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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2018-00893-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2018-00893-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia apelada. SEGUNDO: No se condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-000-2018-00893-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

30 de noviembre de 2023

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00893-01 (26966)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00893-01 (26966)
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (VALLE)

Temas: Participación en plusvalía. Hecho generador. Principio de
irretroactividad tributaria.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 31 de enero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La sociedad Alianza Fiduciaria S.A., en su calidad de vocera y administradora del
fideicomiso El Cortijo, adquirió en el año 2010 el inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria nro. 370 – 59938 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali1.

Mediante el Acuerdo 069 de 2000, el Concejo Municipal de Cali expidió el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) del municipio. El artículo 202 del acuerdo mencionado
adoptó como zona única de expansión urbana el corredor Cali- Jamundí, en la cual se
encuentra el predio de propiedad de la demandante.

El Acuerdo municipal 111 de 2003, por el cual se establecieron normas para la
aplicación de la participación en plusvalía en el municipio, fijó la tarifa de la
participación en plusvalía en el 30% del mayor valor por metro cuadrado.

Posteriormente, el municipio de Cali expidió el Decreto número 4110.20.0696 del 13
de julio de 2011, por medio del cual se adoptó el Plan Parcial de Desarrollo Centro
Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur, ubicado en el área de
expansión del corredor Cali – Jamundí 2; así como la Resolución 4131.050.21. S- 21
del 22 de noviembre de 2017, por medio de la cual realizó el cálculo del efecto plusvalía
por metro cuadrado para el área cobijada por dicho plan parcial, incluyendo el inmueble
de propiedad de la demandante 3.

La demandante presentó recurso de reposición contra la Resolución 4131.050.21. S-
21 de 20174, el cual fue resuelto mediante la Resolución 4131.050.21- C- 30 del 24 de
abril de 2018, que confirmó en todas sus partes la resolución objeto del recurso 5.

1 Folio 76 c.a.2.
2 Folios 1 a 29, c.a. 1.
3 Folios 197 y ss., c.a. 1.
4 Folios 1 a 10, c.a.2.
5 Folios 48 y ss., c.a.2.

1
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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00893-01 (26966)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
FALLO

DEMANDA

Pretensiones

La sociedad Alianza Fiduciaria S.A., en calidad de vocera y administradora del
fideicomiso El Cortijo, y en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formuló
mediante apoderado ante esta jurisdicción las siguientes pretensiones 6:

“PRIMERA: Que una vez surtido el trámite correspondiente se declare la nulidad absoluta
de la Resolución No. 4131.050.21. S- 21 de 2017 por medio de la cual se realiza el cálculo
del efecto plusvalía para el plan parcial de desarrollo centro intermodal de trasporte [sic]
regional de pasajeros del sur, ubicado en el área de expansión corredor Cali – Jamundí.

SEGUNDA: Se declare la nulidad absoluta de la Resolución No. 4131.050.21- C- 30 del 24
de abril de 2018 mediante el [sic] cual se resuelve un recurso de reposición promovido por
Alianza Fiduciaria S.A. contra la Resolución antes mencionada.

TERCERA: Que en consecuencia de lo descrito en el acápite anterior, se decrete como
restablecimiento del derecho la exoneración del pago de la participación de la plusvalía
liquidado que se fijó respecto a al [sic] inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No.
370 – 59938 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, ficha catastral No.
Z000302550000 de propiedad de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en los actos administrativos
demandados”.

Normas violadas

La demandante indicó como normas violadas la Constitución Política, y la Ley 388 de
1997.

Concepto de violación

Violación del principio de irretroactividad de la ley tributaria

Para la demandante, la administración municipal desconoció el principio de
irretroactividad de la ley tributaria, pues el hecho generador de la participación en
plusvalía se configuró en el año 2000, con la incorporación del corredor Cali- Jamundí
como suelo de expansión urbana efectuada mediante el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT), mientras que la tarifa aplicable solo se fijó en 2003, con la expedición
del Acuerdo 111 de ese año.

A pesar de que el propio POT fijó un plazo de 90 días para reglamentar la participación
en plusvalía mediante un acuerdo complementario, la tarifa del mismo solo se
estableció en 2003; por ello, solo a partir del año 2003 era posible para el municipio
adelantar el cobro de la participación en plusvalía, por hechos generadores acaecidos
con posterioridad a ese año, lo que impide efectuar la liquidación y el cobro por el
hecho generador de incorporación de suelo de expansión urbana, efectuado en el año
2000 por parte del POT.

Violación del procedimiento legal para la exigibilidad y cobro de la participación
en plusvalía

El municipio desconoció el procedimiento fijado en la Ley 388 de 1997 y sus normas
reglamentarias para la determinación y el cobro de la participación en plusvalía, que
debe iniciar desde el momento en que se configura el hecho generador. En este caso,
el municipio adelantó la determinación y el cobro del tributo diecisiete años después

6 Folio 18, c.p.

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Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
FALLO

de la configuración del hecho generador, con lo cual ignoró los procedimientos y plazos
legales para ello.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El municipio de Cali (Valle) se opuso a las pretensiones de la demanda7 en los
siguientes términos:

La demandante parte de una premisa falsa, al considerar que la participación en
plusvalía se configuró con la expedición del POT en el año 2000, pues el hecho
generador que fundamenta los actos demandados es la adopción del Plan Parcial de
Desarrollo Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur, ubicado
en el área de expansión del corredor Cali – Jamundí, proferido en 2011.

Según lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 2181 de 2006, el suelo de expansión
urbana solo puede ser objeto de urbanización y construcción previa la adopción del
respectivo plan parcial. En este caso, con la expedición del Decreto 4110.20.0696 del
13 de julio 2011, que contiene el plan parcial mencionado, se configuró el hecho
generador de la participación en plusvalía según lo dispuesto en los numerales 2 y 3
del artículo 74 de la Ley 388 de 1997. Según el artículo 19 de la misma ley, los planes
parciales desarrollan y complementan lo dispuesto en el POT, por lo que el hecho
generador se configuró con la expedición del plan parcial como instrumento que
desarrolla el POT, y no con este último, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia del
Consejo de Estado.

Por lo anterior, no se presenta una violación al principio de irretroactividad en materia
tributaria, en tanto el hecho generador tuvo lugar en el año 2011, con la expedición
del Plan Parcial del corredor Cali- Jamundí, momento para el cual ya se encontraban
definidos todos los elementos del tributo de plusvalía en el Acuerdo 111 de 2003.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo del Valle negó las pretensiones de la demanda 8.

Para el Tribunal, la participación en plusvalía en el municipio de Cali se estableció en
el año 2003, con la expedición del Acuerdo 111 de 2003. Si bien el POT expedido en
el año 2000 contempló como uno de sus mecanismos de financiación este tributo, los
elementos del mismo solo quedaron plenamente definidos en el año 2003, con la
adopción de la norma que fijó la tarifa aplicable para cada hecho generador.

El hecho generador de la participación en plusvalía se configuró en el año 2011, con
la expedición del plan parcial, pues este corresponde a la decisión administrativa que
establece y modifica los usos del suelo, y permite un mayor aprovechamiento del
mismo. La misma jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que el hecho
generador de la participación en plusvalía puede estar contenido tanto en el POT como
en los instrumentos que lo desarrollen, como es el caso de los planes parciales .

Por lo anterior, concluye que no se violó el principio de irretroactividad de la ley
tributaria, en tanto el hecho generador se configuró en 2011, con la expedición del
plan parcial, momento para el cual ya se habían definidos todos los elementos del
tributo en el municipio de Cali.

Por otra parte, si bien la administración municipal no observó el plazo de cinco días
siguientes a la adopción de la actuación urbanística para efectuar el cálculo de la

7 Folios 185 a 195, c.p.
8 Folios 153 a 165, c.p.

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FALLO

participación en plusvalía, contenido en el artículo 80 de la Ley 388 de 1997, tal plazo
es perentorio mas no preclusivo, por lo que tal hecho no vicia de nulidad los actos
demandados.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante apeló la decisión del Tribunal 9, por estimar que la misma no se
ajustó a derecho.

Insistió en que el hecho generador de dicho tributo se configuró en el año 2000, con
la incorporación del corredor Cali- Jamundí como suelo de expansión urbana en el
POT, mientras que la tarifa aplicable solo se definió en 2003, por lo que se configura
una violación al principio de irretroactividad tributaria. La decisión tomada por el
municipio ignoró el primer hecho generador de plusvalía ocurrido en el año 2000, y se
enfocó en hacer referencia a hechos sobrevinientes a la expedición del Acuerdo
municipal del 2003, omitiendo que el hecho generador que debe tenerse en cuenta es
el primero en el tiempo, para efectos de identificar con certeza el momento en que se
genera la obligación o la carga de la plusvalía.

Además, el plan parcial es un instrumento complementario al POT, por lo que no
puede considerarse contentivo de hechos generadores de plusvalía con
independencia de lo dispuesto en el POT.

Solo a partir de la expedición del Acuerdo municipal 111 de 2003, que reglamentó el
pago de la plusvalía, podía cobrarse este tributo válidamente; en consecuencia, los
hechos generadores que hubieren acaecido antes de su expedición no podían ser
objeto de pago o recaudo por concepto de plusvalía, como es el caso del Acuerdo No.
069 de 2000, que incorporó el suelo del corredor vial de Cali – Jamundí como suelo
de expansión urbana.

Por otra parte, insistió en que el municipio no observó el debido proceso en la
determinación y cobro de la plusvalía, de conformidad con lo señalado en la Ley 388
de 1997.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante no se pronunció en esta etapa procesal.

La parte demandada reiteró, en términos generales, los argumentos presentados en
la contestación de la demanda10.

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación presentado por la parte demandante, le
corresponde a la Sala determinar (i) si mediante los actos administrativos se pretende
el cobro de la participación en plusvalía por parte del municipio de Cali y a cargo de la
sociedad demandante, con desconocimiento del principio de irretroactividad de la ley
tributaria, y (ii) si los actos demandados son nulos por violar los términos indicados en
la Ley 388 de 1997, para efectuar el cálculo de la participación en plusvalía a cargo de
los sujetos pasivos del tributo.

9 Documento nro. 82 del expediente electrónico en la plataforma Samai.
10 Documento nro. 28 del expediente electrónico en la plataforma Samai.

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Hecho generador de la participación en plusvalía

Según la Ley 388 de 1997, la participación en plusvalía es el tributo que pueden cobrar
los municipios o distritos a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados
en su jurisdicción, como consecuencia de una actuación administrativa consistente en
una acción urbanística relacionada con la incorporación del suelo rural al de expansión
urbana, o de la clasificación de parte del suelo rural como urbano, o del cambio de uso
del suelo o del mayor aprovechamiento del suelo.

La acción urbanística que configura el hecho generador de la participación en plusvalía
puede estar contenida directamente en el Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio, o en otros instrumentos contentivos de tales acciones urbanísticas. Así lo
contempla expresamente el artículo 74 de la Ley 388 de 1997:

“Artículo 74º.- Hechos generadores. Constituyen hechos generadores de la participación
en la plusvalía de que trata el artículo anterior, las decisiones administrativas que
configuran acciones urbanísticas según lo establecido en el artículo 8 de esta Ley, y que
autorizan específicamente ya sea a destinar el inmueble a un uso más rentable, o bien
incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada, de
acuerdo con lo que se estatuya formalmente en el respectivo Plan de Ordenamiento o en
los instrumentos que lo desarrollen. Son hechos generadores los siguientes:

1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte
del suelo rural como suburbano.
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea
elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez.

En el mismo plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen, se
especificarán y delimitarán las zonas o subzonas beneficiarias de una o varias de las
acciones urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán tenidas en cuenta,
sea en conjunto o cada una por separado, para determinar el efecto de la plusvalía o los
derechos adicionales de construcción y desarrollo, cuando fuere del caso.

(…)”

(Subraya la Sala)

Para que se produzca el hecho generador de la plusvalía, se requiere de una decisión
administrativa de carácter general que contenga una acción urbanística conforme con
el POT y con los instrumentos que lo desarrollen, como es el caso de los planes
parciales, conforme lo dispone el artículo 19 de la misma Ley 388 de 1997:

“Artículo 19º.- Planes parciales. Los planes parciales son los instrumentos mediante los
cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento,
para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de
expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de
actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de
acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los
términos previstos en la presente Ley. El plan parcial o local incluirá por lo menos los
siguientes aspectos:

(…)”

(Subraya la Sala)

Conforme lo anterior, resulta claro que las acciones urbanísticas constitutivas de los
hechos generadores de la participación en plusvalía contenidos en la ley, pueden obrar
tanto en el propio Plan Básico de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio, como
en otros instrumentos o acciones urbanísticas que desarrollan o precisan este último.

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Por otra parte, la aplicación del principio de irretroactividad de la ley en materia
tributaria, establecido en los artículos 338 y 363 de la Constitución Política, supone
que solo hay lugar a exigir el cobro de un tributo cuando la obligación a cargo del sujeto
pasivo se ha configurado con posterioridad a la entrada en vigor de la norma que define
sus elementos. Sobre su aplicación en el caso concreto de la participación en
plusvalía, dijo la Sala11:

“Según la noción del artículo 73 de la Ley 388 de 1997 que se afinca en lo prescrito en el
artículo 82 constitucional, solo cuando la acción urbanística genera beneficios por el mejor
aprovechamiento del suelo y del espacio aéreo, que, de suyo, implica una plusvalía de la
tierra, surge el derecho de los municipios, distritos y áreas metropolitanas a participar en
ese plusvalor. Con ocasión de ello, la norma señala que los concejos municipales y
distritales podrán adoptar la participación en plusvalía, mediante acuerdos de carácter
general y su destino será para fomentar el interés común a través de acciones y
operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente: (i) los costos del
desarrollo urbano; (ii) el mejoramiento del espacio público, y (iii) la calidad urbanística del
territorio municipal o distrital.

(…)

Una vez adoptada en la jurisdicción municipal la participación en la plusvalía, la
configuración del hecho generador requiere que con posterioridad a su entrada en vigor se
adopte una acción urbanística, y su causación se dará desde el mismo momento en que
los usos del suelo y los índices de edificabilidad muten a unos potencialmente más
favorables, independientemente de que esas mejores condiciones sean o no aprovechadas
materialmente por el propietario.

En la misma oportunidad, la Sala fijó la siguiente subregla de unificación:
Teniendo en cuenta que la variación en las posiciones de la Sala recae sobre la
interpretación de lo que por autorización específica debería considerarse, en esta ocasión,
la Sala unificará como regla de decisión ese aspecto, y fijará la consecuencia de tal
entendimiento con respecto a la aplicación de la ley en el tiempo, así:

1) A efectos del artículo 74 de la Ley 388 de 1997, la autorización específica que
configura el hecho generador de la participación en plusvalía es la acción urbanística,
entendida en los términos del artículo 8.o ibidem, que permita la destinación del predio a
un uso más rentable o incrementar el aprovechamiento del suelo, en los eventos
señalados en la disposición. La acción urbanística podrá estar contenida en los planes
de ordenamiento territorial, o en los instrumentos que lo desarrollan o complementan (art.
9 Ley 388 de 1997) e, incluso, se podrá generar una nueva acción urbanística en vigencia
de un mismo plan. La participación en plusvalía se causa siempre y cuando el ente
territorial, previo a la acción urbanística, haya adoptado dicha exacción.

(Destaca la Sala)

Así, la participación en plusvalía solo se genera a partir de la norma contentiva de la
acción urbanística de la cual derivaron cambios en el uso de suelo, o mayores
condiciones de aprovechamiento del mismo. En todo caso, el impuesto solo se
generará si la actuación urbanística que contiene la autorización específica a que se
refiere el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, es expedida con posterioridad a la adopción
mediante acuerdo del tributo por el municipio que pretende exigirlo.

En este caso, no se discute que el Decreto 4110.20.0696 del 13 de julio 2011 contiene
el Plan Parcial de Desarrollo "Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros
del Sur, ubicado en el Área de Expansión Corredor Cali — Jamundí”, como
instrumento de planificación complementaria al POT aprobado mediante Acuerdo 069
de 2000, y que en el mismo se establecieron las condiciones concretas para el
desarrollo urbano de la zona determinada por el mismo plan parcial. Así, dice el
artículo 14 del mencionado decreto que el objetivo del plan parcial es “ Crear les

11 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de unificación
2020CE-SUJ4-006 del 3 de diciembre de 2020, exp. 23540, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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condiciones técnicas para que este vacío del suelo de expansión se incorpore a la estructura
urbana de la ciudad, diseñando y cumpliendo con las condiciones básicas de todo proceso
urbanístico en el marco de lograr un adecuado manejo ambiental y mejorar la calidad de vida
de sus habitantes”.

En el decreto mencionado se fijan los usos y actividades económicas, las unidades de
gestión y las condiciones específicas para las construcciones que allí se adelanten,
así como los índices de ocupación y construcción en tales áreas (arts. 15 y ss.), de
donde resulta claro que con la expedición de esta norma se configuró el hecho
generador de la participación en plusvalía según lo dispuesto en los numerales 2 y 3
del artículo 74 de la Ley 388 de 1997 (cambio del uso del suelo, y mayor
aprovechamiento del suelo).

También es claro para las partes y la propia Sala, que los elementos de la participación
en plusvalía en el municipio fueron definidos con la expedición del Acuerdo 111 de
2003. Por ello resulta forzoso concluir que no se presenta una violación al principio de
irretroactividad en materia tributaria, en tanto el hecho generador se configuró en el
año 2011, al momento de la expedición del plan parcial ya mencionado, momento para
el cual ya se encontraban definidos todos los elementos del tributo en las normas
municipales aplicables.

Por lo anterior, no prospera el cargo.

Extemporaneidad en la liquidación del efecto plusvalía

El artículo 80 de la Ley 388 de 1997 establece el procedimiento y los términos que
deben seguir los municipios para determinar el efecto plusvalía, así:

“Artículo 80º.- Procedimiento de cálculo del efecto plusvalía. El Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces o los peritos técnicos debidamente
inscritos en las Lonjas o instituciones análogas, establecerán los precios comerciales por
metro cuadrado de los inmuebles teniendo en cuenta su situación anterior a la acción o
acciones urbanísticas; y determinarán el correspondiente precio de referencia tomando
como base de cálculo los parámetros establecidos en los artículos 75, 76 y 77 de esta Ley.

Para el efecto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adopción del Plan de
Ordenamiento Territorial, de su revisión, o de los instrumentos que lo desarrollan o
complementan, en el cual se concretan las acciones urbanísticas que constituyen los
hechos generadores de la participación en la plusvalía, el alcalde solicitará se proceda a
estimar el mayor valor por metro cuadrado en cada una de las zonas o subzonas
consideradas.

Una vez recibida la solicitud proveniente del alcalde, el IGAC o la entidad correspondiente
o el perito avaluador, contarán con un plazo inmodificable de sesenta (60) días hábiles para
ejecutar lo solicitado. Transcurrido este término, y sin perjuicio de las sanciones legales a
que haya lugar por la morosidad de funcionario o los funcionarios responsables, y de la
responsabilidad contractual en el caso del perito privado, la administración municipal o
distrital podrá solicitar un nuevo peritazgo que determinen el mayor valor o monto de la
plusvalía de acuerdo con los procedimientos y parámetros instituidos en este mismo
artículo”.

Esta Corporación ha sostenido que los plazos previstos en la Ley 388 de 1997 son
perentorios, mas no preclusivos, en la medida en que la ley no previó la pérdida de
competencia del municipio derivada de su incumplimiento12. Por ello, la inobservancia
de estos términos no acarrea la nulidad de los actos expedidos en desarrollo del trámite
de la estimación del efecto plusvalía, como quiera que no fue especificado así en la
ley. No prospera el cargo.

12 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencias del 12 de febrero

de 2020, exp. 21682, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; 13 de septiembre de 2012, exp. 18063, M.P Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas, y del 25 de febrero de 2021, exp. 23536, M.P. Milton Chaves García.

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Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
FALLO

En la medida en que no prosperaron los cargos planteados por la demandante en su
recurso de apelación, la Sala confirmará en todas sus partes la sentencia apelada.

Condena en costas

De conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del proceso),
comoquiera que no se encuentran probadas en el expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia apelada.

SEGUNDO: No se condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

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MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

8
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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00893-01 (26966)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
FALLO

9
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