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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2010-00070-01

Fecha
14 de marzo de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2010-00070-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, el 17 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Escritural No. 6, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-31-000-2010-00070-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

14 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 50 001 23 31 000 2010 00070 01
Demandante: Irma López Henao
Demandada: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER1 (hoy Agencia
Nacional de Tierras -ANT-)

Tema: Confirma sentencia de primera instancia. Recurso de apelación. Acto de
revocatoria de la adjudicación de un bien baldío. Excepción de caducidad de la
acción – probada en la actuación–. El término para formular la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en vigencia del artículo 136 del CCA era de 4 meses.
La ocurrencia de un paro judicial no tiene la vocación de suspender el término de
caducidad.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 17 de mayo de 2018 por la Sala de
Decisión Escritural No. 6 del Tribunal Administrativo del Meta, que declaró probada
la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
propuesta por la parte demandada.

1 El inciso segundo del artículo 1º del Decreto 1850 de 2006, “[…] Por medio del cual se modifican los

artículos 16 y 22 del Decreto 2365 de 2015, se adoptan medidas con ocasión del cierre de la liquidación
del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER en Liquidación, y se dictan otras disposiciones"
[…]”, determina que la Agencia Nacional de Tierras -ANT- fungirá como sucesora procesal del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, teniendo en cuenta sus objetivos misionales y el origen de
las controversias judiciales.

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Número único de radicación: 50 001 23 31 000 2010 00070 01
Demandante: Irma López Henao

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Irma López Henao, en adelante la parte demandante, presentó demanda
contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-2, en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del
Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante, Código Contencioso
Administrativo, para que se declare la nulidad del Auto de fecha 23 de abril de
20074 y de la Resolución núm. 569 de 7 de abril de 20085, mediante la cual el
INCODER declaró la revocatoria directa de la Resolución núm. 929 del 30 de
octubre de 2006, a través de la cual adjudicó el predio denominado “Ripialito”,
ubicado en el corregimiento de Nueva Antioquia, municipio de La Primavera,
departamento del Vichada, a favor de la parte demandante.

Las pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6:

“[…]

PRIMERA.- Declarar nulas el auto y la Resolución fechados abril 23 de 2007 por
medio de los cuales se inició el trámite de la Revocatoria Directa y la Resolución
569 del día siete (07) del mes de abril del año de dos mil ocho (2.008) expedidas
por el INTITUTO NACIONAL (sic) DE DESARROLLO RURAL – INCODER,
mediante el cual se declaró la REVOCATORIA DIRECTA de la RESOLUCIÓN DE
ADJUDICACIÓN Nro. 929 del 30 de octubre de 2.006, por medio de la cual se
concedió la adjudicación del predio denominado RIPIALITO a mi poderdante IRMA
LÓPEZ HENAO.

SEGUNDA.- Que se restablezca el derecho a mi poderdante y como consecuencia
de lo anterior, se ordene al INTITUTO NACIONAL (sic) DE DESARROLLO RURAL
– INCODER-, a dejar incólume la Resolución de Adjudicación Nro. 929 del 30 de
octubre de 2.006, y en iguales condiciones de propietaria del predio RIPIALITO, a

2 Folios 2 al 68 del cuaderno núm. 1 del expediente.
3 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
4 “(Auto por el cual se inicia un trámite de revocatoria directa Expediente No. 9-4-5-0775)”.
5 “(Por la cual se revoca la resolución de adjudicación de baldíos No. 929 del 30 de octubre de 2006, expedida

por la OET No. 9)”.
6 Folios 7 al 8 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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Demandante: Irma López Henao

la adjudicataria que lo poseía al momento de la iniciación del trámite de la
revocatoria directa.

TERCERA.- Que se ordene a la entidad demandada oficiar a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño Vichada, con el fin de cancelar
cualquier disposición tendiente a revocar la inscripción de la adjudicación
concedida a la señora IRMA LOPEZ HENAO sobre el predio denominado
RIPIALITO y que figura con el número de matrícula inmobiliaria 540-0004960.

CUARTA.- Que se condene en costas del proceso a la entidad demandada.

QUINTA.- Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término
establecido en el artículo 176 del CCA.

SEXTA.- Que se conceda previo a la admisión de la presente demanda, la medida
provisional de SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos jurídicos de la
Resolución Nro. 569 de abril 7 de 2008, hasta tanto se resuelva de fondo el trámite
del presente proceso, la cual se ha solicitado en escrito separado.

SÉPTIMA.- Las demás condenas que se estime necesarias a efectos de declara
(sic) la nulidad y restablecer el derecho de mi poderdante IRMA LOPEZ HENAO
[…]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

4. Irma López Henao adquirió en el año 2001, mediante compraventa
celebrada con el señor Rolando Esteban Peláez, una posesión de mejoras del
predio denominado “Ripialito”, ubicado en el corregimiento de Nueva Antioquia,
municipio La Primavera, departamento del Vichada.

5. La señora López Henao solicitó la adjudicación de este predio como baldío
al Grupo Integral con Énfasis en Pesca Vichada del INCODER, por lo que esta
entidad —a través de la Oficina de Enlace Territorial OET núm. 9— expidió el acto
de aceptación núm. 1126 del 4 de agosto de 2006 y, posteriormente, tras
verificarse los requisitos legales, lo adjudicó mediante la Resolución núm. 929 de
30 de octubre de esa anualidad.

6. Informó que a través de medios de comunicación se publicó el día 23 de
abril de 2007 un artículo que daba cuenta de titulaciones fraudulentas de bienes
baldíos en el departamento del Vichada, lo que produjo que el director del

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INCODER de la época, Rodolfo Ocampo, declarase que “[…] lo sucedido es ilegal
y que se pudo haber cometido un fraude procesal […]”, situación que trajo como
consecuencia que se expidiera la Resolución núm. 0860 de 27 de abril de 2007,
que dio inicio a la revocatoria directa del acto de adjudicación de 31 predios
rurales, dentro de los que se encontraba el denominado “Ripialito”.

7. El INCODER luego de adelantar el trámite de revocatoria directa con
algunas irregularidades, expidió la Resolución núm. 569 de 7 de abril de 2008 que
revocó la Resolución núm. 929 de 30 de octubre de 2006, mediante la cual la
Oficina de Enlace Territorial OET núm. 9 del INCODER, había adjudicado el predio
denominado “Ripialito” a la señora López Henao.

Normas violadas

8. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 13, 16, 21, 22, 23, 25 y 29 de la Constitución Política
• Artículo 72, inciso 6 y 7 de la Ley 160 del 3 de agosto de 19947
• Ley 1152 de 25 de julio de 20078
• Artículos 69, 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo9
• Artículo 39 del Decreto 2664 de 3 de diciembre de 199410
• Decretos 01 de 2 de enero de 198411; 1300 de 21 de mayo de 200312; 2664
de 3 de diciembre de 199413 y 230 de 30 de enero de 200814.

Concepto de violación de las normas

7 “[…] Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece

un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan
otras disposiciones.”
8 “[…] Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo

Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones […]” - Declarada inexequible mediante la sentencia de la Corte
Constitucional C-175 de 2009
9 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
10 “[…] Por el cual se reglamenta el Capítulo XII de la Ley 160 de 1994 y se dictan los procedimientos para la

adjudicación de terrenos baldíos y su recuperación […]”
11 “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”
12 “[…] Por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se determina su estructura

[…]”
13 “[…] Por el cual se reglamenta el Capítulo XII de la Ley 160 de 1994 y se dictan los procedimientos para la

adjudicación de terrenos baldíos y su recuperación […]”
14 “[…] Por el cual se reglamenta el Capítulo XII de la Ley 160 de 1994 y se dictan los procedimientos para la

adjudicación de terrenos baldíos y su recuperación […]”

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9. La parte demandante explicó el concepto de violación de las normas
referidas, así:

10. Adujo que la administración pública tiene la potestad para revocar sus
propios actos, de oficio o a petición de parte, por razones de legalidad, de
conveniencia o de interés público, siempre que obre de por medio el
consentimiento del particular frente al acto regulador de una situación de carácter
particular y concreta según lo prevé el artículo 73 del Código Contencioso
Administrativo.

11. Indicó que para la procedencia de la revocatoria directa “[…] se requieren de
unas condiciones especialísimas para que la administración enmiende la situación
aberrante y antijurídica que se presenta en su acto ilícito. Y en esta intelección de
la norma es necesario hacer énfasis en el hecho de que la ocurrencia de medios
ilegales debe ser debidamente probada. Es decir se requiere que la actuación
fraudulenta aparezca ostensiblemente, pues la revocación por ese motivo no
puede ser fruto de la sospecha de la administración […]”. Agregó que, en este
asunto, “[…] al expedirse el acto cuestionado se desconoció el justo equilibrio
previsto entre los derechos del administrado y los intereses de la administración,
pues se declaró la Revocatoria de la Resolución de Adjudicación del predio
RIPIALITO, dejando de lado al adjudicatario de esta prerrogativa legal, y el órgano
administrativo en su política equivocada de desposeer al titular del citado predio
desatendió arbitrariamente, sin acatar los procedimientos legales [...]”

12. Sostuvo que, según el artículo 29 de la Constitución Política, el debido
proceso se aplicará a actuaciones judiciales y administrativas; no obstante, en este
asunto la entidad demandada desconoció los procedimientos legales para revocar
la resolución que adjudicó el predio a la demandante a quien no tuvo en cuenta
durante el trámite de la revocatoria, decisión que -afirma- también estuvo motivada
por los medios de comunicación que llevaron a la luz pública desbordadas
adjudicaciones de tierras adelantadas en la región.

13. Señaló que, “[…] conforme lo establecía la Ley 160 de 1994 y sus decretos
reglamentarios 2664 del mismo año y 0982 de 1996, era competencia del
INCORA, conocer y adelantar los trámites de titulación de predios baldíos. El

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Decreto – Ley 1300 de 2003, por medio del cual se creó el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural -INCODER- facultó a esta nueva entidad para que asumiera las
competencias que tenía el INCORA […]”. Destacó que estas normas contienen los
requisitos para adelantar la titulación de bienes baldíos, razón por la cual, el
INCODER procedió a expedir la resolución de adjudicación del referido predio,
decisión que adquirió firmeza pues no fue objeto de recurso u oposición de
terceros; en ese orden, reprochó la razón que motivó a la demandada a revocar un
acto con efecto particular y concreto que se ajustó al marco normativo que
regulaba la materia.

14. Refirió que la única razón utilizada por la administración para revocar su
acto fue la información que dijo recibir de terceros sobre la posible adjudicación de
terrenos sin el lleno de los requisitos legales, sin demostrar fehacientemente la
violación a las normas legales o reglamentarias en el proceso de adjudicación,
máxime si se tiene en cuenta que fue la misma entidad la que afirmó que se
habían cumplido con todas las etapas procedimentales previstas en la Ley 160 de
3 de agosto de 199415 y en los decretos reglamentarios núm. 2664 de 1994 y 0982
de 1996.

15. Afirmó que si el INCODER es la entidad pública competente para adelantar
el procedimiento de revocatoria directa de sus propios actos -para lo cual efectuó
un detenido recuento del trámite previsto en la Ley 160-, con la Ley 1152 dicha
competencia fue derogada y, por tanto, los funcionarios de la parte demandada
quedaron sin el respaldo jurídico para tomar este tipo de decisiones, pues no se
creó un régimen de transición para los procedimientos iniciados antes de esta
disposición normativa. Agregó que, en ese sentido, cualquier actuación adelantada
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1152 estaría viciada de nulidad
absoluta.

16. Aseveró que la motivación que justificó la apertura del proceso de
revocatoria directa fue que “[…] al parecer, los adjudicatarios no cumplían con el
término mínimo de cinco (5) años de ocupación y explotación del predio y además
el fundo no se encontraba explotado en las proporciones exigidas por las normas

15 “[…] Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se

establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria y se dictan otras disposiciones […]”

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que regulan la materia […]”. En ese orden, luego de recordar los requisitos legales
para la adjudicación de un bien baldío, concluyó que la demandante demostró en
el proceso de titulación que era la ocupante directa, sin perjuicio de los
trabajadores que tenía en el predio, por lo que acreditó la legitimidad que le asiste
como ocupante y poseedora con título.

17. Precisó que el señor Alonso Morales funge como administrador del predio,
“[…] pero no es menos cierto que él lo hace por contrato de trabajo que mi
poderdante le ha dado, en donde le cancela mensualmente un salario. Esa
administración que se hace a través de una tercera persona, se empezó a realizar,
junto con otros vecinos propietarios, cuando se percataron del alto costo que
representa el manejo individual del predio […]; no obstante, aclaró que las mejoras
han sido realizadas por parte de la adjudicataria, quien a través de sus negocios
en la zona cafetera del país consigue los recursos para la compra de insumos y
víveres con el fin de inyectarle recursos al predio con el fin de continuar su
explotación económica.

18. Puntualizó que en el inmueble adjudicado se han adelantado trabajos cuya
inversión económica supera el valor comercial del predio, tales como el
levantamiento de cercas, viviendas, saladeros, corrales para ganado y el
mejoramiento del suelo, por lo que se ha incrementado a actividad económica de
la zona, así como la generación de empleo en procura de cumplir con la finalidad
social de la propiedad. Agregó que está demostrado que desde que se ocupó el
predio hasta que se expidió la resolución de adjudicación pasaron más de cinco
años, cumpliendo de esta manera el requisito legal para acceder a la titulación del
predio baldío.

Contestación de la demanda

Parte demandada

19. La parte demandada contestó oportunamente la demanda y se opuso a
todas las pretensiones16, así:

16 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 240 al 262 del cuaderno núm. 2 del expediente.

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20. Indicó que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER- “[…]
adelantó las diligencias […] acorde con lo establecido en la Ley 160 de 1994 y en
el Decreto 2664 de 1994, vigentes para la época de los hechos, sin que en el
trámite de revocatoria se hayan violentado el debido proceso, la defensa de la
actora ni los principios de publicidad y motivación de las actuaciones, también allí
se demuestra que se atendieron y valoraron todas las pruebas y consideraciones
expuestas por el apoderado de la hoy demandante […]”

21. Agregó que, además de las normas indicadas en precedencia, “[…] la
normatividad aplicable al momento de decidir el trámite de revocatoria directa […]
fue la Ley 1152 de 2007 y su Decreto Reglamentario 230 de 2008, es de anotar
que aunque la Ley 1152 fue declarada inexequible mediante sentencia de
constitucionalidad C-175 de 19 de marzo de 2019 por pretermitir el trámite de
consulta previa, se encontraba vigente para el momento de la expedición del acto
administrativo de revocatoria directa […]”.

22. Sostuvo que el inciso 4.º del artículo 161 de la Ley 1152, así como el
artículo 20 del Decreto 230 de 2008, vigentes al momento de expedirse los actos
acusados, le permitían al INCODER “[…] revocar directamente y en cualquier
tiempo las resoluciones de adjudicación de baldíos sin el consentimiento expreso y
escrito del respectivo titular, agregando además, que los demás aspectos del
procedimiento de revocación se surtirá con arreglo las prescripciones del Código
de lo Contencioso Administrativo, es decir, la Ley estableció una especialidad en
materia de revocación, la cual no se puede por ningún momento desconocer […]”.

23. Agregó que “[…] carecería de todo sentido y contradeciría el principio
hermenéutico del “efecto útil” el que se entendiera que la disposición contenida en
el artículo 161 de la Ley 1152 de 2007 no podría aplicarse por existir norma
general frente a la revocatoria de actos administrativos. De conformidad con el
principio de interpretación citado, el juez está llamado a leer el enunciado
normativo en el sentido en que produzca efectos, no en el que lo haga inane
jurídicamente […]”.

24. Destacó que el procedimiento de adjudicación de baldíos en el presente
caso, “[…] se realizó de manera irregular, en el que se violaron las exigencias y
requisitos establecidos en la mencionada normatividad y, por tanto, a la luz de lo

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previsto en el inciso cuarto del artículo 161 de la Ley 1152 de 2007 y artículo 20
del Decreto 230 de 2008, se revocó directamente el precitado acto administrativo
[…]”.

25. Sostuvo que la Ley 160 determina que la ocupación previa del terreno
objeto de adjudicación debe hacerse de manera directa por el solicitante o futuro
beneficiario al igual que su explotación; no obstante, en el presente caso se pudo
establecer que el predio fue adquirido por otra persona que venía ejerciendo la
ocupación del predio y la explotación era realizada por un administrador por lo que
no existía identidad entre el solicitante y las personas que ejercieron la ocupación y
explotación directa del inmueble conforme lo exige la ley.

26. Manifestó, finalmente, que en el procedimiento de revocatoria del acto de
adjudicación se garantizó “[…] el debido proceso, el derecho de defensa y los
principios de publicidad y motivación. A lo largo del mismo, el Instituto se
pronunció, atendió y resolvió todas y cada una de las consideraciones jurídicas y
fácticas esgrimidas por el apoderado […]”.

27. La parte demandada propuso las siguientes excepciones, así:

Excepciones

Caducidad de la acción

28. Anotó que, “[…] a pesar de que el apoderado del extremo activo de la litis
muy hábilmente quiera hacer incurrir en error al administrador de justicia, cuando
en el anexo de la demanda denominado “Aclaración Adicional” manifiesta que la
notificación del acto administrativo que ordenó la revocatoria directa del acto de
adjudicación a su prohijada, se efectuó según él el día 22 de mayo de 2008 en el
INCODER de Bogotá, lo cierto es que la notificación fue realizada personalmente
al señor apoderado de la demandante Sr. CARLOS ALBERTO PELAEZ
LONDOÑO […] el día seis (6) de mayo de 2008, como consta en el acta de
notificación obrante a folio 438, en la cual a pesar de que el señor abogado se
negó a firmar el acta de notificación argumentando que tenía dificultades con sus
poderdantes […] dada la negativa se procedió a dejar constancia con la firma de
un testigo de los hechos […]”.

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29. Indicó que, suponiendo que la notificación anterior se entienda fallida, “[…]
lo procedente sería emplazar a la adjudicataria y nombrarle curador ad litem para
que la represente en el proceso administrativo, pues de ser así tenemos que
recordar que durante todo el proceso la señora IRMA LÓPEZ HENAO fue
representada por un auxiliar de la justifica […] y a dicho curador ad litem el día 21
de abril de 2008 le fue notificada la Resolución 569 del 07 de abril de 2008 […].

30. Agregó que en cualquiera de los dos casos “[…] el término legal con el que
contaba el apoderado judicial de la parte actora se encontraba vencido en el
momento de la presentación de la demanda, ya que de empezar a contarse el
término desde el momento en que el Dr. CARLOS ALBERTO PELÁEZ LONDOÑO
se negó a notificarse constituyéndose la notificación por conducta concluyente, es
decir, el día seis (6) de mayo de 2008, la fecha límite para presentar la demanda
era el día 07 de septiembre de 2008. Suponiendo que la fecha a tener en cuenta
para calcular el término de caducidad sea la fecha en la cual se notificó al curador
ad litem es decir el día 21 de abril de 2008, la fecha límite para presentar la
demanda habría sido el 22 de agosto de 2008, Es decir que en cualquiera de las
dos circunstancias ha operado la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136
del C.C.A. […]”.

Dilación injustificada del proceso administrativo

31. Refirió que, en el presente asunto, “[…] el extremo activo de la litis […]
constantemente se dedicó a dilatar por todos los medios legales existente la toma
de una decisión de fondo, interponiendo nulidades, recusaciones, solicitando
aplazamiento de las diligencias, e incluso recurriendo a la acción de tutela la cual
sea la oportunidad para recordarlo le fue negada y confirmada por el Tribunal
Superior de Risaralda, todo lo anterior con el único interés de minar la celeridad del
proceso, sin aportar fundamentos de fondo al debate probatorio, lo cual evidencia
que el interés en ningún momento fue el de demostrar que la adjudicataria contaba
con los requisitos exigidos para ser beneficiaria de la adjudicación del predio ya
que no se intentó desvirtuar que no contaba con el tiempo de ocupación y

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explotación exigido por la Ley sino que como ya se dijo previamente se intentó
dilatar el proceso administrativo de revocatoria de la adjudicación […] ”.

Prevalencia del derecho sustancial

32. Manifestó que “[…] reclama el reconocimiento de la prevalencia del derecho
sustancial reconocido constitucionalmente por el artículo 228 de la Carta Política
[…]”. Para soportar este aserto, afirmó que en este caso “[…] la norma aplicable
para la época de expedición de la aludida resolución de revocatoria directa, era la
Ley 1152 de 2007 y el Decreto 230 de 2008, razón por la cual, fuerza es concluir
que a la luz de las normas transcritas […] no era procedente solicitar el
consentimiento expreso y escrito del titular del derecho […] en otras palabras no
aplican para el caso sub examine, acá tiene prevalencia la norma especial […]”.

Excepción genérica

33. Solicitó que las excepciones que se encuentren probadas en el trámite del
proceso, sean concedidas a favor de la entidad demandada.

Sucesión procesal

34. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 15 de marzo de 2017, resolvió
tener como sucesor procesal del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -
INCODER- a la Agencia Nacional de Tierras – ANT17.

Sentencia proferida en primera instancia

35. El Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Escritural No. 6,
mediante sentencia proferida el 17 de mayo de 201818, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el INSTITUTO COLOMBIANO
DE DESARROLLO RURAL – INCODER, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda […]”.

17 Cfr. Folio 719 del cuaderno núm. 3 del expediente.
18 Cfr. Folios 838 al 845 del cuaderno núm. 3 del expediente.

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Demandante: Irma López Henao

Consideraciones del Tribunal

Caducidad de la acción

36. Recordó que el INCODER propuso como medio exceptivo de defensa la
caducidad de la acción, “[…] teniendo en cuenta que para el momento de la
presentación de la demanda ya había operado este supuesto de conformidad con
el artículo 136 del CCA, que establece un lapso de cuatro meses para la
presentación de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contados a
partir de la notificación del acto administrativo demandado, tiempo sobrepasado
por la parte demandante […]”.

37. Manifestó que, para efectos de resolver ese asunto, era relevante revisar la
legislación agraria vigente para el momento de la presentación de la demanda, y
sobre la cual se definió el trámite de revocatoria directa, “[…] pues allí se
encuentran establecidos unos procedimientos especiales en materia de baldíos,
que, al estar incluidos en una norma de carácter especial en la materia, tienen
prevalencia sobre las leyes de procedimiento general […]”.

38. Sostuvo que del estudio de cada uno de los procedimientos previstos en la
Ley 1152, respecto de las acciones contra los actos administrativos que se refieren
a la situación jurídica de los predios baldíos, incluyendo la expropiación de bienes
con fines de interés público, “[…] no se evidencia que alguno de estos trámites
concuerde con la situación fáctica expuesta en la demanda ni con las pretensiones
que eleva la actora […] No obstante, en el inciso cuarto (4) del artículo 161 ibidem,
en relación con las resoluciones de adjudicación, dispuso que contra estas la
entidad administrativa adjudicataria podría revocarlas directamente cuando
hubiesen sido “proferidas con violación a lo establecido en las normas legales o
reglamentarias vigentes sobre baldíos” sin ser necesario el consentimiento expreso
y escrito del titular. Allí mismo menciona que en lo demás, el trámite se sujetará a
las prescripciones del Código Contencioso Administrativo […]”.

39. Destacó que, del análisis integral del asunto, la acción procedente es la de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código

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Contencioso Administrativo, y que el término de caducidad para formular la
demanda es de cuatro (4) meses según lo prevé el artículo 136 ibidem, modificado
por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989 y el artículo 44 de la Ley 446.

40. Indicó que la Resolución núm. 569 de 2008 del INCODER, revocatoria de la
Resolución núm. 929 de 30 de octubre de 2006 -por la cual se adjudicó el predio
“Ripialito” a la actora-, se intentó notificar personalmente al apoderado de la parte
demandante el día 6 de mayo de 2008, pero este se negó a hacerlo conforme a la
constancia que dejó el servidor que adelantó dicha diligencia; no obstante, esta
decisión fue notificada personalmente al curador ad litem de la adjudicataria el día
21 de abril de 2008 y, por medio de edicto fijado por el INCODER el día 2 de mayo
de 2008 y desfijado el 16 de mayo de esa anualidad, fecha en que quedó
debidamente ejecutoriada.

41. Resaltó que, si bien la parte actora al momento de formular la demanda
alegó que los términos de caducidad se suspendieron con ocasión del paro judicial
adelantado por Asonal Judicial en el año 2008, lo cierto es que conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado “[…] el cese de actividades no interrumpió el
término de caducidad, y por lo tanto la parte actora debió interponer la demanda al
día siguiente hábil a su finalización; según la constancia emitida por la secretaría
de la Sección Primera del Consejo de Estado, finalizó el 15 de octubre de 2008, es
decir, que la demanda debió interponerse a más tardar el 16 de octubre de la
misma anualidad; sin embargo, como se acotó atrás, la demanda fue presentada el
21 de noviembre de 2008, momento para el cual ya se encontraba caducada la
acción […]”.

42. Concluyó que, en atención a lo dispuesto en el artículo 164 del Código
Contencioso Administrativo, “[…] se declarará probada la excepción de caducidad
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, incoada por el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural hoy Agencia Nacional de Tierras […]”.

Recurso de apelación

Parte demandante

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43. La parte demandante interpuso, dentro del término legal, recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 17 de mayo de
2018 por la Sala de Decisión Escritural No. 6 del Tribunal Administrativo del
Meta, y lo sustentó con base en los siguientes argumentos:

44. Mencionó que el objeto o debate de este proceso “[…] se circunscribe al acto
de adjudicación, es decir, mi poderdante con este medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho ha pretendido demostrar el efectivo cumplimiento de
los requisitos de la ley 160 de 1994, como la ocupación y explotación de manera
continua e ininterrumpida, y a su vez el INCODER, como entidad demandada, ha
argumentado la ausencia o falta de cumplimiento en los requisitos para la
adjudicación […]”.

45. Agregó que la litis planteada en este asunto se centra en la legalidad de un
acto de adjudicación, “[…] en el efectivo cumplimiento o no de los requisitos de la
ley 160 de 1994 frente a una resolución 569 de 2008, que ordenó revocar la
resolución de adjudicación. Es palpable, entonces, que el objeto y la finalidad de
esta acción de nulidad y restablecimiento del derecho se limita a la
ADJUDICACIÓN de un baldío y al cumplimiento de los requisitos en cuanto a la
adjudicación […]”.

46. Sostuvo que, si bien las Leyes 160 y 1152, no tipifican cuál es la acción a
presentar ni el término de caducidad para formular la demanda frente a un acto de
revocatoria directa de una adjudicación, “[…] debemos necesariamente y por
remisión normativa, acudir al Decreto 01 de 1984, en su artículo 136. De acuerdo
con la sentencia apelada y el criterio aplicado por el Tribunal, al no estar reglado el
término de caducidad debe aplicarse el término del numeral 2 que determina una
caducidad de 4 meses; sin embargo no compartimos la tesis planteada, toda vez
que debe aplicarse el numeral 4 en lugar del numeral 2 del artículo 136, que
dispone, “Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley agraria, la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos proferidos
por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, caducará en dos (2) años
contados desde el día siguiente a su publicación, cuando ella sea necesaria, o
desde su ejecutoria, en los demás casos […]”.

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47. Destacó que la sentencia apelada “[…] argumentó que en el presente caso
objeto de estudio, la caducidad es de cuatro (4) meses para las acciones de
nulidad y restablecimiento del derecho, basándose según manifestaciones
realizadas por el Honorable Consejo de Estado, el término de caducidad de las
acciones en situaciones de paro judicial y cede (sic) de actividades de la Oficina de
Apoyo Judicial, no se presenta suspensión de dicho término, sino lo que se
configura una extensión del término de caducidad, lo cual permite que las
demandas sean presentadas el primer día de reanudación de las labores de la
Rama Judicial, siempre y cuando se venza dentro del cese de actividades del
operador judicial […]”.

48. Sostuvo que no comparte el criterio sostenido por el Tribunal, pues, si bien
“[…] las actividades judiciales se reanudaron el día 16 de octubre del año 2008, […]
como consecuencia de la congestión en la oficina de apoyo y despachos judiciales,
a causa de dicho cese de actividades, la demanda fue radicada el día 21 de
noviembre de 2008 […] el cese de actividades de la Rama Judicial constituyó un
hecho extraordinario, imprevisible y ajeno a la voluntad de la parte demandante,
que provocó una falla en la debida prestación del servicio, en desmedro de las
características de la administración de justicia previstas en el artículo 12 de la Ley
270 de 1996 y de las finalidades que son inherentes al servicio público […]”.
49. Afirmó, luego de hacer referencia a algunas decisiones de la Corte
Constitucional, “[…] que el hecho del cese de actividades motivadas por un paro
judicial, impone una carga que no deben soportar los administrados de justicia,
convirtiéndose lo anterior en una situación imprevisible la cual no puede causar
efectos adversos en derecho para los usuarios de la administración de justicia, peor
aún que la imposición de dicha carga repercuta en la pérdida de una oportunidad
para reclamar unos derechos […]”.

50. Indicó que el principio de confianza legítima rige la relación entre la
administración pública y las personas naturales o jurídicas; en ese orden, destacó
que “[…] la administración frente a su derecho de reclamar mediante
manifestaciones como el cese de actividades de sus funciones, debe garantizar y
respetar las condiciones y circunstancias ya establecidas a sus administrados,
pues ahí radica el principio de confianza legítima, mediante la cual no se debe

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causar ningún perjuicio a los usuarios de las administración de justicia, por
situaciones que no dependen de ellos, como el caso que aquí nos ocupa […]”.

51. Puntualizó, luego de referir algunos pronunciamientos de la Corte
Constitucional, que el principio de continuidad de la jurisdicción, “[…] cuyo origen
se encuentra en el reconocimiento de las Administración de justicia como servicio
público esencial, conduce a determinar que cualquier cese de actividades o
suspensión del trabajo resulta contrario al ordenamiento constitucional y, por lo
mismo, no tiene ninguna fuerza vinculante ni para los sujetos procesales, ni para
los funcionarios judiciales que se abstengan de participar en dichas jornadas de
protesta, ni para la comunidad en general […]”.

Actuaciones en segunda instancia

52. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 27 de septiembre de 201819,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida, en primera instancia, el 17 de mayo de 2018 por la Sala de
Decisión Escritural No. 6 del Tribunal Administrativo del Meta. A continuación,
mediante auto proferido el 7 de noviembre de 201820, corrió traslado a las partes
por el término común de diez (10) días para que presentaran sus alegatos de
conclusión, y una vez vencido dicho término, al Ministerio Público por diez (10)
días para que emitiera concepto.

53. La Agencia Nacional de Tierras -ANT-, dentro de la oportunidad procesal,
presentó sus alegatos de conclusión, insistiendo en los argumentos expuestos a lo
largo del proceso21. La parte demandante hizo lo propio y reiteró los argumentos
formulados en el recurso de apelación22.

54. El agente del Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES

19 Cfr. Folio 4 del cuaderno núm. 5 del expediente.
20 Cfr. Folio 8 del cuaderno núm. 5 del expediente.
21
Cfr. Folio 10 al 12 del cuaderno núm. 5 del expediente.
22 Cfr. Folio 13 al 41 del cuaderno núm. 5 del expediente.

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55. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el
marco normativo y jurisprudencial de la adjudicación de bienes baldíos y su
revocatoria; de la caducidad de la acción; de la suspensión de la caducidad por un
paro judicial; v) del tránsito de legislación agraria y, vi) análisis del caso concreto

Competencia de la Sala

56. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo23, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los
términos del artículo 30824 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201125, sobre el
régimen de transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 201926, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto,
en segunda instancia.

57. La Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas por la parte
demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida,
en primera instancia, el 17 de mayo de 2018 por la Sala de Decisión Escritural No.
6 del Tribunal Administrativo del Meta, que declaró probada la excepción de
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho propuesta por la
parte demandada, teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo 328 del
Código General del Proceso27, norma aplicable al presente caso en virtud de lo

23 “[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión. […]”.
24[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos

(2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.
[…]”.
25 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

[…]”.
26 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad

de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones.
27 “[…] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.
[…].”

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dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 28, se limitará a
conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contraen dichos recursos.

58. La Sala no observa en el presente proceso la configuración de causal de
nulidad alguna que invalide lo actuado, por lo que se procede a decidir el caso sub
lite.

Actos acusados

59. Los actos acusados son los siguientes:

60. El Auto de fecha 23 de abril de 2007 “[…] “AUTO POR EL CUAL SE INICIA
UN TRÁMITE DE REVOCATORIA DIRECTA EXPEDIENTE NO. 9-4-5-0775” […]”,
expedido por el Subgerente de Ordenamiento Social de la Propiedad del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-29, que en su parte resolutiva dispuso:

“[…] ARTICULO PRIMERO.- Tener como prueba documental, la copia
de la resolución No. 0929 del 30 de octubre de 2007, expedida por la
OET No. 9 del INCODER y fotocopia del folio de matrícula inmobiliaria en
el cual se registró la mencionada resolución, si lo hubiere.

ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar la realización de una inspección ocular,
por parte de los funcionarios del INCODER LILIANA VEGA ZULUAGA,
LILIANA MORALES CASTILLA, CAROLINA CARDENAS ZUÑIGA,
JANETHE SAAVEDRA CORREDOR Y OLGA LUCIA GARCIA RINCON,
entre los días 3 al 6 de junio de 2007, al predio RIPIALITO, la cual tendrá
por objeto precisar: 1) Personas que se encuentran actualmente en el
predio, a qué título y desde qué fecha, 2) Fecha de vinculación del
adjudicatario al predio, 3) Forma como el adjudicatario obtuvo su
vinculación al predio, 3) (sic) Con relación al predio: Existencia del predio
adjudicado, Área, ubicación y linderos del predio adjudicad, clase de
suelos y aptitud agropecuaria, tipo de explotación económica (precisando
el tipo de explotación económica), número de cabezas de ganado
(precisando su clase), áreas de reserva forestal protectora, a fin de
establecer el cumplimiento de los requisitos exigidos para la adjudicación
de predios baldíos en los términos de la ley 160 de 1994 y el decreto
2664 del mismo año.

ARTICULO TERCERO.- En el evento de que sea posible, recibir
testimonio de los colindantes o vecinos de la región con el fin de precisar
la vinculación del adjudicatario al predio, el tiempo de la misma, así como
los antecesores en la posesión en caso de que los hubiese.

28 “[…] Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo […]”.
29 Cfr. Folios 157 al 161 del cuaderno núm. 1 del expediente

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ARTICULO CUARTO.- Reconocer personería jurídica a los doctores
GONZALO PARRA GONZALEZ, CARLOS ANDRES VEGA ORTIZ,
CARLOS ALBERTO TORRES, para que actúen en representación del
(los) adjudicatario(s) del predio baldío objeto del procedimiento objeto de
revocatoria directa.
ARTICULO QUINTO.- Téngase como prueba las documentales
aportadas por los apoderados como anexo a los memoriales que
aparecen dentro del expediente de revocatoria directa objeto del presente
auto.
[…]”.

61. La Resolución núm. 569 de 7 de abril de 2008 “[…] “Por la cual se revoca la
Resolución 929 del 30 de octubre de 2006 que adjudicó un terreno baldío, expedida
por la OET No. 9” […]”, expedida por el Subgerente de Estrategias del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-30, que resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 929 del 30 de
octubre de 2006, a través de la cual la Oficina de Enlace Territorial No. 9
del INCODER, adjudicó el predio rural denominado PITALITO, ubicado en
el corregimiento de Nueva Antioquia, Departamento del Vichada, con una
extensión de 1224-7260 Hás (sic) a IRMA LÓPEZ HENAO por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, a la beneficiaria de la
adjudicación hecha mediante la resolución revocada en los términos del
Código Contencioso Administrativo, haciéndoles saber que de
conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Decreto 230 de 2008,
contra la misma no procede recurso alguno por la vía gubernativa.
ARTICULO TERCERO: Ordenar, mediante la inscripción de la presente
providencia, la cancelación del Folio de Matricula Inmobiliaria que se
abrió para inscribir la Resolución No. 929 del 20 de octubre de 2006 en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente […]”.

Problema jurídico

62. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, su contestación, la
decisión del a quo y el recurso de apelación, determinar si la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho fue presentada por la parte demandante dentro del
término legalmente establecido. En caso de respuesta afirmativa, la Sala
continuará con el análisis de fondo.

30 Cfr. Folios 162 al 172 del cuaderno núm. 1 del expediente

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63. En consecuencia, se establecerá si hay lugar a revocar o confirmar la
sentencia proferida por el a quo que declaró probada la excepción de caducidad de
la acción propuesta por la demandada.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la adjudicación de un bien
baldío y de la revocatoria directa

De la adjudicación de un bien baldío

64. Vista la Ley 160 de 3 de agosto 199431 que creó el Sistema Nacional de
Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y el numeral 13 de esta norma, se
asignó al entonces Incora la función de administrar en nombre del Estado las
tierras baldías de la Nación, de la siguiente forma:

“[…] Administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación y,
en tal virtud, adjudicarlas, celebrar contratos, constituir reservas y
adelantar en ellas programas de colonización, de acuerdo con las normas
legales vigentes y los reglamentos que expida la Junta Directiva. […]”

65. La mencionada ley dotó de facultad al Incora no sólo para la administración
de los terrenos baldíos sino también para la adjudicación y adopción de medidas
pertinentes, cuando se evidenciara una indebida apropiación o irregularidades en
las condiciones bajo las cuales fueron entregados y, estableció que la propiedad de
este tipo de bienes se obtiene únicamente a través de título otorgado por el Estado.

66. Visto el artículo 72 ibidem, sobre la titulación de terrenos baldíos y la validez
de los actos administrativos de adjudicación, dispuso lo siguiente:

[...] ARTICULO 72. No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos
en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o
poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio
nacional.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, en el
momento de presentar la solicitud de titulación el peticionario deberá
31 […] Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se

establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria y se dictan otras disposiciones […]

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manifestar, bajo la gravedad del juramento, si es o no propietario o
poseedor de otros inmuebles rurales en el territorio nacional.

Serán absolutamente nulas las adjudicaciones que se efectúen con
violación de la prohibición establecida en este artículo.

La acción de nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos
podrá intentarse por el INCORA, por los Procuradores Agrarios o
cualquier persona ante el correspondiente Tribunal Administrativo, dentro
de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria o desde su publicación en el
"Diario oficial", según el caso.

La procedencia de esta acción se hará constar en todas las resoluciones
de titulación de baldíos que expida el INCORA.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el INCORA
podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de
adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo
establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre
baldíos.

En este caso no se exigirá el consentimiento expreso y escrito del
respectivo titular. En lo demás, el procedimiento de revocación se
surtirá con arreglo a las prescripciones del Código de lo
Contencioso Administrativo.

Para la aplicación de las prohibiciones previstas en el presente artículo, se
tendrán en cuenta, además, las adjudicaciones de terrenos baldíos
efectuadas a sociedades de las que los interesados formen parte, lo
mismo que las que figuren en cabeza de su cónyuge, compañero
permanente e hijos menores que no hayan obtenido habilitación de edad.

Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente
adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos
para la titulación señalados por la Junta Directiva para las Unidades
Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o región. También serán
nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a
sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras
que le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas
sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos
en superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad
Agrícola Familiar.

Quien siendo adjudicatario de tierras baldías las hubiere enajenado, no
podrá obtener una nueva adjudicación antes de transcurridos quince (15)
años desde la fecha de la titulación anterior.

Los terrenos baldíos adjudicados no podrán fraccionarse en extensión
inferior a la señalada por el INCORA como Unidad Agrícola Familiar para
la respectiva zona o municipio, salvo las excepciones previstas en esta
Ley.

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Los Registradores de Instrumentos Públicos se abstendrán de registrar
actos o contratos de tradición de inmuebles, cuyo dominio inicial provenga
de adjudicaciones de baldíos nacionales, en los que no se protocolice la
autorización del INCORA cuando con tales actos o contratos se
fraccionen dichos inmuebles.

La declaratoria de caducidad de los contratos relacionados con baldíos y
la reversión al dominio de la Nación se harán sin perjuicio de los derechos
de terceros.

Las prohibiciones y limitaciones señaladas en los incisos anteriores
deberán consignarse en los títulos de adjudicación que se expidan. […]
(Resaltado de la Sala).

67. Esta Sección ha considerado32 que, según la norma transcrita, el legislador
estableció dos prerrogativas en cabeza del Incora respecto de la validez de las
resoluciones de adjudicación de terrenos baldíos. La primera de ellas, la de iniciar
ante el correspondiente Tribunal Administrativo la acción de nulidad en contra de
sus propios actos de adjudicación. Dicha acción, además del Incora, también
podría ser interpuesta por los Procuradores Agrarios o cualquier persona.

68. La segunda facultad otorgada por la norma tiene relación con la posibilidad
de la Administración de revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones
de adjudicación de tierras baldías expedidas con violación a lo establecido en las
normas legales o reglamentarias vigentes, para lo cual no es exigible el
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. En lo demás, el
procedimiento de revocación se debe surtir con arreglo a las prescripciones del
Código de lo Contencioso Administrativo.

69. Visto el Decreto 2664 de 1994 se advierte que reglamentó el Capítulo XII de
la Ley 160 y dictó los procedimientos para la adjudicación de terrenos baldíos y su
recuperación.

70. Visto el Decreto 1292 de mayo del 200333 que ordenó la supresión y
liquidación del Incora, y el Decreto 1300 del 21 de mayo de 2003 34, que creó el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), entidad que asumió las

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P.: Dr. Germán Eduardo
Osorio Cifuentes; sentencia de 26 de octubre de 2023, radicado: 81001-23-31-000-2011-90051-014, actor:
Filadelfio Estévez Terán, demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, hoy Agencia
Nacional de Tierras – ANT (sucesor procesal)
33 […] por el cual se suprime el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora y se ordena su liquidación

[…]
34 […] “Por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se determina su estructura […]

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funciones de reforma agraria y desarrollo rural que se hallaban a cargo del Incora,
disponiendose que todas las referencias normativas35 que hicieran las
disposiciones legales vigentes al Incora, debían entenderse referidas al Incoder y
que su patrimonio estaría constituido, entre otros, por “los bienes y recursos que le
transfirieran las entidades suprimidas del sector”36.

71. Vista la ley 1152 de 200737 que derogó la Ley 160 de 1994 y reestructuró el
Incoder para establecer que continuaría como un establecimiento público del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera 38, siendo su
objeto fundamental ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural 39.

De la revocatoria del acto de adjudicación de un bien baldío

72. Visto el artículo 21 ibidem que dotó de funciones nuevas al Incoder y, en
relación con la adjudicación de los baldíos sobre terrenos productivos, precisó:

“[…] Artículo 21.- Son funciones del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural, Incoder, las siguientes: (…) 7. Adjudicar mediante convocatoria
pública las tierras productivas de la Nación que le hayan sido transferidas
por cualquier entidad pública o privada. 8. Adjudicar baldíos con vocación
productiva a los particulares en el término de la presente ley. […]”.

73. Visto el artículo 161 ibidem que estableció el procedimiento administrativo de
la revocatoria directa del acto de adjudicación de baldíos, con un contenido similar
al de la norma derogada:

35 […] Artículo 24. REFERENCIAS NORMATIVAS. Todas las referencias que hagan las disposiciones legales

vigentes al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, al Instituto Nacional de Adecuación de Tierras,
Inat, al Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural, DRI y al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura,
INPA, deben entenderse referidas al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder […]
36 Posteriormente el Gobierno Nacional, a través del Decreto No. 2365 del siete (7) de diciembre de dos mil

quince (2015), ordenó la supresión y liquidación del INCODER y dispuso, sobre la representación judicial del
Instituto: […] El INCODER en Liquidación, antes del cierre de su liquidación, entregará los procesos judiciales a
la Agencia Nacional de Tierras o a la Agencia de Desarrollo Rural, según corresponda a sus respectivos
objetos misionales, teniendo en cuenta el origen de la controversia judicial.[…]”
37 […] Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo

Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones […]
38 […] Artículo 18. Para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta norma el Instituto Colombiano de

Desarrollo Rural, Incoder, continuará siendo un Establecimiento Público del orden nacional que cuenta con
personería jurídica, patrimonio autónomo e independencia administrativa, adscrito al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, su domicilio está en la ciudad de Bogotá y contará con el número plural de dependencias que
requiera para el cabal ejercicio de sus funciones en el orden territorial, en los términos de la presente ley […]
39 “[…] Artículo 20 El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, tendrá por objeto fundamental

promover y apoyar la ejecución de la política establecida por el Ministerio de Agricultura para fomentar el
desarrollo productivo agropecuario, forestal y pesquero en el medio rural, facilitar a la población campesina el
acceso a los factores productivos, fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades, y propiciar la
articulación de las acciones institucionales que forman parte del sistema nacional de desarrollo rural, bajo
principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a
mejorar los índices de calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país. […]”

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“[…] ARTÍCULO 161. No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos
en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o
poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio
nacional, salvo lo dispuesto para las zonas de desarrollo empresarial.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, en el
momento de presentar la solicitud de titulación el peticionario deberá
manifestar, bajo la gravedad del juramento, si es o no propietario o poseedor
de otros inmuebles rurales en el territorio nacional.

Serán absolutamente nulas las adjudicaciones que se efectúen con violación
de la prohibición establecida en este artículo. La acción de nulidad contra las
resoluciones de adjudicación de baldíos podrá intentarse por la entidad
administrativa adjudicataria, por los Procuradores Agrarios o cualquier
persona ante el correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los dos
(2) años siguientes a su ejecutoria, o desde su publicación en el Diario
Oficial, según el caso.

La procedencia de esta acción se hará constar en todas las resoluciones de
titulación de baldíos que expida la entidad administrativa adjudicataria.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la entidad
administrativa adjudicataria (sic) podrá revocar directamente, en cualquier
tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas con
violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes
sobre baldíos. En este caso no se exigirá el consentimiento expreso y
escrito del respectivo titular. En lo demás, el procedimiento de revocación se
surtirá con arreglo a las prescripciones del Código de lo Contencioso
Administrativo.

Para la aplicación de las prohibiciones previstas en el presente artículo, se
tendrán en cuenta, además, las adjudicaciones de terrenos baldíos
efectuadas a sociedades de las que los interesados formen parte, lo mismo
que las que figuren en cabeza de su cónyuge, compañero permanente e
hijos menores adultos.

Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente
adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos
para la titulación señalados por el Consejo Directivo para las Unidades
Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o zona. También serán nulos
los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a
sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras que
le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o
comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies
que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar.

Quien siendo adjudicatario de tierras baldías las hubiere enajenado o no
podrá obtener una nueva adjudicación.

Los terrenos baldíos adjudicados no podrán fraccionarse en extensión
inferior a la señalada por el Incoder como Unidad Agrícola Familiar para la
respectiva zona o municipio, salvo las excepciones previstas en esta ley y
las que determine el Consejo Directivo del Incoder mediante reglamentación.
Los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos se abstendrán de
autorizar y registrar actos o contratos de tradición de inmuebles, cuyo
dominio inicial provenga de adjudicaciones de baldíos nacionales, en los que

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no se protocolice la autorización del Incoder, cuando con tales actos o
contratos se fraccionen dichos inmuebles.

La declaratoria de caducidad de los contratos relacionados con baldíos y la
reversión al dominio de la Nación se harán sin perjuicio de los derechos de
terceros.

No podrá alegarse derecho para la adjudicación de un baldío, cuando
demuestre que el peticionario deriva su ocupación del fraccionamiento de
los terrenos, efectuado por personas que los hayan tenido indebidamente,
hubiere procedido con mala fe, o con fraude a la ley, o con violación de las
disposiciones legales u otro medio semejante, o cuando se tratare de tierras
que tuvieren la calidad de inadjudicables o reservadas.

Las prohibiciones y limitaciones señaladas en los incisos anteriores deberán
consignarse en los títulos de adjudicación que se expidan. […]”.

74. Visto el Decreto 230 de 2008, que reglamentó la norma anterior “[…] en lo
relativo a la administración, tenencia y disposición de los terrenos baldíos
nacionales, se establecen los procedimientos para su adjudicación, reserva,
reversión y recuperación y se dictan otras disposiciones […]”, en el artículo 7.º
reguló la competencia del Incoder, así:

“[…] Artículo 7º. Competencia. Con sujeción a los criterios de ordenamiento
territorial establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial
correspondiente, así como a los referentes a la disposición y uso de las
tierras de propiedad de la Nación adoptados por el Consejo Nacional de
Tierras y a las políticas de conservación del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, el Incoder adelantará las actuaciones y
dictará las disposiciones encaminadas a regular la ocupación, la ordenada
utilización y el aprovechamiento de las tierras baldías de propiedad nacional
con vocación productiva agropecuaria o forestal, dando preferencia en su
adjudicación a los campesinos de escasos recursos.

En tal virtud, el Incoder podrá adjudicarlas en favor de las personas
naturales, empresas comunitarias y cooperativas campesinas, y en las
Zonas de Desarrollo Empresarial, a las sociedades de cualquier índole que
sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como
empresas especializadas del sector agrícola, pecuario, pesquero o forestal,
con arreglo a las disposiciones legales, a las del presente decreto y a los
reglamentos que por autorización legal expida el Consejo Directivo del
Incoder.

Las facultades previstas en el presente artículo también comprenden la
revocatoria directa de las resoluciones de adjudicación expedidas con
violación de lo establecido en las normas constitucionales, legales y
reglamentarias, la celebración de contratos de explotación de baldíos con
las mencionadas empresas, la declaratoria de caducidad en caso de
incumplimiento de las obligaciones pactadas y la recuperación de los
terrenos cuando se cumpla la condición resolutoria del correspondiente
contrato. […]”.

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75. Visto el artículo 20 ibidem, que estableció que el gerente del Incoder podría
revocar directamente, de oficio o a solicitud de parte, las resoluciones de
adjudicación de baldíos, así:

“[…] Artículo 20. Procedencia. El Gerente General del Incoder
podrá revocar directamente de oficio, a solicitud de parte o del
agente del Ministerio Público Agrario, en cualquier tiempo, sin
necesidad de solicitar el consentimiento expreso y escrito del
titular, las resoluciones de adjudicación de baldíos proferidas
con violación de las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias vigentes al momento de expedirse la resolución
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161
de la Ley 1152 de 2007. […]” (negrillas fuera de texto).

76. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-175 de 18 de marzo de
2009, declaró la inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007, por no haber surtido el
procedimiento de consulta previa a las comunidades indígenas y
afrodescendientes; y respecto a los efectos de esta decisión la Corte dispuso:

“[…] Por último, la Sala considera pertinente señalar que esta
decisión tiene los efectos ordinarios previstos en el artículo 45 de
la Ley 270/96 – Estatutaria de Administración de Justicia –, es decir,
hacia futuro […]” (negrillas fuera de texto).

77. Visto el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de Administración de
Justicia-, que estableció las reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en
desarrollo del control judicial de constitucionalidad y señaló que “[l]as sentencias
que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los
términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a
menos que la Corte resuelva lo contrario”.

78. La Corte Constitucional en Sentencia de Unificación 037 de 2019, frente a
los efectos de las sentencias de inexequibilidad, reiteró que la regla general es que
sus efectos sean hacía futuro, así:

“[…].5.5. Así las cosas, en la actualidad, por regla general y salvo
que se indique expresamente algo diferente en el fallo, la
declaratoria de inexequibilidad de una disposición tiene
efectos hacia futuro (ex nunc) y esto, según lo ha explicado
esta Corte, encuentra sustento en los principios de seguridad
jurídica y democrático, los cuales implican “la presunción de
constitucionalidad de las normas que integran el sistema jurídico”
mientras ella no sea desvirtuada por este Tribunal en una

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providencia con fuerza erga omnes, luego de surtirse un proceso
de constitucionalidad abstracta40[…] (negrillas fuera de texto).

79. Visto el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 que determina que “[l]as leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que
hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que se estuvieren
iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

80. En consecuencia, en virtud de los desarrollos jurisprudenciales indicados
supra y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887,
las actuaciones que hubieren iniciado a correr en vigencia de la Ley 1152 y su
Decreto Reglamentario 230 de 2008, debían culminar con fundamento en dicha
normatividad. Por otro lado, aquellos trámites iniciados con posterioridad a la
declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1152, debían atender lo previsto en la
norma revivida, esto es, la contenida en la Ley 160 y en el Decreto 2664 de 1994.

Diferencia entre el acto de revocatoria directa de la adjudicación de baldíos y
el acto de adjudicación

81. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-255 de 201241, se
pronunció sobre la revocatoria directa de los actos de adjudicación de bienes
baldíos en la que declaró exequibles los incisos 6º y 7º del artículo 72 de la Ley 160
de 1994, bajo las siguientes consideraciones:

“[…] 6.3.- Como primera medida la Corte recuerda que la facultad de
revocatoria directa de actos administrativos no se encuentra per se
constitucionalmente prohibida. […]. // Pero también es cierto que
excepcionalmente el Legislador puede autorizar la revocatoria
unilateral sin que medie la anuencia del administrado, cuando ello
40 Cfr. Sentencias C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-280 de 2014 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez). Al respecto, cabe resaltar que esta interpretación sobre las consecuencias prospectivas de
los fallos ha sido utilizada por esta Sala al realizar juicios de control de institucionalidad, por ejemplo en la
Sentencia C-408 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), al efectuar el control automático de
constitucionalidad de una ley expedida a través del procedimiento legislativo especial para la paz, determinó
que el juicio de compatibilidad normativa debía realizarse conforme a las normas vigentes para el momento en
el que se adelantó el trámite del proyecto de ley, a pesar de que dichas disposiciones habían sido declaradas
inconstitucionales posteriormente. Específicamente, se sostuvo que de conformidad con la redacción original
del Acto Legislativo 01 de 2016 “los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones
siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional”,
y que aunque “esta última previsión fue declarada inexequible por la sentencia C-332 de 2017 (M.P. Antonio
José Lizarazo Ocampo), (…) en la medida en que dicho fallo no previó efectos retroactivos de la decisión, la
regla resulta aplicable en el presente caso, habida cuenta que estaba vigente y gozaba de presunción de
constitucionalidad cuando se adelantó el trámite legislativo que precedió a la norma examinada”.
41 “[…] Corte Constitucional, sentencia C-255 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio […]

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obedezca a razones constitucionales importantes, existan elementos
de juicio acreditados de manera suficiente y se ofrezcan al
ciudadano todas las garantías para ejercer sus derechos de
contradicción y defensa en el marco del debido proceso.

“6.4.- En el caso del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, la Corte
observa que la facultad de revocatoria unilateral de los actos de
adjudicación de baldíos, sin el consentimiento expreso y escrito del
titular, responde a fines constitucionalmente valiosos: (i) está
encaminada al cumplimiento de la función social de la propiedad; (ii)
pretende asegurar el acceso progresivo a la tierra de los
trabajadores agrarios; y (iii) se proyecta como una manifestación del
deber del Estado de promover las condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva, en su obligación de adoptar medidas de
protección a favor de quienes, por su difícil condición económica, se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta en el sector
agropecuario.

“[…] Una actuación de tal entidad sólo puede tener cabida ante actos
manifiestamente ilegales o que deriven en la violación de requisitos
sustantivos o materiales de la adjudicación de baldíos. Es decir, que
afecten de manera sensible y directa los fines que subyacen en
estos programas o que impliquen una grave distorsión de los
mismos, cuando la titulación no recaiga en sus destinatarios
legítimos –los sujetos de debilidad manifiesta del sector
agropecuario, merecedores de la especial protección del Estado-,
sino que termine en manos de quienes por sus privilegios
económicos, sociales, políticos, o de cualquier otra índole, tengan la
capacidad de interferir negativamente en el cumplimiento de la
función social de la propiedad y el acceso progresivo a la tierra rural.

“Por el contrario, no podrá acudirse a la revocatoria unilateral frente
a defectos de orden formal o meras inconsistencias que resultan
intrascendentes de cara a los objetivos de la política de reforma
agraria […]

“Así mismo, acorde con sus propios precedentes, la Corte aclara que
‘cuando el litigio versa sobre problemas de interpretación del
derecho, como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la
aplicación de un régimen de transición, o la aplicación de un régimen
especial frente a uno general, estos litigios deben ser definidos por
los jueces competentes’42, de conformidad con las reglas previstas
en el Código Contencioso Administrativo, siendo improcedente la
revocatoria directa sin el consentimiento previo de su titular.
“6.5.- De otra parte, la Sala considera que la norma acusada no
vulnera el artículo 29 de la Constitución, en la medida en que la
revocatoria de actos de adjudicación de baldíos exige que se
adelante una actuación en la cual el ciudadano goce de “todas las
42 Cita original de la sentencia: “Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003. La Corte declaró la

exequibilidad condicionada del artículo 19 de la ley 797 de 2003, relacionado con la revocatoria
unilateral de pensiones reconocidas irregularmente”.

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garantías que inspiran el debido proceso en sede administrativa,
destacándose el respeto y acatamiento, entre otros, de los principios
de la necesidad de la prueba, de la publicidad y la contradicción; y
por supuesto, imponiéndose el respeto y acatamiento que ameritan
los términos preclusivos con que cuenta el funcionario competente
para adelantar y resolver cada etapa o lapso procedimental”43.
“Nótese cómo el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 señala de forma
expresa que las diligencias para la revocación de dichos actos se
surtirán con arreglo a las prescripciones del Código Contencioso
Administrativo, lo que obliga a las autoridades a ser especialmente
cautas y garantes de los derechos de contradicción y defensa de
quien se pretenda revocar un acto de adjudicación de baldíos”.

82. Vista la Ley 160 y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra, se
advierte la diferencia que existe entre los distintos actos que podía proferir el
INCODER en asuntos agrarios, por lo que no cabe la analogía entre el acto de
adjudicación de baldíos y el acto de revocatoria directa de la adjudicación, toda vez
que no existe un supuesto que permita pasar por alto el contenido diverso de los
actos administrativos en uno y otro caso.

83. Además, tampoco se pueden equiparar las pretensiones formuladas en la
acción de nulidad y restablecimiento contra el acto de adjudicación en las que se
busca anular el título concedido por el Estado, con la demanda contra el acto de
revocatoria que persigue dejar en firme el referido título, teniendo en cuenta que las
pretensiones como la causa petendi son distintas.

De la caducidad de la acción

84. La caducidad constituye un presupuesto procesal que limita el tiempo
durante el que las personas pueden acudir a la jurisdicción para la definición
judicial de las controversias y que privilegia la seguridad jurídica, el debido proceso,
la igualdad de condiciones legales para el demandante y para el demandado y el
interés general. Bajo esa perspectiva se ha destacado la obligatoriedad de los
términos de caducidad, en aquellos eventos en los que se busca la indemnización
de un perjuicio o el restablecimiento de un derecho, dada la carga razonable del
demandante que consiste en acudir en tiempo a presentar la demanda, sobre lo

43 Cita original de la sentencia: “Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003”.

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cual ha precisado la Corte Constitucional en la sentencia SU-498 de 201644, lo
siguiente:

“[…] 46.- De acuerdo con lo señalado previamente se advierte que:
(i) la nulidad y el restablecimiento del derecho constituye un medio
de control judicial de los actos particulares proferidos por la
administración, a través del cual se busca desvirtuar la presunción
de legalidad que cobija al acto administrativo y obtener la
consecuente indemnización de los perjuicios; (ii) a través de la
caducidad se limita el tiempo durante el que se puede acudir a la
jurisdicción para la definición judicial de las controversias y, por
ende, constituye un presupuesto procesal, y (iii) la fijación de
términos de caducidad privilegia la seguridad jurídica y el interés
general, razón por la que el análisis de su cumplimiento es objetivo
y puede ser declarada de oficio.

[…]

49.- De otra parte, es importante destacar que en la previsión
constitucional de la función pública de administración de justicia se
estableció la prevalencia del derecho sustancial y se advirtió que
los términos deben ser observados con diligencia so pena de la
imposición de sanciones. Entonces, el artículo 228 de la Carta
Política comporta el reconocimiento, de raigambre superior, de la
relevancia de los términos procesales en el marco de la actividad
judicial y su obligatoriedad.

[…]

81.- Ahora bien, en cuanto al principio pro homine es necesario
recordar que éste impone que entre los posibles análisis de una
situación se privilegie el más garantista y el que permita la
efectividad del derecho fundamental.
[…]

“Finalmente, es importante destacar que el argumento se construye
sobre una percepción del principio únicamente en relación con la
parte demandante, pero ignora que su aplicación en el presente
caso implicaría ponderar los demás intereses que confluyen y que,
eventualmente, llevarían a actuar en defensa del interés general
que subyace a la caducidad del medio de control, o de los recursos
públicos involucrados y de su destinación, (…).

“82.- De otra parte, el principio pro actione, “según el cual, en
casos de duda razonable sobre la procedencia de un recurso de
defensa judicial debe dársele prioridad a aquella interpretación que
permita reconocer su prosperidad” atenúa el rigor con el que se

44 “[…] Corte Constitucional, sentencia SU-498 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado […]

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examina el cumplimiento de los requisitos y cargas procesales en
aras de privilegiar el acceso a la administración de justicia.

Dicho principio no tiene una aplicación uniforme, ya que ésta debe
considerar factores como el tipo de bienes jurídicos involucrados, la
carga procesal, el sujeto obligado al cumplimiento de la actuación y
la naturaleza del proceso.

Por ejemplo, en el análisis del cumplimiento de los requisitos de la
acción de inconstitucionalidad se considera, de forma particular, el
carácter público del mecanismo, la posibilidad de que cualquier
ciudadano lo formule, el derecho de participación ciudadana y el
interés general que subyace a la pretensión. […]”.

De acuerdo con los rasgos del principio pro actione no se
advierte un defecto de las decisiones cuestionadas por su falta de
aplicación, pues, de un lado, las autoridades accionadas no
expresaron alguna duda sobre su valuación en cuanto a la
insuficiencia de la actuación que desplegó (…)y, de otra parte, las
características del medio de control incoado, el tipo de
pretensiones que envuelve -de carácter particular, económicas y
resarcitorias- las exigencias legales establecidas para su ejercicio y
el sujeto obligado al cumplimiento de la carga, (…) [si]
razonablemente se puede inferir cuenta con la asesoría legal
suficiente […]”.

La ocurrencia de un paro judicial no tiene la vocación de suspender el
término de caducidad

85. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporación45, no existe norma
legal que permita considerar suspendido el término de caducidad de la acción en el
caso del paro de funcionarios de la rama judicial o por el cese de sus actividades,
cuando se afecta la radicación de la demanda en la oficina de reparto.

86. Sin embargo, por razón de la fuerza mayor que ello implica, el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional han establecido que, cuando el término vence
encontrándose en curso el cese de actividades o el paro judicial, este plazo se
extiende, es decir, que la carga de presentar la demanda de manera oportuna debe
cumplirse el día siguiente hábil de aquel en que se levanta el paro.

45 “[…] Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 25 de julio de 2016, M.P. Martha

Teresa Briceño de Valencia, Rad. 25000-23-37000-2015-00858-01 y Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia de 6 de noviembre de 2020, M.P. Martha Nubia Velásquez Rico, Rad. 50001-23-31-000-2010-00068-
01 […]”

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87. Al respecto en sentencia SU-498 de 201646, la Corte constitucional concluyó:

“[…] Respecto a la contabilización del término con el que contaba
(…) las autoridades judiciales se apoyaron en decisiones proferidas
por diversas salas del Consejo de Estado47[153], en las que se ha
indicado que el cese de actividades judiciales no interrumpe (sic) la
caducidad, salvo que el plazo expire en un día en el que el
despacho esté cerrado, pues en este caso se aplica la regla de
extensión del plazo hasta el día hábil siguiente.

“[…]

“90.- Ahora bien, la imprevisibilidad del día en el que se reanudan
las actividades judiciales aludida por la actora no es un argumento
que, en su caso, sirva para confrontar los autos que declararon la
caducidad, ya que desde la formulación del recurso de apelación
reconoció que no presentó la demanda el primer día hábil por la
congestión de las oficinas judiciales y no por la falta de certeza
sobre la reanudación de las actividades judiciales […]”.

Del tránsito de legislación agraria

88. La Sala remarca que para la fecha en que se expidió la Resolución 569 de 7
de abril de 2008 –que revocó la Resolución 929 del 30 de octubre de 2006 que
adjudicó un terreno baldío- y para aquella en que se presentó la demanda -21 de
noviembre de 2008-, se encontraba vigente el artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, que establecía la caducidad de las acciones de nulidad y
restablecimiento del derecho en cuatro (4) meses y la de las acciones de nulidad y
restablecimiento dispuestas en la denominada Ley Agraria “contra los actos de
adjudicación de baldíos proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria” en dos (2) años, en los siguientes términos:

“[…] Articulo 136. Caducidad de las acciones. <Subrogado por el
artículo 44 de la Ley 446 de 1998>.
“[…]
2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro
(4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación,
notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin
embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán

46 “[…] Corte Constitucional, sentencia SU-498 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado […]”
47 Cita original: Sentencia SU498/16. Cita original de esa sentencia; Sentencia de 1º de diciembre de 2011

proferida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. C.P.
Gerardo Arenas Monsalve, Auto de 28 de octubre de 2010, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Exp. 2009-
00078.

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demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los
interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe.
“[…]
“4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Agraria, la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de
adjudicación de baldíos proferidos por el Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria, Incora, caducará en dos (2) años, contados
desde el día siguiente al de su publicación, cuando ella sea
necesaria, o desde su ejecutoria, en los demás casos. Para los
terceros, el término de caducidad se contará a partir del día
siguiente de la inscripción del acto en la correspondiente Oficina de
Instrumentos Públicos […]”.

89. Como se expuso en precedencia, la Corte Constitucional, mediante
sentencia C-175 de 18 de marzo de 2009, proferida durante el trámite del presente
proceso, declaró inexequible la Ley 1152 por no haberse adelantado en debida
forma al trámite de consulta previa a las comunidades indígenas y
afrodescendientes, al tanto que estableció los efectos ordinarios para su vigencia
hacia el futuro.

90. En el asunto sub examine, el procedimiento administrativo culminó con la
expedición de la Resolución 569 de 7 de abril de 2008 e inició con el auto de 23 de
abril de 2007, en vigencia de la Ley 160, antes de expedirse la Ley 1152 y, aunque
esta última ley se tuvo en cuenta dentro de los fundamentos para expedir la
Resolución 569 de 2008, lo cierto es que no existieron cambios sustanciales entre
las disposiciones de la Ley 160 y las contenidas en la Ley 1152 en cuanto a la
revocatoria del acto de adjudicación, tal como se anotó precedentemente.

91. En ese orden de ideas, se reitera que el artículo 72 de la Ley 160 determinó
la potestad de titulación de terrenos baldíos por parte del Incora –que luego pasó al
Incoder- y la posibilidad de proferir el acto de revocatoria directa, con aplicación de
las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, por lo que en el evento de
que quiera reprocharse su legalidad a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, la interposición de la demanda deberá hacerse
dentro de los cuatro (4) meses siguientes contados a partir de la notificación del
acto administrativo que revocó la adjudicación, en los términos del artículo 136.2
ejusdem.

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Análisis del caso en concreto

De la vigencia de la acción en el presente asunto

92. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra y atendiendo que en la actuación quedó demostrado que la parte
demandante formuló demanda el día 21 de noviembre de 2008 contra el
INCODER48, hoy Agencia Nacional de Tierras -ANT-, en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad y restablecimiento del derecho
“[…] del auto y la Resolución fechados abril 23 de 2007 por medio de los cuales se
inició el trámite de la Revocatoria Directa y la Resolución 569 del día siete (07) del
mes de abril del año de dos mil ocho (2.008) expedidas por el INSTITUTO
NACIONAL (sic) DE DESARROLLO RURAL – INCODER, mediante el cual se
declaró la REVOCATORIA DIRECTA de la RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Nro. 929 del 30 de octubre de 2.006, por medio de la cual se concedió la
adjudicación del predio denominado RIPIALITO a mi poderdante IRMA LÓPEZ
HENAO […]”.

93. El auto de 23 de abril de 2007 por el cual se inició el procedimiento de
revocatoria del bien baldío, no se encontraba dentro de aquellos que podrían
demandarse en forma separada, por cuanto, de conformidad con las reglas
generales del Código Contencioso Administrativo, el acto de trámite que iniciaba
una actuación no era objeto de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho;
en ese orden de ideas, como la demanda en este proceso se dirigió de manera
concreta a las causas de nulidad de la Resolución 569 de 2008, es respecto de ese
acto administrativo que la Sala deberá establecer si operó o no la caducidad de la
acción.

94. Sobre la notificación de la Resolución 569 de 7 de abril de 2008, obra en el
expediente la prueba de las comunicaciones para notificación personal dirigidas por
el Gerente de Estrategias del INCODER al apoderado de la parte demandante

48 Folios 2 al 68 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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dentro de ese trámite49, quien, conforme a la certificación de fecha 6 de mayo de
2008, se negó a recibir la notificación por tener dificultades con algunos de los
poderdantes, conforme a la nota impuesta a mano alzada por el funcionario
encargado de la notificación (se trascribe de forma literal)50:

“[…] En la ciudad de Pereira a los seis (06) días del mes de mayo del
2008, […] Una vez ubicado el Dr. Carlos Alberto Peláez apoderado para
el efecto de surtir la presente notificación en la oficina No. 1502 del
Edificio Torre Bolívar, en forma directa se negó a ser notificado
aduciendo que esta diligencia debía adelantarse directa/ con los
interesados ya que él había asumido dicha defensa en la parte final del
proceso, además manifestó tener dificultades con los otorgantes del
poder por lo tanto se procede a diligenciar con testigo la presente
actuación.

“EL NOTIFICADO [espacio en blanco)

“EL NOTIFICADOR Testigo
“Mario Bocanegra Raúl Garavito Ardila
(firmado) (firmado) […]”.

95. En la actuación consta que el INCODER notificó a la parte demandante por
edicto que fue fijado el día 2 de mayo de 2008 y desfijado el 16 de mayo de esa
anualidad51, tal como lo señaló el a quo.

96. De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo,
en la acción que impetró el demandante, “[…] el derecho caducará al cabo de
cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación,
notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso […]”. Además, la
notificación por edicto se surtió de acuerdo con el artículo 45 ibidem, que
establecía:

“[…] Artículo 45. Notificación por edicto. Si no se pudiere hacer la
notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la
citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho,
por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva
de la providencia […]”.

97. Con base en esta disposición se establece que la notificación se entiende
surtida al término de los diez días, de manera que la caducidad de la acción

49 Cfr. Folio 433 del Anexo 2 del expediente.
50 Cfr. Folio 442 del Anexo 2 del expediente.
51 Cfr. Folio 470 del Anexo 2 del expediente.

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referida en el artículo 136 ibidem, corre a partir del día siguiente. En el mismo
sentido, puede agregarse que el artículo segundo de la Resolución núm. 569 de
2008 dispuso la notificación del citado acto en los términos del Código Contencioso
Administrativo, así:

“[…] ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, al
beneficiario de la adjudicación hecha mediante la resolución
revocada en los términos del Código Contencioso Administrativo,
haciéndoles saber que de conformidad con lo establecido en el
artículo 23 del Decreto 230 de 2008, contra la misma no procede
recurso alguno por la vía administrativa”52 (Destaca la Sala).

98. Con fundamento en lo anterior, para la Sala es claro que el término para
presentar la demanda corrió entre el 17 de mayo de 2008 -día siguiente a la
desfijación del edicto- y el 17 de septiembre de 2008; sin embargo, según da
cuenta el sello de recibido de la demanda, esta se formuló hasta el 21 de
noviembre de 200853, es decir, por fuera del término fijado en el artículo 136.2 del
CCA.

99. No obstante, la parte demandante al momento de presentar el escrito inicial
adjuntó una manifestación bajo el título de “ACLARACIÓN ADICIONAL”, en la que
se afirmó que “[…] la resolución de revocatoria directa, fue notificada
personalmente el día 22 de mayo de la presente anualidad en el INCODER Bogotá
D.C.; razón por la cual, el término de los cuatro (4) meses para demandar por vía
ordinaria la nulidad y restablecimiento del Derecho venció el 22 de septiembre de
2008. Ante las circunstancias (hecho notorio) del Paro Nacional de la Rama
Judicial, adelantado por Asonal Judicial, los términos de la demanda se
suspendieron. En la ciudad de Bogotá D.C. el término se suspendió desde el día 04
de septiembre hasta el 15 de octubre de 2008, hecho que motiva a creer que el
demandante tiene términos para demandar hasta el 28 de noviembre de la
presente anualidad, con la presentación de la presente demos cumplimiento al
señalado término […]”54.

100. Para la Sala, la anterior manifestación no constituye prueba de la notificación
personal a la parte demandante, puesto que se trata de una afirmación que no

52 Cfr. Folio 172 del Cuaderno núm. 1 del expediente.
53 Cfr. Folio 53 del Cuaderno núm. 1 del expediente.
54 Cfr. Folio 54 del Cuaderno núm. 1 del expediente.

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corresponde con la prueba de la notificación realizada por edicto y que reposa en la
actuación, de acuerdo con los documentos reseñados en esta providencia.

101. Además, conforme a los desarrollos jurisprudenciales indicados supra, no
puede acogerse la argumentación de la parte demandante, dado que el término
para formular la demanda no se suspendió, sólo se extendió hasta el primer día
hábil siguiente a aquel en que se terminó el paro judicial.

102. En el expediente obra la certificación de fecha 15 de septiembre de 2009,
suscrita por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado 55, en la que
da cuenta que “[…] la suspensión de términos de hecho, por razón de fuerza
mayor, de notoriedad y conocimiento público entre los días cuatro (4) de
septiembre hasta el quince (15) de octubre de dos mil ocho (2008) durante los
cuales no hubo despacho al público por cese de actividades decretada por
ASONAL Judicial, debido a que tal hecho impidió el ingreso de los empleados y del
público en general a las dependencias del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y de esta Secretaría en particular […]”. (Destaca la Sala)

103. En ese orden, considerando que el cese de actividades con ocasión del paro
judicial finalizó el 15 de octubre de 2008, la demanda debió interponerse a más
tardar el día hábil siguiente, esto es, el 16 de octubre de esa anualidad. Como esta
se formuló hasta el 21 de noviembre de 2008, resulta claro que la excepción de la
caducidad de la acción quedó debidamente probada en el presente asunto.

104. Por último, resulta importante destacar que el apelante no demostró que
persistiera la imposibilidad de acceso a la administración de justicia durante todo el
tiempo que transcurrió desde que se reabrieron los despachos judiciales luego de
concluido el cese de actividades con ocasión del paro judicial -16 de octubre de
2008, hasta el día en que finalmente radicó la demanda -21 de noviembre de esa
anualidad-.

Conclusión de la Sala

105. Considera que quedó probada la excepción de caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho propuesta por la entidad demandada; en

55 Cfr. Folio 138 del Cuaderno núm. 1 del expediente.

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consecuencia, confirmará la sentencia proferida en primera instancia, el 17 de
mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Escritural
No. 6.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, el 17 de
mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Escritural
No. 6, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclaró el voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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