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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2011-00096-01

Inexistencia de tarifa legal de la prueba: para acreditar el

Fecha
1 de marzo de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2011-00096-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: MODIFICAR la sentencia del 31 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, la cual quedará así: PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, como consecuencia de las lesiones generadas al señor Marco Antonio Godoy García y el consecuente desplazamiento forzado que esa situación le generó. SEGUNDO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional pagar a los siguientes demandantes los perjuicios morales derivados del desplazamiento forzado: Demandante Parentesco Indemnización Marco Antonio Godoy García Víctima 50 SMLMV Adila Guerra Díaz Compañera permanente 50 SMLMV Alison Dayana Godoy García Hija 50 SMLMV Cristian Camilo Guerra Díaz Hijo de crianza 50 SMLMV TERCERO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar a los siguientes demandantes los perjuicios derivados por los daños a bienes y derechos convencional y constitucionalmente protegidos derivados del desplazamiento forzado: Demandante Parentesco Indemnización Marco Antonio Godoy García Víctima 20 SMLMV Adila Guerra Díaz Compañera permanente 20 SMLMV Alison Dayana Godoy García Hija 20 SMLMV 26 Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355) Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa Cristian Camilo Guerra Díaz Hijo de crianza 20 SMLMV CUARTO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional pagar a los siguientes demandantes los perjuicios morales derivados de las lesiones: Demandante Parentesco Indemnización Marco Antonio Godoy García Víctima 10 SMLMV Adila Guerra Díaz Compañera permanente 10 SMLMV Alison Dayana Godoy García Hija 10 SMLMV Hans Steveen Godoy Guerra Hijo 10 SMLMV Yeison Zamir Godoy Durán Hijo 10 SMLMV Cristian Camilo Guerra Díaz Hijo de crianza 10 SMLMV Gregorio Nacianceno Godoy Padre 10 SMLMV Silvina García Madre 10 SMLMV Isabel Godoy García Hermana 8 SMLMV Diva Yamile Godoy García Hermana 8 SMLMV Rubiela Godoy García Hermana 8 SMLMV Mercedes Godoy García Hermana 8 SMLMV […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2011-00096-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

1 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)

Demandantes: MARCO ANTONIO GODOY GARCÍA Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Tema: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - DESPLAZAMIENTO FORZADO /
INEXISTENCIA DE TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA - Para acreditar el
desplazamiento forzado - Se probó que los demandantes tuvieron que dejar su
lugar de residencia por causa de las agresiones y amenazas que miembros del
Ejército Nacional ejercieron en su contra / ALCANCE DEL RECURSO DE
APELACIÓN - Límites de la competencia funcional del juez de segunda instancia /
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS - Reiteración de jurisprudencia.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación presentado por la parte actora,
contra la sentencia del 31 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Se demandó la declaratoria de responsabilidad del Ejército Nacional por las lesiones
sufridas por el señor Marco Antonio Godoy García, las cuales fueron causadas por
miembros activos de la entidad el 3 de agosto de 2009, en el municipio de Cumaribo,
Vichada, y por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas el referido señor
y su familia, situación que, se afirmó, encontró su causa en las amenazas que
recibieron por parte de los soldados que participaron en los hechos iniciales.

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

ANTECEDENTES
1. La demanda

1.1. Mediante escrito presentado el 21 de febrero de 2011 (fol. 1-29, c.1), los
señores Marco Antonio Godoy García y Adila Guerra Díaz, quienes actúan en
nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Alison Dayana
Godoy García, Hans Steveen Godoy Guerra, Yeison Zamir Godoy Durán y Cristian
Camilo Guerra Díaz; y los señores Silvina García, Gregorio Nacianceno Godoy, Ana
Felicita Godoy García, Isabel Godoy García, Mercedes Godoy García, Adilia Godoy
García, Gregorio Godoy García, Rubiela Godoy García, Diva Yamile Godoy García
y Rosalba Godoy García, por conducto de apoderado judicial (fol. 30-39, c. 1),
presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente
responsable por las lesiones personales sufridas por el señor Marco Antonio Godoy
García y el consecuente desplazamiento forzado que esa situación les generó,
hechos en los que se vieron involucrados miembros activos de la entidad.

1.2. Como consecuencia de la anterior declaración, en la demanda se pidió por
concepto de perjuicios morales 200 SMLMV para cada uno de los demandantes.
También se solicitó en favor de la víctima directa, esto es, el señor Marco Antonio
Godoy García, 200 SMLMV por cada uno de los siguientes perjuicios: (i) “fisiológico
o daño a la vida de relación”; (ii) “estético”; (iii) “alteración de las condiciones de
existencia”; (iv) “psicológicos”; (v) “daño al buen nombre y al honor” y, (iv) “por verse
sometido a desplazamiento forzado”.

Por concepto de perjuicios materiales, se pidieron (i) $537’017.309 “por la
disminución (...) de la capacidad laboral” que sufrió el señor Godoy García por
causa de sus lesiones; (ii) $140’000.000 por el “daño emergente futuro para mejorar
su calidad de vida”; (iii) $250’000.000 por la pérdida y abandono al que se vieron
obligados los demandantes de la finca "Nápoles” y, (iv) $400’000.000 por la pérdida
de la renta derivada de la actividad económica que desarrollaban en el referido
predio.

1.3. Las pretensiones anteriores se fundamentaron en los siguientes hechos:

El señor Marco Antonio Godoy García y su familia vivían en el municipio de
Cumaribo, Vichada, donde se dedicaban al comercio de víveres y abarrotes, y a la
explotación agrícola de su finca “Nápoles”.

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

El 3 de agosto de 2009, miembros del Ejército Nacional arribaron a la residencia del
señor Godoy García y lo acusaron de colaborar con grupos al margen de la ley. De
manera arbitraria y sin que mediara orden judicial, procedieron a ingresar a su casa,
lo ataron de manos y pies y lo llevaron a las instalaciones de la unidad militar del
municipio de Cumaribo. En ese lugar, el hoy demandante no solo fue privado
injustamente de su libertad, sino que fue torturado y lesionado gravemente por los
uniformados que lo aprendieron.

Según la demanda, el señor Marco Antonio Godoy García fue retenido de manera
ilegal por un lapso de 30 horas, tiempo durante el cual fue sometido de manera
continua a tratos agresivos y crueles. Para lograr su liberación, el comandante de la
tropa le pidió que firmara una constancia de buen trato, solicitud a la que el señor
Godoy García se negó, lo que provocó que la magnitud de la golpiza que estaba
recibiendo aumentará. Finalmente, por la intervención del vicepresidente de la junta
de acción comunal de la inspección de Güerima del referido municipio, el hoy
demandante logró su liberación.

Ocurrido lo anterior, el señor Marco Antonio Godoy García se dirigió al puesto de
salud de nuestra señora del Carmen E.S.E. del Güerima con el fin de dejar registro
de sus heridas, pero no fue atendido, porque no había un médico o autoridad
competente para practicarle el examen. El 18 de agosto de 2009, el referido señor
se trasladó a la ciudad de Villavicencio, donde presentó una denuncia por el delito
de abuso de autoridad y, el 21 de ese mismo mes y año, acudió al Hospital
Departamental de Villavicencio para que trataran sus heridas.

Se explicó que, por la gravedad de sus lesiones, el señor Marco Antonio Godoy
García tuvo que ser sometido a diferentes intervenciones quirúrgicas y, como
resultado, vio reducida su capacidad laboral en un 40%; además, el referido señor
y su familia se vieron obligados a desplazarse forzosamente de su residencia, por
las amenazas que se profirieron en su contra.

Finalmente, se adujo que las lesiones personales de carácter permanente sufridas
por el señor Marco Antonio Godoy García y el consecuente desplazamiento forzado
les generaron a los demandantes múltiples perjuicios de orden material e inmaterial.

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

2. La respuesta de la entidad accionada1

2.2. El Ejército Nacional contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad
procesal y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora (fol. 90-94,
c.1). En síntesis, manifestó que el régimen de imputación aplicable era el de la falla
del servicio y que, en este caso, la parte actora no había logrado acreditar, como le
correspondía, los elementos de la responsabilidad, esto es, el daño, el
incumplimiento de un contenido obligacional y el nexo causal entre estos dos.

Agregó que las lesiones y el desplazamiento forzado por el que se demandó
ocurrieron por el actuar delictivo de personas ajenas a la entidad -grupos al margen
de la ley-, y, por ello, propuso como eximente de responsabilidad el hecho exclusivo
y determinante de un tercero.

3. Alegatos de conclusión2

La parte actora pidió que se declarara la responsabilidad del Ejército Nacional, para
lo cual reiteró la totalidad de los argumentos expuestos en el escrito inicial,
relacionados con el actuar ilegal desplegado por los soldados que retuvieron,
golpearon y amenazaron al señor Marco Antonio Godoy García (fol. 465-480, c.1).

El Ejército Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. La sentencia de primera instancia

4.1. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante providencia del 31 de mayo de
2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó al Ejército
Nacional por las lesiones personales padecidas por el señor Marco Antonio Godoy
García. La parte resolutiva de la sentencia es la siguiente (fol. 481-495, c.ppal):

PRIMERO. DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por los daños y perjuicios
ocasionados a los demandantes, como consecuencia de las lesiones generadas
al señor MARCO ANTONIO GODOY GARCÍA, de conformidad con lo expuesto
en las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-
EJÉRCITO NACIONAL a pagar a los demandantes los perjuicios morales por
ellos sufridos, así:

1
El Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda el 8 de noviembre de 2011 (fol. 77.78 c.1),
decisión que se notificó al Ejército Nacional y al Ministerio Público (fol. 29-30 c-1).
2
Mediante auto de 2 de agosto de 2012 (fol. 105-110, c.1), el Tribunal Administrativo del Meta abrió
el proceso a pruebas y, mediante proveído de 5 de diciembre de 2017 (fol. 464, c.1), ordenó correr
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de
fondo.

4

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

CALIDAD PARENTESCO TOTAL
MARCO ANTONIO GODOY GARCÍA VÍCTIMA 10 SMLMV
ADILA GUERRA DÍAZ COMPAÑERA 10 SMLMV
PERMANENTE
DAYANA GODOY GUERRA, HANS HIJOS
STEEVEN GODOY GUERRA, YAISON
ZAMIR GODOY DURÁN Y CRISTIAN 10 SMLMV para
CAMILO GUERRA DÍAZ cada uno.
GREGORIO NACIANCENO GODOY Y PADRES 10 SMLMV para
SILVINA GARCÍA cada uno.
ISABEL GODOY GARCÍA, DIVA
YAMILE GODOY GARCÍA, RUBIELA
GODOY GARCÍA, MERCEDES GODOY HERMANOS 8 SMLMV, para
GARCÍA, ADILA GODOY GARCÍA, cada uno.
GREGORIO GODOY GARCÍA,
ROSALBA GODOY GARCÍA Y
FELICITA GODOY GARCÍA.

TERCERO. CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-
EJÉRCITO NACIONAL a pagar a MARCO ANTONIO GODOY GARCÍA la suma
equivalente a (…) 10 SMLMV por concepto de daño a la salud, de conformidad
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO
NACIONAL a pagar a MARCO ANTONIO GODOY GARCÍA la suma
equivalente a (…) 20 SMLMV, por concepto de daños a bienes y derechos
convencional y constitucionalmente protegidos, de conformidad a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO
NACIONAL a pagar a MARCO ANTONIO GODOY GARCÍA la suma de (…)
$24’649.609, por concepto de perjuicios materiales-lucro cesante, de
conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4.2. En primer lugar, el tribunal analizó los elementos de la responsabilidad por la
imputación derivada de las lesiones personales sufridas por el señor Marco Antonio
Godoy García. En relación con el daño, manifestó que “con la historia clínica y el
informe pericial” se demostró que el 3 de agosto de 2009 al referido señor se le
causó una “perturbación funcional de miembro inferior derecho de carácter
permanente y una deformidad física”, diagnóstico por el cual se le otorgó una
incapacidad médico legal de 65 días.

Al abordar el juicio de atribución, el a quo explicó que el daño alegado en la
demanda le resultaba atribuible al Ejército Nacional, pues con las pruebas allegadas
al plenario se demostró que el 3 de agosto de 2009, el señor Marco Antonio Godoy
García “fue víctima de trato desmedido por parte de miembros del Ejército Nacional
-abuso de autoridad-, quienes allanaron su vivienda, lo amarraron, golpearon y lo
arrastraron frente a los miembros de la comunidad y, posteriormente, lo dejaron en
libertad, al no encontrar elementos que demostraran alguna participación del

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

accionante en algún hecho punible, actuando los agentes de la entidad demandada
de forma desproporcionada y lesiva en contra de la integridad del [referido] señor”.

4.3. En relación con el desplazamiento forzado, manifestó que se trataba de un
hecho que no se encontraba probado, pues, en su criterio, de los medios de
convicción aportados no era posible “deducir que después de los hechos ocurridos
el 3 de agosto del 2009 existieron circunstancias que [obligaron] (…)al accionante
[y a su familia] a desplazarse de su residencia, así como tampoco se advierte algún
tipo de coacción o amenaza en contra de la vida o la integridad de los
demandantes”.

4.4. Aclarado lo anterior, el Tribunal Administrativo del Meta estudió la procedencia
de los perjuicios derivados de las lesiones según lo solicitado en la demanda, y
reconoció las indemnizaciones que se transcribieron al inicio de este acápite.

5. Recurso de apelación

5.1. La parte actora interpuso recurso de apelación en lo desfavorable (fol. 497-525,
c. ppal.). Cuestionó la conclusión consistente en que en el proceso no se probó el
desplazamiento forzado del que fueron víctimas el señor Godoy García y su familia,
dado que “se aportaron al expediente diversas pruebas documentales y
testimoniales” que acreditaron la configuración de este daño, así como las
consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales que les generó, pues se vieron
obligados a dejar su lugar de residencia, pertenencias y negocios. Insistió en que
tal situación encontró su causa en las amenazas que recibieron los demandantes
por parte de los militares que participaron en los hechos del 3 de agosto de 2009.

Además, solicitó la valoración conjunta de los elementos materiales probatorios
allegados al proceso, con el fin de que se reconociera como un daño indemnizable
el hecho de que el señor Godoy García fue retenido ilegalmente y privado
injustamente de su libertad por parte de miembros activos del Ejército Nacional,
“situación que debe ser considerada y valorada en toda su extensión”.

Finalmente, frente a la liquidación de los perjuicios derivados de la lesión, la
impugnación se limitó a solicitar el reconocimiento de lo que denominó “alteración a
las condiciones de existencia” en favor de la víctima directa, por la limitación
funcional del miembro inferior derecho y las deformidades físicas de carácter
permanente con las que quedó.

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

6. Trámite en segunda instancia

6.1. El recurso de apelación fue concedido el 21 de agosto de 20183 (fol. 538, c.
ppal.) y admitido por esta Corporación el 26 de octubre siguiente (fol. 543, c. ppal).
Posteriormente, por auto del 29 de noviembre de 2018, se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su
concepto (fol. 546, c. ppal.).

En esta oportunidad, la parte actora reiteró los cargos planteados en el recurso de
apelación (fol. 547-549, c. ppal.), mientras que el Ejército Nacional guardó silencio.

En su concepto, el Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de
primera instancia, pero solo por la responsabilidad del Ejército Nacional derivada de
las lesiones sufridas por el señor Marco Antonio Godoy García. Agregó que, en este
caso, se debía aumentar la indemnización por perjuicios morales, al margen de la
pérdida de la capacidad laboral del demandante, pues se trató de un hecho
reprochable que causó una “violación de los derechos fundamentales de la víctima
por parte de la institución estatal”.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, por tratarse
de un proceso de doble instancia por razón de la cuantía, según lo dispuesto en los
artículos 67 de la Ley 1395 de 20104 y el artículo 129 del CCA5, dado que la suma

3
Previo a conceder el recurso de apelación presentado por la parte actora, el a quo realizó la
audiencia de conciliación de que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, la cual se declaró fallida
el 8 de agosto de 2018, ante la falta de ánimo conciliatorio del Ejército Nacional (fol. 530 c. ppal).
4
Artículo 67 del Código Contencioso Administrativo quedará así: Artículo 212. Apelación de
sentencias. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia se interpondrá y
sustentará ante el a quo. Una vez sustentado el recurso, se enviará al superior para su admisión. Si
el recurso no es sustentado oportunamente, se declarará desierto por el inferior. El término para
interponer y sustentar la apelación será de 10 días, contados a partir de la notificación de la
sentencia. Recibido el expediente por el superior y efectuado el reparto, el recurso, si reúne los
requisitos legales, será admitido mediante auto que se notificará personalmente al Ministerio Público
y por estado a las otras partes.
5
ARTÍCULO 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación,
así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto
distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. El grado jurisdiccional
de consulta se surtirá en los eventos de que trata el artículo 184 de este código.

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

de las pretensiones excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a
la fecha de la presentación de la demanda6.

2. El objeto de la impugnación y el alcance del estudio de segunda instancia

2.1. En el presente asunto, la parte actora presentó demanda de reparación directa
en contra del Ejército Nacional con el fin de que se le declarara patrimonialmente
responsable por las lesiones personales sufridas por el señor Marco Antonio Godoy
García y el consecuente desplazamiento forzado que esa situación le generó a
todos los demandantes, hechos en los que se vieron involucrados miembros activos
de la entidad.

En la sentencia de primera instancia, el a quo declaró la responsabilidad del Ejército
Nacional por las lesiones causadas al señor Marco Antonio Godoy García, y ordenó
el pago de los perjuicios por este hecho. Por otra parte, negó lo pretendido por el
desplazamiento forzado y, por ende, los pedimentos derivados de tal situación.

En su recurso de apelación, la parte actora pidió: (i) que se declarara la
responsabilidad del Ejército Nacional por el desplazamiento forzado, así como el
pago de los perjuicios que de ello se derivaron; (ii) que se reconociera como un daño
indemnizable el hecho de que el señor Godoy García fue retenido y privado
injustamente de su libertad por uniformados de la entidad y, (iii) el reconocimiento
de lo que denominó “alteración a las condiciones de existencia” en favor de la
víctima directa, por la limitación funcional del miembro inferior derecho, secundarias
a las lesiones que recibió y por las cuales se condenó en primera instancia.

2.2. Así, pues, teniendo en cuenta la sentencia de primera instancia y el recurso de
apelación presentado, la Sala encuentra lo siguiente:

i) La competencia de la Sala se encuentra limitada a los cargos planteados por la
parte actora en su impugnación, quien, en este caso, funge como apelante única;
por tanto, la declaratoria de responsabilidad del Ejército Nacional por las lesiones
sufridas por el señor Godoy García y las condenas que de ello se derivaron serán
confirmadas por esta instancia. Sobre este punto, solo se analizará la procedencia
o no del perjuicio denominado “alteración a las condiciones de existencia”, por
tratarse de un aspecto que de manera concreta se apeló.

6
La demanda se presentó el 21 de febrero de 2011 y en ella se solicitó, por concepto de perjuicios
materiales $1´340.000.000 y, por concepto de perjuicios inmateriales, un total de 1.200 SMMLV,
suma que supera lo exigido por la norma para el efecto (fol. 3-7, c.1).

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

ii) En ese orden de ideas, también le compete a la Sala analizar el desplazamiento
forzado que se le imputó al Ejército Nacional y, de ser el caso, los perjuicios que por
este hecho se pidieron.

iii) Ahora, en la impugnación se pidió la indemnización de los perjuicios causados
por la retención arbitraria y la privación injusta de la libertad de que habría sido
víctima el señor Marco Antonio Godoy García por parte de miembros del Ejército
Nacional, situación que se constituye como una variación en la causa petendi, pues,
como se vio, en la demanda sólo se le imputó responsabilidad a esta demandada
por las lesiones sufridas por la víctima y por el desplazamiento forzado.

Como se advierte, en la apelación se planteó un nuevo cargo, por lo que la Sala
deberá abstenerse de considerar esos nuevos hechos aducidos en el recurso. El
marco del proceso está dado por las pretensiones, hechos y disposiciones que se
invocan como violadas en la demanda, no siendo dable a la parte actora en forma
posterior y, menos aún, en su impugnación, acudir a nuevas situaciones fácticas en
sustento de sus pretensiones, ya que ello contravendría el debido proceso,
vulneraría el derecho de defensa de la parte demandada y, por ende, desconocería
el principio de lealtad procesal y la garantía a la igualdad de las partes en el proceso,
cuya efectividad corresponde garantizar al juez.

Por lo anterior, para la Sala es claro que el problema jurídico gravita en determinar
si en el presente asunto se encuentra probado el desplazamiento por el que se
demandó -daño- y si tal situación encontró su causa en las amenazas que recibieron
los demandantes por parte de los soldados que, el 3 de agosto de 2009, retuvieron
y golpearon al señor Antonio Godoy García -imputación-. De acreditarse todo lo
anterior, se deberán analizar los perjuicios que por ese hecho se pidieron.

También le corresponde a la Sala estudiar la procedencia del monto solicitado por
la “alteración a las condiciones de existencia” por las limitaciones físicas padecidas
por el señor Marco Antonio Godoy García, daño que se deriva de las lesiones que
en primera instancia se probaron y se le endilgaron al Ejército Nacional, atribución
que, como se vio, no fue cuestionada por ninguna de las partes.

Lo anterior, sin perjuicio de la verificación de los presupuestos esenciales para
proferir decisión de mérito en el juicio de la referencia.

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

3. La caducidad de la acción

3.1. De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo7,
modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa
deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al
acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente
o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

Tratándose de daños como el desplazamiento forzado, esta Subsección ha
reiterado8 que el término de dos años previsto en la ley solo podrá computarse
teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, pues se trata de eventos en
que el daño se prolonga en el tiempo9 y, con ello, la imposibilidad de demandar.

Así, pues, se ha señalado que el término de caducidad de la demanda debe
empezar a contarse “cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se
produzca el retorno al lugar de origen”10. No obstante, también puede ocurrir que
las personas que inicialmente se desplazaron pudieron haberse reasentado o
arraigado en otro lugar, lo que posibilita el acceso a la administración de justicia y
tiene incidencia en el cómputo del término de caducidad11.

3.2. En esta instancia se analiza la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional
por el desplazamiento forzado al que -aseguraron las víctimas -fueron sometidos el

7
Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley
1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto
del 10 de mayo de 2017, exp. 250002336000201601329 01 (58.017).
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 9 de diciembre de 2013, exp. 50001233100020120019601 (48152), CP: Mauricio
Fajardo Gómez.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 9 de septiembre de 2015, exp. 200012331000200401512 01 y auto del 10 de febrero
de 2016, exp. 050012333000201500934 01(AG), ambas con ponencia del Dr. Hernán Andrade
Rincón. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 19 de julio de 2017, exp. 01
58.480. Criterio reiterado por la misma Subsección en sentencias del 25 de julio de 2019, exp:
50.364; del 24 de abril de 2020, exp. 51315 y del 20 de noviembre de 2020, exp. 54.443.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto
del 10 de mayo de 2017, exp. 250002336000201601329 01 (58.017). En ese asunto, por ejemplo,
la Sala encontró que no se demostró que no estuvieran dadas las condiciones para que los
demandantes retornaran al país luego de su desplazamiento forzado, además de que en el país
extranjero donde se habían reasentado ya tenían un arraigo: “Además, para la Sala no puede
soslayarse lo manifestado por el demandante Carlos Eduardo Bustos Soto en su declaración dentro
del proceso de justicia y paz que se adelanta contra sus victimarios por el delito de secuestro, según
la cual, luego de trece años y medio de vivir en Canadá, su esposa y él lograron aprender el idioma,
recibieron ayuda para estudiar en la universidad de Alberta, él, quien es ingeniero, ha podido trabajar
con empresas constructoras y su esposa en una empresa de seguros. Adicionalmente, como se lee
en las copias de sus pasaportes allegadas al expediente, tienen la nacionalidad canadiense y, por
tanto, se encuentran en el uso y goce de los derechos de cualquier ciudadano de ese país”.

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

señor Marco Antonio Godoy García y su familia. Según la demanda, el hecho en
cuestión tuvo como génesis la retención, golpiza y amenazas que recibió el referido
señor el 3 de agosto de 2009 por parte de soldados activos de la entidad.

Como la demanda se presentó el 21 de febrero de 2011, esto es, dentro de los dos
años siguientes a la fecha en que se afirmó ocurrió el hecho que provocó el
desplazamiento, resulta evidente que la misma se presentó en tiempo, sin que en
este caso se haga necesario considerar una fecha posterior, como el momento de
retorno o de cesación de la situación (fol. 76, c.1)12.

4. La legitimación en la causa

4.1. El señor Marco Antonio Godoy García está legitimado para demandar, pues,
de las pruebas allegadas al expediente, se desprende que es la víctima directa del
daño cuya indemnización se reclama.

Por su parte, Silvina García y Gregorio Nacianceno Godoy (padres); Allison Dayana
Godoy Guerra, Hans Steeven Godoy Guerra y Yeison Zamir Godoy Durán (hijos);
Isabel Godoy García, Diva Yamile Godoy García, Rubiela Godoy García, Mercedes
Godoy García, Adila Godoy García, Gregorio Godoy García y Rosalba Godoy
García y Felicita Godoy (hermanos), están legitimados para actuar como
demandantes dentro del proceso de reparación directa, porque con las copias de
los registros civiles de nacimiento allegados al plenario acreditaron el vínculo de
parentesco que, respectivamente, tienen con el señor Marco Antonio Godoy García
y, por tanto, les asiste interés para solicitar la indemnización por los perjuicios
causados (fol. 40-54, c.1).

Igual consideración debe hacerse frente a los demandantes Adila Guerra Díaz y
Cristian Camilo Guerra Diaz, pues con la prueba testimonial recaudada13 se
demostró que son la compañera permanente y el hijo de crianza del señor Marco
Antonio Godoy García (fol. 296-317, c.2).

4.2. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala advierte que la demanda
se presentó en contra del Ejército Nacional, pues, a juicio de la parte actora, su
responsabilidad se encuentra comprometida a título de falla del servicio por el

12
Para acudir a esta jurisdicción, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 10
de junio de 2010 ante la Procuraduría 49 Judicial II Administrativa para los asuntos del Meta, tal
como se desprende constancia de no acuerdo del 27 de octubre de 2010 (fol.75, c.1).
13
Así lo hicieron saber los deponentes Luis Alfredo Bernal Barrera y Marco Helvis Erinson Cocoma
González.

11

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

desplazamiento forzado del que fue víctima el señor Marco Antonio Godoy García
y su familia.

Así pues, como en el presente asunto la parte actora efectuó una imputación fáctica
y jurídica concreta en contra de la referida entidad, le asiste legitimación en la causa
por pasiva de hecho. La legitimación material se analizará al examinar el fondo del
asunto.

6. La responsabilidad del Ejército Nacional

6.1. Del daño

Tratándose de asuntos en los que se debate la responsabilidad extracontractual del
Estado, el primer elemento que se debe observar en el respectivo análisis es la
existencia del daño. La Sala, en atención al objeto del recurso de apelación,
analizará si en el presente asunto la parte actora acreditó la configuración del
desplazamiento forzado por el que demandó.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que el desplazamiento
forzado es una situación de hecho que puede ser probada con medios de cualquier
naturaleza y, por esta misma razón, no resulta indispensable la certificación,
inscripción, declaración o constancia de ninguna entidad, ni pública ni privada, para
configurarse14. Lo anterior, por cuanto la calidad de víctima se adquiere cuando
ocurre el hecho victimizante15 y no cuando éste es registrado por el Estado16.

En criterio de la Sala, el desplazamiento forzado alegado por el señor Marco Antonio
Godoy García y su familia encuentra soporte en el testimonio rendido por el señor
Luis Alfredo Bernal Barrera, quien manifestó que por su voz de protesta ante el caso
de la víctima “recibió un atentado con tres tiros de escopeta a las afueras del pueblo”
y, por “estas circunstancia, también me tocó salir desplazado, ya que Marco
igualmente salió desplazado (....)” (fol. 290-2396 c-2):

PREGUNTADO: Tiene algún parentesco, relación o afinidad alguna con la
parte actora: CONTESTÓ: Amistades, somos amigos. PREGUNTADO:
Conoce las razones por las cuales se encuentra rindiendo la presente
declaración. En caso afirmativo haga al Despacho un relato de todo cuanto
sepa y le conste. CONTESTÓ: Sí, en ese momento me encontraba yo en la
trocha, había salido temprano para la trocha, cuando llegué al caserío me

14
Al respecto ver pronunciamientos de la Corte Constitucional, Sentencias T-333 de 2019, T-211 de
2019, T-832 de 2014, T-765 de 2010, T-630 de 2002, T-327 de 2001, T-025 de 2004, entre otras.
15
Corte Constitucional, Sentencia T 393 de 2018, que sistematiza la jurisprudencia sobre el tema.
16
Así lo dispone el decreto 4800 de 2011, y lo ha reiterado la Corte Constitucional y la Corte IDH
en el caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No.
1481. 214.

12

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

estaba esperando la comunidad ya que en ese momento me desempeñaba
como vicepresidente de la junta de acción comunal de Güerima (sic), como
el señor presidente no se encontraba, me correspondía a mí gestionar lo que
pasara en el pueblo, me estaba esperando la comunidad muy alertada, ya
que el ejército en mando del capital LARA, comandante en ese momento de
la base había golpeado a otra persona y yo pregunto que en ésta ocasión a
quién habían golpeado. Pregunté porque cada rato golpeaban a las
personas sin importar que hubieran niños presentes, entonces ellos me
contestaron que habían golpeado a MARCO GODOY, y que no solo lo
habían golpeado, lo ataron de pies y manos, tratándolo verbalmente muy
mal (...). Debido a las firmas que se recogieron para denunciar éste hecho,
me hicieron un atentado de escopeta a las afueras del pueblo yendo para mi
finca, el día 12 de agosto del 2009 a las 08:30 a.m. Lo cual con un tiro me
impactaron un brazo. Debido a estas circunstancias también me tocó salir
desplazado, ya que MARCOS igualmente salió desplazado. Dejando la finca
que era donde él se desempeñaba siendo ese su sustento, también era
comerciante (...), por esto no pudo volver más por allí, su esposa, hijos y
familia sufrieron mucho ya que esto era su única solvencia económica (...).
PREGUNTADO: Cuál fue la razón para que MARCO ANTONIO GODOY se
desplazara de la localidad de Güerima (sic) (Vichada). CONTESTÓ: La
razón fue que el ejército lo maltrató, lo golpeó dejándolo casi inválido y él
temía por su vida. Y lo poco que le quedaba de dinero lo tuvo que gastar en
médicos (...). PREGUNTADO: Indique al despacho, qué bienes o actividades
económicas, tenía MARCO ANTONIO GODOY para la época previa a los
días 03 y 04 de agosto de 2009. CONTESTÓ: Tenía su finca muy bien
organizada, casas, potreros, bestias, ganado, agricultura como maíz, yuca,
plátano (...). eso le tocó dejarlo abandonado y se perdió.

En ese mismo sentido, obra la declaración de la señora Silvia Serna Hurtado, quien
indicó que, por los hechos ocurridos el 3 de agosto de 2009, el señor Godoy García
tuvo que desplazarse y, por ello, no pudo continuar con su actividad comercial (fol.
284-286 c-2)17. También se cuenta con lo dicho por el señor Elvis Erinson Cocoma
González, quien afirmó que, por “la situación” con el Ejército, al señor Godoy García
“le tocó dejar todo botado, a merced de quien le pudiera dar vuelta y no volver” (fol.
314-317 c-2)18.

17
“PREGUNTADO: Cuánto tiempo hace que conoce al señor MARCO ANTONIO GODOY.
CONTESTÒ: Al señor MARCO ANTONIO GODOY, lo conozco hace aproximadamente ocho años.
PREGUNTADO: Informe al despacho, cuál era la actividad económica que desarrollaba el señor
MARCO ANTONIO GODOY. CONTESTÒ: El señor MARCO ANTONIO GODOY realizaba una
actividad comerciante con los productos que nosotros el depósito Distribuidora los Chigüiros le
vendíamos. PREGUNTADO: Señale al Despacho, si después del día 03 de agosto del 2009 continuó
haciendo compras a la Distribuidora los Chigüiros. CONTESTÓ: El señor MARCO ANTONIO
GODOY no volvió a realizar compras a la Distribuidora los Chigüiros después de esa fecha (...). Se
que el señor MARCO ANTONIO GODOY GARCÍA está pasando por una situación económica
bastante difícil ya que está desplazado y por el inconveniente que hubo en Guerima su salud está
afectada, sé que su actividad económica no es la misma”.
18
“PREGUNTADO: diga si sabe o le consta en qué circunstancias resultó lesionado el señor MARCO
ANTONIO GODOY GARCÍA, el día 3 de agosto de 2009, en caso afirmativo haga un relato de los
hechos, qué partes del cuerpo resultaron afectadas y en qué otros aspectos fue afectado y por qué
le consta este hecho (...). PREGUNTADO: diga si los hechos ocurridos al señor MARCO ANTONIO
GODOY GARCÍA el día 3 de agosto del 2009 lo afectaron (...): Lo afectaron como lo tildaron de
guerrillero, de paraco, en una zona roja, por lo sucedido sus labores como comerciante las dejó de
ejercer pues una zona de conflicto muy dura y el tener este problema pues no pudo volver a viajar,
y a las propiedades le tocó dejar todo botado a la merced de quien le pudiera dar vuelta y no volver”.

13

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

Los anteriores deponentes sustentan su dicho en el hecho de que, además de
conocer a la víctima y su familia, presenciaron los hechos violentos ocurridos el 3
de agosto de 2009 en los que se vieron involucrados miembros activos del Ejército
Nacional, así como las consecuencias -desplazamiento- que esa situación les
generó. Asimismo, lo explicado por los declarantes no fue tachado de falso, y sus
afirmaciones, además de ser espontáneas y coherentes, son congruentes entre sí
y, como se verá, guardan relación con los demás medios de convicción allegados
al plenario, por lo que la Sala les dará plena credibilidad y, por tanto, el valor
probatorio que corresponde.

Igualmente, se debe destacar que las referidas declaraciones guardan relación con
el documento suscrito por el señor Jorge Barrios, en su calidad de presidente de la
Junta de Acción Comunal de Güerima, Vichada, en el cual afirmó que “el señor
Marco Antonio Godoy García (...) salió desplazado de la vereda Piñalito, jurisdicción
de Güerima, municipio de Cumaribo, Vichada, en el cual tenía una finca que dejó
abandonada; igualmente, se desplazó con su esposa la señora Adila Guerra Díaz,
y sus hijos Cristian Camilo Guerra Díaz y Alison Dayana Godoy García” (f. 420 c-2).

Conforme al artículo 277 CPC, los documentos privados emanados de terceros sólo
se estimaran por el juez (i) cuando sean auténticos de conformidad con el artículo
252, si se trata de documentos de naturaleza dispositiva o simplemente
representativa y (ii) cuando sean documentos de contenido declarativo, se
apreciarán sin necesidad de ratificación, salvo que la parte contraria la solicite, lo
que en este caso no ocurrió.

Si bien, dicho documento no tiene la fuerza para probar por sí sola la situación de
desplazamiento por la que se demandó, lo cierto es que fueron los miembros de
esta corporación cívica los que mediaron ante los uniformados del Ejército Nacional
para lograr la liberación de la víctima, denunciaron las agresiones y siguieron el
caso del señor Godoy García, de ahí que la Sala no pueda descartar su contenido.

La situación de desplazamiento que se alegó también se corrobora por la vía de los
medios probatorios indirectos allegados19, como lo es que el 1 de septiembre de

19
“En nuestro derecho positivo (arts. 248 a 250 CPC), los indicios son medios de prueba indirectos
y no representativos -como sí lo son el testimonio y la prueba documental-y no pueden ser
observados directamente por el juez, como por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la prueba
indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales establece otros hechos, a
través de la aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos. En otros
términos, al ser el indicio una prueba indirecta que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo
de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso, tal construcción demanda
una exigente labor crítica”. Sentencia de 24 de marzo de 2011, expediente 17993 y sentencia de
junio 13 de 2013, expediente 05001-23-31-000-1995-00998-01 (25180).

14

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

2009 el señor Marco Antonio Godoy García le solicitó a la Fiscalía General de la
Nación que trasladara el proceso penal que por sus lesiones se adelantó a
Villavicencio, porque esa era su nueva ciudad “de residencia” y por temor a “su
seguridad personal” (fol. 413, c.2). Otro hecho similar es que el 11 de abril de 2011
la entidad escuchó en entrevista al referido señor, actuación en la que se registró
que su lugar de residencia era la “carrera 20 No. 38B-09 (…), barrio Paraíso,
Villavicencio” (fol. 110, c.3).

Así las cosas, la Sala, con base en las pruebas directas -testimonial y documental-
e indirecta -indicios- allegadas, concluye, con suficiente grado de convicción, que el
señor Godoy García, su compañera permanente Adila Guerra Díaz, y sus hijos
Cristian Camilo Guerra Díaz y Alison Dayana Godoy García sufrieron
desplazamiento forzado20, motivados por el temor fundado de ser víctimas de
nuevas agresiones, con grave riesgo para su integridad física y aún su vida.

Este daño solo se encuentra probado frente a los accionantes antes relacionados,
pues en el expediente no obra medio de convicción alguno que indique que los
demás demandantes21 sufrieron esta afectación.

6.2. La imputación

6.2.1. Acreditado el primer elemento de la responsabilidad, la Sala abordará el
análisis de la imputación, con el fin de determinar si el daño sufrido por los
mencionados demandantes le resulta atribuible o no al Ejército Nacional.

El artículo 2 de la Constitución Política de 1991 establece que las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. En
armonía, el artículo 216 de la Carta dispone que “la fuerza pública estará integrada
en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional” y, el artículo 217
de ese mismo cuerpo normativo estipula que el Ejército Nacional tiene como
“finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del
territorio nacional y del orden constitucional”, misión que encuentra su límite en el

20
Así lo certificó la Junta de Acción Comunal de Güerima, documento que, como se advirtió párrafos
atrás, le sirvió a la Sala para la acreditación de este daño. 420 del cuaderno No. 2.
21
A saber: Silvina García y Gregorio Nacianceno Godoy (padres); Hans Steeven Godoy Guerra y
Yeison Zamir Godoy Durán (hijos); Isabel Godoy García, Diva Yamile Godoy García, Rubiela Godoy
García, Mercedes Godoy García, Adila Godoy García, Gregorio Godoy García y Rosalba Godoy
García y Felicita Godoy (hermanos).

15

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

respeto a los derechos inalienables de las personas22, en la dignidad humana23 y
en la supremacía de los derechos fundamentales24.

Así, pues, a la fuerza pública se le impone el deber de brindar protección, seguridad,
vigilancia y cuidado a todos los residentes en el país, garantizando el ejercicio de
sus derechos y libertades públicas; sin embargo, cuando dicho deber se transgrede,
los servidores públicos son responsables en el cumplimiento de la Constitución y
las leyes, de acuerdo con lo dicho en el artículo 625 y 9026 de la Constitución Política.

6.2.2. En el trámite de primera instancia se probó que el señor Marco Antonio Godoy
García fue retenido y lesionado por miembros del Ejército Nacional que lo acusaron
de colaborar con grupos al margen de la ley, situación que fue calificada como una
falla del servicio y, por ello, se ordenó el pago de los respectivos perjuicios. Los
hechos que dieron origen a esa condena fueron narrados por la víctima ante
diferentes autoridades, así (fol. 6-8, c.3)27:

[E]l día 3 de agosto de 2009, siendo aproximadamente las 10:00 AM, me
encontraba en la casa la cual está bajo mi responsabilidad, allí me encontraba
sacando un combustible para la planta cuando llega el señor Julio Quinto
empleado del hospital, dejo abandonado lo que estaba haciendo, paso a
recibirlo, cruzamos unas palabras, me acordé que dejé llenando la nena o
moroco y salgo hacia allá.

Veo venir una camioneta con soldados, cruza por la casa, cuando regreso ya
encuentro unos soldados dentro de las habitaciones esculcando por todas
partes, me dirijo a la puerta y veo al capitán Lara y muy respetuosamente le
pregunto, que me muestre la autorización de cateo, pero el me respondió
agresivamente y con voz autoritaria: "Quédate ahí"; volví y le pregunté: dónde
está la orden de cateo?; él, viendo que no me quedé allí, me colocó el fusil en
el pecho. Inmediatamente salí a la puerta y él retrocedió y me disparó hacia los
pies y le da la orden a los soldados que me amarren las manos hacia atrás, lo
cual hacen, es más, me dejan las manos muy apretadas (…).

Sentado afuera de la casa me dice: “párese” y yo respondo: “venga y me para”;
y él me dice: “venga lo paro gran hijueputa”, y me lanza una patada con sus
botas de combate lesionándome gravemente mi pierna derecha (...). Se dirige
a los soldados y les da la orden de que me amarren los pies y me arrastren, el
cual ellos corren su mandato, la gente se da cuenta de esto y se van a
reclamarle y se enfurece, diciéndole a media población civil (…) que al que no
le guste se lo llevan también detenido y que miraran qué clase de amistades
tenían (…).

22
Artículo 5 de la Constitución Política.
23
Artículo 1 de la Constitución Política.
24
Título 2, capítulo 1 de la Constitución Política.
25
“Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución
y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones”.
26
“Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas (…).
27
Escrito radicado ante la Fiscalía General de la Nación el 11 de agosto de 2009.

16

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Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

Al ver que la gente no le hacía caso, pues estaba cometiendo o violando un
derecho como persona, me llevan a una camioneta (…) y sin pensar me tiran
en la parte de atrás, me dirigen a la base, la cual se encuentra dentro del
perímetro urbano, me encierran en un cuarto, mis manos siguen atadas, pasan
unos minutos y llega el capitán Lara con un arma (…). Tiene el arma en una
silla y quiere que yo me siente allí, y hay un soldado filmándome, yo me revelo
y no me siento junto al arma porque no es mía, y sé que el capitán Lara quería
y puede hacer los montajes que quiera, el graba y me acusa que soy un paraco
o un guerrillero, palabras que son una calumnia para mí, atentando con mi
dignidad, el apaga la cámara, yo le pregunto porque me acusa de tener vínculos
con grupos al margen de la ley y él me responde que yo estaba en una finca
reuniéndome con un grupo armado.

Pasa el transcurso del día sin que el Capitán Lara de la orden de al menos
soltarme las manos sabiendo que en las tenía atadas hacia atrás.

Aproximadamente a las 10:00 PM llega el Cabo Alba y me levanta, trae un papel
en la mano y me dice que necesita que le firme el documento de BUEN TRATO,
que por supuesto no era así y me negué; además, no eran horas de hacerlo;
luego, atado, me sacan hacia donde se encuentra el capitán, el cual se dirige
diciéndome: “vamos por las buenas o por las malas”; y yo le respondo: “cómo
es por las malas”; y dijo: “yo tengo el poder, porque tengo la grabación de un
arma, de ahí puedo sacar hechos contundentes para que lo encierren un buen
tiempo, sabiendo que usted no tiene nada que ver”; y yo le respondo: “y cómo
es por las buenas”, y me contesta: “que le firme la hoja de buen trato y olvide lo
sucedido”; contestó: “sí pero mañana, y da la orden el Capitán que me suelten
las manos”.

Pasa la noche sin novedad, al día siguiente llega nuevamente el Cabo Alba y
con voz suave me dice que le firme el papel, me dirigen a la mesa a hacerlo y
veo al capitán que desde la ventana me está filmando; sin embargo, no quería
hacerlo puesto que no recibí ningún buen trato por parte de él, me dirijo a
hacerlo porque yo no debía nada y tenía compromisos de trabajo que había
descuidado por un día de encierro.

Firmé el documento y el capitán llega, apaga la cámara y se dirige a mí y me
dice: “ahora si gran hijueputa le voy a demostrar que si tengo huevas”; al ver
estas reacciones (…) les quito el documento el cual ya había firmado y lo rompo
(…). Dan la orden de que me amarren y me encierren nuevamente y pasan
aproximadamente unas dos horas (…). Le digo al Capitán Lara que yo le firmaba
pero siempre y cuando hubiese una persona de la junta de acción comunal, la
cual tenía conocimiento del mal trato que me había ocasionado el señor Capitán
Lara. Llegando a las 5 de la tarde del día 4 de agosto de 2009 llega un miembro
de la junta de acción comunal , y el cabo Alba le dice que le va a hacer entrega
de uno de los detenidos, haciendo grabaciones que lo favorezcan.

También obra escrito del 14 de agosto de 2009, radicado ante la Defensoría del
Pueblo y suscrito por el señor Jairo López Henao, vecino del corregimiento de
Güerima, en el que se informan los abusos cometidos por el Ejército Nacional en
contra de la población civil (fol. 17, c. pruebas):

Contamos con la Presencia del Ejército Colombiano, pero éste, posiblemente
en su afán de implantar las órdenes recibidas de los altos mandos, están
cometiendo abusos contra los Derechos Humanos, como el de capturar a un
campesino indefenso y someterlo amarrado a torturas y amenazas a su
integridad física con la acusación de ser un guerrillero. (...) Caso concreto el
del Señor Marco Antonio Godoy García, habitante reconocido por su buena
conducta desde hace más de diez años en ésta Comunidad, fue agredido

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
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Referencia: Acción de reparación directa

brutalmente, a golpes de punta pies, tratado como un vil delincuente para luego
dejarlo en libertad sin ninguna explicación.

Otro caso más frecuente el del Señor César Rodríguez Arévalo fue sobornado
con un millón de pesos en efectivo, un millón en víveres y veinte galones de
A.C.P.M. obligado también a firmar el “buen” trato recibido. Los Militares
perdieron el respeto del Campesino por las exigencias que éstos les hacen
para poder llevar o pasar su remesa o insumos a sus fincas, dependiendo del
valor, así mismo es exigido por el Ejército. Luego estos decomisos son
vendidos al público por parte de Alias (el Chamo).

(…)

Solicitamos la presencia urgente de ustedes en ésta población y se dé una
aplicación de autoridad, justa e imparcial (...).

El 18 de agosto de 2009, el señor Marco Antonio Godoy García denunció ante la
Fiscalía General de la Nación “la violación de derechos humanos fundamentales por
parte de miembros del Ejército Nacional acantonados en la base militar de la
Inspección de Güerima, municipio de Cumaribo, departamento del Vichada”. Para
tal efecto, la víctima puso en conocimiento de esta autoridad los mismos hechos
que se transcribieron al inicio de este acápite (fol. 113-115, c.3)28.

Ahora bien, en el marco del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la
Nación se escuchó en entrevista al señor Luis Alfredo Bernal Barrera, quien,
además de narrar lo que le constaba sobre lo ocurrido el 3 de agosto de 2009 en
relación con la retención y trato que le fue dado al hoy demandante por parte de
uniformados del Ejército Nacional, contó que por su gestión en la liberación del
señor Godoy García y rechazo a la situación, fue víctima de disparos y, por ello, se
fue a vivir a Villavicencio, al igual que el referido señor (fol. 104-108 c,3)29.

De igual forma, para la Sala resulta necesario reiterar los medios de convicción que
se relacionaron en el acápite del daño, esto es, los testimonios de los señores Luis
Alfredo Bernal Barrera, Silvia Serna Hurtado y Elvis Erinson Cocoma González; el
documento expedido por la Junta de Acción Comunal de Güerima; la solicitud de
traslado del proceso penal, y la entrevista realizada a la víctima años después en
un lugar de residencia diferente al de los hechos, pues son pruebas que respaldan
la tesis planteada en la demanda frente al desplazamiento y que también se hacen
necesarias en el estudio de la imputación.

28
La denuncia fue tramitada por la Fiscalía 45 Especializada de la Unidad Contra el Crimen
Organizado de Barranquilla, bajo el radicado No. 2014-00115. El proceso en cuestión fue allegado
como prueba trasladada y será valorado sin limitación alguna, dado que se trata de un medio de
convicción que fue pedido por la parte actora y coadyuvado en su contestación por el Ejército
Nacional y la Policía Nacional, por lo que se cumple con las exigencias del artículo 185 del Código
de Procedimiento Civil.
29
Esta versión fue corroborada por el mismo deponente en el marco de este proceso (fol. 246-249,
c. 2).

18

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

6.2.3. En relación con la atribución de responsabilidad a la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional por el daño antijurídico acreditado, esta Sala considera
que el mismo le resulta imputable, pues con las pruebas a las que se hizo referencia
se demostró que el desplazamiento del que fueron víctimas el señor Godoy García,
su compañera permanente y dos de sus hijos encontró su causa en la situación que
vivió el referido señor el 3 de agosto de 2009.

En efecto, aunque la mayoría del material probatorio allegado al plenario estuvo
dirigido a acreditar la retención y trato dado al señor Godoy García por soldados del
Ejército Nacional el 3 de agosto de 2009, lo cierto es que, como se vio, también
obran elementos de convicción que acreditan que fue esta situación la que generó
el desplazamiento, pues así lo hicieron saber con claridad los testigos Luis Alfredo
Bernal Barrera, Silvia Serna Hurtado y Elvis Erinson Cocoma González. Inclusive,
véase que lo narrado por el primero de los deponentes guarda relación con lo dicho
por él mismo ante la Fiscalía General de la Nación, ante quien informó que por estos
hechos también tuvo que dejar su lugar de residencia.

La Sala insiste en que tales medios de convicción se acompasan con los demás
que obran en el expediente y que dan cuenta de la situación de desplazamiento del
señor Godoy García, como lo es el documento expedido por la Junta de Acción
Comunal de Güerima; la solicitud de traslado del proceso penal, y la entrevista
realizada a la víctima años después en un lugar de residencia diferente al de los
hechos. Además, en el proceso no reposa ningún otro medio de convicción que le
permita a la Sala afirmar lo contrario.

Si bien para la época de los hechos existía una difícil situación de orden público en
el departamento del Vichada, lo cierto es que en este caso no se probó que fuera
por hechos distintos a los ocurridos el 3 de agosto de 2009 que los demandantes
se vieron forzados a abandonar su hogar. Lo que sí se sabe es que, por esas fechas,
uniformados del Ejército Nacional estaban “cometiendo abusos contra los Derechos
Humanos”, pues no solo se denunció ante diferentes autoridades el caso del señor
Godoy García, sino también el del señor “César Rodríguez Arévalo”.

En suma, la Sala considera que en el presente asunto la parte actora cumplió con
la carga probatoria que le correspondía, pues no solo probó el daño consistente en
las lesiones y la imputación fáctica y jurídica al Ejército Nacional, sino que también
demostró que por este hecho se vio obligado a dejar junto con su familia su lugar
de residencia. Por el contrario, la entidad accionada en su contestación se limitó a
exponer argumentos generales relacionados con la responsabilidad

19

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

extracontractual del Estado y se abstuvo de impugnar la sentencia de primera
instancia que le fue desfavorable, restringiendo su defensa.

Como consecuencia de todo lo anterior, la Sala revocará este punto de la sentencia
y declarará la responsabilidad del Ejército Nacional por el desplazamiento forzado
del que fueron víctimas el señor Godoy García, su compañera permanente Adila
Guerra Díaz, y sus hijos Cristian Camilo Guerra Díaz y Alison Dayana Godoy
García.

7. Indemnización de perjuicios

7.1. Los perjuicios derivados del desplazamiento forzado

7.1.1. Perjuicios morales

Respecto de la prueba del daño moral padecido por las víctimas del desplazamiento
forzado, esta Subsección30 ha manifestado que la afectación que de tal hecho se
deriva constituye un hecho notorio, por lo cual no es necesario acreditar el dolor, la
angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que
han elegido como residencia o asiento de su actividad económica. En ese sentido,
se ha precisado que “quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin
ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de
sus derechos fundamentales”31.

En este caso se probó la situación de desplazamiento forzado del que fueron
víctimas los demandantes Marco Antonio Godoy García, Adila Guerra Díaz, Cristian
Camilo Guerra Díaz y Alison Dayana Godoy García, por lo que la Sala reconocerá
en su favor un total de 50 SMLMV para cada uno32, por el desarraigo, la
incertidumbre y las limitaciones inherentes al hecho de tener que dejar su lugar de
residencia.

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de julio de 2016, exp. 730012331000200502702 01 (35029), CP: Hernán Andrade
Rincón.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 26 de
enero de 2006, exp. 25000232600020010021301 y del 15 de agosto de 2007, exp.
190012331000200300385-01, ambas con ponencia de Ruth Stella Correa Palacio.
32
Suma que la Sala considera adecuada y justa, pues con fundamento en las máximas de la
experiencia y la gravedad del asunto, resulta posible afirmar que el desplazamiento forzado que
soportó la víctima y su familia le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, pues es
razonable asumir que la persona que se ve obligada a dejar de manera violenta su lugar de
residencia experimenta sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de
su vida.

20

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

7.1.2. Por la pérdida y abandono al que se vieron obligados los demandantes
de la finca de nombre "Nápoles”

A pesar de que se demostró que el señor Marco Antonio Godoy García fue víctima
de desplazamiento forzado, lo cierto es que en el proceso no obra prueba alguna
que indicara que, en efecto, el referido señor perdió su propiedad. Lo anterior, por
cuanto a pesar de que se demostró que el referido señor tuvo que dejar su lugar de
residencia por lo ocurrido el 3 de agosto de 2009, lo cierto es que no se demostró
que éste no hubiera podido retornar al mismo, pues el hecho dañino encontró su
causa en un abuso de autoridad, que cesaría con el cambio y rotación del personal
del Ejército Nacional acantonado en el lugar de los hechos, y no en una situación
de orden público o de violencia generalizada.

Además, la víctima solo se desplazó con su compañera permanente y dos hijos,
por lo que sus demás familiares, que también son demandantes y alegaron
infructuosamente este daño33, podían estar a cargo de la finca y, entre tanto, ejercer
actos de señor y dueño34.

7.1.3 Indemnización por la vulneración a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados derivados del desplazamiento

En este caso no se probó que los demandantes hubieran perdido la posesión de la
finca de la cual eran propietarios, ni que durante su desplazamiento recibieran
ayudas humanitarias, ni que el señor García Godoy y su familia no hubieran podido
regresar a su lugar de origen, ni, por el contrario, que sí hubieran podido hacerlo,
pero que hubieran optado por radicarse, de manera definitiva, en Villavicencio; sin
embargo, la Sala no desconoce que la probada situación de desplazamiento forzado
le generó a la víctima y su familia una alteración en sus condiciones de vida, pues
es un hecho cierto que el abandono de sus predios aún de manera temporal les
causó una afectación material y una vulneración a sus derechos fundamentales.

La Sección Tercera de la Corporación unificó35 su jurisprudencia en el sentido de
precisar que, cuando se trata de alteraciones que perjudican la calidad de vida de
las personas -fuera de los daños corporales o daño a la salud-, por afectar o vulnerar

33
Véase pie de página No. 13.
34
Así lo dio a entender el testigo Elvis Erinson Cocoma González, quien afirmó que el predio en
cuestión no quedó abandonado del todo, sino bajo el cuidado de “quien pudiera dar vuelta” (fol. 314-
317 c-2).
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de
unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 32988 M.P. Ramiro Pazos Guerrero y exp.
26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

derechos o bienes protegidos convencional o constitucionalmente, como lo son, por
ejemplo, el del libre desarrollo de la personalidad o los derechos a la honra y buen
nombre, el derecho a la verdad, su reparación se realiza mediante la adopción de
medidas no pecuniarias y, excepcionalmente, cuando dichas medidas no sean
suficientes o, por el momento en que se van a dictar resulten inoficiosas, procede el
reconocimiento de una indemnización material de hasta 100 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del
caso y la gravedad de los hechos, con el propósito de reconocer la dignidad de las
víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar la garantía
de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho
internacional. Para el efecto el juez decretará las medidas que considere necesarias
o coherentes con la magnitud de los hechos probados (Artículo 8.1 y 63.1 de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos). La reparación de este tipo de
daños procede a petición de parte36 o de oficio, siempre y cuando aparezca
acreditada su existencia.

El desplazamiento forzado constituye una grave violación de derechos humanos
que afecta profundamente a las personas y comunidades involucradas, alterando
su existencia en múltiples dimensiones. Uno de los derechos más impactados es el
derecho al trabajo, una faceta esencial de la dignidad humana y un medio
fundamental para la subsistencia. Al ser desplazadas, las personas víctimas de este
hecho pierden sus empleos, tierras, medios de vida y la posibilidad de acceder a
nuevas oportunidades, pérdida que impide no solo la capacidad de proveer sus
necesidades básicas, sino que también afecta su sentido de propósito y realización.

El desplazamiento forzado también socava el derecho a ser parte de una
comunidad. Las personas desplazadas se ven obligadas a abandonar sus hogares,
vecindarios y comunidades, perdiendo el tejido social y las redes de apoyo que
formaban parte integral de su vida cotidiana. Este desarraigo implica una pérdida
de identidad y pertenencia, ya que las comunidades proporcionan un sentido de
identidad y continuidad cultural que es difícil de reemplazar una vez se rompen estos
lazos.

36
En la demanda se pidió el reconocimiento los siguientes perjuicios derivados del desplazamiento:
(i) “alteración de las condiciones de existencia”; (ii) “psicológicos”; (iii) “daño al buen nombre y al
honor” y, (iv) “por verse sometido a desplazamiento forzado”. En el recurso de apelación se insistió
en su reconocimiento.

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

Otro aspecto crítico afectado es el derecho al mínimo vital, entendido como el
acceso a los recursos básicos necesarios para vivir con dignidad. Esto incluye
alimentación, vivienda, atención médica y educación. El desplazamiento forzado a
menudo conduce a condiciones de vida precarias, con acceso limitado a servicios
básicos y viviendas adecuadas, lo que puede llevar a situaciones de pobreza
extrema y exclusión social.

Además, las condiciones materiales de existencia de las personas desplazadas
pueden implicar la pérdida de propiedades, hogares y recursos económicos y el
acceso limitado a servicios básicos en los lugares de acogida, lo que agrava su
situación. Esta precariedad material no solo afecta la supervivencia inmediata, sino
que también limita las oportunidades de desarrollo a largo plazo.

El cambio de entorno social es otra consecuencia. Las personas desplazadas se
encuentran a menudo en entornos desconocidos y hostiles, donde enfrentan
barreras culturales y sociales. Esta alienación puede llevar al aislamiento y la
marginación, afectando la salud y el bienestar emocional de las personas.

Por último, el concepto de vida digna se ve profundamente comprometido. La
dignidad humana se basa en la capacidad de vivir en condiciones de respeto y
autonomía, y el desplazamiento forzado erosiona esta base al privar a las personas
de su seguridad y la capacidad de tomar decisiones fundamentales sobre sus vidas.
En suma, el desplazamiento forzado no solo es una situación de alojamiento o de
necesidades inmediatas, sino que también es una crisis profunda de derechos
humanos que afecta a la esencia misma de la vida humana y la dignidad.

La situación vivida por los señores Marco Antonio Godoy García y Adila Guerra Díaz
y sus hijos Cristian Camilo Guerra Díaz y Alison Dayana Godoy García, quienes
fueron víctimas de desplazamiento forzado, constituye una clara vulneración de sus
derechos fundamentales, tal como se expuso anteriormente. Estas personas, al ser
forzadas a abandonar su hogar y comunidad, no sólo enfrentaron una grave
amenaza a su seguridad y bienestar, sino que también experimentaron una
profunda vulneración de sus derechos básicos. Este cambio drástico y forzoso en
sus condiciones de vida no solo alteró su entorno social, sino que también les privó
de su capacidad de ejercer control sobre sus propias vidas, lo que constituye una
privación de su agencia personal, de ahí que la Sala considere procedente
reconocer en su favor una indemnización de 20 SMLMV para cada uno de los
mencionados demandantes, por la vulneración a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados.

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

En criterio de la Sala, en este caso el reconocimiento de medidas no pecuniarias
resultarían ineficaces, no solo por el paso del tiempo, sino porque las mismas no
abordan directamente las necesidades de subsistencia y reconstrucción de la vida
que enfrentan estas víctimas. Muchas veces, la desposesión y el trauma sufridos
han alterado irreversiblemente sus circunstancias, haciendo que la procedencia de
estas medidas sea insuficiente o inviable. En este contexto, la compensación
monetaria se percibe como más efectiva, proporcionando a las víctimas la
flexibilidad necesaria para atender a sus necesidades específicas y facilitar una
recuperación más autónoma y adaptada a sus realidades individuales.

7.2. Los perjuicios derivados de las lesiones

7.2.1. Lo pretendido por la “alteración a las condiciones de existencia”

Esta Sección, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de
unificación, formuló una nueva tipología de daño inmaterial diferente a los
denominados perjuicio fisiológico, daño a la vida en relación y alteración a las
condiciones de existencia, para en su lugar reconocer las categorías de daño a la
salud37 (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la
persona) y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados.

Así las cosas, como en la sentencia de primer instancia se reconoció en favor de la
víctima un total de 10 SMLMV por el daño a la salud, resulta evidente que lo
pretendido por la “alteración a las condiciones de existencia” ya fue concedido; por
tanto, se trata de un cargo de la apelación que no tiene vocación de prosperidad.

Este monto será confirmado por la Sala, y se aclara que el mismo solo será
reconocido en favor del señor Marco Antonio Godoy García, pues en esta modalidad
de perjuicio solo se indemniza a la víctima directa.

37
“(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de
septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda
la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una
persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso
a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a
una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…)” (se destaca). Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del
28 de agosto de 2014, exp. 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y exp. 31170. M.P. Enrique Gil
Botero.

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

7.2.2. Confirmación de perjuicios morales derivados de las lesiones

En la sentencia de primera instancia, el tribunal a quo reconoció por concepto de
perjuicios morales derivados de la lesión las siguientes indemnizaciones:

Demandante Parentesco Indemnización
Marco Antonio Godoy García Víctima 10 SMLMV
Adila Guerra Díaz Compañera permanente 10 SMLMV
Alison Dayana Godoy García Hija 10 SMLMV
Hans Steveen Godoy Guerra Hijo 10 SMLMV
Yeison Zamir Godoy Durán Hijo 10 SMLMV
Cristian Camilo Guerra Díaz Hijo de crianza 10 SMLMV
Gregorio Nacianceno Godoy Padre 10 SMLMV
Silvina García Madre 10 SMLMV
Isabel Godoy García Hermana 8 SMLMV
Diva Yamile Godoy García Hermana 8 SMLMV
Rubiela Godoy García Hermana 8 SMLMV
Mercedes Godoy García Hermana 8 SMLMV
Adilia Godoy García Hermana 8 SMLMV
Gregorio Godoy García Hermano 8 SMLMV
Rosalba Godoy García Hermana 8 SMLMV

Como en el presente asunto la parte demandante, quien funge como apelante única,
estuvo conforme con los montos reconocidos por estos perjuicios, la Sala
mantendrá las indemnizaciones concedidas en primera instancia.

7.2.3. Lo otorgado por la vulneración a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados

A favor del señor Marco Antonio Godoy García se reconocieron 20 SMLMV,
derivados de la afectación a su buen nombre y honra. De igual manera, se
confirmará esta decisión que favorece al apelante único, quien tampoco la
cuestionó.

7.2.3. Actualización lucro cesante derivado de las lesiones

En primera instancia, el a quo reconoció por este concepto un total de $24’649.609,
para lo cual se consideró (i) que el señor Godoy García desarrollaba una actividad
productiva; (ii) que, cuando menos, devengaba un salario mínimo y (iii) la pérdida
de capacidad laboral que sufrió que fue del 9.9% (fol. 376-377, c.2).

Como en este caso el lucro cesante reconocido se ajusta a los parámetros
aceptados jurisprudencialmente y no fue materia de apelación, la Sala procederá a
actualizar el valor reconocido en favor del señor Marco Antonio Godoy García, de
acuerdo con la siguiente fórmula:

Ca = Ch x índice final (enero de 2023)
índice inicial (mayo de 2018)

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

Ca = $24’649.609 x 138,98
99,16 Ca: $34’548.231,73

8. Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia del 31 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional por los daños y perjuicios ocasionados a los
demandantes, como consecuencia de las lesiones generadas al señor Marco
Antonio Godoy García y el consecuente desplazamiento forzado que esa situación
le generó.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
pagar a los siguientes demandantes los perjuicios morales derivados del
desplazamiento forzado:

Demandante Parentesco Indemnización
Marco Antonio Godoy García Víctima 50 SMLMV
Adila Guerra Díaz Compañera permanente 50 SMLMV
Alison Dayana Godoy García Hija 50 SMLMV
Cristian Camilo Guerra Díaz Hijo de crianza 50 SMLMV

TERCERO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a
pagar a los siguientes demandantes los perjuicios derivados por los daños a bienes
y derechos convencional y constitucionalmente protegidos derivados del
desplazamiento forzado:

Demandante Parentesco Indemnización
Marco Antonio Godoy García Víctima 20 SMLMV
Adila Guerra Díaz Compañera permanente 20 SMLMV
Alison Dayana Godoy García Hija 20 SMLMV

26

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

Cristian Camilo Guerra Díaz Hijo de crianza 20 SMLMV

CUARTO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional pagar
a los siguientes demandantes los perjuicios morales derivados de las lesiones:

Demandante Parentesco Indemnización
Marco Antonio Godoy García Víctima 10 SMLMV
Adila Guerra Díaz Compañera permanente 10 SMLMV
Alison Dayana Godoy García Hija 10 SMLMV
Hans Steveen Godoy Guerra Hijo 10 SMLMV
Yeison Zamir Godoy Durán Hijo 10 SMLMV
Cristian Camilo Guerra Díaz Hijo de crianza 10 SMLMV
Gregorio Nacianceno Godoy Padre 10 SMLMV
Silvina García Madre 10 SMLMV
Isabel Godoy García Hermana 8 SMLMV
Diva Yamile Godoy García Hermana 8 SMLMV
Rubiela Godoy García Hermana 8 SMLMV
Mercedes Godoy García Hermana 8 SMLMV
Adilia Godoy García Hermana 8 SMLMV
Gregorio Godoy García Hermano 8 SMLMV
Rosalba Godoy García Hermana 8 SMLMV

QUINTO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional pagar a
Marco Antonio Godoy García la suma equivalente a 10 SMLMV por concepto de
daño a la salud, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEXTO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional pagar a
Marco Antonio Godoy García la suma equivalente a 20 SMLMV, por concepto de
daños a bienes y derechos convencional y constitucionalmente protegidos
derivados de las lesiones, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SÉPTIMO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional pagar
a Marco Antonio Godoy García la suma de $34’548.231,73, por concepto de
perjuicios materiales -lucro cesante derivado de las lesiones-, de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178
del Código Contencioso Administrativo.

DÉCIMO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a
las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y
con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355)
Demandantes: Marco Antonio Godoy García y otros
Demandado: Nación-Ministerio de defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al
apoderado judicial que ha venido actuando.

UNDÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente a su Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

VF

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