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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2010-00583-01

Fecha
20 de mayo de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2010-00583-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 22 de febrero de 2018 por el Tribunal Administrativo del Meta. 2º) Confírmase en lo demás la decisión apelada. 3º) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal. 23 Expediente 50001-23-31-000-2010-00583-01 (62.519) Actor: Gloria Fánny Delgado Ramírez y otros Reparación directa Apelación de sentencia 4°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2010-00583-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

20 de mayo de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 50001-23-31-000-2010-00583-01 (62.519)
Actor: GLORIA FÁNNY DELGADO RAMÍREZ Y OTROS
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA
NACIONAL Y OTRO
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CCA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DESAPARICIÓN
FORZADA – OMISIÓN DEL DEBER DE
PROTECCIÓN

Síntesis del caso: la parte demandante pretende que los accionados reparen el daño irrogado por
la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cubillos García en hechos ocurridos el 11 de diciembre
de 2002 mientras se desplazaba en una ambulancia del municipio de San Carlos de Guaroa
(donde fungía como personero municipal) a Villavicencio. El tribunal de primera instancia accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. Apelan los extremos procesales. Se modifica la
decisión impugnada.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
las entidades demandadas contra la sentencia proferida el 22 de febrero de 2018
por el Tribunal Administrativo del Meta (fls. 515 a 537 cdno. apelación) que
resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACIÓN
MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL y al MUNICIPIO
SAN CARLOS GUAROA (sic) de los perjuicios causados a los
demandantes con la desaparición forzada del personero GABRIEL
ALBERTO CUBILLOS GARCÍA, de conformidad con lo explicado en
esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia y a título de reparación del daño,
CONDENAR a la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA
NACIONAL y al MUNICIPIO SAN CARLOS DE GUAROA, a pagar por
concepto de perjuicios morales en favor de los demandantes las
siguientes cantidades:

2
Expediente 50001-23-31-000-2010-00583-01 (62.519)
Actor: Gloria Fánny Delgado Ramírez y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia

a. Para GLORIA FANNY DELGADO RAMIREZ, en calidad de
compañera permanente de la víctima, la suma equivalente a CIEN
(100) SMMLV.

b. Para SCARLETH GIOVANNA CUBILLOS DELGADO Y LUISA
FERNANDA CUBILLOS CÉSPEDES, en calidad de hijas de la víctima,
la suma equivalente a CIEN (100) SMMLV, para cada una de ellas.

c. Para HENRY CUBILLOS GARCÍA, DICK CARLOS CUBILLOS
GARCÍA Y MIRTHA FÁTIMA CUBILLOS GARCÍA en calidad de
hermanos del lesionado, la suma equivalente CINCUENTA (50)
SMMLV, para cada uno. a

El precio del salario mínimo mensual legal será el que rija a la fecha
de ejecutoria de esta sentencia.

TERCERO: DECLARAR probada la EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD,
respecto de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante,
por lo expuesto en esta sentencia.

CUARTO: Condenar a la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL y al MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE
GUAROA, a la reparación integral de la violación de los derechos
humanos de los demandantes, para lo cual, de conformidad con lo
expuesto en esta providencia, deberán adoptarse las medidas de
naturaleza no pecuniaria, descritas en la parte motiva de la misma.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: Sin condena en costas.” (fl. 536 vlto. y 537 cdno. apelación –
negrillas, subrayado y mayúsculas sostenidas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 26 de noviembre de 2010 (fls. 4 a 22 cdno. 1), Gloria Fánny Delgado Ramírez,
Scarleth Giovanna Cubillos Delgado, Luisa Fernanda Cubillos Céspedes1, Mirtha
Fátima Cubillos de González, Hénry Cubillos García y Dick Carlos Cubillos García,
por intermedio de apoderado judicial presentaron demanda de reparación directa
en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el municipio
de San Carlos de Guaroa (Meta) con las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Declarar administrativa responsable a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional y al Municipio de San Carlos
de Guaroa - Meta, de los daños y perjuicios morales, ocasionados a
cada una de las personas demandantes como consecuencia de la falla
del servicio de protección, en el doctor GABRIEL ALBERTO
CUBILLOS GARCIA, con ocasión de su desaparición forzada ocurrida

1 Representada por su progenitora Rufanet Céspedes Bolaños.

3
Expediente 50001-23-31-000-2010-00583-01 (62.519)
Actor: Gloria Fánny Delgado Ramírez y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia

el 11 de diciembre de 2002, y quien ostentaba el cargo de Personero
Municipal de San Carlos de Guaroa en el Departamento del Meta.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior condenar a la Nación
– Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Municipio de San Carlos
de Guaroa, a las siguientes indemnizaciones:

a) Por perjuicios morales a favor de GLORIA FANNY DELGADO
RAMIREZ, en su condición de compañera permanente, SCARLETH
GIOVANNA CUBILLOS DELGADO, en su condición de hija del
causante, LUISA FERNANDA CUBILLOS CESPEDES, en su
condición de hija del causante, representada legalmente por
RUFANET CESPEDES BOLAÑOS, la suma de cien salarios mínimos
legales mensuales vigentes, a cada uno de ellas, a la fecha de
ejecutoria de la sentencia, o del auto que ordene su liquidación.

b) Por perjuicios morales a favor de MIRTHA FATIMA CUBILLOS DE
GONZALEZ, HENRY CUBILLOS GARCIA, Y DICK CARLOS
CUBILLOS GARCIA, quienes tienen la condición de hermanos del
causante GABRIEL ALBERTO CUBILLOS GARCIA la suma de
cincuenta salarios mínimos legales mensuales a cada uno de ellos, a
la fecha de ejecutoria de la sentencia, o del auto que ordene su
liquidación.

c) Por perjuicios daño vida relación a favor de GLORIA FANNY
DELGADO RAMIREZ en su condición de compañera permanente,
SCARLETH CUBILLOS DELGADO hija del causante, y LUISA
FERNANDA CUBILLOS CESPEDES hija del causante, la suma de
cien salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada una de ellas,
a la fecha de ejecutoria de la sentencia, o del auto que ordene su
liquidación.

d) por perjuicios materiales a favor GLORIA FANNY DELGADO
RAMIREZ, SCARLETH GIOVANNA CUBILLOS DELGADO LUISA
FERNANDA CUBILLOS CESPEDES, en la modalidad de lucro
cesante por la supresión de la ayuda económica que venían recibiendo
de su esposo y padre GABRIEL ALBERTO CUBILLOS GARCIA
(q.e.p.d.).

La suma de $233.504.208 para GLORIA FANNY DELGADO
RAMIREZ, RDO ARDILA

La suma de $ 66.715.488 para SCARLETH GIOVANNA CUBILLOS
DELGADO

La suma de $105.632.856 para LUISA FERNANDA CUBILLOS
CESPEDES

Para la liquidación de estos perjuicios, los ingresos deberán ser
actualizados, de acuerdo a la fórmula que ha venido aplicando el H.
Consejo de Estado. También serán reconocidos en la estimación de
los perjuicios, las prestaciones sociales como prima de servicio,
cesantías y vacaciones, o por lo menos, el aumento del 25% que por
este concepto ha ordenado el H. Consejo de Estado de manera
reiterada en sus pautas jurisprudenciales2.

2 Pretensión adicionada en memorial del 18 de julio de 2011 y admitida mediante auto del 10 de

noviembre de 2011.

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Expediente 50001-23-31-000-2010-00583-01 (62.519)
Actor: Gloria Fánny Delgado Ramírez y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia

TERCERA: Que el valor de las condenas aquí señaladas, se
actualicen al ejecutoriarse la sentencia, con base en el índice de
precios al consumidor, según certificación del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para compensar la
pérdida del valor adquisitivo de la moneda. (C.C.A art. 178).

CUARTO: Que se condene a la Nación Ministerio de Defensa Policía
Nacional. Municipio San Carlos de Guaroa Meta, al pago de las costas
y gastos de este juicio.” (sic) (fls. 4 y 5 cdno. 1 -mayúsculas sostenidas
del original)

Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:

1) El señor Gabriel Alberto Cubillos García fue electo como personero municipal
de San Carlos de Guaroa (Meta) para el período del 1º de marzo de 2001 al 28 de
febrero de 2004.

2) El 7 de marzo de 2001, el personero le informó a la procuradora provincial de
Villavicencio que estaba siendo objeto de amenazas contra su vida, comunicación
que fue remitida por la funcionaria a la Defensoría del Pueblo al alcalde de San
Carlos de Guaroa y al comandante de policía del Meta.

3) El 9 de mayo de 2001, el señor Cubillos García avisó al comando de policía
municipal las amenazas recibidas por el ejercicio del cargo que desempeñaba y
solicitó la asignación de un esquema de seguridad.

4) El 11 de diciembre de 2002, el señor Gabriel Cubillos fue interceptado por
unos sujetos presuntamente integrantes de un grupo paramilitar que lo obligaron
a descender de la ambulancia en la que era trasladado a la ciudad de Villavicencio.

5) Mediante sentencia de segunda instancia del 2 de septiembre de 2008, el
Tribunal Superior de Villavicencio (Meta) declaró la muerte presunta por
desaparecimiento de Gabriel Alberto Cubillos García, decisión ejecutoriada el 16
de octubre de ese año.

La parte demandante adujo que existió una falla del servicio atribuible a las
entidades demandas por no suministrar medidas de protección y seguridad a
Gabriel Alberto Cubillos García, pese a tener conocimiento previo sobre las
amenazas en su contra y de la presencia de grupos armados al margen de la ley
en la zona.

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Expediente 50001-23-31-000-2010-00583-01 (62.519)
Actor: Gloria Fánny Delgado Ramírez y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia

2. Posición de las entidades demandadas

1) La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a la prosperidad
de las pretensiones por considerar que “…no se encuentra demostrado que algún
miembro de la Policía Nacional haya participado en la desaparición, ni mucho
menos que no se le haya brindado la protección necesaria al señor Cubillos y que
por ese motivo se hubiere dado el plagio del mismo” (fls. 217 a 229 cdno. 1).

Asimismo, invocó como excepciones i) falta de legitimación en la causa por pasiva,
ii) inexistencia de falla en el servicio y iii) hecho de un tercero.

2) Por su parte, el municipio de San Carlos de Guaroa no contestó la demanda.

3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Meta en sentencia del 22 de febrero de 20183 (fls.
515 a 537 cdno. apelación) declaró a las entidades demandadas patrimonial y
extracontractualmente responsables de la desaparición forzada del señor Gabriel
Alberto Cubillos García, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1) Del acervo probatorio se extrae que tanto el cuerpo de policía como el alcalde
municipal de San Carlos de Guaroa tenían conocimiento de la presencia de grupos
al margen de la ley en la zona, así como también de las amenazas en contra del
personero Gabriel Alberto Cubillos García por razón del desempeño de ese cargo
público.

2) Aunque las entidades demandas sabían de la situación de riesgo extraordinario
del personero municipal de San Carlos de Guaroa omitieron la adopción de
medidas de protección en su favor, al punto que su secuestro se materializó
durante un desplazamiento para recibir atención médica sin que lo acompañara
un esquema de seguridad, de modo que esas omisiones configuran la falla del
servicio atribuida.

3 Por auto del 7 de junio de 2018 el tribunal de primer nivel negó la solicitud formulada por la parte

demandante de adición y complementación de la sentencia (fls. 571 a 573 cdno. apelación).

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Expediente 50001-23-31-000-2010-00583-01 (62.519)
Actor: Gloria Fánny Delgado Ramírez y otros
Reparación directa
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3) En cuanto a los perjuicios, el tribunal reconoció en favor de los demandantes
una indemnización por concepto de daño moral y dispuso como medidas de
reparación no pecuniarias la remisión de la sentencia al Centro de Memoria
Histórica, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con la realización de
un monumento y placa que deberían ser ubicados en la plaza pública del municipio
de San Carlos de Guaroa; al propio tiempo, declaró la caducidad de la pretensión
elevada por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la cual fue
solicitada mediante escrito de adición de la demanda, debido a que al momento
de agotar el requisito de conciliación prejudicial ya se había superado el término
de dos (2) años contemplados en el numeral 8 del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo.

4. Los recursos de apelación

4.1 Municipio de San Carlos de Guaroa (Meta)

Inconforme con la decisión, el ente territorial (fls. 539 a 547 cdno. apelación)
solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar negar las súplicas
de la demanda, por cuanto no se demostró el nexo causal entre la desaparición
forzada del personero municipal y la presunta omisión en el cumplimiento de un
deber legal a su cargo, porque, de otra parte, las pruebas no revelan que el alcalde
municipal conocía de las amenazas en contra del funcionario ni que estas eran
reales e inminentes y con posibilidad de materializarse y, de otro lado, porque “la
posición de garante de la vida y el mantenimiento de las condiciones necesarias
para el ejercicio de los derechos y las libertades, está atribuida desde la misma
Constitución a la Policía Nacional.” (fl. 544 cdno. apelación).

4.2 Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

En escrito del 3 de abril de 2018 requirió que se revoque la sentencia apelada y
se nieguen las súplicas de la demanda (fls. 548 a 553 cdno. apelación), por los
siguientes motivos:

1) En la decisión de primera instancia se le impuso una obligación de protección
de carácter absoluto que no se compadece con la situación de orden público
nacional y que, por ende, resultaba de imposible cumplimiento, más aún porque

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Expediente 50001-23-31-000-2010-00583-01 (62.519)
Actor: Gloria Fánny Delgado Ramírez y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia

para la institución la desaparición del señor Gabriel Alberto Cubillos García era
una circunstancia imprevisible.

2) Acaecido el lamentable suceso la Policía Nacional desplegó gestiones
encaminadas a hallar al personero municipal y aunque estas fueron infructuosas
demuestran el cumplimiento de su deber legal.

3) La desaparición forzada del señor Gabriel Alberto Cubillos García no fue
ejecutada por miembros de la Policía Nacional ni con su participación o
connivencia, por manera que el daño no le resulta atribuible por ser consecuencia
directa del hecho determinante de un tercero.

4.3 Parte demandante

El extremo activo (fls. 575 a 578 cdno. apelación) circunscribió su oposición a que
se efectúe el reconocimiento económico de las sumas solicitadas en la demanda
por concepto de daño a la vida de relación.

5. Actuaciones en segunda instancia

1) Admitido el recurso (fl. 611 cdno. apelación), mediante proveído de 28 de
febrero de 2019 se corrió traslado para alegar de conclusión y se dispuso surtir el
trámite previsto en el inciso segundo del artículo 59 de la Ley 446 de 1998 si el
Ministerio Público llegara a solicitarlo (fl. 613 cdno. apelación).

2) La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls. 620 a 622 cdno.
apelación) y la parte demandante (fls. 624 a 632 cdno. apelación) reiteraron los
argumentos de sus recursos de apelación.

3) El Ministerio Público y el ente territorial demandado guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del
Estado, 3) indemnización de perjuicios y 4) condena en costas.

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Actor: Gloria Fánny Delgado Ramírez y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna4, corresponde a la Sala determinar
si la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cubillos García en hechos ocurridos
el 11 de diciembre de 2002, es atribuible a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y al municipio de San Carlos de Guaroa (Meta) por omitir la
adopción de medidas de seguridad y protección en su favor.

El tribunal de primera instancia declaró la responsabilidad patrimonial
extracontractual de las accionadas por considerar que conocían la situación de
riesgo extraordinario del personero municipal de San Carlos de Guaroa y pese a
esto no dispusieron protocolos encaminados a salvaguardar la vida e integridad
del funcionario.

Las entidades demandadas apelaron la decisión por considerar que no se
acreditaron los elementos que configuran la responsabilidad estatal y la parte
demandante hizo lo propio con el fin de que se reconozca indemnización por
concepto de <<daño a la vida de relación>>.

La sentencia de primera instancia será confirmada en cuanto a la declaración de
responsabilidad patrimonial extracontractual de las entidades demandadas por el
desconocimiento de las obligaciones a su cargo que conllevaron a que se
materializara la desaparición forzada del señor Gabriel Alberto Cubillos García el
11 de diciembre de 2002; a su vez, se confirmará la decisión de negar la
reclamación por daño a la vida de relación –actualmente comprendido como daño
a la salud- objeto del recurso de apelación formulado por la parte demandante y
se revocarán las medidas de reparación no pecuniarias decretadas en la
sentencia de primera instancia.

4 La decisión judicial que declaró la muerte presunta por desaparecimiento de Gabriel Alberto

Cubillos García quedó ejecutoriada el 16 de octubre de 2008 (fl. 49 cdno. 1), de modo que el
término de dos años establecido en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo y en el artículo 7 de la Ley 589 de 2000 para ejercer la acción de reparación directa
fenecía, en principio, el 17 de octubre de 2010; no obstante, debe advertirse que el 9 de septiembre
de 2010 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial y el 20 de octubre de
ese año se declaró fallida la audiencia respectiva y se expidió la constancia de ley (fls. 130 y 131
cdno. 1), por lo cual, la parte tenía para accionar hasta el 28 de noviembre de 2010, luego la
demanda presentada el 26 de noviembre de 2010 lo fue de manera oportuna.

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Reparación directa
Apelación de sentencia

2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

2.1 Régimen de responsabilidad aplicable por omisión del deber
de prestar seguridad personal

1) La jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación5 de tiempo atrás
ha precisado que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del
servicio por omisión del deber de prestar seguridad a las personas cuando (i) se
acredite que la persona contra quien se dirigió el ataque había solicitado
previamente medidas de protección a las autoridades y estas no se las brindaron
o las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera que los efectos
antijurídicos de la omisión concretados en un daño son objeto de reproche jurídico
(infracción a la posición de garante)6; (ii) la víctima no pidió las medidas referidas
pero, las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida7
y, por ende, estaban obligadas a actuar (deber de diligencia) y, (iii) porque en
razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, como por
ejemplo, la grave alteración del orden público y el conocimiento público de
amenazas por parte de terceros, el hecho era previsible y cognoscible, y no se
realizó actuación alguna encaminada a su protección8.

2) También se ha precisado que, a pesar de que es un deber inherente al Estado
garantizar la protección a todas las personas residentes en el país, no le son
imputables todos los daños a la vida, a la integridad física o a los bienes de las
personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son
relativas, en la medida que se circunscriben a sus capacidades de atención y
respuesta en cada caso concreto; sin embargo, esta misma Corporación, en
abundantes pronunciamientos, ha resaltado que la relatividad de las obligaciones
del Estado no necesariamente excusa el incumplimiento de sus deberes, sino
que, debe examinarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir con los

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 29 de 2012, expediente no. 24.444, MP Stella

Conto Díaz del Castillo; sentencia de agosto 11 de 2011, expediente no. 20.325, MP Mauricio Fajardo Gómez;
sentencia de agosto 16 de 2022, expediente no. 54.689, MP Freddy Ibarra Martínez con salvamento de voto
parcial del magistrado Martín Bermúdez Muñoz.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, rad. 20511, MP Ruth Stella

Correa Palacio.
7Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de junio 19 de 1997, rad. 11875, MP Daniel Suárez
Hernández.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 30 de 1997, rad. 10958, MP Ricardo Hoyos

Duque.

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estándares funcionales9.

3) Además, frente a las obligaciones que le corresponden al Estado debe
precisarse que este no tiene ni goza de las propiedades de ser omnipresente (no
puede estar en todo sitio y margen de espacio territorial), omnipotente (no lo
puede hacer todo) ni tampoco es omnisciente (no lo sabe ni lo conoce todo), por
lo tanto, de cara al tema de la responsabilidad patrimonial extracontractual que le
pueda ser atribuida, debe advertirse que sus obligaciones son apenas de medio
y no de resultado, esto es por culpa por falla en la prestación del servicio público
a su cargo, en este caso frente al deber de seguridad y protección a los
ciudadanos.

2.2 El daño antijurídico

Según las pruebas aportadas al proceso, está demostrado que el 11 de diciembre
de 2002 el señor Gabriel Alberto Cubillos García, quien se desempeñaba como
personero del municipio de San Carlos de Guaroa (Meta), fue desaparecido
forzadamente por miembros de grupos paramilitares en momento en que se
desplazaba en una ambulancia a la ciudad de Villavicencio para recibir atención
médica (fls. 253 a 255 cdno. 1).

Posteriormente, el Juzgado Segundo de Familia del Distrito Judicial de
Villavicencio en sentencia del 11 de junio de 2008 (fls. 31 a 39 cdno. 1) declaró la
muerte presunta por desaparecimiento del señor Gabriel Alberto Cubillos García
en hechos ocurridos el 11 de diciembre de 2002 y fijó como fecha de su muerte el
12 de diciembre de 2004, esta decisión fue confirmada en providencia del 2 de
septiembre de 2008 (fls. 40 a 48 cdno. 1) emitida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y cobró firmeza el 16 de octubre de
2008 (fl. 49 cdno. 1).

Por lo tanto, la Sala considera que el daño por el cual se demandó consistente en
la desaparición forzada y muerte del señor Gabriel Alberto Cubillos García se
encuentra plenamente acreditado.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 3 de abril de 2020, expediente no. 47.334,

MP Ramiro Pazos Guerrero.

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Actor: Gloria Fánny Delgado Ramírez y otros
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2.3 La imputación

La parte demandante pidió que se declare la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y del
municipio de San Carlos de Guaroa con ocasión de la desaparición forzada del
personero Gabriel Alberto Cubillos García a manos de un grupo paramilitar, por el
hecho de omitir su deber de protección, ante lo cual la primera instancia condenó
a las entidades mencionadas por considerar que, en efecto, no le prestaron al
agente del Ministerio Público las medidas tendientes a su protección personal,
decisión con la que dichos entes expresaron su inconformidad en el recurso de
apelación, en el cual esgrimieron, básicamente, que no incurrieron en falla del
servicio y que el daño tuvo génesis en el actuar de un tercero.

Las pruebas válidamente recaudadas demuestran los siguientes hechos
relevantes para la decisión del caso:

1) En sesión del 10 de enero de 2001, el Concejo Municipal de San Carlos de
Guaroa eligió como personero de ese ente territorial al señor Gabriel Alberto
Cubillos García, quien se posesionó en el cargo el 9 de febrero de ese año (fls. 50
a 51 cdno. 1).

2) El 7 de marzo de 2001, el personero Gabriel Alberto Cubillos García comunicó
a la Procuraduría Provincial de Villavicencio las dificultades para posesionarse en
el empleo público y para su desempeño por razón de las amenazas en su contra,
en los siguientes términos:

“De acuerdo con la conversación sostenida con la Señora
Procuradora, con el presente escrito le informo respecto de la
situación actual que he tenido que enfrentar y por la cual me ha
sido difícil desempeñar desde un principio las funciones que me
fueran encomendadas como Personero Municipal.

Para efectuar mi posesión fue necesario acudir al recinto del Concejo
Municipal en tres (3) oportunidades, porque en la primera ocasión ella
Corporación no se reunió.

La segunda vez, fui intimidado por un sujeto que dijo ser "emisario"
de un grupo organizado al margen de la ley que habita en la región,
prohibiéndome que me posesionara e instando también a los
concejales en igual sentido, porque en caso contrario "aténgase a
las consecuencias".

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Actor: Gloria Fánny Delgado Ramírez y otros
Reparación directa
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Frente a este hecho, le solicité a la Señora Juez Promiscuo de la
localidad que me posesionara, pero tampoco fue posible, porque la
funcionaria argumentó no tener autoridad legal para ello, además
porque así se lo había manifestado un magistrado del Tribunal Superior
de Villavicencio. En consecuencia, tampoco me pude posesionar.

Para la tercera ocasión, nuevamente apareció el sujeto con el
ánimo de impedir nuevamente mi posesión. Empero, gracias al
apoyo del señor Alcalde, quien recurrió al apoyo de la fuerza
pública, a regañadientes, el Cabildo procedió a efectuar dicha
posesión. Quiero decir que entiendo la actitud de los concejales,
en vista de la falta de seguridad y protección a la que diariamente
tienen que verse enfrentados.

Consecuente con esta situación, al tratar de conseguir habitación
para instalarme en el pueblo, no fue posible encontrar quién me dé
alojamiento, ni siquiera en las residencias donde residen el señor
alcalde, la señora juez, y otros funcionarios, por el temor a las
eventuales represalias del grupo organizado que deambula por ese
territorio. Por ello, forzosamente me veo en la necesidad de viajar
diariamente, hasta el momento en que cambie la situación.

Por otro lado, ha sido imposible conseguir que alguna compañía
de seguros expida mi seguro de vida individual. Por tal razón, y
hasta tanto no cuente con esta protección legal para mi familia,
ante un eventual suceso fatal, me he visto en la necesidad de
ausentarme de la población. Empero, este tiempo ha sido dedicado a
gestionar la apertura de cuenta corriente para la Agencia ministerial, la
expedición del seguro de vida arriba indicado, elaboración de papelería,
sellos, etc.

Son estos los hechos que afectan mi normal desempeño en el
cargo; sin embargo, contando con el concurso del Ministerio
Público y demás autoridades, espero darle solución a este
heteróclito entuerto.” (fls. 55 a 56 cdno. 1 -resalta la Sala).

A su vez, la Procuradora Provincial dio traslado de la comunicación al alcalde de
San Carlos de Guaroa y al Comando de Policía del Meta con el propósito de que
adoptaran medidas para que el personero pudiera ejercer su labor sin riesgos para
su vida (fls. 59 y 74 cdno. 1).

3) A través del oficio no. 076 del 11 de mayo de 2001, el personero municipal
Gabriel Alberto Cubillos García informó al Comando de Policía de San Carlos de
Guaroa que desde su posesión en el cargo no se presentaron nuevas amenazas,
sin embargo, consideró que su integridad continuaba en riesgo por cuanto había
sido advertido que de continuar en la zona se atuviera a las consecuencias, por lo
cual solicitó indicar si esa institución estaba en posibilidad de asignar un escolta o
agente de seguridad para la oficina, teniendo en cuenta que por instrucción del

13
Expediente 50001-23-31-000-2010-00583-01 (62.519)
Actor: Gloria Fánny Delgado Ramírez y otros
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Apelación de sentencia

alcalde la agencia del ministerio público debía trasladarse por fuera de la sede de
la casa municipal10.

4) Según la anotación efectuada en el libro de población de la Estación de Policía
de San Carlos de Guaroa (fls. 253 a 255 cdno. 2) consta que el 11 de diciembre
de 2002, a las 11:10 de la noche, se presentó el señor Jhon Édwin Rivas Reyes a
denunciar que siendo aproximadamente la 1:40 de la tarde de ese día sujetos
armados interceptaron la ambulancia de placa OIX054 en la que se trasladaba al
personero municipal Gabriel Alberto Cubillos García al hospital de Villavicencio, lo
obligaron a bajar del vehículo mediante intimidación con armas de fuego y se lo
llevaron; y que además, les advirtieron a él y a la enfermera que siguieran el
recorrido y no dieran aviso a las autoridades hasta que regresaran.

5) En informe rendido el 30 de abril de 2003 por funcionarios de policía judicial del
CTI de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a
la Fiscalía 11 Especializada se consignó que entre los documentos personales de
Gabriel Alberto Cubillos García se encontró “…el oficio 205 del 15 de octubre de
2002, enviado por parte del señor personero GABRIEL ALBERTO CUBILLOS al
señor comandante de Policía de San Carlos de Guaro(sic) señor EDISSON
JAVIER SALGUERO DIAZ, solicitando protección por haber recibido amenazas
por parte de ONOFRE PINEDA MEDINA…” (fls. 81 a 83 cdno. 1).

6) De otra parte, al expediente se aportó igualmente en copia auténtica el proceso
penal 50001 31 07 002 2006 00100 00 adelantado en contra de Aladín Daza
Arango por el punible de desaparición forzada agravada11, al cual la Sala le

10 El citado oficio refiere “1.- Las amenazas de desconocidos dirigidas en mi contra, después del

primero de Marzo del año que avanza, cuando inicié labores como Agente del Ministerio Público de esta
localidad, no volvieron a presentarse; sin embargo, las advertencias de que si permanecía en la
población "...tendría que atenerme a las consecuencias..." creo que aún siguen vigentes. Sabemos que
estas organizaciones al margen de la ley con su proceder son impredecibles.

De otra parte, muy comedidamente le solicito informar si le Institución se encuentra capacitada para
poner a disposición de la Personería un escolta o Agente de Seguridad para la Oficina, considerando
que por petición del Señor Alcalde debo desocupar y trasladar la Agencia del Ministerio Público a lugar
distinto de la Casa Municipal, y lejos del Juzgado Promiscuo Municipal; por ello y en consecuencia,
estimo necesario que las medidas de Seguridad personal deben permanecer hasta que las condiciones
de orden público en la región ameriten poder decir: ¡¡ Podemos vivir en Paz!!.
2.- El Señor Comandante puede estar seguro de que una vez se presenten las circunstancias que
puedan vulnerar la vida y la integridad personal de los habitantes de esta Municipalidad o la mía propia,
inmediatamente ocurra, usted tendrá conocimiento de ello.” (fl. 54 cdno. 1).

11 Cuadernos 5 a 13 del expediente.

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Apelación de sentencia

otorgará valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del
CPC, en tanto que las entidades demandadas no se opusieron a su decreto y
práctica, como tampoco tacharon o reprocharon su contenido.

La causa penal aludida culminó con sentencia anticipada del 19 de julio de 2013
dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio
en la cual se declaró a Aladín Daza Arango penalmente responsable como coautor
del delito de desaparición forzada agravada cometido en la víctima de Gabriel
Alberto Cubillos García en calidad de personero municipal de San Carlos de
Guaroa; como consecuencia, el infractor penal fue condenado a 35 años de
prisión, multa de 3027,828 salarios mínimos legales mensuales vigentes e
interdicción de derechos y funciones públicas por 18 años y 4 meses; al propio
tiempo, se le impuso el pago solidario12 de los perjuicios materiales y morales13
reclamados por la señora Gloria Fánny Delgado Ramírez, quien se constituyó en
el proceso como parte civil14 (fls. 4 a 32 cdno. 6).

La sentencia de condena se fundamentó, entre otras consideraciones, en las
siguientes:

“En conclusión, analizada las declaraciones y los informes de policía,
se tiene por demostrado que para el día 11 de diciembre de 2002, el
señor GABRIEL ALBERTO CUBILLOS GARCIA, mientras era
transportado en una ambulancia manejada por el señor JHON EDWIN
RIVAS REYES hacia la ciudad de Villavicencio, tras padecer una
dolencia de paro cardiaco, fue retenido en el sector conocido como
El Trébol, Jurisdicción del Municipio de San Carlos de Guaroa, por
tres hombres encapuchados, quienes lo bajaron de la ambulancia,
lo privaron de su libertad y lo ocultaron, sin que hasta el momento
se tenga conocimiento de su paradero, y además sin que se
hubiere suministrado información certera sobre si está vivo o
muerto, siendo el fin de los captores, desaparecer al señor
CUBILLOS GARCÍA precisamente en razón de su calidad de
PERSONERO del Municipio de San Carlos de Guaroa (Meta), por lo
que la conducta es AGRAVADA, inexcusablemente porque la
desaparición se produjo en atención al cargo de la víctima, el cual
implicaba entre otras situaciones, ejercer un control sobre las
autoridades del municipio y tomar decisiones, las cuales como no se
encontraban avaladas por el grupo al margen de la ley, por ello
entonces las actividades del personero eran mal vistas por los grupos
insurgentes, ordenando por ello su retención para que las actividades

12 Junto con los señores Héctor José Buitrago Rodríguez, Nelson Orlando Buitrago Parada y

Héctor Germán Buitrago Parada previamente condenados por los mismos hechos.
13 Determinados en $351.617.063,50 por lucro cesante y 1000 smlmv por afectación moral.
14 Reconocida en auto del 7 de septiembre de 2007 emitido por el Juzgado Segundo Penal del

Circuito Especializado de Villavicencio (fls. 15 a 20 cdno. 8).

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del Personero, no fueran un obstáculo para la organización criminal, en
el desarrollo y ejecución de sus planes e ideología criminal.
(…)

Es amplia la prueba de cargo en contra del señor ALADIN DAZA
ARANGO alias "OSCAR" o el "COJO", que dan cuenta no solo de
su participación en el grupo de Autodefensas denominado los
Buitragueños, sino que era el Comandante en la zona de San
Carlos de Guaroa, de donde era personero la víctima GABRIEL
ALBERTO CUBILLOS, encargado según las voces de los demás
miembros desmovilizados, de ejecutar las órdenes que emitía
HECTOR BUITRAGO, Cabecilla máximo del grupo ilegal,
estableciéndose que la retención de la víctima, lo fue por el hecho
que como Personero del Municipio mencionado, ejercía un control
sobre las autoridades y además tomaba decisiones que no se
encontraban ajustadas a lo que pretendía el grupo ilegal que
gobernaba la zona para el año 2001, estableciéndose igualmente
que el señor GABRIEL ALBERTO fue retenido no solamente para
secuestrarlo, sino que el fin de sus captores era desaparecerlo,
eliminarlo, como finalmente lo lograron hacer, tanto así que hasta el
momento no se sabe a ciencia cierta si le produjeron su muerte, porque
no ha sido entregado su cuerpo para que su familia tenga certeza de su
suerte, sino que de forma irracional, inhumana y sin ningún sentimiento
de piedad hacia el ser humano, no se ha señalado el lugar en donde se
puede hallar el mismo, manteniendo en constante agonía a la familia de
CUBILLOS GARCÍA, situación que de forma sanguinaria se ha
mantenido en secreto. Además, por declaraciones de algunos de los
testigos desmovilizados el señor CUBILLOS GARCIA fue asesinado y
su cuerpo enterrado en la Finca Tupirama, de donde luego extrajeron el
mismo, sin que, se reitera, hasta el momento se tenga noticia de su
paradero, lo que refuerza la idea que el interés de los criminales no era
otro que desvanecer cualquier rastro del destino de la víctima, incluso
después de muerto.
(…)

Descritos los hechos así es cierto entender que el fin de los captores de
GABRIEL ALBERTO CUBILLOS GARCÍA era desaparecer al mismo
por cuanto le reprochaban no acoger los planteamientos del grupo
insurgente y facilitar sus operaciones dentro del Municipio de San
Carlos de Guaroa-Meta en el cual la víctima era Personero, situación
que es de conocimiento público que la respuesta de estos grupos al
margen de la ley era la desaparición y/o muerte de aquellos que no
promulgaban sus mismos ideales, utilizando diferentes métodos de
desaparición con el fin que sus víctimas nunca fueran reconocidas,
siendo arrojados a corrientes hídricas o en otros casos a fosas
comunes, sin ningún respeto por la dignidad del otro y de sus familias,
pero que gracias al proceso de justicia y paz que se está adelantando
en nuestro país se ha logrado establecer en muchos de los casos la
verdad de lo ocurrido.

Así las cosas, fácil es concluir que el señor GABRIEL ALBERTO
CUBILLOS GARCIA después de ser retenido cuando era transportado
en una ambulancia después de un episodio de paro cardiaco, no se
volvió a tener noticia del mismo, retención que se llevó a cabo por
miembros del grupo insurgente autodenominado Autodefensas
Campesinas del Casanare, al mando de HÉCTOR JOSÉ BUITRAGO
RODRÍGUEZ o "K1", quien era el jefe máximo del estado mayor del
grupo insurgente, seguido de sus hijos HÉCTOR GERMÁN BUITRAGO

16
Expediente 50001-23-31-000-2010-00583-01 (62.519)
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PARADA conocido con el seudónimo de "MARTIN LLANOS", quien es
el segundo al mando, y de NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA
con el alias de "21" o "CABALLO", además que dicha orden fue
cumplida por parte de ALADIN DAZA quien como el mismo lo acepta
al momento de acogerse a sentencia anticipada, hacia parte de la
organización y estuvo en el Municipio de San Carlos de Guaroa, en
donde tenía reuniones con comerciantes y con otras autoridades del
Municipio, reuniones a las cuales no asistía el señor GABRIEL
ALBERTO, lo que generó una desazón en los Comandantes
Paramilitares, puesto que era evidente que no era su deseo el de
aceptar las prácticas ilegales que pretendía imponer el grupo, por lo que
se tornó en un enemigo del mismo, siendo la respuesta la desaparición
y con un alto grado de probabilidad su muerte, desconociéndose por
parte de los infractores que la Constitución Política le concede un lugar
primordial al valor "vida", y que La Carta Magna se expresa claramente
en favor de él, como opción política que tiene innumerables
implicaciones y goza de especial protección del Estado. Por esta razón,
tales conductas merecen el más elevado reproche del ordenamiento
jurídico, pues la principal obligación del Estado y los particulares es
precisamente la de velar por la vida de las personas, protegiéndolas de
cualquier ataque a su integridad, al igual que a la DIGNIDAD HUMANA
Y A LA LIBERTAD, en su doble dimensión de valores y derechos de
especial protección, conforme se extracta del artículo 86 de la
Constitución Política, de conformidad con las obligaciones derivadas del
artículo 3º de la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención
Americana de Derechos Humanos, el artículo 4º de la Ley 16 de 1972,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 6º de
la Ley 74 de 1968, entre otros tratados internacionales.” (fls. 13 a 18
cdno. 6 –mayúsculas sostenidas del original y negrillas adicionales).

7) Del descrito panorama probatorio, está demostrado que el señor Gabriel
Alberto Cubillos García fue elegido en el mes de enero del año 2010 como
personero del municipio de San Carlos de Guaroa (Meta) y desde marzo de ese
año denunció ante la Procuraduría Provincial de Villavicencio15 las amenazas de
las cuales estaba siendo víctima por parte de una persona que se identificó como
emisario de un grupo al margen de la ley, comunicación que fue trasladada por la
funcionaria al Comando de Policía Departamental del Meta y al alcalde de San
Carlos de Guaroa, sin que conste en el proceso la adopción de ninguna medida
por parte de esas autoridades con el fin de salvaguardar la vida e integridad del
personero municipal.

8) En igual sentido, está acreditado que el 11 de mayo de 2001 el mencionado
personero municipal solicitó al Comandante de la Estación de Policía de San
Carlos de Guaroa informar si esa institución estaba en condiciones de asignarle
un agente de seguridad o escolta para la oficina, debido a que seguían vigentes

15 Comunicación radicada el 7 de marzo de 2010 (fl. 55 y 56 cdno. 1).

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las advertencias en su contra a cuyas voces de permanecer en el municipio debía
atenerse a las consecuencias; no obstante, pese al pedido elevado por el
funcionario no obra ninguna prueba en el expediente que dé cuenta de gestiones
o ejecución de trámites por parte del cuerpo de policía para garantizar el ejercicio
del cargo público en condiciones de seguridad.

Por el contrario, del contenido del oficio no. 110 radicado por Gabriel Alberto
Cubillos García el 16 de junio de 2001 ante la Defensora del Pueblo - Regional del
Meta es fundado colegir que el Comando de Policía de ese departamento no
asumió con la seriedad y oportunidad temporal que ameritaba el caso de las
amenazas proferidas en contra del entonces personero de San Carlos de
Guaroa16.

9) Asimismo, el material probatorio recaudado revela que en el mes de octubre
del año 2002 el citado funcionario público nuevamente solicitó al Comandante de
la Estación de Policía Municipal de San Carlos de Guaroa el suministro de
medidas de protección debido a las amenazas efectuadas en su contra por parte
del señor Onofre Pineda, a quien había denunciado ante la Procuraduría
Provincial de Villavicencio por el indebido uso de la maquinaria del municipio 17;
empero, no se probó en este proceso que la autoridad de policía estudiara la
situación de riesgo en que se encontraba el personero municipal y evaluara la
procedencia y necesidad de adoptar mecanismos para asegurar el ejercicio de
sus funciones sin implicaciones negativas para su vida e integridad personal.

16 En el referido oficio se consignó: “Por otra parte quiero referirme al escrito No.1004 de fecha

Abril 23 del 2001, de SIPOL DEMET, el cual responde al Oficio DRM-5013-802, Intervención 221-
2001 con el cual el Señor Capitán FABIO RODRÍGUEZ ALMECICA, Jefe Seccional de Inteligencia,
y con el visto bueno del Coronel JORGE IVÁN CALDERÓN QUINTERO, Comandante
Departamental Policía Meta, de una manera apresurada, mal intencionada, desinformada e
irresponsable afirma sin ningún sustento probatorio que las amenazas contra mi vida e integridad
personal es una historia ficticia fraguada por mí y además me tilda de envidioso, rival y resentido,
y que solo busco obtener algún beneficio personal !!??.

Estas afirmaciones se suman a la falacia de que yo puse en conocimiento los hechos un mes
después de haberme enterado del procedimiento ejecutado por mi similar (?) (sic) como queriendo
justificarme y evitar así un indicente...??. (sic)” (fl. 53 cdno. 1).
17 Informe de policía judicial rendido el 30 de abril de 2003 por funcionarios del CTI de la Unidad

de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a la Fiscalía 11 Especializada (fls. 81
a 83 cdno. 1).

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10) En ese contexto, aun cuando no se discute que la desaparición forzada del
señor Gabriel Alberto Cubillos García fue ideada y ejecutada por integrantes del
grupo paramilitar denominado “Autodefensas Campesinas del Casanare”,
también conocido como “Los Buitragueños”, el cual operaba en el municipio de
San Carlos de Guaroa (Meta) y que el flagelo al que fue sometido el funcionario
público, precisamente tuvo como móvil las diferencias con ese grupo al margen
de la ley por razón del cumplimiento de las funciones propias del cargo de
personero municipal, lo cierto es que se aprecia que la omisión en el suministro
de medidas de protección por parte de las autoridades demandadas incidió de
manera directa y certera en la producción del daño por el cual se demandó.

A propósito de lo anterior, para la Sala esta omisión compromete la
responsabilidad de la Policía Nacional, pues, de conformidad con lo previsto en el
artículo 2 del Decreto 2203 de 1993, entre sus funciones está la de “proteger a
todas las personas residentes en Colombia, garantizando el ejercicio de los
derechos y libertades públicas”, atribución para la cual dispone de un cuerpo
armado civil.

Al propio tiempo, se encuentra comprometida la responsabilidad patrimonial
extracontractual del municipio de San Carlos de Guaroa (Meta) habida cuenta que
por expresa disposición constitucional18 tiene a su cargo la conservación del orden
público19 en el municipio, es la primera autoridad de policía municipal y sus
instrucciones deberán ser cumplidas con prontitud y diligencia por el comandante
del cuerpo policial del ente territorial, no obstante, pese al componente funcional

18 Artículo 315. Son atribuciones del alcalde:

2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y
órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la
primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia
las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
19 En este aspecto, es preciso destacar que el orden púbico supone la conjunción de las siguientes

condiciones para la vida en sociedad; a saber, seguridad, tranquilidad y sanidad medioambiental,
como expresamente lo reconoció la Corte Constitucional en sentencia C-225 de 2017, en la que
señaló:
“43. Esto quiere decir que la importancia constitucional del medio ambiente sano, elemento necesario para la
convivencia social, tal como expresamente lo reconoció la Ley 1801 de 2016, implica reconocer que el
concepto clásico de orden público, entendido como “el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y
salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos”, debe completarse con
el medio ambiente sano, como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este
sentido, el orden público debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad
medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos constitucionales, al amparo del
principio de dignidad humana”.

19
Expediente 50001-23-31-000-2010-00583-01 (62.519)
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a su cargo, la entidad demandada no aportó al proceso medio de convicción que
revele la ejecución de alguna gestión, trámite o actividad encaminada a garantizar
el ejercicio del cargo público en condiciones de seguridad por parte del funcionario
municipal, a pesar de las denuncias y solicitudes elevadas en su momento por la
víctima directa de los hechos de este proceso.

11) Así las cosas, se deduce que las omisiones de seguridad y protección en las
que incurrieron la Policía Nacional y el municipio de San Carlos de Guaroa
incidieron de manera relevante y eficiente en la causación del daño que se alega
en la demanda, si bien es cierto que en la apelación la Policía Nacional asevera
que la muerte fue provocada por la acción directa de un tercero y está probado
que fue Aladín Daza Arango el coautor de la desaparición forzada del personero
Gabriel Alberto Cubillos García, ya que así se declaró en la sentencia del 19 de
julio de 2013 por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Villavicencio (fl. 31 cdno. 6), no lo es menos que aquella situación se hubiera
podido evitar si en su momento las entidades demandadas hubieran desplegado
medidas idóneas, oportunas, suficientes y eficientes para efectos de garantizar la
seguridad personal de la víctima respecto de quien era claro que corría un riesgo
inminente por amenazas y agresiones provenientes del desempeño de su cargo
como agente del ministerio público.

12) En este marco de análisis, se concluye que el flagelo al que fue sometido el
señor Gabriel Cubillos García por razón de su condición de personero del
municipio de San Carlos de Guaroa no puede entenderse como una circunstancia
imprevisible e irresistible para las autoridades demandadas, por cuanto, tanto la
delegada de la Procuraduría Provincial del Meta como la víctima alertaron a la
autoridad de policía municipal y departamental de las amenazas de que fue objeto
desde su elección como agente del Ministerio Público en el ente territorial, las
cuales, como bien lo advirtió el funcionario en comunicación del 11 de mayo de
2001 (fl. 54 cdno. 1), permanecieron vigentes, concretándose de forma lamentable
el 11 de diciembre de 2002.

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13) Además, con las declaraciones recibidas ante el tribunal de primera instancia
de los testigos Jesús María Hincapié Ramírez20 y Ángela María Moreno Neira21,
quienes adujeron ser funcionarios de la Defensoría del Pueblo - Regional del Meta
para la fecha en que se dio la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cubillos, se
probó que esa entidad también alertó a las autoridades de Policía sobre la
situación de orden público en la zona de San Carlos de Guaroa y la necesidad de
reforzar las medidas de protección para el personero municipal22.

14) Finalmente, la Policía Nacional en su recurso de apelación sostiene que su
responsabilidad no se ve comprometida dado que una vez informada la comisión
del delito en contra de Gabriel Alberto Cubillos García desplegó actuaciones
tendientes a determinar su paradero, sin embargo, para esta Corporación esa
actuación no la exonera de responsabilidad por la omisión en el suministro de
medidas de protección previas a la desaparición forzada del empleado público por
cuenta de un grupo al margen de la ley, sino que, únicamente, puede entenderse
como el cumplimiento de sus obligaciones legales una vez informada de la
comisión de un punible.

15) Por consiguiente, de lo analizado se impone confirmar la sentencia de primera
instancia que declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y del municipio de San Carlos
de Guaroa (Meta) por la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cubillos García
en hechos cometidos por integrantes de un grupo paramilitar el 11 de diciembre
de 2002.

3. Indemnización de perjuicios

3.1 Daño moral
En lo concerniente al daño moral se resalta que este se entiende como el dolor y
aflicción que una situación nociva genera y se presume en relación de los

20 Fls. 483 y 484 cdno. 3.
21 Fls. 495 y 496 cdno. 3.

22Los declarantes fueron contestes al referir la imposibilidad material de obtener el soporte
documental de sus afirmaciones debido a que el archivo de esa delegada fue trasladado al nivel
central, sin embargo, insistieron en que las autoridades demandadas conocían las amenazas de
que era objeto Gabriel Alberto Cubillos García en su condición de personero de San Carlos de
Guaroa

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familiares cercanos de quien ha sufrido una grave afectación en sus derechos
fundamentales.

En atención a que en el proceso se acreditó el parentesco entre los demandantes
y el señor Gabriel Alberto Cubillos García23 y que las indemnizaciones
reconocidas en primera instancia se ajustan al baremo de unificación
jurisprudencial trazado sobre la materia24, serán confirmadas en esta decisión.

3.2 Daño a la salud

La parte demandante en su impugnación solicitó el reconocimiento de los
perjuicios padecidos y no reconocidos en la sentencia de primera instancia a título
de daño a la vida de relación, pues, la desaparición forzada de su familiar les privó
de actividades vitales que hacen agradable la existencia.

Pues bien, esta Corporación se ha apartado de los conceptos de daño a la vida
de relación, perjuicio fisiológico y alteración grave de las condiciones de
existencia, para establecer dos categorías autónomas de perjuicio inmaterial,
diferentes al daño moral, a saber: el daño a la salud25, cuando se trate de una
lesión a la integridad psicofísica de la persona, y la afectación relevante a bienes
o derechos convencional y constitucionalmente amparados26, perjuicio este que
debe estar plenamente acreditado en el proceso y ameritar su reparación integral,
teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.

En el presente evento, no obran medios de convicción que demuestren la
causación del daño a la salud de la compañera permanente y las hijas de Gabriel
Alberto Cubillos García, sino que, los aportados dan cuenta de los padecimientos
propios de la aflicción que tuvieron que soportar a partir de la muerte de su familiar

23 Fls. 23 a 28 cdno. 1.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, exp.

27709, MP Carlos Alberto Zambrano.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de

unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28832, MP Danilo Rojas Betancourth y
exp. 31170. MP Enrique Gil Botero.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de

unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 32.988, MP Ramiro Pazos Guerrero y
exp. 26.251, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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los cuales fueron indemnizados bajo el concepto de perjuicio moral, de suerte que
no podrán ser reconocidos nuevamente en este caso.

3.3 Afectación relevante a bienes o derechos convencional y
…….constitucionalmente amparados

1) En la decisión de primera instancia, el a quo adoptó una serie de medidas
de reparación no pecuniarias, las cuales serán revocadas en esta providencia por
cuanto no se advierte insuficiencia de las medidas pecuniarias decretadas en
orden a lograr la reparación integral del daño cuya reparación se reclama con la
demanda.

4. Condena en costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 –que modificó el artículo 170 del Código
Contencioso Administrativo -CCA– determina que solo habrá lugar a la imposición
de costas cuando alguna de las partes haya actuado con temeridad o mala fe
dentro del proceso. En este caso concreto no habrá lugar a la imposición de costas
y agencias en derecho toda vez que las partes no obraron de esa forma.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA:

1º) Revócase el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida el
22 de febrero de 2018 por el Tribunal Administrativo del Meta.

2º) Confírmase en lo demás la decisión apelada.

3º) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.

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4°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Magistrado
Salva voto parcial
(Firmado electrónicamente)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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