Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2006-00244-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2006-00244-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 50001-23-31-000-2006-00244-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
3 de abril de 2025
Radicación: 50001-23-31-000-2006-00244-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001-23-31-000-2006-00244-01
Demandante: Inversiones Luna Roja Ltda
Demandado: Municipio de Villavicencio
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra
la sentencia de 29 de octubre de 2015, proferida por la Sala de Descongestión
Itinerante de Tribunal Administrativo con sede en Bogotá.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
La sociedad Inversiones Luna Roja Ltda., a través de apoderado judicial, en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA),
presentó demanda contra el Municipio de Villavicencio; para el efecto formuló
las siguientes pretensiones:
«2.1 Pretensión Primera y Principal: Que se declare la nulidad de la totalidad
del Acto Administrativo de fecha Febrero 17 de 2005 (equivocadamente
señalado en el acto como de 2004), expedido por el Director del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, por medio del cual se dio respuesta al
derecho de petición radicado el 3 de febrero de 2005 en la secretaría de
Hacienda Municipal de Villavicencio por el señor Camilo Humberto Torres Orozco
en su calidad de representante legal de la sociedad Inversiones Luna Roja Ltda.
2.2 Pretensión Segunda Principal: Que se declare la nulidad de la totalidad
del Acto Administrativo de fecha Febrero (sic) 1° de Marzo de 2005, expedido
por el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, por
medio del cual se dio respuesta al derecho de petición radicado el 3 de febrero
de 2005, en la secretaría de Hacienda Municipal de Villavicencio por el señor
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Camilo Humberto Torres Orozco en su calidad de representante legal de la
sociedad Inversiones Luna Roja Ltda.
2.3 Pretensión Tercera Principal: Que se declare la nulidad de la totalidad
de la Resolución No. 042 del 23 de Mayo de 2005 expedida por Director del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
2.4 Pretensión Cuarta Principal: Que se declare la nulidad de la totalidad de
la Resolución No. 193 del 3 de Noviembre de 2005 expedida por el Alcalde del
Municipio de Villavicencio.
2.5 Pretensión Quinta Principal: Que en virtud de la declaratoria de nulidad
señalada en las Pretensiones Primera, Segunda, Tercera y Cuarta principal, se
restablezca el derecho de la sociedad que represento, declarando expresamente
que el predio identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 230-85847
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio y la Cédula
Catastral No. 00-01-0004-0259-000 no es sujeto de participación en plusvalía.
2.6 Pretensión Sexta Principal: Que en virtud de la declaratoria de Nulidad
señalada en las Pretensiones Primera, Segunda, Tercera y Cuarta principal, y
de la declaratoria señalada en la Pretensión Quinta Principal, se restablezca el
derecho de mi representada, ordenando la devolución del dinero pagado o que
se tenga que pagar por concepto de plusvalía para el predio identificado con el
Folio de Matricula Inmobiliaria No. 230-85847 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Villavicencio, a título de daño emergente, y se
condene al pago de lo dejado de percibir por mi representada por no haber
obtenido la Licencia de Urbanismo en tiempo, a título de Lucro Cesante, desde
el día 17 de Febrero de 2005». (Negrillas y subrayas de la Sala).
Hechos
La sociedad demandante manifestó ser la propietaria del inmueble ubicado en
la zona suburbana nro. 1 del Municipio de Villavicencio, identificado con folio
de matrícula nro. 230-85847 y cédula catastral nro. 00-01-0004-0259-000.
Indicó que, mediante petición de 3 de febrero de 2005, solicitó a la Secretaría
de Hacienda de Villavicencio una certificación en la que constara que el predio
de su propiedad no era objeto de participación en plusvalía.
Refirió que, en respuesta a la anterior solicitud, el director Administrativo de
Planeación y Director Técnico de Desarrollo Urbano del municipio, mediante
escrito de 17 de febrero de 2005, le indicó que, «de conformidad con el plano
nro. 20 -Áreas beneficiadas con las acciones generadoras de la participación
en plusvalía, el cual hacía parte integral del POT- el predio objeto de consulta
se encuentra inmerso en esta área, razón por la que para realizar cualquier
intervención se debe cancelar la plusvalía a favor del Municipio por la
incorporación del suelo rural a suelo suburbano. // De acuerdo con lo anterior
informo que la propiedad rural con cédula catastral no. 00-001-0004-0259-
000, matrícula inmobiliaria no. 230-85847 registro Villavicencio, si es sujeto
de participación en plusvalía dado que se encuentra en un suelo con
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características de suelo suburbano como se menciona en el plano no. 20 del
POT y en su numeral 1 del artículo 74 de la Ley 388 de 1997, una vez decidan
realizar el respectivo pago de este gravamen, deben acercarse a las oficinas
de DAPM donde gustosos comenzaremos con el trámite pertinente para el
recaudo de esta contribución».
Manifestó que, mediante escrito de 19 de abril de 2005, interpuso recursos de
reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de «los actos administrativos
de fecha marzo 1 de 2005 y febrero 17 de 2005 (equivocadamente señalado
en el acto como de 2004)»; como pretensiones en el recurso elevó las
siguientes:
«Principal: se revoque en su totalidad el acto administrativo de fecha 17 de
febrero de 2005 y se certifique que el predio no es sujeto de participación en
plusvalía.
Subsidiaria: que en el evento de liquidarse el efecto de plusvalía para el predio
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 230-85847 deben
realizarse en condiciones de igualdad respecto de los predios que ya fueron
objeto de liquidación». (Negrillas y subrayas de la Sala).
Señaló que, mediante la Resolución nro. 042 de 23 de mayo de 2005, la
entidad resolvió el recurso de reposición, negando las pretensiones.
Afirmó que, mediante comunicación de 1° de julio de 2005, la sociedad
demandante dio alcance al recurso, solicitando que se tuviera como prueba el
oficio de 4 de febrero 2005, en la que se expresó que, conforme al artículo 73
de la Ley 388 de 1997, «se infiere entonces que la contribución por efecto de
plusvalía aplicaría solamente sobre el suelo urbano».
Sostuvo que, mediante comunicación de 25 de julio de 2005, nuevamente dio
alcance al recurso de apelación señalando que anexaba «los documentos
necesarios para la liquidación del impuesto de plusvalía, en caso de que se
accediera a la petición subsidiaria del recurso».
Manifestó que, a través de la Resolución nro. 193 de 2005, el alcalde del
Municipio de Villavicencio confirmó lo establecido en la Resolución nro. 042 de
2005.
Normas violadas y concepto de la violación
Para sustentar este punto la parte demandante expuso los siguientes
acápites:
«Violación en las normas en las que debía fundarse, violación directa de
normas de superior jerarquía: violación directa del artículo 13 de la
Constitución Política y los artículos 74 y 83 de la Ley 388 de 1997»
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Consideró que el predio objeto de la litis se encontraba en un suelo con
características de suelo suburbano, por lo que hacía parte del suelo rural del
Municipio de Villavicencio; sin embargo, con la expedición del Decreto 353
de 2000, esto es, el Plan de Ordenamiento Territorial (en adelante POT),
«se incorporó dicho terreno rural a un área de suelo suburbano,
configurándose uno de los hechos generadores de la participación de la
plusvalía de conformidad con los señalado en el artículo 74 de la Ley 388 de
1997», (...) «lo que quiere decir que surgió la obligación tributaria,
momento que se diferencia radicalmente de su exigibilidad y cobro».
Aseguró que, de configurarse los eventos señalados en artículo 83 de la Ley
388 de 1997, surgía para el propietario del predio la obligación de pagar la
respectiva participación, una vez cumplido el procedimiento para la
determinación y la liquidación del efecto plusvalía. Adujo que «la
participación en plusvalía se generó en el momento en que fue expedido el
Decreto 353 de 2000, mediante el cual se modificó el uso del suelo del
inmueble, debió iniciarse el procedimiento para la liquidación del efecto de
plusvalía, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81 del Plan de
Ordenamiento Territorial».
Señaló que el POT fue modificado por el Acuerdo 021 de 2002, por lo que
«desapareció el hecho generador del efecto de plusvalía para el predio
señalado, pues la norma actualmente aplicable al mismo, esto es, el artículo
14 del Acuerdo 021, no generó ninguna modificación en las condiciones
urbanísticas del predio, ni en la clasificación del suelo».
Sostuvo que, conforme a lo anterior, no resultaba acertado afirmar que el
inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria nro. 230-85847
era objeto de participación en plusvalía, por lo que los actos acusados
desconocían los artículos 74 y 83 de la Ley 388 de 1997, al declarar objeto
del efecto plusvalía un predio, sin existir uno de los elementos fundamentales
de la obligación tributaria como lo sería el hecho generador.
Indicó que, en el presente caso, tampoco se configuraba el segundo hecho
generador de la plusvalía, esto es, el establecimiento o modificación del
régimen o zonificación de usos del suelo. Explicó que la totalidad de la
reglamentación urbanística para el suelo suburbano estaba en el Acuerdo
21 de 2002, lo que hacía innecesaria la expedición de la reglamentación por
parte del departamento administrativo de planeación municipal; sostuvo
que los actos demandados vulneran las disposiciones de la Ley 388, en tanto
señalan como objeto de plusvalía a un predio sin contar con el hecho
generador de la contribución.
«Violación al principio de igualdad de los administrados»
Afirmó que las actuaciones de las autoridades urbanísticas debían ceñirse al
principio de neutralidad, que no era otra cosa que la aplicación del principio
de igualdad; adujo que «no se entiende entonces, por qué para algunos
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casos, como el caso que nos ocupa, el efecto plusvalía en el Municipio de
Villavicencio si es aplicable para los predios ubicados en el suelo suburbano
del municipio, en cambio en otros, se declara expresamente que solo es
aplicable para el suelo urbano».
De otro lado, indicó que, para el cobro de esta figura, era necesario que el
predio efectivamente tuviera un mayor valor; en ese sentido, aun si se diera
«cualquiera de las causales establecidas en la Ley sin que exista una
valorización del predio, la plusvalía no se generaría».
Refirió que, con el cambio del uso del suelo, no se generó un mayor valor
en el predio, por lo que no podía generarse el cobro, «así se configurara
cualquiera de los hechos generadores del mismo».
1.2. La contestación
El Municipio de Villavicencio, a través de apoderado judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda, en síntesis, con los siguientes argumentos:
Manifestó que no aparecía plenamente identificado la clase del predio,
ubicación y linderos del bien objeto de la controversia, y que, cuando se
trataba de inmuebles, los mismos debían ser determinados de forma clara
y precisa.
Argumentó que la sociedad demandante no acreditó la calidad de propietaria
o poseedora del inmueble objeto de plusvalía, pues solo la persona
perjudicada tiene el interés legítimo en demandar los actos administrativos.
Aseguró que la parte demandante no realizó un análisis razonado de cómo
los actos administrativos demandados vulneraban la constitución o la ley.
Indicó que la demanda presentada adolece de una confrontación del acto
administrativo acusado frente a las normas que se indican como infringidas,
por lo que no es posible que se configuren los fundamentos fácticos y
jurídicos para declarar la nulidad pedida.
II. La sentencia de primera instancia
El Tribunal, mediante sentencia de 29 de octubre de 2015, resolvió:
«PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas
TERCERO: Por secretaría liquídense los gastos del proceso y en caso de
remanentes devuélvase a la parte actora, pasado dos años sin que estos sean
reclamados, se declarará la prescripción de los mismos a favor del Tesoro
Nacional».
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Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Sostuvo que el problema jurídico a resolver estribaba en establecer si «¿se
debe declarar la nulidad de los actos administrativos del 1 y 17 de febrero de
2005 expedidos por el director administrativo de planeación municipal, por
medio de los cuales se dio respuesta al derecho de petición radicado ante la
secretaría de Hacienda de Villavicencio el 3 de febrero de 2005 por el
representante legal de la sociedad demandante y de la Resolución 042 de 23
de mayo de 2005 expedida por el director del departamento administrativo
de planeación y resolución 193 de 3 de noviembre de 2005 expedida por el
alcalde de Villavicencio, que confirmaron el cobro de plusvalía sobre el
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 230-8547 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio y cédula catastral
00100040259000 por la causal de infracción a la ley, al haberse aplicado la
participación de plusvalía a un predio suburbano?».
Luego de precisar el marco normativo aplicable -artículos 74 y 83 de la Ley
388-, señaló que el Decreto 353 de 2000, por el cual se expidió el POT del
municipio, establecía en el Plano nro. 19 la clasificación de las áreas
suburbanas, por lo que se infería que el predio objeto de la controversia tenía
clasificación de terreno con características de suelo suburbano; adujo que en
el plano nro. 20 se establecieron las áreas generadoras de la participación en
plusvalía; en el artículo 31 del Decreto 353 de 2000 se establecía la
caracterización de las áreas de suelo suburbano, que luego fue modificado por
el Acuerdo 021 de 2022. Explicó lo siguiente:
«Según la información remitida por la Secretaría de Hacienda de Villavicencio,
[…], mediante Resolución no. 046 de 2007 la Alcaldía de Villavicencio a petición
del propietario del predio liquidó el efecto plusvalía, quien se encontraba
tramitando una licencia para el proyecto de parcelación en propiedad horizontal
LUNA ROJA. Para el cálculo de dicha participación utilizó el avalúo no. 6012
realizado por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Villavicencio. […] Este perito
logró establecer el precio inicial y proyectó el precio final después de ejecutado
el proyecto de parcelación, lo que le permitió determinar el avalúo del precio de
referencia para efectos de liquidar la plusvalía.
[…]
Esta resolución – a la cual no hace mención el actor- demuestra que se concretó
la causal del artículo 83 de la Ley 388 de 1997 numeral 1, que permite exigir el
cobro de la participación de la plusvalía cuando el propietario del predio solicita
una licencia de urbanización o construcción, generada por cualquiera de los
hechos dispuestos en el artículo 74 de la misma ley. En el caso que nos ocupa,
el predio cambia de uso del suelo al momento de autorizarse el proyecto de
parcelación en propiedad horizontal, habiendo pasado el predio suburbano a
predio de expansión urbana, por el mayor aprovechamiento del suelo que eleva
el índice de ocupación del predio, con lo que se desvirtúa el argumento del actor
en el sentido de haberse realizado una aplicación retroactiva del Acuerdo 021
de 2002, por cuanto olvida que la participación de la plusvalía se hace exigible
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solo en el momento en que el propietario del predio solicita la licencia para
expansión urbano y no antes.
De otra parte, se constató según la información remitida por dicha dependencia
que a dicho predio se le definieron además las normas específicas para el
tratamiento urbanístico de desarrollo en suelo de expansión urbana mediante la
resolución 0980 de 8 de noviembre de 2005, habiéndose presentado el hecho
generador de la plusvalía por establecimiento del régimen de usos del suelo, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 83 de la Ley 388 de 1998 y
por ello se le liquidó una plusvalía por un valor de $69,641,558,oo, con base en
el avalúo antes citado, demostrándose así que el proyecto urbanístico en suelo
de expansión urbana produce un mayor valor en el predio, debido al mayor
aprovechamiento del suelo».
En ese orden, consideró que no le asistía razón al demandante al pretender la
anulación de los actos a través de los cuales se le informó que el predio estaba
sujeto a cobro de plusvalía, por cuanto quedó demostrado que la exigibilidad
del cobro se producía cuando el propietario solicitaba licencia de urbanización
o construcción, lo que en el caso concreto ocurrió en abril de 2007, cuando se
tramitó la solicitud de un proyecto urbanístico de parcelación y se liquidó
mediante la Resolución nro. 046 de noviembre de 2007, con base en el
incremento del precio que generaría pasar de un predio suburbano a una
parcelación urbana, de donde se colegía que el cobro de plusvalía resultaba
ajustado a la ley.
Por otra parte, señaló que tampoco se vulneró el derecho a la igualdad por
cuanto cada predio suburbano tenía un tratamiento diferenciado de acuerdos
a sus especificidades y a sus usos.
III.- El recurso de apelación
3.1. La parte demandante interpuso recurso de apelación con el fin de que
se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a
las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
argumentos:
Luego de exponer el contexto en el que se expidieron las disposiciones
demandadas, señaló que, «según el municipio, puede hacer exigible el
hecho generador consagrado en el numeral 1° del artículo 74 de la Ley 388
de 1997 cuando se produzca alguna de las causales para su exigibilidad. //
Como consecuencia de lo anterior, mis mandantes tuvieron que pagar
sesenta y nueve millones seiscientos cuarenta y un mil quinientos cincuenta
y ocho pesos ($69,641,558) m/cte., por concepto de tributo de participación
en plusvalía para el predio con matrícula inmobiliaria no. 230-85847».
Indicó que los problemas jurídicos que correspondían resolver el ad quem
eran los siguientes:
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«¿Está facultado el juez de primera instancia para proferir un fallo
desconociendo las cuestiones y causales de nulidad planteadas por los sujetos
procesales contra los actos administrativos demandados?
¿El predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria no. 230-85847 […]
es sujeto de participación en plusvalía en aplicación de la causal establecida en
el numeral 2° del artículo 74 de la Ley 388 de 1997?
¿Los actos administrativos acusados adolecen de nulidad al considerar que con
la expedición del Decreto 353 de 2000 modificado por el Acuerdo 021 de 2002
se configuraron los hechos generadores de participación en plusvalía señalados
en los numerales 1° y 2° del artículo 74 de la Ley 388 de 1997 sobre el predio
objeto de debate?». (Negrillas y subrayas de la Sala).
Posteriormente, propuso los siguientes argumentos:
«Incongruencia en el fallo de primera instancia al pronunciarse sobre
asuntos y causales de nulidad no planteadas contra los actos
administrativos»
Sostuvo que, en la sentencia de primera instancia, se desestimaron las
pretensiones de la demanda resolviendo con fundamento en actos
administrativos diferentes a los puestos en consideración. Adujo que lo
anterior denotaba la trasgresión de los contenidos mínimos de la sentencia,
establecidos en los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, lo
que era una vulneración al principio de congruencia y al carácter rogado de
la jurisdicción.
«El a quo desconoció que la solicitud de licencia de urbanismo es
considerada una actuación urbanística de conformidad con lo preceptuado
en la Ley 388 de 1997»
Consideró que la licencia urbanística no contemplaba un incremento en el
valor para el predio, pues, de conformidad con el Decreto 1420 de 1998, el
mayor valor comercial estaba representado en la acción urbanística al
modificar las condiciones del uso del suelo. Insistió en que la naturaleza de
la licencia urbanística era la de ser un permiso otorgado al particular para
ejecutar obras con arreglo a los usos y normas urbanísticas contenidas en
el POT, lo cual no representaba un mayor valor, sino una concreción del
derecho que tenía el propietario para desarrollar su predio conforme a las
normas urbanísticas que lo regían.
Concluyó que resultaba palmaria la falta de fundamento del planteamiento
del a quo de concebir como hecho generador del efecto de plusvalía la
licencia que permitiría el desarrollo del predio incorporado al suelo urbano,
sometido a tratamiento de desarrollo, pues tal hipótesis no había sido
reconocida por la ley como un escenario a partir del cual se pudiera predicar
la existencia y determinación de un tributo.
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«La autorización específica que concretó el cambio de zonificación de usos
del suelo para el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria no.
230-65847 […] está contenida en la expedición del Decreto 353 de 2000 y
no en la licencia urbanística solicitada por el propietario»
Afirmó que el juez de primera instancia abordó de forma incorrecta la
controversia en razón a que centró la litis en el momento de exigibilidad del
cobro del tributo, «cuando la misma versaba sobre la inexistencia de hechos
generadores de la participación de plusvalía descritos en los numerales 1° y
2° del artículo 74 de la Ley 388 de 1997».
Afirmó que, conforme al POT del municipio, era claro que el inmueble
identificado con folio de matrícula nro. 230-85847 se encontraba en suelo
suburbano; en ese orden de ideas, «encontramos que a partir de la
expedición del Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 353 de 2000) se
configuró uno de los hechos generadores de la participación de plusvalía, lo
que quiere decir que surgió la obligación tributaria, lo cual es distinto del
momento de exigibilidad y cobro. // Sin embargo, el que se configurara un
hecho generador de la plusvalía no implica que la misma sea exigible.
Solamente hasta el momento en el cual la administración liquide la plusvalía,
así como cuando se cumplen los eventos consagrados en el artículo 83 de
la Ley 388 de 1997».
Sostuvo que la modificación al POT municipal no generó ninguna alteración
en las condiciones urbanísticas del predio ni la clasificación del uso, pues
solamente definió las áreas del suelo suburbano y sus clasificaciones.
«De la inexistencia del hecho generador dispuesto en el numeral 2° del
Artículo 74 de la Ley 388 de 1997»
Indicó que el Tribunal se equivocó al considerar que el hecho generador del
numeral 2° del artículo 74 de la Ley 388 de 1997 se configuró con la
expedición de la Resolución nro. 090 de 9 de noviembre de 2005.
Insistió en que el Acuerdo 021 de 2002 no generó ninguna modificación en
las condiciones urbanísticas del predio ni clasificación del suelo, por lo que
no daba lugar al cobro de plusvalía, conforme a la Ley 388.
«En el presente caso se desconoció el artículo 13 de la Constitución
Política por cuanto no fueron tenidas en cuenta para el predio de mi
mandante las mismas condiciones evaluadas en los predios que ya fueron
objeto de liquidación de plusvalía»
Argumentó que las actuaciones debían ceñirse a los postulados de
neutralidad e igualdad y que estos no habían sido aplicados para los
procedimientos de liquidación de la plusvalía, como se observaba en
comunicación radicada el 1° de julio de 2005, en la que se señaló que «se
infiere entonces que la contribución por efecto de plusvalía aplicaría
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Radicación: 50001-23-31-000-2006-00244-01
solamente sobre el suelo urbano», mientras que para el caso concreto la
plusvalía era aplicable para los predios ubicados en suelo suburbano.
«La causal de nulidad y los perjuicios alegados se encuentran plenamente
acreditados dentro del plenario»
Afirmó que, con base en dictamen pericial de 28 de octubre de 2013, el
predio objeto de controversia no era sujeto de participación en plusvalía;
asimismo que, «para probar los perjuicios alegados por este extremo
procesal se le solicitó al perito determinara cual era el valor del inmueble
con anterioridad a la entrada en vigencia del POT y cuál era el precio actual
del mismo. Así mismo, que calculara el lucro cesante en los términos
expuestos en la demanda y en experticia se demostró el cambio del avalúo
del inmueble pero no se esclareció lo referente al lucro cesante».
Con base en los anteriores acápites, señaló que la respuesta a los problemas
jurídicos planteados era negativa para las dos primeras preguntas y positiva
para el tercer interrogante.
3.2. Trámite del recurso de apelación
Mediante auto de 26 de septiembre de 2017 se admitió el recurso de
apelación y se corrió traslado para alegar de conclusión, y al Ministerio
Público para que presentara concepto de estimarlo pertinente.
La parte demandante presentó escrito de alegatos reiterando los
argumentos expuestos en el recurso de apelación; por su parte, la entidad
territorial reiteró, en la misma línea del Tribunal, que para el caso concreto
la sociedad demandante solicitó licencia para adelantar un proyecto de
parcelación en el predio con matrícula inmobiliaria nro. 230-85847, por la
cual le fue liquidado el efecto plusvalía; el Ministerio Público guardó silencio.
IV. Consideraciones de la Sala
4.1. Competencia
De conformidad con el artículo 129 del CCA y el artículo 13 del Acuerdo 80
de 2019, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda
instancia.
4.2. Actos acusados
4.2.1. Acto Administrativo del 17 de febrero de 20041
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Samai/ expediente digital/ índice 49/Cuaderno Tribunal 1/ pág.33 -35
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Radicación: 50001-23-31-000-2006-00244-01
(…) Rf: Derecho de petición Inversiones Luna Roja Ltda.
En respuesta a su derecho de petición concerniente al predio con cedula
(sic) catastral No 00-01-0004-0259-000, matricula inmobiliaria No.
230.85847 (..)
De conformidad con el plano No 20 (Áreas beneficiadas de las acciones
generadoras de la participación en plusvalía, el cual hace parte integ (sic)
al del POT), el predio objeto de la consulta se encuentra en esta área,
razón por la cual para hacer cualquier intervención se debe cancelar la
plusvalía a favor del municipio por la incorporación del suelo rural al suelo
sub-urbano, la ley 388 de 1997 dice lo siguiente. (sic).
ARTÍCULO 74. (Ley 388 del 97) HECHOS
GENERADORES. Constituyen hechos generadores de la participación
en la plusvalía de que trata el artículo anterior, las decisiones
administrativas que configuran acciones urbanísticas según lo
establecido en el artículo 8 de esta Ley, y que autorizan específicamente
ya sea a destinar el inmueble a un uso más rentable, o bien incrementar
el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada, de
acuerdo con lo que se estatuya formalmente en el respectivo Plan de
Ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen. Son hechos
generadores los siguientes:
1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la
consideración de parte del suelo rural como suburbano.
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos
del suelo.
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en
edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de
construcción, o ambos a la vez.
De otro lado le informo que el decreto 1599 de agosto 6 de 1998 el cual
reglamenta la participación de la plusvalía que trata la ley 388 de 1997,
es muy claro y hace ciertas apreciaciones de los hechos generadores de
plusvalía y en ninguno de estos casos exime del pago de este gravamen.
A continuación, le adjunto el artículo 83 de la ley 388 del 97 que dice así:
ARTÍCULO 83.- EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA
ARTICIPACIÓN. La participación en la plusvalía sólo será exigible en el
momento en que se presente para el propietario o poseedor del
inmueble respecto del cual se haya declarado un efecto de plusvalía, una
cualquiera de las siguientes situaciones:
1. Solicitud de licencia de urbanización o construcción, aplicable para el
cobro de la participación en la plusvalía generada por cualquiera de los
hechos generadores de que trata el artículo 74 de esta Ley.
2. Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro de la
participación en la plusvalía generada por la modificación del régimen o
zonificación del suelo.
11
Radicación: 50001-23-31-000-2006-00244-01
3. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble,
aplicable al cobro de la participación en la plusvalía de que tratan los
numerales 1 y 3 del referido artículo 74.
4. Mediante la adquisición de títulos valores representativos de los
derechos adicionales de construcción y desarrollo, en los términos que
se establece en el artículo 88 y siguientes de la presente Ley.
PARÁGRAFO 1.- En el evento previsto en el numeral 1 el efecto
plusvalía para el respectivo inmueble podrá recalcularse, aplicando el
efecto plusvalía por metro cuadrado al número total de metros
cuadrados adicionales objeto de la licencia correspondiente.
PARÁGRAFO 2.- Para la expedición de las licencias o permisos, así
como para el otorgamiento de los actos de transferencia del dominio, en
relación con inmuebles sujetos a la aplicación de la participación en la
plusvalía, será necesario acreditar su pago.
PARÁGRAFO 3.- Si por cualquier causa no se efectúa el pago de la
participación en los eventos previstos en este artículo, el cobro de la
misma se hará exigible cuando ocurra cualquiera de las restantes
situaciones aquí previstas. En todo caso responderán solidariamente el
poseedor y el propietario, cuando fuere el caso.
PARÁGRAFO 4.- Los municipios podrán exonerar del cobro de la
participación en plusvalía a los inmuebles destinados a vivienda de
interés social, de conformidad con el procedimiento que para el efecto
establezca el Gobierno Nacional.
De acuerdo con lo anterior, le informo que la propiedad rural con cedula
(sic) catastral No 00-01-0004-0259-000, matrícula Inmobiliaria No 230-
85847 registro de Villavicencio, si es sujeto de participación en plusvalía
dado que se encuentra en un suelo con características de suelo sub-
urbano como se menciona en el plano No. 20 del POT y en el numeral 1
del artículo 74 de la ley 388 del 97 (…)” (sic).
4.2.2. Acto Administrativo del 01 de marzo de 20052
(…) la contradicción en su argumentación radica en el hecho de que
reconoce la existencia de una norma única para los suelos sub-urbanos
tipo 1 establecida en el P.O.T, pero a la vez requiere de una resolución
reglamentaria…
Mas bien se trata de una mala interpretación de las normas. La situación
es la siguiente:
En primer lugar, es cierto que los suelos suburbanos gozan a la luz no solo
del P.O.T, sino de la Ley 99 de 1993 de una reglamentación general y de
una complementaria tales como:
Su naturaleza del suelo rural, en la cual coexisten usos campesinos y usos
2
Samai/ expediente digital/ índice 49/Cuaderno Tribunal 1/ pág.29 -32
12
Radicación: 50001-23-31-000-2006-00244-01
citadinos.
Y la obligatoriedad de que no menos del 70% de los suelos suburbanos se
destine a la conservación y/o recuperación de la vegetación nativa
existente, de conformidad con el numeral 31 del Artículo 31 de la Ley 99
de 1993, son normas de carácter general y que se cumplen en todo el
territorio nacional, ya que emanan de la Ley 388 de 1997 y la referida Ley
99.
Por otra parte, el Decreto 353 de 2000 y el Acuerdo 021 de 2002, aparecen
unas normas complementarias que tratan de aproximar la tipología de
nuestros suelos sub-urbanos, a la noción que sobre estos se ha construido
en el Pacto Colectivo de Ciudad; entre estas normas tenemos:
Las densidades inmobiliarias
Los usos compatibles entre otras cosas
Pero la norma específica para los usos sub-urbanos las asigna el D.A.P.M,
a través de los instrumentos que complementan y desarrollan el P.O.T
para esta categoría de los suelos rurales. Esas normas específicas no son
otra cosa que la estructura final de la unidad predial sometida la
reglamentación correspondiente.
Veamos un ejemplo bien sencillo:
Un predio en suelo sub-urbano tipo 1 puede tener una reglamentación de
5 viviendas /hectárea bruta, y un índice de construcción de -digamos 0.60.
Pero este mismo predio puede destinarse a un claustro universitario con
unos índices de ocupación y/o construcciones mucho mayores. Recuerde
que la norma general regula el índice de ocupación mas no el de
construcción; esto es potestad del D.A.P.M.
Entonces se tocan dos aspectos bien sensibles: Por una parte, el uso del
suelo que en últimas puede definir la rentabilidad de la tierra, esto es el
valor residual del suelo que depende de un porcentaje del valor /metro 2
construido proyectado; y este valor también está regulado por el uso del
suelo. Y por otra parte, ese valor residual del suelo también está ligado al
índice de construcción: La tierra vale más cuando se pueden construir más
m2 en ella.
Entonces se llega a la conclusión -con meridiana claridad-, que la
asignación de norma específica es competencia del D.A.P.M y que además,
se evidencia el derecho que tiene el Municipio de Villavicencio a participar
de la plusvalía que se genera con la asignación de esa norma específica,
según lo establece el Numeral 2 del Artículo 74 de la Ley 388 de 1997 que
taxativamente reza lo siguiente.
13
Radicación: 50001-23-31-000-2006-00244-01
ARTÍCULO 74. HECHOS GENERADORES. Constituyen hechos
generadores de la participación en la plusvalía de que trata el artículo
anterior, las decisiones administrativas que configuran acciones
urbanísticas según lo establecido en el artículo 8 de esta Ley, y que
autorizan específicamente ya sea a destinar el inmueble a un uso más
rentable, o bien incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo
una mayor área edificada, de acuerdo con lo que se estatuya
formalmente en el respectivo Plan de Ordenamiento o en los
instrumentos que lo desarrollen. Son hechos generadores los siguientes:
1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la
consideración de parte del suelo rural como suburbano.
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación
de usos del suelo.
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en
edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de
construcción, o ambos a la vez.
De otro lado le informo que el decreto 1599 de agosto 6 de 1998 el cual
reglamenta la participación de la plusvalía que trata la ley 388 de 1997,
es muy claro y hace ciertas apreciaciones de los hechos generadores de
plusvalía y en ninguno de estos casos exime del pago de este gravamen.
(…)
El parágrafo de ese Artículo 74 ya se reglamentó en el Artículo 1 del
Decreto 1788 de 2004, a saber:
Artículo 1°. Para efectos de la estimación y liquidación de la participación
en plusvalía de que trata la Ley 388 de 1997, se adoptan las siguientes
definiciones:
a) Aprovechamiento del suelo. Es el número de metros cuadrados de
edificación autorizados por la norma urbanística en un predio;
b) Cambio de uso. Es la autorización específica para destinar los
inmuebles de una zona a uno o varios usos diferentes a los permitidos
bajo la norma anterior;
c) Efecto de plusvalía. Es el incremento en el precio del suelo, resultado
de las acciones urbanísticas de que tratan los artículos 74, 75, 76, 77 y
87 de la Ley 388 de 1997.
d) Índice de ocupación. Es la proporción del área de suelo que puede ser
ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta y, se expresa por
el cociente que resulta de dividir el área que puede ser ocupada por
edificación en primer piso bajo cubierta por el área total del predio;
e) Índice de construcción. Es el número máximo de veces que la
superficie de un terreno puede convertirse por definición normativa en
área construida y, se expresa por el cociente que resulta de dividir el
área permitida de construcción por el área total de un predio.
Finalmente, cuando Usted alude que fueron (sic) los aprovechamientos
urbanísticos de la ciudad, trata de inferir -nuevamente en forma errónea-
, que no existirán los nuevos aprovechamientos y en consecuencia, no
14
Radicación: 50001-23-31-000-2006-00244-01
habría lugar a la participación en la plusvalía: Se habla del Hecho
Generador del numeral 2 del Artículo 74 de la Ley 388 de 1997 y no del
Numeral 3 que al parecer Usted trata de correlacionar con dicha
motivación. (..)”
4.2.3. Resolución nro. 042 de 23 de mayo de 20053
RESOLUCIÓN No 042 DE MAYO 23 DE 2005
“Por la cual se resuelve un recurso”
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO
“(…) La SOCIEDAD INVERSIONES LUNA ROJA LTDA, representada
legalmente por el Doctor CAMILO HUMBERTO TORRES OROZCO quien (…)
presentó RECURSO DE REPOSICÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN contra
los Actos Administrativos emitidos por el D.A.P.M en fechas Marzo 01 de
2005 y Febrero 17 de 2005 (…) (sic)
El oficio de Marzo 01 de 2005 del D.A.P.M. se refiere básicamente a
sustentar la obligatoriedad de la Contribución por Efecto Plusvalía para los
predios localizados en el Suelo SubUrbano, teniendo como Hecho
Generador el consagrado en el Numeral 2 del Artículo 74 de la Ley 388 de
1997, es decir el catalogado como el establecimiento o modificación del
régimen o de la zonificación de usos del suelo
Sobre el particular, el D.A.P.M señaló que el P.O.T contiene solamente una
norma general para los suelos suburbanos y que mediante Resoluciones
y/o Decretos, se establece la norma específica, que es justamente, el
hecho generador a que se hace referencia.
El oficio de Febrero 17 de 2005, también del D.A.P.M, se remite
básicamente a señalar los alcances de los Artículos 74 y 83 de la Ley 388
de 1997 e invita (…) a realizar el pago de la plusvalía.
El Doctor ARBOUIN GÓMEZ en sus argumentaciones señala que, “…como
quiera que en la actualidad ya fue liquidado el efecto de plusvalía para
algunos predios ubicados en el suelo rural e incorporados a suelo
suburbano. En el presente caso, y en el evento de realizarse dicha
liquidación se debe dar en condiciones de igualdad…” y hace alusión al
Artículo 100 de la Ley 100 de la Ley 388 de 1997 que consagra los
principios de concordancia, neutralidad, simplicidad y transparencia:
3
Samai/ expediente digital/ índice 49/Cuaderno Tribunal 1/ pág.46 -51
15
Radicación: 50001-23-31-000-2006-00244-01
Sobre el particular, se le informa al Doctor ARBOUIN GÓMEZ que la
Administración Municipal, por intermedio del D.A.P.M y la Secretaría de
Hacienda han hecho gala de la aplicación de estos principios, en especial
para la aplicación de lo inherente al cobro de la plusvalía, por lo cual no
se entiende la alusión que hace el Doctor ARBOUIN GÓMEZ sobre el
particular, además para nadie ha sido secreto que la participación en la
plusvalía por la consideración de parte del suelo rural como suburbano NO
SE HA COBRADO en ninguno de los predios sujeto de esta acción
urbanística, ya que no se ha dado cumplimiento al Artículo 80 de la Ley
388 de 1997; como colorario (sic), tampoco se ha dado aplicación al
Artículo 81 de la misma Ley. En este sentido se aclara -y se corrige, si es
necesario-, el alcance del oficio de Febrero 17 de 2005 suscrito por el
D.A.P.M. Se ha cobrado la participación en la plusvalía – para el suelo
suburbano-solamente para el caso de la asignación de la norma específica
que señala el Numeral 2 del Artículo 74 de la Ley de Desarrollo Territorial.
De manera que se rechazan las pretensiones del demandante por tratarse
de la solicitud de tratamientos de igualdad y/o neutralidad que según él
han sido o serían vulnerados por la Administración, sin que exista la menor
prueba de ello.
Alega también el Doctor ARBOUIN GÓMEZ que tampoco se configura el
Hecho Generador del Numeral 2 del Artículo 74 de la Ley 388 de 1997 ya
que “Toda la reglamentación urbanística para el suelo suburbano en el
Municipio de Villavicencio se estableció en el Acuerdo 021 de 2002 y en
consecuencia es necesaria la expedición de reglamentación por parte del
D.A.P.M…”
Señala también que “El representante legal de la sociedad Inversiones
Luna Roja Ltda., solicitó a través del derecho de petición presentado, un
pronunciamiento sobre la determinación del instrumento de gestión
idóneo para el desarrollo del predio, que para el caso concreto es la
licencia de urbanismo”. Sobre el particular, el Doctor ARBOUIN GÓMEZ,
se equivoca al afirmar que el instrumento de gestión idóneo es la licencia
de urbanismo: El suelo se gestiona mediante diversos instrumentos
aplicables muchas veces en forma previa a la misma licencia de
urbanismo; en efecto los planes parciales, los planes de implantación, las
resoluciones y los decretos reglamentarios, entre otros son instrumentos
que complementan y desarrollan el P.O.T, y todos ellos son previos a la
emisión de la correspondiente licencia.
Dicho de otra manera: El suelo se gestiona – salvo contadas excepciones
que las establece y las prevé el plan-, mediante diversos instrumentos que
son aplicables en forma previa, concomitante o posterior a la emisión de
la licencia de urbanismo.
Los Planes de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos que lo
16
Radicación: 50001-23-31-000-2006-00244-01
complementan y/o desarrollan contienen el conjunto de Acciones
Urbanísticas, la licencia de urbanismo contiene solamente el conjunto de
Actuaciones Urbanísticas-y su caracterización- que es factible de aplicar
en un predio o predios determinados.
De manera que la licencia de urbanismo no puede per-se por lo menos en
las condiciones actuales del P.O.T-, reglamentar la totalidad de los suelos
de Villavicencio; los suelos suburbanos se reglamentan por parte del
D.A.P.M y ello es lo que evidencia la aplicación del Hecho Generador del
Numeral 2 del Artículo 74 de la Ley 388 de 1997.
Evidentemente, la exigibilidad y el cobro de la plusvalía se debe hacer
acorde con lo normado en el Artículo 83 de la citada Ley.
Pero vale la pena insistir aún más en lo informado por el Doctor ARBOUIN
GÓMEZ: Para el D.A.P.M es claro que el peticionario incluye (sic) en una
contradicción pues en su oficio indica que: “Toda reglamentación
urbanística para el suelo suburbano en el Municipio de Villavicencio se
estableció en el Acuerdo 21 de 2002 y en consecuencia es necesaria la
expedición de reglamentación por parte del Departamento Administrativo
de Planeación Municipal. (…)
En primer lugar el Numeral 2° del Artículo 75 de la Ley 388 de 1997 genera
la obligación de establecer una norma específica para la liquidación del
efecto plusvalía por consideración de parte del suelo rural como
suburbano, disposición acogida en el artículo 15 del acuerdo 012 de 2002,
el Acuerdo de Plusvalías de la ciudad de Villavicencio. (sic)
En Segundo lugar las normas contenidas en el plan de ordenamiento,
actualmente vigente, Decreto 353 de 2000, modificado por el Acuerdo 021
de 2002, hacen parte del componente general del POT y son las que
“permiten” establecer usos e intensidad de usos del suelo, debe aclararse
que las normas generales entonces son las que “permiten” establecer, y
no lo son las que “establecen” pues dichas normas se generan con las
normas complementarias y/o especificas expedidas mediante actos
administrativos como planes parciales, resoluciones y/o decretos
reglamentarios (para el caso del suelo suburbano) conforme a los
parámetros definidos en las normas generales.
En el caso del suelo suburbano los municipios y distritos deberán
establecer las regulaciones complementarias tendientes a impedir el
desarrollo de actividades y usos urbanos en estas áreas, sin que
previamente se surta el proceso de incorporación al suelo urbano, para lo
cual deberán contar con la infraestructura de espacio público, de
infraestructura vial y redes de energía, acueducto y alcantarillado
requerida para este tipo de suelo.
Es evidente entonces que el acto administrativo que se expida para la
17
Radicación: 50001-23-31-000-2006-00244-01
reglamentación de la zona o subzona suburbana correspondiente deberá
definir las intensidades de uso, las cuales pueden ser menores de las
definidas en la norma general, definir las condiciones de
autoabastecimiento de servicios, y los aprovechamientos con base en el
estudio especifico y conocimiento más detallado de la zona a reglamentar.
Finalmente, dice el peticionario que no hay ultraactividad de la ley e
insinúa que el Decreto 353 de 2000 fue derogado por el Acuerdo 021 de
2002.
El Acuerdo 021 de 2002 modificó el Artículo 31 y asignó nuevos
parámetros generales para determinar las densidades de vivienda, sin
embargo, es pertinente aclarar que el plan de ordenamiento actualmente
vigente es el contenido en el Decreto 353 de 2000, modificado y
adicionado por el Acuerdo 021 de 2002, puesto que en Villavicencio no se
ha expedido un nuevo POT sino que se ha revisado y ajustado el existente.
Que con base en lo anterior, D.A.P.M.,
RESUELVE
ARTÍCULO 1°. Niéguense las pretensiones elevadas por el peticionario y
aclárese que hasta la fecha en el Municipio de Villavicencio no se ha
cobrado la plusvalía por la consideración de parte del suelo rural como
suburbano, tal como lo caracteriza el Numeral 1° del Artículo 74 de la Ley
388 de 1997.
ARTÍCULO 2°. Concédase el Recurso de Apelación ante el Alcalde de
Villavicencio. (…)”
4.2.4. Resolución nro. 193 de 03 de noviembre de 20054
RESOLUCIÓN No 193 DE 2005
Por la cual se resuelve un recurso de apelación
El ALCALDE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
En uso de facultades legales que le confiere la Ley 388 de 1997 y el
Decreto 1052 de 1998 y la ley 810 de 2003 y
CONSIDERANDO
4
Samai/ expediente digital/ índice 49/Cuaderno Tribunal 1/ pág.57 -64
18
Radicación: 50001-23-31-000-2006-00244-01
Que mediante oficio de fecha 3 de febrero de 2005, el señor Camilo
Humberto Torres Orozco en su calidad de representante legal de la
sociedad INVERSIONES LUNA ROJA LTDA, solicito una certificación de que
el predio con M.I 230-85847 y numero catastral 00-01-0004-0259-000 no
es sujeto de participación en Plusvalía.
(…)
Que con fecha Abril 19 de 2005, mediante Radicado No 1333, el Doctor
FELIPE ARBOUIN GÓMEZ (…) en calidad de apoderado de la SOCIEDAD
INVERSIONES LUNA ROJA LTDA., (…) presentó RECURSO DE REPOSICIÓN
Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN contra los Actos Administrativos emitidos
por el D.A.P.M (…)
ARGUMENTOS DEL RECURRENTE:
(…) 1-Que la participación en la plusvalía se generó en el momento en que
fue expedido el Decreto 353 de 2000, mediante el cual se modificó el uso
del suelo del inmueble, incorporando a suelo suburbano, momento en el
cual debió surtirse el procedimiento que consagra el artículo 81 del POT y
no con la expedición del acuerdo 021 de 2002. 2-Que en gracia de
discusión en el evento de efectuarse la liquidación de la Plusvalía se debe
dar en condiciones de igualdad, aplicando el principio de neutralidad a que
hace alusión el artículo 100 de la ley 388 de 1997. 3- que el hecho
generador (2) consagrado en el artículo 74 de la ley 388 de 1997, no se
configura por que hace falta la reglamentación por parte del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal y hace falta la
realización del instrumento de gestión que para el caso es la licencia de
urbanismo. 4- que las disposiciones del Decreto 353 del 2000 que fueron
derogadas o modificadas por el acuerdo 021 de 2002 no pueden ser
aplicadas ya que se estaría frente a la aplicación de la ultraactividad de la
ley que en este caso no es procedente. (sic)
En virtud de los planteamientos expuestos, solicita se revoque en su
totalidad el acto administrativo de fecha 17 de febrero de 2005 y se
certifique que el predio no es sujeto de participación de plusvalía y en
forma subsidiaria que en el evento de liquidarse la plusvalía se realice en
condiciones de igualdad respecto a los predios que ya fueron objeto de
liquidación.
ANALISIS JURIDICO:
(…)
Al respecto hay que señalar que de acuerdo con lo consagrado en el
artículo 74 de la ley 388 de 1997, establece que constituyen hechos
generadores de la plusvalía las decisiones administrativas que configuran
acciones urbanísticas y que autorizan específicamente a destinar el
inmueble a un uso más rentable o bien a incrementar el aprovechamiento
19
Radicación: 50001-23-31-000-2006-00244-01
del suelo permitido una mayor área edificada de acuerdo con lo que
establezca el Plan de Ordenamiento Territorial.
La norma en cita señala que son hechos generadores entre otros “LA
INCORPORACIÓN DE SUELO RURAL A SUELO DE EXPANSION URBANA O
LA CONSIDERACIÓN DE PARTE DEL SUELO RURAL COMO SUBURBANO”
De acuerdo con lo anterior el Departamento Administrativo de Planeación
determino que acuerdo con el plano No 20 del POT que establece las áreas
beneficiarias de las acciones generadoras de la participación de la
Plusvalía, el predio del peticionario con la cedula catastral No 00-01-0004-
0259-000 (…) se encuentra inmerso en esta área, razón por la cual para
realizar cualquier intervención debe cancelar la plusvalía al Municipio. (sic)
Tal como lo señala el recurrente en su escrito, “la participación de la
plusvalía se generó en el momento en que fue expedido el Decreto 353
del 2000, mediante el cual se modificó el suelo del uso del inmueble,
incorporándose al suelo suburbano” y el acuerdo 021 de 2002, que
modifico algunos artículos Decreto 353 de 2000, en su artículo 31,
modificó la caracterización de las áreas del suelo suburbano que es
diferente al establecimiento de las zonas que hacen arte de este suelo.
(sic)
Respecto al momento en que se hace exigible la participación de la
Plusvalía, el artículo 83 de la ley 388 de 1997, establece que esta opera
en el momento en que se presente para el propietario o poseedor del
inmueble respecto del cual se haya declarado un efecto plusvalía,
cualquiera de las siguientes situaciones: Solicitud de licencia de urbanismo
o construcción, cambio efectivo de uso del inmueble o actos que impliquen
transferencia de dominio, situaciones que hasta la fecha no se ha
presentado. (sic)
En virtud de lo anterior, no prospera el argumento expuesto por el
recurrente por cuanto el predio de su propiedad fue incorporado al suelo
suburbano con el (sic)
3- Que el hecho generador (2) consagrado en el artículo 74 de la ley 388
de 1997, no se configura por que hace falta la reglamentación por parte
del Departamento Administrativo de Planeación y hace falta la realización
del instrumento de gestión que para el caso es la licencia de urbanismo.
(sic)
Sobre el particular, hay que ratificar lo expuesto por el Departamento
Administrativo de Planeación en su resolución No 042 de mayo 23 de
2005, cuando afirmo lo siguiente: “el Doctor ARBOUN GÓMEZ se equivoca
al afirmar que el instrumento de gestión idóneo es la licencia de
urbanismo: El suelo se gestiona mediante diversos instrumentos
aplicables muchas veces en forma previa a la misma licencia de
20
Radicación: 50001-23-31-000-2006-00244-01
urbanismo; en efecto, los planes parciales, los planes de implementación,
las resoluciones y decretos reglamentarios, entre otros, son instrumentos
que complementan y desarrollan al P.O.T., y todos ellos son previos a la
emisión de la correspondiente licencia.
Dicho de otra manera: El suelo se gestiona-salvo contadas excepciones
que las establece y las prevé el plan mediante diversos instrumentos que
son aplicables en forma previa, concomitante o posterior a la emisión de
la licencia de urbanismo”. (sic)
“De manera que la licencia de urbanismo no puede per cé- (sic) por lo
menos en las condiciones actuales del P.O.T, reglamentar la totalidad de
los suelos de Villavicencio; los suelos sub urbanos se reglamentan o
establecer su norma específica por parte del D.A.P.M. y ello es lo que
evidencia la aplicación del Hecho Generador del Numeral 2 del Artículo 74
de la Ley 388 de 1997” lo anterior en virtud de lo señalado en el Numeral
2 del Artículo 75 de la Ley 388 de 1997, disposición acogida en el artículo
15 del acuerdo 012 de 2002, el Acuerdo de Plusvalías de la ciudad de
Villavicencio. (sic)
Decreto 353 del 2000, el cual está vigente y constituye el Plan de
Ordenamiento Territorial con las modificaciones establecidas en el acuerdo
021 de 2002. (sic)
2- Que en gracia de discusión en el evento de efectuarse la liquidación de
la Plusvalía se debe dar en condiciones de igualdad, aplicando el principio
de neutralidad a que hace alusión el artículo 100 de la ley 388 de 1997.
Sobre el particular hay que señalar que la Administración Municipal, por
intermedio del D.A.P.M y la Secretaría de Hacienda, han dado aplicación
de estos principios, para lo inherente al cobro de la plusvalía, además que
la participación en la plusvalía por la consideración de parte del suelo rural
como suburbano NO SE HA COBRADO en ninguno de los predios sujeto de
esta acción urbanística, ya que falta cumplir con los parámetros señalados
en el artículo 80 y 81 de la Ley 388 de 1997. Tal como lo indica el
Departamento Administrativo de Planeación solamente se ha cobrado la
participación en la plusvalía – para el suelo suburbano- para el caso de la
asignación de la norma específica que señala el Numeral 2 del Artículo 74
de la Ley de Desarrollo Territorial. (sic)
Por lo expuesto, al no existir elementos de comparación frente a la
aplicación en la liquidación de a Plusvalía por el concepto que cobija el
recurrente, no puede prosperar este argumento, sin embargo se reitera
que en el momento en que se liquide el efecto de la Plusvalía a su predio,
se efectuara bajo los principios rectores que debe regir toda la actuación
administrativa y en especial al de la igualdad y neutralidad hay que hace
(sic) referencia al Artículo 100 de la Ley 388 de 1997. (sic)
21
Radicación: 50001-23-31-000-2006-00244-01
Por lo expuesto en el momento en que se solicite y expida la norma
específica para el predio del recurrente, se configura la causal referida,
razón por la que no prospera el argumento referido. (sic)
4-que las disposiciones del Decreto 353 de 2000 que fueron derogadas o
modificadas por el acuerdo 021 del 2002 no pueden ser aplicadas ya se
estaría frente a la aplicación de la ultraactividad de la ley que en estos
casos no es procedente.
Sobre este argumento, reiteramos lo expuesto en el desarrollo del
argumento primero, cuando se indicó que el Acuerdo 021 de 2002
modificó el Artículo 31 asignando nuevos parámetros generales para
determinar las densidades de vivienda y la caracterización del suelo
suburbano, pero la definición de las áreas que constituyen este suelo se
efectuó en el Decreto 353 del 2000 el cual está vigente, con las
modificaciones establecidas en el acuerdo referido.
Con base en lo expuesto, no es viable acceder a lo solicitado por el
recurrente de revocar el oficio de fecha 17 de febrero del 2005.
En mérito de lo expuesto (sic).
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes lo expuesto en el
oficio de fecha 17 de febrero del año 2005, proferido por el Director del
Departamento Administrativo de Planeación por lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución. (…)”
4.3. Delimitación del recurso
De acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación, encuentra la Sala
que la recurrente plantea que la sentencia de primera instancia desconoce
los principios de congruencia y de justicia rogada; que el predio no era
objeto de plusvalía; que la modificación realizada al POT del municipio, a
través del Acuerdo 021 de 2002, no constituía un hecho generador de
plusvalía; que la licencia solicitada no era un hecho generador de la
plusvalía; y, finalmente, que se desconocía el principio de neutralidad en los
procedimientos para la liquidación de la plusvalía.
La Sala encuentra pertinente indicar que, al contrastar los actos
demandados, el contenido de la demanda y el escrito de apelación, el
demandante considera que, a través de los primeros se determinó que el
predio de su propiedad, identificado con la matrícula inmobiliaria nro. 230-
85847, participa del efecto plusvalía, conforme al POT; sin embargo, a su
juicio, por un lado, las acciones urbanísticas adelantadas por el municipio,
adoptadas en el POT y en el Acuerdo 021 de 2002, no generaban una
modificación en las condiciones urbanísticas ni en la clasificación del suelo que
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implicara un mayor valor que justifique la configuración de un hecho
generador de la participación en la plusvalía y su consecuente cobro; por otro
lado, que la licencia solicitada no era un hecho generador de la plusvalía.
En esa línea, consecuentemente, la parte demandante estima que no había
lugar al cobro de la figura por parte de la entidad territorial, ni al pago de
$69,641,558 por ese concepto, cuando la sociedad decidió solicitar una
licencia para adelantar un proyecto de parcelación en esa propiedad; por lo
que, a título de restablecimiento del derecho, solicita la devolución del dinero
pagado.
Para resolver los reparos planteados inicia la Sala por poner de relieve, como
lo ha considerado la Sección Cuarta, que, conforme a la Ley 388, la
participación en plusvalía es el tributo que pueden cobrar los municipios o
distritos a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en su
jurisdicción como consecuencia de una acción urbanística que da lugar a un
mayor aprovechamiento económico del predio5; de acuerdo con el artículo 74
ejusdem, son hechos generadores de la participación en plusvalía i) la
incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración
de parte del suelo rural como suburbano; ii) el establecimiento o modificación
del régimen o la zonificación de usos del suelo; y, iii) la autorización de un
mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice
de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez.
Asimismo, la mencionada disposición estableció en su inciso segundo que «En
el mismo plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que
lo desarrollen, se especificarán y delimitarán las zonas o subzonas
beneficiarias de una o varias de las acciones urbanísticas contempladas
en este artículo, las cuales serán tenidas en cuenta, sea en conjunto o
cada una por separado, para determinar el efecto de la plusvalía o los
derechos adicionales de construcción y desarrollo, cuando fuere del
caso».
Examinado el presente asunto a la luz de la anterior disposición y de acuerdo
con lo probado en el expediente, advierte la Sala que el argumento del
demandante referente a que el predio no es objeto de plusvalía no está
llamado a prosperar, en tanto los actos demandados le señalaron conforme a
la ley y el POT del municipio, que el predio de su propiedad «si es sujeto de
participación en plusvalía dado que se encuentra en un suelo con
características de suelo suburbano como se menciona en el Plano 20 del
POT»6. Lo anterior es así, si se tiene en cuenta que, específicamente, en el
Plano nro. 20 -documento anexo del POT- se establecieron las Áreas
beneficiarias de las acciones generadoras de la participación en plusvalía y se
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 1° de septiembre de
2022, radicación nro. 25000-23-37-000-2012-00240-01 (23195), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 30 de noviembre de 2023,
radicación nro. 76001-23-33-000-2018-00893-01 (26966), C.P. Milton Chaves García; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 30 de agosto de 2024, radicación nro. 25000-23-
37-000-2020-00130-01 (27409), C.P. Milton Chaves García.
6
Folio 27 del cuaderno nro. 1 del Tribunal.
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incluyó el predio del demandante, en los términos del inciso segundo del
artículo 74 antes referido.
En otras palabras, encuentra la Sala que la administración municipal
determinó desde el POT que la zona en que se encuentra el bien inmueble de
propiedad de la sociedad demandante -vereda El Cairo Alto- es beneficiaria de
la acción urbanística generadora de plusvalía, como expresamente también lo
reconoce la parte demandante al señalar que, «a partir de la expedición del
Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 353 de 2000) se configuró uno
de los hechos generadores de la participación de plusvalía». En vista de lo
anterior, desde el acto de establecimiento del uso del suelo del predio objeto
de la controversia se señaló que sería objeto de plusvalía.
Ahora, para resolver el argumento consistente en que la modificación
introducida al POT a través del Acuerdo 021 de 2002 no constituía un hecho
generador de plusvalía, y al margen de tener en cuenta que el Decreto 353
de 2000 ya había establecido el hecho generador al predio, encuentra la Sala
pertinente contrastar la nueva acción urbanística con el POT, específicamente,
respecto de las áreas suburbanas tipo 1, en la que se categoriza al inmueble
del demandante.
En ese orden, se tiene que, frente al área de la vereda El Cairo Alto, en la que
se ubica el predio de los demandantes, en el numeral 1.6 del artículo 361 del
POT se dispuso que se permitiría una «densidad habitacional máxima de 25
habitantes por hectárea utilizada neta», mientras que en el artículo 69 del
Acuerdo 021 se amplió para el área Cairo Alto a una «densidad habitacional
máxima de 10 viviendas por hectárea bruta»; contrastadas las anteriores
disposiciones se advierte de manera palmaria que la nueva acción urbanística
conllevó a un mayor aprovechamiento en el uso del suelo, debido al aumento
del índice de edificabilidad que antes no se preveía, y como se señala en la
Resolución 193 de 2005 -a través de la cual se resolvió el recurso de
apelación-, esto implicó en la determinación de nuevas densidades de vivienda
y la caracterización del suelo suburbano7, por lo que tampoco está llamado a
prosperar.
Ahora bien, frente al argumento referido a que la solicitud de licencia no tiene
la calidad de hecho generador, se precisa que, conforme a la ley y la
jurisprudencia de esta Corporación, esto es así, es decir, la licencia no
constituye hecho generador de la participación en plusvalía, pues no se trata
de una acción urbanística, sino de una actuación que comprende una forma
de ejecución del componente urbano de los planes de ordenamiento
territorial8; en ese sentido, la solicitud de la licencia urbanística, conforme al
artículo 83 de la Ley 388, constituye una situación de exigibilidad del tributo
que se ha causado previamente por la configuración de alguno de los hechos
generadores, previstos en el artículo 74 ejusdem.
7
Folio 57 del cuaderno nro. 1 del Tribunal.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de marzo de 2023,
radicación nro. 25000-23-37-000-2017-00405-00 (26515), C.P. Milton Chaves García.
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En ese sentido, al examinar los actos demandados, específicamente, el acto
que resolvió el recurso de apelación9, se tiene que, contrario a lo señalado por
el demandante, en este se le indicó expresamente que el «momento en que
se hace exigible la participación de la plusvalía, el artículo 83 de la Ley 388 de
1997, establece que esta opera en el momento en que se presente el
propietario o poseedor del inmueble respecto del cual se haya declarado un
efecto de plusvalía, cualquiera de las siguientes situaciones: solicitud de
licencia de urbanismo o construcción, cambio efectivo de uso del inmueble o
actos que impliquen transferencia del dominio, situaciones que hasta la fecha
no se han presentado».
En vista de lo anterior, en sede administrativa y en sede del Tribunal se le
señaló que, conforme a la previsión legal, es con la solicitud de la licencia que
se hace exigible el tributo, no así que el hecho generador era la licencia, por
lo que tampoco este argumento está llamado a prosperar.
Finalmente, frente al reparo referido al empleo de los principios de igualdad y
neutralidad a la hora de la liquidación del tributo, advierte la Sala que no está
llamado a prosperar, en la medida en que con los actos demandados no se
está dando un tratamiento normativo diferente al propietario del predio
respecto de otros que tengan las mismas condiciones urbanísticas; por el
contrario, en la resolución que deja en firme la actuación administrativa
expresamente se le indica que «la participación en plusvalía por la
consideración de parte del suelo rural como suburbano NO SE HA COBRADO
en ninguno de los predios sujeto de esta acción urbanística»10, es decir, que
no se había aplicado la figura y, en esa medida, tampoco había lugar a la
aplicación de los principios.
En vista de lo anterior, la Sala confirmará la decisión recurrida, pero por las
razones aquí explicadas.
Costas
En consideración a que no se evidenció temeridad, abuso, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en
costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA.
Otros pronunciamientos
Finalmente, se tiene que, mediante memorial de 5 de junio de 202411, se
allegó poder especial conferido por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del
Municipio de Villavicencio al abogado Mauricio Marín Monroy, en
consideración a que cumple con los requisitos del artículo 74 del Código
General del Proceso, se reconocerá personería a tal profesional; en virtud
9
Folio 54 del cuaderno nro. 1 del Tribunal.
10
Folio 56 del cuaderno nro. 1 del Tribunal.
11
Índice nro. 48 del expediente electrónico.
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de lo anterior se tendrán por terminados los poderes otorgados previamente
por la entidad territorial, conforme al artículo 76 ejusdem.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia 29 de octubre de 2015 proferida por
la Sala de Descongestión Itinerante de Tribunal Administrativo con sede en
Bogotá, por los motivos expuestos en esta providencia.
SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS, por las razones expuestas.
TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Mauricio Marín
Monroy como apoderado judicial del Municipio de Villavicencio en los
términos del poder conferido.
CUARTO: En firme esta providencia, REMITIR el expediente al Tribunal de
origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
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