Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2010-00511-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2010-00511-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2010-00511-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
22 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 50012331000201000511 01 (63230)
Demandante: LUIS EDILBERTO MARROQUÍN ALARCÓN Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS
Tema: Régimen de responsabilidad por daños causados por la
actividad de fumigación área. Aspersión con herbicida glifosato.
Actividad peligrosa. Régimen objetivo de riesgo excepcional. No
se probó el daño antijurídico. Confirma sentencia que negó
pretensiones.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 18 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 5 de julio de 2009, el grupo antinarcóticos de la Policía Nacional realizó aspersión
con glifosato en el municipio de Puerto Rico (Meta). Los demandantes consideran
que la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el
Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección Nacional de Estupefacientes y el
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional – Fuerza Aérea
Colombiana son patrimonialmente responsables por la destrucción de sus cultivos
de arroz, pues aducen que ello se produjo por la fumigación realizada con el
herbicida referido.
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Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)
Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 12 de octubre de 20101, Luis Edilberto Marroquín Alarcón, en nombre propio y en
representación de Willy Jhanpowl Marroquín Pulido, mediante apoderado judicial y
en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación
– Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del
Interior y de Justicia - Dirección Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, para
que fueran declarados patrimonialmente responsables por la destrucción de sus
cultivos de arroz en el municipio de Puerto Rico (Meta).
Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a las
entidades accionadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Luis Edilberto
Marroquín Alarcón y Willy Jhanpowl Marroquín Pulido; por “daño a la vida de
relación”, 100 SMLMV a Luis Edilberto Marroquín Alarcón y Willy Jhanpowl
Marroquín Pulido; y por daño emergente, la suma de $466.200.000 a Luis Edilberto
Marroquín Alarcón y Willy Jhanpowl Marroquín Pulido.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 29 de enero de
2009, Rodrigo Cárdenas Pérez arrendó a Luis Edilberto Marroquín Alarcón 50
hectáreas de un lote de terreno ubicado en la finca “Agua Linda”, de la vereda El
Dorado del municipio de Puerto Rico (Meta), para que fueran destinadas al cultivo
de arroz.
Manifiesta que el 7 de abril de 2009, Héctor Salomón Suárez Lasprilla arrendó a
Luis Edilberto Marroquín Alarcón 51 hectáreas de un lote de terreno ubicado en la
finca “El Encanto” de la vereda Charco Danto del mismo municipio, avocadas a
cumplir la misma finalidad.
1 Fl. 1 a 25, C. 1.
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Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)
Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
Sostiene que el 5 de julio de 2009, la Policía Antinarcóticos fumigó con glifosato “las
plantaciones y alrededores de la jurisdicción de Puerto Rico Meta”, lo que afectó
“los cultivos tradicionales” y destruyó sus cosechas de arroz.
Los demandantes consideran que la Nación – Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección
Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía
Nacional – Fuerza Aérea Colombiana son patrimonialmente responsables por la
destrucción de sus cultivos de arroz, pues aducen que ello se produjo por la
fumigación realizada con glifosato.
Textualmente señalan en la demanda que existe una falla del servicio atribuible a
las entidades accionadas, la cual “se deriva del incumplimiento de estas de una
obligación estatal y que se concreta en un funcionamiento anormal o una inactividad
al no haber tomado las previsiones y precauciones de su parte al momento de
fumigar por aspersión con glifosato el día 5 de julio de 2009 a eso del medio día,
otros cultivos ilícitos, desconociendo de su parte su volatilidad, lo mismo que las
corrientes de aire y en consecuencia perjudicándome al fumigar mis cultivos lícitos
y legales de arroz secano, el primero de extensión aproximadamente de 51
hectáreas, ubicado en la Vereda Charco Danto en la finca El Encanto, y el segundo
predio de extensión aproximadamente de 50 hectáreas, ubicado en la finca Agua
Linda Vereda El Dorado de jurisdicción del municipio de Puerto Rico (Meta), que
sufrieron las consecuencias de este químico destruyéndolos parcialmente y
dañando la productividad de los cultivos y ocasionándome mi ruina económica (…)”.
2. Contestación
El 7 de diciembre de 20102 el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda
y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.
2 Fl. 117, C. 1.
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Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
2.1. El Ministerio de Interior y Justicia3 se opuso a las pretensiones de la demanda,
argumentando que dentro de sus competencias no estaba la de efectuar
aspersiones con glifosato. Por ello, propuso la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva.
2.2. El Ministerio de Defensa4 indicó que no existía prueba que diera cuenta de la
falla del servicio que se le pretendía endilgar.
2.3. La Dirección Nacional de Estupefacientes5 indicó que no era la entidad
competente para fumigar con glifosato. Propuso las excepciones de falta de
integración del contradictorio, hecho de un tercero, falta de legitimación en la causa
por pasiva e inexistencia de la obligación.
2.4. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República contestó la
demanda extemporáneamente6.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 30 de junio de 20177 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3.1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 8 reiteró no
estar legitimado en la causa por pasiva, toda vez que entre sus funciones no estaba
la de fumigar con glifosato.
3.2. El Ministerio Público9 solicitó negar las pretensiones de la demanda aduciendo
que los accionantes no acreditaron que el 5 de julio de 2009 se realizaron labores
de aspersión con glifosato sobre sus cultivos de arroz.
3 Fl. 154 a 162, C. 1.
4 Fl. 171 a 174, C. 1.
5 Fl. 190 a 216, C. 2.
6 Fl. 246 a 249. C. 2.
7 Fl. 380, C. 2.
8 Fl. 390 a 393, C. 2.
9 Fl. 396 a 405, C. 2.
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Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
3.3. La parte demandante y las demás accionadas guardaron silencio.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 18 de octubre de 201810 el Tribunal Administrativo del Meta
negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no existía prueba que diera
cuenta que el 5 de julio de 2009 se realizaron operaciones de aspersión con glifosato
sobre los cultivos de arroz de Luis Edilberto Marroquín Alarcón.
Al respecto, indicó: “De esta manera, se tiene que no demostró que para el 5 de
julio de 2009 se hubiera realizado fumigación por aspersión con glifosato sobre los
predios en los cuales tenía los cultivos de arroz secano el demandante, y menos
que como consecuencia del mismo hayan sufrido su destrucción, por cuanto
solamente obran las manifestaciones que realiza el mismo actor ante la Personería
Municipal de Puerto Rico y las quejas diligenciadas por él, sin que cuenten con más
respaldo probatorio.”
5. Recurso de apelación
El 7 de noviembre de 201811, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 27 de noviembre de 201812 y admitido el 3 de mayo de 201913.
5.1. La parte demandante14 sostuvo que las pruebas del expediente permitían dar
cuenta que la aspersión con glifosato realizada el 5 de julio de 2009 en el municipio
de Puerto Rico (Meta) había sido la causa del deterioro sus cultivos de arroz.
Indicó que el proceso estaba viciado de nulidad porque la Policía Nacional y la
Fuerza Aérea no habían sido incluidas en el auto admisorio de la demanda.
10 Fl. 422 a 435, C. Ppal.
11 Fl. 437 a 456, C. Ppal.
12 Fl. 457, C. Ppal.
13 Fl. 461, C. Ppal.
14 Fl. 437 a 456, C. Ppal.
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Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)
Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 18 de febrero de 202015 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
6.1. La parte demandante16 y el Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República17 reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en
los alegatos de conclusión, respectivamente.
6.2. El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio Público
guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de octubre de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, puesto que la cuantía18 supera la
exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de
reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A.
2. Acción procedente
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
15 Fl. 469, C. Ppal.
16 Fl. 470 a 546, C. Ppal.
17 Fl. 557 a 560, C. Ppal.
18 La cuantía excede de los 500 SMLMV (lo cual equivale a $257.500.000, pues el SMLMV para el
año 2010 era de $515.000) que se exige para que un proceso tenga vocación de doble instancia,
pues aquella se estimó en $800.000.000.
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Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)
Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 8619 del Código Contencioso Administrativo.
En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la
reparación de un daño por hechos imputables a la Nación – Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República - Ministerio de Justicia - Dirección
Nacional de Estupefacientes - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía
Nacional – Fuerza Aérea Colombiana.
3. Vigencia de la acción
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto
se trata de un presupuesto procesal20.
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general21, estableció unos plazos para poder ejercer
19 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente
la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor
o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación particular o de otra entidad pública.”
20 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
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Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)
Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción22, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure23 que opera por la falta de actividad oportuna en la
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
22 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
23 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
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Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia24, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
El artículo 136 del C.C.A., señala que la acción de reparación directa caducará al
vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquiera otra causa.
En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta: i) que se infiere que el 24 de agosto de 200925 Luis Edilberto
Marroquín Alarcón conoció del daño alegado, pues en esa fecha presentó una queja
ante el alcalde de Puerto Rico (Meta) por los daños ocasionados por la presunta
aspersión de glifosato realizada el 5 de julio de 2009 en plantaciones de arroz de su
propiedad; ii) que el 11 de mayo de 2010 la parte demandante presentó solicitud de
conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, la cual se declaró fallida el 8 de
junio de ese mismo año26; y, iii) que la demanda se presentó el 12 de octubre de
2010.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
24 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
25 Fl. 47, C. 1.
26 Fl. 26, C. 1.
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Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis27.
4.1. Luis Edilberto Marroquín Alarcón está legitimado en la causa por activa, pues
se acreditó que era el arrendatario de unos lotes de terreno destinados al cultivo de
arroz, ubicados en el municipio de Puerto Rico (Meta), que alega haber sufrido
daños por la aspersión de glifosato. De la relación del demandante con los cultivos,
da cuenta copia de los respectivos contratos de arrendamiento28.
Por su parte, Willy Jhanpowl Marroquín Pulido no está legitimado en la causa por
pasiva porque no demostró ser dueño o poseedor o aparcero del lote donde estaba
el cultivo o cosecha afectada por la fumigación con glifosato. De hecho, no acreditó
el corpus y el animus29 sobre el lote de terreno afectado ni otra situación que diera
cuenta que lo explotaba de alguna manera y que se vio afectado con la fumigación
del mismo.
4.2. Los intereses de la Nación no están debidamente representados por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ni por el Ministerio
del Interior y de Justicia (sucesor procesal de la Dirección Nacional de
Estupefacientes)30, porque dentro de sus funciones, consagradas respectivamente
en los Decretos 3443 de 201031, 2159 de 199232 y 4530 200833, no se encuentran
las de realizar aspersiones con glifosato.
27 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
28 Fl. 46 y 48 a 50, C. 1.
29 Código Civil, “Artículo 762. Definición de posesión. La posesión es la tenencia de una cosa
determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por
sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.
El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo.”
30 Fl. 355 a 356, C. 2. Mediante auto del 6 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo del Meta
aceptó al Ministerio de Justicia como sucesor procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
31 Decreto 3443 del 17 de septiembre de 2010. “Por el cual se modifica la estructura del
D3epartamento Administrativo de la Presidencia de la República”.
32 “Decreto 2159 del 30 de diciembre de 1992 “Por el cual se fusiona la Dirección Nacional de
Estupefacientes con el Fondo Rotatorio de Prevención, Represión y Rehabilitación del Consejo
Nacional de Estupefacientes.”
33 Decreto 4530 del 28 de noviembre de 2008. “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio del
Interior y de Justicia y se dictan otras disposiciones”.
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Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
4.3. Los intereses de la Nación se encuentran debidamente representados por el
Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional – Fuerza Aérea
Colombiana, porque se aduce en la demanda que dicha entidad ocasionó un daño
al realizar aspersión con glifosato sobre los cultivos de arroz de Luis Edilberto
Marroquín Alarcón. Al efecto, se advierte que el artículo 2 de la Resolución 1054 del
30 de septiembre de 200334 prevé que corresponde a la Dirección Antinarcóticos de
la Policía Nacional -DIRAN- “el manejo de operaciones de aspersión” con glifosato.
Por demás, aunque en el recurso de apelación la parte demandante indicó que
debía declararse la nulidad de lo actuado porque el auto admisorio35 tuvo como
parte demandada al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional - Fuerza Aérea
Colombiana, pero no así a la Policía Nacional, lo cierto es que dicha entidad se
encuentra representada por el propio Ministerio, quien obra en nombre y
representación de la Nación.
A estos efectos, debe recordarse que en sentencia del 1° de octubre de 2014 esta
Corporación manifestó: “[E]n el caso de las Fuerzas Armadas, el artículo 6 del
Decreto 1512 de 2000, ‘por el cual se modifica la estructura del Ministerio de
Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones’, dispuso que la Policía Nacional,
la Fuerza Aérea, el Ejército Nacional y la Armada Nacional hacen parte de la
estructura orgánica del Ministerio de Defensa, cuya dirección, a términos del artículo
2 ibídem, está a cargo del Ministro de Defensa y, por tanto, es éste quien lo
representa judicialmente y, al hacerlo, obra en nombre y representación de la
Nación. Dicha representación puede delegarse en cualquiera de las dependencias
del Ministerio, en la medida en que hacen parte de su estructura orgánica y, por
tanto, las condenas que lleguen a proferirse contra una o varias de ellas, se imputan
a un solo presupuesto, esto es, el de la Nación, en cabeza del Ministerio” 36.
34 “Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones”
35 Fl. 117, C. 1. Mediante auto del 7 de diciembre de 2010, el Tribunal Administrativo del Meta admitió
la demanda presentada por Luis Edilberto Marroquín y otro, contra “La Nación – Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República – Ministerio del Interior y de Justicia - - dirección
Nacional de Estupefacientes – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Fuerza Aérea de
Colombia”. Razón por la que en el mismo proveído se dispuso notificar al Ministro de Defensa.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 1 de octubre de 2014, Rad.: 33686.
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Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)
Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
Lo dicho se acompasa con lo dispuesto en el artículo 149 del CCA que dispone:
“[…] En los procesos Contencioso Administrativos la Nación estará representada
por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente,
Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por
la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho
[…]”.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si está demostrado que el 5 de julio de 2009 la
Policía Nacional realizó aspersión con glifosato en el municipio de Puerto Rico
(Meta) y afectó cultivos de arroz de Luis Edilberto Marroquín Alarcón.
6. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y el régimen de responsabilidad por
daños causados por la actividad de fumigación área.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199137 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
37 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
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Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho38, que contraría el orden legal39 o que está desprovista de una
causa que la justifique40, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las
normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o
protegida41, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros42.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
39 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
41 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
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6.2. Régimen de responsabilidad por daños causados por la actividad de
fumigación área con glifosato
En lo que al derecho de daños corresponde, encontramos que nuestra Carta Política
no privilegió ningún régimen de responsabilidad para dirimir las controversias en las
que se vea comprometida la responsabilidad extracontractual del Estado, razón por
la que a la jurisprudencia tampoco le corresponde establecer un único título de
imputación que aplique para ciertos casos o aquellos que guarden similitudes
fácticas, toda vez que cada caso sometido a conocimiento de esta jurisdicción debe
examinarse de cara a los hechos y particularidades que revista la discusión en el
caso concreto.
En desarrollo de ese postulado, la Sala Plena de la Sección Tercera 43 de esta
Corporación sostuvo que: “En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo
previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la
Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en
manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de
una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den
sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha
dado cabida a diversos ‘títulos de imputación' como una manera práctica de justificar
y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una
perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que
exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente
a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.
En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en
consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento,
de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios
constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del
Estado”.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, rad.: 21515,
reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, rad.: 23219.
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Bajo el anterior contexto, los casos que presenten ciertos rasgos característicos y
que muestren –aparentemente- ser semejantes, no siempre se pueden resolver de
la misma manera, pues en cada caso concreto corresponde al juez hacer una
valoración jurídica y ponderación probatoria, para que, con base en dicho análisis
integral, se determine el régimen de responsabilidad extracontractual bajo el cual
debe dirimirse el conflicto sometido a estudio.
Sin perjuicio de lo anterior, no puede desconocerse que el régimen de
responsabilidad subjetivo o de falla en el servicio es el título de imputación que se
aplica por excelencia, toda vez que con base en dicho régimen se analiza el
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado y, en consecuencia, se
constituye en la herramienta idónea para desencadenar la obligación indemnizatoria
a cargo de éste44.
Ahora bien, particularmente, sobre los daños ocasionados por la utilización del
herbicida glifosato, el Consejo de Estado ha sostenido que su estudio debe
realizarse bajo el régimen objetivo de responsabilidad, en tanto es una actividad que
engendra un riesgo para el ambiente y, por ende, al Estado le asiste un deber de
guarda material sobre este tipo de sustancias que opera45, aspecto que, en todo
caso, no releva de la carga de acreditar el daño y el nexo causal, como elementos
basilares de un juicio de imputación de responsabilidad46. A propósito, en sentencia
del 20 de febrero de 2014 la Subsección B del Consejo de Estado manifestó lo
siguiente:
“De acuerdo con los anteriores estudios científicos referenciados, tenemos que la
fumigación aérea con glifosato es una actividad que engendra un riesgo para el
ambiente, por lo cual al Estado le asiste un deber de guarda material sobre este tipo
de sustancias que opera, obligación que se origina del poder de instrucción,
dirección y control del cual está investido; en consecuencia, es pertinente analizar
el sub lite a partir del título de imputación del riesgo excepcional, el cual se enmarca
en la responsabilidad objetiva del Estado.
Una vez ha quedado acreditado el daño antijurídico y aclarado el régimen de
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de julio de 1993, Rad.: 8163; sentencia del
10 de marzo del 2011, Rad: 17.738; Subsección A, sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.: 50315.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014. Radi.:
29028.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021. Rad. 52001-
23-33-000-2014-00209-01(AG).
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responsabilidad del sub lite, en el que la entidad podrá exonerarse únicamente si
acredita una causal eximente de responsabilidad - fuerza mayor, hecho exclusivo y
determinante de un tercero o de la víctima-, es indispensable establecer si el
perjuicio sufrido por el señor Medina es susceptible de ser imputado a la entidad
demandada o, si, por el contrario, debe ser soportado por la víctima”47.
En conclusión, en los casos en que el Estado se evidencie un daño con ocasión del
despliegue de operaciones aéreas de aspersión de herbicidas -como lo es el
glifosato-, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha habilitado la posibilidad de
realizar el estudio de responsabilidad a partir del título objetivo de responsabilidad
de riesgo excepcional, por tratarse de una actividad que engendra un riesgo para el
ambiente, y donde solo será posible eximirse de una condena si se prueba que la
afectación ocurrió por una causa extraña – caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un
tercero o de la víctima-.
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 18 de octubre
de 2018 por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la
demanda, la parte actora sostuvo que el a quo no valoró adecuadamente las
pruebas que daban cuenta que el daño antijurídico era imputable a la entidad
demandada.
En ese sentido, comoquiera que solo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 18 de octubre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Meta, el asunto se resolverá atendiendo a lo esbozado en la
alzada, esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de
Procedimiento Civil. Por ello, a continuación se analizará si la Nación – Ministerio
de Defensa - Policía Nacional – Ejército Nacional – Fuerza Aérea Colombiana es
patrimonialmente responsable por la destrucción de los cultivos de arroz del
demandante en el municipio de Puerto Rico (Meta).
47Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 20 de febrero de 2014, Rad. 29.028.
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Bajo esta óptica, a continuación se establecerán cuáles son los hechos probados,
para posteriormente analizar si hay lugar o no a confirmar, modificar o revocar la
sentencia de primera instancia.
7.1. Hechos probados
Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es menester poner de presente que a las fotografías aportadas por la
parte demandante48 se les dará el valor correspondiente, según criterio uniforme de
esta Sala49, conforme al artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, esto es,
teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron
tomadas, de manera que permitan dar certeza de los hechos que pretenden
acreditar. Sin embargo, dadas las condiciones en que estas representaciones
pictóricas fueron presentadas, se observa que las mismas no ofrecen certeza de la
persona que las realizó ni la fecha cierta en que se produjeron.
Debe precisarse que las fotografías que fueron allegadas al proceso por la parte
demandante sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre los cuales no
es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas, y al
carecer de reconocimiento o ratificación, no pueden ser cotejadas con otros medios
probatorios allegados y por lo tanto no pueden ser valoradas en el presente
proceso50.
Aunado a lo anterior, se observa que con la demanda se aportaron las declaraciones
extrajuicio de Gloria Labrador Rincón, Arnulfo Antonio Balcázar y Álvaro García
Aguilera rendidas el 4 de febrero de 2010 ante la notaría Única del Círculo de
Villanueva (Casanare)51. No obstante, este tipo de declaraciones, al ser sumarias,
requieren de ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto el artículo 22952
48 Fl. 115 a 116, C. 1.
49 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto
de 2014, Rad. 28.832
50Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de
junio de 2013, Rad.: 27353.
51 Fl. 32 a 34, C. 1.
52 “Artículo 229: Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos: 1. Cuando se
hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzca en el
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del Código de Procedimiento Civil. Por lo anterior, las referidas declaraciones
extraproceso no podrán ser valoradas en esta instancia, toda vez que no cumplen
con los requisitos de la prueba testimonial por cuanto no fueron rendidas con
audiencia de la parte contraria y no fueron ratificadas en el plenario en los términos
del artículo 229 del C.P.C.
Ahora bien, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Está probado que el 9 de diciembre de 2008, Héctor Salomón Suárez Lasprilla
arrendó a Luis Edilberto Marroquín Alarcón “un lote de terreno rural que segrega de
otro de mayor extensión, ubicado en la vereda Charco Danto, finca denominada El
Encanto, municipio Puerto Rico (Meta)”. La finalidad del contrato era destinar el lote
referido al cultivo de “arroz secano”. El término de duración del contrato se fijó del 9
de diciembre de 2008 al 30 de enero de 2012. De esta información da cuenta copia
del referido contrato53.
7.1.2. Consta que el 29 de enero de 2009, Rodrigo Cárdenas Pérez arrendó a Luis
Edilberto Marroquín Alarcón “un lote de terreno rural que segrega de otro de mayor
extensión, ubicado en la vereda El Dorado, finca denominada Agua Linda, en el
municipio Puerto Rico (Meta)”. La finalidad del contrato era destinar el lote al cultivo
de “arroz secano”. El término de duración del contrato se fijó del 29 de enero de
2009 al 28 de febrero de 2012. Lo anterior consta en la copia del referido contrato54.
7.1.3. Consta que el 7 de abril de 2009, Héctor Salomón Suárez Lasprilla arrendó a
Luis Edilberto Marroquín Alarcón “un lote de terreno de 51 hectáreas. Acto (sic) para
la siembra de arroz secano ubicadas en la finca El Encanto, vereda Charco Danto,
jurisdicción del municipio de Puerto Rico departamento del Meta”. El término de
posterior. 2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos
en los artículos 298 y 299. Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común
acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en
audiencia, y el juez no la considera necesaria. Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la
forma establecida para la recepción de testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo
lea su declaración anterior”.
53 Fl. 49 a 50, C. 1.
54 Fl. 48, C. 1.
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Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
duración del contrato se fijó del 7 de abril de 2009 al 7 de octubre de 2009, según
da cuenta copia del referido contrato55.
7.1.4. Está probado que los días 5, 10, 15 y 25 de mayo de 2009, un asistente
técnico de la empresa “Proficol” suscribió documentos denominados “récord de
visita”, en los que registró que visitó “la finca Agua Linda” de Luis Edilberto
Marroquín y dio indicaciones sobre procesos de fertilización y control de maleza. De
ello, da cuenta copia de los referidos comprobantes56, cuyo contenido es el
siguiente:
55 Fl. 46, C. 1.
56 Fl. 39 a 43, C. 1.
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Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
7.1.5. Está probado que los días 5 y 10 de junio de 2009, un asistente técnico de la
empresa “Proficol” suscribió documentos denominados “récord de visita”, en los que
registró que visitó “la finca Agua Linda” de Luis Edilberto Marroquín y dio
indicaciones sobre procesos de fertilización. De ello, da cuenta copia de los
referidos comprobantes57, cuyo contenido es el siguiente:
7.1.6. Está probado que los días 12 y 22 de julio de 2009, un asistente técnico de la
empresa “Proficol” suscribió documentos denominados “récord de visita”, en los que
registró que visitó “la finca Agua Linda” de Luis Edilberto Marroquín. En visita del 12
de julio de 2009, el asistente técnico indicó: “se presentó deriva de glifosato el día 5
de julio de 2009” y que observó en “los lotes amarillamiento en el cultivo por
consecuencia del mismo que puede ocasionar una pérdida del 80% de pérdida en
la producción, presentándose un vaneamiento en el grano y deformación del
mismo”. De ello, da cuenta copia de los referidos comprobantes58, cuyo contenido
es el siguiente:
57 Fl. 37 a 38, C. 1.
58 Fl. 37 a 38, C. 1.
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Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)
Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
7.1.7. Está probado que el 15 de julio de 2009, el personero municipal de Puerto
Rico (Meta) hizo constar que a ese despacho acudió Luis Edilberto Marroquín
Alarcón para manifestar que “el día 5 de julio de la presente anualidad, la Policía
Antinarcóticos al realizar la fumigación por aspersión en la vereda El Dorado –
Charco Danto, del municipio de Puerto Rico (Meta) a cultivos ilícitos de esa zona,
fumigó cultivos lícitos de sus fincas Agua Linda, sector de El Dorado y finca El
Encanto, sector de Charco Danto, tales como arroz secano en una extensión de 111
hectáreas aproximadamente, lo que ocasionó destrucción parcial de la siembra de
arroz en los dos inmuebles, ocasionándole graves perjuicios económicos”. De ello,
da cuenta copia de la referida constancia59.
7.1.8. Consta que el 24 de agosto de 2009, Luis Edilberto Marroquín Alarcón
diligenció y presentó ante la alcaldía de Puerto Rico (Meta), el “formulario de
recepción de quejas por presuntos daños causados en actividades agropecuarias
licitas generadas en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos con
el herbicida glifosato”, en el que consignó que en hora y fecha indeterminada se
habían realizado labores de fumigación en el predio “El Encanto”, ubicado en la
vereda Charco Danto, lo cual había afectado 51 hectáreas de cultivo de arroz que
allí se encontraban. De ello, da cuenta copia de la mencionada queja60, de cuyo
contenido se destaca:
“(…) Fecha y hora de la aspersión: Aproximadamente dos meses no me acuerdo
el día ni la hora.
Objeto de la queja: Deben responder por los daños y perjuicios.
59 Fl. 31, C. 1.
60 Fl. 45, C. 1.
22
Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)
Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
Los hechos: Tengo un cultivo de arroz en una etapa de crecimiento que lo
fumigaron sin tener certeza en que no había cultivos ilícitos, solo pude recolectar
113 bultos por hectárea.
Relación de daños: Arroz, 51 hectáreas. Estimación económica del daño:
$214.200.000”.
7.1.9. Consta que el 24 de agosto de 2009, Luis Edilberto Marroquín Alarcón
diligenció y presentó ante la alcaldía de Puerto Rico (Meta), el “formulario de
recepción de quejas por presuntos daños causados en actividades agropecuarias
licitas generadas en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos con
el herbicida glifosato”, en el cual consignó que el 5 de julio de 2009 se habían
realizado labores de fumigación con glifosato en el predio “El Dorado”, ubicado en
la vereda Agua Linda, lo cual había afectado 60 hectáreas de cultivo de arroz que
allí se encontraban. De ello, da cuenta copia de la mencionada queja61, de cuyo
contenido se destaca:
“(…) Fecha y hora de la aspersión: El día cinco (5) de julio más o menos a las 12:00.
Objeto de la queja: Deben responder por daños y perjuicios.
Los hechos: Nos fumigaron el cultivo sin tener en cuenta ni la precisión porque
nosotros no tenemos la presencia de este cultivo. En predios aledaños de pronto
hay, pero debieron revisar antes de fumigar.
Relación de daños: Arroz, 60 hectáreas. Estimación económica del daño:
$252.000.000”
7.1.10. Está demostrado que del 23 de junio de 2008 al 11 de octubre de 2009 Luis
Edilberto Marroquín Alarcón adquirió insumos y mano de obra para desarrollar
actividades agrícolas de siembra de arroz, según dan cuenta copias de los recibos
y facturas de ventas respectivos62.
7.1.11. Quedó demostrado que mediante oficio No. 005581 del 7 de noviembre de
2013, el Comando General de las Fuerzas Militares - Fuerza Aérea Colombiana,
certificó que el “24 de agosto de 2009” el comando aéreo no realizó ninguna misión
de fumigación en el municipio de Puerto Rico (Meta), según da cuenta copia de la
referida certificación63. En este documento se lee lo siguiente:
“En atención al oficio No. 4878 de fecha 11 de octubre de 2013, bajo el asunto
proceso No. 500012331000-2010-00511-00 R. reparación directa de Luis Edilberto
61 Fl. 45, C. 1.
62 Fl. 58 a 113, C. 1.
63 Fl. 287, C. 1.
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Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
Marroquín Alarcón contra Nación-Ministerio del Interior y de Justicia y otros, en el
cual se solicita se certifique si para la fecha de los hechos acaecidos el día 24 de
agosto de 2009, la Fuerza Aérea Colombiana, fumigó cultivos con Glifosato de
propiedad del señor de Luis Edilberto Marroquín, en la vereda el Dorado jurisdicción
del municipio de Puerto Rico - Meta, respetuosamente me permito informar al
Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, que una vez consultado y
revisado el archivo operacional de este Comando Aéreo no se encontró registro
alguno que dé cuenta de la participación de aeronaves de esta unidad que hubieran
desarrollado misión alguna relacionada con esta actividad sobre el sector y fecha
señalada”
7.1.12. Demostrado quedó que mediante oficio No. 220-420 del 14 de noviembre de
2013, la Secretaría de Gobierno del municipio de Puerto Rico (Meta) hizo constar
que el 24 de junio de 2009 se llevó a cabo un consejo de seguridad en dicho
municipio, en el cual se informó que la Policía Nacional realizaría labores de
erradicación manual de cultivos en las veredas San Rafael, Cabañas, La Primavera
y Buenavista. Asimismo, respecto de las diligencias de erradicación adelantadas
por la Policía Nacional señaló que a “mediados del año 2009 ésta se efectúo en
zonas de influencia del grupo armado al margen de la ley FARC frentes 43 y 44. La
Administración Municipal se enteró de dicha erradicación en una reunión del
Consejo de Seguridad a cargo del Coronel Mariño del Ejercito Nacional, quien
informó la fumigación y erradicación manual que efectuaría la Policía como
consecuencia del Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM) del cual
hace parte Puerto Rico – Meta”. De ello, da cuenta copia del mencionado oficio64.
7.1.13. Consta que mediante oficio No. 285441 del 20 de noviembre de 2013, la
Fuerza Aérea Colombiana – Jefatura Jurídica Derechos Humanos/DIH indicó que
en virtud de “la misión constitucional asignada, no realiza misiones de fumigación
dentro del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea
con el herbicida glifosato”. De ello, da cuenta copia del mencionado oficio65.
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
64 Fl. 290 a 302, C. 2.
65 Fl. 323, C. 2.
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Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)
Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace
necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y
ii) su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar la responsabilidad
patrimonial de la Administración66-67.
7.2.1. El daño antijurídico
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho68, que contraría el orden legal69 o que está desprovista de una
causa que la justifique70, resultando que se produce sin derecho al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
66 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
67 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad
civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya
trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que
el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968.
Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente: “La
responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de un
dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en su
definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
68 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
69 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
70 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
25
Radicado: 50012331000201000511 01 (63230)
Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
o protegida71, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la merma
patrimonial que sufrió Luis Edilberto Marroquín Alarcón por la afectación de los
cultivos de arroz que tenía en el municipio de Puerto Rico (Meta) con ocasión de la
aspersión del herbicida glifosato realizada el 5 de julio de 2009 por la Policía
Nacional.
En el sub examine y de acuerdo con los hechos probados señalados ut supra, está
acreditado que Luis Edilberto Marroquín era el arrendatario de dos lotes de terrenos
ubicados, uno en la vereda Charco Danto del municipio de Puerto Rico (Meta)
denominado finca “El Encanto”, y el otro en la vereda El Dorado, finca Agua Linda
del referido municipio, los cuales estaban destinados, según los contratos de
arriendo, al cultivo de arroz secano (hechos probados 7.1.1, 7.1.2 y 7.1.3).
Asimismo, está demostrado que entre el 23 de junio de 2008 y el 11 de octubre de
2009 Luis Edilberto Marroquín Alarcón adquirió insumos y mano de obra para
desarrollar actividades agrícolas de siembra de arroz (hecho probado 7.1.10).
Ahora bien, pese a lo anterior, la Sala encuentra que en el presente asunto la parte
demandante no demostró mediante prueba alguna que el cultivo de arroz que tenía
en los predios “El Encanto” y “Agua Linda” fueron afectados por aspersión de
glifosato.
De hecho, si bien en el expediente reposan documentos denominados “record de
visita” con membrete de la empresa Proficol, en los que un “técnico” indica que en
el predio Agua Linda “se presentó una deriva de glifosato el 5 de julio de 2009” y
71 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
que hay amarillamiento de los cultivos “que puede ocasionar la pérdida del 80%” del
mismo, lo cierto es que dicha prueba es insuficiente para demostrar el daño
antijurídico aducido en la demanda.
En efecto, se desconoce el objeto de la empresa Proficol y la calidad e idoneidad
de la persona que realizó la anotación y suscribió el “record de visita”, lo cual le resta
eficacia probatoria a los referidos documentos, pues carecen por completo de un
contexto claro y una conclusión fundamentada que permita dar por probada la lesión
a los bienes jurídicos del demandante.
En este estadio, echa de menos la Sala una prueba técnica u otra equivalente que
de forma sería, concreta y con fundamentos sólidos acredite con grado de certeza
cuántas hectáreas del predio Agua Linda y del predio El Encanto resultaron
afectadas por glifosato. Además, no hay ningún documento que demuestre que en
la finca “El Encanto” se dañaron las plantaciones de arroz secano del actor.
Por otro lado, respecto de la constancia expedida por el personero municipal de
Puerto Rico en la que certificó que Luis Edilberto Marroquín expuso ante su
despacho que el 5 de julio de 2009, la Policía Antinarcóticos realizó una actividad
de aspersión con glifosato que daño su cultivo de arroz (hecho probado 7.1.7) y las
quejas que el señor Marroquín presentó ante la alcaldía de Puerto Rico (hechos
probados 7.1.8 y 7.1.9), debe advertirse que no demuestran con grado de certeza
la causación del daño antijurídico pues provienen de una declaración de la parte
demandante. Es que la sola referencia de esta situación fáctica y jurídica por el actor
no es suficiente para tener por probada la destrucción de su cultivo de arroz en los
predios El Encanto y Agua Linda, en tanto no puede la propia parte que alega un
hecho probarlo con su propio dicho.
Conforme lo expuesto, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia que
negó las pretensiones de la demanda, pues en el plenario no obran pruebas que
acrediten que los cultivos de arroz de Luis Edilberto Marroquín se perjudicaron por
aspersión de glifosato. En otras palabras, no se demostró el daño antijurídico
aducido en el libelo introductorio.
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Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
Se advierte, entonces, que en el presente caso la parte actora no cumplió con la
carga de la prueba, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 177 del CPC, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el daño
antijurídico que alega requiere de prueba, cuya omisión por la parte demandante, a
quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar la existencia de uno de los
elementos estructurales de la responsabilidad, sin la cual, en los términos del
artículo 90 de la Constitución Política, no es posible su declaración.
Así las cosas, al no estar acreditado el daño antijurídico, la Sala confirmará el
sentido de la decisión proferida el 18 de octubre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Meta, no sin antes adicionar un numeral que disponga sobre la
falta de legitimación en la casa por activa de Willy Jhanpowl Marroquín Pulido,
según se expuso en precedencia.
8. Costas
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 18 de octubre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, en el sentido de adicionar un numeral que
disponga “declarar la falta de legitimación en la causa por activa de Willy Jhanpowl
Marroquín Pulido”.
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Demandante: Luis Edilberto Marroquín Alarcón y otros
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada, que negó las
pretensiones de la demanda.
TERCERO: SIN COSTAS.
CUARTO: En firme esta providencia, ENVIAR el expediente al Tribunal de origen
para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
VF
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