de asociación celebrado el 11 de junio de 1980.
Por lo demás, negó que se hubieran afectado los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, al patrimonio público y a la libre competencia.
Adujo que, de asistirle razón al demandante, lo procedente sería decretar la nulidad
absoluta del contrato pues recaería sobre objeto ilícito, y que dicha discusión no es
procedente en el trámite de la acción popular.
4. La sentencia impugnada
Mediante sentencia del 12 de noviembre de 2015, el Tribunal Administrativo de
Arauca negó las pretensiones de la demanda.
Luego de citar las disposiciones normativas que estimó aplicables, el Tribunal
concluyó que Ecopetrol sí se encontraba facultado para firmar el otrosí cuestionado.
En tal sentido, reconoció que el Decreto 1760 de 2003 limitó a Ecopetrol para la
celebración de contratos de exploración y explotación de Hidrocarburos a partir del
1 de enero de 2004, pero no los relacionados con el cumplimiento de sus objetivos
y, en todo caso, el contrato objeto de debate no era uno nuevo sino la modificación
de uno existente.
Negó que para la firma de la extensión se requiriera la expedición de una ley en
cumplimiento del inciso primero del artículo 360 de la Constitución, porque previo a
la Constitución de 1991 existían disposiciones que regulaban la explotación de
hidrocarburos, las cuales no quedaron derogadas con la nueva Constitución.
Destacó que, inclusive, el Decreto 1760 de 2003 tiene fuerza material de ley, y en
él se mantuvo la competencia de Ecopetrol para realizar los contratos relacionados
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con su objeto, de manera que podía tenerse «como concreción de la norma Superior
que reclama el demandante».
En cuanto a la moralidad administrativa, señaló que «no se observa en el expediente
que por haber tenido competencia Ecopetrol para suscribir el otrosí de extensión del
contrato de asociación Cravo Norte, se haya violado [ese] derecho colectivo».
Descartó una afectación al patrimonio público, debido a que no se desvirtuaron los
análisis técnicos y financieros que le sirvieron a Ecopetrol y a la ANH para suscribir
el otrosí. Agregó que tampoco se acreditó que si Ecopetrol hubiera asumido las
labores de exploración y explotación pudiera mantenerse la capacidad de
producción de los contratantes iniciales ni se demostró cuáles eran los beneficios
de no haberse extendido el contrato.
Desestimó que la suscripción del otrosí del contrato violara los artículos 1, 2, 3, 8,
13, 101, 332, 333, 334 y 360 de la Constitución.
En lo atinente a la violación a la libre competencia, sostuvo que era necesario
acreditar una afectación a una colectividad indeterminada, «en donde los derechos
de los consumidores por una parte, y por la otra, el orden y corrección del mercado
en sí mismo considerado, constituyen los bienes jurídicos protegidos…», sin
embargo, consideró que «no se demostró en el expediente que se haya impuesto
una limitación a la libre competencia mediante la decisión que adaptó la extensión
del contrato de concesión», puesto que su celebración se hizo con fundamento en
la ley, y se evaluaron las condiciones favorables que implicaba la decisión, «y
encontraron que traía mejores resultados que el escenario de asumir la petrolera
nacional la operación total del mismo».
5. El recurso de apelación
Inconforme con la anterior decisión, el demandante interpuso recurso de apelación
(fls. 2037-2039).
Como sustentó señaló que a quienes acuden a la acción popular se les viola el
derecho a la igualdad «por cuanto nos enfrentamos a grupos económicos
superpoderosos, como ocurre en este caso con la petrolera Occidental de Colombia
quien, “hizo hasta para vender” con sus” abogados petroleros”, “quien hizo lo que le
dio la gana durante 6 años y 4 meses, llevando el proceso a 2 juzgados
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administrativos, el Tribunal Administrativo de Arauca y de ñapa al Consejo de
Estado por competencia con dos (2) autos de admisión, etc, etc, et. Que horror».
De otra parte, adujo que la demanda «contiene unos argumentos ineluctables,
contra los cuales no puede lucharse de ninguna manera, por ello el proceso duró 6
años y 4 meses, en los que los “abogados petroleros” hicieron de todo, cambiaron
el significado de las palabras, como dice Jorge Villegas, para llegar a un resuelve
que es una vergüenza dentro de un Estado Social de Derecho».
Por lo demás, insistió en los argumentos propuestos en la demanda de que la
prórroga-extensión «hasta su límite económico” está viciada de nulidad absoluta
porque (i) fue firmada el 23 de abril de 2004, y para ese momento Ecopetrol no tenía
competencia de suscribir contratos de esa naturaleza; luego, la que debía hacerlo
era la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de conformidad con el Decreto 1760 de
2003; y (ii) porque la extensión del contrato hasta su límite económico implica que
la petrolera «tiene dominio absoluto hasta fecha indefinida, hasta el infinito…de lo
cual proviene la violación a nuestra soberanía… que resulta en el delito de traición
a la patria… [y] estamos nuevamente ante un caso-contrato de nulidad absoluta».
6. Actuación en segunda instancia
6.1. El recurso de apelación fue concedido en auto del 1 de diciembre de 2015 y
admitido por esta Corporación en providencia del 10 marzo de 2016 (fl. 2005).
6.2. En auto del 30 de junio de 2016, se corrió traslado a las partes para que
presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto (fl. 2054).
6.3. El Ministerio de Minas y Energías se pronunció en términos similares a la
contestación de la demanda.
6.4. En sus alegatos de conclusión, Occidental de Colombia LLC expuso que no se
acreditó ninguno de los hechos que sustentaron las pretensiones, y que debía
confirmarse la sentencia apelada.
Adujo que las actuaciones del demandante eran temerarias, y que en otro proceso
de igual naturaleza –85001-23-31-000-2010-00094-01–, mediante sentencia del 26
12
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de noviembre de 2015, el Consejo de Estado revocó las pretensiones concedidas
en primera instancia.
Se opuso a los argumentos del recurso de apelación, por considerar que carecían
de sustentos los reproches sobre la nulidad absoluta del otrosí del contrato.
6.5. Ecopetrol alegó, en esencia, que no estaba acreditada la vulneración de los
derechos e intereses colectivos atinentes a la moralidad administrativa, la defensa
del patrimonio público y la libre competencia.
6.6. La sociedad Occidental Andina LLC reiteró los argumentos expuestos a lo largo
del trámite de la primera instancia.
Agregó que Ecopetrol sí tenía competencia para firmar el otrosí del 23 de abril de
2004, y que la lectura del demandante parte de una interpretación equivocada de
las normas en la materia.
Solicitó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1437 de
2011, se aplicara el precedente contenido en la sentencia del 26 de noviembre de
2015, dictada por el Consejo de Estado en el radicado 85001-23-31-000-2010-
00094-01, en la que se negaron las pretensiones, y cuya discusión es de similares
supuestos fácticos y jurídicos a la de este proceso.
6.7. La Agencia Nacional de Hidrocarburos señaló que, en virtud de las
modificaciones realizadas en el Decreto Ley 1760 de 2003 y del Acuerdo 18 de 2004
expedido por el Consejo Directivo de la ANH, no se limitó la competencia de
Ecopetrol para suscribir las modificaciones a los contratos de exploración y
explotación vigentes a esa fecha, y que lo que se requería era la aprobación por
parte de la ANH, como se hizo.
Sostuvo que fue acertada la decisión del Tribunal de negar las pretensiones de la
demanda porque no se acreditó la vulneración alegada por el demandante.
6.8. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) sostuvo (i) que se reafirmaba
en los argumentos expuestos a lo largo del proceso, (ii) que no existe vulneración
de los derechos colectivos alegados, (iii) y que se configura la falta de legitimación
en la causa respecto de dicha entidad.
13
Radicación: 81001-23-31-000-2013-00001-01
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Con fundamento en ello pidió que se confirmara la sentencia de primera instancia y
se adicionara en el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
del DNP.
6.9. En escrito radicado el 23 de noviembre de 2017, el actor popular presentó una
solicitud probatoria, la cual fue negada por extemporánea, mediante auto del 4 de
mayo de 2018 (Fl. 2229).
III. CONSIDERACIONES
1. Normativa y régimen aplicable
Dado que la demanda se presentó en julio de 2009, le resultan aplicables, además
de las disposiciones de la Ley 472 de 1998, el Decreto 1 de 1984 en lugar de los
aspectos introducidos por la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en tanto que entró a regir
después del 2 de julio de 2012.
2. Jurisdicción y competencia
El inciso primero del artículo 15 de la Ley 472 de 19986 prevé que a la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo le corresponde conocer de las acciones populares
que se originen en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las
personas privadas que desempeñen funciones administrativas.
En este caso, la parte actora pretende la protección de los derechos colectivos a la
moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y la libre competencia
que, en su criterio, están siendo vulnerados por las autoridades accionadas, como
consecuencia de la firma de la extensión del contrato de asociación del 11 de junio
de 1980, esto es, el otrosí suscrito el 23 de abril de 2004.
Por consiguiente, esta jurisdicción es la encargada de resolver la controversia
planteada, por haber surgido con ocasión de la actividad de por lo menos una
entidad estatal, como es Ecopetrol.
6Ley 472 de 1998. “ARTÍCULO 15. JURISDICCIÓN. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las Acciones Populares
originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que
desempeñen funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones
vigentes sobre la materia.
En los demás casos, conocerá la jurisdicción ordinaria civil”.
14
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Ahora bien, de conformidad con el artículo 129 del Decreto 1 de 1984, el Consejo
de Estado tiene competencia para resolver el recurso de apelación 7 interpuesto
contra la sentencia del 12 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Arauca.
Además, el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 (compilatorio del Reglamento Interno
del Consejo de Estado) previó como asuntos a cargo de la Sección Tercera, la
resolución de «13. Las acciones populares que versen sobre asuntos contractuales
y aquellas relacionadas con el derecho a la moralidad administrativa».
3. Problema jurídico
A partir de los argumentos de la apelación, y conforme a lo debatido en el trámite
del proceso, la Sala deberá determinar si la acción popular es el mecanismo idóneo
para discutir la nulidad de la extensión del contrato de asociación celebrada el 23
de abril de 2008 por Ecopetrol y las sociedades Occidental de Colombia Inc. y
Occidental Andina LLC.
Asimismo, deberá analizarse si dicha extensión (otrosí) vulneró los derechos
colectivos a la moralidad administrativa, al patrimonio público y a la libre
competencia.
De darse una respuesta positiva, la Sala deberá revocar la sentencia apelada y, en
su lugar, declarar la vulneración alegada con las consecuencias que de allí se
deriven. En caso contrario, esto es, de ser improcedente el reclamo perseguido o
encontrarse ausentes las afectaciones alegadas, se confirmará la sentencia.
4. Las acciones populares y los derechos invocados en el presente asunto
La acción popular consagrada en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución
Política, reglamentada por la Ley 472 de 1998 y hoy reiterada por el artículo 144 del
CPACA como el medio de protección de derechos e intereses colectivos8, tiene
7 ARTICULO 129. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de
queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda,
o no se conceda el extraordinario de revisión...
8 “Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo
cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente,
hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a
su estado anterior cuando fuere posible. // Cuando la vulneración de los derechos e intereses
15
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como finalidad el amparo a los derechos de esa naturaleza cuando resulten
amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades o de los
particulares.
A partir de los términos contenidos en los artículos 1, 2, 4 y 9 de la Ley 472 de 1998,
los elementos necesarios para la procedencia de la acción popular son los
siguientes:
i) Se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración, o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible.
iii) Los derechos e intereses colectivos susceptibles de esta acción son todos
aquellos definidos como tales en la Constitución Política, las leyes ordinarias y los
tratados de derecho internacional celebrados por Colombia; en particular, aunque
no de manera excluyente, están cobijados por la acción popular los derechos
mencionados en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
iv) Puede ser ejercida por cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, o
también por las autoridades, organismos y entidades señalados en el artículo 12 de
la Ley 472 de 1998.
v) No interesa cuál sea la causa o el origen de la violación al derecho o interés
colectivo (acto, hecho, operación, omisión, contrato administrativo o cualquier otra
forma de manifestación de la administración pública); es decir, el centro de
imputación jurídica que determina la procedencia de la acción es el hecho de la
violación o amenaza de un derecho o interés de esa naturaleza, al margen de la
causa o motivo.
5.1. La moralidad administrativa
La moralidad administrativa –referida en el artículo 4, literal b) de la Ley 472 de
1998– constituye un bien jurídico de connotación abierta9, por ende, su estudio se
colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección,
inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u
otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas
que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos”.
9 HART, H.L.A. “El concepto del derecho”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires. Sobre este punto se
puede consultar igualmente: “La responsabilidad patrimonial del Estado frente al derecho colectivo
y el principio constitucional de la moralidad administrativa”, AMAYA Olaya, Uriel, IV Jornadas de
Derecho Constitucional y Administrativo, Ed. Universidad Externado de Colombia, Pág. 804.
16
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realiza con fundamento en el contenido axiológico y teleológico establecido en la
Constitución Política10, y según lo señalado por la jurisprudencia y la doctrina,
acerca de su doble naturaleza: como un derecho colectivo (art. 88 C.P. 11), y como
principio que debe guiar las funciones del Estado (art. 209 C.P.)12.
Como principio que rige la actividad de la Administración, su análisis y
determinación debe referirse a la finalidad que inspira el acto de cara al
ordenamiento jurídico, pues este impone a los servidores públicos y a los
particulares que administran recursos del Estado o que cumplen funciones públicas,
ejercer su actividad conforme al marco normativo vigente y motivados únicamente
por razones del servicio y la defensa de los intereses estatales y el interés general.
El juicio que se realiza en el marco de la acción popular no se estructura en la
convicción subjetiva del juez sobre la moral ni en cánones individuales de conciencia
o del «sentido del deber», sino sobre la verificación de que en el caso concreto la
entidad o el servidor público no hayan transgredido la ley ni obrado con propósitos
o móviles distintos a los fines públicos y generales que, conforme al derecho
aplicable, debían guiar su actividad y su conducta13.
10 “La moralidad no ha sido definida normativamente, con excepción del preciso intento del Código
de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo (CPACA) de darle un contenido
más concreto, que en su artículo 3 numeral 5 indica: ‘en virtud del principio de moralidad, todas las
personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las
actuaciones administrativas’; por ello ha sido la jurisprudencia la que, de manera amplia, se ha
ocupado de precisar los alcances del concepto de moralidad administrativa” Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 24 de marzo de 2021, exp. 2010-02540-01(AP), M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio.
11 “Artículo 88.- La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad públicos, la
moralidad administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza
que se definen en ella”.
12 “Artículo 209.- La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones…”.
13 Como lo ha señalado la jurisprudencia: “Desde esta perspectiva, ha de considerarse como
contrario a la moralidad administrativa toda actuación que no responda al interés de la colectividad
y específicamente, al desarrollo de los fines que se buscan con las facultades concedidas al
funcionario que lo ejecuta. La infracción de tal derecho colectivo se concreta en la existencia de
motivaciones extranormativas, que evaden las finalidades objetivamente determinadas para el
ejercicio de las funciones y potestades propias del servicio público y que apunta, en último término,
a la satisfacción de los intereses generales y el bien común. La motivación extranormativa, entonces,
se encamina a la satisfacción de intereses particulares –de la autoridad pública que ejerce
impropiamente sus funciones o de terceros e, incluso, de la misma administración pero sin un título
jurídico habilitante–. // Se advierte, por lo dicho, una estrecha vinculación entre este principio y la
desviación de poder, entendida ésta última como ‘el hecho del agente administrativo que, realizando
un acto de su competencia y respetando las formas impuestas por la legislación, usa de su poder en
casos, por motivos y para fines distintos de aquéllos en vista de los cuales este poder le ha sido
conferido’” (Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de
2014, exp. Nª 25000-23-15-000-2003-02181-01(AP), C.P. Hernán Adrade Rincón).
17
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Como derecho colectivo, está prevista en el artículo 4, literal b) de la Ley 472 de
1998, y según lo ha expuesto la jurisprudencia14, dicha es una norma en blanco, por
contener elementos cuya definición se encuentra en otras disposiciones, de manera
que, para aplicarla, el juez debe estarse a lo que prescribe la norma remitida,
respecto del concepto no definido en aquella.
Así, el propio artículo 4 prescribe que los derechos colectivos allí enunciados
«estarán definidos y regulados por las normas actualmente vigentes o las que se
expidan con posterioridad a la vigencia de la presente ley». En armonía, el artículo
7 de la misma Ley 472 señala que los derechos «protegidos por las acciones
populares y de grupo (…) se observarán y aplicarán de acuerdo a como están
definidos y regulados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que
vinculen a Colombia».
Si bien la protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa suele
procurarse salvaguardando el principio de legalidad, ello no quiere decir que todo
acto que infrinja el ordenamiento devenga en inmoral, de manera que el juicio que
se adelanta en la acción popular no necesariamente es de confrontación formal
entre la actuación reprochada al Estado y la normativa que la regulaba, sino que
trasciende o sobrepasa ese ejercicio para verificar que el proceder de la entidad
pública, al separarse del ordenamiento, se haya concretado en desmedro o con
desconocimiento de los fines y objetivos establecidos en la Constitución y en las
específicas reglas jurídicas aplicables al caso.
Al respecto esta Corporación ha dicho15:
i) [E]s posible que la moralidad se relacione con la ilegalidad, pero no es
necesario que para acreditar una conducta que atente contra el citado derecho
colectivo se demuestre indefectiblemente una actividad ilegal o ilícita, puesto
que es factible que el comportamiento que afecta la moralidad lo haga en virtud
del desconocimiento de principios o valores constitucionales. Como se precisó,
no toda inmoralidad supone ilegalidad, ni toda ilegalidad conlleva una
inmoralidad.
ii) uno de los principales escenarios en los que se enjuicia la moralidad
administrativa tiene que ver con comportamientos ilegales de la administración,
circunstancia por la cual el juez constitucional ostenta competencia para
identificar el tipo de actuación administrativa que amenaza o vulnera el derecho
(hecho, omisión, operación administrativa, contrato estatal o acto
14 Ver, entre otras, las sentencias dictadas por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Tercera, el 16 de febrero de 2001 –exp. Nº AP 170, C.P. Alier Eduardo
Hernández Enríquez- y el 26 de septiembre de 2002 –exp. Nº 41001-23-31-000-2002-0800-01(AP-
537) C.P. María Elena Giraldo Gómez.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2007, expediente AP 2004-
640, C.P. Enrique Gil Botero.
18
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administrativo) para determinar si es necesario el análisis de legalidad de la
misma, con el fin de proteger el derecho colectivo.
En otros términos, es posible que el juez de la acción popular tenga que
remover una actuación de la administración pública, pero siempre que sea
necesaria e indefectible para la protección del derecho colectivo a la moralidad
administrativa. En otros términos, el juez de la acción popular no puede realizar
un análisis de legalidad dejando de lado el estudio de la vulneración o amenaza
del derecho o interés colectivo.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha señalado que la moralidad
administrativa16 «no debe coincidir, en toda su extensión, con la legalidad, por lo
que debe evitarse el traslape total de las nociones, en tanto que, ‘en efecto,
confundir esos dos conceptos desde la óptica del control judicial de la actividad de
la administración implica, necesariamente, negar la existencia del primero, dado que
si se subsume por completo en la concepción clásica de legalidad, los mecanismos
judiciales contencioso administrativos resultarían suficientes y no se justificaría la
existencia de la acción popular para su protección’17.
Asimismo, esta Corporación unificó su jurisprudencia para precisar que la moralidad
administrativa, entendida como principio-derecho, se integra con dos elementos que
deben verificarse o constatarse para que proceda el amparo solicitado18:
[H]a sido uniforme la jurisprudencia en señalar que no toda ilegalidad constituye
vulneración a la moralidad administrativa; que el incumplimiento per se no
implica la violación al derecho colectivo: en palabras de la misma Corporación
`no se puede colectivizar toda transgresión a la ley`. Esto quiere decir que, si
bien el principio de legalidad es un elemento fundante de la moralidad
administrativa y, por ende, un campo donde se materializa en primer término la
violación del derecho colectivo, éste no es el único, pues debe concurrir un
elemento subjetivo para que se configure tal transgresión. Por ello, ha sido
enfática la jurisprudencia en cuestionar y rechazar aquellas acciones populares
erigidas únicamente sobre una argumentación pura de ilegalidad, en las que
so pretexto de proteger un derecho colectivo ponen a consideración del juez
constitucional un litigio particular, cuyo debate y decisión debiera hacerse
mediante el ejercicio de otro instrumento judicial, como los ahora denominados
medios de control contenciosos, entre ellos el de nulidad o el de nulidad y
restablecimiento del derecho, o la acción de cumplimiento si lo que se pretende
es el acatamiento de una norma con fuerza de ley o acto administrativo. Son
esos escenarios los propios para ejercer el control jurisdiccional de la legalidad
administrativa (…).
Elemento objetivo: Quebrantamiento del ordenamiento jurídico. Este elemento
puede darse en dos manifestaciones: (i) Conexidad con el principio de legalidad
y (ii) violación de los principios generales del derecho. (i) El primero
corresponde a la violación del contenido de una norma jurídica por la acción
(acto o contrato) u omisión de una entidad estatal o de un particular en ejercicio
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 24 de marzo de 2021,
exp. 2010-02540-01(AP), M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
17 Cita del original. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de junio de 2006, rad. 2003-
01069-02 (AP).
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativa, Sentencia de 1 de diciembre de
2015, expediente 2007-00033-01(AP).
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de una función pública. El acatamiento del servidor público o del particular que
ejerce una función pública a la ley caracteriza el recto ejercicio de la función
pública (…).
(ii) Pero también forman parte del ordenamiento jurídico colombiano aquellos
principios generales del derecho consagrados en la Constitución y la ley, como
los concretos de una materia. En este contexto y para efectos del derecho
colectivo, la acción u omisión reputada de inmoral en el ejercicio de una función
administrativa debe transgredir un principio del derecho, ya sea de carácter
general o que se aplique a un tema determinado, de manera que éste se
convierte, al lado de la regla, en otro criterio de control para la protección de la
moralidad administrativa.
(…) 2.2.2. Elemento subjetivo.
No se puede considerar vulnerado el derecho colectivo a la moralidad pública
sin hacer el juicio de moralidad de la actuación del funcionario para establecer
si incurrió en conductas amañadas, corruptas o arbitrarias y alejadas de los
fines de la correcta función pública. Aquí es donde se concreta el segundo
elemento. Consiste en que esa acción u omisión del funcionario en el
desempeño de las funciones administrativas debe acusarse de ser inmoral;
debe evidenciarse que el propósito particular del servidor se apartó del
cumplimiento del interés general, en aras de su propio favorecimiento o del de
un tercero.
5.2. La defensa del patrimonio público
Esta Corporación ha sostenido19 que la noción de patrimonio público como derecho
colectivo no sólo comprende los bienes inembargables, imprescriptibles e
inalienables del Estado colombiano junto con los que integran el territorio -de
acuerdo con los artículos 63 y 101 de la Constitución Política-, sino que también
abarca todos aquellos bienes, derechos y obligaciones de los que el Estado es
titular, y que se destinan al cumplimiento de las funciones que le asigna el
ordenamiento. La protección de todos estos recursos y elementos busca que los
mismos sean administrados en forma eficiente, transparente y responsable, bajo las
reglas previstas por la ley, especialmente en las normas presupuestales.
Desde esa línea, se tiene que la regulación legal de la defensa del patrimonio
público busca la salvaguarda normativa de los intereses colectivos, que prevalecen,
justamente, por traducirse en el «interés general» protegido por la Constitución
Política. Es en virtud de ello que el amparo jurídico del patrimonio público, como
derecho colectivo, se encamina a que el conjunto de bienes del Estado esté
destinado adecuadamente a la finalidad que se les ha señalado y se administre bajo
19 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera. Sentencia del 23
de septiembre de 2004, exp. Nº 25000-23-27-000-2003-1825-01(AP). C.P. Germán Rodríguez
Villamizar. En el mismo sentido, ver sentencia dictada por la Sección Cuarta de la misma
Corporación, el 31 de mayo de 2002, exp. Nº 25000-23-24-000-1999-9001-01(AP-300). C.P. Ligia
López Díaz.
20
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criterios de eficacia y rectitud20, lo que implica perseguir no solamente la
transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos, sino también
la utilización de los mecanismos respectivos de acuerdo con su objeto y, en
especial, con los fines del Estado.
Lo anterior significa que todo manejo indebido de los recursos por parte de la
Administración o por el particular que legalmente se encuentre a cargo de los
mismos, es violatorio del patrimonio público, ya sea porque el uso o destinación de
los bienes se hicieron de manera negligente o ineficiente, o porque se destinaron a
conceptos no previstos expresamente en la respectiva norma regulatoria, eventos
en los cuales la protección del indicado derecho colectivo es procedente por la vía
de la acción popular.
Así, se ha concluido que «la defensa del patrimonio público estudia dos elementos,
i) la existencia de un bien o conjunto de bienes de propiedad del Estado, y, ii) el
análisis de la gestión de ese patrimonio, de forma tal, que si ésta se hace de forma
irresponsable o negligente, pone en peligro el interés colectivo»21, y que en todo
caso, sin perjuicio de ello, en el análisis que le corresponde hacer al juez popular,
«no solo interesará la comprobación de la conducta descuidada, negligente o
imperita, sino que además, que se afecte el núcleo de ese derecho, aspecto que
reside en la realización de los fines del Estado»22.
La jurisprudencia también tiene por establecido la particular asociación que existe
entre la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, dado que en
forma recurrente la lesión del primero de tales derechos se materializa con la
afectación del segundo, y porque siendo la moralidad administrativa un derecho
colectivo cuyo contenido suele referir o comunicar otros bienes jurídicos, el más
frecuente de estos es el patrimonio público, a tal punto que “en la práctica, es difícil
concebir un evento en que la administración se separe de los imperativos del
principio de la moralidad sin afectar otros derechos colectivos como el de la defensa
del patrimonio público”23.
20 Al respecto, puede consultarse la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, el 8 de junio de 2001. Radicación 41001-23-31-000-
2004-00540-01(AP). C.P. Enrique Gil Botero.
21 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 14
de abril de 2016, exp. Nº 25000-23-41-000-2013-02622-01(AP). C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. Nº 73001-23-31-000-2010-00441-01 AP. C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
23 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera. Sentencia del 15
de agosto de 2007, exp. Nº 88001-23-31-000-2005-00004-01(AP) C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
21
Radicación: 81001-23-31-000-2013-00001-01
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En ese sentido, se ha señalado24:
Esta Corporación, dada la estrecha relación entre la moralidad administrativa y la
protección del patrimonio público, ha reconocido su íntima relación, pues el
correcto y adecuado manejo de los bienes y dineros públicos constituye una
expresión de la moral administrativa en el marco de una ética pública, que busca
asegurar, a través de un eficiente manejo, la adecuada protección de esos
derechos.
5.3. La libre competencia
De conformidad con el artículo 88 de la Constitución, la libre competencia es un
derecho colectivo, pero además hace parte del concepto de Constitución económica
(artículo 333 y ss) y tiene la calidad de derecho subjetivo. De modo que su
naturaleza es ambivalente y su alcance y protección está dado por las
circunstancias que rodeen la discusión.
La libre competencia, como derecho colectivo, asegura que los consumidores
puedan acceder a una diversidad de bienes y servicios a precios competitivos,
fomenta la innovación y la mejora continua de la calidad, dado que las empresas –
y el Estado mismo– están incentivadas a ofrecer productos superiores para captar
la preferencia del consumidor. En este sentido, la libre competencia actúa como un
mecanismo regulador del mercado, promueve la eficiencia económica y el bienestar
general de la sociedad. De allí que la protección de ese derecho sea esencial para
garantizar el correcto funcionamiento del mercado y para proteger a los
consumidores.
Este concepto se relaciona con la equidad en el mercado, pues busca que los
oferentes tengan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. De ese
modo, permite prevenir y sancionar prácticas monopólicas y conductas
anticompetitivas que puedan distorsionar el mercado. Así, se garantiza un mercado
más dinámico y justo, para lograr un equilibrio entre la libertad económica y la
protección de los derechos colectivos.
Es así como la Corte Constitucional ha explicado que:
[L]a libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades,
derecho que es protegido en los términos del artículo 88, como un derecho e
interés colectivo, y determina que Estado, por mandato de la ley, impedirá que
se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. Nº 73001-23-31-000-2010-00441-01 AP. C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
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Radicación: 81001-23-31-000-2013-00001-01
Demandante: Luis Enrique Olivera Petro
Demandado: Ecopetrol y otros
Clase de proceso: acción popular
abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el
mercado nacional. Por su parte, el artículo 334 prevé la dirección general de la
economía está a cargo del Estado y que este intervendrá, por mandato de la
ley, “en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios
públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el
plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente
sano.”25.
Sobre la vulneración de este derecho colectivo esta Corporación ha dicho que:
[L]a prueba de la infracción a la libre competencia económica esté dirigida a la
demostración de la afectación sufrida por el mercado, por la competencia en sí
misma considerada. Con la garantía de la libre competencia económica “…se
impulsa o promueve la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan
efectivo el derecho a la libre elección de los consumidores, y le permita al
Estado evitar la conformación de monopolios, prácticas restrictivas de la
competencia o eventuales abusos de posiciones dominantes que produzcan
distorsiones en el sistema económico competitivo. Así se garantiza tanto el
interés de los competidores, el colectivo de los consumidores y el interés
público del Estado”26.27
Esta idea fue reiterada por esta Subsección al señalar que el derecho colectivo a la
libre competencia está «relacionado con la posibilidad que tienen particulares y aún
el propio Estado de competir en igualdad de condiciones, previniendo el abuso de
quienes se encuentren en una posición de dominio, o restrictiva de la
competencia28».
6. La improcedencia de la acción popular para discutir la legalidad de los
contratos estatales
Bajo el imperio de la Ley 1437 de 2011, el juez de la protección de los derechos e
intereses colectivos no tiene competencia ni potestad para declarar la nulidad de los
contratos, a pesar de que es posible discutir a su alrededor circunstancias que
generen violación de esas prerrogativas. En esos casos, de encontrarse probada la
afectación, la atribución se limita a «adoptar las medidas que sean necesarias para
hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos» (artículo 144 del
CPACA).
25 Corte Constitucional, sentencia C-435 de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
26 Corte Constitucional, sentencia C-815 de 2001, citada.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2015, exp.
85001-23-31-000-2010-00094-01 (AP), M.P. Hernán Andrade Rincón.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2021, exp.
73001-23-31-000-2010-00441-01 (AP), M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación: 81001-23-31-000-2013-00001-01
Demandante: Luis Enrique Olivera Petro
Demandado: Ecopetrol y otros
Clase de proceso: acción popular
¿Luego, en las acciones populares no impactadas por la reforma introducida en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) se puede declarar la nulidad de un contrato estatal? Prontamente aflora
una respuesta negativa, dado que existe una línea consolidada y constitutiva de
precedente según la cual, en las acciones populares iniciadas antes de la entrada
en vigencia de la Ley 1437 de 2011 tampoco se puede declarar la nulidad de un
contrato estatal, puesto que para esa discusión existe el contencioso contractual.
Si bien en algunas decisiones esta Corporación aceptó que en las acciones
populares radicadas antes de la Ley 1437 de 2011 se podía debatir y declarar la
nulidad de los contratos estatales, en sentencia de unificación del 4 de octubre de
2021, se recogió esa tesis al concluir que:
En las acciones populares iniciadas antes de la expedición de la Ley 1437 de
2011, el juez no tiene la facultad de anular los contratos administrativos
que considere causa de la amenaza o violación de derechos colectivos.
En estos casos, el juez podrá adoptar las medidas materiales que los
garanticen; para el efecto, tiene la posibilidad de emitir cualquier otra orden de
hacer o no hacer que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto29.
(Resaltos de la Sala)
Dicha posición ha sido reiterada en posteriores decisiones; por ejemplo, en
sentencia del 2 de marzo de 2022 se dijo:
Respecto de los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012, fecha
de comienzo de la vigencia del CPACA30 y que, por lo tanto, se rigen por el
Código Contencioso Administrativo, la jurisprudencia administrativa sostuvo,
inicialmente, que sí era posible que el juez de la acción popular decretara la
nulidad del acto administrativo o del contrato que vulnerara los derechos o
interés colectivos31. Sin embargo, con posterioridad, mediante sentencia de
unificación de Sala Especial de Decisión n. 10, se precisó que, respecto de
procesos iniciados en vigencia del Código Contencioso Administrativo, no era
29 Consejo de Estado, Sala Décima Especial de Decisión, exp. 52001-33-31-008-2008-00304-01
(AP) REV
30 Cita original de la providencia. La demanda del presente expediente fue presentada el 24 de
febrero de 2012.
31 Cita original de la providencia. Inicialmente existieron decisiones que declararon la excepción
de inconstitucionalidad de la norma del CPACA en cuestión (Consejo de Estado, Secc. 3, Sentencia
del 26 de noviembre de 2013, rad. 2016663, exp. 25000-23-24-000-2011-00227-01 (AP). Sin
embargo, la limitante fue declarada exequible mediante la Sentencia C-644/11. Al respecto, en un
primer momento, la jurisprudencia
administrativa consideró que la limitación se aplicaba desde la notificación de la sentencia de la Corte
Constitucional (Consejo de Estado, Secc. 4, Sentencia de tutela del 12 de diciembre de 2014, rad.
11001-03-15-000-2014-00723-00(AC)). Con posterioridad, se precisó que la prohibición del CPACA
únicamente se predicaba de procesos iniciados durante su vigencia (Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia del 5 de febrero de 2019,
rad. 2136291, exp. 76001-33-31-703-2010-00109-01). Así, mediante sentencia de unificación de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, se sostuvo que para los procesos anteriores a la
vigencia del CPACA, sí era posible anular actos administrativos o contratos: Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo en sentencia del 14 de agosto de 2018, exp. 2009-00157-01 SU.
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Radicación: 81001-23-31-000-2013-00001-01
Demandante: Luis Enrique Olivera Petro
Demandado: Ecopetrol y otros
Clase de proceso: acción popular
posible anular contratos estatales32. Sin embargo, se aclaró que, para amparar
el derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado, el juez sí dispondría de
la facultad de imponer las obligaciones de hacer o de no hacer que resulten
necesarias, salvo la nulidad33.
Igualmente, el 16 de diciembre de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera de
esta Corporación reiteró que «el juez de la acción popular no puede decretar la
nulidad de contratos estatales so pretexto de buscar la protección de un derecho
colectivo ni en procesos de CCA ni tampoco de CPACA, por lo que, de encontrar
que con determinado acuerdo se vulnera o amenaza un derecho de esa naturaleza,
deberá adoptar otro tipo de medidas que le permitan lograr el fin indicado34».
7. Análisis de la Sala
Si en el recurso de apelación y a lo largo del trámite del proceso, el actor popular ha
insistido en que Ecopetrol no tenía competencia para firmar el otrosí del 23 de abril
de 2004 y que, en esa medida, dicho acuerdo se encuentra viciado de nulidad
absoluta, entonces se puede concluir sin mayor esfuerzo que la pretensión de
nulidad y, en general, el reclamo perseguido en esta demanda se encuentra
destinados al fracaso, toda vez que el juez de la acción popular carece de
competencia para declarar la nulidad de un contrato estatal.
En otras palabras, como se cuestiona la falta de competencia de una entidad para
suscribir un acuerdo de voluntades, dicha discusión se encuentra en el marco de la
capacidad contractual, cuyo desconocimiento o sustracción generaría un vicio en el
contrato, por tanto, la acción popular resulta abiertamente inidónea para ese fin,
habida cuenta de que el legislador estableció un mecanismo por antonomasia,
principal y autónomo en el que se deben discutir los aspectos referidos a la actividad
contractual del Estado, como es, el contencioso contractual, sin perjuicio de algunas
excepciones en aspectos concretos.
Ello permite reiterar que la elección del medio de control o el mecanismo judicial no
es una elección totalmente libre y caprichosa de la parte actora, sino que debe estar
32 Cita original de la providencia. “En las acciones populares iniciadas antes de la expedición de
la Ley 1437 de 2011, el juez no tiene la facultad de anular los contratos administrativos que considere
causa de la amenaza o violación de derechos colectivos. En estos casos, el juez podrá adoptar las
medidas materiales que los garanticen; para el efecto, tiene la posibilidad de emitir cualquier otra
orden de hacer o no hacer que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto”: Consejo de
Estado, Sala Especial de Decisión n. 10, Sentencia del 4 de octubre de 2021, exp 52001-33-31-008-
2008-00304-01(AP).
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, exp. 25000-23-24-000-2012-00252-01, C.P.
Alberto Montaña Plata.
34 Sentencia Exp. 25000-23-15-000-2010-02609-01 (A.P.) C.P. Nicolás Yepes Corrales.
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Radicación: 81001-23-31-000-2013-00001-01
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Clase de proceso: acción popular
en consonancia con la finalidad y el objeto que respecto de la pretensión, la acción,
el proceso, o el medio de control –según se quiera denominar– estableció el
legislador o que se derive de la naturaleza de la discusión, a fin de no distorsionar
la coherencia del sistema procesal ni desconocer la garantía del juez natural ni la
plenitud de las formas propias de cada juicio.
Debe recordarse que:
La acción popular no tiene un carácter supletivo o residual frente a otras
acciones judiciales, sino que se caracteriza por ser autónoma y principal dado
que su objeto es la protección de derechos colectivos. Ello no implica que las
facultades del juez de la acción popular sean ilimitadas, pues […no] ni es el
mecanismo para cuestionar la validez de contratos estatales o estudiar
controversias que deben tramitarse a través de los medios de control ordinarios
(v.gr. acción de controversias contractuales)35.
En efecto, si bien en el campo de la actividad contractual del Estado puede
encontrarse involucrado un derecho colectivo, ello no significa que la acción
popular sea el mecanismo para estudiar la nulidad del contrato o el
incumplimiento de sus obligaciones, pues la acción popular no reemplaza la
acción de controversias contractuales que, precisamente, está instituida para
obtener esas declaraciones y el resarcimiento patrimonial correspondiente36.37
De manera que, en lo que corresponde a esa discusión, la apelación no está
llamada a prosperar.
Ahora bien, si la Sala dejara de lado la pretensión de nulidad absoluta del otrosí
(extensión al contrato de asociación), y se orientara a constatar la existencia de una
acción u omisión vulneradora de los derechos colectivos, tampoco encuentra razón
para revocar la sentencia apelada, porque la parte actora no acreditó ninguno de
los aspectos alegados: no se evidencia violación al patrimonio público ni ninguno de
los criterios –objetivo y subjetivo– que debían concurrir para establecer la lesión a
la moralidad administrativa ni que se hubiese violado la libre competencia.
Como puede verse en el recurso de apelación, la parte actora no enfiló sus
argumentos con el fin directo de demostrar desatino, error de juicio o de raciocinio
en la providencia apelada. En su lugar, la mayoría de las razones que lo sustentan
35 Cita original de la providencia. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de
octubre de 2.005, Rad. AP 20001-23-31-000-2001-01588-01 [fundamento jurídico 2] en Antología
Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá,
Imprenta Nacional, 2018, pp. 916-917.
36 Cita original de la providencia. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de junio
de 2007, Rad. 16020 [fundamento jurídico 2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo
de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 788.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 27 de abril de 2020, exp. 81001-
23-39-000-2015-00023-01(AP), C.P. Guillermo Sánchez Luque.
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Radicación: 81001-23-31-000-2013-00001-01
Demandante: Luis Enrique Olivera Petro
Demandado: Ecopetrol y otros
Clase de proceso: acción popular
están por fuera de la argumentación jurídica y de la congruencia que debe guiar la
inconformidad en contra de una providencia.
El recurso de apelación ha debido revelar o poner en evidencia qué aspectos de la
sentencia son errados, cuál prueba fue indebidamente valorada, cómo se acreditó
la vulneración de los derechos colectivos, qué normas desconoció la sentencia
apelada o alguna circunstancia de similar naturaleza. En otras palabras, mostrar la
teoría del caso expuesta por el actor a lo largo del proceso, a partir de las pruebas
y fundamentos normativos, y cómo el Tribunal se separó de esa situación.
En cambio, el actor popular alude a una demora en el proceso, a las actuaciones en
el trámite de la primera instancia, a calificaciones frente a los apoderados judiciales
de las partes y a situaciones que no son del campo del proceso, y que, en esa línea
de pensamiento, no pueden ser un parámetro de confrontación de una providencia
en sede de corrección.
Con todo, como en la apelación se mencionan dos aspectos de la contienda
relativos a la imposibilidad de suscripción de la prórroga por parte de Ecopetrol y a
la extensión del contrato hasta su límite económico, la Sala examinará la
controversia para demostrar la tesis de que no se acreditó la vulneración alegada.
Lo anterior bajo el entendido de que frente a ellos se cumplió el presupuesto de
carga argumentativa mínima.
En primer lugar, el actor popular sostuvo que Ecopetrol no tenía competencia para
suscribir el otrosí del 23 de abril de 2004, dado que como consecuencia de la
expedición del Decreto 1760 de 2003, dicha autoridad solo podía celebrar contratos
hasta diciembre de 2003, pues desde el 1 de enero de 2004, se trasladó a la Agencia
Nacional de Hidrocarburos la facultad de celebrar contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos.
La Sala encuentra que mediante Decreto con fuerza material de ley 1760 de 200338,
se creó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), bajo la categoría de unidad
administrativa especial con personería jurídica (art. 2), para que se encargara de
«la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la
Nación» (art. 4). Entre sus funciones se incluyó las de «5.1 Administrar las áreas
hidrocarburíferas de la Nación y asignarlas para su exploración y explotación», y
38 Este decreto se examina a la luz de las disposiciones vigentes al momento de los hechos alegados
en la demanda.
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Radicación: 81001-23-31-000-2013-00001-01
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Demandado: Ecopetrol y otros
Clase de proceso: acción popular
«5.3 Diseñar, promover, negociar, celebrar, hacer seguimiento, y administrar los
nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la
Nación, en los términos del artículo 76 de la Ley 80 de 1993 y las normas que la
sustituyan, modifiquen o adicionen.» (Art. 5).
Para armonizar dicha competencia, se aclaró que «para los efectos [de ese decreto]
y de las competencias en él atribuidas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
ANH» debía entenderse «por nuevos contratos de exploración y explotación de
hidrocarburos los que celebre la Agencia a partir del 1º de enero de 2004».
(parágrafo 1 del artículo 5).
Ese instrumento estableció que el Consejo Directivo de la ANH tenía entre sus
funciones las de «8.7 Aprobar las modificaciones a los contratos de exploración y
explotación vigentes, a los que suscriba Ecopetrol S. A. hasta el 31 de diciembre de
2003 y a aquellos que suscriba la Agencia Nacional de Hidrocarburos». (art. 8).
Cierto es entonces que, con la expedición de las anteriores disposiciones
normativas, la competencia para firmar nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos pasó a estar en cabeza de la ANH, previa aprobación
de su consejo directivo. Esta exigencia se extendió a los contratos de Ecopetrol
vigentes, es decir, que requerían la aprobación del Consejo Directivo de la ANH, sin
embargo, no se derogó ni eliminó la competencia de Ecopetrol para modificar los
contratos que tenía vigentes antes de la expedición de esa legislación y que
estuvieran relacionados con su objeto.
Es por ello que el artículo 19 se refirió a los nuevos contratos de exploración y
explotación sobre áreas objeto de contratos celebrados por Ecopetrol hasta el 31
de diciembre de 2003. Pues, al complementarse su lectura con el artículo 34, se
establece como objetivo de Ecopetrol «La exploración y explotación de las áreas
vinculadas a todos los contratos celebrados hasta el 31 de diciembre de 2003, las
que hasta esa fecha estén siendo operadas directamente y las que le sean
asignadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH», para lo cual, se le dotó
de la competencia de «35.4 Realizar todos los actos y negocios jurídicos que se
requieran para el cumplimiento de los objetivos y funciones a cargo de la sociedad».
De esta manera, la Sala considera que Ecopetrol sí tenía facultades para suscribir
el otrosí del 23 de abril de 2004, pues dicho acuerdo no constituía un contrato
autónomo o nuevo sino la modificación y ampliación de uno preexistente sobre un
28
Radicación: 81001-23-31-000-2013-00001-01
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Demandado: Ecopetrol y otros
Clase de proceso: acción popular
área que ya había sido objeto de convenio entre las partes. Bajo ese entendimiento,
no puede concluirse que esa situación implicó la vulneración de los derechos
colectivos al patrimonio público, a la moralidad administrativa ni a la libre
competencia.
En cuanto a la moralidad administrativa, no se cumple el criterio objetivo consistente
en la transgresión del ordenamiento jurídico aplicable, pues la modificación
cuestionada no es contraria a las competencias establecidas en el Decreto 1760 de
2003. Tal y como lo analizó el Tribunal de primera instancia, la celebración de dicho
otrosí no fue en contravía de las disposiciones normativas, sino en cumplimiento de
las mismas, prueba de ello es que el otrosí por haber sido posterior al 31 de
diciembre de 2003, contó con la aprobación del Consejo Directivo de la ANH, y el
hecho de que hubiese sido en el 2004 no obligaba a que la celebración debiera estar
a cargo de la ANH por ser una relación anterior que sufrió una modificación.
Esta Subsección al estudiar por vía de acción popular la suscripción de un otrosí a
un contrato de exploración de hidrocarburos realizada por parte de Ecopetrol con
posterioridad al 31 de diciembre de 2003 concluyó:
En el caso concreto, se advierte que el análisis efectuado por el a quo, a más
de soslayar, se reitera, la verificación de la afectación o amenaza de un derecho
colectivo –lo cual resultaría suficiente para revocar la sentencia impugnada–,
se alejó de los textos normativos que regulaban la competencia de
Ecopetrol S.A. y de la ANH para tal época, particularmente de lo previsto
en el Decreto 1760 de 2003, del que se deriva, sin dubitación, que aquella
era la competente para la exploración y explotación de las áreas
vinculadas a los contratos celebrados hasta el 31 de diciembre de 2003
(numeral 1 del artículo 34), para lo cual podía realizar todos los actos y
negocios jurídicos requeridos para tales efectos (numeral 4 del artículo 35),
previa autorización del Consejo Directivo de la ANH (numeral 3 del artículo
8). En cuanto a las competencias de la ANH se advierte del mismo cuerpo
normativo, que a ella le correspondía el diseño, promoción, negociación,
celebración, seguimiento y administración de los contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación (numeral 3 del artículo
5), celebrados a partir del 1 de enero de 2004 (parágrafo 1 del artículo 5).
De lo anterior se tiene, entonces, que al ser el contrato se asociación “Garcero”
uno de los contratos celebrados por Ecopetrol antes del 31 de diciembre
de 2003 (se encuentra demostrada su suscripción el 5 de enero de 1981), es a
los que se refiere el numeral 1 del artículo 34 del Decreto 1760 de 2003 y,
por lo mismo, la entidad competente para modificarlo era Ecopetrol, previa
autorización del Consejo de Directivo de la ANH, en los términos del numeral 3
del artículo 8 ejusdem.
Así las cosas, no existiendo incorrección alguna en la suscripción de “otrosí” al
contrato de asociación “Garcero”, en punto de la competencia, ninguna
vulneración o amenaza a algún derecho colectivo podría derivarse, por lo cual
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Radicación: 81001-23-31-000-2013-00001-01
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Clase de proceso: acción popular
la declaratoria de nulidad del mencionado negocio jurídico resultó abiertamente
improcedente39. (Resaltos de la Sala).
Dicha decisión corresponde a un asunto de igual contorno40 al que aquí se examina,
y permite apuntalar la conclusión sobre la competencia de Ecopetrol en la materia
analizada y, en esa medida, de la ausencia de vulneración alegada.
Tampoco es cierto que con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se
requería la expedición de una ley especial para la celebración del otrosí. De un lado,
correspondía una relación jurídica preexistente y, de otra parte, la misma Ley 80 de
1993, estableció en su artículo 76 que:
Los contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y
no renovables, así como los concernientes a la comercialización y demás
actividades comerciales e industriales propias de las entidades estatales a las
que correspondan las competencias para estos asuntos, continuarán
rigiéndose por la legislación especial que les sea aplicable. Las entidades
estatales dedicadas a dichas actividades determinarán en sus reglamentos
internos el procedimiento de selección de los contratistas, las cláusulas
excepcionales que podrán pactarse, las cuantías y los trámites a que deben
sujetarse.
Lo anterior, precisamente, porque la nueva estructura constitucional no dio al traste
con todas las normas preconstitucionales ni las disposiciones normativas
relacionadas con las relaciones jurídicas derivadas de la exploración y explotación
de hidrocarburos tales como el Código de Petróleos contenido en el Decreto 1056
de 1953.
Debe recordarse que la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que las
normas preexistentes a la Constitución de 1991 no perdieron vigencia automática
como consecuencia de la adopción de la nueva Carta Política:
3.2. En ese sentido, ha de entenderse que el tránsito constitucional no conduce
a la desaparición de las normas expedidas durante la vigencia de la
Constitución derogada y, por tanto, que “la legislación preexistente conserva
toda su vigencia en la medida en que no se oponga a los dictados de la nueva
Carta Política”41. En palabras de la Corte, tal criterio de interpretación también
va en la dirección de satisfacer el principio de seguridad jurídica y certidumbre,
en cuanto constituye una “exigencia ineludible de la necesidad de evitar
traumatismos que en algunos casos bien podrían conducir al caos del
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2015, exp.
85001-23-31-000-2010-00094-01 (AP), M.P. Hernán Andrade Rincón.
40 Con la diferencia de que en ese momento la sentencia sostuvo la tesis de que era viable declarar
la nulidad de un contrato estatal por vulneración de derechos colectivos. Esa posición específica no
tiene aplicación en la actualidad.
41 Cita original de la Corte. Sentencia C-1174 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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Radicación: 81001-23-31-000-2013-00001-01
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Clase de proceso: acción popular
ordenamiento o, cuando menos, a una manifiesta incertidumbre acerca de la
vigencia de sus normas”42.
3.3. Siguiendo el anterior criterio, ha precisado esta Corporación que para
definir si una ley anterior es compatible con la Constitución del 91, la diferencia
entre una y otra “debe llegar al nivel de una incompatibilidad real, de una
contradicción manifiesta e insuperable entre los contenidos de las
proposiciones de la Carta con los de la ley preexistente”43. De lo que se deduce
que no es suficiente con que exista una simple diferencia entre la disposición
preconstitucional y los fundamentos del nuevo Estatuto Superior, sino que es
necesario que se trate de proposiciones antinómicas e irreconciliables para que
se entienda que el texto legal ha desaparecido del ordenamiento o debe
desaparecer. Dicha posición es la que mejor interpreta el mandato contenido
en el artículo 9° de la Ley 153 de 1887, el cual, reconociendo el valor normativo
de los textos constitucionales, prevé que “La Constitución es ley reformatoria y
derogatoria de la legislación preexistente”, y que toda preceptiva legal anterior
a la Carta se desechará como insubsistente, cuando “sea claramente contraria
a su letra o a su espíritu”. (Negrillas y subrayas fuera del texto original).
3.4. Ahora bien, si la posición dominante es la que propugna por la vigencia de
la legislación preexistente, la definición sobre la insubsistencia de una
norma anterior que se encuentre en abierta contradicción con la
Constitución, requiere necesariamente de la declaratoria de
inconstitucionalidad, excluyéndose la posibilidad de dictar un fallo inhibitorio
por carencia actual de objeto, ante la presunta ocurrencia del fenómeno jurídico
de la derogatoria tácita44.
De suerte que sin una declaratoria de inexequibilidad u otra circunstancia que
permitiera determinar la falta de vigor de las disposiciones especiales en materia de
exploración y explotación de hidrocarburos no puede pensarse que existía un deber
de contar con régimen sui generis y novedoso a la luz del artículo 360 de la
Constitución.
En lo que atañe al debate en torno a la extensión del contrato hasta su límite
económico, la Sala no encuentra ninguna razón que respalda el reproche de la
demanda ni de la apelación, pues el actor se limita a señalar que tal estipulación
constituye una violación a la soberanía sin acreditar ni razonar por qué la
delimitación del contrato hasta su límite económico vulnera los derechos colectivos.
No puede decirse sin elementos técnicos que los respalden que Ecopetrol tenía
mejores posibilidades económicas o un mayor provecho con la reversión del
contrato que con su extensión, simplemente porque en criterio del demandante, el
Estado debía asumir directa y totalmente la explotación de los hidrocarburos. Dicha
prueba no está dada con la simple aportación de un libro o de un documento
42 Cita original de la Corte. Sentencia C-014 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.
43 Cita original de la Corte. Sentencia Ibídem.
44 Corte Constitucional, sentencia C-570 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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Clase de proceso: acción popular
académico, sin un análisis particular de las circunstancias del caso específico y de
las razones que justificaron la extensión.
En contraste, consta en el expediente que la celebración del otrosí estuvo precedida
de diversos análisis como las Actas 006 y 007 del Consejo Directivo de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, el Documentos Conpes 3245 del 15 de septiembre de
2003 adoptado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en este
último dicho organismo recomendó a la ANH y a Ecopetrol «adoptar y aplicar la
estrategia de extender en el tiempo los contratos de asociación vigentes hasta su
límite económico y definir los términos y condiciones para ello sobre la base que
reporte las mejores ventajas para hacerlo».
Como lo expuso la primera instancia, la parte actora no demuestra con estudios
técnicos, datos o pruebas de otra naturaleza que los elementos que sirvieron de
base para la aprobación del otrosí permitieran concluir que esa negociación debía
haber adoptado un camino diferente al que las partes contratantes convinieron o,
aún más, que se vulnerara los derechos colectivos alegados.
No basta con señalar que esa actividad debía ser realizada de manera autónoma y
directa por el Estado, para que siga automáticamente la prueba del desconocimiento
de los derechos colectivos. Nada se aporta que refleje el daño al patrimonio público
ni tampoco a la moral administrativa, porque, como se ha señalado, no se dan
elementos que den cuenta que existe una infracción objetiva al orden jurídico.
Mucho menos la Sala puede concluir que la extensión del contrato constituye una
violación del derecho a la libre competencia. Si se analiza ese aspecto de la
demanda, en criterio del actor popular la libre competencia se vulneró porque debía
darse la reversión del contrato a Ecopetrol; sin embargo, esa afirmación no tiene
relación directa ni razonada con la posibilidad que otras personas pudieran
participar en condiciones de igualdad o de que se hubiese adoptado una
circunstancia que afectara al mercado o a los consumidores.
Si lo que se reclama era la afectación de ese derecho entonces la argumentación y
las pruebas debieron dirigirse a demostrar que se afectó un marco de libre
concurrencia para que otros sujetos pudieran participar en ese desarrollo negocial,
que se afectó el mercado de hidrocarburos o los derechos de los consumidores; y
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Radicación: 81001-23-31-000-2013-00001-01
Demandante: Luis Enrique Olivera Petro
Demandado: Ecopetrol y otros
Clase de proceso: acción popular
que hubo una restricción injustificada de esa libertad; sin embargo, como se
estableció por esta Corporación en un caso anterior sobre este mismo debate
[L]a posible vulneración del derecho a la libre competencia económica por
afectar el mercado al impedir el acceso de otros posibles operadores a las
áreas de exploración y explotación contratadas, no deja de ser una restricción
justificable por el mayor beneficio económico que recibiría la colectividad y que
resultó demostrado en los análisis financieros efectuados por Ecopetrol S.A. y
avalados por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos45.
Así las cosas, y en tanto este mecanismo judicial está previsto para la protección y
defensa de derechos colectivos efectiva y potencialmente amenazados o
vulnerados, circunstancia que no se acredita en el presente caso, la Sala confirmará
la sentencia apelada.
8. Costas
En relación con la procedencia y reconocimiento de condena en costas en acciones
populares, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación unificó
su jurisprudencia en sentencia del 6 de agosto de 2019, en la que estableció, entre
otras, la siguiente regla46: “165. Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte
demandada y a cargo del actor popular, cuando este último actuó temerariamente
o de mala fe, caso en el cual también habrá lugar a imponer la multa prevista en el
artículo 38 de la Ley 472 de 1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda
sea decidida en contra. En este evento la condena en costas sólo admite el
reconocimiento de los honorarios y de las expensas, pues al tenor del artículo 364
del Código General del Proceso, es claro que las agencias en derecho no
corresponden a los honorarios a los que se refiere la norma, pues ellos se señalan
en relación con los auxiliares de la justicia”.
En el asunto que se analiza no se evidencia que el actor hubiera procedido con
temeridad ni mala fe, durante el curso del proceso, por lo que la Sala se abstendrá
de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2015, exp.
85001-23-31-000-2010-00094-01 (AP), M.P. Hernán Andrade Rincón.
46 Exp. 2017-00036-01(AP)REV-SU, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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Radicación: 81001-23-31-000-2013-00001-01
Demandante: Luis Enrique Olivera Petro
Demandado: Ecopetrol y otros
Clase de proceso: acción popular
F A L L A:
PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2015 por el
Tribunal Administrativo de Arauca en la que se negaron las pretensiones de la
demanda, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
VF
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