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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2010-00240-01

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2010-00240-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-31-000-2010-00240-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

27 de junio de 2024

1

Radicado: 50001 23 31 000 2010 00240 01
Demandante: Leonardo Ramírez Yaima

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 50001 23 31 000 2010 00240 01
Actor: Leonardo Ramírez Yaima
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER
Tesis: No es procedente entender comprendida la acusación de invalidez del acto a
través del cual se adjudicó el predio del demandante, si se instaura demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho únicamente en contra de los actos
administrativos que dieron apertura al trámite de revocatoria directa de la decisión por
medio de la cual se adjudicó un bien baldío al actor y el que concluyó ese
procedimiento.
El término de presentación oportuna de la demanda incoada contra el acto que revoca
la adjudicación de un bien baldío no es el mismo previsto para aquella que controvierte
la legalidad del acto de adjudicación de ese tipo de bienes.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la
sentencia del 25 de julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta,
que declaró de oficio la excepción de caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

I. LA DEMANDA

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), Leonardo
Ramírez Yaima, por medio de apoderado judicial, interpuso demanda en contra del

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Radicado: 50001 23 31 000 2010 00240 01
Demandante: Leonardo Ramírez Yaima

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (en adelante INCODER), hoy Agencia
Nacional de Tierras (en adelante ANT)1, en la que formuló las siguientes:

1.1. Pretensiones

“PRIMERA. Declarar nulo el auto de abril 23 de 2007, por medio del cual se inició
el trámite de la Revocatoria Directa y la Resolución 540 del 7 de abril de 2008
expedidas por el INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL –
INCODER, mediante el cual se declaró la REVOCATORIA DIRECTA de la
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 936 (Sic) de 30 de noviembre de 2006, por
medio de la cual se concedió la adjudicación del predio denominado ARIZONA a
mi poderdante el señor LEONARDO RAMÍREZ YAIMA.

SEGUNDA. Que se restablezca el derecho a mi poderdante y como consecuencia
de lo anterior, se orden al INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,
dejar incólume la Resolución de Adjudicación 936 de 30 de noviembre de 2006, y
en iguales condiciones de propietario del predio ARIZONA, al adjudicatario que lo
poseía al momento de la iniciación del trámite de la revocatoria directa.

TERCERA. Que se ordene a la entidad demandada oficiar a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño Vichada, con el fin de cancelar
cualquiera disposición tendiente a revocar la inscripción de adjudicación
concedida al señor LEONARDO RAMÍREZ YAIMA sobre el predio denominado
ARIZONA que figura con el número de matrícula inmobiliaria 540-0004964.

CUARTA. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término
establecido en el artículo 176 del CCA.”2.

1.2. Actos cuestionados

1.2.1. La Resolución núm. 540 del 7 de abril de 2008, que resolvió3:

“ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la Resolución 935 del 30 de octubre de 2006, a
través de la cual la Oficina de Enlace Territorial No. 9 del INCODER adjudicó el
predio rural denominado ARIZONA, ubicado en el corregimiento de Nueva
Antioquia, Departamento del Vichada (…) a LEONARDO RAMÍREZ YAIMA y
LUISA FERNANDA CAMACHO, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar la presente resolución a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, al beneficiario de la adjudicación
hecha mediante la resolución revocada en los términos del Código Contencioso
Administrativo, haciéndoles saber que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 23 del Decreto 230 de 2008, en contra de la misma no procede recurso
alguno por la vía gubernativa.

1 Visible en el índice núm. 2 de Samai.
2 Ibidem.
3 Ibidem.

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Demandante: Leonardo Ramírez Yaima

ARTÍCULO TERCERO. Ordenar mediante la inscripción de la presente
providencia, la cancelación del Folio de Matrícula Inmobiliaria que se abrió para
inscribir la Resolución 935 del 30 de octubre de 2006, en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos correspondiente.”.

1.2.2. El auto del 23 de abril de 2007, “POR EL CUAL SE INICIA UN TRÁMITE DE
REVOCATORIA DIRECTA”, dispuso4:

“ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite de revocatoria directa de la Resolución
No 935 del 30 de octubre de 2006, a través de la cual, la Oficina de Enlace
Territorial No 9 de INCODER, adjudicó el terreno baldío denominado ARIZONA,
ubicado en el corregimiento de Nueva Antioquia (…) a LEONARDO RAMÍREZ
YAIMA y LUISA FERNANDA CAMACHO (…) bajo el folio de matrícula inmobiliaria
540-0004964, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto
Carreño - Vichada.

ARTICULO SEGUNDO: Con base en el expediente de adjudicación (…) y las
demás pruebas allegadas al proceso, confórmese el respectivo informativo.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese la presente decisión a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la
Nación y a al titular del derecho de dominio, en los términos del artículo 41 del
Decreto 2664 de 1994, a fin de que pueda hacer valer sus derechos, advirtiéndoles
que contra la presente providencia no procede recurso alguno.

De no ser posible la notificación personal, se dejará constancia de ello y se
procederá a emplazar a los interesados mediante Edicto, el cual se fijará por el
término de cinco (5) días en un lugar público de la Subgerencia de Ordenamiento
Social de la Propiedad y en la Oficina de Enlace Territorial Número 9, Grupo
Integral con Énfasis en Pesca GIEP de Puerto Carreño - Vichada, vencido el cual,
si no comparecen se les designará un Curador para la Litis, con quien se
continuará el procedimiento.”.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

El demandante invocó los artículos 13, 16, 21, 22, 23, 25 y 29 de la Constitución
Política; los artículos 72 (incisos 6 y 7) de la Ley 160 de 1994; el artículo 39 del Decreto
2664 de 1994 y los artículos 69, 73 y 74 del CCA.

En el capítulo correspondiente a los hechos de la demanda, la parte actora indicó que,
en el año 2001, adquirió mediante compraventa una posesión de mejoras del predio
denominado Arizona, ubicado en el corregimiento de Nueva Antioquia, Municipio
Primavera, Departamento de Vichada.

4 Ibidem.

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Demandante: Leonardo Ramírez Yaima

Manifestó que, en el año 2006, solicitó al INCODER la adjudicación de dicho lote. Y
que, por medio de Resolución 935 del 30 de octubre de 2006, le fue adjudicado el
inmueble descrito.

Comentó que el 23 de abril de 2007 la Revista Semana, en su edición núm. 1303,
publicó un artículo titulado: “El Tierrero del Senador”, aludiendo a las adjudicaciones
realizadas en el Departamento del Vichada a personas cercanas al excongresista
Habib Merheg.

Puso de presente que, con auto del 23 de abril de 2007, el INCODER ordenó iniciar
el procedimiento de revocatoria directa de la Resolución 935 porque “Al parecer, los
adjudicatarios no cumplían con el término mínimo de cinco (5) años de ocupación y
explotación del predio y, además, el fundo no se encontraba explotado en las
proporciones exigidas por las normas que regulan la materia.”5.

Expresó que el 8 de junio de 2007, radicó solicitud de información ante la entidad
demandada respecto de los títulos revocados y ante la respuesta ofrecida, el 6 de julio
siguiente pidió la nulidad de todo lo actuado en el proceso, la investigación disciplinaria
de los encargados del trámite y la designación de otros funcionarios para que
asumieran el conocimiento del asunto.

Informó que, con auto del 10 de julio de 2007, la autoridad cuestionada resolvió la
nulidad alegada sin practicarle la notificación de tal determinación y que en el
procedimiento de la revocatoria no contó con defensa técnica, pues se designó
curador ad litem que no realizó intervención alguna.

En el acápite del concepto de la violación, comenzó por explicar la figura de la
revocatoria directa de los actos administrativos. En ese punto, señaló como debía ser
aplicado e interpretado el artículo 73 del CCA.

Luego, presentó las normas que, a su juicio, aplicaban para la adjudicación de baldíos,
y sostuvo que cumplió con todas las exigencias de ley para la titulación del predio

5 Ibidem.

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Arizona y que el INCODER en el procedimiento administrativo no logró demostrar
vulneración alguna de la regulación.

Más adelante, mencionó que, con la expedición de la Ley 1152 de 2007, “los funcionarios
del INCODER quedaron sin el respaldo jurídico necesario para ejercer funciones, toda
vez que la misma derogó la Ley 160 de 1994 y los decretos reglamentarios que le
permitían a la entidad conocer, entre otros, sobre el trámite de revocatoria directa”6.

Posteriormente, en términos generales, trajo a colación los requisitos que deben
cumplir quienes pretendan ser beneficiarios de la adjudicación de un baldío:
ocupación, explotación económica y tiempo de ocupación no inferior a cinco (5) años.
Con ello, reiteró que la resolución por medio de la cual el INCODER le adjudicó el bien
mencionado, estaba ajustada a derecho.

En memorial allegado con la demanda, Leonardo Ramírez Yaima presentó la siguiente
“ACLARACIÓN ADICIONAL”:

“Igualmente, manifiesto que la resolución de revocatoria directa, fue notificada
personalmente el día 22 del mes de mayo de la presente anualidad en el
INCODER Bogotá D.C.; razón por la cual, el término de los cuatro (4) meses para
demandar por vía ordinaria la nulidad y restablecimiento del derecho, venció el día
22 de septiembre de 2008.

Ante las circunstancias (hecho notorio) del Paro Nacional de la Rama Judicial,
adelantado por Asonal Judicial, los términos para demandar se suspendieron.

En la ciudad de Bogotá D.C. el término se suspendió desde el día 04 de
septiembre hasta el día 15 de octubre de 2008, hecho que motiva a creer que
como el demandante tiene términos para demandar hasta el día 28 de noviembre
de la presente anualidad, con la presentación de la presente demos (sic)
cumplimiento al señalado término".”7

Reforma de la demanda

El apoderado judicial de la parte actora reformó la demanda para agregar un (1) hecho,
relacionado con los graves perjuicios causados ante la presunta pérdida de las
inversiones realizadas en el inmueble mencionado, y dos (2) pretensiones, con las

6 Ibidem.
7 Ibidem.

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cuales solicitó que se declarara que el INCODER se enriqueció sin justa causa como
consecuencia de la revocatoria directa de la resolución de adjudicación del bien baldío
señalado y, como consecuencia, se le condenara a pagar el valor total de las mejoras
realizadas en el terreno en cuestión, así como al pago de los gastos de sostenimiento
del mismo.

En el concepto de la violación, de forma muy breve, agregó un cargo por violación del
derecho al debido proceso y de defensa.

En cuanto a las pruebas, adicionó una solicitud de testimoniales, otra documental para
que se oficiara a la entidad demandada para obtener copia del expediente
administrativo, una inspección, un dictamen pericial que determinara “el valor de las
mejoras realizadas en el predio, los gastos de mantenimiento asumidos por el
demandante, así como las condiciones de explotación, determinando el porcentaje de
explotación del inmueble.”8, así como un interrogatorio de parte.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y DE LA REFORMA

2.1. Con auto del 7 de mayo de 20139, el Tribunal Administrativo del Meta tuvo por no
contestada la demanda por parte del INCODER.

2.2. El INCODER10 contestó la reforma de la demanda manifestando su oposición a
las pretensiones formuladas por la parte actora. En su defensa argumentó que
gestionó las diligencias de revocatoria directa del acto de adjudicación de baldío con
especial detenimiento en lo previsto en la Ley 160 de 1994 y en el Decreto 2664 de
1994, normas vigentes para la época de los hechos, sin desconocer los derechos al
debido proceso y de defensa del señor Ramírez Yaima o el principio de publicidad y
el deber de motivación de las decisiones administrativas. Agregó que valoró todas las
pruebas que reposaron en el expediente, así como los alegatos del apoderado judicial
de quien fue adjudicatario.

8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem.

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Precisó que “ha mantenido y mantiene incólume la facultad para adelantar el trámite
de Revocatoria Directa de la Resolución”11 pues el numeral 8 del artículo 21 de la Ley
1152 de 2007, “Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones”,
dejó en cabeza de la entidad las funciones y competencias respecto de la adjudicación
de baldíos.

Añadió algunas razones sobre el trámite administrativo aplicable, la acreditación del
requisito de la explotación económica para lograr la adjudicación de un terreno baldío, el
debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial.

2.3. Luisa Fernanda Camacho, tercero con interés directo en el resultado del proceso,
declaró que los hechos expuestos por el señor Ramírez Yaima eran ciertos y que se
acogía a las pretensiones de la demanda.

III. LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 25 de julio de 201912, el Tribunal Administrativo del Meta
declaró de oficio la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, con base en los siguientes argumentos:

En un primer momento, formuló el siguiente problema jurídico:

“¿Se encuentra caducada la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuesta en contra de la Resolución núm. 540 del 7 de abril del 2008, expedida
por el INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, a
través de la cual se declaró la revocatoria directa de la Resolución núm. 935 del
30 de noviembre del 2006, por la que se adjudicó el predio “Arizona” (…) a
LEONARDO RAMÍREZ YAIMA?”13

Enseguida, expuso algunas precisiones de tipo normativo y jurisprudencial en relación
con la caducidad de la acción en los casos en que se pretende la revocatoria de los

11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem.

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actos de adjudicación de baldíos y posteriormente entró a verificar si en el caso
concreto se configuraba el fenómeno comentado, así:

Evidenció que la notificación de la Resolución núm. 540 del 7 de abril de 2008 se
realizó por edicto, previa citación a los interesados, fijado el 2 de mayo de 2008 y
desfijado el 16 del mismo mes y año.

De ese modo, entendió que, en principio, el término de los cuatro (4) meses con el
que la parte actora contaba para presentar el libelo introductorio terminaba el 17 de
septiembre de 2008.

Así, advirtió que estaba probado que la demanda de la referencia se radicó el 21 de
noviembre de 2008, circunstancia ante la cual estaba demostrada la caducidad y, en
consecuencia, debía declarar de oficio la excepción para negar las pretensiones de la
demanda.

En todo caso, sostuvo que el apoderado de la parte accionante argumentó que el
término de caducidad se suspendió desde el “04 de septiembre hasta el día 15 de
octubre del 2008”14 debido a un paro judicial, por lo que podía demandar hasta el 28
de noviembre del 2008.

Al respecto, consideró que, ante una circunstancia excepcional como la señalada,
podían ocurrir dos (2) eventos: (i) que el término de caducidad finalizara durante el
cese de actividades judiciales, o ii) que la oportunidad para presentar la demanda
venciera después de la suspensión del servicio de administración de justicia.

Con ello, aclaró que, como el edicto se desfijó el 16 de mayo de 2008, el término
comenzó a contarse a partir del 17 de mayo de 2008, por lo que los cuatro (4) meses
de caducidad fenecían el 17 de septiembre de 2008, en medio del paro judicial,
situación que correspondía al primer escenario descrito, caso en el cual no se
suspendía el término de caducidad, sino que se extendía hasta el primer día hábil
siguiente, esto es, el 16 de octubre de 2008, día de la reanudación de labores en la

14 Ibidem.

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Rama Judicial. No obstante, reiteró que la demanda se radicó el 21 de noviembre de
2008, cuando la acción ya estaba caducada.

Para cerrar la discusión, agregó que en el segundo escenario no era necesario
extender el término de caducidad de la acción debido a que no vencía dentro del cese
de actividades judiciales.

Con base en lo anterior, concluyó que de ninguna forma se podía considerar que la
demanda fue presentada en tiempo, motivo por el cual debía declarar de oficio la
configuración de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

IV. El RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora y el tercero con interés directo en el resultado del proceso15, por
intermedio de apoderado judicial, interpusieron oportunamente recurso de apelación
en contra de la sentencia de primera instancia, con el cual indicaron que el juez de
primera instancia dio un alcance indebido a los términos de caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, realizando una interpretación errónea sobre la
aplicación de la norma en materia de caducidad e incluso utilizando normas que no
correspondían al caso.

Afirmaron que se aplicaron “otros términos de caducidad de otros procedimientos,
como el procedimiento de recuperación de baldíos, que es de 15 días; también se
mencionaron en la sentencia otros procedimientos como la clarificación de la
propiedad y deslinde de tierras, la extinción de dominio, la recuperación de baldíos y
la reversión de bienes baldíos”16.

Señalaron que la discusión recaía sobre la legalidad de una adjudicación, esto es, de
un acto administrativo que revocó un acto de adjudicación, específicamente la
Resolución 935 del 30 de octubre de 2006, por lo que “en pocas palabras, estamos
inmersos en una controversia de un procedimiento declarativo y no de ejecución, como
los procedimientos que enumera el Tribunal”17.

15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem.

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En ese orden, nuevamente narraron el trámite de adjudicación que concluyó con la
expedición de la Resolución 935, para con ello reiterar que el debate planteado y
surtido en el proceso de la referencia era precisamente sobre la adjudicación del
predio y, por tanto, “no se debe equiparar ni comparar la revocatoria directa y el trámite
de adjudicación, actos administrativos declarativos, con procedimientos o actos
administrativos de ejecución como la recuperación del baldío entre otros”18.

De esa forma, alegaron que, comoquiera que la Ley 160 de 1994 y sus decretos
reglamentarios, así como la Ley 1152 de 2007, no establecen el término de caducidad
para actos que revocan adjudicaciones de baldíos, se debía recurrir al numeral 4 del
artículo 136 del Decreto 01 de 1984, que establece un término de caducidad de dos
(2) años para estos casos. Ello, toda vez que, a su juicio, el objeto del proceso era
demostrar que la adjudicación de un terreno baldío al señor Leonardo Ramírez Yaima
cumplió los requisitos de la Ley 160 de 1994, como la ocupación y explotación de
manera continua e ininterrumpida. Ante lo cual, la discusión giraba en torno a la
Resolución 935 de 2006, que adjudicó el terreno, y la Resolución 540 de 2008, que
revocó dicha adjudicación.

Insistieron en que: “Teniendo en cuenta el vacío normativo por ausencia de remisión
expresa, en calidad de apelantes consideramos que debe realizarse un estudio más
detallado al momento de aplicar una caducidad; es claro que la Litis a desatar es
referente a la adjudicación de un terreno baldío.”19.

Después de todo lo dicho, agregaron algunas consideraciones genéricas relacionadas
con la teoría del acto administrativo complejo, la inaplicabilidad de la extensión de
términos, aludiendo a la forma de efectuar el cómputo de caducidad ante eventos de
paro judicial, y consignó fragmentos de sentencias de la Corte Constitucional en
materia del servicio público esencial de administración de justicia.

Finalmente, afirmaron que el fallo de primera instancia afectó los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia,

18 Ibidem.
19 Ibidem.

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por impedir la revisión de los motivos de orden fáctico, probatorio y jurídico
presentados con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte actora y el tercero con interés directo en el resultado del proceso20, por
intermedio de apoderado, en el término para presentar alegatos de conclusión
enviaron un escrito “con el propósito de sustentar el recurso de apelación contra la
decisión del Tribunal Administrativo del Meta”21, en el que repitieron los fundamentos
fácticos y jurídicos expuestos a lo largo del proceso.

La parte demandada guardó silencio.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público22 rindió concepto en el que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia. Consideró no le asistía razón alguna a los recurrentes
al solicitar la aplicación del término de caducidad de dos (2) años, pues esa
oportunidad únicamente se encontraba prevista para la demanda de actos de
adjudicación, sin que pudiera ser extendida a las demás acciones derivadas de los
actos dictados en materia de baldíos, especialmente, cuando la regulación sobre la
materia (inciso 4 del artículo 161 de la Ley 1152 de 2007) precisaba que, tratándose
de actos de revocatoria de actos de adjudicación de baldíos, la norma de reenvío era
el Código de lo Contencioso Administrativo.

VII. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes

20 Visible en el índice núm. 10 de Samai.
21 Ibidem.
22 Visible en el índice núm. 11 de Samai.

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VIII. CONSIDERACIONES

8.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena
de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto
de la referencia.

8.2. Hechos

8.2.1. Por medio de Resolución núm. 935 de 30 de octubre de 2006, el INCODER
adjudicó un terreno baldío al señor Leonardo Ramírez Yaima.

8.2.2. Mediante Resolución núm. 540 de 7 de abril de 2008, notificada a la parte actora
por edicto fijado el 2 de mayo de 2008 y desfijado el 16 del mismo mes y año, luego
de adelantado el trámite de revocatoria directa, el INCODER revocó la Resolución
núm. 935 de 2006.

8.2.3. El 21 de noviembre de 2008, el demandante interpuso acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Resolución núm. 540 de 2008 y de los
actos de trámite que la originaron.

8.2.4. Con sentencia del 25 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo del Meta
declaró la caducidad de la acción.

8.2.5. La parte actora interpuso el recurso de apelación contra el referido fallo.

8.3. Planteamiento

Para resolver el recurso de apelación, la Sala advierte que las discrepancias
presentadas consisten en que, para el señor Ramírez Yaima, la actuación demandada

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se trata de una que resolvió sobre la adjudicación de un bien baldío y, bajo ese
entendimiento, se encuentra compuesta por la Resolución núm. 935 de 30 de
noviembre de 2006 y la Resolución núm. 540 del 7 de abril de 2008; razón por la cual
la norma para verificar la presentación oportuna de la acción para controlar su validez
es el numeral 4 del artículo 136 del CCA, que establece un término de dos (2) años
desde su publicación o ejecutoria, según el caso. Mientras que, para el Tribunal,
comoquiera que se demandó el acto por medio del cual el INCODER revocó la
adjudicación de un terreno baldío al demandante, el plazo oportuno debía
determinarse con la regla general de los cuatro (4) meses establecida para la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por otra parte, el recurrente alegó que el fallo de primera instancia afectó sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, dado que el a quo no abordó el fondo de la controversia. Al respecto, el
Tribunal adujo que, incluso considerando la suspensión de actividades judiciales y la
aplicación de derechos y principios que permitieran la interpretación más favorable en
relación con el cómputo del término, la demanda no fue presentada en tiempo.

8.4. Caso concreto

La Sala debe precisar si, habiéndose pretendido la nulidad de los actos administrativos
que dieron apertura al trámite de revocatoria directa de la decisión por medio de la
cual se adjudicó un bien baldío al actor y el que concluyó ese procedimiento, puede
entenderse comprendido en esa demanda el acto de adjudicación, a efectos de contar
el término de presentación oportuna de la acción a partir de la notificación de este
último acto, y no de aquél que la revocó. Ello, teniendo en cuenta que es de dos (2)
años y no de cuatro (4) meses.

8.4.1. Resolver tal problema impone indicar que, tanto el propósito, como la actuación
administrativa que se adelanta para la adjudicación de un bien baldío, es
completamente diferente a la que se impulsa para su revocatoria. En efecto, la
regulación sobre la adjudicación está contenida en la Ley 160 de 1994, en particular
en sus artículos 65 a 69, normativa aplicable para el momento en que se expidió la
Resolución 982, y los requisitos para adjudicar son los previstos en el artículo 8 del
Decreto 2664 de 1994.

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Demandante: Leonardo Ramírez Yaima

Entre tanto, esa misma normativa, al igual que la Ley 1152 de 2007, han previsto las
condiciones en las cuales procede la revocatoria de la adjudicación de baldíos,
particularmente teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994,
y 161 de la Ley 1152 de 2007. A efectos de proceder, se remiten al Código
Contencioso Administrativo; veamos:

“Artículo 161. No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de
personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier
título, de otros predios rurales en el territorio nacional, salvo lo dispuesto para las
zonas de desarrollo empresarial.

(…)

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la entidad administrativa
adjudicataria podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de
adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo establecido en las
normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos. En este caso no se
exigirá el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. En lo demás, el
procedimiento de revocación se surtirá con arreglo a las prescripciones del Código
de lo Contencioso Administrativo.”

En los dos casos, se emiten decisiones disímiles que son autónomas y crean,
modifican o extinguen situaciones jurídicas, por lo que se trata de actos definitivos,
susceptibles de demandarse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de
manera independiente, y los presupuestos que dan lugar a reprochar un acto no
coinciden con los presupuestos que permiten impugnar el otro, ni se relacionan entre
sí.

8.4.2. Vista entonces la diferencia entre el acto que adjudica un bien baldío y el que
revoca esa decisión, resta por determinar cuál es el término de presentación oportuna,
si lo que se pretende controvertir es la legalidad de este último.

Aduce la demandante que la disposición aplicable es la dispuesta en el numeral 4 del
artículo 136 del CCA, que es del siguiente tenor:

“Artículo 136. Caducidad de las acciones.

(…)

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Agraria, la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos proferidos

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Demandante: Leonardo Ramírez Yaima

por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, caducará en dos (2)
años, contados desde el día siguiente al de su publicación, cuando ella sea
necesaria, o desde su ejecutoria, en los demás casos. Para los terceros, el término
de caducidad se contará a partir del día siguiente de la inscripción del acto en la
correspondiente Oficina de Instrumentos Públicos.” (Subrayas de la Sala).

Leído lo anterior, es claro que el recurrente incurre en un yerro al concebir la aplicación
de esta norma para la controversia que plantea ante esta Jurisdicción, pues, como
quedó definido previamente, el objeto de la discusión en el proceso de la referencia lo
fue el acto que revocó la decisión sobre la adjudicación de un baldío, luego el
supuesto no se enmarca en la hipótesis contemplada en la norma.

En ese escenario, en atención a que no hay norma especial que indique un término
de presentación oportuna para enjuiciar el acto que revoca la adjudicación de un bien
baldío, y que lo pretendido, además de la nulidad, es el restablecimiento de un derecho
subjetivo del señor Ramírez Yaima, es el numeral 2 del citado artículo 136 el que debió
ser observado al instaurar la demanda:

“Artículo 136. Caducidad de las acciones.

(…)

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación
o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan
prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe.”

Así las cosas, como la Resolución número 540 del 7 de abril de 2008, expedida por el
INCODER, se notificó por edicto fijado el 2 de mayo de 2008 y fijado el 16 de ese mes
y año, el término para presentar la demanda comprendía desde 17 de mayo al 17 de
septiembre de 2008. Sin embargo, como la demanda se impetró el 21 de noviembre
de 2008, es claro que operó el fenómeno de caducidad.

Ahora, en relación con la “ACLARACIÓN ADICIONAL” que manifestó en el libelo
introductorio y que invocó nuevamente en el recurso, lo que advierte la Sala es que
en un proceso adelantado respecto de otro adjudicatario (Irma López Henao), con
similares supuestos fácticos, la Sala se pronunció en la forma a que se alude a
continuación y que se prohíja en este caso:

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Demandante: Leonardo Ramírez Yaima

“104. No obstante, la parte actora al momento de presentar la demanda adjuntó
una manifestación bajo el título de “ACLARACIÓN ADICIONAL”, en la que se
afirmó que “[…] la resolución de revocatoria directa, fue notificada personalmente
el día 22 de mayo de la presente anualidad en el INCODER Bogotá D.C.; razón
por la cual, el término de los cuatro (4) meses para demandar por vía ordinaria la
nulidad y restablecimiento del Derecho venció el 22 de septiembre de 2008. Ante
las circunstancias (hecho notorio) del Paro Nacional de la Rama Judicial,
adelantado por Asonal Judicial, los términos de la demanda se suspendieron. En
la ciudad de Bogotá D.C. el término se suspendió desde el día 04 de septiembre
hasta el 15 de octubre de 2008, hecho que motiva a creer que el demandante tiene
términos para demandar hasta el 28 de noviembre de la presente anualidad, con
la presentación de la presente demos cumplimiento al señalado término […]”23.

105. Para la Sala, la anterior manifestación no constituye prueba de la
notificación personal a la parte demandante, puesto que se trata de una
afirmación que no corresponde con la prueba de la notificación realizada por
edicto y que reposa en la actuación, de acuerdo con los documentos
reseñados en esta providencia.

106. Además, conforme a los desarrollos jurisprudenciales indicados supra,
no puede acogerse la argumentación de la parte demandante, dado que el
término para formular la demanda no se suspendió, sólo se extendió hasta
el primer día hábil siguiente a aquel en que se terminó el paro judicial.

107. En el expediente obra la certificación de fecha 15 de septiembre de 2009,
suscrita por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado24, en la
que da cuenta que “[…] la suspensión de términos de hecho, por razón de fuerza
mayor, de notoriedad y conocimiento público entre los días cuatro (4) de
septiembre hasta el quince (15) de octubre de dos mil ocho (2008) durante los
cuales no hubo despacho al público por cese de actividades decretada por
ASONAL Judicial, debido a que tal hecho impidió el ingreso de los empleados y
del público en general a las dependencias del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y de esta Secretaría en particular […]”. (Destaca la Sala)

108. En ese orden, considerando que el cese de actividades con ocasión del
paro judicial finalizó el 15 de octubre de 2008, la demanda debió interponerse
a más tardar el día hábil siguiente, esto es, el 16 de octubre de esa anualidad.
Como esta se formuló hasta el 21 de noviembre de 2008, resulta claro que la
excepción de la caducidad de la acción quedó debidamente probada en el
presente asunto.

109.Por último, resulta importante destacar que el apelante no demostró que
persistiera la imposibilidad de acceso a la administración de justicia durante todo
el tiempo que transcurrió desde que se reabrieron los despachos judiciales luego
de concluido el cese de actividades con ocasión del paro judicial -16 de octubre
de 2008, hasta el día en que finalmente radicó la demanda -21 de noviembre de
esa anualidad-.”25 (Negritas de la Sala).

23 Cfr. Folio 54 del Cuaderno núm. 1 del expediente.
24 Cfr. Folio 138 del Cuaderno núm. 1 del expediente.
25 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 14 de marzo de 2024. Expediente número: 50001

23 31 000 2010 00070 01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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Radicado: 50001 23 31 000 2010 00240 01
Demandante: Leonardo Ramírez Yaima

En ese orden, aun teniendo en cuenta la suspensión del término por el paro judicial
acontecido desde el 4 de septiembre al 15 de octubre de 2008, la demanda también
deviene en inoportuna, pues debió radicarse el 16 de octubre de esa anualidad, y solo
lo fue el 21 de noviembre, por lo que es forzoso confirmar la sentencia apelada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, por las razones señaladas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 27
de junio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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